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Tribunal Supremo de Puerto Rico

CONTRUCTORA CELTA, INC. V. AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

2001 TSPR 169

Poder Judicial de Puerto Rico

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CONTRUCTORA CELTA, INC. V. AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

CC-2000-416

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CC-2000-416

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constructora Celta, Inc.

Peticionaria

Certiorari

v.

2001 TSPR 169

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

Recurrida

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-416

Fecha: 10/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Lady Alfonso de Cumpiano

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Rebeca Barnés Rosich

Lcdo. Antonio F. Molina Pérez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Neville Ortiz Soto

Lcdo. Juan B. Soto Balbas

Materia: Revisión Administrativa

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CC-2000-416

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constructora Celta, Inc.

Peticionaria

v.

CC-2000-416

Certiorari

Autoridad de los Puertos

de Puerto Rico

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2001.

Constructora

Celta

nos

solicita

que

revoquemos una Sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones que desestimó un recurso de revisión

presentado ante dicho foro por no haberse agotado los

remedios

administrativos.

Dicha

empresa

había

recurrido a dicho foro apelativo para impugnar la

adjudicación de una subasta sin haber solicitado

reconsideración ante la Junta Apelativa de Subastas,

según requerido por el Reglamento de Subastas de la

Autoridad. Confirmamos.

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CC-2000-416

I

En el año 1999, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (en adelante

Puertos), subastó la construcción de un proyecto denominado "Rehabilitation

of Wharves A, B, E & F, Puerto Nuevo Waterfront San Juan, Puerto Rico".

A

dicha subasta compareció Constructora Celta, Inc. (en adelante Celta) junto

a otros licitadores.

Notificada por Puertos de que la subasta fue

adjudicada a otro licitador, Misener Marine Construction, (en adelante

Misener), Celta recurrió directamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones

sin haber solicitado reconsideración ante la Junta Apelativa de Subastas.

Ante dicho foro apelativo sostuvo que la Junta de Subastas erró al determinar

que Celta carecía de experiencia al adjudicar la subasta a Misener.

Oportunamente Misener solicitó la desestimación de dicho recurso

alegando que el foro apelativo carecía de jurisdicción porque Celta no agotó

los remedios administrativos provistos por el Reglamento de Subastas de la

Autoridad de Puertos.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió dicho

fundamento y desestimó el recurso.

Inconforme, Celta acude ante nos mediante una petición de certiorari en la

que esencialmente expone que el Tribunal de Circuito de Apelaciones erró

al entender que la presentación de una moción de reconsideración ante la

Junta de Apelaciones de Subastas es un remedio que hay que agotar antes de

acudir en revisión judicial de la decisión administrativa.

Después de

examinar los alegatos de todas las partes estamos en posición de resolver.

II

La Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante la L.P.A.U.), 3 L.P.R.A.

Sec.

2169,

que

rige

la

adjudicación

de

subastas

en

las

agencias

administrativas, expresamente dispone que estos procedimientos serán

informales.

Además delega a cada una de las agencias concernidas la

reglamentación de las normas y términos de dichos procedimientos.

Véase,

RBR Construction v. Autoridad de Carreteras, res. el 22 de diciembre de 1999,

99 TSPR 184; Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658 (1995) Por ende,

“[l]a reglamentación de los procedimientos será de la entera competencia

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de los organismos administrativos concernidos. Para ello será menester

adoptar un reglamento con fuerza de ley por cada agencia.”

D. Fernández

Quiñónez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, Segunda Ed., pág. 202-203 (2001).

A tenor con dicha facultad, la Autoridad de los Puertos aprobó el

Reglamento 900 de Subastas estableciendo las normas a seguir en la

celebración de subastas efectuadas por la entidad con relación a la compra

de materiales, equipo, mobiliario, suministro de servicios, contratación

de proyectos de construcción o de mantenimiento, y la venta de propiedad

excedente o abandonada.

Dicho Reglamento fue aprobado por la Autoridad con

el propósito de conformar sus reglamentos de adjudicación de subastas a lo

dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A.

sec. 2105, y fue debidamente radicado en el Departamento de Estado.

Véase

además, Mar-Mol Co.,Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 874 (1990);

y el Reglamento 900 de Subastas de la Autoridad de los Puertos, aprobado

el 10 de agosto de 1990 (en adelante el Reglamento).

El Reglamento creó una Junta de Subastas para evaluar las propuestas

y

hacer

recomendaciones

al

Director

Ejecutivo

de

Puertos

para

la

adjudicación correspondiente. También establece una Junta Apelativa de

Subastas con jurisdicción para resolver las mociones de reconsideración

presentadas por los licitadores adversamente afectados por una decisión de

la Junta de Subastas. En específico se le delegó a la Junta Apelativa la

“jurisdicción

sobre

los

casos

de

reconsideración

que

radiquen

los

licitadores después de haber comparecido a una subasta.” Reglamento, supra,

sec. 900.10 A(2).

Sobre este extremo el Reglamento también contiene un procedimiento

apelativo con términos breves para presentar la apelación y acudir en

revisión judicial según lo preceptuado por la L.P.A.U.

En específico la

Sección 900.10 del Reglamento requiere que cualquier impugnación de las

decisiones

adjudicando

una

subasta

se

haga

mediante

una

moción

de

reconsideración presentada ante la Junta Apelativa de Subastas dentro del

término de diez días naturales contados a partir de la fecha de notificación

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CC-2000-416

de la subasta en cuestión.

Id., sec. 900.10 D. Se exige, además, que junto

con la moción de reconsideración el apelante someta una fianza para

garantizar los daños que pueda ocasionar su apelación a la Autoridad. La

Junta deberá considerar la moción dentro de los diez días de haberse

presentado y su decisión deberá incluir las conclusiones de hechos y de

derecho en que se fundamenta.

Por otro lado, según lo requerido por la Sección 3.19 de la L.P.A.U.,

3 L.P.R.A. sec. 2169, el Reglamento también dispone que, si la Junta de

Apelaciones toma alguna decisión en reconsideración, el término para acudir

en revisión judicial empezará a contar desde la fecha en que se archiva en

autos una copia de la notificación de la decisión de la Junta de Apelaciones.

No obstante, si no se toma acción alguna dentro de los diez días de haberse

presentado la moción de reconsideración, se entenderá que el recurso ha sido

rechazado de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término

para la revisión judicial.

3 L.P.R.A. sec. 2169.

Debemos recordar además que, la L.P.A.U. reconoce el derecho de la parte

adversamente afectada por la decisión final a solicitar revisión judicial

de la determinación administrativa dentro de los términos fijados por ley.

3 L.P.R.A. sec. 2172; L.P.C. & D. Inc. v. Autoridad de Carreteras y

Transportación, res. el 27 de diciembre de 1999, 99 TSPR 185.

Así pues,

los procedimientos de adjudicación de subastas son informales, pero los

procesos de reconsideración y de revisión judicial, son formales.

Véase,

Velásquez v. Administración de Terrenos, res. el 7 de marzo de 2001, 2001

TSPR 31; Cotto v. Depto. de Educación, supra, en la pág. 663.

Uno de los requisitos con los cuales debe cumplir la parte afectada

por una decisión administrativa al acudir a los tribunales para la revisión

judicial de dicha decisión, es el de agotar los remedios administrativos.

Con el requisito del agotamiento se evita una intervención judicial

innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace

normal del procedimiento administrativo.

D.P.R. 347 (1988).

Delgado Rodríguez v. Nazario, 121

Además, se facilita la revisión judicial y se asegura

que los tribunales tengan información más precisa sobre los fundamentos de

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la actuación gubernamental para poder tomar una decisión más informada sobre

el recurso instado.

Este

Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).

requisito

jurisprudencial.

surgió

inicialmente

como

uno

de

carácter

Véase, e.g., Fournier v. Tribunal Superior de Puerto

Rico, 101 D.P.R. 518 (1973).

Sin embargo, la L.P.A.U. lo codificó en su

Sección 4.2 al especificar que:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final

de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos

por la agencia o por el organismo administrativo apelativo

correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones... 3 L.P.R.A. sec. 2172

(énfasis suplido).

Esta exigencia de agotar remedios administrativos es una que no debe

ser soslayada, a menos que se configure alguna de las excepciones que bajo

nuestro ordenamiento jurídico justifican preterir dicho cauce.

Véase sobre

este extremo a Igartúa de la Rosa v. Administración del Derecho al Trabajo,

res. el 23 de diciembre de 1998, 98 TSPR 170; y la Sección 4.3 de la L.P.A.U.,

3 L.P.R.A. sec. 2173.

En lo que respecta a la revisión judicial de las subastas, la Sección

4.2 de la L.P.A.U. expresamente dispone que solamente se podrán revisar las

decisiones de la agencia que finalmente adjudiquen las controversias entre

las partes:

En los casos de impugnación de subasta, la parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de la agencia, o de la

entidad apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, dentro de un término de 10 días contados a partir

del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden

o resolución final de la agencia o la entidad apelativa, o dentro

de los 10 días de haber transcurrido el plazo dispuesto por la

sec. 2169 de este título ..." 3 L.P.R.A. sec. 2172 (énfasis

suplido).

Como vemos, las resoluciones administrativas que pueden ser revisadas

judicialmente deben ser finales. Además, tienen que estar debidamente

fundamentadas de tal forma que puedan ser adecuadamente revisadas por los

Tribunales. L.P.C. & D. Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación,

supra.

Conforme a las disposiciones reglamentarias y legales aludidas,

concluimos que en los casos de impugnación de subastas de la Autoridad

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el licitador que está inconforme con una decisión tiene que presentar una

moción de reconsideración ante la Junta Apelativa de Subastas antes de

acudir en revisión judicial. En el caso particular de autos, donde el

Reglamento que rige los procedimientos de adjudicación de las subastas

establece una entidad administrativa apelativa para considerar las

impugnaciones de dichas adjudicaciones, no cabe duda de que un licitador

impugnador tiene que agotar este remedio administrativo antes de acudir

al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Mar-mol Co., Inc. v. Adm. Servicios

Gens., supra.

III

En el presente caso, la parte peticionaria presentó directamente

recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, sin acudir

previamente a la Junta Apelativa mediante una moción de reconsideración.

No cabe duda de que la resolución u orden final de la que puede

recurrirse ante el Tribunal de Circuito es la determinación de la Junta

Apelativa.

La carta del 14 de diciembre de 1999 que recibió el Sr. Miguel

Redondo, Presidente de Celta Construction, y de la cual recurrió, no era

más que la notificación del resultado de la subasta. Esta carta advirtió

debidamente a Celta que si no estaba conforme con la decisión tenía que

presentar una moción de reconsideración en diez (10) días ante la Junta

Apelativa de Subastas.

Sin embargo Celta ignoró dicha notificación y, en

vez de acudir a la Junta Apelativa de Subastas, fue directamente al Tribunal

de Circuito de Apelaciones.

Como correctamente concluyó el Tribunal de Circuito de Apelaciones,

el análisis de dicho recurso de revisión refleja que los errores alegados

son precisamente los que por su experiencia la Junta estaba en mejor posición

para adjudicar.

Los mismos esencialmente cuestionaban que la decisión

violó disposiciones legales y reglamentarias, y que el licitador agraciado

no cumplía con las especificaciones de la subasta.

Como bien señaló el foro

apelativo “[c]ontrario a lo alegado por Celta, no hay en el recurso cuestión

de derecho envuelta que competa ser dilucidada por los tribunales en primera

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instancia, ni se dan las otras circunstancias de agotamiento de los remedios

administrativos.”

El procedimiento correcto era acudir primero a la Junta Apelativa, pues

hasta que la resolución de ésta no se emite, no empieza a correr el término

en el cual puede recurrirse a la revisión judicial.

No encontramos razones

para determinar que en este caso podía obviarse este recurso administrativo,

por lo que debió agotarse este remedio antes de acudir al Tribunal de

Circuito.

Resolver lo contrario permitiría que se acuda directamente a los

tribunales de una decisión carente de determinaciones y conclusiones para

sustentarla, cuando hay un organismo apelativo administrativo como la Junta

Apelativa de Subastas quien tiene la responsabilidad de adjudicar las

apelaciones mediante decisiones debidamente fundamentadas y que pueden ser

revisadas por los Tribunales adecuadamente.

Además, acudir a destiempo directamente al foro judicial trae como

resultado que Celta no tenga que cumplir con el requisito reglamentario

obligatorio de prestación de fianza para acudir a la Junta Apelativa.

Finalmente, contrario a lo expuesto por Celta en su recurso ante nos,

los problemas que tuvieron para examinar el expediente de la subasta no le

impidieron la presentación de una moción de reconsideración ante la Junta

Apelativa. Recordemos que la notificación del resultado de la subasta exige

que ésta, además de informar la disponibilidad y el procedimiento para

solicitar reconsideración, esté fundamentada, aunque sea de forma sumaria.

RBR Construction, S.E. v. Autoridad de Carreteras, res. el 22 de diciembre

de 1999, 99 TSPR 184.

De aquí se deduce que, si se conocen las razones de

la adjudicación de la subasta a otro licitador, el que impugna la misma tiene

suficiente información para justificar su apelación administrativa.

Las

dificultades

de

Celta

para

obtener

el

expediente

no

eran

impedimento para presentar el recurso de reconsideración a tiempo, tal y

como ésta alega.

En la carta de adjudicación se le notificaba el fundamento

para rechazar su propuesta, y éste era que Celta no tenía la experiencia

requerida para la complejidad, costo y magnitud del proyecto.

Partiendo

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de esta notificación, Celta podía presentar un recurso de reconsideración

similar al presentado ante el Tribunal de Circuito.

Por los fundamentos expuestos anteriormente procede que se expida el

auto de certiorari y se dicte una Sentencia confirmando la decisión del

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constructora Celta, Inc.

Peticionaria

v.

Autoridad de los Puertos

de Puerto Rico

Recurrida

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Certiorari

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin

opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu García, inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo