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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE ELIZABETH BRYAN PICO Y ROSA VARGAS HERNANDEZ

2000 TSPR 1

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE ELIZABETH BRYAN PICO Y ROSA VARGAS HERNANDEZ

TS-9797 TS-8437

TS-9797 y TS-8437

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elizabeth Bryan Picó

Rosa Vargas Hernández

2000 TSPR 1

Número del Caso: TS-9797 y TS-8437

Fecha: 03/01/2000

De la Oficina del Procurador General: Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Abogado de la Parte Querellada: Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

TS-9797 y TS-8437

2

En el Tribunal supremo de puerto rico

In re:

Elizabeth Bryan Picó y

Rosa Vargas Hernández

TS-9797

TS-8437

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero del 2000

El

drama

disciplinario

que

hoy

nos

ocupa

entraña una situación cuyos personajes principales

son

dos

abogadas:

notaria,

y

la

primera.

Evaluamos

investigación

Procurador

y

una,

otra,

los

General

actuando

como

los

calidad

compareciente

de

ante

la

de

la

correspondientes

del

hechos

informes

de

en

Puerto

a

la

Rico

luz

y

de

las

comparecencias de las referidas abogadas.

I

Con fecha de 9 de diciembre de 1997, la Lcda.

Vargas Hernández presentó a la Oficina de Inspección

de Notaría un índice enmendado correspondiente al

TS-9797 y TS-8437

3

mes de octubre de 1997. Alegó, en dicha ocasión, que el

jueves 30 de octubre de 1997 había autorizado las escrituras

número 14(a) y 15 sobre Protocolización de Poderes y que,

por una inadvertencia, las mismas no habían sido incluidas

en el índice notarial correspondiente al mes de octubre de

1997.

Explicó,

además,

la

Lcda.

Vargas

Hernández

en

su

comparecencia ante la mencionada Oficina que, luego de que

otorgara las mencionadas escrituras, uno de sus otorgantes

--la Lcda. Bryan Picó-- acudió a su oficina y sustrajo los

poderes que habían sido protocolizados. Finalmente, informó

que el lunes siguiente al otorgamiento de las escrituras, y

sin tener conocimiento de la sustracción de los poderes,

ella había presentado las correspondientes notificaciones al

Registro de Poderes y Testamentos.

Enterado de lo anteriormente expresado, la Oficina de

Inspección de Notaría requirió de la Lcda. Bryan Picó una

explicación. Esta, inicialmente, indicó que había contratado

a

la

Lcda.

poderes

Vargas

enviados

Hernández

por

sus

para

hermanas

que

protocolizara

desde

fuera

de

dos

Puerto

Rico. Especificó que en varias ocasiones había visitado a la

Notaria Vargas Hernández en vista de que entendía que el

trámite

se

estaba

postergando

demasiado.

En

torno

a

la

alegada sustracción de los poderes, sostuvo que, ante la

inacción de la Lcda. Vargas Hernández, acudió a la oficina

de ésta y pidió a su secretaria que le entregase los poderes

de sus hermanas para contratar a otro abogado. Según alegó

la Lcda. Bryan Picó, en su primera comparecencia ante la

TS-9797 y TS-8437

mencionada

4

Oficina,

la

secretaria

de

la

Lcda.

Vargas

Hernández le entregó los poderes. Resulta imperioso señalar

que, en esta ocasión, la Lcda. Bryan Picó afirmó que ni ella

ni su hermano llegaron a firmar documento alguno.1

Ante la postura asumida por la Lcda. Bryan Picó, la

Lcda.

Vargas

Inspección

Hernández

de

reiteró,

ante

la

que

los

poderes

Notaría,

Oficina

de

fueron

protocolizados, esto es, que las partes efectivamente habían

firmado

los

Hernández

mismos.

que

su

Expresó,

entonces

además,

la

Lcda.

secretaria,

la

Procurador

General

Sra.

Vargas

Ninutchka

Cintrón era testigo de ello.

Referido

Rico,

éste

el

asunto

solicitó

de

al

la

Lcda.

Vargas

de

Puerto

Hernández

los

originales de las escrituras en controversia. Ésta así lo

hizo. Simultáneamente, la Lcda. Bryan Picó solicitó, el 16

de

junio

de

1999,

que

se

desestimara

la

querella

en

su

contra porque entendía que no existía suficiente prueba para

sostener

el

cargo

imputado

y

porque,

en

los

hechos

imputados, actuaba como cliente y no como abogada.

El Procurador General citó a la Lcda. Bryan Picó a sus

oficinas. En esta ocasión, confrontada con las escrituras

originales

de

protocolización

de

poderes,

la

Lcda.

Bryan

1

Carta de 10 de diciembre de 1998, de la Lcda. Bryan Picó a

la Directora de la Oficina de Inspección de Notaría.

Este asunto fue reiterado por la Lcda. Bryan Picó, en

carta de 28 de abril de 1999, indicando que “[e]n cuanto a

la interrogante de si yo llegué a otorgar la escritura de

protocolización ante la notario de referencia mi respuesta

es no, porque nunca estuvo el documento listo.”

TS-9797 y TS-8437

5

Picó admitió que era su firma la que estaba estampada en los

mismos. Según el informe complementario de la Oficina del

Procurador

tanto

General,

difícil

la

recordar

Lcda.

Bryan

Picó

los

eventos

que

le

resultaba

dieron

base

un

al

otorgamiento. Sin embargo, admitió la mencionada abogada que

la

protocolización

se

efectuó

ante

la

notario

Vargas

Hernández pero que su hermano había firmado uno o dos días

antes. Finalmente, intentó justificar su acción indicando

que solicitó a la secretaria de la Lcda. Vargas Hernández

que le entregara los poderes pues entendía que, como no

había copia certificada de la escritura, la misma no estaba

autorizada.

Denegamos la solicitud de desestimación radicada por la

Lcda. Bryan Picó; concedimos, además, un término de veinte

(20) días a ambas querelladas para que mostraran causa por

la cual no debían ser sancionadas con una enérgica censura

por sus actuaciones en estos eventos.2 En cumplimiento con la

antes mencionada orden, tanto la Lcda. Bryan Picó como la

Lcda. Vargas Hernández han comparecido, por separado, ante

este Tribunal.

La Lcda. Bryan Picó señala, en su comparecencia, que

las contradicciones en sus declaraciones obedecen al paso

del tiempo y que, dada la naturaleza desagradable de los

2

Resolución de 24 de septiembre de 1999. Sala Especial de

Verano integrada por el Juez Presidente señor Andréu García

y los Jueces Asociados señores Negrón García y Corrada del

Río.

TS-9797 y TS-8437

hechos,

intentó

6

olvidar

los

mismos.

Añade

que

la

única

contradicción, en que a su juicio ella incurrió, fue el

asunto

de

la

firma

o

falta

de

ella

en

las

escrituras.

Indica, además, que nunca pensó que su contestación inicial

constituyera un aspecto importante de la investigación que

hoy

nos

ocupa.

Finalmente,

luego

de

expresar

que

su

contestación original era su mejor recuerdo, la Lcda. Bryan

Picó, con énfasis, arguye que “esta abogada no se encontraba

en el ejercicio de su profesión de notario durante estos

eventos.

como

Nuestra

cliente

y

única

por

participación

consiguiente

en

estos

hechos

fue

nunca

hemos

tenido

la

necesidad de ocultar algo”.

Por su parte, la Lcda. Vargas Hernández señala, en su

escrito,

que

preparó

las

escrituras

acorde

con

la

Ley

Notarial. Es decir, ambos otorgantes estaban presentes ante

la

notario

fueron

y

las

firmadas

dos

actas

de

Protocolización

ante

ella.

Señala,

además,

de

que

Poder

estuvo

sumamente preocupada pues en su protocolo, faltaban los dos

poderes originales que precedían a la protocolización. Por

ello fue que acudió a la Oficina de Inspección de Notaría.

En cuanto a la sustracción de los poderes originales, aduce

que sólo autorizó a su secretaria a que le entregara a los

otorgantes

copias

certificadas

de

cortesía.

Finalmente,

alude a sus catorce años de práctica privada de la profesión

y que no existía interés de perjudicar, mentir o faltar a

sus obligaciones.

TS-9797 y TS-8437

Estando

en

7

condiciones

de

resolver

el

asunto

ante

nuestra consideración, procedemos a así hacerlo.

II

A - Lcda. Elizabeth Bryan Picó

Coincidimos

con

la

Lcda.

Bryan

Picó

en

que

la

experiencia humana nos dice que, de ordinario, el transcurso

del tiempo tiene un efecto nocivo en la memoria. De ello,

incluso, podríamos tomar conocimiento judicial. Al examinar

sus posturas en este asunto, nos percatamos de que es en

esta etapa de los procedimientos cuando la Lcda. Bryan Picó

alude, por primera vez, a la inexactitud de su memoria. La

posición a esos efectos asumida por ella parece un burdo

intento de tratar de justificar una actuación insostenible.

Más aún, la Lcda. Bryan Picó pretende soslayar el asunto

indicando que su única inconsistencia fue el aspecto de la

firma. Nótese que, precisamente, la firma o falta de ella en

las escrituras de protocolización es algo fundamental en la

controversia

hoy

ante

nuestra

consideración.

Si

desde

la

génesis del incidente hubiese estado insegura de su memoria,

la

Lcda.

lugar

de

Bryan

Picó

declarar

debió

haberlo

tajantemente

expresado

entonces

en

no

había

firmado

las

falta

de

memoria,

el

que

escrituras.

Además

de

la

acomodaticia

argumento principal que esboza la Lcda. Bryan Picó, en su

vano intento de tratar de justificar su reprobable conducta

en este asunto, es que ella no actuó como abogada en los

TS-9797 y TS-8437

8

hechos que originan la queja contra ella; esto es, sostiene

la referida abogada que ella era una mera cliente de la

Lcda. Vargas Hernández. Dicho de otra manera, entiende la

Lcda. Bryan Picó que un abogado puede desprenderse de las

obligaciones dimanantes de los Cánones de Etica Profesional

cuando éste no está propiamente desempeñando su función de

abogado.

Dicha postura ha sido rechazada por este Tribunal en

reiteradas

ocasiones.

In

re:

Secretario

de

Justicia,

118

D.P.R. 827, 859 (1987); In re: López de Victoria, Opinión

Per Curiam y Sentencia del 6 de abril de 1994; In re: Fred

Martínez y Lawrence Odell, Opinión Per Curiam y Sentencia

del

25

de

junio

de

1999.

Nuevamente

debemos

señalar,

y

enfatizar, que una vez un abogado es admitido al seno de la

profesión, éste no puede desprenderse de sus obligaciones

éticas simplemente señalando que actuaba como cliente y no

como abogado en una situación como la presente. No existe

tal dicotomía entre la vida cotidiana del ciudadano que es

abogado y el ejercicio de su profesión. Los Cánones de Etica

Profesional

se

aplican

profesional

de

un

tanto

abogado.

a

Dicho

la

de

vida

otra

privada

como

manera,

las

responsabilidades éticas de los miembros de la profesión de

abogado no tienen un horario de trabajo.

A la luz de lo anterior, forzoso resulta concluir que

la conducta de la Lcda. Bryan Picó infringió los Cánones 353

3

Entre los mandatos impuestos por el Canon 35, 4 L.P.R.A.

Ap. IX, C. 35, está el que:

TS-9797 y TS-8437

384

y

de

Ética

9

Profesional.

Por

ello,

la

censuramos

enérgicamente. Huelga decir que apercibimos a la Lcda. Bryan

Picó de que, en el futuro, observe fielmente los principios

y postulados esbozados en los Cánones de Ética Profesional

so

pena

de

la

imposición

de

severas

sanciones

disciplinarias.

B - Lcda. Rosa Vargas Hernández.

En torno a la conducta de la Lcda. Vargas Hernández, el

Procurador General, en su Informe Complementario, expresa

“[l]a conducta de cualquier miembro de la

profesión legal ante los tribunales, para con sus

representados y en las relaciones con sus

compañeros debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar medios

que sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir al juzgador a error utilizando artificios

o una falsa relación de los hechos o del derecho.

[...]”.

4

El Canon 38, en lo pertinente, establece que:

“El abogado deberá esforzarse, al máximo de

su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta profesional

impropia. En su conducta como funcionario del

tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y

cabal aportación hacia la consecución de una

mejor administración de la justicia. [...]

Por razón de la confianza en él depositada

como miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

TS-9797 y TS-8437

10

que: “[l]o único que a ciencia cierta podemos concluir de la

gestión

notarial

de

la

licenciada

Vargas

es

que

dicha

notario ha sido descuidada y errática en el trámite de sus

índices notariales y en el trámite de la notificación de las

escrituras en controversia.”5

En In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991), expresamos

que:

“[e]l notario puertorriqueño es un profesional

del Derecho que ejerce a su vez una función

pública. En el ejercicio de su responsabilidad

profesional, el notario disfruta de plena

autonomía e independencia.

Sin embargo, el

ejercicio

de

este

puntilloso

ministerio

trasciende la esfera privada y en el crisol de

la práctica se impregna de carácter público.”

Id., pág. 1007.

Justamente, por la esencia pública de su función, los

notarios

son

llamados

a

ser

sumamente

cautelosos

en

el

ejercicio de su práctica, conscientes a toda hora de las

consecuencias funestas que podría tener su negligencia sobre

los

negocios

jurídicos

en

que

se

involucran.

In

re:

Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992).

Sabido es que los notarios están obligados a cumplir

estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto

Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et. seq. y en los Cánones del

Código

de

Ética

inobservancia

de

Profesional,

tal

obligación

4

L.P.R.A.

los

expone

Ap.

a

la

IX.

La

acción

disciplinaria correspondiente. In re: Rodríguez Báez, ante.

desempeño de su profesión, debe

forma digna y honorable. [...]”

conducirse

en

TS-9797 y TS-8437

No

hay

duda

11

que

la

Lcda.

Vargas

Hernández

no

fue

lo

cuidadosa y diligente que debe ser un notario en relación

con la importantísima responsabilidad que le impone la Ley

Notarial de Puerto rico a todo notario en lo referente a la

radicación, y fidelidad, de los índices notariales.

Por otro lado, y en relación a los hechos hoy ante

nuestra consideración, somos conscientes del hecho de que

fue la secretaria de la Lcda. Vargas Hernández, y no ella,

quien hizo entrega de los poderes a la Lcda. Bryan Picó.

Ello

no

obstante,

debe

mantenerse

presente

que

el

protocolo de un notario es algo sumamente importante; en el

mismo queda plasmado la función que ejerce el notario. Este

debe ejercer la más estricta y celosa supervisión sobre sus

protocolos.6 Obviamente, en los albores del Siglo XXI, las

justificaciones cimentadas en la conducta de sus secretarias

no constituyen

eximente de responsabilidad profesional. A

esos efectos, basta con reiterar que la responsabilidad por

la práctica de la notaría es una intransferible. Cf. In re:

Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990).

A

la

embargo,

luz

de

los

hechos

somos

del

criterio

particulares

que

lo

del

caso,

sin

procedente,

desde

un

punto de vista disciplinario, en cuanto a la Lcda. Vargas

Hernández y por su falta de circunspección en el manejo de

5

Página 5 del Informe Complementario.

La Regla 40 del Reglamento Notarial establece que, al

protocolizar el documento (en este caso los poderes

otorgados en Estados Unidos) es indispensable unirlo al

acta. Además, véase los Artículos 30, 31 y 38 de la Ley

Notarial, 4 L.P.R.A. secs. 2048, 2049 y 2056.

6

TS-9797 y TS-8437

su

obra

notarial,

12

lo

es

una

simple

amonestación;

apercibiéndola de que, en el futuro, cumpla fielmente con

los Cánones de Ética Profesional y con los mandatos de la

Ley Notarial de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

TS-9797 y TS-8437

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elizabeth Bryan Picó y

Rosa Vargas Hernández

TS-9797

TS-8437

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero del 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia: 1)

censurando enérgicamente y apercibiendo a la Lcda.

Elizabeth Bryan Picó de que, en el futuro, observe

fielmente los principios y postulados esbozados en los

Cánones de Ética Profesional so pena de la imposición

de severas sanciones disciplinarias; y 2) amonestando a

la Lcda. Rosa Vargas Hernández, apercibiéndola de que,

en el futuro, cumpla fielmente con los Cánones de Ética

Profesional y con los mandatos de la Ley Notarial de

Puerto Rico.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado. El

Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo