LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ASOCIACION DE PESCADORES DE PUNTA FIGUERAS INC., ET AL. V. MARINA DEL PUERTO DEL REY INC., ET AL.

2001 TSPR 174

Poder Judicial de Puerto Rico

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ASOCIACION DE PESCADORES DE PUNTA FIGUERAS INC., ET AL. V. MARINA DEL PUERTO DEL REY INC., ET AL.

CC-2000-954

CC-2000-954

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Pescadores de Punta

Figueras, Inc., et al.

Demandantes-Peticionarios

Certiorari

2001 TSPR 174

v.

155 DPR ____

Marina de Puerto del Rey, Inc., et al.

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-2000-954

Fecha: 18/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VII

Juez Ponente:

Hon. José L. Miranda de Hostos

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Gustavo A. Quiñones Pinto

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José Luis Novas Debién

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-2000-954

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Pescadores de

Punta Figueras, Inc., et al.

Demandantes-Peticionarios

v.

CC-2000-954

Certiorari

Marina de Puerto del Rey, Inc.,

et al.

Demandados-Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico a 18 de diciembre de 2001.

La Marina de Puerto del Rey, Inc. (en adelante Puerto

del Rey), 1 sometió ante la consideración de la Junta de

Planificación

(en

adelante

Junta),

la

Consulta

Número

82-24-0769-JDP, respecto a la ubicación de una marina en la

Bahía Demajagua, ubicada en el Barrio Demajagua en Fajardo.

Mediante

1

Resolución

de

19

de mayo de

Puerto del Rey es una corporación organizada bajo las

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dedicada al

negocio de proveer espacio de muelles y almacenamiento de

embarcaciones de placer.

1983, la Junta aprobó la consulta presentada por Puerto del Rey.2

La consulta fue condicionada, entre otras cosas, a que se

construyera una vía con una sección de once (11) metros, desde la

Carretera Estatal Número 3 hasta la playa y una paralela a la zona

marítimo-terrestre diseñando rampas de acceso al mar en coordinación

con el Departamento de Recursos Naturales y la Corporación para el

Desarrollo y Administración de los Recursos Marítimos, Lacustres y

Fluviales (en adelante CODREMAR). 3

Además, Puerto del Rey debía

proveer un estacionamiento público de veinte (20) espacios, el cual

se destinaría a uso público al igual que las calles, ello mediante

el otorgamiento de una escritura pública.4

La Junta requirió, además, que Puerto del Rey cediera

al Estado

mediante escritura pública, una franja de veinte (20.0) metros

paralela a la zona marítimo-terrestre.

Las escrituras públicas

respecto a los terrenos a ser cedidos, a las vías a construir para

dar acceso a la playa y a las áreas de estacionamiento público,

deberían otorgarse previo a la concesión de permisos por la

Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante ARPE).5

2

Anteriormente la Consulta fue denegada por la Junta mediante

la Resolución emitida el 3 de febrero de 1983. El 23 de marzo de

1983, Puerto del Rey solicitó a la Junta que reconsiderara; mediante

Resolución emitida el 19 de mayo la Junta aprobó la consulta.

(Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la

Petición de Certiorari, pág. 56.)

3

Véase, Resolución de 19 de mayo de 1983 emitida por la Junta,

Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 264. A tenor de la Ley

Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, art. 8, 5 L.P.R.A. sec. 1527, conocida

como la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera

y la Agricultura, se transfirieron al Departamento de Agricultura,

Programa de Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera, todas las

funciones de CODREMAR.

4

Véase, Resolución de 19 de mayo de 1983 emitida por la Junta,

Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 264.

5

“Los terrenos a ser cedidos al Estado tales como la franja

de 20.0 metros paralela a la zona marítimo-terrestre, calles de

acceso a la playa y áreas de estacionamiento público se harán [sic]

mediante

la

escritura

pública

correspondiente

previo

al

otorgamiento del permiso de uso para la marina y sus facilidades.”

Íd, pág. 265.

Dispuso la Junta, además, que Puerto del Rey debía dedicar a

uso público cincuenta (50) espacios de atracadores de botes

(boat-slips), para uso y disfrute de los pescadores del sector, cuya

ubicación debía ser coordinada con CODREMAR.

Así las cosas, el 1 de octubre de 1986, Puerto del Rey solicitó

autorización a ARPE para el desarrollo preliminar de la marina en

la Bahía Demajagua.

ARPE, mediante Resolución de 27 de marzo de

1987, concedió el permiso solicitado incorporando sustancialmente

las condiciones impuestas por la Junta.6 En dicha resolución, ARPE

requirió, entre otras cosas: 1) que uno de los siete muelles

secundarios a construirse en la marina fuera destinado a uso público

para uso y disfrute de los pescadores del sector, el cual debería

incluir un total de cincuenta (50) espacios para atracar botes

(boat-slips); 2) que se construya una vía pública con una sección

de once (11) metros, desde la Carretera Estatal Número 3 hasta la

playa, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y

CODREMAR; 3) que se dedique a uso público una franja de terreno con

un ancho mínimo de veinte (20) metros, paralela y medida desde la

zona marítimo-terrestre.

Conforme la resolución de ARPE, la ubicación y uso de los

cincuenta (50) espacios de atracadores de botes (boat-slips),

debería ser coordinada con CODREMAR.

Prohibió, además, el control

de acceso u obstáculos que impidiesen el libre uso y disfrute de los

pescadores a dicho muelle, por lo que se debía garantizar a

perpetuidad el libre acceso de los pescadores al muelle desde la

Carretera Número 3.

Posteriormente, Puerto del Rey presentó ante la consideración

de ARPE un plano de desarrollo preliminar alterno.

Dicho plano

consistía en el rediseño parcial de las tres etapas de desarrollo

6

Véase, Resolución de 27 de marzo de 1987, intitulada

Autorizando Desarrollo Preliminar para Proyecto de Urbanización

Residencial Turístico-Comercial, así como Marina en la Bahía

que

comprende

el

proyecto

objeto

de

este

pleito.

Mediante

Resolución de 30 de mayo de 1990, ARPE aprobó el referido plano,

resolución que no modificó los usos y condiciones antes indicadas.7

El 15 de mayo de 1996 la Asociación de Pescadores de Punta

Figueras, Inc. (en adelante Asociación),8 presentó ante el Tribunal

de Primera Instancia (en adelante TPI), una acción sobre Injunction

y Daños y Perjuicios.

En síntesis, la Asociación alegó el

incumplimiento de Puerto del Rey con las condiciones impuestas por

ARPE, “relacionadas con el uso y disfrute de los pescadores del

sector, al área de muelle y estacionamiento a ser dedicado en el

proyecto a uso público para uso y disfrute de [ ] éstos.”9

Arguyó,

además, que Puerto del Rey bloqueó el acceso a los pescadores y a

los ciudadanos a la Playa Punta Figueras.

Mediante Demanda Enmendada, se incluyó como demandados a ARPE,

al Departamento de Recursos Naturales, al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico (en adelante ELA) y al Municipio de Fajardo (en adelante

el Municipio).

Respecto a éstos, la Asociación alegó que le eran

responsables por los daños causados por su inacción de velar por el

interés público y hacer cumplir las órdenes impuestas a Puerto del

Rey.

Luego de varios incidentes procesales, se depuso al Ingeniero

Jorge Colón Miranda, Director de la Sección Técnica de ARPE. 10

Expresó el Ingeniero Colón Miranda que, ARPE impuso a Puerto del Rey

Demajagua, en el Barrio Demajagua del Municipio de Fajardo, Apéndice

de la Petición de Certiorari, págs. 271-279.

7

Véase, Resolución de 30 de mayo de 1999, titulada, Autorizando

Plano de Desarrollo Preliminar Alterno para Proyecto de Urbanización

Residencial, Turístico-Comercial, así como Marina en la Bahía

Demajagua, en el Barrio Demajagua del Municipio de Fajardo, Apéndice

de la Petición de Certiorari, págs. 280-289.

8

La Asociación es una corporación sin fines de lucro organizada

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dedicada

a promover la organización y bienestar de los pescadores de la Playa

Punta Figueras de Fajardo y Ceiba.

9

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la

Petición de Certiorari, pág. 53.

dedicar a uso público para el uso y disfrute de los pescadores del

sector uno de los muelles secundarios, el cual debería incluir un

total de cincuenta (50) espacios para atracar botes (boat-slips).

Señaló que, conforme al plano sometido a ARPE, el acceso a dichas

facilidades es a través de una franja de terreno de ocho (8) metros

que

discurre

desde

la

Carretera

Estatal

Número

3

hasta

las

facilidades destinadas a los pescadores, el varadero y la policía.

En la Conferencia con Antelación al Juicio, celebrada el 23 de

abril de 1999, el TPI ordenó que las partes se reunieran el 7 de mayo

de 1999, para evaluar un proyecto de escritura pública conforme a

las condiciones y recomendaciones dispuestas por las agencias

administrativas.

Puerto del Rey otorgó el 6 de mayo de 1999 ante el Notario Público

Jorge S. Carlo Marrero, la escritura pública número siete (7)

titulada Dedicación a Uso Público del Muelle Número Sesenta y Cinco

(65) y Facilidades Accesorias en la Marina Puerto del Rey de Fajardo,

Puerto Rico.

Mediante la misma, Puerto del Rey dedica a uso público

uno de los muelles secundarios para uso y disfrute de los pescadores,

el cual provee cincuenta (50) espacios para atracar botes.

dedica

a

uso

público

un

área

para

veinte

(20)

Además,

espacios

de

estacionamiento de automóviles de pescadores, ubicado en el sector

sur-este de la marina.

Se unió y se hizo formar parte de la escritura

pública, copia de los planos del proyecto aprobados por ARPE, en los

cuales se provee un acceso de ocho (8) metros de ancho que conecta

la Carretera Estatal Número 3 con el estacionamiento dedicado a uso

público para el uso y disfrute de los pescadores.

No obstante, la utilización de las facilidades fue condicionada

al uso de pescadores bona fide que mantienen licencias de pesca

comercial vigentes con el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales;

10

que

las

embarcaciones

de

los

pescadores

estén

Véase, Deposición tomada al Ingeniero Jorge Colón Miranda,

Administración de Reglamentos y Permisos, Apéndice de la Petición

debidamente

inscritas

para

la

pesca

comercial

con

dicho

departamento; y que sean utilizadas exclusivamente para la pesca

comercial.

Puerto

del

Rey

sometió

ante

ARPE

y

al

Departamento

de

Agricultura, sucesor de CODREMAR, la escritura pública otorgada el

6 de mayo de 1999, para su aprobación, por entender que compete a

éstos su aprobación.

Dada la inconformidad de la Asociación con las condiciones

dispuestas en la escritura pública otorgada por Puerto del Rey, el

TPI celebró una vista el 27 de octubre de 1999, en la cual las partes

acordaron someter ante la consideración del tribunal sus respectivas

posiciones por escrito, para así determinar si procedía dictar

sentencia sumaria.

La controversia quedó delimitada por las partes

de la siguiente manera: “1) Si Puerto del Rey conforme a las

resoluciones y permisos emitidos por las agencias administrativas

involucradas tenía la obligación de suscribir una escritura pública

para dedicar a uso público, sin ningún tipo de restricción, el muelle

identificado

como

estacionamiento

`Muelle

identificado

para

uso

como

de

pescadores´,

`Estacionamiento

el

para

pescadores´ así como el acceso que conecta la Carretera Estatal Núm.

3 con dichas facilidades, 2) o si en la escritura a suscribir Puerto

del Rey podía establecer algún tipo de restricción en el acceso a

dichas facilidades."11

La Asociación presentó Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual

cuestionó el instrumento otorgado. Arguyó, en síntesis, que las

condiciones establecidas en el instrumento público contravienen las

resoluciones de ARPE.12

de Certiorari, págs. 184-220.

11

Sentencia de 7 de abril de 2000, emitida por el TPI, Apéndice

de la Petición de Certiorari, pág. 54.

12

13

El Municipio compareció ante el TPI mediante escrito

mayo de

1999, titulado

Moción

12 ...continuación

de

de

Por su parte, Puerto del Rey presentó Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria. En resumen, Puerto del Rey alegó la existencia

de controversias sobre hechos materiales. Solicitó al TPI que

declarara no ha lugar la moción de sentencia sumaria y la imposición

de honorarios de abogados a su favor.

Vistas la alegaciones de las partes, el 7 de abril de 2000, el

TPI dictó Sentencia ordenando a Puerto del Rey otorgar la escritura

de dedicación a uso público del Muelle Sesenta y Cinco (65) y

Facilidades Accesorias en la Marina Puerto del Rey de Fajardo, sin

incluir, “bajo ningún concepto, condiciones o cláusulas que [de]

alguna manera creen un control de acceso u obstáculo que impida el

uso y disfrute del público y de los pescadores del sector al área

de muelle público.”13

Concluyó, además, que mediante su escrito de oposición a la

solicitud de sentencia sumaria, Puerto del Rey pretendía “atacar

colateralmente o modificar los requisitos claramente impuestos por

las agencias administrativas como condición a la autorización del

proyecto que originalmente aceptaron y aprovecharon para su propio

beneficio.”14

Entendió el TPI que, Puerto del Rey estaba impedida

de impugnar en dicha forma las resoluciones de la Junta y ARPE, dado

que no utilizó los mecanismos provistos por dichas agencias para

cuestionar las condiciones impuestas.

Inconforme con las determinaciones del TPI, el 15 de mayo de

2000, Puerto del Rey recurre ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones (en adelante TCA), alegando que el TPI erró al dictar

sentencia sumaria en su contra.

El TCA concluyó que, “[a]l momento

de presentarse la demanda ante el tribunal de instancia, ni ARPE ni

Informativa y Aclarando Situación Procesal (Apéndice de la Petición

de Certiorari, págs. 356-358).

Expuso que, entendía que la

escritura pública no cumplía con lo requerido por ARPE, y que por

el contrario, establecía una serie de condiciones y controles que

expresamente prohíbe el permiso de construcción otorgado.

13

Sentencia de 7 de abril de 2000, emitida por el TPI, Apéndice

de la Petición de Certiorari, pág. 80.

el Departamento de Agricultura habían emitido determinación alguna

sobre la escritura mediante la cual Marina Puerto del Rey, pretendía

cumplir con las condiciones impuestas por ARPE.”15

Colegió, además,

que la solicitud del remedio interdictal ante el TPI fue prematuro,

“toda

vez

que

no

se

habían

agotado

todos

los

remedios

administrativos.”16 Por dichas razones el TCA revocó la sentencia

sumaria emitida por el TPI y dictaminó que no procedía conceder el

remedio solicitado por la Asociación por falta de jurisdicción.

De la sentencia emitida el 10 de noviembre de 2000 por el TCA,

recurre ante nos la Asociación, vía certiorari, alegando la comisión

de los siguientes errores:

A. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver

que el Tribunal de Primera Instancia carecía de

jurisdicción al dictar la sentencia sumaria objeto del

presente recurso, por no haber agotado los remedios

administrativos ante las agencias administrativas

concernidas.

B. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al no

confirmar la sentencia sumaria dictada y ampliarla a

los efectos de que las Resoluciones de ARPE y

condiciones impuestas por ARPE a Puerto del Rey

responden a la política de interés público de que los

ciudadanos de Puerto Rico tengan libre acceso a sus

playas.

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2000, expedimos el

auto de Certiorari.

Contando con las comparecencias de las partes,

resolvemos.

I

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una

norma de abstención judicial. Igartúa de la Rosa v. Adm. Derecho al

Trabajo, res. el 23 de diciembre de 1998, 147 D.P.R. __, 98 TSPR 170,

98 JTS 157, pág. 397. Postula que, toda parte que esté dentro de un

procedimiento ante una agencia administrativa, no podrá recurrir

14

Íd., pág. 78.

15

Sentencia de 7 de septiembre de 2000, emitida por el TCA,

Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 17.

16

Íd.

ante el foro judicial hasta que haya agotado todos los remedios ante

la agencia.

“[C]onforme esta doctrina, el foro judicial debe

abstenerse hasta que concluyan los trámites administrativos.”

Aurora Acevedo v. Mun. Aguadilla, res. el 11 de abril de 2001, __

D.P.R.__, 2001 TSPR 52, 2001 JTS 54, pág. 1110; véase Guadalupe

Saldaña v. Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 49 (1993); Colón Ventura v.

Méndez, Dept. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 443 (1992);

Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991); Delgado Rodríguez v.

Nazario Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1998).

Precisa que así sea, para

que la agencia tenga ante sí todos los elementos del caso, y las

determinaciones de ésta reflejen su decisión final para poder ser

considerada por los tribunales.

Aurora Acevedo v. Mun. Aguadilla,

supra; E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964).

Recientemente, en Mun. Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc., res.

el 18 de junio de 2001, 154 D.P.R. __, 2001 TSPR 93, 2001 JTS 96,

pág. 1467, reiteramos los propósitos de dicha doctrina:

La norma de agotamiento, pues, tiene el propósito de

dilucidar cuándo es el momento apropiado para que los

tribunales intervengan en una controversia que había sido

previamente sometida a una intervención administrativa.

Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 722

(1982); E.L.A. v. 12974.78 Metros Cuadrados, [supra], 513

(1964). Es decir, su objetivo es determinar la etapa en

la cual el litigante en el foro administrativo puede

recurrir a los tribunales. Delgado Rodríguez v. Nazario

Ferrer, [supra]. . . .

El

agotar

todos

los

remedios

provistos

constituye un requisito jurisdiccional.

por

la

agencia,

Sin embargo, como hemos

expresado en el pasado, dicho trámite administrativo puede ser

preterido bajo limitadas excepciones.

Éstas son: 1) que el remedio

provisto por la agencia sea inadecuado; 2) que se pudiera producir

un daño irreparable al promovente y en el balance de los intereses

envueltos no justifique agotar los remedios administrativos; 3) que

en la acción judicial se alegue la violación sustancial de derechos

constitucionales; o 4) cuando el caso presenta claramente que la

agencia administrativa carece de jurisdicción, entre otras. Igartúa

de la Rosa v. Adm. Derecho al Trabajo, supra; véase además, Guadalupe

Saldaña v. Pres. U.P.R., supra; Colón Ventura v. Méndez, Dept.

Recursos Naturales, supra; Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer,

supra; First Federal v. Asociación, 114 D.P.R. 426 (1983).

Añade

la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPAU), 3

L.P.R.A. sec. 2101 et seq., que no será necesario agotar todos los

remedios

provistos

estrictamente

de

por

la

derecho

agencia,

y

es

“cuando

sea

un

asunto

innecesaria

la

pericia

agotamiento

de

remedios

administrativa.” 3 L.P.R.A. sec. 2173.

Al

aplicar

la

doctrina

de

administrativos, resulta evidentemente necesario que la parte

contra la cual se invoca haya participado en los procedimientos ante

la agencia.

Al respecto, en Mun. Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc.,

supra, pág. 1468, expresamos lo siguiente:

Como puede deducirse de todo lo anterior, pues, el

agotamiento de remedios presupone la existencia de un

procedimiento administrativo que comenzó pero que no

finalizó porque la parte concernida recurrió al foro

judicial antes de que se completase el procedimiento

administrativo referido.

Por ello, para que pueda

aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda

resolverse que la parte concernida no pueda acudir todavía

al foro judicial, es menester que exista aún alguna fase

del procedimiento administrativo que la parte concernida

deba agotar. Sobre todo, es evidentemente necesario que

la parte peticionaria ante el foro judicial sea la misma

parte que participó en el procedimiento administrativo

pero que no agotó la fase de éste que estaba aún pendiente.

II

Veamos si a la luz de la normativa discutida procede o no

requerir a la Asociación agotar remedios administrativos.

Las

reclamaciones

de

la

Asociación

se

basan

en

el

incumplimiento de Puerto del Rey con las condiciones impuestas por

la Junta y ARPE, y la inercia de dichas agencias para hacer cumplir

sus resoluciones.

Surge de los autos que, Puerto del Rey debía

otorgar las escrituras públicas previo a la concesión de permisos

por ARPE, y no después, como eventualmente hizo.

Es obligación de las agencias concernidas velar porque se

cumplan las condiciones por ellas impuestas al conceder permisos.

En vista de la obligación de las agencias para hacer cumplir sus

requerimientos,

y

la

concurrente

inacción

de

éstas,

resulta

impráctico e injusto que la Asociación recurriera ante las agencias

y agotara los mecanismos y remedios ante éstas propiamente.

Incidió el TCA al concluir que la Asociación no había agotado

los remedios administrativos, bajo el argumento de que “[a]l momento

de presentarse la demanda ante el [TPI], ni ARPE ni el Departamento

de

Agricultura

habían

emitido

determinación

alguna

sobre

la

escritura mediante la cual Marina Puerto del Rey, pretendía cumplir

con las condiciones impuestas por ARPE.”17

Al presentarse la demanda

era imposible que ARPE y el Departamento de Agricultura emitieran

determinación alguna respecto a la escritura pública, ya que la misma

fue otorgada por orden del TPI casi tres años después de la

presentación de la demanda.

Precisamente, la Asociación acudió

ante el TPI para, entre otras cosas, exigir que Puerto del Rey

otorgara

la

escritura

pública

destinando

a

uso

público

las

facilidades dispuestas por ARPE.

Es doctrina reiterada que la doctrina de agotamiento de

remedios administrativos, aplica en aquellos casos en que el

procedimiento haya comenzado ante la agencia y que dicho cauce haya

sido preterido para acudir ante un tribunal de justicia sin antes

haber agotado todos los mecanismos ante la agencia.

Conforme

señaláramos anteriormente, precisa que así sea, para que la agencia

tenga ante sí todos los elementos.

Aurora Acevedo v. Mun.

Aguadilla, supra.

El caso de autos no envuelve un asunto que requiriera a la

Asociación acudir ante las agencias administrativas para obtener un

remedio en un procedimiento en el cual no era parte. Se trata de una

acción judicial para que se hagan cumplir las condiciones impuestas

por las agencias, no cuestionadas por Puerto del Rey, y que las

agencias no han sido diligentes en hacerlas cumplir. Las agencias

ya habían tenido ante sí el asunto, ya que fueron precisamente éstas

quienes concedieron los permisos y establecieron las condiciones

incumplidas, mediante resoluciones que advinieron finales y firmes.

La Asociación no fue parte del procedimiento administrativo en

el cual se impuso a Puerto del Rey las condiciones aquí concernidas.

A tenor de nuestras expresiones en Mun. Caguas v. AT&T Wireless PCS,

Inc., supra, es evidentemente necesario que la parte peticionaria

ante el foro judicial haya participado en los procedimientos ante

el foro administrativo, mediante el cual se concedieron los permisos

correspondientes.

A

todas

luces,

la

doctrina

de

agotamiento

administrativos no es de aplicación al caso de autos.

de

remedios

Incidió el

TCA al resolver que la Asociación debió agotar los mecanismos

provistos por las agencias concernidas.

III

En innumerables ocasiones hemos expresado que la revisión de

este Tribunal recae sobre la sentencia misma y no contra sus

fundamentos.

Pueblo v. González Vega, res. el 16 de marzo de 1999,

99 TSPR 21, 99 JTS 27, pág. 678; Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc.,

114 D.P.R. 691, 695 (1983). Ya que la doctrina de agotamiento de

remedios administrativos y la de jurisdicción primaria son germanas

y persiguen el mismo fin, E.L.A. V. 12,974.78 Metros Cuadrados,

supra, 513, 18 precisa que determinemos si el caso de autos es

gobernado por la doctrina de jurisdicción primaria.

A

diferencia

de

la

doctrina

de

agotamiento

de

remedios

administrativos, la doctrina de jurisdicción primaria presupone no

haberse iniciado proceso alguno por las partes ante la agencia

administrativa, siendo ésta quien disfruta de la discreción o

17

Supra, nota 15.

conocimiento especializado para entender en los asuntos planteados.

Esta doctrina “tiene el propósito de determinar dónde debe instarse

inicialmente

administrativa

una

reclamación,

como

el

foro

cuando

tanto

una

agencia

judicial

poseen

jurisdicción

concurrente sobre dicha reclamación.” Mun. Caguas v. AT&T Wireless

PCS, Inc., supra; Colón Ventura v. Méndez, Dept. Recursos Naturales,

supra, pág. 1468; Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra.

Si las cuestiones de hecho a ser consideradas requieren el

ejercicio

de

la

discreción

administrativa

o

aplicación

del

conocimiento especializado que ésta posee, la reclamación debe

considerarse

inicialmente

por

el

foro

administrativo

correspondiente. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253

(1987); First Federal v. Asociación, supra; Ferrer Rodríguez v.

Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980).

duplicidad

de

esfuerzos

y

la

posibilidad

incompatibles y contradictorias.”

Derecho al Trabajo, supra.

“De este modo, se evita la

de

determinaciones

Igartúa de la Rosa v. Adm.

A modo de excepción, hemos reconocido

que, es el injunction el recurso para acudir ante el foro judicial

y obviar el cauce administrativo por alegadas violaciones a derechos

civiles.

Aurora Acevedo v. Mun. Aguadilla, supra; Gracia Ortiz v.

Policía de Puerto Rico, 140 D.P.R. 247 (1996); Delgado Rodríguez v.

Nazario Ferrer, supra; Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R.

272 (1979); First Federal v. Asociación, supra; Pierson Muller I v.

Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); Otero Martínez v. Gobernador, 106

D.P.R. 552 (1977).

En aquellos casos en que se alegue el incumplimiento de las

agencias

con

sus

deberes

ministeriales,

toda

persona

tendrá

disponible el recurso de mandamus y el recurso de injunction para

hacer valer las obligaciones de dichas agencias.

Mun. de Loíza v.

Sucesiones, res. el 11 de junio de 2001, __ D.P.R. __, 2001 TSPR 84,

18

Véase, Mun. Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc., supra; Aguilú

Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988).

2001 JTS 87, pág. 1372; Colón Cortés v. Junta de Calidad Ambiental,

res. el 2 de junio de 1999 148 D.P.R. __, 99 JTS 91; véase además,

Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación de P.R., res.

el 29 de junio de 1998, 145 D.P.R. __, 98 JTS 77, pág. 1104.

Ya que

el injunction es un remedio dinámico sobre el cual los tribunales

siempre conservan su jurisdicción,19 y a su vez el recurso apropiado

para hacer valer las obligaciones de las agencias, es evidente que

las personas afectadas pueden acudir ante los tribunales obviando

el foro administrativo.

En el caso de autos, ARPE había concedido los permisos.

La

Asociación acudió ante el foro judicial para exigir que Puerto del

Rey cumpliera con las condiciones impuestas, ya que la agencia

permaneció inerte ante la situación y no hizo que se cumplieran sus

órdenes.

Las controversias y hechos planteados ante el foro

judicial, no requerían la pericia de las agencias administrativas,

por el contrario eran cuestiones de estricto derecho.

La Asociación acudió al TPI mediante el recurso de injunction

para hacer cumplir las condiciones impuestas por ARPE, inter alia.

Dicha agencia incumplió con su obligación de hacer valer las

condiciones y requerimientos por ella impuestos en sus resoluciones.

Conforme lo expresado anteriormente, es evidente que la Asociación

no tenía que acudir ante las agencias concernidas, ya que su recurso

de injunction se basó en el alegado incumplimiento de las agencias

con sus deberes ministeriales.

Respecto a la escritura pública, la interpretación de la misma

y su conformidad con las resoluciones de las agencias concernidas,

no requieren conocimiento especializado de éstas.

Además, resulta

insólito que luego de haber transcurrido alrededor de tres años de

litigación, Puerto del Rey pretenda obviar el cauce judicial y

recurra ante las agencias administrativas, quienes no hicieron

19

Mun. de Loíza v. Sucesiones, supra; Misión Industrial de P.R.

v. Junta de Planificación de P.R., supra; Noriega v. Gobernador, 122

cumplir sus propias órdenes, para que éstas determinen si la

escritura pública cumplía con las condiciones impuestas y fueran

aprobadas.

Fue el TPI quien ordenó que se otorgara la mencionada

escritura, en cumplimiento de lo requerido por las agencias,

teniendo el foro judicial autoridad para determinar si ésta cumplía

o no con las condiciones correspondientes. Además, las agencias

fueron partes demandadas dentro del procedimiento, por lo que podían

plantear ante el tribunal cualquier asunto relacionado con lo

adecuado o no de la escritura.

En cuanto a la aprobación de la escritura pública por parte del

Departamento de Agricultura, sucesor de CODREMAR, en ningún momento

ni la Junta ni ARPE requirieron dicha aprobación.

Puerto del Rey

debe acudir ante el Departamento de Agricultura para determinar el

uso de las facilidades, pero ello no implica que dicho departamento

deba dar su aprobación a la escritura.

Nótese que son dos

condiciones independientes una de la otra.

Concluimos que el foro judicial posee jurisdicción en este

asunto, sin que apliquen las doctrinas de agotamiento de remedios

administrativos o de jurisdicción primaria.

estricto

derecho

y

no

requiere

la

Este asunto es uno de

pericia

de

las

agencias

concernidas; se trata de una acción de injunction para ordenar que

se cumplan ciertas condiciones impuestas por las agencias, sin que

éstas tomaran acción para velar por su cumplimiento, acción

presentada por la Asociación, que no era parte de los procedimientos

administrativos.

IV

La Asociación aduce que, el TCA erró al no confirmar la

sentencia sumaria dictada por el TPI y al no ampliarla a los fines

de declarar que las resoluciones de ARPE y condiciones allí impuestas

responden a la política de interés publico de proveer a los

ciudadanos libre acceso a las playas de Puerto Rico.

D.P.R. 650, 688 (1998).

Por su parte,

Puerto del Rey alega que el TPI incidió al dictar sentencia sumaria,

ya que a su entender existen controversias sobre hechos materiales.

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el cual

el juzgador tiene la discreción para disponer del pleito sin

necesidad de celebrar vista evidenciaria.

El principio rector al

dictar sentencia sumaria es el sabio discernimiento del juzgador,

a los fines de evitar que se despoje a un litigante de su día en corte,

principio elemental del debido proceso de ley. Consejo de Titulares

v. M.G.I.C. Financial, 128 D.P.R. 538, 548 (1991); Roig Com. Bank

v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990).

Procede dictar sentencia sumaria, cuando no existe legítima

controversia sobre hechos materiales.

Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).20

Cuadrado Lugo v. Santiago

Este mecanismo procesal ha de

utilizarse, cuando “el promovente ha establecido su derecho con

claridad y ha quedado demostrado que la parte promovida no tiene

derecho alguno bajo cualquier circunstancia discernible de las

alegaciones que no hayan sido refutadas.” García Rivera v. Enríquez

Marín, res. el 2 de febrero de 2001, __ D.P.R. __, 2001 TSPR 12, 2001

JTS 15, pág. 820; Pérez Rosado v. El Vocero, res. el 11 de octubre

de 1999, __ D.P.R. __, 99 TSPR 154, 99 JTS 160, pág. 266; Corp.

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

De

existir dudas respecto a la existencia de disputa de hechos

materiales, el juzgador no podrá dictar sentencia de forma sumaria.

Íd.; PFZ Props., Inc. v. Gen Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).

Los hechos materiales sobre los cuales no existe controversia

sustancial,

deben

establecerse

por

medio

de

los

documentos

admisibles en evidencia que el promovente acompañe a su solicitud

de sentencia sumaria o de aquellos documentos que obren en el

expediente del tribunal. Pérez Rosado v. El Vocero, supra; Audio

20

Véase, García Rivera v. Enríquez Marín, res. el 2 de febrero

de 2001, __ D.P.R. __, 2001 TSPR 12, 2001 JTS 15; Pérez Rosado v.

El Vocero, res. el 11 de octubre de 1999, __ D.P.R. __, 99 TSPR 154,

Visual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., res. el 15 de diciembre de

1997, 144 D.P.R. __ (1997), 97 JTS 147; Mercado Vega v. U.P.R., 128

D.P.R. 273, 281 (1991); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360,

378 (1989); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra.

De

ahí que, la parte promovida deba presentar documentos con igual valor

probatorio a la presentada por la parte promovente para establecer

una genuina disputa sobre los hechos materiales del caso. PFZ Props.,

Inc. v. Gen Acc. Ins. Co., supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS

v. Purcell, supra.

Ante el TPI, las controversias quedaron delimitadas por las

partes a si Puerto del Rey podía o no, establecer algún tipo de

restricción en la escritura pública a suscribir para dedicar a uso

público las facilidades en beneficio de los pescadores del área.

Por ende, a los efectos de este recurso nos corresponde determinar

si el TPI actuó correctamente al dictar sentencia sumaria.

Conforme sostuviéramos, el juzgador ante una solicitud de

sentencia sumaria debe disponer de ella considerando los documentos

que acompañan la solicitud o los que obren en el expediente del

tribunal.

El TPI basó su decisión en las resoluciones de las

agencias y los planos presentados por Puerto del Rey.

Por su parte, Puerto del Rey alega la existencia de hechos

materiales

en

controversia. 21

Sin

embargo,

los

documentos

99 JTS 160; Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624

(1994).

21

Sin embargo, los hechos alegados por Puerto del Rey, no son

materiales a las controversias según fueron

continúa...

21 ...continuación

delimitadas por las partes. En síntesis, Puerto del Rey señaló que,

la Asociación alegó en su solicitud de sentencia sumaria que Puerto

del Rey estaba obligada a ceder su propiedad; mientras que la aquí

peticionaria entiende que sólo debe dedicarlas a uso público sin

transferir su titularidad, lo cual a su entender representa una

controversia

de

hechos

materiales.

Conforme

señaláramos

anteriormente, la controversia quedó delimitada a si Puerto del Rey

podía o no, establecer algún tipo de restricción en la escritura

pública a suscribir para dedicar a uso público las facilidades en

beneficio de los pescadores del área, sin que estuviera envuelta la

cuestión de titularidad.

considerados por el TPI demuestran que no existe controversia

sustancial respecto a los hechos materiales relacionados a los

asuntos delimitados por las partes.

Entendemos que el TPI actuó correctamente al determinar que

Puerto del Rey tenía la obligación de otorgar la escritura pública

para dedicar a uso público y sin limitación alguna las facilidades

en beneficio de los pescadores.

Su determinación está claramente

sostenida por las resoluciones de las agencias aquí concernidas y

por los planos que Puerto del Rey sometiera ante éstas.

El redactar

la escritura pública conforme las determinaciones del TPI, en nada

interfiere con

concernidas.

las funciones y

obligaciones de las agencias

Por el contrario, permitir que dicha escritura sea

suscrita bajo las limitaciones pretendidas por Puerto del Rey,

soslaya la orden de ARPE en cuanto a que el Departamento de

Agricultura

facilidades.

coordine

junto

a

Puerto

del

Rey

el

uso

de

las

V

Por las razones que anteceden, se dictará sentencia revocando

la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y

confirmando la emitida por el Tribunal de Primera Instancia conforme

a lo aquí expresado.

Se devolverá el caso al Tribunal de Primera Instancia a los

fines de concluir con los trámites ulteriores a esta decisión.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Pescadores de

Punta Figueras, Inc., et al.

Demandantes-Peticionarios

v.

CC-2000-954

Certiorari

Marina de Puerto del Rey, Inc.,

et al.

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 18 de diciembre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente,

se dicta sentencia revocando la sentencia emitida por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, y se confirma la emitida

por el Tribunal de Primera Instancia conforme a lo aquí

expresado.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia a

los fines de concluir con los trámites ulteriores a esta

decisión.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado sin opinión

escrita.

Carmen E. Cruz Rivera

Secretaria del Tribunal Supremo Interina