Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE ELIZABETH BRYAN PICO Y ROSA VARGAS HERNANDEZ
2000 TSPR 1
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE ELIZABETH BRYAN PICO Y ROSA VARGAS HERNANDEZ
TS-9797 TS-8437
TS-9797 y TS-8437
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Elizabeth Bryan Picó
Rosa Vargas Hernández
2000 TSPR 1
Número del Caso: TS-9797 y TS-8437
Fecha: 03/01/2000
De la Oficina del Procurador General: Lcda. Ivonne Casanova Pelosi
Abogado de la Parte Querellada: Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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TS-9797 y TS-8437
2
En el Tribunal supremo de puerto rico
In re:
Elizabeth Bryan Picó y
Rosa Vargas Hernández
TS-9797
TS-8437
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero del 2000
El
drama
disciplinario
que
hoy
nos
ocupa
entraña una situación cuyos personajes principales
son
dos
abogadas:
notaria,
y
la
primera.
Evaluamos
investigación
Procurador
y
una,
otra,
los
General
actuando
como
los
calidad
compareciente
de
ante
la
de
la
correspondientes
del
hechos
informes
de
en
Puerto
a
la
Rico
luz
y
de
las
comparecencias de las referidas abogadas.
I
Con fecha de 9 de diciembre de 1997, la Lcda.
Vargas Hernández presentó a la Oficina de Inspección
de Notaría un índice enmendado correspondiente al
TS-9797 y TS-8437
3
mes de octubre de 1997. Alegó, en dicha ocasión, que el
jueves 30 de octubre de 1997 había autorizado las escrituras
número 14(a) y 15 sobre Protocolización de Poderes y que,
por una inadvertencia, las mismas no habían sido incluidas
en el índice notarial correspondiente al mes de octubre de
1997.
Explicó,
además,
la
Lcda.
Vargas
Hernández
en
su
comparecencia ante la mencionada Oficina que, luego de que
otorgara las mencionadas escrituras, uno de sus otorgantes
--la Lcda. Bryan Picó-- acudió a su oficina y sustrajo los
poderes que habían sido protocolizados. Finalmente, informó
que el lunes siguiente al otorgamiento de las escrituras, y
sin tener conocimiento de la sustracción de los poderes,
ella había presentado las correspondientes notificaciones al
Registro de Poderes y Testamentos.
Enterado de lo anteriormente expresado, la Oficina de
Inspección de Notaría requirió de la Lcda. Bryan Picó una
explicación. Esta, inicialmente, indicó que había contratado
a
la
Lcda.
poderes
Vargas
enviados
Hernández
por
sus
para
hermanas
que
protocolizara
desde
fuera
de
dos
Puerto
Rico. Especificó que en varias ocasiones había visitado a la
Notaria Vargas Hernández en vista de que entendía que el
trámite
se
estaba
postergando
demasiado.
En
torno
a
la
alegada sustracción de los poderes, sostuvo que, ante la
inacción de la Lcda. Vargas Hernández, acudió a la oficina
de ésta y pidió a su secretaria que le entregase los poderes
de sus hermanas para contratar a otro abogado. Según alegó
la Lcda. Bryan Picó, en su primera comparecencia ante la
TS-9797 y TS-8437
mencionada
4
Oficina,
la
secretaria
de
la
Lcda.
Vargas
Hernández le entregó los poderes. Resulta imperioso señalar
que, en esta ocasión, la Lcda. Bryan Picó afirmó que ni ella
ni su hermano llegaron a firmar documento alguno.1
Ante la postura asumida por la Lcda. Bryan Picó, la
Lcda.
Vargas
Inspección
Hernández
de
reiteró,
ante
la
que
los
poderes
Notaría,
Oficina
de
fueron
protocolizados, esto es, que las partes efectivamente habían
firmado
los
Hernández
mismos.
que
su
Expresó,
entonces
además,
la
Lcda.
secretaria,
la
Procurador
General
Sra.
Vargas
Ninutchka
Cintrón era testigo de ello.
Referido
Rico,
éste
el
asunto
solicitó
de
al
la
Lcda.
Vargas
de
Puerto
Hernández
los
originales de las escrituras en controversia. Ésta así lo
hizo. Simultáneamente, la Lcda. Bryan Picó solicitó, el 16
de
junio
de
1999,
que
se
desestimara
la
querella
en
su
contra porque entendía que no existía suficiente prueba para
sostener
el
cargo
imputado
y
porque,
en
los
hechos
imputados, actuaba como cliente y no como abogada.
El Procurador General citó a la Lcda. Bryan Picó a sus
oficinas. En esta ocasión, confrontada con las escrituras
originales
de
protocolización
de
poderes,
la
Lcda.
Bryan
1
Carta de 10 de diciembre de 1998, de la Lcda. Bryan Picó a
la Directora de la Oficina de Inspección de Notaría.
Este asunto fue reiterado por la Lcda. Bryan Picó, en
carta de 28 de abril de 1999, indicando que “[e]n cuanto a
la interrogante de si yo llegué a otorgar la escritura de
protocolización ante la notario de referencia mi respuesta
es no, porque nunca estuvo el documento listo.”
TS-9797 y TS-8437
5
Picó admitió que era su firma la que estaba estampada en los
mismos. Según el informe complementario de la Oficina del
Procurador
tanto
General,
difícil
la
recordar
Lcda.
Bryan
Picó
los
eventos
que
le
resultaba
dieron
base
un
al
otorgamiento. Sin embargo, admitió la mencionada abogada que
la
protocolización
se
efectuó
ante
la
notario
Vargas
Hernández pero que su hermano había firmado uno o dos días
antes. Finalmente, intentó justificar su acción indicando
que solicitó a la secretaria de la Lcda. Vargas Hernández
que le entregara los poderes pues entendía que, como no
había copia certificada de la escritura, la misma no estaba
autorizada.
Denegamos la solicitud de desestimación radicada por la
Lcda. Bryan Picó; concedimos, además, un término de veinte
(20) días a ambas querelladas para que mostraran causa por
la cual no debían ser sancionadas con una enérgica censura
por sus actuaciones en estos eventos.2 En cumplimiento con la
antes mencionada orden, tanto la Lcda. Bryan Picó como la
Lcda. Vargas Hernández han comparecido, por separado, ante
este Tribunal.
La Lcda. Bryan Picó señala, en su comparecencia, que
las contradicciones en sus declaraciones obedecen al paso
del tiempo y que, dada la naturaleza desagradable de los
2
Resolución de 24 de septiembre de 1999. Sala Especial de
Verano integrada por el Juez Presidente señor Andréu García
y los Jueces Asociados señores Negrón García y Corrada del
Río.
TS-9797 y TS-8437
hechos,
intentó
6
olvidar
los
mismos.
Añade
que
la
única
contradicción, en que a su juicio ella incurrió, fue el
asunto
de
la
firma
o
falta
de
ella
en
las
escrituras.
Indica, además, que nunca pensó que su contestación inicial
constituyera un aspecto importante de la investigación que
hoy
nos
ocupa.
Finalmente,
luego
de
expresar
que
su
contestación original era su mejor recuerdo, la Lcda. Bryan
Picó, con énfasis, arguye que “esta abogada no se encontraba
en el ejercicio de su profesión de notario durante estos
eventos.
como
Nuestra
cliente
y
única
por
participación
consiguiente
en
estos
hechos
fue
nunca
hemos
tenido
la
necesidad de ocultar algo”.
Por su parte, la Lcda. Vargas Hernández señala, en su
escrito,
que
preparó
las
escrituras
acorde
con
la
Ley
Notarial. Es decir, ambos otorgantes estaban presentes ante
la
notario
fueron
y
las
firmadas
dos
actas
de
Protocolización
ante
ella.
Señala,
además,
de
que
Poder
estuvo
sumamente preocupada pues en su protocolo, faltaban los dos
poderes originales que precedían a la protocolización. Por
ello fue que acudió a la Oficina de Inspección de Notaría.
En cuanto a la sustracción de los poderes originales, aduce
que sólo autorizó a su secretaria a que le entregara a los
otorgantes
copias
certificadas
de
cortesía.
Finalmente,
alude a sus catorce años de práctica privada de la profesión
y que no existía interés de perjudicar, mentir o faltar a
sus obligaciones.
TS-9797 y TS-8437
Estando
en
7
condiciones
de
resolver
el
asunto
ante
nuestra consideración, procedemos a así hacerlo.
II
A - Lcda. Elizabeth Bryan Picó
Coincidimos
con
la
Lcda.
Bryan
Picó
en
que
la
experiencia humana nos dice que, de ordinario, el transcurso
del tiempo tiene un efecto nocivo en la memoria. De ello,
incluso, podríamos tomar conocimiento judicial. Al examinar
sus posturas en este asunto, nos percatamos de que es en
esta etapa de los procedimientos cuando la Lcda. Bryan Picó
alude, por primera vez, a la inexactitud de su memoria. La
posición a esos efectos asumida por ella parece un burdo
intento de tratar de justificar una actuación insostenible.
Más aún, la Lcda. Bryan Picó pretende soslayar el asunto
indicando que su única inconsistencia fue el aspecto de la
firma. Nótese que, precisamente, la firma o falta de ella en
las escrituras de protocolización es algo fundamental en la
controversia
hoy
ante
nuestra
consideración.
Si
desde
la
génesis del incidente hubiese estado insegura de su memoria,
la
Lcda.
lugar
de
Bryan
Picó
declarar
debió
haberlo
tajantemente
expresado
entonces
en
no
había
firmado
las
falta
de
memoria,
el
que
escrituras.
Además
de
la
acomodaticia
argumento principal que esboza la Lcda. Bryan Picó, en su
vano intento de tratar de justificar su reprobable conducta
en este asunto, es que ella no actuó como abogada en los
TS-9797 y TS-8437
8
hechos que originan la queja contra ella; esto es, sostiene
la referida abogada que ella era una mera cliente de la
Lcda. Vargas Hernández. Dicho de otra manera, entiende la
Lcda. Bryan Picó que un abogado puede desprenderse de las
obligaciones dimanantes de los Cánones de Etica Profesional
cuando éste no está propiamente desempeñando su función de
abogado.
Dicha postura ha sido rechazada por este Tribunal en
reiteradas
ocasiones.
In
re:
Secretario
de
Justicia,
118
D.P.R. 827, 859 (1987); In re: López de Victoria, Opinión
Per Curiam y Sentencia del 6 de abril de 1994; In re: Fred
Martínez y Lawrence Odell, Opinión Per Curiam y Sentencia
del
25
de
junio
de
1999.
Nuevamente
debemos
señalar,
y
enfatizar, que una vez un abogado es admitido al seno de la
profesión, éste no puede desprenderse de sus obligaciones
éticas simplemente señalando que actuaba como cliente y no
como abogado en una situación como la presente. No existe
tal dicotomía entre la vida cotidiana del ciudadano que es
abogado y el ejercicio de su profesión. Los Cánones de Etica
Profesional
se
aplican
profesional
de
un
tanto
abogado.
a
Dicho
la
de
vida
otra
privada
como
manera,
las
responsabilidades éticas de los miembros de la profesión de
abogado no tienen un horario de trabajo.
A la luz de lo anterior, forzoso resulta concluir que
la conducta de la Lcda. Bryan Picó infringió los Cánones 353
3
Entre los mandatos impuestos por el Canon 35, 4 L.P.R.A.
Ap. IX, C. 35, está el que:
TS-9797 y TS-8437
384
y
de
Ética
9
Profesional.
Por
ello,
la
censuramos
enérgicamente. Huelga decir que apercibimos a la Lcda. Bryan
Picó de que, en el futuro, observe fielmente los principios
y postulados esbozados en los Cánones de Ética Profesional
so
pena
de
la
imposición
de
severas
sanciones
disciplinarias.
B - Lcda. Rosa Vargas Hernández.
En torno a la conducta de la Lcda. Vargas Hernández, el
Procurador General, en su Informe Complementario, expresa
“[l]a conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con sus
representados y en las relaciones con sus
compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios
que sean inconsistentes con la verdad ni se debe
inducir al juzgador a error utilizando artificios
o una falsa relación de los hechos o del derecho.
[...]”.
4
El Canon 38, en lo pertinente, establece que:
“El abogado deberá esforzarse, al máximo de
su capacidad, en la exaltación del honor y
dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo
conlleve sacrificios personales y debe evitar
hasta la apariencia de conducta profesional
impropia. En su conducta como funcionario del
tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y
cabal aportación hacia la consecución de una
mejor administración de la justicia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada
como miembro de la ilustre profesión legal, todo
abogado, tanto en su vida privada como en el
TS-9797 y TS-8437
10
que: “[l]o único que a ciencia cierta podemos concluir de la
gestión
notarial
de
la
licenciada
Vargas
es
que
dicha
notario ha sido descuidada y errática en el trámite de sus
índices notariales y en el trámite de la notificación de las
escrituras en controversia.”5
En In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991), expresamos
que:
“[e]l notario puertorriqueño es un profesional
del Derecho que ejerce a su vez una función
pública. En el ejercicio de su responsabilidad
profesional, el notario disfruta de plena
autonomía e independencia.
Sin embargo, el
ejercicio
de
este
puntilloso
ministerio
trasciende la esfera privada y en el crisol de
la práctica se impregna de carácter público.”
Id., pág. 1007.
Justamente, por la esencia pública de su función, los
notarios
son
llamados
a
ser
sumamente
cautelosos
en
el
ejercicio de su práctica, conscientes a toda hora de las
consecuencias funestas que podría tener su negligencia sobre
los
negocios
jurídicos
en
que
se
involucran.
In
re:
Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992).
Sabido es que los notarios están obligados a cumplir
estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et. seq. y en los Cánones del
Código
de
Ética
inobservancia
de
Profesional,
tal
obligación
4
L.P.R.A.
los
expone
Ap.
a
la
IX.
La
acción
disciplinaria correspondiente. In re: Rodríguez Báez, ante.
desempeño de su profesión, debe
forma digna y honorable. [...]”
conducirse
en
TS-9797 y TS-8437
No
hay
duda
11
que
la
Lcda.
Vargas
Hernández
no
fue
lo
cuidadosa y diligente que debe ser un notario en relación
con la importantísima responsabilidad que le impone la Ley
Notarial de Puerto rico a todo notario en lo referente a la
radicación, y fidelidad, de los índices notariales.
Por otro lado, y en relación a los hechos hoy ante
nuestra consideración, somos conscientes del hecho de que
fue la secretaria de la Lcda. Vargas Hernández, y no ella,
quien hizo entrega de los poderes a la Lcda. Bryan Picó.
Ello
no
obstante,
debe
mantenerse
presente
que
el
protocolo de un notario es algo sumamente importante; en el
mismo queda plasmado la función que ejerce el notario. Este
debe ejercer la más estricta y celosa supervisión sobre sus
protocolos.6 Obviamente, en los albores del Siglo XXI, las
justificaciones cimentadas en la conducta de sus secretarias
no constituyen
eximente de responsabilidad profesional. A
esos efectos, basta con reiterar que la responsabilidad por
la práctica de la notaría es una intransferible. Cf. In re:
Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990).
A
la
embargo,
luz
de
los
hechos
somos
del
criterio
particulares
que
lo
del
caso,
sin
procedente,
desde
un
punto de vista disciplinario, en cuanto a la Lcda. Vargas
Hernández y por su falta de circunspección en el manejo de
5
Página 5 del Informe Complementario.
La Regla 40 del Reglamento Notarial establece que, al
protocolizar el documento (en este caso los poderes
otorgados en Estados Unidos) es indispensable unirlo al
acta. Además, véase los Artículos 30, 31 y 38 de la Ley
Notarial, 4 L.P.R.A. secs. 2048, 2049 y 2056.
6
TS-9797 y TS-8437
su
obra
notarial,
12
lo
es
una
simple
amonestación;
apercibiéndola de que, en el futuro, cumpla fielmente con
los Cánones de Ética Profesional y con los mandatos de la
Ley Notarial de Puerto Rico.
Se dictará Sentencia de conformidad.
TS-9797 y TS-8437
13
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Elizabeth Bryan Picó y
Rosa Vargas Hernández
TS-9797
TS-8437
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero del 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se dicta Sentencia: 1)
censurando enérgicamente y apercibiendo a la Lcda.
Elizabeth Bryan Picó de que, en el futuro, observe
fielmente los principios y postulados esbozados en los
Cánones de Ética Profesional so pena de la imposición
de severas sanciones disciplinarias; y 2) amonestando a
la Lcda. Rosa Vargas Hernández, apercibiéndola de que,
en el futuro, cumpla fielmente con los Cánones de Ética
Profesional y con los mandatos de la Ley Notarial de
Puerto Rico.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado. El
Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.
Carmen E. Cruz Rivera
Subsecretaria del Tribunal Supremo