LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ANA G. REYES DIAZ V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R.; MUNICIPIO DE SAN JUAN Y OTROS

2001 TSPR 168

Poder Judicial de Puerto Rico

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ANA G. REYES DIAZ V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R.; MUNICIPIO DE SAN JUAN Y OTROS

CC-2001-157

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana G. Reyes Díaz

Recurrida

Certiorari

v.

2001 TSPR 168

Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

Municipio de San Juan y otros

Demandados

155 DPR ____

A & M Contractors, Inc.

Demandada-Peticionaria

Número del Caso: CC-2001-157

Fecha: 7/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Gilberto Gierbolini

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Olga García Vincenty

Abogado de la Parte Recurida:

Lcdo. Héctor R. Santos Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcda. Miriam Alvarez Archilla

Procuradora General Auxiliar

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana G. Reyes Díaz

Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Municipio de

San Juan; y otros

Demandados

CC-2001-157

CERTIORARI

A & M Contractors, Inc.

Demandada-Peticionaria

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2001

El día 22 de noviembre de 1999, la Sra. Ana G. Reyes

Díaz, por sí y en representación de la sociedad legal de

bienes gananciales compuesta por ella y su esposo, el Sr.

Gregorio Asencio, instó acción en daños y perjuicios ante

la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera

Instancia contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(E.L.A.), la Secretaria del Departamento de la Vivienda,

el Municipio de San Juan (Municipio), A & M Contractors

(A & M) y contra Cigna Insurance Company (Cigna) en su

carácter de aseguradora de esta última.1

1

En dicha demanda, la Sra. Reyes Díaz alegó, en síntesis

y en lo pertinente, que como parte del Programa de

Vivienda Pública administrado por el

(continúa...)

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3

Los emplazamientos pertinentes fueron expedidos ese

mismo día, 22 de noviembre de 1999. La parte demandante

diligenció

oportunamente

los

emplazamientos

respecto

al

Estado Libre Asociado, ello por conducto de la Secretaria

Auxiliar del Departamento de Justicia, y los del Municipio de

San Juan, a través del representante de la División Legal

autorizado a recibir tal documento.

Mediante moción urgente, de fecha 13 de junio de 2000,

la parte demandante solicitó una prórroga para diligenciar los

emplazamientos respecto a la codemandada A & M Contractors,

Inc., y su aseguradora Cigna Insurance Company.2 Aún cuando

dicha solicitud fue presentada pasados seis (6) meses desde

Municipio de San Juan, en un plan de coadministración con A

& M Contractors, ella había arrendado el apartamento 817,

Edificio 41, Residencial público Las Margaritas, propiedad

éste del E.L.A.; alegó, además, que el día 21 de noviembre de

1998, como consecuencia de una caída ocurrida en su

apartamento, sufrió la fractura parcial de la muñeca de su mano

izquierda. Sostuvo la demandante Reyes Díaz que dicho

accidente ocurrió a causa de la “situación peligrosa” que los

demandados mantenían dentro y fuera de la vivienda, en sus

alrededores y en las escaleras del edificio en donde se

encontraba su apartamento y que tuvo la muñeca enyesada por

espacio de dos (2) meses, habiendo experimentado intensos

dolores en dicha mano y en todo el cuerpo. Solicitó del foro

judicial que, luego de declarar con lugar la demanda, le

ordenara a los demandados le indemnizaran solidariamente la

cantidad de sesenta mil dólares ($60,000) para sí, treinta mil

dólares ($30,000) para su esposo, mil seiscientos dólares

($1,600) para la sociedad legal de gananciales compuesta entre

ambos y trescientos sesenta y ocho dólares ($368) por concepto

de gastos médicos incurridos.

2

Alegó, en apoyo de tal solicitud, que la dirección que

aparecía en el emplazamiento respectivo de A & M resultó ser

la de un apartado postal. Con respecto al diligenciamiento del

emplazamiento contra Cigna, adujo que el mismo se había

dificultado porque la dirección que tenían a esos efectos

como perteneciente a dicha aseguradora, era una ficticia e

inexistente.

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4

la expedición de los emplazamientos, el día 15 de junio de 2000,

el tribunal de instancia le concedió a dicha parte el término

de treinta (30) días adicionales para que diligenciara los

referidos emplazamientos, lo cual realizó la parte demandante

el 18 de julio de 2000.

El 31 de agosto siguiente, A & M Contractors compareció

ante el tribunal mediante moción de desestimación, en la que

alegó que la causa de acción en su contra debía ser desestimada

con perjuicio; ello en virtud de las disposiciones de la Regla

4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.3(b).3

El tribunal de instancia le concedió término a la parte

demandante para que respondiera a la moción de desestimación

presentada por A & M Contractors. No habiendo cumplido la parte

demandante con la orden del tribunal, A & M Contractors

presentó moción solicitando del tribunal que dictara sentencia

parcial desestimatoria de la acción que pesaba en su contra.

Así las cosas, el día 17 de noviembre, el foro primario emitió

sentencia desestimando parcialmente la demanda respecto a la

codemandada A & M, ello en vista de que entendió que no existía

razón alguna para posponer dictar sentencia parcial hasta la

3

El mencionado Inciso de la Regla 4.3 lee como sigue:

(b) El emplazamiento será diligenciado en el término

de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho

término solo podrá ser prorrogado por un término

razonable a discreción del tribunal si el demandante

demuestra justa causa para la concesión de la prórroga

y solicita la misma dentro del término original.

Transcurrido el término original o su prórroga sin que

el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá

a la parte actora por desistida con perjuicio.

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5

resolución total del pleito. Se archivó en autos copia de la

notificación de dicha sentencia el día 29 de noviembre.

El día 14 de diciembre, la parte demandante, mediante

oportuna

moción,

reconsiderara

su

solicitó

del

foro

de

instancia

que

dictamen

ya

que,

alegadamente,

el

emplazamiento contra A & M había sido válidamente diligenciado

dentro del término de prórroga concedido por el tribunal

mediante la orden emitida el día 19 de junio de 2000. Adujo

que, en virtud de la misma, tenía hasta el 19 de julio de 2000

para efectuar el diligenciamiento, llevando a cabo el mismo

el día 18 de julio, es decir, en tiempo hábil para ello.

Sostuvo, además, que debido a que se le habían extraviado unos

documentos

del

expediente,

se

había

visto

impedida

de

comparecer a tiempo en cumplimiento de la orden emitida por

el tribunal el 11 de septiembre. El día 3 de enero de 2001,

el tribunal de instancia

dejó sin efecto la sentencia parcial

emitida el día 17 de noviembre de 2000 y archivada en autos

el 29 de noviembre.

Inconforme, A & M compareció oportunamente, mediante

recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción, ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones en solicitud de la

revocación de la orden emitida por el foro primario el día 3

de enero por el fundamento de que dicho foro carecía de

jurisdicción para emitir la misma.

El

foro

apelativo

intermedio,

mediante

resolución

emitida a esos efectos, denegó tanto la referida petición de

certiorari

como

la

moción

en

auxilio

de

jurisdicción

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6

presentadas por A & M. Adujo, en apoyo de tal dictamen, que

el tribunal de primera instancia, aun cuando actuó con relación

a la moción de reconsideración luego del término de treinta

(30) días que le asistía a la parte demandante para recurrir

en alzada, tenía entera discreción para considerar la referida

moción de reconsideración como una moción de relevo de

sentencia. Determinó que, a su entender, como el ámbito de

interpretación liberal de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil4

es suficientemente amplio, la

moción en cuestión cumplía

cabalmente con los requisitos dispuestos en la mencionada

Regla para acoger dicha moción como una de relevo. Concluyó

pues el referido tribunal que el tribunal de primera instancia

tenía jurisdicción para dejar sin efecto la sentencia parcial

mediante la cual se desestimó la demanda en contra de A & M.

Inconforme con la actuación del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, el 1 de marzo de 2001, A & M Contractors, acudió

en revisión --vía certiorari y vía moción en auxilio de nuestra

jurisdicción-- ante este Tribunal. La peticionaria alega que

procede revocar la resolución emitida por el foro apelativo

intermedio, debido a que dicho foro incidió:

“...al concluir que la moción de reconsideración

tardíamente acogida por el Tribunal de Primera

Instancia podía acogerse como una de relevo de

sentencia, toda vez que la primera no cumple con las

circunstancias que enumera la segunda;

...al confirmar al Tribunal de Primera Instancia al

éste reconsiderar y no desestimar la demanda con

perjuicio, aun cuando el emplazamiento no cumple

estrictamente con los requisitos provistos por la

Regla 4.2.”

4

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 49.2.

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7

El 20 de abril de 2001, emitimos Resolución concediéndole

término a la parte demandante recurrida para que compareciera

y mostrara causa por la cual no se debía expedir el recurso

radicado

por

la

parte

peticionaria

y

dictar

Sentencia

revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Asimismo, ordenamos la paralización

de todo procedimiento a nivel del tribunal apelativo y a nivel

del

tribunal

de

primera

instancia

hasta

que

otra

cosa

dispusiéramos.

La parte demandante recurrida hizo caso omiso de la orden

de mostrar causa emitida. Ello no obstante, y estando en

posición de resolver el recurso radicado, procedemos a así

hacerlo.

I

De

entrada,

debemos

recalcar

que

la

Regla

47

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47, dispone, en

lo aquí pertinente, que:

La parte adversamente afectada por una

resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera

Instancia podrá, dentro del término de quince (15)

días desde la fecha de la notificación de la

resolución u orden..., presentar una moción de

reconsideración de la resolución, orden o sentencia.

El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse

presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la

rechazare de plano, el término para apelar o

presentar un recurso de “certiorari” se considerará

como que nunca fue interrumpido...Si el tribunal

dejare de tomar alguna acción dentro de los diez (10)

días de haber sido presentada, se entenderá que la

misma ha sido rechazada de plano. (Subrayado

nuestro.)

La

mencionada

Regla

persigue,

en

síntesis,

dos

propósitos, a saber: “por un lado se busca crear la oportunidad

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para

que

8

un

tribunal

sentenciador

pueda

realizar

la

significativa tarea de corregir cualquier error que haya

cometido al dictar una sentencia o resolución. Por otro lado,

también

se

quiere

reconsideración

evitar

se

que

el

medio

convierta

en

una

procesal

vía

para

de

la

dilatar

injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial.”

Lagares Pérez v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 612 (1997); véase,

además, Castro Martínez v. Sergio Estrada, res. el 22 de

septiembre de 1999, 99 TSPR 143; José A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones JTS,

2000, pág. 767. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R.

406 (1982).

Hemos indicado, reiteradamente, que si el foro primario

no

toma

acción

alguna

con

respecto

a

una

moción

de

reconsideración debidamente presentada, ello dentro de los

diez (10) días de haber sido instada, se considerará que el

término

para

acudir

en

revisión

judicial

ante

el

foro

pertinente nunca fue interrumpido por la mencionada moción.

Orozco Carrasquillo v. Sánchez Betancourt, res. el 18 de mayo

de 1999, 99 TSPR 76; Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R.

618 (1991); Rodríguez Rivera v. Aut. Carreteras, 110 D.P.R.

184 (1980).

Ello no obstante, hemos reconocido que cuando un tribunal

rechaza de plano una moción de reconsideración debida y

oportunamente interpuesta, ya fuese por acción afirmativa o

por inacción, dicho foro no quedará privado, automáticamente,

de su facultad para reconsiderar su actuación previa. Pagán

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9

Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997). Mientras

no haya transcurrido el término para recurrir en alzada el

tribunal puede considerar y entender sobre la moción de

reconsideración. Es decir, aunque el foro de instancia haya

denegado inicialmente la moción de reconsideración, puede

acogerla posteriormente de estimarlo procedente, si aun no ha

transcurrido

el

término

para

interponer

el

recurso

de

apelación o revisión. Lagares Pérez v. E.L.A., ante, a la pág.

612.

Consecuencia

lógica

de

lo

anterior

lo

es

nuestra

determinación a los efectos de que “el tribunal de instancia

actúa

sin

jurisdicción

si

considera

la

moción

de

reconsideración, pasado el término para recurrir en alzada,

cuando la sentencia ya ha advenido a ser final y firme.” Pagán

Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág. 324. (Subrayado

nuestro.)

“Lo determinativo para que se interrumpa el término de

apelación o revisión es que el foro de instancia tome alguna

acción para acoger la moción de reconsideración mientras aún

tiene jurisdicción sobre el caso.” Lagares Pérez v. E.L.A.,

ante, a la pág. 613. Claro está, luego de transcurrido dicho

término, el tribunal no tendrá facultad para expresarse sobre

ello pues simplemente carecerá de jurisdicción para llevar a

cabo tal determinación.

Con estos pronunciamientos en mente, y aplicando la

normativa antes reseñada a los hechos del caso de autos, no

nos queda otro curso de acción que concluir que el tribunal

de primera instancia incidió al expresarse y acoger la moción

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de

10

reconsideración

presentada

por

la

parte

demandante

transcurridos treinta y cinco (35) días luego del archivo en

autos de la notificación de la sentencia parcial aludida.

Veamos.

La sentencia parcial, mediante la cual el foro primario

desestimó la demanda presentada por la Sra. Reyes Díaz con

respecto a la codemandada A & M Contractors, fue emitida el

día 17 de noviembre de 2000, archivándose en autos copia de

su notificación el día 29 de noviembre. Inconforme con tal

actuación

del

tribunal

de

primera

instancia,

la

parte

demandante presentó oportuna moción de reconsideración de la

aludida sentencia parcial el día 14 de diciembre siguiente,

esto es, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días

dispuesto por la Regla 47, ante.

Dicho foro no tomó acción alguna con respecto a la

referida moción de reconsideración dentro de los diez (10) días

siguientes al día en que ésta fue presentada. Siendo esa la

situación, a todos los efectos legales, la referida moción fue

“rechazada de plano”. Consecuencia de lo anterior, el término

jurisdiccional de treinta (30) días que le asistía a la parte

afectada por la sentencia para acudir en alzada al Tribunal

de Circuito de Apelaciones nunca fue interrumpido. El aludido

término siguió corriendo y expiró el día 29 de diciembre de

2000.

Como indicáramos previamente, no fue hasta el día 3 de

enero de 2001, que el foro primario acogió la referida moción

y se expresó sobre la misma. De una simple apreciación del

CC-2001-157

11

transcurso procesal del caso de autos, podemos advertir que

el tribunal de primera instancia acogió la aludida moción de

reconsideración cuando ya no tenía poder ni facultad para

ejercer tal acción, ni emitir la orden dejando sin efecto la

sentencia parcial notificada el 29 de noviembre. Para haber

podido reconsiderar la sentencia desestimatoria, el tribunal

tenía que haber actuado antes de que ésta adviniera final y

firme; esto es, en o antes del 29 de diciembre de 2000, y no

posterior a ello.

II

Lo anterior no dispone de nuestro análisis del presente

caso. Como expresáramos anteriormente, el Tribunal de Circuito

de Apelaciones entendió que el foro de instancia podía acoger

la referida moción de reconsideración como una de relevo de

sentencia.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

R. 49.2, dispone, en lo aquí pertinente, que:

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte

o a su representante legal de una sentencia, orden

o procedimiento por las siguientes razones:

(1)

Error,

inadvertencia,

sorpresa

o

negligencia excusable;

(2) Descubrimiento de evidencia esencial que,

a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio

de acuerdo con la Regla 48;

(3)

Fraude (incluyendo el que hasta ahora se

ha denominado intrínseco y también el llamado

extrínseco), falsa representación u otra conducta

impropia de una parte adversa;

(4)

Nulidad de sentencia;

(5)

La sentencia ha sido satisfecha,

renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia

anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro

CC-2001-157

12

modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la

sentencia continuara en vigor; o

(6)

Cualquier otra razón que justifique la

concesión de un remedio contra los efectos de la

sentencia...

“La

Regla

49.2

provee

un

mecanismo

procesal

post

sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones

frustren los fines de la justicia... No obstante, esta regla

no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya

adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente

dictada.” José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, ante, a la pág. 783; Ríos v. Tribunal Superior, 102

D.P.R. 793, 794 (1974).

El

advenimiento

final

y

firme

de

una

sentencia

desestimatoria, dictada por el incumplimiento del demandante

con las órdenes del tribunal, tiene “el efecto de una

adjudicación en los méritos, a menos que el tribunal en su orden

de desestimación lo disponga de otro modo.” Pagán Navedo v.

Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág. 326; Regla 39.2 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2.

Así, para

que proceda el relevo de sentencia en estas circunstancias,

es indispensable que la parte que solicita el referido remedio

presente ante el tribunal una moción que aduzca al menos una

de la razones enumeradas en la Regla 49.2, ante. Id. Esto es,

dicha

parte

tiene

el

deber

de

justificar

su

solicitud

amparándose necesariamente en una de las razones dispuestas

en la citada Regla. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79

(1966); Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807

(1986).

CC-2001-157

13

Al momento de evaluar la procedencia de la referida

solicitud, el tribunal tiene el deber de tomar en consideración

ciertos criterios inherentes a la Regla 49.2, entre éstos: si

el peticionario tiene una buena defensa en sus méritos; el

tiempo que media entre la sentencia y la solicitud del relevo;

y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte

la concesión del relevo de sentencia. Pardo Santos v. Sucesión

Stella, res. el 17 de junio de 1998, 98 TSPR 77; Neptune Packing

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 294 (1988).

Es menester advertir que en Pagán Navedo v. Alcalde Mun.

Cataño, ante, expresamos que una interpretación liberal de la

Regla

49.2,

ante,

permite

considerar

una

moción

de

reconsideración como una de relevo de sentencia, aún después

de

haber

transcurrido

el

término

para

considerar

la

reconsideración o aún después de haber advenido final y firme

la sentencia, siempre y cuando la referida moción de relevo

cumpla estrictamente con los requisitos esbozados en la

referida Regla. Véase: Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, res.

el 2 de abril de 1998, 98 TSPR 37. Ciertamente, el tribunal

de primera instancia tiene discreción para considerar la

moción de reconsideración presentada como una de relevo de

sentencia, si es que ésta cualifica como tal. Claro está, al

examinar el alcance de la susodicha Regla, hemos reiterado que

“pese a su interpretación liberal, ésta no puede entenderse

como

sustitutiva

de

los

recursos

de

revisión

o

reconsideración.” Pagán Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante,

CC-2001-157

14

a la pág. 327; Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R.

294, 299 (1989).

“El interés de que los pleitos se vean en los méritos

amerita protección, pero no puede, bajo toda circunstancia,

prevalecer sobre los intereses, igualmente justos, de la parte

que ha sido diligente en que se resuelva el caso prontamente

y se termine la incertidumbre, y los intereses del público en

general en evitar la congestión en los calendarios y las

demoras innecesarias en el trámite judicial, promoviendo así

la solución justa, rápida y económica de la controversia.” José

A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, ante,

a la pág. 784.5

Cónsono con lo anterior, hemos indicado que “utilizar el

mecanismo procesal de relevo de sentencia para extender

indirectamente el término para recurrir en alzada, atentaría

contra

la

judiciales,

estabilidad

interés

y

certeza

fundamental

de

de

los

procedimientos

nuestro

ordenamiento

jurídico.” Pagán Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág.

328.

A la luz de estos principios, evaluamos si incidió, o no,

el Tribunal de Circuito de Apelaciones al considerar la moción

de reconsideración presentada por la parte demandante, aquí

recurrida, como una de relevo de sentencia.

Adujo el foro apelativo intermedio, como fundamento de

su determinación, que cuando un tribunal de instancia emite

5

Véase, además, Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., ante;

Rodríguez v. Nashrallah, 118 D.P.R. 93 (1986); Importaciones

CC-2001-157

15

una sentencia desestimatoria debido al incumplimiento del

demandante con órdenes del tribunal, y cuando dicha sentencia

adviene final y firme, el demandante puede solicitar al

tribunal, dentro del término de seis meses de haber sido

registrada, el relevo de la sentencia emitida. Concluyó el foro

apelativo que la

moción de reconsideración presentada por la

parte demandante cumplió con los requisitos impuestos por la

Regla 49.2, ello por razón de que dicha parte expuso los hechos

que justificaban que el foro primario dejara sin efecto la

sentencia parcial emitida a favor de A & M Contractors.

Analizados, en su totalidad, los hechos del presente

caso, resolvemos que la moción de reconsideración aquí en

controversia no podía ser considerada como una moción de relevo

de sentencia. Según mencionáramos anteriormente, la parte

demandante

adujo

en

apoyo

de

su

solicitud

que

el

diligenciamiento del emplazamiento con respecto a A & M lo

había realizado oportunamente. Basa dicho argumento en un

razonamiento totalmente erróneo, a saber: sostiene que el

tribunal de instancia le autorizó una prórroga para emplazar;

se olvida que dicha orden fue emitida en virtud de una solicitud

de prórroga presentada tardíamente. Recordaremos que dicha

solicitud

fue

radicada

ante

el

tribunal

ya

habiendo

transcurrido el término de seis (6) meses que establece la

Regla

4.3(b)

de

Procedimiento

Civil.

Dicha

disposición

reglamentaria es clara al disponer que el término para emplazar

solo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción

Vilca, Inc. v. Hogares Crea, 118 D.P.R. 679 (1986); Banco

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16

del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la

concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término

original. Transcurrido el término original, o su prórroga, sin

que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a

la parte actora por desistida con perjuicio.

Según indicáramos previamente, la moción de relevo de

sentencia no procede como sustituto del recurso de apelación

y que, a pesar de la interpretación liberal que pueda dársele

a ésta, la misma no puede considerarse como un mecanismo

revisor de sentencias. Somos del criterio de que aunque el

conceder o denegar una moción de relevo de sentencia es un

asunto altamente discrecional, es necesario dejar demostrado

que existen razones que justifiquen el remedio solicitado, las

cuales

existen

no

en

el

presente

caso.

Además

de

lo

anteriormente señalado, la parte demandante dejó transcurrir

el término de seis (6) meses que establece la antes citada Regla

4.3(b) de Procedimiento Civil sin solicitar prórroga alguna

para extender dicho término.

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que el

tribunal de primera instancia incidió al acoger y expresarse

sobre una moción de reconsideración luego de expirado el

término jurisdiccional para acudir en alzada de la sentencia

que se pretendía reconsiderar. De igual manera, determinamos

que incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

concluir

que

tardíamente

la

referida

acogida

por

el

moción

de

reconsideración,

foro

de

instancia,

podía

Central Corp. v. Gelabert Alvarez, 131 D.P.R. 1005 (1992).

CC-2001-157

17

considerarse como una moción de relevo de sentencia, y así

obviar, al darle tal carácter a la moción, los trámites

apelativos pertinentes y disponibles para revisar una

sentencia.

En mérito de lo anterior, procede revocar la resolución

emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el

presente

caso,

dejándose

en

vigor

la

sentencia

desestimatoria emitida por el tribunal de primera instancia

el 17 de noviembre de 2000.

Se dictará Sentencia de Conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana G. Reyes Díaz

Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Municipio de

San Juan; y otros

Demandados

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CERTIORARI

A & M Contractors, Inc.

Demandada-Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se expide el auto y se dicta Sentencia revocatoria

la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones en el presente caso, dejándose en vigor la

sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de Primera

Instancia el 17 de noviembre de 2000.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón disiente por entender que, atendida como

una de relevo de sentencia, Regla 49.2 de Procedimiento

Civil; 32 L.P.R.A. Ap. III, la moción presentada debió

haberse concedido. Además, a tenor con lo resuelto en Banco

Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981) y su

progenie, procedía a prorrogar el término para diligenciar

el emplazamiento, aún después de vencido el plazo dispuesto

por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, ya que

existían razones válidas para justificar la dilación. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo