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Tribunal Supremo de Puerto Rico

GRACIELA ALONSO GARCIA, ETC. V. JOSE B. RAMIREZ ACOSTA Y OTROS

2001 TSPR 126

Poder Judicial de Puerto Rico

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GRACIELA ALONSO GARCIA, ETC. V. JOSE B. RAMIREZ ACOSTA Y OTROS

CC-2000-0580

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Graciela Alonso García, en representación

de su hijo menor

Juan Ángel Ramírez Alonso

Demandantes-Recurridos

v.

Certiorari

2001 TSPR 126

José B. Ramírez Acosta individualmente y

la Sociedad Legal de Gananciales que tiene

constituida con su esposa Aurora Elisa Tio

Nazario y otros

Demandados-Peticionarios

154 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-580

Fecha: 6/septiembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional IV

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos Martínez-Texidor

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Monique Guillermard-Noble

Lcdo. Andrés Guillermard-Noble

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-2000-580

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Graciela Alonso García,

en representación de su hijo

menor Juan Ángel Ramírez Alonso

*

*

*

*

Demandantes y Recurridos

*

*

v.

*

*

José B. Ramírez Acosta,

*

individualmente y la Sociedad

*

Legal de Gananciales que tiene

*

constituida con su esposa

*

Aurora Elisa Tio Nazario,

*

individualmente y la Sociedad

*

Legal de Gananciales que tiene

*

constituida con su esposo, José B. *

Ramírez Acosta, Fulano de Tal,

*

Compañía Aseguradora A, B, C;

*

Compañía Aseguradora D, E, F

*

*

Demandados y Peticionarios

*

************************************

CC-2000-580

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de 2001.

En el presente caso, se nos plantea como interrogante si la

norma que le impide a los hijos presentar acciones en daños y

perjuicios contra sus padres también cobija a los abuelos.

I

El 18 de octubre de 1986, un perro de raza mixta propiedad

del Sr. José B. Ramírez Acosta y de su esposa, la Sra. Aurora Tió

Nazario (en adelante "los peticionarios"), mordió al nieto de

ambos, Juan Ángel Ramírez Alonso. Tal incidente ocurrió en la

residencia de los peticionarios, abuelos paternos de Juan Ángel,

en Lajas, Puerto Rico. Para esa fecha, el menor tenía dos (2) años

de edad.1

1

Cabe señalar que, el matrimonio entre la Sra. Alonso García

y el Sr. José B. Ramírez Tió, padres de Juan Ángel, se disolvió nueve

años después, en 1995. Desde entonces, el menor reside con su madre

en San Juan, Puerto Rico.

CC-2000-580

3

Así las cosas, el 30 de diciembre de 1998, la Sra. Graciela

Alonso García, en representación de su hijo Juan Ángel, instó una

reclamación en daños y perjuicios contra los peticionarios y

contra las compañías aseguradoras "ABC" y "CDE",2 al amparo del

artículo 1805 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

5144. 3 En la contestación a la demanda, los peticionarios

aceptaron los hechos, sin embargo, negaron haber incurrido en

responsabilidad. Por no haber controversia de hechos, la Sra.

Alonso García presentó una moción de sentencia sumaria. Los

peticionarios se opusieron, y alegaron, entre otras cosas, que la

reclamación presentada en su contra atenta contra la unidad

familiar.

El 31 de enero de 2000, el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia sumaria en contra de los peticionarios. Concluyó que

éstos eran responsables por los daños y perjuicios que sufrió Juan

Ángel, en virtud del Artículo 1805 de nuestro Código Civil, supra.4

Los peticionarios recurrieron ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones mediante recurso de apelación. Dicho foro dictó

sentencia el 24 de mayo de 2000 confirmando al tribunal de

instancia. Concluyó que la inmunidad de los padres frente a las

acciones en daños y perjuicios de sus hijos no se extiende a la

relación abuelo-nieto. Resolvió, además, que sólo los abuelos se

servían del perro, razón por la cual éstos responden por los daños

que dicho animal le ocasionó al menor, al amparo del artículo 1805

del Código Civil de Puerto Rico, supra.

2

No surge de los autos que en efecto existiese una póliza de

seguros que cubriese el incidente objeto de este pleito.

3

Conforme al artículo 1805, supra, el poseedor de un animal

responde por los perjuicios que éste ocasione. Dicho precepto

dispone que, “[e]l poseedor de un animal, o el que se sirve de él,

es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape

o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el

daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese

sufrido.”

CC-2000-580

4

Inconformes, los peticionarios comparecen ante nos señalando

como errores los siguientes:

PRIMER ERROR:

Incidió el Honorable Tribunal del Circuito

de Apelaciones, Circuito Regional IV de

Aguadilla-Mayagüez, al aplicar el derecho a los

hechos de este caso y al no considerar que el

Artículo 1805 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA, Sección 5144, no es aplicable ya que

el perjudicado era también poseedor del animal

y se servía de éste al momento de la ocurrencia

de los hechos de este caso.

SEGUNDO ERROR:

Incidió el Honorable Tribunal del Circuito

de Apelaciones, Circuito Regional IV de

Aguadilla-Mayagüez al no hacer extensiva la

doctrina

jurisprudencial

aplicable

al

impedimento de reclamaciones de hijos contra

padres a reclamaciones de nietos contra abuelos

ya que estas acciones también atentan contra la

moral, orden público y política pública del

Estado que vela por la unidad familiar.

(Subrayado en el original.)

Mediante resolución de 15 de septiembre de 2000, expedimos

auto de certiorari. Perfeccionado el recurso, resolvemos.

II

Discutiremos el segundo señalamiento de error, por entender

que luego de ello podemos disponer del asunto sin ulterior

discusión.

Desde 1950, se estableció jurisprudencialmente en Puerto

Rico que los hijos no pueden instar acciones en daños y perjuicios

contra sus padres, cuando ello afecte la unidad familiar, la

institución

de

la

patria

potestad

y

las

relaciones

paterno-filiales. En Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950), se nos

planteó, por primera vez, si al aprobar una disposición tan general

como lo es el artículo 1802, supra, el legislador quiso reconocer

4

El tribunal de instancia dejó pendiente de resolver el aspecto

CC-2000-580

5

que un hijo menor de edad tiene una causa de acción contra su padre

por los daños que éste le ocasionó con sus actos negligentes. Allí

resolvimos que no existe tal causa de acción por cuanto ello

abriría una brecha peligrosa en la unidad familiar. Es decir, le

concedimos a los padres inmunidad en pleitos incoados por sus hijos

bajo el artículo 1802, supra. Señalamos, además, que la unidad

familiar, la patria potestad y las relaciones paterno-filiales

gozan de un alto interés público y social, tanto en beneficio del

menor como del estado.

Posteriormente, en Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430

(1955), reconocimos la primera excepción a la norma establecida

en Guerra v. Ortiz, supra. En ese caso, una hija menor, no

emancipada, instó una acción en contra de su padre por los daños

que éste le ocasionó al matar a su madre. Ello, mediante actos

delictivos, estando sus padres divorciados y la hija bajo la

custodia de su madre, sin relacionarse con su padre. En esa

ocasión, dictaminamos que en los casos en los cuales los padres

actúen de forma delictiva, no se les concederá la referida

inmunidad. A esos efectos expresamos que, al adoptar la doctrina

que favorece la

unidad familiar, nuestra intención no fue

"enunciarla como norma absoluta, para concederle inmunidad a los

padres contra acciones de los hijos basadas en culpa o negligencia,

por la sola circunstancia del nexo natural que les une, sin estar

justificada la inmunidad por consideraciones de orden público."

Íd., pág. 432.

Allí, también, concluimos que, en los casos en los cuales no

haya unidad familiar que proteger, ni relaciones paterno-filiales

que conservar, a los padres no se les concederá la inmunidad que

les reconocimos en Guerra v. Ortiz, supra. Sobre el particular

manifestamos:

"[n]o tiene aquí justificación alguna la

contención de que el reconocerle a la hija el

derecho a recobrar indemnización de su padre, que

le privó de la compañía, ayuda y cuidados de la

madre, sería contrario a la política pública,

de los daños.

CC-2000-580

6

puesto que la unidad de la familia, y las relaciones

paterno-filiales han desaparecido, y como cuestión

de realidad, no existían desde mucho antes de morir

la madre, que estaba divorciada del padre, estando

limitadas las relaciones de éste con la hija, que

vivía con aquélla, bajo su custodia y potestad, a

pasarle una pensión alimenticia para el logro de

la cual, entre paréntesis, fué [sic] necesaria la

intervención judicial." Fournier v. Fournier,

supra, pág. 433.

En Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 D.P.R. 60 (1975),

establecimos la segunda excepción a la inmunidad reconocida en

Guerra v. Ortiz, supra. Allí, una hija demandó a la compañía de

seguros de su padre reclamándole los daños que sufrió en un

accidente mientras su madre -esposa del asegurado- conducía el

automóvil de éste. Resolvimos que, tratándose de una acción

directa contra la compañía aseguradora, ello no constituiría una

amenaza a la integridad y la paz familiar que se quiso proteger

en Guerra v. Ortiz, supra.

En Martínez v. McDougal, 133 D.P.R. 228 (1993), una hija

habida fuera de matrimonio instó una acción en daños y perjuicios

contra su padre reclamándole los daños que sufrió por su negativa

injustificada de reconocerla. A tenor de lo resuelto en Guerra v.

Ortiz, supra, negamos la existencia de una causa de acción en este

caso. Ello, por entender que tal causa de acción atentaría contra

la política pública de proteger y fortalecer la institución de la

familia.

A

los

fines

de

incorporar

en

la

ley

lo

que

jurisprudencialmente habíamos resuelto, la Legislatura aprobó la

Ley Núm. 193 de 6 de septiembre de 1996,5 mediante la cual se añadió

el artículo 1810A al Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

5150 (Supl. 2000).6 Dicho artículo dispone:

5

6

Leyes de Puerto Rico, 1996, págs. 1097-1100.

Surge del Diario de Sesiones de 21 de junio de 1995, págs.

219-234, que, de convertirse en ley el P. De la C. 1710, éste validará

CC-2000-580

7

[n]ingún hijo podrá demandar a sus padres

en acciones civiles en daños y perjuicios

cuando se afecte la unidad familiar, la

institución de la patria potestad y las

relaciones paterno-filiales. Disponiéndose,

que dicha prohibición no será absoluta y podrá

ejercitarse la acción en daños y perjuicios

cuando no haya unidad familiar que proteger, ni

relaciones paterno-filiales que conservar.

En el presente caso, tanto el Tribunal de Primera Instancia

como el Tribunal de Circuito de Apelaciones resolvieron que los

peticionarios eran responsables a Juan Ángel por los daños

sufridos, a tenor del artículo 1805, supra. Sostuvieron que la

intención del legislador, al aprobar el artículo 1810A, supra, fue

limitar la doctrina sobre la unidad familiar a las reclamaciones

de hijos contra padres.

la doctrina que se ha desarrollado jurisprudencialmente con respecto

a la unidad familiar.

CC-2000-580

8

III

Dicho lo anterior, veamos las

normas aplicables a la

interpretación de las leyes y al principio de hermenéutica legal.

El artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 14, dispone que, cuando la ley es clara y libre de toda

ambigüedad, la letra de la ley no debe ser menospreciada bajo el

pretexto de cumplir con su espíritu. Morell Corrada v. Ojeda, res.

el 20 de julio de 2000, 151 D.P.R. ____, 2000 T.S.P.R. 120, 2000

J.T.S. 132; Santiago Meléndez v. Supte. Policía de P.R., res. el

23 de junio de 2000, 151 D.P.R. ____, 2000 T.S.P.R. 95, 2000 J.T.S.

115.

Sin embargo, con respecto a la discreción judicial, en Pueblo

v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 214 (1990) expresamos:

[l]os

tribunales

estamos

autorizados

a

interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no son

claras o concluyentes sobre un punto en particular;

cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una

laguna en la misma; o cuando, con el propósito de

mitigar los efectos adversos de la aplicación de una

ley a una situación en particular, la justicia así lo

requiere.... 7(Enfasis en el original.)

En cuanto a la interpretación literal de las leyes, hemos

resuelto que la letra de la ley no debe seguirse ciegamente cuando

ello iría en detrimento de su espíritu y fin. Sucn. Álvarez v. Srio.

de Justicia, supra; Pueblo v. Zayas Rodríguez, res. el 17 de

febrero de 1999, 147 D.P.R. ____, 99 T.S.P.R. 15, 99 J.T.S. 16.

Nos comentan los tratadistas Bernier y Cuevas Segarra que,

la regla de hermenéutica legal denominada “expressio unius est

exclusio alterius”, que significa la mención específica de una

persona o cosa implica la exclusión de otras personas o cosas, no

7

Véase, además, Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, res. el

11 de febrero de 2000, 150 D.P.R. ____, 2000 T.S.P.R. 21, 2000 J.T.S.

40; Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, res. el 29 de

diciembre de 1997, 144 D.P.R. ____, 97 J.T.S. 152.

CC-2000-580

9

es de aplicación universal porque su propósito principal es

determinar la intención del legislador.8 A esos fines señalan:

[C] uando esta intención surge de otra manera,

no debe utilizarse como medio de interpretación si

su aplicación está en pugna con el pensamiento del

legislador. (Cita omitida.)

Hay que cuidarse de que la enumeración que

haga el texto no sea sólo un simple ejemplo. (Cita

omitida.) También hay que cuidarse de que ‘la

exclusión no sea una inadvertencia o accidente’.

No debe ser utilizada cuando su aplicación,

teniendo en cuenta la materia a la que ha de ser

aplicada, conduce a incompatibilidad o injusticia.

(Cita omitida.) Además, esta regla constituye

únicamente una ayuda para fijar el significado de

la ley y debe ceder cuando surge una intención

contraria de parte del legislador. (Cita omitida.)9

Los tribunales debemos interpretar los estatutos tomando en

consideración el propósito social que los inspiró, dándoles un

sentido lógico a sus diversas disposiciones y supliendo posibles

deficiencias cuando sea necesario. Sucn. Álvarez vs. Srio. de

Justicia, supra; Pueblo v. Ferreira Morales, res. el 10 de

diciembre de 1998, 147 D.P.R. ____, 98 T.S.P.R. 165, 98 J.T.S. 150.

No obstante lo anterior, concluimos que, en el presente caso,

no es necesario resolver el asunto a la luz de lo dispuesto

literalmente por el artículo 1810A del Código Civil, supra.

De una simple lectura de este artículo, surge claramente que

la inmunidad allí establecida sólo se le reconoció a los padres

frente a reclamaciones en daños y perjuicios incoadas por sus

hijos.

Nótese, sin embargo, que al aprobarlo el legislador meramente

se limitó a incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la norma

establecida jurisprudencialmente por este Tribunal desde 1950.

Cónsono con la intención legislativa de conservar la unidad

familiar, y de la misma manera que desde 1950 le concedimos

8

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S.,

1987, pág. 345.

9

Íd., pág. 346.

CC-2000-580

10

inmunidad a los padres en pleitos de daños y perjuicios incoados

por sus hijos, hoy establecemos jurisprudencialmente que la norma

del artículo 1810A, supra, debe extenderse a los abuelos.

La sociedad puertorriqueña ha reconocido tradicionalmente

que los abuelos son una figura esencial en la formación y el

desarrollo de los nietos.10 Hoy día, son muchos los abuelos que

atienden y cuidan a sus nietos mientras ambos padres trabajan en

busca

de

unos

Comúnmente,

los

ingresos

abuelos

proporcionados

al

costo

de

se

por

la

salud,

preocupan

vida.

la

alimentación, el bienestar y la seguridad de sus nietos.11 Además,

se esmeran en brindarles cariño, atención y orientación.12

Por todo lo anterior, resolvemos que la inmunidad que

establece el artículo

1810A de nuestro Código Civil, supra,

cobija a los abuelos en Puerto Rico. El papel tan fundamental que

cumplen en la sociedad puertorriqueña moderna no admite otro

resultado.

La inmunidad que establece el artículo 1810A de nuestro

Código Civil, supra, será extensiva a los abuelos,

y

cuando

entre

éstos

y

sus

nietos

siempre

exista una

10

Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 182 de 22

de diciembre de 1997 que “[t]radicionalmente,

continúa...

... 10 continuación

la figura del abuelo es una que provee sosiego, solaz, protección

y cuidado....La familia es pilar básico sobre el cual descansa la

sociedad puertorriqueña y es donde el individuo establece y afirma

su identidad. Mediante esta ley se reconoce que los abuelos juegan

un papel importante dentro de ese núcleo que se llama familia y que

éstos contribuyen grandemente al desarrollo físico, social y

emocional de sus nietos.” Leyes de Puerto Rico, 1997, págs. 913-914.

11

Los artículos 143 y 144 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. secs. 562 y 563, le imponen a los abuelos la responsabilidad

subsidiaria de alimentar a sus nietos.

12

Con respecto al rol de los abuelos(as), la profesora Linda

Henry Elrod nos comenta que, “[s]cholars have come to recognize the

important unique role that grandparents play in a child’s life....

[G]randparents can offer unconditional love without expectations

and help connect the child with the past....” (Escolio omitido.)

Arnold H. Rutkin, Family Law and Practice, LEXIS Publishing, 2001,

pág. 32-284.

CC-2000-580

11

relación estrecha y afectuosa, y cuando los abuelos ejerzan un rol

importante en la crianza de sus nietos. No será aplicable cuando

no haya unidad familiar que proteger. Tal protección no será

aplicable tampoco cuando los abuelos –al igual que en el caso de

los padres- incurran en actos torticeros que sean intencionales

o delictivos.

La relación abuelo(a)-nieto(a) está comprendida en el ámbito

afectivo de la familia.13 Por tanto, autorizar una causa de acción

en daños y perjuicios contra los abuelos sin duda generaría

animosidad e iría en detrimento del bienestar y la unidad de la

familia puertorriqueña.

El propósito que nos mueve a extender a los abuelos la

inmunidad establecida en el artículo 1810A, supra, responde a

nuestra obligación, como tribunal de justicia, de fomentar e

implementar

la

política

pública

del

Estado

de

proteger

y

fortalecer la institución de la familia. Lamentablemente, cada vez

más, la institución familiar sufre un serio menoscabo en perjuicio

de nuestra sociedad cambiante. Es de vital interés público

salvaguardar a aquellos núcleos familiares que permanecen unidos

y que sostienen relaciones afectuosas entre sus miembros.

En el presente caso, para la fecha en que ocurrieron los

hechos que dieron lugar a la demanda, Juan Ángel pernoctaba en la

residencia de los peticionarios, en ausencia de sus padres. Surge

del expediente que, frecuentemente, Juan Ángel, su hermano y los

13

Sobre el particular, la licenciada Lissette Toro Vélez

expresa:

[l]os abuelos son parte integral en el núcleo

de la familia puertorriqueña. En nuestra Isla,

donde cada día son más los matrimonios que se

divorcian, quedando los hijos, en la mayoría de los

casos, bajo la custodia de la madre, éstos crecen

sin el modelo del padre dentro de la familia. Es

en estos momentos donde el cariño, afecto y

comprensión de los abuelos para con los nietos es

de vital importancia. Lissette Toro Vélez, El

Derecho de Visita de los Abuelos en Puerto Rico,

33 Revista de Derecho Puertorriqueño 15 (1993).

CC-2000-580

12

padres de ambos visitaban a los peticionarios en Lajas, e incluso

pernoctaban allí.14 Evidentemente, para la fecha del accidente que

dio lugar a la presente causa de acción, entre los peticionarios

y Juan Ángel existía una relación afectuosa y estrecha. Ante tales

circunstancias, entendemos que a los peticionarios les cobija la

inmunidad que establece el artículo 1810A del Código Civil de

Puerto Rico, supra. Así, pues, resulta innecesario entrar a

discutir el primer señalamiento de error.

Por los fundamentos esbozados, revocamos el dictamen del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y el del Tribunal de Primera

Instancia y desestimamos la demanda presentada en contra de los

peticionarios.

14

Sobre este particular, el padre de Juan Ángel declaró que,

“[v]isitábamos a mis padres con frecuencia toda la familia y

pernoctábamos allí, sobre todo en los fines de semana largos y en

actividades familiares y participábamos todos en camaradería en

unión a toda la familia.” Declaración Jurada, Apéndice, pág. 71.

CC-2000-580

13

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado

CC-2000-580

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Graciela Alonso García,

en representación de su hijo

menor Juan Ángel Ramírez Alonso

*

*

*

*

Demandantes y Recurridos

*

*

v.

*

*

José B. Ramírez Acosta,

*

individualmente y la Sociedad

*

Legal de Gananciales que tiene

*

constituida con su esposa

*

Aurora Elisa Tio Nazario,

*

individualmente y la Sociedad

*

Legal de Gananciales que tiene

*

constituida con su esposo, José B. *

Ramírez Acosta, Fulano de Tal,

*

Compañía Aseguradora A, B, C;

*

Compañía Aseguradora D, E, F

*

*

Demandados y Peticionarios

*

************************************

CC-2000-580

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la

cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos el

dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones y el del Tribunal

de Primera Instancia y desestimamos la demanda presentada en

contra de los peticionarios.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente con

opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu García no

intervino. Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Hernández

Denton están inhibidos.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2000-580

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Graciela Alonso García, en

rep. de su hijo menor Juan

Ángel Ramírez Alonso

Recurridos

v.

José B. Ramírez Acosta,

individualmente y la Soc.

Legal de Gananciales que

tiene constituida con su

esposa Aurora Elisa Tió

Nazario, et als

Certiorari

CC-2000-580

Peticionarios

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de 2001.

La mayoría de los integrantes de este Tribunal

entienden que la prohibición sobre presentación de

demandas en daños y perjuicios de hijos contra sus

padres, establecida en el artículo 1810A del Código

Civil,15 incluye a los abuelos con relación a acciones

de esa naturaleza presentadas por sus nietos en contra

suya.

Respetuosamente

mayoritario.

disentimos

del

criterio

Somos de la opinión que tal criterio

debería ser la política pública adoptada en Puerto

Rico.

15

No

obstante,

31 L.P.R.A. sec. 5150.

consideramos

que

de

la

CC-2000-580

interpretación de la letra y el historial legislativo

de la Ley Núm. 193 de 6 de septiembre

1

de 1996,16 no surge que la intención del legislador contemplara el extender

dicha protección a los abuelos.

I

El menor Juan Ángel Ramírez Alonso sufrió la mordida de un perro

propiedad de su abuelo, aquí peticionario, cuando tenía dos (2) años y tres

(3) meses de edad.

El menor se encontraba de visita en la casa de sus abuelos

paternos cuando ocurrió el incidente el 18 de octubre de 1986.

Este hecho

fue aceptado por los aquí peticionarios en su contestación a la demanda.17

El 30 de diciembre de 1998, la demandante de autos, señora Graciela

Alonso García, madre del menor, presentó una demanda contra los abuelos

paternos de éste, el señor José B. Ramírez Acosta, su esposa, la señora Aurora

Elisa Tió Nazario y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.18

Dicha demanda se presentó en representación del referido menor.

En la misma

se solicitó la compensación por los daños sufridos por el menor como

consecuencia de la mordida del perro.19

La parte aquí peticionaria radicó

su contestación a la demanda el 21 de abril de 1999.20

En la misma aceptaron

la ocurrencia del incidente y que el niño fue llevado luego del mismo al

Hospital de la Concepción en el Municipio de San Germán, por motivo de las

heridas en la cara que sufrió a consecuencia de la mordida.

El niño no vivía con sus abuelos paternos al momento del incidente,

sino que estaba de visita en su casa, ubicada en Lajas.

La residencia del

menor estaba establecida en San Juan con sus padres.

En el año 1995 el

matrimonio de los padres se disolvió y el menor pasó a residir desde entonces

con su madre, aquí recurrida.

El 7 de junio de 1999, la parte demandante

de autos, aquí recurrida, presentó un escrito titulado "Moción Solicitando

que se Dicte Sentencia Sumaria y Vista de Daños", alegando que al niño no

se le puede imputar responsabilidad por la mordida del perro, debido a su

16

Íd.

17

Apéndice H del recurso de Certiorari, págs. 51-54.

18

Apéndice G, Íd., págs. 43-50.

19

Íd.

tierna edad, y que los abuelos no están cobijados por la inmunidad que

establece el Código Civil de Puerto Rico en su artículo 1810A, 31 L.P.R.A.

sec. 5150.21

La parte aquí peticionaria radicó su oposición a dicho escrito

el 17 de agosto de 1999, alegando, entre otras cosas, que no procedía que

se dictara sentencia sumaria porque los abuelos están protegidos por la

inmunidad contra demandas de daños y perjuicios presentadas por sus nietos,

al igual que lo están los padres en cuanto a las acciones similares

presentadas por sus hijos.22

El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial el

31 de enero de 2000 declarando con lugar la demanda presentada por la parte

aquí recurrida.23

Luego de que se declaró no ha lugar por el Tribunal de

Primera Instancia su solicitud de reconsideración y de determinaciones de

hechos adicionales, la parte aquí peticionaria recurrió, mediante recurso

de apelación, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 29 de marzo

de 2000. 24

Ese foro apelativo intermedio confirmó la determinación del

tribunal a quo, mediante sentencia emitida el 24 de mayo de 2001,

archivándose en autos copia de su notificación el 31 de mayo del mismo año.25

Inconformes con dicha determinación, los aquí peticionarios recurren

ante nos mediante recurso de Certiorari, señalando, en síntesis, que erró

el Tribunal de Circuito de Apelaciones: (1) al no considerar al menor como

poseedor del perro, por formar parte del núcleo familiar de los demandados

de autos; y, (2) por no aplicar la inmunidad concedida por el artículo 1810A

del Código Civil, supra, a los abuelos del menor.26

Estando debidamente

perfeccionado el recurso, pasamos a considerarlo en los méritos.

II

20

21

Apéndice H, Íd., pág. 51.

Apéndice I, Íd., pág. 55.

22

Apéndice J, Íd., pág. 67.

23

Apéndice A, Íd., pág. 23.

24

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 1.

25

Íd., págs. 86-94.

26

Véase Petición de Certiorari, pág. 7.

Nuestro disenso no niega, por el contrario afirma, la razonabilidad

y justicia de lo pautado por la mayoría de los integrantes de este Tribunal

en el día de hoy.

Como mencionáramos anteriormente, consideramos, en

nuestro fuero interno, que la norma que pretende hoy formular este Tribunal

debería ser la política pública vigente en Puerto Rico.

Reconocemos que

la misma se ajusta a la realidad cultural de nuestra sociedad, en la cual

los abuelos generalmente forman parte de la familia y en muchos casos

participan activamente de la crianza de sus nietos.

No obstante, muy respetuosamente, somos del criterio de que estamos

impedidos de formular política pública sobre ese asunto.

Bajo nuestro

sistema de separación de poderes, esa función le corresponde a las otras

dos ramas del gobierno.

La separación de poderes forma parte integral de

nuestra democracia constitucional.

Nuestro deber, dentro de la forma

republicana de nuestro gobierno, se circunscribe a interpretar la ley y

despejar las lagunas que existan en la misma, utilizando como guía la

intención del legislador.

En Alejandro Rivera v. E.L.A.,27 nos expresamos

al respecto de la manera siguiente:

Además, nos señala R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, en

su obra Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico,

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 299, que

"[b]ajo un sistema de separación de poderes como el que funciona

en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de

aprobar las leyes.

El Poder Judicial ejercitado por los

tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de resolver

los litigios a través de la interpretación de la ley. En el

desempeño normal de sus funciones, los tribunales están obligados

a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados

discrepen personalmente de la sabiduría de los actos

legislativos. Interpretar una ley en forma que sea contraria a

la intención del legislador implica la usurpación por la rama

judicial de las prerrogativas de la rama legislativa. Por tanto,

el intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio

legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable y

deseable."

Es norma reiterada de hermenéutica que la letra clara de una ley es

la mejor expresión del espíritu de la misma.28

27

28

A esos efectos, el artículo

140 D.P.R. 538, 545 (1996).

Santiago v. Supte. Policía de P.R., res. el 23 de junio de 2000, 2000

T.S.P.R. 95, 151 D.P.R. ___ (1995), 2000 J.T.S. 115; Alejandro Rivera v.

E.L.A., supra; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964).

14 del Código Civil de Puerto Rico29 dispone que "[c]uando la ley es clara

y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo

el pretexto de cumplir su espíritu".

Este precepto estatutario reconoce

que la ley está sujeta a ser interpretada, pero limita la interpretación

a lo que surja del texto claro de la misma.

El artículo 18 del Código Civil de Puerto Rico30 reconoce que el espíritu

de la ley, reflejado en la intención legislativa, es la mejor herramienta

para encontrar el verdadero sentido de una ley.

Como mencionáramos

anteriormente, el ejercicio de la interpretación estatutaria está limitado

por varias reglas de deferencia y abstención de parte de la Rama Judicial.

El tribunal tiene que buscar la voluntad del legislador.31 El espíritu de

la ley juega un papel fundamental en la interpretación judicial de un

estatuto.

La intención del legislador al aprobar una ley es tan importante

que hemos establecido, que si la letra clara de una ley está en contraposición

con su espíritu, claramente establecida en el historial legislativo,

prevalecerá este último.32

Por otro lado, hemos resuelto que la función de

los tribunales es la de interpretar la ley y no juzgar la sabiduría del

legislador al aprobarla.33

En el caso de Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda,34 expresamos que:

El juez es un intérprete, y no un creador. Su facultad

de interpretación adquiere relevancia cuando del

estatuto surgen varios significados probables que

suministren un margen adecuado para selección

judicial, pero si el lenguaje es tan inequívoco que

postula un solo significado, un sentido cabal de

humildad y autodisciplina judicial requiere la

aplicación de la voluntad legislativa.

29

31 L.P.R.A. sec. 14.

30

Íd., sec. 18.

31

Alejandro Rivera v. E.L.A., supra.

32

Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953).

33

Famanina v. Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654 (1982).

34

76 D.P.R. 509, 521 (1954).

Siguiendo esta misma línea, nos expresamos en el caso de Meléndez v.

Tribunal Superior35 de la siguiente manera:

En Parrilla v Loíza Sugar Company, 49 D.P.R. 597, 600 (1936),

expusimos que "La regla de estricta hermenéutica no exige ni puede

justificar que se elimine mediante legislación judicial cualquier

parte de una ley, no importa cuál pueda ser la opinión del tribunal

respecto a la conveniencia de la misma". Creemos justificado

añadir que cuando los términos de un estatuto son claros y

susceptibles de una interpretación inequívoca según el

significado común y corriente de sus palabras y su construcción

gramatical, bajo la misma regla tampoco debemos intercalar

palabras ni suplir omisiones al interpretario [sic].

El principio de deferencia a la voluntad legislativa es tal que se ha

resuelto que una omisión por inadvertencia del legislador no puede ser curada

mediante fíat judicial.

La doctrina del casus omissus, adoptada por esta

Curia en el caso de Andrades v. Pizza Hut Mgt. Corp.,36 nos lo impide.

En

ese caso37 nos expresamos de la manera siguiente, citando a Bernier y Cuevas

Segarra:38

Es una regla de hermenéutica legal que las omisiones del

legislador no pueden ser curadas por los tribunales. Esa es la

regla general tal como es expuesta corrientemente por los

tribunales y se refiere a los casos en que el lenguaje del estatuto

ha omitido algo que tampoco está dentro del propósito del mismo,

pero que es claro de su lectura integral que fue omitido por

inadvertencia. La razón de la regla es que el tribunal sólo

interpreta y no legisla.

La regla se ha expresado en la siguiente forma: Al

interpretar un estatuto, la intención legislativa debe ser

buscada en el lenguaje usado en él con la ayuda que permiten las

reglas de hermenéutica legal.

Pero un lenguaje nuevo o una

disposición enteramente nueva no se puede leer en el estatuto para

darle un significado que no está incluido en él.

Aunque el

tribunal puede interpretar frases oscuras y dudosas para darle

efecto a la presunta intención del legislador y llevar a cabo los

propósitos de la ley; no se puede por interpretación curar un casus

omissus, no importa lo justo y deseable que pueda parecer.

Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 662 (1964)

(Ramírez). (Énfasis nuestro.)

III

35

90 D.P.R. 656, 661-662 (1964).

36

140 D.P.R. 950 (1996).

37

Íd., pág. 957.

38

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap.

47, pág. 311.

Utilizando las reglas de hermenéutica antes esbozadas, pasemos a

interpretar el artículo 1810A del Código Civil, supra.

Entendemos, muy respetuosamente, que la letra de dicho artículo 1810A,

supra, es clara.

El mismo lee como sigue:

Ningún hijo podrá demandar a sus padres en acciones civiles

en daños y perjuicios cuando se afecte la unidad familiar, la

institución de la patria potestad y las relaciones

paterno-filiales.

Disponiéndose, que dicha prohibición no

será absoluta y podrá ejercitarse la acción en daños y perjuicios

cuando no haya unidad familiar que proteger, ni relaciones

paterno-filiales que conservar.

La disposición estatutaria pretende prohibir sólo las demandas de hijos

contra padres para proteger la institución del núcleo familiar y la

institución de la patria potestad, así como las relaciones paterno-filiales.

Del historial legislativo no se desprende que haya mediado intención del

legislador de extender esa inmunidad a otros miembros de la familia, como

serían los abuelos.

De hecho, el debate que surgió durante el proceso

legislativo sobre esta medida giró solamente en torno a si esta disposición

autorizaba o no las demandas de hijos en contra de sus padres por los daños

que le pueden ocasionar al negarse a reconocerlos.

En el descargo de nuestro

ministerio de intérprete de la voluntad del legislador, muy respetuosamente

creo que estamos impedidos de concluir en la dirección que se dirige la

mayoría.

Si bien es cierto que hay que interpretar las leyes de manera que

produzcan resultados justos y coherentes, no es menos cierto que al ejercer

ese ministerio tenemos que ajustarnos a la búsqueda de la intención del Poder

Legislativo en su ejercicio de formular la política pública del Estado.

Las reglas de hermenéutica legal existen para asistir a los tribunales

en la interpretación de los estatutos.

Es función exclusiva de la Asamblea

Legislativa el formular la política pública del Estado, mediante la

aprobación de esos estatutos.

El Poder Judicial, dentro de nuestro sistema

republicano de gobierno, existe para interpretar la ley. Estamos impedidos

de formular la política pública.

Aún en casos como el presente, en el que

nos parece que la política pública debería ser lo que pauta este Tribunal,

no nos corresponde a nosotros ese ejercicio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmaríamos la sentencia

dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que, a su vez, confirmó

la emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado