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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: JUAN A. BARLUCEA CORDOVES

2001 TSPR 147

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: JUAN A. BARLUCEA CORDOVES

CP-1999-0015

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Querella

Juan A. Barlucea Cordovés

2001 TSPR 147

155 DPR ____

Número del Caso: CP-1999-15

Fecha: 15/octubre/2001

Oficina del Procurador General:

Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Ricardo Morales Maldonado

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión es efectiva a partir del 26 de octubre de 2001, fecha

en que se le notificó al abogado el Per Curiam y Sentencia)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan A. Barlucea Cordobés

CP-1999-15

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 2001

El 8 de junio de 1999, la Oficina del Procurador General

(en adelante Procurador) presentó ante este Tribunal un informe

sobre la conducta profesional de los Lcdos. Juan A. Barlucea

Cordovés y Manfredo E. Lespier García (en adelante abogados

querellados), en su desempeño como representantes legales de

la Sra. María I. Rivera Piñeiro.

Examinada la querella instada por el Procurador y las

contestaciones

sometidas

por

los

abogados

querellados,

designamos al Hon. Agustín Mangual Hernández Comisionado

Especial (en adelante

3

Comisionado) para que celebrase la vista y rindiera su informe.

El 11 de mayo de 2001, luego de celebrada la vista, el Comisionado emitió

su Informe.

El 18 de junio de 2001, el Procurador presentó “Moción en Torno

al Informe del Comisionado Especial” mediante la cual objetó varias

determinaciones de hecho del Informe del Comisionado.

Con el beneficio del Informe del Comisionado Especial y los demás

documentos que obran en el expediente, resolvemos.

I

El 22 de noviembre de 1993, la señora María de los Ángeles Rivera Piñeiro

contrató los servicios de los Lcdos. Juan A. Barlucea Cordovés y Manfredo E.

Lespier García para que la orientaran y le tramitaran una participación en

la herencia dejada por su difunto esposo Francisco López Sánchez.

El fenecido

estuvo casado en segundas nupcias con la señora Rivera Piñeiro.

Su primer

matrimonio fue con la Sra. Evagenlina Ruiz Cortés, con la cual procreó tres

(3) hijos de nombres; Juan Ramón, Federico y Teresa, todos de apellidos López

Ruiz.

La señora Rivera Piñeiro interesaba que los abogados querellados

negociaran con la primera esposa de su difunto esposo y los tres (3) hijos

habidos durante el matrimonio para que no instaran una acción judicial en

su contra sobre división de herencia.

El pacto de honorarios entre dichos abogados y la señora Rivera Piñeiro

fue uno verbal.

Según el Informe del Comisionado, ésta les pagaría el quince

por ciento (15%) de la totalidad del valor de los bienes que se le adjudicaran

al dividirse la herencia.

Los abogados querellados también le exigieron

un adelanto de dos mil dólares ($2,000) para cubrir los gastos de todas las

gestiones pertinentes al caso.

De esta suma, la señora Rivera Piñeiro pagó

al contratarlos la cantidad de trescientos dólares ($300).

Además, les

entregó un expediente con varios documentos.

Así las cosas, el 3 de marzo de 1995, la señora Rivera Piñeiro recibió

de parte de los querellados copia de una demanda que fuera instada en su

contra el 27 de febrero de 1995 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala

4

Superior de Bayamón, por la primera esposa del fenecido Francisco López

Sánchez, Evangelina Ruiz Cortés, y la Sucesión de éste en la cual solicitaban

la división de herencia.

Surge del Informe del Comisionado que, al momento

de presentarse la demanda, los abogados querellados no habían hecho gestión

alguna en los tribunales para cumplir con su deber profesional para con la

señora Rivera Piñeiro.

Además, se señaló, que no fue sino hasta el 30 de

junio de 1995, y luego de haber solicitado una prórroga, que éstos

contestaron la demanda.1

Luego de varios trámites procesales ante el foro de instancia, el caso

culminó en una Sentencia por Estipulación el 2 de marzo de 1998.2

Así las cosas, el 31 de agosto de 1998, los abogados querellados,

mediante comunicación escrita, le informaron a la señora Rivera Piñeiro que

la suma recibida por concepto de su participación en la partición de la

herencia ascendía a $191,320, y que a la luz de lo pactado, ella les debía

la cantidad total de $28,698 de los cuales ya había abonado $10,000.

En

los $191,320 los abogados incluyeron la suma de $94,000 correspondiente al

seguro que le dejó el fenecido a la señora Rivera Piñeiro y que le fue

entregada por la Compañía Travelers el 17 de marzo de 1993, es decir, antes

de que ésta contratara los servicios de los abogados querellados.

1

Por otra parte, del Informe del Procurador y de los documentos que lo

acompañan, surge que los abogados querellados alegaron que hicieron

gestiones por la querellante desde el mismo momento en que asumieron su

representación legal. Sin embargo, el Procurador indicó que los documentos

revelan que la actividad profesional y las horas facturada comenzaron desde

el 5 de mayo de 1995.

El Procurador también sostuvo que la representación legal de la ex

esposa del difunto y su sucesión, Lcda. Iris Marrero García, le suministró,

vía fax, copia de tres cartas dirigidas al licenciado Lespier García en las

que ésta solicitaba reunirse con los abogados querellados con relación al

caso de la herencia. Las cartas tienen fechas de 30 de noviembre de 1993,

18 de enero de 1994 y 23 de febrero de 1994. El contenido de esas cartas

revela que la abogada hizo varios intentos de reunirse con los abogados hasta

que el 27 de febrero de 1995, no tuvo más alternativa que presentar la demanda

sobre división de herencia.

2

Según el Comisionado, a esa fecha todavía no se había vendido una

propiedad que era parte de la herencia a dividir. No se había resuelto una

reclamación de deuda contributiva del Departamento de Hacienda contra el

difunto Francisco López Sánchez. Tampoco se había liquidado la sociedad

legal de gananciales que existía entre el difunto y su primera esposa,

Evangelina Ruiz Cortés. Por último, no se habían cancelado dos (2) pagarés

hipotecarios devueltos por la Coopertativa de Ahorro y Crédito de Arecibo

5

La señora Rivera Piñeiro entendió que la cantidad cobrada era una

excesiva e irrazonable y solicitó a los abogados querellados un desglose

de los $28,698.

También, entendió que dentro del cómputo se habían incluido

otras partidas que no pertenecían a la división de la herencia.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 1998, la señora Rivera Piñeiro

presentó la queja que dio origen a los hechos aquí relatados y que hoy nos

ocupan.

Cabe señalar que ésta indicó que al momento de presentar la queja,

los abogados querellados aún no le habían informado el desglose de la factura

a cobrar.

Finalmente, señaló que, a pesar de no haber finalizado el caso

de partición de herencia, éstos le entregaron el expediente, sin haber

renunciado a la representación legal.

En vista de lo anterior, en noviembre de 1998, el Lcdo. Hernán Cintrón

Cruz se hizo cargo de la representación de la señora Rivera Piñeiro.

Surge

del Informe del Comisionado que éste trató de llegar a un acuerdo con uno

de los abogados querellados, licenciado Lespier García y convencerlo de que

los $10,300 que ya había recibido de la señora Rivera Piñeiro era una cantidad

razonable por el servicio brindado.

Sin embargo, el licenciado Lespier

García rechazó la propuesta.3

Finalmente,

también

surge

del

Informe

del

Comisionado

que

el

licenciado Barlucea Cordovés, al testificar en la vista, hizo constar que

de los mencionados $10,000 pagados por la señora Rivera Piñeiro, el

licenciado Lespier García le entregó la suma de $2000.

Declaró que se daba

por satisfecho con dicha cantidad y que no tenía ulterior interés en

reclamar honorarios adicionales contra ésta.

II

y que se le habían perdido a la sociedad legal de gananciales de López Sánchez

con la querellante.

3

Por haber fallecido el Lcdo. Manfredo E. Lespier García el 9 de

noviembre de 2000, la querella presentada en su contra se ha tornado

académica. En vista de lo anterior, el 24 de agosto de 2001, este Tribunal,

mediante resolución, ordenó su archivo.

6

Los Cánones de Ética profesional constituyen los principios éticos en

virtud de los cuales la clase togada debe guiar su conducta profesional.

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 171 (1989).

Es conforme a estos principios que nos corresponde evaluar la conducta

profesional del Lcdo. Juan A. Barlucea Cordovés como representante legal

de la señora Rivera Piñeiro.

Veamos.

III

Entre las determinaciones que hiciera el Comisionado salta a la vista

que el licenciado Barlucea Cordovés le cobró a la señora Rivera Piñeiro la

suma de $28,698 por los servicios profesionales prestados.

Es decir, cobró

el 15% de los alegados $191,320 recibidos por ésta en el caso de su

participación de la partición de herencia.

Cabe señalar sin embargo, que

en dicha cuantía se incluyó la suma de $94,000 que por concepto de una póliza

de

seguros

había

recibido

la

señora

Rivera

Piñeiro.

Esta

partida

correspondía a un seguro que su difunto esposo tenía con la Compañía

Travelers en el cual la había designado como beneficiaria.

El 17 de marzo

de 1993, la Travelers le envió un cheque por la suma de $94,000, el cual

fue

recibido

antes

de

que

los

abogados

querellados

asumieran

la

representación legal de la señora Rivera Piñeiro.

Reiteradamente

hemos

expresado

que

la

cuantía

que

recibe

un

beneficiario de una póliza de seguro de vida, no forma parte de su caudal

relicto.

Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 39 (1996).

Una vez muere el

asegurado, el beneficiario adquiere un derecho propio y distinto de aquel

perteneciente al tomador del seguro sobre el producto de la póliza.

En esta

etapa la reclamación del beneficiario es superior a la de cualquier otro

con interés en esa suma de dinero.

Pilot life Ins. Co. v. Crespo Martínez,

136 D.P.R. 624, 636 (1994); Fernández Vda. de Alonso v. Cruz Batiz, 128 D.P.R.

493 (1991).

Sabido es que los miembros de la profesión legal tienen la ineludible

obligación de “defender los intereses del cliente diligentemente”.

18 de Ética Profesional 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Canon

Es decir, “con un trato

7

profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y

la más completa [honestidad] y honradez.”

Véanse: In re Acosta Grubb, 119

D.P.R. 595, 602 (1987); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 843 (1982); e

In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978).

De otra parte, el deber de sinceridad y honradez que impone el Canon

35 de Ética Profesional, supra, es erga omnes, lo que incluye no utilizar

medios incompatibles con la verdad en la relación del abogado con sus

representados.

In re Irrizarry Vega, PC de 24 de agosto de 2000, 2000 JTS

140, pág. 58.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que el desempeño

profesional del licenciado Barlucea Cordovés dista mucho de ser uno

adecuado, responsable y efectivo, es decir, su conducta violó el Canon 18

de Ética Profesional, supra.

No tan solo fue negligente al incluir como

partida para el cómputo de sus honorarios de abogado la suma de los $94,000

antes mencionada que correspondía al seguro de vida, sino que fue deshonesto

al pretender cobrar sus honorarios sobre dicha partida a pesar de que ésta

no formaba parte de la herencia y había sido recibida por la señora Rivera

Piñeiro antes de que éste asumiera la representación legal.

En consecuencia, concluimos que a la luz de estas circunstancias, la

conducta del licenciado Barlucea Cordovés además de no caracterizarse por

ser una que refleja conocimiento cabal de las normas legales, no fue una

sincera y honesta.

Véanse; Canon 18 y 35 de Ética Profesional, supra; e

In re Irrizarry Vega, supra.

Tampoco desplegó la responsabilidad,

diligencia y eficacia que exigía ostentar la representación legal de la

señora Rivera Piñeiro.

Véase, Canon 18 de Ética Profesional, supra.

Es

de notar que ésta contrató sus servicios el 22 de noviembre de 1993, sin

embargo, no fue sino hasta luego de la presentación de la demanda de división

de herencia por los otros coherederos, el 27 de febrero de 1995, que éste

comenzó a realizar alguna gestión en torno al caso de partición de herencia.

IV

El contrato de servicios profesionales de un abogado, como norma

general, puede ser catalogado como uno de arrendamiento de servicios.

Art.

8

1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111.

Véase, además, Ramírez Segal

& Látimer v. Rojo Rigual, supra, pág. 172.

También puede ser considerado

como una variante del contrato de arrendamiento.

A estos efectos véanse,

Art. 1434, supra, 31 L.P.R.A. sec. 4013 y Pérez v. Col. Cirujanos Dentista

de P.R., 131 D.P.R. 545, 552 (1992).

Sin embargo, resulta importante

destacar que el contrato de servicios profesionales de abogado, distinto

a cualquier otro convenio de arrendamientos de servicios, responde a las

“inexorables exigencias éticas, muy particulares de nuestra profesión.”

Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369 (1989).

considera uno de naturaleza sui géneris.

Es por ello que se

Nassar Rizek v. Hernández, supra.

El Canon 24 de Ética Profesional, supra, identifica los factores a tomar

en consideración al momento de fijar los honorarios de abogado.

Entre éstas

se encuentran, la naturaleza de la gestión, la novedad y la dificultad del

asunto a resolver, la habilidad y el conocimiento necesarios para conducir

el caso adecuadamente, el tiempo y trabajo requerido, los honorarios que

se acostumbran a cobrar por servicios similares, la cuantía envuelta, la

contingencia o certeza de la compensación, y la naturaleza de la gestión

profesional, entre otros.

Así pues, al iniciar su gestión profesional, todo abogado debe tener

en mente la advertencia de que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo

sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación

profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito”.

Profesional, supra.

Canon 24 de Ética

Precisamente, para evitar problemas como el que hoy

enfrentamos, las controversias con los clientes sobre la compensación por

servicios prestados, es que hemos enfatizado la deseabilidad de que el

acuerdo sea por escrito.

In re Castro Mesa et al., 131 D.P.R. 1037 (1992);

Ramírez Segal & Látimer v. Rojo Rigual, supra, pág. 171 (1989).

Ciertamente lo anterior no significa que los contratos verbales están

prohibidos o no sean válidos, “ni que un contrato de honorarios ambiguo no

sea válido y susceptible de interpretación.”

Rojo Rigual, supra, pág. 172.

Ramírez Segal & Látimer v.

Sin embargo, éstos tienen mayores riesgos

de crear malentendidos, cuando tanto el cliente como el abogado nieguen lo

9

pactado o lo alteren.

Véase, lo discutido en Nasar Rizek v. Hernández,

supra, págs. 372-373.

De otra parte, en casos como el que nos ocupa, donde se pactan honorarios

contingentes, el abogado o abogada tiene la ineludible obligación de

explicar al cliente las consecuencias de este tipo de pacto.

supra.

Canon 24,

Véanse: Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., supra, pág. 554

y Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, supra pág. 171.

Sólo si el cliente

así lo desea, luego de entender las consecuencias, es que deben pactarse

los honorarios contingentes, siempre teniendo en cuenta que éstos deben ser

beneficiosos para el cliente.

In re: Norma Concepción Peña, PC de 20 de

junio de 2001, 2001 JTS 97, 1475.

No cabe duda que las discrepancias de cobro en este caso se hubiesen

minimizado si el acuerdo de honorarios se hubiese plasmado en un escrito

“libre de ambigüedades y con óptima claridad en sus términos, consignando

las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del

pleito.”

Véase, Colón v. ALL Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772, 773

(1981).

De otra parte, no existe excusa alguna para que el querellado Barlucea

Cordovés pretendiera cobrar honorarios contingentes sobre la cuantía

recibida por su cliente por concepto de los beneficios de una póliza de

seguros, que para agravar la situación, fue recibida antes de que se

contrataran sus servicios.

A tenor con lo antes expuesto, surge con meridiana claridad que el Lcdo.

Juan A. Barlucea Cordovés violó los Cánones, 18, 35 y 24 de Ética Profesional.

Advertimos que el hecho de que éste abogado se dio por satisfecho con la

cantidad de $2000 que cobró de lo adelantado por la señora Rivera Piñeiro

y que manifestó no tener ulterior interés en cobrar el resto de los $28,698,

bajo ninguna circunstancia lo exime de responsabilidad.

podemos considerar dicho gesto como un atenuante.

IV

Sin embargo,

10

Tomando en consideración todo lo anterior, suspendemos inmediatamente

al Lcdo. Juan A. Barlucea Cordovés por un término de un (1) mes y hasta que

otra cosa disponga este Tribunal.

Se le apercibe que de incurrir en

violaciones similares en el futuro seremos más severos en la imposición de

sanciones disciplinarias.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse del sello y la obra

notarial del abogado suspendido, debiendo entregar la misma a la Directora

de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe

a este Tribunal.

Se le impone al querellado Barlucea Cordovés el deber de notificar a

todos sus clientes de su presente inhabilidad de seguir representándolos,

les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados

e informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales

y administrativos del país.

Finalmente, deberá certificarnos en treinta (30) días a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam el cumplimiento de estos deberes,

notificando también al Procurador General.

Se dictará sentencia de conformidad.

11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan A. Barlucea Cordobés

CP-1999-15

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 2001

Por los fundamentos expuestos en la anterior Per Curiam,

se dicta sentencia separando de forma inmediata por el término

de un (1) mes del ejercicio de la profesión de abogado al Lcdo.

Juan A. Barlucea Cordobés y hasta que otra cosa disponga este

Tribunal.

Se le apercibe que de incurrir en violaciones

similares en el futuro seremos más severos en la imposición de

sanciones disciplinarias.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de

su presente inhabilidad de seguir representándolos, de

devolverle cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados, e informarle oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del País.

Además, deberá certificarnos dentro del término de treinta (30)

días, contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam, el cumplimiento de estos deberes, notificando también

al Procurador General.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse del sello

y la obra notarial del abogado suspendido,

debiendo entregar la misma a la Directora de Inspección de Notarías para la

correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo.

Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez

limitarían la sanción a una severa amonestación. EL Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo