LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

LAURA E. GUERRERO DE LEON V. CARLOS J. LOPEZ NIEVES, OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO

2001 TSPR 170

Poder Judicial de Puerto Rico

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LAURA E. GUERRERO DE LEON V. CARLOS J. LOPEZ NIEVES, OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO

CC-2000-746

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura E. Guerrero de León

Peticionaria

Certiorari

v.

2001 TSPR 170

Carlos J. López Nieves, Oficina del

Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

Recurridos

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-746

Fecha: 10/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Panel integrado por su Presidente, Juez Arbona Lago y los Jueces Urgell

Cuebas y Cordero

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Efraín Maceira Ortiz

Abogado de la Parte Recurida:

Lcdo. José Roberto Feijoó

Materia: Separación

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2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE

PUERTO RICO

Laura E. Guerrero de León

Peticionaria

vs.

CC-2000-746

Certiorari

Carlos J. López Nieves, Oficina

Del Procurador Del Ciudadano

(Ombudsman)

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2001.

En

el

caso

de

autos

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones denegó por falta de jurisdicción el auto de

revisión que se había presentado allí. Basó su determinación

en que la peticionaria no había incluido dos documentos en el

apéndice de su recurso.

La peticionaria acudió ante este Tribunal para impugnar

el dictamen del foro apelativo, por entender que los dos

documentos en cuestión no eran de ningún modo necesarios para

que el foro apelativo atendiese el recurso presentado ante él.

El 12 de enero de 2001 expedimos el recurso de certiorari

solicitado por la peticionaria.

3

Habiendo

examinado

el

recurso

referido,

el

Tribunal

se

encuentra

igualmente dividido sobre los méritos del recurso. Los Jueces Asociados señores

Rebollo López, Hernández Denton y Rivera Pérez votaron para denegar el recurso.

El Juez Presidente señor Andréu García, la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón

y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri votaron para expedir. Por ende, a

la luz de lo dispuesto por la Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal Supremo,

se dicta sentencia y se confirma la decisión del Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita,

a la cual se unen el Juez Presidente señor Andréu García y la Jueza Asociada

señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado señor Corrada del Río está inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

4

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE

PUERTO RICO

Laura E. Guerrero de León

Peticionaria

vs.

CC-2000-746

Certiorari

Carlos J. López Nieves, Oficina

Del Procurador Del Ciudadano

(Ombudsman)

Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI,

a la cual se unen el Juez Presidente señor ANDREU GARCIA y la Jueza

Asociada señora NAVEIRA DE RODON.

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2001.

El caso de autos ilustra como una interpretación

inflexible de unas normas reglamentarias dan lugar a que una

parte se vea impedida de dilucidar en revisión un legítimo

reclamo. De ese modo unas normas que se fijaron para facilitar

la consideración de los recursos de revisión instados por las

partes se convierten en obstáculos rígidos que impiden su

acceso al foro apelativo. ¡Aún a la altura de nuestro tiempo

prevalece el estricto formalismo sobre la consideración en sus

méritos de los asuntos judiciales! Veamos.

I

La peticionaria Laura E. Guerrero De León comenzó a trabajar en la

Oficina del Procurador del Ciudadano el 15 de noviembre de 1993, en el puesto

de Ayudante Legal del Procurador II. En el año 1998 el entonces Gobernador

de Puerto Rico nombró a Carlos López Nieves como Procurador del Ciudadano.

El 25 de enero de 2000 el Procurador del Ciudadano le notificó a la

peticionaria que efectivo el 4

de febrero de 2000, se eliminaba el puesto

núm. 92 de la clase de Ayudante Legal del Procurador II, cargo que ella ocupaba

en la Oficina del Procurador del Ciudadano.

Luego de recibir la carta de

separación, la peticionaria presentó un escrito de apelación administrativa

para impugnar la referida determinación del Procurador del Ciudadano.

En

síntesis, alegó que su cesantía respondía a un patrón de discrimen y

hostigamiento iniciado desde la incumbencia del nuevo Procurador.

El Procurador contestó y solicitó la desestimación de la apelación.

Arguyó en su moción de desestimación que la peticionaria era empleada de

confianza, por lo que por disposición expresa de la Ley Núm. 134 de 30 de

junio de 1977 estaba excluida de las disposiciones de la Ley de Personal de

Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975. Adujo que dicho puesto

era uno de libre selección y remoción, por lo cual, el Procurador estaba

facultado para eliminarlo.

El 21 de marzo de 2000 el Juez Administrador de la Oficina del Procurador

del Ciudadano, acogió el planteamiento del Procurador, y luego de exponer

sus fundamentos, resolvió lo siguiente:

En vista de lo anterior, tomando en consideración que se trata

de un asunto de estricto derecho que la parte apelante no ha

demostrado razón alguna que establezca la ilegalidad de la

actuación de la parte apelada. Habiendo esta última actuado

conforme a derecho, que le concede la facultad de la eliminación

de un puesto que sea innecesario por razones válidas y de buena

fe como presume la ley en el presente caso. Se confirma la

actuación de la Oficina del Procurador del Ciudadano, eliminando

el puesto número 92 de Ayudante Legal del Procurador II en el

servicio de confianza.

Inconforme con dicha determinación, el 24 de abril de 2000 Guerrero

acudió en revisión judicial ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Días

más tarde, el 4 de mayo de 2000, el Procurador presentó su oposición a la

expedición del auto.

El 16 de junio de 2000, el Tribunal de Circuito de Apelaciones denegó

el auto de revisión en cuestión por falta de jurisdicción. Basó su

determinación en que Guerrero había omitido incluir en el apéndice de su

recurso tanto el formulario de notificación del archivo en autos de la

resolución final de la agencia, como una copia de la moción de desestimación

presentada por el Procurador en la apelación administrativa. Oportunamente,

la peticionaria presentó una moción de reconsideración, que fue denegada el

7 de agosto de 2000.

Por no estar de acuerdo con dicha determinación, Guerrero acudió ante

nos e hizo el siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

declarar no ha lugar la moción de reconsideración presentada por

la parte apelante recurrente el 5 de julio de 2000 solicitando

dejar sin efecto la resolución emitida el 16 de junio de 2000 donde

el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones denegó la

expedición del auto de revisión judicial solicitado por la

apelante recurrente Laura Guerrero de León.

El 12 de enero de 2001, en reconsideración, expedimos el recurso de

certiorari solicitado por Guerrero, a los fines de revisar el dictamen

referido del foro apelativo. La recurrente presentó su alegato el 28 de

febrero de 2001, y la parte recurrida presentó el suyo el 12 de marzo de 2001.

II

En este caso, el Tribunal de Circuito de Apelaciones denegó la

expedición del auto de revisión porque la peticionaria omitió acompañar los

siguientes documentos: (a) el formulario de notificación del archivo en autos

de la resolución final de la agencia; y (b) una copia de la moción de

desestimación presentada por el Procurador en el trámite de apelación

administrativa ante la agencia.

Con relación al formulario de notificación del archivo en autos de la

resolución final de la agencia, resulta evidente que dicho documento no era

necesario para que el Tribunal de Circuito de Apelaciones pudiera constatar

su jurisdicción. Examinemos porqué no lo era.

En este caso, de la propia resolución dictada por la agencia, que sí

se acompañó con el recurso ante el foro apelativo, surge la fecha en que ésta

fue emitida. De dicha resolución se puede comprobar claramente que el

Tribunal de Circuito tenía autoridad legal para considerar el caso de autos.

Como es sabido, la jurisdicción la determina la ley. El volante de

notificación es sólo un medio que tiene el tribunal apelativo para acreditar,

o sea, comprobar su jurisdicción. Sin embargo, no es el único. El volante

como tal no es necesario si de la propia resolución impugnada puede

comprobarse claramente la jurisdicción del foro apelativo.

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.) establece

que una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una

agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por

el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de

un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo

en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de

la agencia.

Dicho término es jurisdiccional.

En el presente caso, el Juez Administrativo de la Oficina del Procurador

del Ciudadano emitió la resolución impugnada el 21 de marzo de 2000,

confirmando la actuación de la agencia de cesantear a la peticionaria.

Ésta,

para cuestionar tal decisión, presentó ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones una petición de revisión el 24 de abril de 2000. Si se considera

que los días 20 al 23 de abril eran días feriados1 y que la Secretaría del

Tribunal estaba cerrada, es evidente entonces que la referida solicitud de

revisión fue presentada, pues, precisamente a los treinta (30) días de

haberse emitido la resolución en cuestión, y por tanto, necesariamente dentro

1

El 20 de abril era Jueves Santo, el 21 de abril era Viernes Santo,

el 22 de abril era sábado y el 23 de abril era domingo. Todos esos días eran

feriados para los tribunales, por orden del Juez Presidente señor Andréu

García de 27 de marzo de 2000.

del término jurisdiccional de treinta (30) días dispuesto en la L.P.A.U. Es

evidente que el foro apelativo erró al suponer que el volante de archivo en

sí, que la peticionaria alega no haber recibido de la agencia administrativa,

era esencial para perfeccionar el recurso. Lo que era esencial es que dicho

recurso se presentara dentro del término jurisdiccional dispuesto para ello,

lo que necesariamente ocurrió; y era de clara y fácil comprobación.

Presentado el recurso de revisión el primer día hábil para la Secretaría del

foro apelativo luego de transcurrir veintinueve (29) días de emitirse el

dictamen impugnado, es obvio que se cumplió con el término jurisdiccional

en cuestión.

III

En el caso de autos, la peticionaria debió acompañar con su recurso de

revisión ante el foro apelativo una copia de la moción de desestimación

presentada por el Procurador en el trámite de la apelación administrativa.

La Regla 59 E del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones en su

inciso (1), sub-incisos (a) y (b) dispone que toda petición de revisión deberá

incluir un apéndice que contenga las alegaciones de las partes ante la

agencia.

Sin embargo, en este caso la referida omisión no es razón suficiente

para que se deniegue la expedición del recurso, como lo hizo el foro apelativo

aquí. Nótese, en primer lugar, que en el escrito del Juez Administrador

impugnado ante el foro apelativo, que sí se incluyó en el apéndice del recurso

de Guerrero ante dicho foro, no sólo se refiere expresamente a la moción de

desestimación en cuestión presentada por el Procurador ante ese juez, sino

que, además, en dicho escrito claramente se acogen los planteamientos

formulados por el Procurador en la aludida moción de desestimación. Más aun,

en el dictamen emitido por el Juez Administrador se exponen ampliamente los

fundamentos en que dicho juez basó su decisión de confirmar el despido

efectuado por el Procurador. Están allí todas las supuestas razones que

justificaban para ese Juez Administrador la acción del Procurador, incluso

las alegadas por éste en su moción de desestimación. Finalmente, debe

considerarse que seis (6) semanas antes de que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones decidiera denegar el recurso de Guerrero, ya dicho foro tenía

ante sí copia de la moción de desestimación en cuestión. Ésta fue incluida

como parte del escrito de oposición presentado ante el foro apelativo por

el Procurador el 4 de mayo de 2000.

En vista de todas las circunstancias anteriores, es evidente que el foro

apelativo tenía ante sí todo lo que necesitaba para poder adjudicar en los

méritos

la

revisión

solicitada

por

Guerrero.

Del

escrito

del

Juez

Administrador impugnado por Guerrero surgían claramente las razones por las

cuales éste decidió como lo hizo. De ese escrito surgían también las

alegaciones formuladas por el Procurador ante dicho Juez Administrador en

la moción de desestimación que el Procurador le presentó. Incluso el foro

apelativo tenía copia de dicha moción que el propio Procurador había incluido

en el apéndice de la oposición que presentó ante ese foro judicial. Si bien

es cierto que fue Guerrero quien debió presentar copia de dicha moción, el

hecho cierto es que el foro apelativo ya la tenía antes de emitir su decisión,

y que su contenido surgía, además, del escrito del Juez Administrador que

Guerrero presentó al tribunal como parte de su recurso de revisión. La

referida omisión de Guerrero, pues, fue totalmente inocua.

Por las razones anteriores, insistir en denegar el recurso de revisión

de Guerrero sólo porque éste no incluyó un documento que en este caso no era

de ningún modo necesario, es incurrir en un formalismo excesivo y en una

inflexibilidad procesal que derrota precisamente los propósitos para los

cuales se creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No toda omisión tiene

implicaciones jurisdiccionales. Algunas son realmente inconsecuentes, como

la que aquí nos concierne, y no justifican la denegación del recurso del

peticionario. De otro modo, las reglas que se establecen para facilitar la

consideración de los recursos, se convierten en camisas de fuerza que

irrazonablemente cierran las puertas de los foros judiciales.

Por los fundamentos expuestos, este Foro debería dejar sin efecto el

dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso de autos y

devolver el recurso a ese foro para que continúen allí los procedimientos

y se adjudique en sus méritos la solicitud de revisión de la parte recurrente.

Lamentablemente por estar igualmente dividido este Foro, no puede

ordenarse lo que en razón y justicia procede. Aquí también prevalecen entre

algunos jueces la rigidez formalista que tanto a desacreditado antes los

procesos de la justicia. Por todo ello, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO