LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. V. JOSE DE JESUS DELGADO

2001 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. V. JOSE DE JESUS DELGADO

CC-2001-273

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2001 TSPR 176

José de Jesús Delgado

Imputado-Peticionario

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2001-273

Fecha: 20/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Ramón Ríos Pérez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Luisa Virginia Fuster Berlingeri

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Mayra J. Serrano Borges

Procuradora General Auxiliar

Materia: Infr. Ley 141

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2001-273

CERTIORARI

José de Jesús Delgado

Imputado-Peticionario

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2001

El peticionario, el Sr. José de Jesús Delgado, recurre

ante este Tribunal, vía certiorari, en solicitud de que

revisemos una sentencia del Tribunal del Circuito de

Apelaciones, la cual revocó una resolución del tribunal de

primera instancia que declaró con lugar una petición del

Sr. de Jesús para impedir que se le permitiera a su esposa

declarar como testigo de cargo en su contra, al amparo del

privilegio concedido en la Regla 27 (B)

de Evidencia, 32

L.P.R.A. Ap. IV.

I

El 19 de noviembre de 1999, el peticionario de Jesús

Delgado, mientras conducía un vehículo de

motor de su propiedad, impactó a un peatón, el Sr. Celedonio Rivera de

Jesús, ocasionándole la muerte.

El 16 de noviembre de 2000, la esposa del peticionario, la Sra.

Yahaira Rodríguez Jiménez1, compareció a la fiscalía de Caguas y, como

alegado testigo ocular de los hechos, prestó dos (2) declaraciones juradas

sobre los mismos ante un representante del ministerio fiscal. Al día

siguiente, el 17 de noviembre de 2000, el ministerio público presentó

sendas denuncias contra el peticionario por alegadamente haber infringido

el Artículo 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4006 --imprudencia crasa

y temeraria al conducir vehículo de motor-- y por violar la Sección 4.102

de la Ley 141 de Vehículos y Tránsito, accidentes en que ocurren muertes.

En las denuncias, se le imputó que, al conducir su vehículo a una velocidad

exagerada, impactó a la víctima, provocándole la muerte en el acto, y que

abandonó el lugar del accidente.

En la vista de determinación de causa para el arresto, celebrada

ese mismo día, la

Sra. Yahaira Rodríguez Jiménez, como testigo de cargo,

declaró como testigo ocular de los hechos2. Así las cosas, el 9 de enero

de 2001, al ser llamado el caso para la celebración de la vista preliminar,

la representación legal del peticionario planteó que la Sra. Rodríguez

Jiménez estaba impedida de testificar por razón del privilegio entre

cónyuges. El ministerio público objetó dicho planteamiento, arguyendo que

la esposa renunció al mismo cuando voluntariamente declaró sobre los

hechos durante la etapa investigativa del caso y en la vista de causa para

el arresto.3 Igualmente, sostuvo el ministerio fiscal que el contenido de

1

El Procurador General se refiere a la esposa del Sr. De Jesús en su Escrito

Para Mostrar Causa con el nombre de Yahaira. Según consta en la Petición

de Certiorari del recurrido, y en la sentencia del tribunal apelativo, éstos

se refieren a ella con el nombre de Yahaira.

2

No surge del expediente si, en dicho día, el aquí peticionario estuvo

presente en dicha vista como tampoco que, de haberlo estado, estuvo

representado por abogado.

3

Esta declaró voluntariamente sobre los hechos acontecidos en tres (3)

ocasiones anteriores a la vista preliminar. Es decir, ella prestó dos (2)

declaraciones juradas sobre los hechos al fiscal durante la etapa

investigativa del caso y, luego, testificó en la vista de determinación

de causa para arresto, dónde compareció como testigo de cargo.

su declaración versaba sobre hechos de su propio conocimiento y no era

el producto de comunicaciones confidenciales entre cónyuges.

El 9 de enero de 2001, el Tribunal de Primera Instancia, Subsección

de Distrito, concluyó que la Sra. Rodríguez Jiménez no podía declarar como

testigo de cargo, por virtud del privilegio consagrado en la Regla 27 (B)

de Evidencia, ante, y reseñaló la vista preliminar para el 15 de febrero

de 2001.

Inconforme,

el

Ministerio

Público

presentó

una

petición

de

certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, solicitando la

revocación del dictamen de instancia. Mediante sentencia de 15 de febrero

de 2001, el tribunal apelativo intermedio revocó la resolución del

tribunal de instancia por entender que el privilegio de la Regla 27 (B)

de Evidencia, ante, no cobijaba a la esposa del aquí peticionario; sostuvo

el foro apelativo intermedio que, al voluntariamente haber prestado

declaraciones sobre los hechos del caso, en tres ocasiones anteriores,

la esposa había renunciado expresamente a dicho privilegio, ello al amparo

de las disposiciones de la Regla 33 de Evidencia, ante.

Inconforme, José de Jesús Delgado, acudió ante este Tribunal

señalando que el Tribunal de Circuito había errado:

“...al resolver que la esposa del recurrente al declarar en tres

(3) ocasiones había renunciado en forma expresa al privilegio

marido-mujer consagrado en la Regla 27 (B) de las de Evidencia.”

Mediante Resolución de fecha 4 de mayo de 2001, le concedimos el

término de veinte (20) días al Estado para mostrar causa por la cual no

debíamos revocar la sentencia dictada por el foro apelativo. El Procurador

General de Puerto Rico compareció en cumplimiento de dicha Resolución.

Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así

hacerlo.

II

La Regla 27 de Evidencia, ante, establece y regula dos (2) modalidades

del privilegio marido-mujer: a saber, (1) la regla de exclusión de

comunicaciones confidenciales entre los cónyuges y (2) la regla de

exclusión mejor conocida como la doctrina de incapacidad testifical o

competencia testifical. El privilegio pertinente en el caso de autos es

precisamente el segundo, el cual se encuentra consagrado en el Inciso (B)

de la citada Regla 27, que establece, en lo pertinente, que: “Un cónyuge

no podrá ser obligado a testificar a favor o en contra del otro”.

La Asamblea Legislativa adicionó este privilegio específico de

“incapacidad testifical” al proyecto original sobre las nuevas Reglas de

Evidencia del 1979, propuesta por este Tribunal, por razones de política

pública y para conservar la institución del matrimonio. Pueblo en Interés

del Menor L.R.R., 125 D.P.R. 78, 84 (1989). La enmienda introducida y

aprobada por la Legislatura, mediante el Inciso (B) de la mencionada Regla

27, tuvo el efecto de alterar o cambiar la norma que regía en cuanto a

cuál de los cónyuges era el poseedor del privilegio. Es decir, bajo el

derogado Código de Enjuiciamiento Civil, el tenedor del privilegio lo era

el cónyuge, quien era parte en el pleito, y no el cónyuge que era testigo.4

En relación con esta situación en particular, bajo la antigua doctrina,

el acusado podía impedir que su cónyuge testificara en su juicio, aun

cuando ese cónyuge-testigo quisiera testificar. De hecho, constituía

error admitir el testimonio de la esposa del cónyuge-acusado sin el

consentimiento de éste. Pueblo v. Medina, 32 D.P.R. 151 (1923).5

En resumen, mediante la adición realizada se cambió el enfoque en

cuanto a quién es el poseedor del privilegio y a quién le corresponde

invocar el mismo. Al igual que en la esfera federal, la doctrina de la

“incapacidad testifical” evolucionó y se bifurcó del privilegio de

“comunicaciones confidenciales” entre cónyuges. En este sentido, nos

apartamos de la norma o modalidad sobre el privilegio de “comunicaciones

4

El Artículo 402 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A.

sec. 1734, rezaba: “Un marido no podrá ser examinado a favor ni en contra

de su mujer, sin el consentimiento de ésta, ni una persona a favor ni en

contra de su marido, sin el consentimiento de éste.”

5

Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, República Dominicana,

Ed. Corripio, 2000, Tomo I, Sec. 4.8., 268.

confidenciales”, la cual impide a cualquiera de los cónyuges --testigo

o parte-- de declarar sobre las comunicaciones sostenidas durante el

matrimonio y que cualquiera de ellos --testigo o parte-- puede invocarlo

por derecho propio, aún después de terminado o disuelto el mismo, ya que

éstas gozan de una garantía de confidencialidad.

Los sucesos percibidos por el cónyuge-testigo, sin embargo, no tienen

garantía alguna de privacidad o intimidad y, por lo tanto, no atienden

los mismos fines o propósitos de salvaguardar la comunicación abierta

entre cónyuges dentro del núcleo matrimonial. Se entendió que, en lugar

de impedir el testimonio del cónyuge-testigo por el cónyuge-parte, era

mejor

norma

y

práctica

dejar

la

decisión

de

testificar

o

no

al

cónyuge-testigo. Dicho de otra manera, en cuanto al Inciso (B) de la Regla,

se abandonó la vieja norma para hacerla potestativo del cónyuge-testigo

declarar, o no, en contra de su cónyuge.

Lo que se pretende fomentar es que el cónyuge determine libremente

si va a testificar o no va a testificar. Una vez el cónyuge decide

testificar, el otro cónyuge no puede impedirlo como ocurría con la vieja

norma sobre el privilegio, pero si el cónyuge no desea testificar y no

aplica ninguna de las excepciones a la regla que se encuentran en el inciso

(D), el Tribunal no puede obligarlo.” 6 Rolando Emmanuelli Jiménez,

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, República Dominicana,

Ed. Corripio, 1994, pág. 241.

El Profesor Chiesa, ante, págs. 269-270, elabora:

El privilegio es del cónyuge-testigo, no del cónyuge-parte.

Si el testigo prefiere proteger su matrimonio y no declarar, no

puede obligársele. Pero si prefiere declarar, el cónyuge, parte

de la acción, no puede impedirlo. Bajo esta Regla 27 (B), si el

cónyuge-testigo opta por declarar, no puede negarse a contestar

preguntas cuya respuesta perjudique al cónyuge. El testigo tiene

la opción de declarar o no declarar, pero no puede selectivamente

elegir qué contesta y qué no contesta. De ordinario, el testigo

sabe si su testimonio ha de ser favorable o adverso al cónyuge,

6

Bajo las excepciones del Inciso (D), no aplica el privilegio cuando existe

una acción civil entre cónyuges; cuando un cónyuge es acusado de un delito

contra el otro cónyuge, su propiedad o hijo de cualquiera de ellos; cuando

un cónyuge es acusado de un delito contra la persona o propiedad de un tercero

mientras cometía un delito contra la persona o propiedad del cónyuge; o,

en casos de bigamia, adulterio o abandono de menores o incumplimiento de

la obligación alimentaria con un hijo de cualquiera de los cónyuges.

y tiene elementos de juicio para decidir si se acoge al privilegio

o declara. (Énfasis suplido.)

Es evidente que, como cuestión de política pública, si un cónyuge

está dispuesto a declarar, ni el Estado, ni la parte adversamente afectada,

puede impedírselo. El cónyuge-testigo es el que posee los elementos de

juicio para evaluar y sopesar los intereses envueltos y las posibles

repercusiones de su testimonio para entonces decidir si quiere testificar

o no. Asimismo nos informe, adicionalmente, el Prof. Chiesa:

A mi juicio, la cuestión de política pública está clara. Si

una persona está dispuesta a testificar contra el cónyuge, el

Estado no puede impedirlo. El testigo ha hecho la correspondiente

evaluación o balance de intereses entre proteger el aparente

deteriorado matrimonio, y su obligación de testificar verazmente.

Pero si el testigo prefiere no testificar contra el cónyuge, el

Estado debe proteger tal elección. No veo justificación

utilitaria –ni de otra índole- para conceder a una persona el

privilegio de impedir el testimonio del cónyuge. Id., 268.

En mérito de lo anteriormente expuesto, forzoso resulta concluir que

el privilegio contenido en el Inciso (B) de la Regla 27 de Evidencia cobija

exclusivamente al cónyuge-testigo, por lo que el cónyuge-acusado no puede

reclamar el privilegio por derecho propio. A tenor con el propio lenguaje

del estatuto, es el cónyuge-testigo quien único puede invocar dicho

privilegio debido a que es éste el único poseedor del mismo.

En el caso hoy ante nuestra consideración, al peticionario de Jesús

Delgado no le asistía el derecho de objetar las declaraciones ni el

testimonio de su esposa, ya que ésta es la única que posee el derecho de

decidir si declaraba o no en el caso. Ella así lo decidió y declaró.

Lo anterior, sin embargo, no le pone fin al presente caso. Nos resta

por determinar si en esta clase de situaciones, el ministerio público

viene, o no, en la obligación de advertirle al cónyuge sobre su derecho

a testificar, o no, en contra de su marido, antes de que éste preste

declaración en la etapa investigativa del caso. En otras palabras, debemos

decidir

si

resulta

necesario

que

el

poseedor

del

privilegio,

el

cónyuge-testigo, tenga conocimiento expreso del derecho que le asiste a

declarar, o no, contra su cónyuge y cuál es el efecto, si alguno, de que

los funcionarios del Estado así no lo ilustren al respecto.

III

Todo proceso judicial, particularmente en el procedimiento criminal,

tiene el fin esencial de descubrir la verdad de lo acontecido, razón por

la cual no debe exceptuarse o excluirse la debida exposición de los hechos

pertinentes, salvo que exista un interés superior o de mayor jerarquía

para la sociedad o para la persona que se interpongan a ese fin. El

legislador concibió y codificó los privilegios como una excepción, una

regla de exclusión de evidencia, ya que éstos, aunque ciertamente

obstaculizan, en algunas circunstancias, el esclarecer la totalidad del

cuadro fáctico, guardan otro fin de mayor trascendencia. Dicho de otro

modo,

los

privilegios,

por

su

naturaleza

y

función,

impiden

el

descubrimiento de ciertos actos, hechos o comunicaciones por existir

intereses en conflicto que intervienen con esa búsqueda exhaustiva de la

verdad. “Los privilegios militan en contra de la búsqueda de la verdad.

Estas disposiciones responden a consideraciones de política pública

ajenas a este importante objetivo.” Emmanuelli, ante, 261.

Es por ello que los privilegios, contenidos en la Reglas de Evidencia,

se interpretan restrictivamente.7 Así expresamente lo establece la Regla

35 de Evidencia, ante, la cual reza: “Las Reglas 25 a 32 se interpretarán

restrictivamente

en

relación

a

cualquier

determinación

sobre

la

existencia de un privilegio.” 8 A su vez, los privilegios pueden ser

renunciados expresa o implícitamente, conforme lo establecen las Reglas

33 y 34 de Evidencia, ante, respectivamente.

Con estos principios en mente, en García Negrón v. Tribunal Superior,

104 D.P.R. 727, 732 (1976), en el contexto del privilegio médico-paciente,

expresamos que venimos en la obligación de interpretar, de manera liberal,

la interrogante de si el dueño del privilegio renunció, o no, al mismo.

7

8

8 Wigmore on Evidence §2337 (McNaughton rev. 1961).

“Esta medida, adoptada para evitar la extensión indebida de los

privilegios, es reflejo de una norma de interpretación firmemente

De esta manera, aun cuando mantenemos y observamos el privilegio, no

socavamos el interés cardinal de nuestro entorno jurídico, cual es la

dilucidación de casos y controversias a través de un marco fáctico

completo.9

IV

No obstante lo anteriormente expresado, resulta importante señalar

que la Regla 33 de las Reglas de Evidencia establece que:

Una persona que de otro modo tendría el privilegio de no

divulgar un asunto o materia específico, o de impedir que otra

persona los divulgue, no tiene tal privilegio respecto a dicho

asunto o materia si el tribunal determina que esa persona, o

cualquier otra mientras era la poseedora del privilegio, se obligó

con otro a no invocar el privilegio, o que sin haber sido

coaccionada y con conocimiento del privilegio, divulgó cualquier

parte del asunto o materia, o permitió tal divulgación por otra

persona. Esta regla no se aplicará a los privilegios establecidos

en las Reglas 23 y 24. (Énfasis suplido.)

En el caso de autos, no existe evidencia alguna de que, antes de que

la esposa del peticionario --esto es, la dueña del privilegio-- prestara

las declaraciones juradas ante los representantes del ministerio fiscal,

ésta fuera intimidada, amenazada u obligada a declarar contra su esposo.

Resulta meridianamente claro que ella así lo hizo de forma voluntaria.

Esto es, se cumple, por decirlo así, con el primero de los dos requisitos

exigidos por la referida disposición reglamentaria para que no aplique

el privilegio en la situación en que el dueño del privilegio divulga la

información.

Ahora bien: ¿significa la frase subrayada --a los efectos de que “...o

que sin haber sido coaccionada y con conocimiento del privilegio...”-que el Estado, antes de tomarle una declaración jurada a un cónyuge que

tiene conocimiento personal de unos hechos, viene en la obligación de

informarle, o “advertirle”, a esa persona sobre la existencia del

establecida en Puerto Rico.” (citas omitidas) Rodríguez v. Scotiabank de

P.R., 113 D.P.R. 210, 214 (1982).

9

“Whatever their origins, these exceptions to the demand for every man’s

evidence are not lightly created nor expansively construed, for they are

in derogation of the search of truth.” United States v. Nixon, 418 U.S. 683,

710 (1974).

privilegio que establece la Regla 27 de Evidencia? Contestamos dicha

interrogante en la afirmativa.

Así lo resolvemos en virtud de las normas de hermenéutica a los

efectos de que “cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra

no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”10; que

las “palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en su más

convincente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de las

reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”11; que

cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco,

el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención

legislativa12; que si el lenguaje de un estatuto es tan inequívoco, que

postula un solo significado, un sentido cabal de humildad y autodisciplina

judicial requiere la aplicación de la voluntad legislativa13; y que los

tribunales únicamente estamos autorizados a interpretar las leyes cuando

éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular, cuando

el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma, o

cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación

de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere.14

Somos del criterio que en relación con el contenido de la antes

transcrita Regla 33 de Evidencia, el legislador se manifestó en leguaje

claro e inequívoco, no existiendo razón alguna para que este Tribunal

interprete, de forma y manera distinta, lo requerido por éste a los efectos

de que, de ordinario, para que se entienda renunciada la modalidad del

privilegio en controversia, el dueño o poseedor del mismo debe ser

advertido o informado, por las autoridades pertinentes, de su derecho al,

10

Artículo 14, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14.

11

Artículo 15, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 15.

12

Atiles, Adm. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16, 20 (1954).

13

Clínica Juliá v. Srio. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 (1954).

14

Banco Popular v. Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997); Pueblo

v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 214 (1990).

y de la existencia del, mismo15; obligación con la cual el Estado no cumplió

en el caso hoy ante nuestra consideración.

Por las razones expresadas, se expide el auto y se revoca la sentencia

emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones;

devolviéndose el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores

consistentes con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

15

Naturalmente, siempre podrían darse situaciones --las cuales serán

resueltas caso a caso, conforme sus hechos particulares-- en que se pueda

entender, y resolver, que el dueño del privilegio tenía, o debía tener,

conocimiento del mencionado privilegio. Meramente, a manera de ejemplo,

señalamos la situación en que el dueño o poseedor del privilegio en

controversia sea un abogado.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2001-273

CERTIORARI

José de Jesús Delgado

Imputado-Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta

Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones; devolviéndose el caso al foro

de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo

aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

Interina del Tribunal Supremo.

Carmen E. Cruz Rivera

Secretaria del Tribunal Supremo Interina