LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ASOCIACION DE PESCADORES DE PUNTA FIGUERAS INC., ET AL. V. MARINA DEL PUERTO DEL REY INC., ET AL.

2001 TSPR 172

Poder Judicial de Puerto Rico

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ASOCIACION DE PESCADORES DE PUNTA FIGUERAS INC., ET AL. V. MARINA DEL PUERTO DEL REY INC., ET AL.

CC-2000-954

1

CC-2000-419

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2001 TSPR 172

Jayson Rodríguez López

Recurrido

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-419

Fecha: 14/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Ramón Negrón Soto

Oficina del Procurador General:

Hon. Gustavo A. Gelpí

Procurador General

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado

Materia: Asesinato, Robo y Armas

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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2

CC-2000-419

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2000-419

Certiorari

Jayson Rodríguez López

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2001.

En el caso de autos se nos plantea la interrogante

de si el imputado de delito grave tiene derecho a obtener

copia de las declaraciones juradas de los testigos que

fueron examinados durante la vista de causa probable para

el arresto, antes de que los testigos se sienten a declarar

en vista preliminar o en el juicio en su fondo. Resolvemos

que a la luz de nuestro ordenamiento procesal no le asiste

tal derecho en esa etapa de los procedimientos.

CC-2000-419

3

I

Contra Jayson Rodríguez López (en adelante “el imputado”)

se presentaron denuncias por los delitos de Asesinato en Primer

Grado,1 Robo,2 y violación a los Artículos 6 y 8 de la Ley de

Armas.3

Durante la vista de causa probable para el arresto, el

juez municipal, Hon. Jorge Núñez Burgos, interrogó a los cuatro

testigos de cargo.

vista.

El fiscal no estuvo presente durante dicha

La representación legal del imputado contrainterrogó

a cada uno de los testigos. Al realizar el contrainterrogatorio,

la defensa solicitó copia de las declaraciones juradas de los

testigos de cargo presentados. Sin embargo, las mismas no

estaban disponibles. Luego del trámite de rigor, se determinó

causa probable y se señaló fecha para vista preliminar.

Previo a la celebración de la vista preliminar, la defensa

presentó una moción al amparo de la Regla 95 de las de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. AP. II, R.95, solicitando,

entre otras cosas, las declaraciones juradas de los testigos

que declararon en la vista de causa probable para el arresto.

La defensa argumentó que como tenía derecho a contrainterrogar

a los testigos de cargo, la Regla 6 y la Regla 95 de las de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II, R.6 y 95, y nuestra

jurisprudencia le garantizaban el descubrimiento solicitado.

El Ministerio Público se opuso indicando que el imputado no

tenía derecho a las declaraciones juradas solicitadas. El

1

2

Artículo 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4002.

Artículo 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4279.

4

CC-2000-419

Tribunal de Instancia acogió la solicitud de la defensa y le

ordenó al Ministerio Público que entregara las declaraciones

juradas de los testigos que fueron examinados durante la vista

de causa probable para el arresto. Oportunamente, el Ministerio

Fiscal presentó recurso de certiorari ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Por su parte, el foro apelativo

confirmó la orden del tribunal de instancia. Inconforme, el

Ministerio Público acude ante nos. Luego de expedir el auto

solicitado

y

examinar

las

comparecencias

de

las

partes,

resolvemos.

II.

Antes de pasar a discutir la controversia que se nos

plantea, valga hacer ciertas observaciones en cuanto a los

cambios que ha sufrido el procedimiento de vista de causa

probable para el arresto, Regla 6 de las de Procedimiento

Criminal, supra, aquí en cuestión.

En

su

origen,

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

disponían que la determinación de causa probable para el arresto

debía hacerse mediante la presentación de una denuncia jurada

ante un magistrado. Cuando el denunciante era una persona

particular, tenía que tener conocimiento personal de los

hechos. Ahora, si el denunciante era un policía o ciertos

funcionarios públicos, la denuncia podía estar fundamentada en

hechos que le constaran por información y creencia. No obstante,

aún en dicho caso el magistrado tenía que examinar a algún

testigo que tuviera conocimiento personal de los hechos. Regla

3

25 L.P.R.A. sec. 416 y 418.

CC-2000-419

5

5 y 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963, Decisiones de

Puerto Rico, Tomo 84.

Posteriormente, se creó una nueva modalidad para la

determinación de causa probable para el arresto. Se dispuso,

que el magistrado también podría determinar causa probable para

arresto al examinar bajo juramento a algún testigo o testigos

con conocimiento personal de los hechos, sin necesidad de que

se presentara una denuncia.

Particularmente se proveyó que,

al determinarse causa probable para arresto siguiendo esta

nueva modalidad, el imputado tendría derecho a estar asistido

de abogado, a contrainterrogar los testigos en su contra y a

ofrecer prueba a su favor. El efecto fue crear una especie de

“vista preliminar híbrida”, de carácter adversativo, que

pudiese sustituir la vista preliminar dispuesta en la Regla 23

de las de Procedimiento Criminal. Ley Núm. 29 de junio de 1987,

Leyes de Puerto Rico, 1987, pág. 98, 99-100.

Después de la correspondiente determinación de causa

probable para arresto, las Reglas de Procedimiento Criminal de

1963 ordenaban la celebración de una vista de causa probable

para acusar -vista preliminar- en todo caso en que se imputara

la comisión de delito grave. En cambio, a tenor con el nuevo

esquema procesal propuesto en 1987, la celebración de la vista

preliminar sólo sería necesaria cuando se imputara la comisión

de un delito grave y el magistrado que presida la vista de causa

probable para arresto no hubiese examinado algún testigo con

conocimiento personal de los hechos o cuando se determinó causa

6

CC-2000-419

en ausencia del imputado o estando éste presente, pero sin

representación legal. Es decir, cuando la determinación de

causa probable para arresto se hiciera mediante el examen de

testigo, en presencia del imputado y su representación legal,

no sería necesaria la celebración de una vista preliminar. Ley

Núm. 29 de 1987, supra; Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122 D.P.R.

862, 875 (1988).

Para complementar la reforma procesal de 1987, se enmendó

la Regla 95, supra, para disponer, entre otras cosas, que

después de radicada la acusación el acusado tendría derecho a

las declaraciones juradas de los testigos de cargo que hayan

testificado en la “vista híbrida” de causa probable para el

arresto. Por el contrario, si la vista de determinación de causa

probable para el arresto se realizaba sin examinar testigos con

conocimiento personal de los hechos, sino mediante el examen

de

la

denuncia

y/o

declaraciones

juradas,

la

referida

disposición de la Regla 95 no era aplicable. Ley Núm. 58 de 1

de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico, 1988, pág. 288; véase

además: Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de

12 de mayo de 1988, págs. 58-59; Ernesto L. Chiesa Aponte,

Procedimiento Penal, 68 Rev. Jur. U. P. R. 241, 244 (1999).

Esta reforma al ordenamiento procesal tenía el propósito

de proveerle a la vista de determinación de causa probable para

arresto un carácter adversativo, de manera que la celebración

de vista preliminar se hiciera innecesaria y se agilizara el

proceso judicial de las acciones criminales.

Sin embargo, los

7

CC-2000-419

resultados no fueron los esperados. El efecto práctico era que

el imputado de delito grave no comparecía a la vista de

determinación de causa probable para arresto, o si lo hacía,

comparecía sin abogado. Esto con el fin de resguardar su derecho

a vista preliminar.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 26 de 8

de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, 1990, pág. 1503.

Así las cosas, en el 1990 mediante la Ley Núm. 26, supra,

la Asamblea Legislativa reinstaló el esquema procesal vigente

previo a las enmiendas de 1987. Se volvió a reconocer el derecho

del imputado a la celebración de una vista preliminar en todo

caso de delito grave, independientemente de si el sospechoso

estuvo presente y representado por abogado o si se presentaron

testigos

con

conocimiento

personal

de

los

hechos

en

la

determinación de causa probable para el arresto. A pesar de la

clara intención de la Asamblea Legislativa de reinstalar el

esquema procesal vigente anterior a 1987, los derechos que se

reconocieron en la determinación de causa probable para arresto

bajo

el

esquema

procesal

que

ahora

se

derogaba,

inexplicablemente no fueron eliminados. 4 Se ha sugerido que

dicha omisión se debió a una inadvertencia del legislador.

Chiesa, Procedimiento Penal, supra, pág. 247.

El derecho del imputado a contrainterrogar los testigos en

su contra y a presentar prueba a su favor en la vista para la

determinación de causa probable para el arresto fue introducido

por la Ley Núm. 29 de 1987, supra, como parte esencial del

8

CC-2000-419

esquema para eliminar la vista preliminar en ciertos casos.

Eliminado

tal

esquema,

debió

de

eliminarse

la

referida

disposición del texto de la Regla 6 de las de Procedimiento

Criminal, supra. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, Vol.

III, Sec. 21.3, pág. 26.

III.

Pasemos ahora a determinar si las Reglas de Procedimiento

Criminal o la jurisprudencia reconocen el derecho al imputado

a obtener las declaraciones juradas de testigos cuando estos

no

han

testificado

en

una

de

las

etapas

centrales

del

procedimiento criminal, como vista preliminar o juicio.

Anteriormente hemos reiterado el derecho que tiene el

imputado a obtener las declaraciones juradas de los testigos

de cargo que hayan declarado en vista preliminar, una vez

finaliza

el

examen

directo

y

antes

de

comenzar

el

contrainterrogatorio. Así lo dispone expresamente el inciso

(c) de la Regla 23 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico,

34 L.P.R.A. Ap.

II, R.23(c).

Pueblo v. Ortiz Vega, res. el

8 de octubre de 1999, 99 T.S.P.R. 150; Pueblo v. Rivera

Rodríguez, 138 D.P.R. 138, 144 (1995); Pueblo v. Ribas, 83

D.P.R. 386, 391-392. Igualmente, después de radicado el

pliego acusatorio, el acusado de delito grave tiene derecho

a solicitar del Ministerio Público las declaraciones juradas

4

La Ley 26 de 1990 revirtió el texto de la Regla 23 a su estado anterior

a la enmienda de 1987, sin embargo, en cuanto a la Regla 6 no se hizo lo

propio.

9

CC-2000-419

de los testigos que se sentaron a declarar en la vista

adversativa de determinación de causa probable para arresto

o citación, en la vista preliminar, si ya no las tiene, en

el juicio o que fueron renunciados por el Ministerio Público.

Regla 95 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34

L.P.R.A. Ap. II, R.95(a)(2). Pueblo v. Rivera Rodríguez,

supra; Pueblo v. Ribas, supra.

Como vemos, las Reglas de Procedimiento Criminal sólo

reconocen al imputado acceso a las declaraciones juradas de

los testigos de cargo en la vista preliminar misma o después

de radicada la acusación, si los testigos declararon en vista

de causa probable para arresto, vista preliminar o juicio o

fueron renunciados por el Fiscal. En cualquier otro caso, para

que la defensa tenga acceso a las declaraciones juradas de

los testigos de cargo tiene que sustentar su solicitud en el

debido proceso de ley. Chiesa, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, supra, sec. 28.2, pág. 329.

Por otro lado, anteriormente nos hemos expresado en cuanto

al derecho del imputado a obtener declaraciones juradas de los

testigos de cargo presentados a nivel de vista de causa probable

para el arresto, antes de que declaren en vista preliminar o

en el juicio en su fondo. En Pueblo v. Rivera Rivera, res. el

21 de abril de 1998, 98 T.S.P.R. 46, sostuvimos que el imputado

de un delito grave no tiene derecho a obtener copia de las

declaraciones

juradas

que

sirvieron

de

base

para

la

determinación de causa probable para el arresto, antes de que

10

CC-2000-419

los testigos se sienten a declarar por primera vez en vista

preliminar o en el juicio en su fondo. En esa ocasión, resolvimos

que el imputado tendría que aguardar al momento en que los

testigos se sienten a declarar en vista preliminar o en el juicio

para obtener sus declaraciones juradas.

En el caso de autos procede llegar al mismo resultado que

en Rivera Rivera, supra. A diferencia de lo que estima la

defensa, el presente caso no amerita un resultado distinto a

la luz de lo explicado anteriormente con respecto al origen del

texto de la Regla 6 y el derecho que se invoca aquí por el

imputado.

Del análisis anterior se desprende que ni las Reglas de

Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia interpretativa

reconocen el derecho del acusado a obtener las declaraciones

juradas de los testigos presentados en la vista de determinación

de causa probable para el arresto, antes de que los testigos

declaren por primera vez en vista preliminar o se radique el

pliego acusatorio.

IV.

El derecho que la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal,

supra, le consagra al imputado a estar presente, asistido de

abogado, contrainterrogar a los testigos en su contra y ofrecer

prueba a su favor durante la celebración de la vista de causa

probable no es absoluto.

La vista de causa probable para

arresto puede, y como norma general, se celebra en ausencia del

imputado de delito.

Asimismo, el derecho del imputado a

CC-2000-419

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contrainterrogar a los testigos en su contra a nivel de causa

probable para arresto depende de la discreción del tribunal.

Pueblo v. Jiménez Cruz, res. el 17 de junio de 1998, 98 T.S.P.R.

76.

Por lo tanto, la referida disposición no debe resultar en

la conclusión de reconocerle al imputado un derecho a descubrir

prueba en una etapa tan temprana de los procedimientos como

Regla 6.

De igual forma, contrario a lo que estima la defensa, el

caso de Pueblo v. Rivera Rivera, supra, no le reconoce al

imputado el derecho a obtener las declaraciones juradas de los

testigos en su contra que sean examinados en la vista de causa

probable para el arresto, antes de que declaren en vista

preliminar o en el juicio. En el referido caso, citando la Regla

95 de las de procedimiento Criminal, supra,

reconocimos que

después de radicada la acusación, el acusado tiene derecho a

obtener las declaraciones juradas de los testigos de cargo que

declaren en la vista de determinación de causa probable para

el arresto. El acceso a estas declaraciones juradas al amparo

de la Regla 95, procede si la determinación de causa probable

para arresto se hace en presencia el acusado y representado por

abogado, siguiendo el método más formal que reconocen las Reglas

de Procedimiento Criminal para la determinación de causa

probable para el arresto.

En la situación particular ante nos, el imputado solicita

acceso a las declaraciones juradas de los testigos de cargo que

declararon en una vista adversativa de determinación de causa

12

CC-2000-419

probable para el arresto, antes de que se radique el pliego

acusatorio.

Ciertamente,

el

imputado

información

solicitada

pero

no

en

tiene

derecho

esta

etapa

de

a

la

los

procedimientos, sino después de radicado el pliego acusatorio

al amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, supra,

a menos, que los mismos testigos se presenten en vista

preliminar.

La determinación que hacemos hoy en este caso, refleja

nuestra preocupación por velar de forma cautelosa para que la

vista de causa probable para el arresto no se convierta en otra

vista preliminar o en un mini-juicio. De todas formas, el

remedio solicitado está disponible en la etapa de vista

preliminar; ese es el momento más oportuno para que el imputado

procure impugnar y contrainterrogar a los testigos en su contra.

No nos corresponde alterar el esquema procesal de vista de causa

probable para arresto, vista preliminar y juicio; cada uno con

sus particulares procedimientos y derechos. Adoptar una norma

liberal en este caso, como pretende el imputado, conllevaría

como resultado práctico duplicar la vista preliminar.

Esto

resultaría en detrimento de la agilidad que debe prevalecer en

la etapa de Regla 6 y desnaturalizaría el carácter de la vista

preliminar,

convirtiéndola

en

un

auténtico

mini-juicio,

situación expresamente repudiada por nuestra jurisprudencia.

Pueblo v. Rivera Rivera, supra; Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116

D.P.R. 653 (1985); Pueblo v. Figueroa Castro; 102 D.P.R. 279

(1975).

CC-2000-419

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Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2000-419

Certiorari

Jayson Rodríguez López

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca el dictamen del Tribunal de Circuito de

Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para

ulteriores procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo