LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MIGUEL A. GUZMÁN ACEVEDO V.JAVIER DE JESÚS RIVERA UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

2001 TSPR 135

Poder Judicial de Puerto Rico

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MIGUEL A. GUZMÁN ACEVEDO V.JAVIER DE JESÚS RIVERA UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

CP-2000-390

CC-2000-390

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel A. Guzmán Acevedo y otros

Recurridos

v.

Certiorari

Javier De Jesús Rivera;

Universal Insurance Company

Peticionario el último

2001 TSPR 135

155 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-390

Fecha: 16/octubre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Juez Ponente:

Hon. Zaida Hernández Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ricardo P. de La Villa

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Angel Marrero Figarella

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

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oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-2000-390

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel A. Guzmán Acevedo y Otros

Recurridos

v.

CC-2000-390

Certiorari

Javier De Jesús Rivera;

Universal Insurance Company

Peticionario el último

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2001.

El Sr. Miguel A. Guzmán Acevedo (en lo sucesivo “el demandante”)

es empleado del Municipio de Bayamón (en lo sucesivo “el Municipio”).

El 13 de septiembre de 1996, se cayó de la parte posterior de una

camioneta de cajón abierto marca Chevrolet del año 1989, propiedad

del Municipio. Ello, mientras ejercía sus labores de recogido de

basura. Al momento del accidente, el Sr. Javier De Jesús Rivera,

también empleado del Municipio, conducía la camioneta. Alegadamente,

el demandante sufrió daños físicos tales como fractura en la clavícula

izquierda,

traumas

en

la

mano

derecha,

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3

nervios pinchados y fuertes dolores de espalda, entre otros, razón por la cual

acudió al Fondo del Seguro del Estado (en lo sucesivo “el Fondo”) en donde recibió

el tratamiento correspondiente.

Surge del expediente que el Fondo no se subrogó en los derechos del empleado

[demandante] para reclamarle al tercero responsable, en virtud del artículo 31

de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32. Ante

este hecho, el demandante, su esposa la Sra. Carmen M. Torres Hernández y la

Sociedad Legal de Gananciales por ambos constituida incoaron pleito en daños y

perjuicios contra el Sr. De Jesús –el “tercero” responsable de sus lesiones- y

contra Universal Insurance Corp. (en lo sucesivo “Universal”), la aseguradora del

Municipio.

Universal contestó la demanda y solicitó que se dictara sentencia sumaria

a su favor, en virtud de la inmunidad patronal que concede el artículo 20 de la

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec.

21. Posteriormente, el Sr. De Jesús compareció adoptando por referencia y en su

totalidad la contestación a la demanda presentada por Universal.1

Tras varios trámites procesales, el 8 de abril de 1999, el Tribunal de

Primera Instancia desestimó la demanda con respecto a Universal. Concluyó que la

póliza en cuestión excluye expresamente los accidentes como el de autos en su

sección II(B) (3), (4) y (5), por lo que la reclamación del Sr. De Jesús no estaba

cubierta. Dicha sección establece lo siguiente:

SECTION II – LIABILITY COVERAGE

A. ....

B. EXCLUSIONS

This insurance does not apply to any of the following:

1. ....

2. ....

3. WORKERS COMPENSATION

Any obligation for which the “insured” or the “insured’s”

insurer may be held liable under any workers compensation,

disability benefits or unemployment compensation law or any

similar law.

4. EMPLOYEE INDEMNIFICATION AND EMPLOYER’S LIABILITY

“Bodily injury” to:

1

Cabe señalar que, para esta fecha, el Lic. Ricardo J. Cacho

Rodríguez era el representante legal del Sr. De Jesús y de Universal.

Luego, a solicitud de Universal, renunció a la representación legal

de ambos, a lo cual el Tribunal accedió.

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4

a. An employee of the “insured” arising out of and in the

course of employment by the “insured;” or

b. The spouse, child, parent, brother or sister of that

employee as a consequence of paragraph a. above.

This exclusion applies:

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5

(1)

Whether the “insured” may be liable as an

employer or in any other capacity; and

To any obligation to share damages with or repay

someone else who must pay damages because of the

injury.

(2)

But this exclusion does not apply to “bodily injury”

to domestic employees not entitled to workers

compensation benefits or to liability assumed by the

“insured” under an “insured contract.”

5. FELLOW EMPLOYEE

“Bodily injury” to any fellow employee of the “insured” arising

out of and in the course of the fellow employee’s employment.

Posteriormente, el tribunal de instancia emitió sentencia decretando el

archivo del caso por desistimiento del demandante, por falta de diligenciamiento

del emplazamiento al co-demandado Sr. De Jesús. Por último, mediante orden de 30

de julio de 1999, le impuso al Lic. Valéry López Torres, abogado del demandante,

cincuenta dólares ($50.00) como sanción por alegada violación a los Cánones de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Inconforme, el demandante presentó escrito de apelación ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones. Mediante sentencia de 29 de marzo de 2000, el foro

apelativo revocó el dictamen del tribunal de instancia. Concluyó, que el Sr. De

Jesús es un asegurado adicional bajo el omnibus clause o cláusula colectiva que

aparece en la sección II(A) (1) de la póliza en cuestión, la cual lee como sigue:

A. COVERAGE

....

1. WHO IS AN INSURED

The following are “insureds:”

a. You for any covered “auto.”

b. Anyone else while using with your permission a covered

“auto” you own, hire or borrow except:

(1) The owner or anyone else from whom you hire or

borrow a covered “auto.” This exception does not

apply if the covered “auto” is a “trailer”

connected to a covered “auto” you own.

(2) Your employee if the covered “auto” is owned by that

employee or a member of his or her household.

(3) Someone using a covered “auto” while he or she is

working in a business of selling, servicing,

repairing or parking “autos” unless that business

is yours.

(4) Anyone other than your employees, partners, a

lessee or borrower or any of their employees,

while moving property to or from a covered “auto”.

(5) A partner of yours for a covered “auto” owned by

him or her or a member of his or her household.

c.

Anyone else who is not otherwise excluded

underparagraph b. above and is liable for the conduct

of an “insured” but only to the extent of that

liability.

Entendió, además, que “[n]o siendo De Jesús el patrono de Guzmán [el

demandante], la aseguradora le debe representación legal a su asegurado adicional

(De Jesús) y protección de responsabilidad pública hasta los límites de la

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6

póliza.” 2 Resolvió que no procedía desestimar la acción

por

falta de

diligenciamiento del emplazamiento, por cuanto el Sr. De Jesús se sometió

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Finalmente, dejó sin efecto la

sanción contra el Lic. Valéry López Torres por entender que “no está claro porqué

se le impuso.”3

Por no estar de acuerdo con el dictamen del tribunal apelativo, Universal

compareció ante nos mediante petición de certiorari. Señaló como errores los

siguientes:

“1. [e]rró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al hacer caso omiso al planteamiento del aquí

compareciente de que la realidad jurídica en este caso es que

el demandante es un obrero cubierto por la Ley del Fondo del

Seguro del Estado, el cual recibió compensación por este

[sic] y no tiene causa de acción contra su patrono ni la

compañía de seguros del mismo.

2. Erró en adición el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, al aplicar la cláusula de asegurado adicional

de la póliza del vehículo del Municipio e interpretar bajo

ese análisis que el co-empleado que provocó el daño es un

tercero para efectos de dicha cláusula y tratar a la Universal

Insurance Company, aseguradora del Municipio, como si fuera

la aseguradora del empleado clasificado como tercero para

extender cubierta al accidente de marras.”

Mediante resolución de 9 de junio de 2000, expedimos auto de certiorari.

A petición de Universal, acogimos dicho recurso como su alegato. Posteriormente,

el demandante-recurrido presentó su alegato, por lo cual procedemos a resolver.

2

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice,

p. 10.

3

Íd., p. 11.

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7

I

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos ambos errores

en conjunto.

El artículo 20 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, supra, establece lo siguiente con respecto a la inmunidad patronal:

“[c]uando el patrono asegure sus obreros y empleados

de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí

establecido para obtener compensación será el único remedio

en contra del patrono, aun en aquellos casos en que se haya

otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios de

acuerdo con el mismo....”

Sobre el particular, este Tribunal ha resuelto que “[b]ajo el estado actual

del derecho vigente no existe duda de que la exclusividad de remedio establecida

en el Art. 20, supra, es una de carácter absoluto que crea una inmunidad legal

en favor de un patrono asegurado contra el ejercicio de cualquier otra acción;

en otras palabras, no existe causa de acción alguna.” (Citas omitidas.) Admor.

F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789, 792 (1978). Véase, además,

Torres Solís v. A.E.E., 136 D.P.R. 302, 308 (1994).

Así, también, en Martínez Rodríguez v. Bristol Myers Barceloneta, Inc., res.

el 26 de enero de 1999, 99 T.S.P.R. 6, 99 J.T.S. 5, p. 482, señalamos que el patrono

asegurado goza de inmunidad frente a acciones civiles de daños y perjuicios que

los empleados lesionados presenten en su contra, irrespectivamente de si el

patrono fue o no negligente.4

Allí mismo, citando a Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 867 (1977),

expresamos que, bajo ningún concepto, un patrono se considerará un tercero

causante del daño, precisamente, porque la ley lo dispensa de la obligación de

asegurar y por ser éste una parte regulada por el esquema de seguro exclusivo

compulsorio.5

Cuando la lesión, enfermedad o muerte del obrero es producto de los actos

de un tercero, la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,

supra, no exime de responsabilidad civil al causante del daño, quien es ajeno a

la relación patrono-obrero.

El artículo 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, supra, le concede al empleado el derecho a reclamarle al tercero

4

Sin embargo, hemos reconocido que, como excepción a la

doctrina de inmunidad patronal, el patrono responde cuando el daño

se produce por actos intencionales del patrono. Laureano Pérez v.

Soto, 141 D.P.R. 77 (1996).

5

No obstante lo anterior, hemos resuelto que el patrono puede

convertirse en un tercero, en los casos en que éste posea una "segunda

personalidad" totalmente independiente a su capacidad como patrono.

Laureano Pérez v. Soto, supra.

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8

responsable los daños y perjuicios producto de la lesión, enfermedad profesional

o muerte. A esos efectos dispone:

“[e]n los casos en que la lesión, enfermedad

profesional o la muerte que dan derecho de compensación al

obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este

Capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que

hicieren responsables a [un] tercero de tal lesión,

enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus

beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios

del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte

dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la

resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro

del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del

obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma

acción en la forma siguiente:

Cuando...el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con

los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar

en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el

Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará

en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios,

y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en

nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios....

Si el Administrador dejare de entablar demanda contra

la tercera persona responsable, según se ha expresado en el

párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios

quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en

su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo

del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.”

Es decir, el Administrador del Fondo -en subrogación de los derechos del

obrero- o, en su defecto, el obrero lesionado pueden reclamarle judicialmente al

tercero causante del daño. Veamos, pues, quiénes son los terceros a los que se

refiere el artículo 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, supra.

En ausencia de expresión legislativa, en López Rodríguez v. Delama, 102

D.P.R. 254, 258 (1974), definimos tercero como “toda persona aparte del empleado

lesionado y su patrono asegurado”.6

En López Rodríguez v. Delama, supra, el demandado (Sr. Delama), a solicitud

de su patrono, transportaba todas las noches a la demandante (una camarera) a su

hogar en su vehículo personal. Una de esas noches, el Sr. Delama perdió el control

del volante mientras conducía a exceso de velocidad. Como resultado, impactó a

otros vehículos, ocasionándole daños a la demandante. Ésta demandó al Sr. Delama

y a su compañía aseguradora en daños y perjuicios.

Allí, resolvimos que la inmunidad patronal no se extiende a los directores,

oficiales, accionistas, administradores o coempleados del patrono asegurado ni

a sus compañías aseguradoras, si éstos incurrieron en negligencia. Es decir, a

tenor de la norma establecida en López Rodríguez v. Delama, supra, un empleado

lesionado tiene una causa de acción en daños y perjuicios contra un coempleado,

6

Véase, además, Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, pp. 866-867; Martínez

Rodríguez v. Bristol Myers Barceloneta, Inc., supra, p. 486.

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como resultado de los actos negligentes y torticeros que este último cometió en

su carácter personal.

Sobre el particular, en Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132

D.P.R. 115 (1992), aclaramos que lo resuelto en López Rodríguez v. Delama, supra,

no aplica cuando la alegada negligencia del coempleado surge en el desempeño de

los deberes generales de su cargo. A esos efectos, expresamos:

“[c]laramente, en López Rodríguez v. Delama, ante, no

había ninguna justificación para extender la inmunidad

patronal al coempleado, ya que sus actos negligentes no

estaban

relacionados

con

sus

funciones

o

deberes

corporativos. Su deber de cuidado, y responsabilidad, surgía

del deber general impuesto en el Art. 1802, ante. Por tal

razón, entendemos que la norma implantada en López Rodríguez

v. Delama, ante, se circunscribe a aquellos casos en que el

deber de cuidado quebrantado por el coempleado constituye un

incumplimiento personal de una obligación proveniente del

Art. 1802 del Código Civil, ante.” Rivera et al. v. Superior

Pkg., Inc. et al., supra, p. 139. (Bastardillas en el

original.)

Además, expresamos que el propósito de la Ley del Sistema de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo, supra, no fue transferir de un empleado a otro la

responsabilidad por un accidente del trabajo. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc.

et al., supra, p. 143. Resolver lo contrario implicaría imponerle a un coempleado

la obligación de responder por la violación de un deber compensado mediante las

primas al Fondo.

En vista de lo anterior, forzoso es concluir que el Tribunal de Circuito

de Apelaciones incidió al aplicar lo resuelto en López Rodríguez v. Delama, supra,

a la presente situación. Dicho caso es claramente distinguible por cuanto el

vehículo accidentado pertenecía al coempleado, no al patrono; la aseguradora

demandada era la del coempleado en su carácter personal, no la del patrono; la

responsabilidad del coempleado para con la demandante surgió al amparo del

artículo 1802, supra, no en el descargo de los deberes de su puesto.

En Admor v. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., supra, al igual que en

el presente caso, la póliza excluyó de cubierta los accidentes compensables bajo

la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. En dicho

caso, la controversia era si el causante del daño puede traer como tercera

demandada a la aseguradora de un patrono cubierto para que indemnice al obrero

lesionado o si, por el contrario, la aseguradora puede levantar como defensa la

inmunidad patronal consagrada en el artículo 20 de la referida ley. Allí resolvimos

que, ante la inexistencia de una causa de acción contra el patrono asegurado, la

aseguradora de éste tampoco puede responder.

Bajo el estado de derecho actual, el demandante en el presente caso está

impedido de demandar en daños y perjuicios al Municipio, directa o indirectamente,

e independientemente de que el Sr. De Jesús –conductor del vehículo municipal-

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hubiese incurrido en negligencia en ocasión del accidente. El Municipio es un

patrono asegurado que goza de inmunidad patronal, en virtud de la Ley del Sistema

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Conforme a la normativa antes

enunciada, no existe causa de acción alguna contra el Municipio. En cuyo caso,

tampoco existe contra Universal, por cuanto ésta no va a responder por lo que en

derecho es inexistente. Véase, Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods, supra,

p. 794.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones también incidió al fundarse en lo

resuelto en Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964), para concluir que la

cláusula de asegurado adicional (Sec. II(A) (1) de la póliza en cuestión) convirtió

al Sr. De Jesús en un asegurado adicional de Universal.

Dicho

caso

es

claramente

distinguible

a

los

hechos

ante

nuestra

consideración. Allí, el Sr. Pérez Escolar y el Sr. Collado –ambos empleados de

la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico- acudieron a una reunión oficial

en el Barrio Monacillos de Río Piedras en el automóvil del primero. Terminada la

reunión y de regreso a sus hogares en Ponce tuvieron un accidente. Surge de los

hechos que en dirección a Ponce se detuvieron para cenar y tomar algunas cervezas.

El Sr. Collado conducía el vehículo al momento del accidente. Como secuela de este

incidente, se destrozó el automóvil y ambos sufrieron lesiones corporales de

gravedad.

El Sr. Pérez Escolar –dueño del vehículo- demandó al Sr. Collado y a la

aseguradora del vehículo, en virtud de la cláusula de asegurado adicional.

Resolvimos a favor del demandante bajo el principio de que toda persona que

ocasione un daño está obligada a responder por el mismo. Concluimos, además, que

no aplica la inmunidad que establece la Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo, supra, porque allí el asegurado principal era el Sr. Pérez

Escolar, no el patrono. Sobre el particular expresamos que “la [cláusula de]

exclusión en cuanto a [un] co-empleado del mismo patrono[,] por estar el riesgo

cubierto por el seguro obrero, no opera en una situación como ésta, en la cual,

el asegurado es un co-empleado y no el propio patrono.” Pérez Escolar v. Collado,

supra, p. 810.

El foro apelativo erró al aplicar la cláusula de asegurado adicional y al

concluir que Universal es solidariamente responsable al demandante por los

alegados daños causados por el Sr. De Jesús. El Sr. De Jesús no es un asegurado

adicional cubierto bajo la póliza en cuestión. Como señaláramos anteriormente,

estamos ante un accidente del trabajo. En virtud de la Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, tanto el Municipio como

Universal gozan de inmunidad frente a este tipo de reclamaciones.

CC-2000-390

11

En vista de lo anterior, y expedido previamente el auto de certiorari,

revocamos la parte de la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones que

determina que el demandante tiene una causa de acción

contra Universal.

Dictaminamos, además, que la póliza de seguro emitida por Universal no cubre al

codemandado Sr. De Jesús. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de los procedimientos en armonía con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado

CC-2000-390

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel A. Guzmán Acevedo y Otros

Recurridos

v.

CC-2000-390

Certiorari

Javier De Jesús Rivera;

Universal Insurance Company

Peticionario el último

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la parte de la

sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones que determina que

el demandante tiene una causa de acción contra Universal.

Dictaminamos, además, que la póliza de seguro emitida por Universal

no cubre al codemandado Sr. De Jesús. Se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos en

armonía con lo aquí dispuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre

con el resultado con opinión escrita. El Juez Asociado señor Hernández

Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2000-390

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel A. Guzmán Acevedo

Y Otros

Recurridos

v.

CC-2000-390

Certiorari

Javier De Jesús Rivera,

Universal Insurance Company

Peticionario el último

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2001.

Concurro con el resultado al que llega la mayoría del Tribunal en el caso

de autos.

Conforme a los hechos de este caso, se trata realmente de una

situación bastante ordinaria cobijada por la norma de inmunidad patronal,

que no amerita emitir una opinión del Tribunal para “pautar” lo que está

trillado en derecho.

En esencia, aquí tenemos un empleado de un patrono asegurado que en horas

laborables y en el curso de su empleo sufrió un accidente del trabajo.

Por

razón de ello, luego recibió tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado.

No cabe duda alguna que en el caso de autos, el empleado estaba realizando

precisamente

las

labores

para

las

cuales

había

sido

contratado por su patrono cuando ocurrió el accidente. Es evidente que por ello el Fondo

del Seguro del Estado optó por no subrogarse en los derechos que tiene un empleado para

demandar cuando hay un tercero responsable de sus daños, al amparo del Art. 31 de la Ley

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec.

32, (en adelante la Ley).

A la luz de estos hechos, claramente aplicaba aquí la exclusión de la póliza de seguro

de automóvil que tenía el patrono, que expresamente disponía que dicha póliza no cubre

lesiones que surgen de accidentes del trabajo como el de autos, y que están comprendidos

dentro del sistema que administra el Fondo del Seguro del Estado.

Es decir, a la luz de

los hechos particulares de este caso, referidos en el párrafo anterior, es incuestionable

que el remedio exclusivo a favor del empleado es el establecido en el Art. 20 de la Ley;

11 L.P.R.A. sec. 21. Torres Solis v. A.E.E., 136 D.P.R. 302 (1994); F.S.E. v. Flores Hnos.,

107 D.P.R. 789 (1978).

Es por los hechos particulares referidos antes que tampoco aplica aquí la normativa

establecida en López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254 (1974) y su secuela.

Distinto

hubiese sido si el accidente en cuestión hubiese ocurrido fuera del curso ordinario de

trabajo del empleado lesionado, en cuyo caso la negligencia del co-empleado sí hubiese

creado una causa de acción a favor del lesionado, con arreglo a López Rodríguez v. Delama,

Id.

En resumen, pues, como los hechos particulares del caso de autos configuran claramente

la situación ordinaria y común de la inmunidad patronal, no me parece necesario intentar

pautar aclaraciones y distinciones entre este caso y los que válidamente pueden surgir al

amparo de la normativa de López Rodríguez v. Delama, supra, como lo hace la mayoría del

Tribunal en su opinión aquí. Tales distinciones, sobre todo si no reflejan precisamente

lo que resolvimos en López Rodríguez v. Delama, supra, y sus medulares fundamentos, pueden

dar lugar a complicar innecesariamente el asunto y así provocar pleitos innecesarios en

el futuro. Es por ello que sólo concurro en el resultado al que llega la mayoría del Tribunal

en el caso de autos.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado