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Tribunal Supremo de Puerto Rico

KATHERINE ANGUEIRA NAVARRO V JTA LIBERTAD BAJO PALABRA

2000 TSPR 2

Poder Judicial de Puerto Rico

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KATHERINE ANGUEIRA NAVARRO V JTA LIBERTAD BAJO PALABRA

CC-1999-0240

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Certiorari

Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique

García, Presidente; Héctor Martínez y

otros

Recurridos

2000 TSPR 2

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

Número del Caso: CC-1999-0240

Fecha: 11/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Feliciano Acevedo

Abogados de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio

Materia: Revisión de Decisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Junta de Libertad Bajo

Palabra; Enrique García,

Presidente; Héctor

Martínez y otros

CC-1999-240

Certiorari

Recurridos

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2000

Opinión, “concepto o parecer que se forma de una cosa

cuestionable”.1 Este recurso es vivo ejemplo del principio

rector de que “para juzgar u opinar, hay que conocer”.

I

En

marzo

de

1978,

Katherine

Angueira

Navarro

fue

víctima de los delitos de secuestro, robo y violación.2 Por

estos

delitos

resultaron

culpables

y

sentenciados

Ramón

Pérez Cruz, Agapito Pérez Cruz y Jorge L. Rivera Cruz.

Diccionario de la Lengua Española, Madrid, (1992)

pág. 1048.

1

Arts. 137, 173 y 99, Código Penal de Puerto Rico, (33

L.P.R.A. secs. 4178, 4279 y 4061).

2

CC-1999-240

3

Después de la liberación bajo palabra de Ramón Pérez Cruz,

el 17 de abril de 1996 la Junta le notificó a Angueira Navarro

que tenía ante su consideración igual solicitud de otro de sus

ofensores, Agapito Pérez Cruz y ella tenía derecho a comparecer

por

escrito

ante

la

Junta

a

exponer

su

opinión.

Idénticas

notificaciones le fueron cursadas el día 30 del mismo mes y el 14

de mayo. Por escrito, Angueira Navarro expresó su interés en

participar en esa determinación. Pidió vista sin la presencia de

su ofensor Agapito, para opinar personalmente. A tal efecto,

solicitó examinar los expedientes de los tres ofensores y: 1)

copia del reglamento aplicable a la participación de la víctima

en el procedimiento; 2) una explicación de por qué Agapito Pérez

Cruz había estado bajo la jurisdicción de la Junta desde 1990; 3)

historial

de

cualquier

trámite

previo

ante

la

Junta;

4)

información sobre incidentes violentos e infracciones a la ley

cometidos por Agapito Pérez Cruz después de la convicción por los

delitos cometidos en su contra; 5) información referente a la

rehabilitación de Agapito Pérez Cruz; 6) información sobre el

cumplimiento de la sentencia de Agapito Pérez Cruz en cuanto a

bonificaciones, acciones disciplinarias, pruebas de sustancias

controladas, prueba de HIV y su plan de salida incluyendo la

dirección exacta donde iría a residir y a trabajar.

A pesar de estos pedidos específicos, la Junta le envió una

nueva notificación sobre su derecho a comparecer por escrito a

expresar su opinión; Angueira Navarro se reiteró. Luego de un

reseñalamiento, la Junta celebró vista a la cual asistió Angueira

Navarro. Sin embargo, ella se negó a exponer su criterio sobre la

CC-1999-240

4

posible liberación bajo palabra de Agapito Pérez Cruz hasta tanto

examinara

su

expediente,

gestión

a

su

juicio

necesaria

para

opinar informadamente. La Junta denegó acceso por el fundamento

de que era confidencial. Luego, el 24 de noviembre de 1997, le

notificó que había concedido la libertad bajo palabra.

Inconforme, Angueira Navarro acudió en revisión al Tribunal

de Circuito de Apelaciones. Planteó que la Junta erró al no darle

oportunidad de ver el expediente. Además, que la Junta incidió al

decidir,

sin

haber

aprobado

un

reglamento

que

rigiera

la

participación de la víctima en el procedimiento de concesión de

la libertad bajo palabra de su ofensor. Previa comparecencia de

la Junta, el 20 de enero de 1999, dicho foro (Jueces Hons. López

Vilanova, Cordero y Feliciano Acevedo) confirmó.

A solicitud de Angueira Navarro revisamos.3

3

Discute los siguientes señalamientos:

“Erró el Tribunal recurrido al concluir que la JLBP

no viene obligada a conceder a la compareciente acceso al

expediente; y la información obtenida en el curso de la

evaluación de la solicitud de libertad bajo palabra del

convicto violador Agapito Pérez Cruz, así como los demás

documentos solicitados, en violación de las leyes

aplicables y del derecho constitucional de acceso a

información gubernamental, para poder emitir una opinión

informada sobre la determinación del privilegio de

libertad bajo palabra del convicto violador Agapito Pérez

Cruz.”

- - - - “Erró el Tribunal recurrido al concluir que la JLBP

viene

obligada

a

proteger

la

‘confidencialidad

y

privacidad’ del convicto violador.”

- - - - “Erró

el

Tribunal

recurrido

al

resolver

sin

fundamento jurídico la totalidad de los errores que le

fueron esbozados.”

- - - - -

CC-1999-240

5

II

A

modo

de

prólogo

examinemos

si

este

recurso

no

se

ha

tornado académico por razón de la Junta haber concedido el 24 de

noviembre de 1997 este privilegio a Agapito Pérez Cruz.

La

doctrina

de

academicidad

constituye

una

de

las

manifestaciones concretas del concepto de justiciabilidad, la

cual acota los límites de la función judicial. Comisión Estatal

de Elecciones v. Dpto. de Estado, res. 16 de diciembre de 1993,

134 D.P.R. ___ (1993). Un

caso es académico cuando pierde su

carácter adversativo, ya sea por cambios fácticos o judiciales

acaecidos durante su trámite judicial, creando una circunstancia

en la que la sentencia sería una opinión consultiva. Existen, sin

embargo, varias excepciones a la doctrina, a saber, cuando se

plantea una cuestión recurrente; si la situación de hechos ha

sido modificada por el demandado, pero no tiene características

de permanencia; o donde aspectos de la controversia se tornan

académicos, pero persisten importantes consecuencias colaterales.

El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo de la

controversia

exige

el

estudio

de

tres

(3)

factores:

la

probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en el

procedimiento; y la probabilidad de que la controversia evada

adjudicación o revisión judicial.

“Erró el Tribunal recurrido al adoptar múltiples

hechos como ciertos que no se sostienen por evidencia del

expediente de autos, a la vez que omitió hechos que

surgen

del

expediente,

resultando

en

una

errónea

interpretación de derecho.”

CC-1999-240

6

El elemento principal en el proceso de concluir si una

determinación afirmativa de academicidad promoverá la finalidad

de la autolimitación judicial es la probabilidad de recurrencia.

Cuando existe la probabilidad de que la controversia se repita o

recurra, los tribunales debemos considerar el asunto planteado a

pesar de que el mismo haya advenido académico.

En lo referente a las partes en litigio, hemos señalado que

para que aplique la excepción del carácter recurrente no es

necesario que al repetirse la controversia ésta afecte a las

mismas partes.

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R.

715 (1980).

Además

del

carácter

recurrente

o

repetitivo

del

asunto

planteado, y las partes en litigio, dicho asunto debe ser de una

naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión.

Esto sucede

con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí

de muy corta duración, aunque pueden existir otras que ocasionen

que una controversia eluda la revisión judicial.

Asociación de

Periodistas v. González Vázquez, 127 D.P.R. 704 (1991).

Al

evaluar

la

procedencia

de

este

recurso,

concentramos

nuestro análisis en la relación existente entre los eventos que

dieron génesis al pleito y la adversidad presente. Bajo estas

normas, no albergamos duda de que el caso de autos proyecta, por

su singularidad, probabilidades sustanciales de recurrencia sobre

controversias

similares

y,

además,

por

la

naturaleza

del

procedimiento de concesión de libertad bajo palabra, ésta puede

ser susceptible de evadir la revisión judicial. Veamos.

CC-1999-240

7

Primero,

víctimas

de

existe

una

política

pública

protectora

de

las

delitos

que

pretende,

entre

otros,

promover

la

integración de la víctima en los procedimientos posteriores a la

convicción,4 concediéndole según veremos, el derecho a opinar. En

el trasfondo de hechos no es la primera vez que Angueira Navarro

reclama ante los tribunales, al amparo de dicha política, su

derecho

a

examinar

el

expediente

de

uno

de

los

confinados

agresores objeto de trámites para la concesión de libertad bajo

palabra. Angueira Navarro v. Junta

Ramón

Pérez

Cruz,

parte

de

interesada

Libertad

Bajo

KLAA9600093.

Palabra,

Segundo,

reconocemos una posibilidad de recurrencia dado que Jorge L.

Rivera Cruz, tercer ofensor de Angueira Navarro, puede ser objeto

en

el

futuro

de

una

evaluación

por

la

Junta.

Existe

una

controversia genuina entre la Junta y Angueira Navarro, que no ha

perdido actualidad por la sola liberación de Agapito Pérez Cruz.

Tercero, debido a que la participación de la víctima de delito en

los procedimientos ante la Junta no es un requisito indispensable

para la concesión de la libertad bajo palabra, el privilegio

puede ser concedido antes de que los foros judiciales intervengan

para reinvindicar posibles derechos de la víctima.

debida

participación

de

una

víctima

en

la

Así, la

determinación

de

concesión de libertad bajo palabra, puede evadir la oportuna

revisión judicial.

Evaluados estos factores, concluimos que no existe obstáculo

jurídico alguno que impida a este tribunal evaluar el recurso en

sus méritos.

4

Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, Carta de Derechos de

CC-1999-240

8

III

A

través

de

sus

señalamientos

de

error,

surge

como

denominador común el argumento de Angueira Navarro de que el

Circuito de Apelaciones incidió al confirmar que no tenía acceso

del expediente de Agapito Pérez Cruz como parte de su derecho a

opinar. Veamos.

Mediante la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, la Asamblea

Legislativa

aprobó

la

Carta

de

Derechos

de

las

Víctimas

y

Testigos de Delitos. Con su aprobación, atrás quedó el enfoque

tradicional basado en la ficción de que en los delitos contra la

persona la lesión se configuraba en abstracto contra la sociedad

en

general,

no

perjudicado.

Se

el

individuo

estableció

así

como

una

ser

humano,

política

pública

realmente

vigorosa

dirigida a proveer protección y asistencia a las víctimas y

testigos en los procesos judiciales y en las investigaciones que

se realicen a raíz de la comisión de actos delictivos. Entre las

garantías consagradas en dicha Carta se destaca el derecho que

tiene

toda

víctima

a

ser

informada

de

los

procedimientos

posteriores a la sentencia cuando ésta o un testigo lo solicite a

las autoridades pertinentes.

Subsiguientemente,

la

Asamblea

Legislativa

expandió

esos

derechos para que las víctimas de delito tuvieran la oportunidad

real

de

desempeñar

un

rol

más

activo

en

el

procesamiento

y

rehabilitación del autor del delito. Mediante la Ley Núm. 90 de

27 de julio de 1995 (4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq.) enmendó la Ley

de la Junta de Libertad bajo Palabra –Núm. 118 de 22 de julio de

las Víctimas y Testigos de Delitos.

CC-1999-240

1974,

9

según

enmendada,

4

L.P.R.A.

sec.

1501

et

seq.-,

para

reconocerle a toda víctima el derecho de notificación, asistencia

y

participación

negación

del

en

los

privilegio

procedimientos

a

la

para

libertad

la

bajo

concesión

palabra

o

del

responsable de la comisión del delito, así como en la vista de

revocación.

Esta política pública pretende lograr la integración activa

de la víctima en los procedimientos posteriores a la convicción

del autor del delito, y en particular, su participación en si al

convicto se le concede, revoca o modifica sustancialmente las

condiciones para el disfrute del privilegio de libertad bajo

palabra. Fue concebida como un paso adicional en los componentes

que

integran

nuestro

“sistema

de

Justicia

Criminal”

para

salvaguardar los derechos de las víctimas de delitos de una

manera

no

menos

vigorosa

que

los

derechos

de

los

acusados.

(Exposición de Motivos, Ley Núm. 90).

A tono con esta política pública, el Artículo 3-A de la

referida Ley Núm. 90 dispone:

“En aquellos procedimientos que se celebren con

motivo de la concesión o modificación del privilegio a

la libertad bajo palabra, y en la vista final para su

revocación se garantizará a la víctima del delito por

el cual fue convicto el liberado o la persona recluida,

los siguientes derechos:

(1)

Comparecer, ya sea oralmente o por escrito,

para presentar ante la Junta su opinión

sobre:

(a)

La determinación que en su momento deba

tomarse con relación al beneficio del

privilegio, y

CC-1999-240

10

(b)

el impacto económico, emocional o físico

que ha causado la comisión del delito

sobre la víctima y su familia.

(2)

Estar presente como observador en la vista.

(3)

Mediante solicitud al efecto, testificar en

la

vista

en

ausencia

del

liberado

o

confinado.”

Notamos pues, que este precepto legal establece el derecho

de la víctima de delitos a “opinar” en esos procedimientos. Como

corolario de tal derecho Angueira Navarro reclama examinar el

expediente de Agapito Pérez Cruz.

El único fundamento de la Junta para negárselo –que encontró

eco

en

el

Circuito

de

Apelaciones-

la

confidencialidad

del

expediente, no accesible según el Art. 7 de su propia Ley.5 Erró.

Las

etiquetas

legislativas

de

“confidencialidad”

deben

evaluarse frente al derecho de acceso a información invocado por

el ciudadano, dada la estrecha correspondencia que existe entre

la libre expresión y la libertad de información. Soto v. Srio. de

Justicia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982). Inherente a la concepción

democrática se encuentra la participación. Sabemos que para que

Núm. 118 de 22 de

L.P.R.A. sec. 1507). Reza:

5

julio

de

1974,

según

enmendada

“Toda la información obtenida por la Junta o por

alguno de sus funcionarios o empleados, en el desempeño

de sus deberes oficiales será de carácter confidencial

y no podrá ser divulgada revelando el nombre del

confinado en forma alguna excepto para propósitos

directamente relacionados con la administración de la

justicia en casos criminales, o cuando, comprobado por

la Junta que existe un interés legítimo en la

información

solicitada,

medie

el

consentimiento

voluntario y por escrito del confinado o liberado

afectado por la divulgación o el de la persona que

tenga al confinado o liberado bajo su custodia legal

(4

CC-1999-240

11

ésta sea inteligente tiene que estar anclada en un constante

flujo de información o en la posibilidad de acceso necesaria para

el ejercicio responsable del derecho y el deber de cada ciudadano

de tomar parte en los asuntos que le conciernen. E. Ramos Rivera,

La Libertad de Información: Necesidad de su Reglamentación en

P.R., 44 Rev. Jur. U.P.R. 67, 69 (1975).

Sin embargo, este derecho de información no es absoluto;

puede ser limitado por el Estado de existir intereses apremiantes

que

lo

justifiquen.

legislación

retención

bandera

uniforme

de

de

enmarcarse

Aunque

que

información

en

Puerto

Rico

provea

normas

y

gubernamental,

confidencialidad,

en

“información

una

ley

oficial”

el

recogidos

por

o

existe

requisitos

cuando

reclamo

específica

no

se

para

la

levanta

la

gubernamental

en

los

las

Reglas

una

puede

privilegios

31

y

32

de

de

Evidencia. Para uno y otro caso hemos determinado los exámenes

judiciales

bajo

los

cuales

evaluaremos

la

objeción

de

confidencialidad vis a vis el pedido de información.

Como norma general, un reclamo de confidencialidad por el

Estado sólo puede prosperar cuando éste pruebe de forma precisa e

inequívoca

cualquiera

de

las

siguientes:

1)

una

ley

así

lo

declara; 2) la comunicación está protegida por alguno de los

privilegios evidenciarios que puedan invocar los ciudadanos; 3)

revelar la información pueda lesionar derechos fundamentales de

terceros; 4) se trate de la identidad de un confidente; o 5) sea

información oficial conforme la Regla 31 de Evidencia. Santiago

v. Bobb, 117 D.P.R. 153, 159 (1986).

por

estar

éste

incapacitado

para

otorgar

tal

CC-1999-240

12

Toda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano

bajo el palio de la confidencialidad, tiene que justificarse a

plenitud

y

contener

normas

claras

y

precisas

que

permitan

identificar adecuadamente el material y las circunstancias en que

habrá de aplicarse la norma de accesibilidad. Ello se satisface,

si

la

regulación

gubernamental:

a)

cae

dentro

del

poder

constitucional del Gobierno; b) propulsa un interés gubernamental

importante o sustancial; c) el interés gubernamental no está

relacionado con la supresión de la libre expresión; y d) la

restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es

mayor que la esencial para propulsar dicho interés.

Aquella legislación que no contenga estándares apropiados

para determinar el tipo de documento e información que habrá de

estar sujeta al escrutinio público y que, por el contrario,

establezca

una

norma

de

confidencialidad

absoluta,

no

puede

superar el rigor de la cláusula constitucional que garantiza el

derecho a la libre expresión. Soto v. Srio. de Justicia, supra,

495.

Por

otro

lado,

cuando

ante

un

reclamo

de

acceso

a

información, el Estado levanta el privilegio de confidencialidad

recogido en la Regla 316 de Evidencia sobre información oficial,

consentimiento.”

(A) Según usada en esta Regla, “información oficial”

significa información adquirida en confidencia por un funcionario

o empleado público en el desempeño de su deber y que no ha sido

oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el

momento en que se invoca el privilegio.

6

(B) Un testigo tiene el privilegio de no divulgar una

materia por razón de que constituye información oficial, y no se

admitirá evidencia sobre la misma si el tribunal concluye que la

materia es información oficial y su divulgación está prohibida

CC-1999-240

13

para dictaminar si la información fue adquirida en confidencia –y

por lo tanto así cobijada- los tribunales considerarán el tipo de

documento en cuestión, los trámites usuales de la agencia al

recibir ese tipo de información, quién tiene acceso y el uso que

generalmente tiene el documento, e incluso, su contenido. López

Vives v. Policía de P.R. 118 D.P.R. 219 (1987). Bajo esta óptica,

hemos

favorecido

un

análisis

de

la

totalidad

de

las

circunstancias que rodean la información, así como su propia

naturaleza. Santiago v. Bobb, supra, pág. 162.

Luego

de

superada

esta

primera

etapa,

de

resultar

ser

información obtenida en confidencia, el inciso (B) de la Regla 31

requiere

como

realizará

de

segundo

forma

paso,

un

balance

estricta

a

favor

de

intereses

que

se

del

reclamante

de

la

solicitud y en contra del privilegio. Para que el Estado pueda

prevalecer,

tiene

que

demostrar

la

existencia

de

intereses

apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por el

derecho ciudadano a información. Noriega v. Hernández Colón, 130

D.P.R. 919, 938 (1992).

Por su parte, la Regla 32 de Evidencia7 -privilegio sobre la

identidad

de

informante-confidente-,

protege

el

nombre

del

por ley, o que divulgar la información en la acción sería

perjudicial a los intereses del gobierno del cual el testigo es

funcionario o empleado.

7

Dispone:

“Una entidad pública tiene el privilegio de no

revelar la identidad de una persona que ha suministrado

información tendente a descubrir la violación de una ley

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los

Estados Unidos de América, si la información es dada en

confidencia por el informante a un funcionario del orden

público, a un representante de la agencia encargada de

CC-1999-240

14

confidente pero no la información por éste ofrecida; salvo que a

través de la misma se identifique la fuente.

En

resumen,

legislación

desprovisto

uniforme,

el

nuestro

análisis

ordenamiento

judicial

requerido

de

una

ante

un

reclamo de confidencialidad dependerá de la excepción invocada

por el Gobierno. Según hemos visto, el caso ante nos, la Junta

opone al derecho a información de Angueira Navarro el Art. 7 de

su Ley orgánica.

Dicho

estatuto

caracteriza

como

confidencial

toda

la

información que obtenga la Junta o cualquiera de sus empleados en

el desempeño de sus deberes oficiales. De ordinario, un estatuto

que niega acceso ciudadano a información en manos del Estado,

requiere un análisis bajo el escrutinio judicial estricto. Sin

embargo,

la

excepciones

disposición

al

manto

de

de

ley

ante

nos,

confidencialidad

establece

y

permite

tres

su

divulgación: 1) para propósitos directamente relacionados con la

administración de la justicia en casos criminales; 2) cuando se

compruebe la existencia de un interés legítimo en la información

solicitada; o 3) cuando medie el consentimiento voluntario y

escrito del confinado o liberado.

IV

la administración o ejecución de la ley que se alega fue

violada o a cualquier persona con el propósito de que la

transmitiera

a

tal

funcionario

o

representante.

Evidencia sobre dicha identidad no será admisible a

menos que el tribunal determine que la identidad de la

persona que dio la información ya ha sido divulgada en

alguna otra forma, o que la información sobre su

identidad es esencial para una justa decisión de la

CC-1999-240

15

Precisamente,

aquí

quien

solicita

la

información

es

la

víctima de delito con el único propósito de emitir una “opinión”

informada sobre la determinación de la concesión del privilegio

de libertad bajo palabra a uno de sus ofensores. Ese trámite,

conforme el Art. 7 de la Ley, está “directamente relacionado con

la administración de la justicia” en un caso criminal. Por ello,

la divulgación de tal información debe considerarse y permitirse.

Negarle

a

la

víctima

el

acceso

al

expediente

de

su

ofensor

significaría que la Asamblea Legislativa reconoció sólo pro-forma

el derecho a opinar, pues, sustancial y prácticamente le haría

imposible

ejercerlo

informada

y

adecuadamente.

Carecería

de

sentido espiritual y pragmático esta importante legislación.

No obstante, aclaramos que dicho acceso no es irrestricto.

El principio de confidencialidad recogido en el aludido Art. 7,

persigue proteger la independencia de criterio de la Junta y a la

par, la participación ciudadana en el proceso evaluativo del

confinado para propósito de concluir el grado de rehabilitación y

seguridad

que

representa

de

serle

otorgada

la

libertad

bajo

palabra, y los ajustes institucionales y terapéuticos alcanzados.

Dentro de este último aspecto, la Junta recibe los informes

de

evaluación

practicadas

Negociado

de

a

sicológica

los

y

confinados,

Evaluación

y

siquiátrica

por

que

entidades

Asesoramiento,

le

tales

Servicios

han

sido

como

de

el

Salud

Mental Correccional y Hospital Correccional Forense Siquiátrico.

En todos y cada uno de los informes que dichas entidades proveen

aplican las disposiciones del Código de Salud Mental -Ley Núm.

controversia, particularmente cuando es esencial a la

CC-1999-240

16

116 de 12 de junio de 1980 y el Reglamento 52 de Instituciones de

Salud Mental- por virtud del cual las evaluaciones e informes son

de carácter confidencial y su divulgación sujeta a autorización

escrita del paciente o por orden del tribunal.

Reconocemos pues, que la Junta está obligada a salvaguardar

el mandato de ley en lo referente a los documentos de índole

médica que integran el expediente. De igual forma debe garantizar

la seguridad de aquellas personas que aportaron su opinión para

el proceso evaluativo del confinado. No tan sólo para viabilizar

la seguridad de terceros frente al confinado, sino de posibles

confrontaciones entre esos terceros y las víctimas de delito.

A

tal

efecto,

nuestro

mandato

en

este

caso

(y

demás

análogos) sujeta el acceso a las limitaciones antes mencionadas.

Conlleva también una orden protectora judicial permanente, so

pena de desacato, para asegurar que no se revelen las fuentes de

información

y

las

víctimas

información

exclusivamente

divulgación

pública.

se

para

Garantizamos

comprometan

a

utilizar

la

el

fin

reclamado,

no

la

así

sus

derechos,

los

del

alcance

de

la

ofensor y terceros.

Finalmente,

es

menester

recordar

el

intervención de la víctima de delito. Su opinión es sólo otro

factor

a

considerar

por

la

Junta.

No

puede

configurarse

el

derecho a opinar de Angueira Navarro como un poder de veto.

Pueblo v. Dávila Delgado, res. en 20 de mayo de 1997, 143 D.P.R.

___ (1997). La determinación sobre el grado de rehabilitación del

confinado y si éste está calificado y capacitado para continuar

defensa del acusado.”

CC-1999-240

17

su sentencia mientras se reintegra a la sociedad es prerrogativa

de la Junta.

V

Se dictará la correspondiente Sentencia ordenando a la Junta

de

Libertad

Bajo

Palabra

facilitarle

a

Angueira

Navarro

los

documentos del expediente de Agapito Pérez Cruz, a tenor con los

criterios expuestos anteriormente en la parte IV de esta Opinión.

La Sra. Angueira Navarro tendrá un término de veinte (20)

días, a partir de la fecha en que concluya el examen de estos

documentos para presentar, si así lo estima necesario, una moción

de reconsideración ante la Junta exponiendo su opinión informada

sobre la solicitud de libertad bajo palabra presentada por Pérez

Cruz. En el ejercicio de la discreción que le confiere la ley, la

Junta

decidirá

los

méritos

de

dicha

moción

correspondiente resolución.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

mediante

la

CC-1999-240

18

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Junta de Libertad Bajo

Palabra; Enrique García,

Presidente; Héctor

Martínez y otros

CC-1999-240

Certiorari

Recurridos

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia y ordena a la Junta de

Libertad Bajo Palabra facilitarle a Angueira Navarro los

documentos del expediente de Agapito Pérez Cruz, a tenor

con los criterios expuestos anteriormente en la parte IV

de esta Opinión.

La Sra. Angueira Navarro tendrá un término de veinte

(20) días, a partir de la fecha en que concluya el examen

de estos documentos para presentar, si así lo estima

necesario, una moción de reconsideración ante la Junta

exponiendo su opinión informada sobre la solicitud de

libertad bajo palabra presentada por Pérez Cruz. En el

ejercicio de la discreción que le confiere la ley, la Junta

decidirá

los

méritos

de

dicha

moción

mediante

la

correspondiente resolución.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

y

certifica

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

la