LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IRMA PEREZ PEREZ V. GOBIERNO MUNICIPAL DE LARES REP. POR SU ALCALDE, ETC. V. E.L.A DE P.R.

2001 TSPR 160

Poder Judicial de Puerto Rico

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IRMA PEREZ PEREZ V. GOBIERNO MUNICIPAL DE LARES REP. POR SU ALCALDE, ETC. V. E.L.A DE P.R.

CC-1999-0604

CC-1999-604

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Pérez Pérez

Demandante

v.

Certiorari

Gobierno Municipal de Lares rep.

por su Alcalde Hon. Héctor Hernández

Arana, etc.

Demandados-Peticionarios

2001 TSPR 160

155 DPR ____

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Tercero Demandado

Recurrido

Número del Caso: CC-1999-604

Fecha: 27/noviembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional III

Juez Ponente:

Hon. Carmen Ana Pesante Martínez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor L. Fuertes Romeu

Lcdo. Carlos A. Dasta Meléndez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Vanessa Ramírez

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-1999-604

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Pérez Pérez

Demandante

v.

Gobierno Municipal de Lares

rep. por su Alcalde

Hon. Héctor Hernández Arana

y su compañía aseguradora

Admiral Insurance Company

Demandados Peticionarios

CC-1999-604

Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Tercero Demandado

Recurrido

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2001.

El Municipio de Lares nos solicita la revisión

de una resolución dictada por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones que revocó una sentencia parcial

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior

de

Utuado.

Dicha

sentencia

parcial

desestimó una causa de acción en daños y perjuicios

en contra del Municipio de Lares.

I

El 12 de abril de 1996, la señora Irma Pérez

Pérez, en adelante la parte demandante, radicó una

demanda sobre daños y perjuicios en contra del

Municipio de Lares y su compañía aseguradora,

CC-2001-217

3

Admiral Insurance Company.

La parte demandante alegó que el 11 de julio

de 1995, mientras caminaba por la acera que transcurre paralela a la

carretera número PR-111 frente a la Escuela Municipal Mariano Reyes,

sufrió una caída.

Arguyó que dicha caída fue el resultado de un desnivel

en la acera y que, a consecuencia de lo ocurrido, sufrió lesiones en la

espalda, la cadera y la rodilla izquierda.

La parte demandante argumentó

que la acera en donde había ocurrido el accidente le pertenecía al

Municipio de Lares, y que éste había sido negligente, al no proporcionarle

el mantenimiento adecuado ni realizarle las reparaciones necesarias.

Alegó que dicha negligencia fue la causa próxima de su caída,

por lo que

le reclamó solidariamente al Municipio de Lares y a su compañía aseguradora

la suma de setenta y cinco mil dólares ($75,000) por los daños físicos

y angustias mentales sufridas.1

El 21 de octubre de 1997, el Municipio de Lares presentó demanda contra

tercero contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El municipio alegó

que la carretera número PR-111 y la acera en donde había ocurrido la caída

le pertenecían al Gobierno Estatal.

Añadió que el Departamento de

Transportación y Obras Públicas Estatal era quien le brindaba el servicio

de mantenimiento a dicha acera.

En consecuencia, el Municipio de Lares

arguyó que no tenía control ni jurisdicción sobre el lugar en donde ocurrió

el accidente y que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era exclusivamente

responsable a la parte demandante por todo o por parte de sus reclamaciones.2

El 19 de marzo de 1997, el Estado presentó "Moción Solicitando

Desestimación y/o Sentencia Sumaria",3 aceptando que tenía la jurisdicción

y el control sobre la carretera número PR-111 y que le brindaba los servicios

de mantenimiento a ésta.

No obstante, acompañó su solicitud de sentencia

sumaria con una declaración jurada del Subdirector Ejecutivo de la

Directoría de Obras Públicas Estatal aclarando que, a tenor con la Ley Núm.

1

Apéndice I del recurso de Certiorari, págs. 15-17.

2

Íd., págs. 18-19.

3

Íd., págs. 20-24.

CC-2001-217

4

49 de 1 de diciembre de 1917,4 el Estado no tenía la jurisdicción y el control

sobre la acera donde ocurrió el accidente.

Arguyó que ésta era jurisdicción

y estaba bajo el control del Municipio de Lares.

El Municipio de Lares

presentó oposición a dicha solicitud de desestimación argumentando que,

conforme a la Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras

Estatales5, la servidumbre de paso es parte integral de lo que constituye

una carretera estatal.

paso.

Arguyó que la acera constituye una servidumbre de

Adujo que no habiéndose efectuado un traspaso de la carretera número

PR-111 al Municipio de Lares, la jurisdicción de la referida carretera y

la

acera

permanece

en

manos

del

gobierno

estatal.

La

moción

de

desestimación y/o sentencia sumaria fue declarada no ha lugar el 17 de abril

de 1998.6

El 18 de noviembre de 1998, el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Utuado, luego de celebrar una vista evidenciaria, dictó

sentencia parcial desestimando la demanda presentada contra el Municipio

de Lares.7

Dicho Tribunal entendió que la evidencia testifical presentada

no demostró que la carretera número PR-111 hubiese sido traspasada al

Municipio de Lares, conforme el Artículo 6 de la Ley Núm. 49, supra.8

Sostuvo

su determinación en lo resuelto por este Tribunal en Ortiz Carrasquillo v.

Municipio de Naguabo. 9

Determinó que la jurisdicción de la acera le

pertenecía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Este último presentó

4

9 L.P.R.A. secs. 12-18.

5

Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, 9 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

6

Apéndice I del recurso de Certiorari, pág. 30.

7

Apéndice VI del recurso de Certiorari, págs. 85-88.

8

9 L.P.R.A. sec. 17.

108 D.P.R. 366 (1979). En dicho caso la parte demandante radicó una acción

de daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el

Municipio de Naguabo, por un accidente ocurrido a consecuencia de un

desperfecto en una carretera de ese municipio.

Concluimos que para

determinar lo que constituye una carretera estatal sujeta a la

responsabilidad del Estado hay que recurrir al Artículo 1-02 de la Ley de

Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto

Rico, supra.

Resolvimos que de acuerdo con el mencionado artículo la

carretera donde ocurrió el accidente no le pertenecía al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, sino al municipio.

9

CC-2001-217

5

una moción de reconsideración el 9 de diciembre de 1998.

La misma fue

declarada no ha lugar el 12 de enero de 1999.10

Inconforme, el Estado presentó el 1 de marzo de 1999 un recurso de

Certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Dicho Tribunal

expidió el auto solicitado y revocó la determinación del Tribunal de Primera

Instancia el 11 de mayo de 1999.11

Municipio de Lares.

Concluyó que la acera le pertenecía al

Fundamentó su posición en lo resuelto por este Tribunal

en Vélez v. La Capital, 12 y en su interpretación de las disposiciones

contenidas en la Ley Núm. 49, supra, y en la Ley de Administración,

Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico, supra.

El Municipio de Lares presentó el 2 de junio de 1999 una moción de

reconsideración ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.13

Argumentó

que el caso de Vélez v. La Capital, supra, fue resuelto antes de la

promulgación de la Ley de Administración, Conservación y Policía de las

Carreteras Estatales, supra, por lo que no era de aplicación al caso de autos.

La moción de reconsideración fue declarada no ha lugar el 4 de junio de 1999.14

Inconforme con dicha determinación, el Municipio de Lares y Admiral

Insurance Company acuden ante nos, señalando como errores cometidos por

el Tribunal de Circuito de Apelaciones los siguientes:

A) Erró el Honorable (sic) Tribunal de Circuito de

Apelaciones[,] Circuito Regional III (Arecibo-Utuado) al

revocar la sentencia del Honorable (sic) Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Utuado.

10

Apéndice I del recurso de Certiorari, pág. 14.

11

Apéndice III, Íd., págs. 67-77.

77 D.P.R. 701 (1954). En esa ocasión, este Tribunal entendió en la

controversia de si el Pueblo de Puerto Rico o el Gobierno de la Capital le

era responsable a la parte demandante de los daños y perjuicios sufridos

a consecuencia de una caída en la acera de la Avenida José de Diego en

Santurce. Concluimos que la intención legislativa detrás de la Resolución

Conjunta Número 16 de 27 de abril de 1933 (Leyes de Puerto Rico 1932-33,

pág. 655) era traspasar al Pueblo de Puerto Rico el control y el dominio

de las calles y travesías utilizadas por vehículos de cualquier clase para

transitar. Sin embargo, dicha resolución dispuso expresamente que las

zonas urbanizadas a ambos lados de las calles y las travesías traspasadas

quedarían bajo la jurisdicción y el dominio del Gobierno de la Capital.

Estas zonas urbanizadas incluían las aceras y las reatas o jardineras.

12

13

Apéndice V del recurso de Certiorari, pág. 84.

14

Apéndice IV, Íd., págs. 78-82.

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6

B) Erró el Honorable (sic) Tribunal de Circuito de

Apelaciones[,] Circuito Regional III (Arecibo-Utuado) al

determinar que el Municipio de Lares es el que ostenta la

jurisdicción de la acera en la carretera #111.

Sometidos los alegatos de las partes, estamos en posición de

resolver.

II

Antes de entrar en los señalamientos de error planteados por los

peticionarios, es menester atender y resolver la solicitud contenida en

su alegato para que esta Curia tome conocimiento judicial del plano de

la carretera número PR-111 que se encuentra archivado en el Departamento

de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.

Requieren que,

mediante dicho plano, determinemos si la acera donde ocurrió la caída está

comprendida dentro del área destinada para la servidumbre de paso de la

carretera número PR-111.

Sostienen que su solicitud es procedente, por

ser el registro de planos de carreteras del Departamento de Transportación

y Obras Públicas uno público y por ser dicho hecho uno susceptible de

determinación inmediata y exacta.

La Regla 11 de Evidencia15 dispone lo siguiente:

(A) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de

hechos que no son razonablemente objeto de controversia por:

(1) Ser de conocimiento general dentro de la jurisdicción

territorial del tribunal, o

(2) ser susceptibles de determinación inmediata y exacta

recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente

cuestionada. (Énfasis nuestro.)

(B) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial, a

iniciativa propia y deberán tomar conocimiento judicial a

solicitud de parte cuando ésta provea al tribunal con información

suficiente para permitirle que tome tal conocimiento. (Énfasis

nuestro.)

(C) La parte que solicita que se tome conocimiento judicial

de un hecho debe notificar la solicitud a la parte adversa para

dar oportunidad a ésta de prepararse y enfrentarse a la solicitud,

si así lo estimare conveniente. Una parte tiene derecho a ser oída

en torno a si procede tomar conocimiento judicial.

15

32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 11.

CC-2001-217

7

(D) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial en

cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la etapa

apelativa. (Énfasis nuestro.)

(E) En casos criminales por jurado el juez instruirá a los

miembros del jurado de que deben aceptar como concluyente

cualquier hecho del cual se haya tomado conocimiento judicial.

Esta regla regula lo relativo al conocimiento judicial de hechos

adjudicativos, es decir los hechos que están en controversia de acuerdo

con las alegaciones de las partes y del derecho sustantivo que rige el

asunto.16

Esta regla permite que se tome conocimiento judicial de dichos

hechos, cuando se establece que éstos son de conocimiento general dentro

de la jurisdicción territorial o cuando éstos son susceptibles de

determinación inmediata y exacta a través de una fuente, cuya exactitud

no puede ser cuestionada.17

En relación con este segundo criterio, se

requiere

adjudicativos

que

los

indisputabilidad.

hechos

satisfagan

un

elemento

de

Esto es, que sean de fácil y precisa corroboración.

El tratadista Chiesa expone que el peso de persuadir al tribunal de la

indisputabilidad de los hechos adjudicativos recae en la parte que

pretende que se tome conocimiento judicial.18

Para que un tribunal pueda

tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, es necesario que

la parte proponente ponga al tribunal en condición de poder hacerlo.

Esto

se debe a que el conocimiento judicial se funda en la economía procesal

probatoria, ya que sustituye la presentación de evidencia ante el Tribunal

de Primera Instancia sea ésta testifical, documental o de otra índole.19

A la luz de la doctrina expuesta, concluimos que lo solicitado por

los peticionarios no es procedente.

Los peticionarios no colocaron a este

Tribunal en posición de tomar conocimiento judicial del hecho pretendido.

Copia certificada del plano de la carretera estatal número PR-111, del

16

Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

17

Íd.

E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Publicaciones

J.T.S., 2000, T. II, pág. 1139.

18

19

Íd.

CC-2001-217

8

cual se solicita se tome conocimiento judicial, no fue presentado ante

este Tribunal.

Atendida la solicitud de los peticionarios, procedemos a discutir

sus señalamientos de error.

III

Discutiremos ambos señalamientos de error, por estar íntimamente

relacionados.

La controversia ante nos gira en torno a quién tiene la jurisdicción

y el control sobre la acera en donde ocurrió la caída.

nuestra

encomienda,

debemos

interpretar

de

Para cumplir con

manera

armónica

las

disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 49, supra, y la Ley de

Administración, Conservación y Policía de Puerto Rico, supra.

En nuestro ministerio de interpretar las leyes nos regimos por unas

normas de hermenéutica que delimitan nuestra función.

Los tribunales

debemos siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la

Asamblea Legislativa al aprobar una legislación, de manera que nuestra

interpretación asegure la efectividad de la intención legislativa. 20

Interpretar una ley de forma contraria a la intención legislativa implica

una usurpación por la Rama Judicial de las funciones de la Rama Legislativa.

El texto de la ley, cuando éste es claro y libre de ambigüedad, no debe ser

menospreciado bajo el pretexto de cumplir el espíritu de la misma.21

Ante

un lenguaje claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la

expresión por excelencia de la intención legislativa.22

La literalidad de

una ley sólo puede ser ignorada cuando ésta es claramente contraria a la

Irrizarry v. J & J Cons. Prods., Co., Inc., res. el 27 de enero de 2000,

2000 TSPR 15, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 J.T.S. 27; Dorante v. Wrangler

of P.R., res. el 27 de abril de 1998, 98 TSPR 50, 145 D.P.R. ___ (1998),

98 J.T.S. 49; Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).

20

21

31 L.P.R.A. sec. 14.

22

Irrizarry v. J & J Cons. Prods., Co., Inc., supra.

CC-2001-217

9

verdadera intención o propósito legislativo.23

Es entonces cuando debemos

consultar el historial del estatuto que estamos interpretando. 24

La

exposición de motivos de la ley, los informes de las comisiones y los debates

en el hemiciclo, en adición al texto de la misma, son las fuentes de mayor

importancia en la tarea de determinar el significado de un acto legislativo.25

Debemos tomar en consideración que todo acto legislativo persigue un

propósito, trata de corregir un mal, alterar una situación existente,

complementar una reglamentación vigente, fomentar algún bien específico o

bienestar en general, reconocer o proteger un derecho, crear una política

pública o formular un plan de gobierno, entre otros.

En el proceso de

encontrar el significado de una ley que logre los propósitos del legislador,

la interpretación debe hacerse con fines socialmente útiles.26

Por último,

es obligación del Tribunal armonizar, hasta donde sea posible, todas las

disposiciones de ley envueltas en el caso con miras a lograr un resultado

sensato, lógico y razonable que represente la intención del legislador.27

La Ley Núm. 49, supra, fue aprobada con el propósito de imponerle al

entonces Comisionado del Interior de Puerto Rico la obligación ministerial

de conservar y mantener los trozos de carreteras insulares que atraviesan

las zonas urbanas de los pueblos, conocidos como travesías. 28

A estos

efectos, dicha ley dispone, en su Artículo 1,29 lo siguiente:

Por la presente se ordena al Secretario de

Transportación y Obras Públicas la conservación, por

cuenta de su Departamento, de los trozos de

Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, res. el 11 de febrero de 2000, 2000

TSPR 21, 150 D.P.R. ____ (2000), 2000 J.T.S. 40; Pueblo v. Zayas Rodríguez,

res. el 17 de febrero de 1999, 99 TSPR 15, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S.

16.

23

Piñero v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 1998 TSPR 141, 146 D.P.R.

___ (1998), 98 J.T.S. 140.

24

25

Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra.

26

Íd.

27

Andino v. Fajardo Sugar Co. 82 D.P.R. 85 (1961).

28

Véase 1917 Leyes de Puerto Rico, págs. 357-358.

9 L.P.R.A. sec. 12. El Comisionado del Interior pasó a ser el Secretario

de Obras Públicas, a tenor con la Ley Núm. 6 de 24 de julio de 1952, y éste,

a su vez, el Secretario de Transportación y Obras Públicas por virtud del

Plan de Reorganización Número 6 de 1971, 3 L.P.R.A. Ap. III.

29

CC-2001-217

10

carreteras que forman las travesías de los pueblos.

(Énfasis nuestro.)

Dicha ley establece, además, que las travesías de los pueblos que sean

así conservadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de

Puerto Rico, serán consideradas como parte de las carreteras estatales y

sometidas a las disposiciones vigentes de la ley para la conservación y

policía de los caminos públicos.

Esto se recoge en el Artículo 230 de la

misma, que dispone lo siguiente:

Las travesías de los pueblos que por virtud de las secs.

12 a 18 de este título sean conservadas por el Departamento de

Transportación y Obras Públicas serán consideradas como parte

de las carreteras estaduales y sometidas a las disposiciones

vigentes en la ley para la conservación y policía de los caminos

públicos del Estado Libre Asociado.

Sin embargo, dicho artículo también establece, de una manera clara y

palmaria, lo siguiente:

Los municipios tendrán jurisdicción sobre las dos zonas

urbanizadas, a ambos lados de la travesía, y podrán fijar las

alineaciones para construcción de edificios y aceras de acuerdo

con lo que dispongan las ordenanzas municipales. (Énfasis

nuestro.)

Por otro lado, la Ley de Administración, Conservación y Policía de

Puerto Rico, supra, en su Artículo 1-02,31 define lo que es una carretera

estatal, sujeta a la responsabilidad del Estado en cuanto a custodia y

conservación, y con relación a lo anterior dispone lo siguiente:

(a) "Carretera" [significará] cualquier vía

pública estatal para el tránsito vehicular que haya

sido construida de acuerdo a alguna ley del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico o que, habiendo sido

construida por una Agencia o Corporación Pública,

Estatal o Federal o por un municipio, haya sido

transferida

legalmente

al

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas para su custodia y

conservación. Una carretera está integrada por la

zona de rodaje, el paseo, la servidumbre de paso, así

como puentes, obras de desagüe, rótulos, señales,

barreras protectoras y todas las construcciones

protectoras, necesarias y convenientes para el mejor

tránsito de los vehículos. (Énfasis nuestro.)

...

30

9 L.P.R.A. sec. 13.

31

9 L.P.R.A. sec. 2102.

CC-2001-217

11

(f) "Servidumbre de paso" significará la

superficie de terreno ocupada por la carretera, e

incluirá el área de rodaje, paseos, cunetas y

terrenos adyacentes hasta la colindancia con la

propiedad privada.

Cuando la Asamblea Legislativa aprobó en 1973 la Ley de Administración,

Conservación y Policía de Puerto Rico, supra, decidió dejar vigentes las

disposiciones de la Ley Núm. 49, supra, aplicables específicamente a las

travesías de Puerto Rico.

Presumimos que este acto legislativo tuvo la

intención de que las travesías de Puerto Rico tuvieran un tratamiento en

armonía con su propósito y espíritu.

Dichos tramos de carretera se

considerarían carreteras estatales para los efectos de su conservación, sin

embargo, la jurisdicción de las zonas urbanizadas y lo concerniente a la

construcción de las aceras paralelas a éstas permanecerían bajo el control

de los municipios.

Igual trato se le han dado a las aceras que discurren

paralelas a las travesías en los Estados de la Unión.

La sección 54.25.30

de Municipal Corporations de McQuillin establece lo siguiente:32

...

On the other hand, where a statute provides that the

jurisdiction and control of the state over state trunkline

highways running through cities, with regard to maintenance and

liability, extends only to that portion used for vehicular

traffic, the city is liable for the maintenance of sidewalks.

(Énfasis nuestro.)

Lo antes expresado varía, cuando el municipio por donde discurre la

travesía decide conservar, a su propio cargo, el tramo de carretera.

El

artículo 4 de la Ley Núm. 49, supra, específicamente reglamenta el

procedimiento para que un municipio sea exceptuado de las disposiciones de

ese estatuto.

Dicho artículo lee de la manera siguiente:33

Podrán ser exceptuadas de los efectos de las secs. 12 a 18

de este título las travesías de aquellos pueblos cuyos municipios

declaren su deseo de no aceptar la intervención del Departamento

de Transportación y Obras Públicas en la conservación de sus

travesías. Esta declaración deberá ser remitida al Secretario

E. McQuillin, Municipal Corporations, 3ra ed., Illinois, Clark, Boardman,

Callaghan, 1994, vol. 19, sec. 54.25.30, pág. 122. Véase también la sección

54.35.30.

32

33

9 L.P.R.A. sec. 15.

CC-2001-217

12

de Transportación y Obras Públicas por conducto del Secretario

de Estado. (Énfasis nuestro.)

Por otro lado, el Artículo 6 de la Ley Núm. 49, supra, establece el

procedimiento a seguir cuando un municipio, una vez acogido a los beneficios

del estatuto, decide encargarse de la conservación de la travesía.

Dicho

artículo lee de la manera siguiente:34

En caso de que algún municipio de los que queden acogidos

al beneficio de las secs. 12 a 18 de este título, resuelva

pavimentar la travesía o dotarla de un firme de mejores

condiciones que el que pueda ser construido por el Departamento

de Transportación y Obras Públicas, el Secretario podrá hacer

entrega al municipio del trozo correspondiente a la travesía. La

entrega o traspaso de las travesías de los municipios al

Secretario de Transportación y Obras Públicas, o viceversa,

deberá constar en acta de la sesión que con tal objeto celebre

el concejo municipal. Dicha acta deberá ser firmada también por

el representante del Secretario de Transportación y Obras

Públicas que entregue o reciba la travesía, copia de la cual se

enviará al Secretario de Transportación y Obras Públicas y al

Secretario de Estado.

No surge del expediente ante nos que el municipio hubiera remitido una

declaración al Secretario de Transportación y Obras Públicas, por conducto

del

Secretario

de

Estado,

exceptuándose

de

la

aplicación

de

las

disposiciones estatutarias contenidas en los Artículos 1 al 7 de la Ley Núm.

49, supra.35

Lo planteado por los peticionarios, a los efectos de que la controversia

de autos se resuelve a base de lo pautado por este Tribunal en Ortiz

Carrasquillo v. Municipio de Naguabo, supra, carece de mérito.

Estimamos

que los hechos que tuvo este Tribunal en dicho caso son distinguibles de

los que evaluamos en esta ocasión.

En dicha oportunidad determinamos la

responsabilidad por un desperfecto en un camino vecinal que ocasionó un

accidente vehicular.

Aquella controversia no presentó discusión alguna

sobre la responsabilidad del municipio por un defecto en una acera que

transcurre paralela a una travesía.

No obstante, los hechos que enfrentamos en Vélez v. La Capital, supra,

son muy parecidos a los de autos.

En dicha ocasión concluimos que el

Gobierno de la Capital era responsable por una caída sufrida por un peatón

34

9 L.P.R.A. sec. 17.

CC-2001-217

13

mientras transitaba por una acera en Santurce.

Tomamos en consideración

el lenguaje claro y expreso de la Resolución Conjunta Número 16, supra.

Su

Sección 2 establecía, en un lenguaje muy similar al contenido en el Artículo

2 de la Ley Núm. 49, supra, que las zonas urbanizadas a ambos lados de las

travesías estarían bajo la jurisdicción del Gobierno de la Capital.

En

dicha ocasión determinamos que dentro del concepto "zonas urbanizadas"

quedaban incluidas las aceras y reatas o jardineras a ambos lados de las

travesías.

Concluimos que la acera paralela a la carretera número PR-111 es

jurisdicción y está bajo el control del Municipio de Lares.

Tal curso de

acción es cónsono con la intención legislativa de mantener vigentes las

disposiciones de la Ley Núm. 49, supra, relativas a las travesías de Puerto

Rico al momento de promulgar la Ley de Administración, Conservación y Policía

de Puerto Rico, supra.

Esta determinación cumple, además, con nuestro

ministerio interpretativo de evaluar y analizar si la intención legislativa

de ambos estatutos armonizan entre sí.

Finalmente, reiteramos la doctrina establecida por este Tribunal en

cuanto a la responsabilidad de los municipios por la condición de sus aceras.

Si existía una condición peligrosa en la referida acera, controversia que

no estamos resolviendo en este momento, aún cuando ésta no hubiera sido

causada por el Municipio de Lares, existe un deber de éste de mantenerla

en razonable estado de seguridad.

El municipio no tiene que mantenerla en

un estado perfecto, ni ser un asegurador absoluto de la seguridad de todo

peatón, pero sí tiene tal deber y obligación.36

IV

A la luz de lo antes expresado, procede confirmar la sentencia recurrida

emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y devolver el caso al

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, para ulteriores

9 L.P.R.A. secs. 12-18.

Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 D.P.R. 481 (1966); Oliver v.

Municipio de Bayamón, 89 D.P.R. 442 (1963); Vélez v. Gobierno de la Capital,

35

36

CC-2001-217

procedimientos, de conformidad con lo aquí dispuesto.

14

No es procedente la

desestimación de la acción en daños y perjuicios presentada ante el Tribunal

de Primera Instancia en contra del Municipio de Lares, por tener éste la

jurisdicción y el control de la acera en donde ocurrió la caída que sufrió

la parte demandante.

Se dictará sentencia de conformidad.

supra; Davidson v. H.I. Hettinger & Co., 62 D.P.R. 301 (1943).

McQuillin, op. cit., sec. 54.43.

Véase también

CC-2001-217

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Pérez Pérez

Demandante

v.

Gobierno Municipal de Lares

rep. por su Alcalde

Hon. Héctor Hernández Arana

y su compañía aseguradora

Admiral Insurance Company

Demandados Peticionarios

Certiorari

CC-1999-604

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Tercero Demandado Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta sentencia

confirmando la sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Utuado, para ulteriores procedimientos, de conformidad

con lo aquí dispuesto.

No es procedente la desestimación de la acción en daños y perjuicios

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en contra del Municipio

de Lares, por tener éste la jurisdicción y el control de la acera en donde

ocurrió la caída que sufrió la parte demandante.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo