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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS PEREZ OLIVO

2001 TSPR 175

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: CARLOS PEREZ OLIVO

AB-2001-12

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2001 TSPR 175

Carlos Pérez Olivo

155 DPR ___

Número del Caso: AB-2001-12

Fecha: 14/diciembre/2001

Oficina del Procurador General:

Lcda. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Carlos Pérez Olivo

AB-2001-12

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 14 de diciembre de 2001

I

El 12 de enero de 2001, el Sr. José A. Soto Mercado presentó

ante la Oficina del Procurador General una queja contra el Lcdo.

Carlos

Pérez

Olivo.

Alegó

que

contrató

los

servicios

profesionales de éste por la suma de $25,000, para que lo

representara en un caso por violación a la Ley de Sustancias

Controladas en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico.

Adujo que el proceso incoado en su contra culminó en una

alegación de culpabilidad para cumplir diez (10) años de

prisión.

Sostuvo que el abogado lo visitó en la cárcel

3

federal, le informó que la sentencia impuesta era injusta y que prepararía

una apelación inmediatamente por la cantidad de $30,000 en concepto de

honorarios.

También alegó que el abogado le garantizó que si la apelación

no le favorecía le devolvería dicha cantidad.

De otra parte, el señor Soto Mercado sostuvo que el licenciado Pérez

Olivo lo visitó en varias ocasiones en la prisión indicándole que estaba

trabajando en la apelación pero que, con el paso del tiempo, dejó de visitarlo

y no supo más de él.

No fue sino hasta mediados del año 2000 que le solicitó

a otro abogado que le diera seguimiento a la alegada apelación presentada

por el licenciado Pérez Olivo.

Dicho abogado, luego de hacer las

averiguaciones pertinentes, le indicó que ésta nunca fue presentada.

Finalmente, sostiene, que tanto él como su familia han efectuado numerosas

gestiones para comunicarse con el abogado querellado pero que las mismas

han sido infructuosas.

El 6 de febrero de 2001, el Procurador le envió al licenciado Pérez

Olivo una notificación de la queja en su contra para que expresara su posición

en torno a la misma.

La carta fue enviada a la dirección que aparece en

el récord del Colegio de Abogados y en el expediente personal del Tribunal

Supremo (P.O. Box 16244, San Juan, PR 00908).

Sin embargo, ésta fue devuelta

debido a que el apartado postal se había cerrado.

El 4 de junio de 2001,

el Procurador le envió la misma comunicación a una de las varias direcciones

que constan de diferentes documentos en el expediente personal del

licenciado Pérez Olivo en el Tribunal Supremo (Chase Manhattan Building,

Suite 75-369 East 149 ST., Bronx NJ [sic] 10455).

Ésta también fue devuelta

por ser errónea la dirección.

El 2 de julio de 2001, el Procurador, mediante informe, nos indicó que

como resultado de lo anterior, no había podido investigar y evaluar la queja

presentada por el señor Soto Mercado.

Así las cosas, el 25 de enero de 2001, el señor Soto Mercado, acudió

a este Tribunal con la misma queja que presentó en la Oficina del Procurador

General.

4

La Secretaria de este Tribunal envió al licenciado Pérez Olivo, por

correo certificado con acuse de recibo, en varias ocasiones y a las

direcciones que aparecían en su expediente personal, una notificación de

la queja.1

Al igual que le ocurrió al Procurador, todas las notificaciones

fueron devueltas por el abogado haber cambiado de dirección.

Cabe señalar

que ninguno de estos cambios fue notificado a la Secretaría de este Tribunal.

En atención a todo lo anterior, el 24 de julio de 2001, este Tribunal

emitió una resolución mediante la cual le concedió al licenciado Pérez Olivo

un plazo de veinte (20) días, (contados a partir de la notificación de la

resolución), para que contestara la queja presentada en su contra.

Además,

le ordenó que informara la razón por la cual no había notificado su nueva

dirección.

Se ordenó al Alguacil de este Tribunal que notificara dicha

resolución personalmente.

el

Alguacil

para

Sin embargo, todas las gestiones realizadas por

localizar

al

licenciado

Pérez

Olivo

resultaron

infructuosas.2

II

En el presente caso el licenciado Pérez Olivo fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 3 de enero de 1974.

A esa fecha la dirección que aparecía

en su expediente personal era la Calle Flores Núm. 115, Santurce PR.

28 de febrero de 1974 fue admitido al ejercicio de la notaría.

El

Surge del

“Juramento del Peticionario” [sobre admisión al ejercicio de la profesión

notarial] que su dirección era la Calle Mayagüez Núm. 212, tercer piso (3B),

Hato Rey, PR.

1

Específicamente, le envió copia de la queja presentada a las direcciones

siguientes: el 8 de febrero de 2001 al PO Box 16244, San Juan, PR 00908;

el 15 de febrero al 259B, Calle Chile, San Juan, PR 00917; el 25 de junio

al PO Box 16244, Condado Station, San Juan, PR 00908; y el 3 de agosto al

Chase Manhattan Bank BLDG., Suite 75-369, East 149th Street, Bronx, NY

000010455.

2

El Alguacil se dirigió a las siguientes direcciones que aparecen en

distintos documentos en el expediente personal del licenciado Pérez Olivo:

Calle Chile, Núm. 259B, San Juan, PR 00917 y al PO BOX 16244, San Juan, PR

00908. Además, éste verificó con la telefónica a través del 411 y a través

de las Guías Telefónicas Comercial y Residencial.

5

Así las cosas, mediante “Notificación al Tribunal Supremo de Cambio

de Oficina” presentada el 30 de septiembre de 1975 le informó a este Tribunal

que, a partir de 1ro. de octubre de 1975 trasladaría su oficina al Ada’s

Building, Inc. (altos del Correo), Calle Loíza, Núm. 1957, Santurce, PR

00914.

La moción fue firmada por éste y debajo de la misma hizo constar

la siguiente dirección postal: Box 6805, Loiza Street Station, San Juan,

PR 00914.3

El 3 de agosto de 1977, el Lcdo. José R. Seda, entonces Director de

Inspección de Notarías Interino, le autorizó el traslado de su protocolo

al Edificio Yale, Ponce de León 306, Puerta de Tierra, San Juan, PR.

Aproximadamente, tres (3) años más tarde, es decir, el 9 de junio de

1980, el licenciado Pérez Olivo renunció al ejercicio de la notaría por

encontrarse prestando servicios legales en una agencia de gobierno de Nueva

York.4

Mediante Resolución de 25 de junio de 1980 este Tribunal dio por

terminada la fianza notarial prestada por el Colegio de Abogados.

A partir de este momento, el licenciado Pérez Olivo no volvió a

notificarle a este Tribunal de sus múltiples cambios de dirección, tanto

en el estado de Nueva York como en Puerto Rico.

Cabe señalar que es a raíz de una querella presentada el 27 de febrero

de 1996 por el Colegio de Abogados contra el licenciado Pérez Olivo, por

falta de pago de la cuota de colegiación, que éste Tribunal se entera de

la nueva dirección del abogado en Nueva York: Chase Manhattan Bank, Suite

44, 369 East 149th Street, Bronx, NY 10455.

En atención a nuestra

advertencia de suspenderlo (Resolución de 19 de abril de 1996), el 16 de

mayo de 1996 el licenciado Pérez Olivo presentó una moción en la cual nos

informó haber satisfecho la cuota adeudada al Colegio de Abogados.

En dicha

moción indicó como su dirección la siguiente: Calle Chile 259(B), San Juan,

3

Es menester puntualizar que ésta es la única dirección informada

formalmente a este Tribunal.

4

Esta información surge de la comunicación que le enviara el Lcdo. Ramón

Olivo Nieves (socio en aquel momento del licenciado Pérez Olivo) al entonces

Director de Inspección de Protocolos, Lcdo. Govén D. Martínez Suris el 9

de junio de 1980.

6

PR 00917, Tel/Fax: 751-7305.

Este cambio de dirección no fue formalmente

informado a este Tribunal.

El 21 de julio de 1998, por segunda ocasión, el Colegio de Abogados

acudió ante nos solicitando la suspensión del licenciado Pérez Olivo por

cuotas adeudadas.

mencionada.

Dicha petición fue notificada a la dirección antes

Mediante Resolución de 20 de octubre del mismo año le

concedimos un término al licenciado Pérez Olivo para que se expresara en

torno a la querella del Colegio.

La resolución fue enviada por correo

certificado con acuse de recibo a la última dirección que aparecía en su

expediente, que como ya indicáramos, era la siguiente: Calle Chile 259(B),

San Juan, PR 00917.

Esta comunicación no fue reclamada.

Finalmente, y

luego de una investigación realizada por la Oficina de Alguaciles de este

Tribunal, dicha resolución fue notificada el 17 de diciembre de 1998,

personalmente, a la siguiente dirección: Ave. Wilson Núm. 1314, Condado,

San Juan, PR 00901; Oficina: Ave. Monserrate AB, Carolina, PR.

En esa misma

fecha el licenciado Pérez Olivo nos informó mediante moción que había hecho

el pago requerido por el Colegio.

En dicha moción hizo constar como su nueva

dirección la siguiente: P.O. Box 16244, Condado Station, San Juan, PR 00908,

Tel. (787) 379-0793.

El 2 de noviembre de 2000, por tercera ocasión, el Colegio de Abogados

nos solicitó la suspensión del licenciado Pérez Olivo por adeudar la cuota

del Colegio.

La querella fue enviada a la última dirección que aparecía

en el expediente en el último documento que éste presentó al Tribunal.

decir, se le envió al P.O. Box 16244, San Juan, PR 00908.

dirección

le

notificamos

la

Resolución

de

15

de

Es

A esa misma

diciembre

de

2000

advirtiéndole de las consecuencias que su incumplimiento acarrearía.

Sin

embargo, el correo devolvió el documento porque el apartado postal estaba

cerrado.

Nuevamente, esta actuación requirió una investigación de la

Oficina de los Alguaciles y la resolución finalmente fue notificada el 18

de enero de 2001 en la Ave. Monserrate AB-22, Carolina, PR 00983.

recibida por la secretaria Sra. Natividad Nieves.

Ésta fue

Cabe señalar que en dicha

resolución hay una nota a manuscrito en la cual tanto la secretaria, señora

7

Nieves,

como

el

Lcdo.

Guillermo

Batlle

Olivo

hicieron

constar

que

desconocían el paradero del licenciado Pérez Olivo.

El 23 de marzo de 2001, el Colegio de Abogados presentó una moción

mediante la cual nos informó que el licenciado Pérez Olivo había pagado la

deuda que tenía con dicha institución.

Este documento le fue notificado

al Lcdo. Guillermo Batlle Olivo, quien representó al licenciado Pérez Olivo

en esa ocasión.

La notificación se hizo al Cond. Coral Beach TW I, Apt.

1619, Carolina, PR 00979.

Nuevamente, el 2 de octubre de 2001, el Colegio solicitó la suspensión

del licenciado Pérez Olivo por falta de pago de cuota.

Según el Colegio,

esta querella se la había enviado a la última dirección que aparecía en el

sistema de ellos: P.O. Box 16244, San Juan, PR 00908.

A esa misma dirección

este Tribunal le notificó por correo la correspondiente resolución.

Éste

nos devolvió el documento debido a que el apartado postal correspondiente

a la dirección mencionada estaba cerrado.

Una segunda notificación por

correo le fue remitida a la dirección del estado de Nueva York que aparecía

en el expediente.

Ésta también fue devuelta.

III

Como hemos podido observar, lo antes descrito es un claro ejemplo de

una conducta de indiferencia en torno al cumplimiento de las obligaciones

mínimas que exige la profesión a cada uno de sus miembros.

Flores, res. 30 de noviembre de 2001.

In re Medina

El no informar a este Tribunal los

cambios de dirección postal y física tanto de su residencia como de su

despacho, no sólo nos dificulta el velar porque la clase togada cumpla

fielmente con los requerimientos de la profesión, sino que también

obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria en casos de

quejas presentadas por los ciudadanos. In re Rivera D’Ambrosse, res. 25 de

abril de 1997, 142 D.P.R. Ap. (1997), 97 JTS 87; In re Figueroa Carrasquillo,

res. 9 de enero de 2001, 2001 JTS 11.

res. 13 de diciembre de 2001.

Véase, además, In re Sanabria Ortiz,

8

La Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A

impone a todo abogado la obligación de notificar cualquier cambio de su

dirección a la Secretaría del Tribunal Supremo.

El incumplimiento de tal

deber es suficiente para decretar la separación indefinida de la abogacía.

In re Berríos Pagán, 126 D.P.R. 458 (1990).

Véanse, además: In re Figueroa

Carrasquillo, supra; In re Capó, res. 4 de mayo de 2001, 2001 JTS 90 e In

re Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987).

A tenor con lo antes expuesto, resulta ineludible concluir que la

conducta del licenciado Pérez Olivo constituye una violación a la Regla 9(j)

de

nuestro

Reglamento.

La

dirección

que

actualmente

disponible en la Secretaría de este Tribunal no existe.

se

encuentra

Tampoco existe el

apartado postal que para el área de San Juan dicho abogado le ha indicado

al Colegio de Abogados es el suyo, donde recibe correspondencia.

IV

Tomando en consideración todo lo anterior, se decreta la suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Carlos Pérez

Olivo.

Esta Opinión Per Curiam y la Sentencia correspondiente se le notificará

al licenciado Pérez Olivo por correo certificado con acuse de recibo a la

última dirección que aparece en el expediente personal.

Una vez remitida

la misma por correo certificado con acuse de recibo, se considerará que el

licenciado Pérez Olivo ha sido notificado de su suspensión y la misma será

efectiva a partir de esa fecha.

Se le impone a éste el deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad para continuar representándolos, les devuelva cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informe oportunamente

de su suspensión a los foros judiciales y administrativos.

Se dictará la correspondiente sentencia.

9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Pérez Olivo

AB-2001-12

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 14 de diciembre de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Per Curiam que antecede,

se

dicta

sentencia

suspendiendo

inmediatamente

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Carlos

Pérez Olivo.

Se le impone a éste el deber de notificar a todos sus

clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, les

devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados, e informe oportunamente de su suspensión a los foros

judiciales y administrativos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton

no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo