LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

DAVID LEBRON BONILLA V. E.L.A. DE P.R., ADM. DE CORRECCION

2001 TSPR 145

Poder Judicial de Puerto Rico

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DAVID LEBRON BONILLA V. E.L.A. DE P.R., ADM. DE CORRECCION

CC-2000-0181

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

David Lebrón Bonilla

Demandante-apelado

recurrente

Certiorari

v.

2001 TSPR 145

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

Administración de Corrección

Demandados-apelantes

Recurridos

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-181

Fecha: 30/octubre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Germán J. Brau Ramírez

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Noemí Caraballo López

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rosana Márquez Valencia

Procuradora General Auxiliar

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

David Lebrón Bonilla

Demandante-apelado

recurrente

vs.

CC-2000-181

CERTIORARI

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Administración

de Corrección

Demandados-apelantes

recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2001

El 4 de agosto de 1986, el Sr. David Lebrón Bonilla

inició sus labores, como Oficial Correccional I, en la

Administración de Corrección. El 1 de noviembre de 1993,

la Administración de Corrección ascendió al Sr. Lebrón

Bonilla al puesto de Oficial Correccional II (Sargento),

asignado a la Cárcel Regional de Bayamón, sujeto dicho

ascenso a que éste aprobara el período probatorio de doce

(12) meses, culminando dicho período el 31 de octubre de

1994. Las cinco evaluaciones efectuadas durante dicho

período probatorio fueron a los efectos de que el

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3

trabajo realizado por el Sr. Lebrón Bonilla

fluctuaba entre

excelente y bueno.1

No obstante lo anterior y transcurridos cinco (5) meses

desde el vencimiento del periodo probatorio, el Sr. Lebrón

recibió una comunicación, con fecha del 3 de abril de 1995,

suscrita

por

el

Sr.

Joseph

Colón,

Administrador

de

Corrección, en la cual se le informaba a éste que no había

aprobado el período probatorio, acompañándose copia de una

evaluación que no había sido discutida con el Sr. Lebrón, ni

que éste firmó.

En la referida comunicación, se le indicó que sería

descendido y reinstalado al puesto que ocupaba antes, de

Oficial de Custodia I, y se le advirtió sobre su derecho a

recurrir

ante

la

Junta

de

Apelaciones

del

Sistema

de

Administración de Personal (J.A.S.A.P.) dentro de los treinta

(30) días contados a partir del recibo de la notificación de

la misma. Además, el 23 de abril de 1994, se trasladó al Sr.

Lebrón a un campamento penal, Campamento Zarzal, en Río

Grande, donde ocupó un puesto de inferior categoría.2

Inconforme, el Sr. Lebrón Bonilla apeló ante J.A.S.A.P.

el 10 de mayo de 1995, alegando que: la Administración de

Corrección, de manera dañina, arbitraria y caprichosa, había

ordenado su descenso, le había reducido el sueldo y lo había

1

El 22 de noviembre de 1994, luego de discutir y firmar su última

evaluación, la cual fue excelente, el Supervisor inmediato del

Sr. Lebrón Bonilla, el Sr. Fortunato Rivera Aponte, le entregó

copia de la misma.

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4

reinstalado en el puesto que ocupaba antes, violándose todas

las disposiciones legales que rigen el Área de Evaluación del

Sistema de Administración de Personal. Además, en dicha

apelación, éste se reservó su derecho a demandar en daños y

perjuicios

ante

los

foros

pertinentes,

solicitando

su

restitución al puesto de Oficial Correccional II que ocupaba

en Bayamón, además de todos los haberes dejados de percibir.

En abril del 1996, el Sr. Lebrón Bonilla radicó demanda

por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, Joseph

Colón, Administrador de Corrección, la Administración de

Corrección, el Sr. Rafael López Ramos y Jane Doe y la Sociedad

Legal de Gananciales por ellos compuesta y contra el Sr.

Fortunato Rivera Aponte y Jane Doe y la sociedad legal de

gananciales por ellos compuesta. Alegó, en síntesis, que

éstos violaron su derecho constitucional al debido proceso

de ley, al no proveer una vista administrativa antes de

despojarlo de su puesto, y que de manera negligente, culposa

y arbitraria, éstos firmaron una evaluación que causó, no sólo

un descenso en el puesto que ocupaba, provocándole una

reducción en su salario y un traslado a un lugar distinto al

que trabajaba, sino que le causó daños emocionales, angustias

mentales y sufrimientos que obligaron al mismo a recibir

tratamiento profesional. En vista a ello, solicitó la suma

2

Cabe señalar que no se celebró vista administrativa antes de

tomar la referida acción.

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5

de $1,936.00 en salarios dejados de percibir y $200,000.00

en daños, gastos médicos, angustias y sufrimientos mentales.3

En el entretanto, y mediante estipulación a esos efectos

ante J.A.S.A.P., el 4 de mayo de 1996 la Administración de

Corrección acordó reinstalar al Sr. Lebrón al puesto de

Sargento,

es

decir,

al

puesto

que

ocupaba

de

Oficial

Correccional II, en la Institución Correccional de Bayamón;

también se acordó pagarle la diferencia en el salario dejado

de percibir a partir de la fecha en que éste dejó de ocupar

dicho puesto. La referida Administración aceptó que en el

proceso de evaluación del Sr. Lebrón Bonilla se había cometido

una serie de irregularidades que hicieron que dicho proceso

fuera nulo.

En relación con la demanda de daños y perjuicios, el

tribunal de primera instancia dictó sentencia sumaria parcial

imponiéndole

responsabilidad

al

Estado

por

la

culpa

o

negligencia observada por sus funcionarios en el referido

proceso de evaluación, únicamente dejando pendiente el

desfile de prueba respecto a la valoración de daños.

Celebrada la vista sobre la valoración y adjudicación

de daños, el tribunal de instancia emitió sentencia final en

la cual determinó que, conforme el testimonio del Sr. Lebrón

y su siquiatra, la Dra. Carmen Laura Martínez Cotto, el Sr.

Lebrón fue víctima de burlas y maltrato, de parte de sus

compañeros

3

de

trabajo,

a

causa

del

descenso

indebido

Posteriormente, el Sr. Lebrón Bonilla desistió de su

reclamación contra los funcionarios antes mencionados, en su

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6

decretado por la Administración, que incluyó el envió de

anónimos y palabras soeces hacia su persona. Determinó,

además, el foro de instancia que “las bromas de mal gusto

continuaron por bastante tiempo, inclusive en ocasiones se

manifestaron por el radio de comunicación interna entre los

guardias penales. En ocasiones el demandante tenía que apagar

el radio para evitar que sus compañeros de trabajo continuaran

burlándose de él”.

Conforme las determinaciones del foro de instancia,

dicha situación afectó el sistema nervioso del Sr. Lebrón

Bonilla,

causando

adecuadamente

y

que

que

éste

se

se

deprimiera,

sintiera

no

intensamente

durmiera

triste

y

desolado; su estado anímico se laceró a tal grado que éste

dejó de participar en actividades familiares y casi no se

comunicaba con ellos. Aunque le costó mucho trabajo aceptar

que necesitaba ayuda profesional, el Sr. Lebrón finalmente

decidió acudir a una siquiatra.

El tribunal de instancia acogió la determinación de la

antes mencionada perito psiquiatra a los efectos de que la

causa de la depresión del Sr. Lebrón correspondió, única y

exclusivamente, a los hechos antes relatados y que éste

todavía, para el día del juicio, exhibía rasgos de una

depresión. El trastorno emocional del Sr. Lebrón llegó a tal

grado que “eventualmente las autoridades correspondientes le

quitaron el arma de reglamento”, ocasión en que la referida

perito psiquiatra “recomendó reposo total” para éste. Según

carácter individual, dictándose la correspondiente sentencia

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7

la apreciación del tribunal de instancia, el Sr. Lebrón

manifestaba una depresión seria.

En mérito de lo anterior, el tribunal sentenciador

condenó al Estado Libre Asociado a pagarle al Sr. Lebrón

Bonilla la cantidad de $40,000.00, “en concepto de los daños

físicos y angustias y sufrimientos mentales y morales,

pasados, presentes y futuros” y el pago de costas e intereses.

Inconforme,

el

Estado

Libre

Asociado

apeló

dicha

sentencia ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones por

entender, en lo aquí pertinente, que había errado el tribunal

primario en “la apreciación y valoración de los daños

reclamados”, solicitando que se redujera la indemnización

concedida por ser ésta una cuantía exagerada.

Mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2000, el

tribunal intermedio apelativo revocó la sentencia emitida por

el tribunal de instancia, por otro fundamento. El tribunal

apelativo intermedio consideró que los daños sufridos por el

aquí peticionario constituían un “accidente de trabajo”,

dentro de la esfera cubierta por la Ley del Sistema de

Compensaciones

por

Accidentes

del

Trabajo

(Ley

de

Compensaciones o Ley), 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; ello

alegadamente conforme lo resuelto en Pacheco Pietri v.

E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993). Determinó, en consecuencia,

que constituyendo un accidente de trabajo, cobijado por la

referida Ley, resultaba aplicable a la situación de hechos

parcial el 24 de abril de 1997.

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8

la doctrina establecida en el Artículo 18, 11 L.P.R.A. sec.

21, la cual acarrea la inexistencia de causa de acción.

Inconforme, el peticionario Lebrón Bonilla acudió ante

este Tribunal, vía certiorari, alegando que el tribunal

apelativo intermedio incidió:

“...al desestimar la demanda instada en el presente

caso alegando inexistencia de causa de acción por

inmunidad patronal.”

Expedimos

el

recurso

solicitado.

Contando

con

la

comparecencia de las partes, y estando en posición de

resolver, procedemos a así hacerlo.

I

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo es un estatuto de carácter remedial que pretende

consagrar ciertas protecciones y beneficios al obrero que

sufre un accidente, lesión o enfermedad en el curso de

trabajo. Cátala Meléndez v. Fondo de Seguro del Estado, res.

el 14 de abril de 1999, 99 T.S.P.R. 56; Pacheco Pietri v.

E.L.A., 133 D.P.R. 907, 914 (1993). Así, dicha Ley establece

un sistema de seguro compulsorio, mediante la correspondiente

aportación patronal, que persigue proveer un remedio expedito

y eficiente para los empleados. Dicho seguro compensa al

obrero

que

se

ha

lesionado,

incapacitado,

enfermado

o

fallecido a causa de un accidente ocurrido en el trabajo.

Martínez v. Bristol Myers, res. el 26 de enero de 1999, 99

T.S.P.R.

6.

“Para

éstos

y

para

aquéllos

que

dependen

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9

económicamente de su labor, se ha establecido un sistema de

protección social que provee para el sostenimiento económico

y

tratamiento

médico

adecuado,

colocando

la

carga

de

responsabilidad por el sostenimiento financiero de éste en

los patronos”. Pacheco Pietri, ante, 927. Véanse además

Laureano Pérez v. Soto, 141 D.P.R. 77, 82 (1996); Alonso

García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183 (1974).

A estos efectos, el Artículo 2 de la Ley, 11 L.P.R.A.

sec. 2, protege a todos los obreros y empleados que trabajen

por

patronos

asegurados,

aquellos

que

cumplan

con

sus

respectivas aportaciones patronales, que sufran lesiones, se

inutilicen, o pierdan la vida por accidentes procedentes de

un acto o función inherente a su trabajo o empleo, o que

acontezcan en el curso o a causa del mismo, siendo acreedores

a los remedios comprendidos en la misma.

Si el empleado sufre un “accidente de trabajo”, éste no

tiene que probar negligencia por parte del patrono o por parte

de persona alguna para recibir los beneficios contemplados

en la Ley. A cambio de dichos beneficios, la Ley confiere al

patrono asegurado inmunidad en cuanto a las acciones civiles

en daños y perjuicios que estos empleados lesionados pudieran

presentarles. Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, ante. Es

decir, si el patrono ha cumplido con su obligación legal de

asegurar a sus empleados ante el Fondo de Seguro del Estado,

de ordinario no existe causa de acción en daños y perjuicios

contra el patrono por el accidente de trabajo sufrido por

ellos.

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10

En otras palabras, hemos sostenido que el derecho de

resarcimiento que tiene el empleado lesionado, enfermo o

fallecido frente al patrono asegurado a tenor con la Ley, de

ordinario se limita al pago de la compensación dispuesta en

el estatuto, administrado por el Fondo de Seguro del Estado,

por lo que el empleado carece de causa de acción para demandar

a su patrono por los daños y perjuicios sufridos. Santiago

Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1, 8 (1990).

Específicamente,

el

Artículo

18

de

la

citada

Ley

establece la inmunidad patronal y la exclusividad del remedio

contra

cualquier

reclamación,

siempre

y

cuando

dicha

reclamación provenga de una lesión, enfermedad o muerte

cubierta por dicha Ley. Dicho artículo reza:

“Cuando el patrono asegure sus obreros y

empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el

derecho aquí establecido para obtener compensación

será el único remedio en contra del patrono, aun en

aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de

las compensaciones o beneficios de acuerdo con el

mismo; pero en el caso de accidentes, enfermedades

o muerte de los obreros o empleados no sujetos a

compensación de acuerdo con este Capítulo, la

responsabilidad del patrono es y continuará siendo

la misma que si no existiera el presente.” 11 L.P.R.A.

sec. 21. (Énfasis suplido.)

Se desprende del texto claro e inequívoco de la Ley que

se deberá evaluar si el hecho, accidente, lesión, enfermedad

o muerte alegado en una demanda civil se encuentra comprendido

dentro del marco de la inmunidad que confiere la Ley de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, ante, y si se ha

reclamado o compensado el mismo de alguna manera en el Fondo

del Seguro del Estado. B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior,

100 D.P.R. 754, 758-759 (1972).

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11

Para que la reclamación se entienda como un “accidente

de trabajo”, esto es en cuanto a qué constituye un accidente

de trabajo conforme a la ley, hemos establecido los siguientes

requisitos:

1) provenir de cualquier acto o función del obrero;

2) ser inherente al trabajo o empleo que desempeña el

obrero;

3) ocurrir en el curso del trabajo;

4) ser consecuencia de éste.4

Así, hemos reiterado que la protección brindada en el

referido Artículo 2, ante, “se extiende a las lesiones

sufridas como consecuencia de accidentes que provengan de

cualquier acto o función inherente al trabajo de un empleado

u obrero, que ocurran en el curso de dicho trabajo o como

consecuencia de éste”. Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367,

373 (1994); Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., ante, Díaz Ortiz

v. F.S.E., 126 D.P.R. 32 (1990), Cardona Velásquez v. Comisión

Industrial, 90 D.P.R. 257 (1964). Entonces, para poder

reclamar dentro del contexto de la Ley, se requiere la

existencia de un nexo causal entre la lesión, enfermedad, o

muerte del obrero y su trabajo. Por ende, el accidente sufrido

por el obrero carece de protección si dicho accidente no

cumple con uno de los citados requisitos, por lo que

“corresponde

4

a

la

parte

que

solicita

la

compensación

Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985);

Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56 (1973);

Santiago Hodge v. Parke Davis Co., ante, Cardona v. Comisión

Industrial, 56 D.P.R. 847 (1940).

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12

demostrar que el accidente sufrido está cobijado bajo la Ley

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. Id.

Además, al evaluar si el accidente de trabajo es o no

compensable a tenor con la Ley, se deberán considerar los

siguientes factores: (1) si es un requisito del trabajo y si

se efectuó por órdenes del patrono, o si es un acto voluntario

del obrero, aunque mediara una sugestión del patrono; (2) si

se realiza a beneficio del patrono, o a su requerimiento; y

(3) si se hace en cumplimiento de una ley o reglamentación

como condición para obtener o conservar el empleo. Pacheco

Pietri y otros v. E.L.A., ante.

La evolución de dicha Ley ha permitido un enfoque liberal

en torno a la interpretación de sus disposiciones. Esta

interpretación liberal permite compensar al mayor número de

empleados

accidentados.

Ortiz

Pérez,

ante,

373;

Muñoz

Hernández v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 486 (1993). De manera

que, si existe duda en torno a la relación causal entre la

ocupación del empleado como tal y la lesión, incapacidad o

muerte del reclamante, entonces se deberá proveer el remedio

correspondiente y la protección cobijada en ley. Id.

No

obstante

lo

anteriormente

señalado,

hemos

reconocido, a modo de excepción, que el patrono puede

responder por daños y perjuicios ante el empleado que haya

sufrido un “accidente de trabajo” si el mismo es provocado

por actuaciones intencionales del patrono. Véase: Pacheco

Pietri, ante, 919, citando a Odriozola, ante.

CC-2000-181

13

Procede que se enfatice que, en Soc. de Gananciales v.

Royal Bank de P.R., res. el 1 de abril de 1998, 98 T.S.P.R.

36, precisamos que la regla general es a los efectos de que

una lesión compensable bajo la Ley activa la inmunidad

patronal, aunque la misma tiene sus excepciones, a saber:

“actuaciones

intencionales

del

patrono

y

actuaciones

discriminatorias del patrono que violenten una clara política

pública”. Aclaramos en dicho caso que puede existir la

posibilidad de que “un patrón de traslados y comunicaciones

internas en el escenario de trabajo, en los casos apropiados,

podría ser constitutivo de un clima de hostigamiento y

persecución que podría violar el derecho a la intimidad de

un obrero”, generando así una causa de acción independiente

a cualquier otro remedio provisto en la Ley. No obstante, se

requiere demostrar que las actuaciones del patrono son de tal

naturaleza que dichas actuaciones generan “una atmósfera

hostil para el obrero que impida del todo su sana estadía en

el trabajo y que sean originadas por un motivo ajeno al

legítimo interés de salvaguardar el efectivo desempeño en el

empleo o que contengan expresiones claramente difamatorias

o lesivas”.

Por otra parte, procede igualmente que se enfatice que,

en Cátala Meléndez v. Administrador del Fondo del Seguro del

Estado, ante, aclaramos que una lesión sufrida por un

“procedimiento disciplinario bona fide”, no se encuentra

entre las lesiones compensables bajo la Ley de Compensaciones

CC-2000-181

14

por Accidentes del Trabajo. Expresamos en el antes citado caso

que:

“Los procedimientos disciplinarios administrativos

iniciados contra obreros o empleados tienen como

objetivo velar por el cumplimiento de las normas

establecidas dentro de los centros de trabajo.

Responder a citaciones o a requerimientos de un

patrono dentro de un proceso disciplinario bona fide

no es una función inherente al empleo para los

propósitos de la Ley de Compensaciones. Aunque se da

en el contexto de una relación laboral, constituye

una situación extraordinaria, ajena al normal

desempeño de las funciones de un puesto en una empresa

o negocio.”

En el referido caso, la allí empleada sufrió daños

emocionales

como

consecuencia

del

procedimiento

disciplinario que culminó en su suspensión temporera de

empleo y sueldo. Destacamos, sin embargo, que aún cuando la

lesión sufrida por ésta constituía una condición emocional

agravada por los trámites administrativos disciplinarios,

los mismos no guardaban relación causal con las labores

inherentes al puesto de ella. Expresamos que “el requisito

de que el accidente ocurra como consecuencia de ejecutar una

`función inherente al empleo´ significa que la lesión ocurra

mientras el empleado u obrero realiza las labores normales

de su puesto”. Id.

Por ende, concluimos en dicho caso que las alegaciones

en el mismo “están más próximas a una reclamación por concepto

de daños y perjuicios, por un alegado trámite negligente del

proceso administrativo, que una reclamación por un accidente

ocupacional”. Es por ello que resolvimos que no opera la

exclusividad del remedio ni la inmunidad patronal concedida

en la Ley de Compensaciones en casos donde la lesión sufrida,

CC-2000-181

15

por no guardar relación causal con las labores inherentes al

puesto, está fuera del alcance de la protección cobijada en

dicha Ley.

II

Nos compete determinar, en el presente caso, si la

notificación de la Administración de Corrección al Sr. Lebrón

Bonilla, indicándole que éste no había aprobado el periodo

probatorio y descendiéndolo al puesto que ocupaba, unida a

una evaluación distinta a la que él discutió con su supervisor

y ambos firmaron, constituye una lesión o accidente al amparo

de la Ley --lo cual activa la exclusividad del remedio y la

inmunidad patronal establecida en dicho estatuto-- o si, por

el contrario, se asemeja más a una reclamación en daños por

trámite negligente en el proceso administrativo.

De entrada, cabe distinguir el caso de marras de los

hechos de Pacheco Pietri, ante. En dicho caso,

cumpliendo

con un requisito sobre muestras de orina para detectar el uso

de

sustancias

controladas

de

los

empleados

de

la

Administración de Corrección, un funcionario del Instituto

de Ciencias Forenses se equivocó y anotó erróneamente en el

expediente de Pacheco Pietri el resultado positivo del

análisis de orina de otro empleado. Debido a ese error, se

tomaron varias medidas administrativas, incluyendo someterlo

a tratamiento contra la adicción.

Al concluir que el error cometido quedaba cobijado bajo

el

estatuto, destacamos que el accidente ocurrió por un acto

CC-2000-181

16

negligente de otro empleado. “Fue precisamente al llevar a

cabo un acto a instancias y por órdenes del patrono, para

beneficio de éste y como condición para la continuidad en el

empleo, que ocurrió el accidente.” Pacheco Pietri, ante, 921.

Como el patrono no incurrió en conducta intencional y el error

cometido

era

consecuencia

de

la

negligencia

de

otro

co-empleado, en una relación de empleo, sostuvimos que

existió el nexo causal entre la función inherente del trabajo

y el accidente. Id.

El caso ante nos, sin embargo, perfila una situación

distinta. La Administración de Corrección poseía el control

total y exclusivo del expediente de Bonilla, incluyendo todas

las evaluaciones que le fueron hechas durante el período

probatorio, el cual había finalizado. Surgía claramente de

su expediente que éste efectivamente había cumplido con los

requisitos inherentes a sus funciones de trabajo y que él

había terminado el período probatorio. Concluido el término

probatorio, habiendo cumplido con los requisitos exigidos

para mantenerse en el puesto y habiendo sido evaluado de

manera satisfactoria conforme al reglamento de la propia

agencia, sorpresivamente la Administración le envía una carta

al Sr. Lebrón en la cual le indica que no había aprobado el

periodo probatorio, basada dicha determinación en una alegada

evaluación distinta y contraria a la realizada. No conforme

con ello, la Administración trasladó al Sr. Lebrón a un

campamento penal en Río Grande, sin que éste lo solicitara

y sin que ello constituyera una necesidad del servicio.

CC-2000-181

17

Claramente, se desprende que la conducta de la Administración

no sólo fue altamente irregular, sino que es contraria a los

postulados de la Ley de Personal del Servicio Público y al

propio

Reglamento

de

Personal

de

la

Administración

de

Corrección (Reglamento).5

5

El Artículo 6 de la Ley de Personal del Servicio Público, 3

L.P.R.A. Sec. 1334, dispone, en lo pertinente: “(5) Los

traslados no podrán ser utilizados como medida disciplinaria

ni podrán hacerse arbitrariamente. Sólo podrán hacerse a

solicitud del empleado, o cuando responden a necesidades del

servicio según se establezca mediante reglamento y el traslado

no resulte oneroso para el empleado. Se exceptúan de esta

disposición aquellos sistemas en que se utilice el concepto de

rango.” (Énfasis suplido.)

Por otra parte, la sección 7.2 del Reglamento de Personal

de la Administración de Corrección del 28 de septiembre de 1979,

según enmendado, en lo pertinente, dispone:

1. Objetivo de los Traslados

El traslado podrá efectuarse para beneficio del empleado, a

solicitud de éste, o respondiendo a necesidades del servicio

público en situaciones tales como las siguientes:

a. Cuando exista la necesidad de recursos humanos

adicionales en una agencia para atender nuevas

funciones o programas, o para la ampliación de los

programas que ésta desarrolla.

b. Cuando se eliminen funciones o programas por efectos de

reorganización en el Gobierno o en una agencia, y cuando

en el proceso de decretar cesantías sea necesario

reubicar empleados.

c. Cuando se determine que los servicios de un empleado

pueden ser utilizados más provechosamente en otra

dependencia de la Administración de Corrección o en otra

agencia del Gobierno debido a sus conocimientos,

experiencia, destrezas o cualificaciones especiales,

especialmente en casos donde éste ha adquirido más

conocimientos y desarrollado mayores habilidades como

consecuencia de adiestramiento.

d. Cuando sea necesario rotar el personal de la

Administración de Corrección para que se adiestre en

otras áreas.

3. Normas para los Traslados

Las siguientes normas regirán los traslados:

a. En ningún caso se utilizará los traslados como medida

disciplinaria ni podrá hacerse arbitrariamente.

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18

Los hechos relatados, no configuran un mero error, en

cumplimiento de un requisito de trabajo o que proviene de un

acto del empleo o que se realizó a beneficio o requerimiento

del patrono. El Sr. Lebrón Bonilla cumplió cabalmente con los

requisitos y las funciones inherentes de su empleo al cumplir

con el periodo probatorio y terminar el mismo.6 Finalizado

dicho

período

probatorio,

y

habiendo

él

continuando

ejerciendo su trabajo, éste no sólo gozaba de un interés

propietario en su puesto sino que las circunstancias crearon

una expectativa de continuidad en el mismo.7 Cualquier acto

b. La Administración de Corrección será responsable de

establecer

procedimientos

que

aseguren

la

imparcialidad en los traslados que se proponga efectuar

respondiendo a necesidades de servicio, con atención

especial a aspectos tales los que siguen, a los efectos

de evitar que la acción del traslado le produzca al

empleado problemas económicos sustanciales sin que le

provea la compensación adecuada:

1. naturaleza de las funciones del puesto al cual vaya

a ser trasladado el empleado.

2. conocimientos, habilidades especiales, destrezas

y experiencia que se requieren para el desempeño

de las funciones.

3. normas de reclutamiento en vigor para la clase de

puestos al cual vaya a ser trasladado el empleado;

4. retribución que esté percibiendo el empleado a ser

trasladado; y

5. otros beneficios marginales e incentivos que esté

disfrutando el empleado a ser trasladado. (Énfasis

suplido.)

6

La sección 6.8 del Reglamento, ante, en lo pertinente,

dispone:

2. El período de trabajo probatorio abarcará un ciclo

completo de las funciones del puesto. La duración de dicho

período se establecerá sobre esta base y no será menor de

tres (3) meses ni mayor de un (1) año. El período probatorio

no será prorrogable.(Énfasis suplido.)

7

3.

“En Puerto Rico un empleado público tiene un reconocido

interés en la retención de su empleo si dicho interés está

protegido por ley (empleado de carrera) o cuando las

CC-2000-181

19

posterior que altere los derechos adquiridos, remontándose

al período probatorio ya vencido, es ilegal por ser contrario

al Reglamento de Personal de la misma Administración y la Ley

de Personal de Servicio Público.

La conducta de la Administración, al arbitraria y

repentinamente degradar, trasladar y reducir el sueldo del

Sr. Lebrón, no es una función inherente del empleo como

tampoco proviene de un acto del empleado. Por lo tanto, los

hechos del caso ante nos excluyen la relación causal necesaria

entre la lesión y el desempeño de las funciones inherentes

del puesto del Sr. Lebrón Bonilla, no constituyendo los daños

sufridos por éste, como consecuencia de la actuación ilegal

de

la

Administración

de

Corrección,

un

“accidente

del

trabajo” cubierto por la inmunidad patronal.

III

En mérito de lo anterior, la inmunidad patronal que

establece la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo

no cubre la irregularidad ocurrida en el caso del Sr. Lebrón

Bonilla,

a

raíz

de

las

actuaciones

ilegales

de

la

Administración. Avalar dichas actuaciones y ampararlas bajo

el palio de la inmunidad patronal vulnera los derechos de la

fuerza laboral, privándola de una reclamación genuina por los

daños y perjuicios sufridos por actuaciones arbitrarias e

ilegales del patrono.

circunstancias crean una expectativa de continuidad.” Orta v.

Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992). Véase además, Díaz

Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144, 148 (1993).

CC-2000-181

20

Es evidente que el Sr. Lebrón Bonilla sufrió una

depresión a causa de la situación laboral en la que se vio

sumergido, la cual suscitó constantes humillaciones de parte

de sus compañeros y le creó un ambiente de trabajo hostil y

ofensivo. Aunque ciertamente los daños se produjeron en el

contexto

de

una

relación

laboral,

dicha

situación

es

totalmente ajena al desempeño normal de las funciones del

puesto, por lo que no encaja dentro de los requisitos causales

para

configurar

una

lesión

comprendida

en

la

Ley

de

Compensaciones.

Como señalamos en Cátala Méndez, ante, “una condición

emocional

que

consecuencia

surja

de

o

se

recibir

agrave

exclusivamente

citaciones,

como

notificaciones

de

decisiones administrativas, o por otras gestiones propias de

este tipo de procedimientos... no constituye una lesión

compensable bajo dicho estatuto”.

Incidió el foro apelativo al entender que dichos hechos

constituyen

un

“accidente

de

trabajo”

bajo

la

Ley

de

Compensaciones, razón por la cual es errónea su determinación

de que el Sr. Lebrón Bonilla carecía de una causa de acción.

Los daños sufridos por éste, producto de las actuaciones

arbitrarias,

irrazonables

y

caprichosas

de

la

Administración, son compensables en el ámbito de los daños

y perjuicios y no se encuentran protegidos por la inmunidad

patronal de dicha Ley. Resolver de otra manera socava los

derechos de los obreros perjudicados a recibir compensación

CC-2000-181

21

por actos ilegales del patrono que no están bajo el alcance

de la Ley de Compensación y su respectiva inmunidad patronal.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

procede

la

revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, devolviéndose el caso a dicho foro judicial

para que proceda a dilucidar, en sus méritos, el señalamiento

de error planteado por el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, esto es, que el tribunal de instancia erró en “la

apreciación y valoración de los daños reclamados.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

David Lebrón Bonilla

Demandante-apelado

recurrente

vs.

CC-2000-181

CERTIORARI

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Administración

de Corrección

Demandados-apelantes

recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

en el presente caso por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, devolviéndose el mismo a dicho foro judicial

para que proceda a resolver, en sus méritos, el

planteamiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

a los efectos de que el Tribunal de Primera Instancia erró

en “la apreciación y valoración de los daños reclamados”.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García, la Juez Asociada señora Naveira de Rodón

y el Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervinieron.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo