Tribunal Supremo de Puerto Rico
ANA G. REYES DIAZ V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R.; MUNICIPIO DE SAN JUAN Y OTROS
2001 TSPR 168
Poder Judicial de Puerto Rico
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ANA G. REYES DIAZ V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R.; MUNICIPIO DE SAN JUAN Y OTROS
CC-2001-157
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ana G. Reyes Díaz
Recurrida
Certiorari
v.
2001 TSPR 168
Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Municipio de San Juan y otros
Demandados
155 DPR ____
A & M Contractors, Inc.
Demandada-Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-157
Fecha: 7/diciembre/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. Gilberto Gierbolini
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Olga García Vincenty
Abogado de la Parte Recurida:
Lcdo. Héctor R. Santos Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Miriam Alvarez Archilla
Procuradora General Auxiliar
Materia: Daños y Perjuicios
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ana G. Reyes Díaz
Recurrida
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Municipio de
San Juan; y otros
Demandados
CC-2001-157
CERTIORARI
A & M Contractors, Inc.
Demandada-Peticionaria
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2001
El día 22 de noviembre de 1999, la Sra. Ana G. Reyes
Díaz, por sí y en representación de la sociedad legal de
bienes gananciales compuesta por ella y su esposo, el Sr.
Gregorio Asencio, instó acción en daños y perjuicios ante
la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera
Instancia contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(E.L.A.), la Secretaria del Departamento de la Vivienda,
el Municipio de San Juan (Municipio), A & M Contractors
(A & M) y contra Cigna Insurance Company (Cigna) en su
carácter de aseguradora de esta última.1
1
En dicha demanda, la Sra. Reyes Díaz alegó, en síntesis
y en lo pertinente, que como parte del Programa de
Vivienda Pública administrado por el
(continúa...)
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3
Los emplazamientos pertinentes fueron expedidos ese
mismo día, 22 de noviembre de 1999. La parte demandante
diligenció
oportunamente
los
emplazamientos
respecto
al
Estado Libre Asociado, ello por conducto de la Secretaria
Auxiliar del Departamento de Justicia, y los del Municipio de
San Juan, a través del representante de la División Legal
autorizado a recibir tal documento.
Mediante moción urgente, de fecha 13 de junio de 2000,
la parte demandante solicitó una prórroga para diligenciar los
emplazamientos respecto a la codemandada A & M Contractors,
Inc., y su aseguradora Cigna Insurance Company.2 Aún cuando
dicha solicitud fue presentada pasados seis (6) meses desde
Municipio de San Juan, en un plan de coadministración con A
& M Contractors, ella había arrendado el apartamento 817,
Edificio 41, Residencial público Las Margaritas, propiedad
éste del E.L.A.; alegó, además, que el día 21 de noviembre de
1998, como consecuencia de una caída ocurrida en su
apartamento, sufrió la fractura parcial de la muñeca de su mano
izquierda. Sostuvo la demandante Reyes Díaz que dicho
accidente ocurrió a causa de la “situación peligrosa” que los
demandados mantenían dentro y fuera de la vivienda, en sus
alrededores y en las escaleras del edificio en donde se
encontraba su apartamento y que tuvo la muñeca enyesada por
espacio de dos (2) meses, habiendo experimentado intensos
dolores en dicha mano y en todo el cuerpo. Solicitó del foro
judicial que, luego de declarar con lugar la demanda, le
ordenara a los demandados le indemnizaran solidariamente la
cantidad de sesenta mil dólares ($60,000) para sí, treinta mil
dólares ($30,000) para su esposo, mil seiscientos dólares
($1,600) para la sociedad legal de gananciales compuesta entre
ambos y trescientos sesenta y ocho dólares ($368) por concepto
de gastos médicos incurridos.
2
Alegó, en apoyo de tal solicitud, que la dirección que
aparecía en el emplazamiento respectivo de A & M resultó ser
la de un apartado postal. Con respecto al diligenciamiento del
emplazamiento contra Cigna, adujo que el mismo se había
dificultado porque la dirección que tenían a esos efectos
como perteneciente a dicha aseguradora, era una ficticia e
inexistente.
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4
la expedición de los emplazamientos, el día 15 de junio de 2000,
el tribunal de instancia le concedió a dicha parte el término
de treinta (30) días adicionales para que diligenciara los
referidos emplazamientos, lo cual realizó la parte demandante
el 18 de julio de 2000.
El 31 de agosto siguiente, A & M Contractors compareció
ante el tribunal mediante moción de desestimación, en la que
alegó que la causa de acción en su contra debía ser desestimada
con perjuicio; ello en virtud de las disposiciones de la Regla
4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.3(b).3
El tribunal de instancia le concedió término a la parte
demandante para que respondiera a la moción de desestimación
presentada por A & M Contractors. No habiendo cumplido la parte
demandante con la orden del tribunal, A & M Contractors
presentó moción solicitando del tribunal que dictara sentencia
parcial desestimatoria de la acción que pesaba en su contra.
Así las cosas, el día 17 de noviembre, el foro primario emitió
sentencia desestimando parcialmente la demanda respecto a la
codemandada A & M, ello en vista de que entendió que no existía
razón alguna para posponer dictar sentencia parcial hasta la
3
El mencionado Inciso de la Regla 4.3 lee como sigue:
(b) El emplazamiento será diligenciado en el término
de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho
término solo podrá ser prorrogado por un término
razonable a discreción del tribunal si el demandante
demuestra justa causa para la concesión de la prórroga
y solicita la misma dentro del término original.
Transcurrido el término original o su prórroga sin que
el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá
a la parte actora por desistida con perjuicio.
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5
resolución total del pleito. Se archivó en autos copia de la
notificación de dicha sentencia el día 29 de noviembre.
El día 14 de diciembre, la parte demandante, mediante
oportuna
moción,
reconsiderara
su
solicitó
del
foro
de
instancia
que
dictamen
ya
que,
alegadamente,
el
emplazamiento contra A & M había sido válidamente diligenciado
dentro del término de prórroga concedido por el tribunal
mediante la orden emitida el día 19 de junio de 2000. Adujo
que, en virtud de la misma, tenía hasta el 19 de julio de 2000
para efectuar el diligenciamiento, llevando a cabo el mismo
el día 18 de julio, es decir, en tiempo hábil para ello.
Sostuvo, además, que debido a que se le habían extraviado unos
documentos
del
expediente,
se
había
visto
impedida
de
comparecer a tiempo en cumplimiento de la orden emitida por
el tribunal el 11 de septiembre. El día 3 de enero de 2001,
el tribunal de instancia
dejó sin efecto la sentencia parcial
emitida el día 17 de noviembre de 2000 y archivada en autos
el 29 de noviembre.
Inconforme, A & M compareció oportunamente, mediante
recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción, ante
el Tribunal de Circuito de Apelaciones en solicitud de la
revocación de la orden emitida por el foro primario el día 3
de enero por el fundamento de que dicho foro carecía de
jurisdicción para emitir la misma.
El
foro
apelativo
intermedio,
mediante
resolución
emitida a esos efectos, denegó tanto la referida petición de
certiorari
como
la
moción
en
auxilio
de
jurisdicción
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6
presentadas por A & M. Adujo, en apoyo de tal dictamen, que
el tribunal de primera instancia, aun cuando actuó con relación
a la moción de reconsideración luego del término de treinta
(30) días que le asistía a la parte demandante para recurrir
en alzada, tenía entera discreción para considerar la referida
moción de reconsideración como una moción de relevo de
sentencia. Determinó que, a su entender, como el ámbito de
interpretación liberal de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil4
es suficientemente amplio, la
moción en cuestión cumplía
cabalmente con los requisitos dispuestos en la mencionada
Regla para acoger dicha moción como una de relevo. Concluyó
pues el referido tribunal que el tribunal de primera instancia
tenía jurisdicción para dejar sin efecto la sentencia parcial
mediante la cual se desestimó la demanda en contra de A & M.
Inconforme con la actuación del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, el 1 de marzo de 2001, A & M Contractors, acudió
en revisión --vía certiorari y vía moción en auxilio de nuestra
jurisdicción-- ante este Tribunal. La peticionaria alega que
procede revocar la resolución emitida por el foro apelativo
intermedio, debido a que dicho foro incidió:
“...al concluir que la moción de reconsideración
tardíamente acogida por el Tribunal de Primera
Instancia podía acogerse como una de relevo de
sentencia, toda vez que la primera no cumple con las
circunstancias que enumera la segunda;
...al confirmar al Tribunal de Primera Instancia al
éste reconsiderar y no desestimar la demanda con
perjuicio, aun cuando el emplazamiento no cumple
estrictamente con los requisitos provistos por la
Regla 4.2.”
4
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 49.2.
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7
El 20 de abril de 2001, emitimos Resolución concediéndole
término a la parte demandante recurrida para que compareciera
y mostrara causa por la cual no se debía expedir el recurso
radicado
por
la
parte
peticionaria
y
dictar
Sentencia
revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Asimismo, ordenamos la paralización
de todo procedimiento a nivel del tribunal apelativo y a nivel
del
tribunal
de
primera
instancia
hasta
que
otra
cosa
dispusiéramos.
La parte demandante recurrida hizo caso omiso de la orden
de mostrar causa emitida. Ello no obstante, y estando en
posición de resolver el recurso radicado, procedemos a así
hacerlo.
I
De
entrada,
debemos
recalcar
que
la
Regla
47
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47, dispone, en
lo aquí pertinente, que:
La parte adversamente afectada por una
resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera
Instancia podrá, dentro del término de quince (15)
días desde la fecha de la notificación de la
resolución u orden..., presentar una moción de
reconsideración de la resolución, orden o sentencia.
El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse
presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la
rechazare de plano, el término para apelar o
presentar un recurso de “certiorari” se considerará
como que nunca fue interrumpido...Si el tribunal
dejare de tomar alguna acción dentro de los diez (10)
días de haber sido presentada, se entenderá que la
misma ha sido rechazada de plano. (Subrayado
nuestro.)
La
mencionada
Regla
persigue,
en
síntesis,
dos
propósitos, a saber: “por un lado se busca crear la oportunidad
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para
que
8
un
tribunal
sentenciador
pueda
realizar
la
significativa tarea de corregir cualquier error que haya
cometido al dictar una sentencia o resolución. Por otro lado,
también
se
quiere
reconsideración
evitar
se
que
el
medio
convierta
en
una
procesal
vía
para
de
la
dilatar
injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial.”
Lagares Pérez v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 612 (1997); véase,
además, Castro Martínez v. Sergio Estrada, res. el 22 de
septiembre de 1999, 99 TSPR 143; José A. Cuevas Segarra,
Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones JTS,
2000, pág. 767. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R.
406 (1982).
Hemos indicado, reiteradamente, que si el foro primario
no
toma
acción
alguna
con
respecto
a
una
moción
de
reconsideración debidamente presentada, ello dentro de los
diez (10) días de haber sido instada, se considerará que el
término
para
acudir
en
revisión
judicial
ante
el
foro
pertinente nunca fue interrumpido por la mencionada moción.
Orozco Carrasquillo v. Sánchez Betancourt, res. el 18 de mayo
de 1999, 99 TSPR 76; Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R.
618 (1991); Rodríguez Rivera v. Aut. Carreteras, 110 D.P.R.
184 (1980).
Ello no obstante, hemos reconocido que cuando un tribunal
rechaza de plano una moción de reconsideración debida y
oportunamente interpuesta, ya fuese por acción afirmativa o
por inacción, dicho foro no quedará privado, automáticamente,
de su facultad para reconsiderar su actuación previa. Pagán
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9
Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997). Mientras
no haya transcurrido el término para recurrir en alzada el
tribunal puede considerar y entender sobre la moción de
reconsideración. Es decir, aunque el foro de instancia haya
denegado inicialmente la moción de reconsideración, puede
acogerla posteriormente de estimarlo procedente, si aun no ha
transcurrido
el
término
para
interponer
el
recurso
de
apelación o revisión. Lagares Pérez v. E.L.A., ante, a la pág.
612.
Consecuencia
lógica
de
lo
anterior
lo
es
nuestra
determinación a los efectos de que “el tribunal de instancia
actúa
sin
jurisdicción
si
considera
la
moción
de
reconsideración, pasado el término para recurrir en alzada,
cuando la sentencia ya ha advenido a ser final y firme.” Pagán
Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág. 324. (Subrayado
nuestro.)
“Lo determinativo para que se interrumpa el término de
apelación o revisión es que el foro de instancia tome alguna
acción para acoger la moción de reconsideración mientras aún
tiene jurisdicción sobre el caso.” Lagares Pérez v. E.L.A.,
ante, a la pág. 613. Claro está, luego de transcurrido dicho
término, el tribunal no tendrá facultad para expresarse sobre
ello pues simplemente carecerá de jurisdicción para llevar a
cabo tal determinación.
Con estos pronunciamientos en mente, y aplicando la
normativa antes reseñada a los hechos del caso de autos, no
nos queda otro curso de acción que concluir que el tribunal
de primera instancia incidió al expresarse y acoger la moción
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de
10
reconsideración
presentada
por
la
parte
demandante
transcurridos treinta y cinco (35) días luego del archivo en
autos de la notificación de la sentencia parcial aludida.
Veamos.
La sentencia parcial, mediante la cual el foro primario
desestimó la demanda presentada por la Sra. Reyes Díaz con
respecto a la codemandada A & M Contractors, fue emitida el
día 17 de noviembre de 2000, archivándose en autos copia de
su notificación el día 29 de noviembre. Inconforme con tal
actuación
del
tribunal
de
primera
instancia,
la
parte
demandante presentó oportuna moción de reconsideración de la
aludida sentencia parcial el día 14 de diciembre siguiente,
esto es, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días
dispuesto por la Regla 47, ante.
Dicho foro no tomó acción alguna con respecto a la
referida moción de reconsideración dentro de los diez (10) días
siguientes al día en que ésta fue presentada. Siendo esa la
situación, a todos los efectos legales, la referida moción fue
“rechazada de plano”. Consecuencia de lo anterior, el término
jurisdiccional de treinta (30) días que le asistía a la parte
afectada por la sentencia para acudir en alzada al Tribunal
de Circuito de Apelaciones nunca fue interrumpido. El aludido
término siguió corriendo y expiró el día 29 de diciembre de
2000.
Como indicáramos previamente, no fue hasta el día 3 de
enero de 2001, que el foro primario acogió la referida moción
y se expresó sobre la misma. De una simple apreciación del
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transcurso procesal del caso de autos, podemos advertir que
el tribunal de primera instancia acogió la aludida moción de
reconsideración cuando ya no tenía poder ni facultad para
ejercer tal acción, ni emitir la orden dejando sin efecto la
sentencia parcial notificada el 29 de noviembre. Para haber
podido reconsiderar la sentencia desestimatoria, el tribunal
tenía que haber actuado antes de que ésta adviniera final y
firme; esto es, en o antes del 29 de diciembre de 2000, y no
posterior a ello.
II
Lo anterior no dispone de nuestro análisis del presente
caso. Como expresáramos anteriormente, el Tribunal de Circuito
de Apelaciones entendió que el foro de instancia podía acoger
la referida moción de reconsideración como una de relevo de
sentencia.
La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
R. 49.2, dispone, en lo aquí pertinente, que:
Mediante moción y bajo aquellas condiciones que
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte
o a su representante legal de una sentencia, orden
o procedimiento por las siguientes razones:
(1)
Error,
inadvertencia,
sorpresa
o
negligencia excusable;
(2) Descubrimiento de evidencia esencial que,
a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
de acuerdo con la Regla 48;
(3)
Fraude (incluyendo el que hasta ahora se
ha denominado intrínseco y también el llamado
extrínseco), falsa representación u otra conducta
impropia de una parte adversa;
(4)
Nulidad de sentencia;
(5)
La sentencia ha sido satisfecha,
renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia
anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro
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modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la
sentencia continuara en vigor; o
(6)
Cualquier otra razón que justifique la
concesión de un remedio contra los efectos de la
sentencia...
“La
Regla
49.2
provee
un
mecanismo
procesal
post
sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones
frustren los fines de la justicia... No obstante, esta regla
no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya
adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente
dictada.” José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, ante, a la pág. 783; Ríos v. Tribunal Superior, 102
D.P.R. 793, 794 (1974).
El
advenimiento
final
y
firme
de
una
sentencia
desestimatoria, dictada por el incumplimiento del demandante
con las órdenes del tribunal, tiene “el efecto de una
adjudicación en los méritos, a menos que el tribunal en su orden
de desestimación lo disponga de otro modo.” Pagán Navedo v.
Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág. 326; Regla 39.2 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2.
Así, para
que proceda el relevo de sentencia en estas circunstancias,
es indispensable que la parte que solicita el referido remedio
presente ante el tribunal una moción que aduzca al menos una
de la razones enumeradas en la Regla 49.2, ante. Id. Esto es,
dicha
parte
tiene
el
deber
de
justificar
su
solicitud
amparándose necesariamente en una de las razones dispuestas
en la citada Regla. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79
(1966); Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807
(1986).
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13
Al momento de evaluar la procedencia de la referida
solicitud, el tribunal tiene el deber de tomar en consideración
ciertos criterios inherentes a la Regla 49.2, entre éstos: si
el peticionario tiene una buena defensa en sus méritos; el
tiempo que media entre la sentencia y la solicitud del relevo;
y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte
la concesión del relevo de sentencia. Pardo Santos v. Sucesión
Stella, res. el 17 de junio de 1998, 98 TSPR 77; Neptune Packing
Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 294 (1988).
Es menester advertir que en Pagán Navedo v. Alcalde Mun.
Cataño, ante, expresamos que una interpretación liberal de la
Regla
49.2,
ante,
permite
considerar
una
moción
de
reconsideración como una de relevo de sentencia, aún después
de
haber
transcurrido
el
término
para
considerar
la
reconsideración o aún después de haber advenido final y firme
la sentencia, siempre y cuando la referida moción de relevo
cumpla estrictamente con los requisitos esbozados en la
referida Regla. Véase: Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, res.
el 2 de abril de 1998, 98 TSPR 37. Ciertamente, el tribunal
de primera instancia tiene discreción para considerar la
moción de reconsideración presentada como una de relevo de
sentencia, si es que ésta cualifica como tal. Claro está, al
examinar el alcance de la susodicha Regla, hemos reiterado que
“pese a su interpretación liberal, ésta no puede entenderse
como
sustitutiva
de
los
recursos
de
revisión
o
reconsideración.” Pagán Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante,
CC-2001-157
14
a la pág. 327; Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R.
294, 299 (1989).
“El interés de que los pleitos se vean en los méritos
amerita protección, pero no puede, bajo toda circunstancia,
prevalecer sobre los intereses, igualmente justos, de la parte
que ha sido diligente en que se resuelva el caso prontamente
y se termine la incertidumbre, y los intereses del público en
general en evitar la congestión en los calendarios y las
demoras innecesarias en el trámite judicial, promoviendo así
la solución justa, rápida y económica de la controversia.” José
A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, ante,
a la pág. 784.5
Cónsono con lo anterior, hemos indicado que “utilizar el
mecanismo procesal de relevo de sentencia para extender
indirectamente el término para recurrir en alzada, atentaría
contra
la
judiciales,
estabilidad
interés
y
certeza
fundamental
de
de
los
procedimientos
nuestro
ordenamiento
jurídico.” Pagán Navedo v. Alcalde Mun. Cataño, ante, a la pág.
328.
A la luz de estos principios, evaluamos si incidió, o no,
el Tribunal de Circuito de Apelaciones al considerar la moción
de reconsideración presentada por la parte demandante, aquí
recurrida, como una de relevo de sentencia.
Adujo el foro apelativo intermedio, como fundamento de
su determinación, que cuando un tribunal de instancia emite
5
Véase, además, Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., ante;
Rodríguez v. Nashrallah, 118 D.P.R. 93 (1986); Importaciones
CC-2001-157
15
una sentencia desestimatoria debido al incumplimiento del
demandante con órdenes del tribunal, y cuando dicha sentencia
adviene final y firme, el demandante puede solicitar al
tribunal, dentro del término de seis meses de haber sido
registrada, el relevo de la sentencia emitida. Concluyó el foro
apelativo que la
moción de reconsideración presentada por la
parte demandante cumplió con los requisitos impuestos por la
Regla 49.2, ello por razón de que dicha parte expuso los hechos
que justificaban que el foro primario dejara sin efecto la
sentencia parcial emitida a favor de A & M Contractors.
Analizados, en su totalidad, los hechos del presente
caso, resolvemos que la moción de reconsideración aquí en
controversia no podía ser considerada como una moción de relevo
de sentencia. Según mencionáramos anteriormente, la parte
demandante
adujo
en
apoyo
de
su
solicitud
que
el
diligenciamiento del emplazamiento con respecto a A & M lo
había realizado oportunamente. Basa dicho argumento en un
razonamiento totalmente erróneo, a saber: sostiene que el
tribunal de instancia le autorizó una prórroga para emplazar;
se olvida que dicha orden fue emitida en virtud de una solicitud
de prórroga presentada tardíamente. Recordaremos que dicha
solicitud
fue
radicada
ante
el
tribunal
ya
habiendo
transcurrido el término de seis (6) meses que establece la
Regla
4.3(b)
de
Procedimiento
Civil.
Dicha
disposición
reglamentaria es clara al disponer que el término para emplazar
solo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción
Vilca, Inc. v. Hogares Crea, 118 D.P.R. 679 (1986); Banco
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16
del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la
concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término
original. Transcurrido el término original, o su prórroga, sin
que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a
la parte actora por desistida con perjuicio.
Según indicáramos previamente, la moción de relevo de
sentencia no procede como sustituto del recurso de apelación
y que, a pesar de la interpretación liberal que pueda dársele
a ésta, la misma no puede considerarse como un mecanismo
revisor de sentencias. Somos del criterio de que aunque el
conceder o denegar una moción de relevo de sentencia es un
asunto altamente discrecional, es necesario dejar demostrado
que existen razones que justifiquen el remedio solicitado, las
cuales
existen
no
en
el
presente
caso.
Además
de
lo
anteriormente señalado, la parte demandante dejó transcurrir
el término de seis (6) meses que establece la antes citada Regla
4.3(b) de Procedimiento Civil sin solicitar prórroga alguna
para extender dicho término.
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que el
tribunal de primera instancia incidió al acoger y expresarse
sobre una moción de reconsideración luego de expirado el
término jurisdiccional para acudir en alzada de la sentencia
que se pretendía reconsiderar. De igual manera, determinamos
que incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir
que
tardíamente
la
referida
acogida
por
el
moción
de
reconsideración,
foro
de
instancia,
podía
Central Corp. v. Gelabert Alvarez, 131 D.P.R. 1005 (1992).
CC-2001-157
17
considerarse como una moción de relevo de sentencia, y así
obviar, al darle tal carácter a la moción, los trámites
apelativos pertinentes y disponibles para revisar una
sentencia.
En mérito de lo anterior, procede revocar la resolución
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el
presente
caso,
dejándose
en
vigor
la
sentencia
desestimatoria emitida por el tribunal de primera instancia
el 17 de noviembre de 2000.
Se dictará Sentencia de Conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ana G. Reyes Díaz
Recurrida
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Municipio de
San Juan; y otros
Demandados
CC-2001-157
CERTIORARI
A & M Contractors, Inc.
Demandada-Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2001
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se expide el auto y se dicta Sentencia revocatoria
la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones en el presente caso, dejándose en vigor la
sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de Primera
Instancia el 17 de noviembre de 2000.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Naveira de Rodón disiente por entender que, atendida como
una de relevo de sentencia, Regla 49.2 de Procedimiento
Civil; 32 L.P.R.A. Ap. III, la moción presentada debió
haberse concedido. Además, a tenor con lo resuelto en Banco
Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981) y su
progenie, procedía a prorrogar el término para diligenciar
el emplazamiento, aún después de vencido el plazo dispuesto
por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, ya que
existían razones válidas para justificar la dilación. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión
escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo