LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MADELINE PEREZ FERNANDEZ V. MUN. DE GUAYNABO, HECTOR O’NEILL Y OTRO

2001 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

MADELINE PEREZ FERNANDEZ V. MUN. DE GUAYNABO, HECTOR O’NEILL Y OTRO

CC-2001-0217

CC-2001-217

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Pérez Fernández

Peticionaria

Certiorari

v.

2001 TSPR 125

Municipio de Guaynabo, Héctor O'Neill

y Antonio O'Neill , respectivamente

Alcalde y Director de Personal del

Municipio, en su carácter oficial y

personal

Recurridos

154 DPR ____

Número del Caso: CC-2001-217

Fecha: 5/septiembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Juez Ponente:

Hon. Zaida Hernández Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Amauri Suárez Zayas

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Graciela J. Belaval

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lizette Mejías Avilés

Procuradora General Auxiliar

Materia: Interdicto

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-2001-217

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Pérez Fernández

Peticionaria

v.

Municipio de Guaynabo,

Héctor O'Neill y Antonio

O'Neill, respectivamente

Alcalde y Director de

Personal del Municipio, en

su carácter oficial y

personal

CC-2001-217

Certiorari

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2001.

El presente recurso nos plantea la interrogante

de si es responsable un municipio por el pago de

honorarios de abogado, cuando el Tribunal de Primera

Instancia concluye que la no renovación de un

contrato de empleo temporero a una empleada del mismo

responde a su estado de embarazo, y es producto de

discriminación por razón de género.

I

La señora Madeline Pérez Fernández trabajó,

desde el 16 de mayo de 1994 hasta el 31 de diciembre

de 1996, como empleada transitoria del Municipio de

Guaynabo, en adelante el Municipio, en el puesto de

Auxiliar de Oficina del Departamento

CC-2001-217

3

de Radiografía del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, en adelante CDT.

Ese último día, se terminaron los contratos de empleos temporeros de 522

empleados transitorios del Municipio.

Cuando se les entregó las cartas

de cesantía, se les informó que pasaran por la Oficina de Personal en el

mes de enero de 1997.

A raíz de ello, la señora Pérez Fernández visitó

dicha oficina, en donde fue entrevistada por el Director de Recursos

Humanos, señor Antonio O'Neill, quien le solicitó que regresara con varios

documentos para poder tramitar una solicitud de empleo.

El 18 de febrero de 1997, la señora Pérez Fernández volvió a visitar

la Oficina de Personal con los documentos requeridos, teniendo ya siete

(7) meses de embarazo.

En dicha entrevista, el señor Antonio O’Neill le

informó que los contratos de empleados temporeros del CDT no iban a ser

renovados por el Municipio.

Además, le informó que no podía emplearla,

porque su condición de embarazo conllevaría que no podría trabajar por

dos (2) meses debido a la licencia por maternidad.

Es menester señalar, que el mismo día de esta entrevista se le

extendió

un

nombramiento

transitorio

a

otra

persona

en

la

misma

clasificación correspondiente al puesto que ocupaba la señora Pérez

Fernández, y se hizo otro posteriormente al mismo CDT que ella trabajaba.1

Así las cosas, en abril de 1997, la señora Pérez Fernández instó una

querella al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,2 en contra

del señor Antonio O’Neill, en su carácter oficial y personal, y del

Municipio.

Alegó que el señor Antonio O’Neill no la contrató por su estado

de embarazo, ya que éste le manifestó que no le convenía al Municipio

emplear una persona que estaría dos (2) meses fuera del trabajo por

maternidad.

Arguyó que tal proceder es contrario a la Ley Núm. 69 del

6 de julio de 1985.3

Además, la señora Pérez Fernández solicitó que se

1

Dichos nombramientos fueron renovados hasta que el CDT pasó a manos privadas

el 30 de octubre de 1997. Por otra parte, el Municipio extendió unos 96

nombramientos transitorios en enero, unos 246 en febrero, unos 169 entre

marzo y mayo, y unos 56 durante los meses de junio y julio, para un total

de 562 durante los primeros siete meses del año.

2

32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.

3

29 L.P.R.A. secs. 1321-1341.

CC-2001-217

4

le ordenara al Municipio extenderle un nombramiento regular de carrera,

como empleada de éste, retroactivo al mes de febrero de 1997, con el pago

de todos los salarios y beneficios marginales dejados de devengar hasta

entonces.

Solicitó, además, que se condenara a la parte demandada al pago

de una suma no menor de setenta y cinco mil dólares ($75,000) por los daños

y perjuicios sufridos a causa del discrimen, más las costas y honorarios

de abogado.

Luego de varios incidentes procesales, incluyendo la determinación

de que el caso se iba a tramitar por la vía ordinaria, se celebró la vista

en su fondo.

Sometido el caso, el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia declarando con lugar la causa de acción y estimó los daños

sufridos en la suma de veinte mil dólares ($20,000).

En vista de ello,

condenó al Municipio y al señor Antonio O’Neill, en su carácter personal

y oficial, a pagarle solidariamente a la señora Pérez Fernández el doble

de los daños estimados por el Tribunal, más la cantidad de diez mil dólares

($10,000) en concepto de honorarios de abogado.4

El Municipio presentó una moción solicitando determinaciones de

hechos adicionales y una moción en oposición a la imposición de honorarios

de abogado.

Adujo que a los municipios no se les puede imponer honorarios

de abogado por temeridad.

La señora Pérez Fernández se opuso, alegando

que los honorarios impuestos no fueron basados en conducta temeraria, sino

a la luz de lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley Núm. 69, supra.5

En

vista de ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió la siguiente orden:

"entendiéndose impuestos los honorarios al Sr. Héctor O'Neill en su

carácter personal".

El Municipio presentó una moción de reconsideración

exponiendo que la causa de acción contra el alcalde, señor Héctor O'Neill,

había sido desestimada.

4

Por ende, dicho Tribunal emitió otra resolución

Es menester señalar, que la causa de acción presentada por la señora Pérez

Fernández también era en contra del Alcalde del Municipio, Héctor O’Neill,

en su carácter oficial y personal. No obstante, el Tribunal de Primera

Instancia, mediante la sentencia dictada, desestimó la causa de acción

contra el Alcalde en su carácter personal.

5

29 L.P.R.A. sec. 1338.

CC-2001-217

5

aclarando que la imposición de los honorarios de abogado era contra el

señor Antonio O’Neill, en su carácter personal.

La señora Pérez Fernández

presentó una moción de reconsideración en cuanto a este último dictamen,

la cual fue denegada.

Inconformes, tanto la señora Pérez Fernández como el Municipio

acudieron, mediante recursos separados, ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

La señora Pérez Fernández cuestionó la determinación de no

encontrar responsable al alcalde, señor Héctor O’Neill, además de no

imponerle honorarios de abogado al Municipio.

El Municipio alegó en su

recurso, que la prueba vertida durante el juicio en su fondo no sostenía

las determinaciones realizadas por el foro de primera instancia.

El

Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el

Tribunal de Primera Instancia.

Resolvió que la determinación de dicho

Tribunal estaba sostenida por la totalidad de la evidencia que tuvo ante

sí.

En cuanto al error señalado por la señora Pérez Fernández sobre la

imposición de honorarios de abogado al señor Antonio O’Neill, concluyó

que es una correcta en derecho.

Expresó que no entraría a discutir el

asunto sobre si el Municipio debía responder por la suma de honorarios

de abogado impuesta, ya que independientemente de a quién el Tribunal de

Primera Instancia le impuso los mismos, la señora Pérez Fernández obtuvo

el remedio solicitado.

Inconforme con lo determinado por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, la señora Pérez Fernández acude oportunamente ante esta Curia

señalando como error cometido por dicho Tribunal lo siguiente:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones, al igual que

el Tribunal de Primera Instancia, al concluir que procedía eximir

al Municipio de Guaynabo del pago de los honorarios de abogado

impuestos en la sentencia dictada por el foro de instancia y al

no resolver que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 69 de

1985 (29 L.P.R.A. §§ 1321-1341) y de conformidad con lo

establecido en la Ley Núm. 402 del 12 de mayo de 1950 (32 L.P.R.A.

§§ 3114-3117), éste es responsable y responde solidariamente de

la totalidad de la sentencia dictada, incluyendo el pago de la

suma de $10,000.00 concedida por concepto de honorarios de

abogado.

CC-2001-217

6

El 20 de abril de 2001 emitimos una Resolución concediéndole a la

parte recurrida un término de veinte (20) días para mostrar causa por la

cual no debía expedirse el auto de certiorari solicitado y revocarse la

sentencia recurrida.

El 16 de mayo de 2001 la parte recurrida presentó su alegato en

oposición a la petición de certiorari.

Arguye, que si bien la reclamación

de autos de la aquí peticionaria fue incoada bajo la Ley Núm. 69 de 6 de

julio de 1985, supra, y la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada,

supra,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

convirtió

el

procedimiento en uno ordinario y el remedio concedido fue en concepto de

daños y perjuicios y no en resarcimiento de salarios u otros beneficios

dejados de percibir.

II

La Ley Núm. 69, supra, declara el discrimen por razón de sexo una

práctica ilegal de empleo.

Mediante la misma, a diferencia de la Ley Núm.

100 de 30 de junio de 1959, 6 las entidades gubernamentales pueden ser

responsables por actuar contrario a lo dispuesto por el referido estatuto,

por estar incluidas dentro de su definición de "persona" y de "patrono".7

6

29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.

7

Rivera Briceño v. Rodríguez, 129 D.P.R. 669 (1991). El Art. 2 de la Ley

Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A. sec. 1322 (1) y (2) dispone lo

siguiente:

Los siguientes términos, para propósitos de este Capítulo

y salvo cuando resultaren manifiestamente incompatibles con los

fines de éste, significarán:

(1) "Persona"-el término "persona" incluye a persona natural

o jurídica; a uno o más individuos, sociedades, asociaciones,

corporaciones,

representantes

legales,

fideicomisarios,

síndicos, gobiernos, agencias del Gobierno, subdivisiones

políticas, uniones obreras, organizaciones no incorporadas.

(2) "Patrono"-incluye a toda persona natural o jurídica que

emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario,

agente, oficial, gestor administrador, superintendente, capataz,

mayordomo o representante de dicha persona natural o jurídica.

CC-2001-217

7

El Artículo 3 (1) de la Ley Núm. 69, supra,8 dispone lo siguiente:

Será práctica ilegal de empleo el que un patrono:

(1) Cuando por razón de su sexo, suspenda, rehúse emplear

o despida cualquier persona, o que de cualquier otra forma

discrimine contra una persona, con respecto a su compensación,

términos o condiciones de empleo;

El Artículo 12 de la Ley Núm. 69, supra,9 dispone lo siguiente:

Cualquier pregunta realizada antes de emplear a una persona

en relación con un empleo futuro que directa o indirectamente

exprese cualquier limitación, especificación o discrimen en

cuanto al sexo, será ilegal a menos que se haga a base de un

requisito ocupacional bona fide.

El Artículo 14 de la Ley Núm. 69, supra,10 dispone lo siguiente:

(a) Será una práctica ilegal de empleo, una política o

práctica escrita o verbal en que un patrono excluya del empleo

a solicitantes o empleados por razón de embarazo, parto o

condiciones médicas relacionadas.

(b) Las incapacidades causadas o atribuidas al embarazo,

parto o condiciones médicas relacionadas para fines relacionados

con el empleo serán tratadas igual que otras incapacidades

causadas o atribuidas a otras condiciones médicas.

No nos presenta duda alguna que una manifestación de parte del patrono

en contra de, o que cuestione la persona por razón de su sexo, constituye

una práctica ilícita prohibida por la Ley Núm. 69, supra.

De las

determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia

se desprende que la señora Pérez Fernández se personó al municipio a una

entrevista en enero de 1997, y que le comunicaron que una vez obtuviera

ciertos documentos acudiera a la Oficina de Personal para otra entrevista.

Es en esta segunda entrevista que el señor Antonio O'Neill le hace la

expresión de que no era conveniente su contratación, debido a que estaba

próximo el alumbramiento de su hijo.

práctica ilícita de empleo.

III

8

29 L.P.R.A. sec. 1323.

9

29 L.P.R.A. sec. 1332.

Dicha manifestación constituyó una

CC-2001-217

8

¿Es responsable un municipio por el pago de honorarios de abogado,

a tenor con el Artículo 18 de la Ley Núm. 69, supra,11 cuando el Tribunal

de Primera Instancia concluye que la no renovación de un contrato de empleo

temporero a una empleada responde a su estado de embarazo y es producto

de discriminación por razón de género?

Concluimos en la afirmativa.

Veamos.

El Artículo 18 de la Ley Núm. 69, supra, dispone, en lo pertinente,

lo siguiente:

En la sentencia que se dictare contra cualquier patrono u

organización obrera se le impondrán a éstos las costas y una suma

razonable que nunca será menor de trescientos (300) dólares para

honorarios de abogado, si éste no fuere uno de los abogados del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En vista de que el Artículo 2 de la Ley Núm. 69, supra, considera

patrono al gobierno, sus agencias y subdivisiones políticas, y el Artículo

18 de la Ley Núm. 69, supra, dispone sobre la obligación de los tribunales

de imponer a los patronos una suma razonable por concepto de honorarios

de abogado que nunca será menor de trescientos dólares ($300), cuando se

dicta sentencia en su contra, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia y el Tribunal de Circuito de Apelaciones erraron al no condenar

solidariamente al Municipio de Guaynabo a pagar la suma por concepto de

honorarios de abogado determinada.

Bajo las circunstancias particulares

de este caso no podríamos resolver otra cosa que no sea que el municipio,

como patrono perdidoso, tiene la obligación de pagar honorarios de

abogado.

La parte recurrida arguye que por razón de que el Tribunal de Primera

Instancia convirtió el procedimiento en uno ordinario y el remedio

concedido fue uno de daños y perjuicios y no en resarcimiento de salarios

u otros beneficios, no es procedente imponerle al Municipio de Guaynabo

el pago de honorarios de abogado.

No tiene razón.

El remedio concedido

fue el contemplado por el Artículo 21 de la Ley Núm. 69, supra.12

10

No es

29 L.P.R.A. sec. 1334.

29 L.P.R.A. sec. 1338.

12

29 L.P.R.A. sec. 1341. Dicho estatuto dispone, en parte, lo siguiente:

11

CC-2001-217

9

el procedimiento utilizado el criterio que gobierna la imposición de

honorarios de abogado a un municipio, bajo las circunstancias particulares

de este caso, sino la ley sustantiva aplicable.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir el auto de

Certiorari solicitado y revocar la sentencia recurrida, así como la

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia eximiendo del pago

de honorarios de abogado al Municipio de Guaynabo.

Se dictará sentencia de conformidad.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

Toda persona, patrono y organización obrera según se definen

en este Capítulo, que incurra en cualquiera de las prohibiciones

del mismo:

(a) Incurrirá en responsabilidad civil:

(1) Por una suma igual al doble del importe de los daños

que el acto haya causado al empleado o solicitante de empleo;

CC-2001-217

10

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Pérez Fernández

Peticionaria

v.

Municipio de Guaynabo,

Héctor O'Neill y Antonio

O'Neill, respectivamente

Alcalde y Director de

Personal del Municipio, en

su carácter oficial y

personal

Recurridos

CC-2001-217

Certiorari

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto de Certiorari

solicitado y se revoca la sentencia recurrida, así como la resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia eximiendo del pago de

honorarios de abogado al Municipio de Guaynabo.

Se le impone la

obligación al referido Municipio, en forma solidaria, del pago a la parte

demandante de autos de los honorarios de abogado determinados por el

Tribunal de Primera Instancia.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo