LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ANA M. ARGUELLO LOPEZ Y OTRA V. ELIAS ARGUELLO GARCIA

2001 TSPR 124

Poder Judicial de Puerto Rico

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ANA M. ARGUELLO LOPEZ Y OTRA V. ELIAS ARGUELLO GARCIA

CC-2000-0366

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana M. Argüello López,

Myrna Y. López Peña

Demandantes-Recurrentes

Certiorari

v.

2001 TSPR 124

Elías Argüello García

Demandado-Recurrido

154 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-366

Fecha: 31/agosto/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Panel integrado por su Presidente, Juez Rossy García, y los Jueces González

Rivera y Ortiz Carrión

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. María de Lourdes Guzmán

Abogado de la Parte Recurrida:

Por Derecho Propio

Materia: Alimentos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana M. Argüello López,

Myrna Y. López Peña

Demandantes-Recurrentes

v.

CC-2000-366

Certiorari

Elías Argüello García

Demandado-Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a

31 de agosto de 2001.

Tenemos la ocasión para esclarecer y aplicar concretamente

la

normativa

que

rige

en

casos

de

alimentos

cuando

el

alimentante alega no tener medios para pagar una pensión, a

pesar de tener la capacidad para generar ingresos para ello.

I.

Mediante

estipulación

aprobada

por

el

Tribunal

de

Primera Instancia el 18 de agosto de 1992, Elías Argüello García

(Argüello), el demandado, se comprometió a pagar para el

beneficio

de

su

hija,

Ana

M.

Argüello

López

(Ana),

la

demandante, una pensión de cuatrocientos cincuenta dólares

($450)

mensuales y cincuenta dólares ($50) adicionales para aportar al plan médico.

El 21 de septiembre de 1997 Ana cumplió la mayoría de edad, por lo que

su padre solicitó al Tribunal de Primera Instancia que eliminara del caso a

la madre, Myrna Yolanda López Peña (López), quien la representaba hasta ese

momento. Las demandantes comparecieron para solicitar que Argüello continuara

pagando la pensión alimentaria referida, más los alimentos adeudados, debido

a que aunque Ana ya era mayor de edad, todavía tenía necesidad de la pensión,

por ser una estudiante universitaria. En ese momento Ana cursaba su cuarto año

de Bachillerato en Ciencias Ambientales a tiempo completo.

Argüello se opuso a continuar pagando toda la pensión a Ana. Alegó que

carecía de recursos económicos para pagar los quinientos dólares ($500)

mensuales de esa pensión debido a que alegadamente tenía otros seis hijos

menores que Ana, quienes debían tener prioridad. Solicitó que se celebrara una

vista evidenciaria para fijar la pensión que correspondiera, de acuerdo a sus

recursos.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia, celebró una vista en los

méritos el 17 de noviembre de 1998, en la cual recibió prueba oral y documental

sobre las necesidades de Ana y sobre los ingresos de sus padres, para así

determinar el monto final de la pensión referida, que era lo que estaba en

controversia.1

Conforme a la prueba recibida, el tribunal de instancia determinó lo

siguiente, en lo pertinente:

(1)

Que Argüello trabajaba como agente de seguros y que para ello

tenía licencia con respecto a cinco (5) compañías, a saber:

Integrant, Universal, Triple S, National y Praico.

(2)

Que Argüello poseía, además, licencia para trabajar con

corredores como Colonial Insurance, a cuya compañía había

sometido dos casos en 1998, en uno de los cuales ganó $600

y en el otro $1,200.

1

Las partes estipularon que Ana era acreedora a una pensión

alimentaria, debido a que era una estudiante sobresaliente, que había

demostrado una gran aptitud y éxito en sus estudios universitarios, que había

(3)

Que durante 1995 a 1998 había trabajado para Transoceanic

Life, y se le habían adelantado salarios de $163,732.50, lo

que equivalía a un ingreso mensual de $4,548.12.

Argüello testificó en la vista que durante los últimos dos meses,

septiembre y octubre de 1998, sólo había devengado un salario de entre $600

a $700 mensuales. Pero del contrainterrogatorio surgió que éste tenía gastos

mensuales que sumaban $2,082, a saber:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Colegio de tres niños que viven con él .. $

Merienda para estos menores .............

Teléfono, agua y luz ....................

Compra ..................................

Alimentos fuera del hogar ... ...........

Laundry .................................

Gasolina y cambio de aceite .............

Recreación ..............................

Cable TV y “Beeper” .....................

Total

513.

130.

160.

400.

260.

130.

310.

130.

49.

. . . . $2,082.

Estos gastos no incluían los pagos de varios préstamos bancarios ni de

tarjetas de crédito. Tampoco incluían el pago de una supuesta pensión

alimentaria de $600 mensuales que Argüello alegó que pagaba a otros tres hijos

suyos que vivían fuera de Puerto Rico, y que Argüello no pudo evidenciar.

Con arreglo a todo lo anterior, el tribunal de instancia resolvió

expresamente que no le daba credibilidad al testimonio del demandado sobre el

alegado monto de sus ingresos actuales. Para ello, el tribunal de instancia

tomó en consideración que Argüello, como agente de seguros, tenía capacidad

para generar ingresos mayores a los que alegadamente estaba recibiendo en la

actualidad. También tomó en cuenta el historial evasivo del demandado con

relación a su obligación alimentaria.

El foro de instancia en su dictamen también hizo referencia a que en el

mismo mes de la vista referida Argüello había presentado una petición en la

Corte de Quiebras; y que de las deudas alegadas allí, unido a los gastos

mensuales y otras pensiones referidas, Argüello tenía gastos totales en exceso

de $3,755 mensuales. Por ello, el tribunal procedió a imputarle como ingreso

mínimo mensual esa misma cantidad de $3,755. De esta forma, determinó que le

comenzado siendo menor de edad. Expresamente estipularon que la controversia

correspondía pagar el 48% de los gastos mensuales de Ana, estimados en $865.25,

para una aportación total de $415.32 mensuales, que Argüello debía pagarle a

Ana en concepto de pensión alimenticia. En efecto, pues, el tribunal rebajó

la pensión de $500 que era su monto anterior, a $415.32 que fue el nuevo monto

fijado por el tribunal.

Inconforme con el dictamen referido, Argüello acudió al Tribunal de

Circuito de Apelaciones para impugnar la cuantía de la pensión fijada, alegando

que sus otros hijos debían tener prioridad y que se debió tomar en cuenta el

hecho de que Ana podía trabajar y pagar parte de sus estudios universitarios.

El foro apelativo, mediante su sentencia del 14 de febrero de 2000, resolvió

que la determinación del foro de instancia sobre el ingreso mínimo mensual de

Argüello no se sostenía a base de la prueba presentada, por entender que dicha

prueba sólo demostraba que Argüello ganaba únicamente $700 mensuales. Por tales

fundamentos, le ordenó al Tribunal de Primera Instancia que fijara una nueva

pensión.

Inconforme con el dictamen referido, la peticionaria Ana acudió ante

nos el 24 de abril de 2000 y señaló la comisión de los siguientes errores:

1-

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que

la única prueba no controvertida establece un ingreso mensual

de $700, por lo cual el apelante no está en posición económica

de afrontar el pago de la pensión fijada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

2-

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que

no existe base racional que sostuviera la determinación del

Tribunal de Primera Instancia, al imputar al Sr. Argüello un

ingreso mínimo mensual ascendente a $3,755.

3-

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a

aplicar la doctrina jurisprudencial que requiere considerar

la realidad de la economía subterránea existente en Puerto

Rico.

4-

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al sustituir el

criterio del Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

En síntesis, la peticionaria alegó que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones no había tomado en cuenta la capacidad para generar ingresos y el

estilo de vida de Argüello que debían ser considerados al momento de imputarle

entre ellos era en cuanto a cuál debía ser el monto de la pensión.

ingresos, tal como lo había hecho el Tribunal de Primera Instancia. También

adujo que el foro apelativo se había excedido de los límites de su facultad

revisora, al intervenir con la determinación factual del foro de instancia,

a pesar de que ésta no había sido producto de pasión, prejuicio, parcialidad

ni error manifiesto.

El 23 de junio de 2000, en reconsideración, expedimos el recurso. El

recurrido compareció el 28 de septiembre de 2000, y la peticionaria presentó

su alegato el 15 de noviembre de 2000. Con el beneficio de ambas

comparecencias, procedemos a resolver.

II.

Como se sabe, el derecho de los hijos a recibir alimentos, y la correlativa

obligación de los padres a darlos cuando corresponda, tienen su génesis en el

derecho natural, en los lazos indisolubles de solidaridad humana y de profunda

responsabilidad de la persona por los hijos que trae al mundo, que son valores

de la más alta jerarquía ético-moral y que constituyen una piedra angular de

toda sociedad civilizada. Torres Peralta, La ley Especial de Sustento de

Menores y el Derecho de Alimentos en Puerto Rico, 1997, pág. 1.1. Son, además,

derechos y obligaciones que surgen del derecho constitucional a la vida.

Rodríguez v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 617 (1993); Negrón Rivera

y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff,

117 D.P.R. 616 (1986). Están revestidos del más alto interés público. Rodríguez

v. Depto. Servicios Sociales, supra, pág. 629; Robles v. Otero de Ramos, 127

D.P.R. 911 (1991); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988). Véase, además,

el art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores

(en adelante Ley de Sustento de Menores), 8 L.P.R.A. sec. 502.2

2

La Ley de Sustento de Menores, supra, tiene como propósito lograr que

los padres o las personas legalmente responsables contribuyan, en proporción

a sus recursos, al sostenimiento y bienestar de sus hijos o dependientes

de acuerdo a sus necesidades, de la manera en que está consagrada tal

obligación en el Código Civil. La ley propende el fortalecimiento de los

sistemas y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales

para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones

La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos tiene también

varias fuentes estatutarias. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 14

(1983).

Pero

el

fundamento

medular

de

todas

ellas

es

la

relación

paterno-filial. Como señalamos recientemente en Chévere v. Levis, opinión de

15 de marzo de 2000, 150 D.P.R. ___, 2000 TSPR 42, 2000 JTS 56, “[e]l derecho

de los menores a reclamar alimentos, la obligación de los padres de proveerlos

y la interpretación de los tribunales para concederlos deben estar enmarcados

en la relación paterno-filial legalmente establecida; no supeditada a uno u

otro artículo del Código Civil.” (Énfasis en el original).

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,

habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la

familia. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del

alimentista, cuando es menor de edad. Artículo 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 561. Ello incluye tanto las necesidades físicas como intelectuales del

alimentista. Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983); Negrón Rivera y Bonilla,

Ex parte, supra; Ríos Rosado v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3 (1993). El concepto

de educación e instrucción abarca los estudios cursados en escuela elemental,

escuela superior y en la universidad o escuela vocacional. Torres Peralta,

supra, pág. 1.25.

Ahora bien, no obstante la restricción en cuanto a la edad que hace el

Código Civil en el referido artículo, hemos

establecido ya que el deber del

alimentante de proveer los medios necesarios para la educación de un hijo no

termina, sin más, porque el hijo alcance la mayoría de edad.

Guadalupe Viera

v. Morell, supra; Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).3 “Ni la

emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación

de alimentarles si aquellos lo necesitaren.”

105 D.P.R. 518 (1976).

Sosa Rodríguez v. Sosa Sariego,

En los casos en que el menor ha comenzado los estudios

alimentarias. Véase el artículo 4 de la Ley Especial para el Sustento de

Menores, supra.

3

A tales efectos, el artículo 142 del Código Civil español, equivalente

al artículo 142 de nuestro código, fue enmendado con el fin de añadirle un

nuevo párrafo que establece que: “la prestación de alimentos comprende

también la educación e instrucción del alimentista, no sólo mientras sea

menor de edad, sino aun después cuando no haya terminado su formación por

universitarios

mientras

es

menor

de

edad,

hemos

establecido

que

bajo

circunstancias normales:

(...) al menos en cuanto a los estudios de bachillerato (...)

cuando un hijo "se ha iniciado en un oficio o carrera durante la

minoridad, tiene derecho a exigir que el alimentante le provea

los medios para terminarlo, aun después de haber llegado a la

mayoridad". (Citas Omitidas.) Key Nieves v. Oyola Nieves, supra,

pág. 266.

Con relación a los estudios postgraduados, hemos dicho que ameritan una

consideración especial y separada, que deberá resolverse caso a caso. 4 Key

Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267.

Es, pues, una norma bien establecida que un tribunal puede ordenar el pago

de alimentos a un hijo mayor de edad que haya comenzado sus estudios

universitarios durante su minoridad y demuestre que tiene necesidad de dicha

ayuda. Guadalupe Viera v. Morell, supra; Key Nieves v. Oyola Nieves, supra.

Para determinar el monto de la obligación del alimentante, hay que tomar

en cuenta que en los casos en que hay más de un alimentante procede repartir

entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal

respectivo. Artículo 145 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 564. El artículo

146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565, establece la manera de determinar

el monto de la pensión: “La cuantía de los alimentos será proporcionada a los

recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán

o aumentarán en proporción a los recursos del primero y las necesidades del

segundo.” El deber de alimentar a un hijo mayor de edad está sujeto, por lo

tanto, a las necesidades del alimentista y a los recursos de los alimentantes,

proporcionado al caudal respectivo de cada padre.

Para determinar la capacidad económica de cada alimentante, es preciso

tomar en cuenta todos los ingresos devengados por éste, hasta los que no

aparezcan informados en la Planilla de Información Personal. Rodríguez Rosado

causa que no le sea imputable”. Adoración Padial Albás, La obligación de

alimentos entre parientes, Bosch, Barcelona, 1997, pág. 97.

4

“[Quien] solicite ‘alimentos’ o asistencia económica para estudios

‘postgraduados’ deberá demostrar afirmativamente que es acreedor de tal

asistencia económica mediante la actitud demostrada por los esfuerzos

realizados, la aptitud manifestada para los estudios que desea proseguir

a base de los resultados académicos obtenidos, y la razonabilidad del

objetivo deseado.” (Énfasis en el original.) Key Nieves v. Oyola Nieves,

supra, pág. 267.

v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406 (1993). El tribunal de instancia no está

limitado a considerar sólo la evidencia testifical o documental sobre los

ingresos. “Puede, al fijar la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales

como el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar

ingresos, la naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta, la

naturaleza de su empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso.” (Enfasis

suplido). López v. Rodríguez, supra. En López v. Rodríguez, supra, incluso le

impusimos al foro de instancia la obligación de tomar en cuenta en estos casos

la realidad de la economía subterránea que prevalece en Puerto Rico. En

particular, hicimos referencia a que en el país muchos profesionales y personas

con negocios propios incurrían en la práctica de declarar fiscalmente sólo

parte de los ingresos reales que tenían. Indicamos en ese caso que esta realidad

debía tomarse en cuenta en reclamaciones sobre

alimentos. 5 Por ello,

expresamente indicamos que en estos casos el tribunal de instancia, tomando

en cuenta toda la prueba desfilada, puede inferir que el alimentante cuenta

con medios suficientes para cumplir con la obligación alimentaria que se le

imponga. López v. Rodríguez, supra, pág. 33.

Es menester profundizar ahora en lo que señalamos someramente en López

v. Rodríguez, supra. Precisamente por lo fundamental que es la obligación de

los padres de alimentar a sus hijos, los tribunales en casos como el de autos

tienen la responsabilidad ineludible de escudriñar la prueba que tienen ante

5

“En la nota al calce número 12 de López v. Rodríguez, supra, pág. 32,

señalamos, en parte, lo siguiente:

Al hacer la determinación sobre los ingresos de un

alimentante también debe tomarse en consideración lo expresado

en el Informe del Secretario de Hacienda sobre Reforma

Contributiva de agosto de 1987, sobre la economía subterránea que

prevalece en Puerto Rico:

Según el estudio de Booz-Allen & Hamilton, el total del

ingreso no declarado en Puerto Rico -conocido por economía

subterránea- asciende a $2,500 millones al año lo que representa

un 17% del ingreso bruto personal. De este total unos $1,500

millones corresponden a personas que no declaran ingreso alguno

y unos $1,000 millones a personas que declaran parte pero no todo

su ingreso.

El estudio confirma además, que el mayor grado de evasión

proviene de personas con negocios propios, seguidos por varios

sí, a fin de determinar la verdadera situación económica del alimentante.

Particularmente en casos en los cuales el alimentante alega que no tiene

ingresos suficientes o que gana menos que antes, el tribunal debe hacer todo

lo posible por verificar que lo alegado por el alimentante no sea un intento

por evadir su responsabilidad alimentaria.

Más aun, en los casos en que el alimentante pueda demostrar que sus

ingresos han disminuido, los tribunales de instancia, al tomar en cuenta la

prueba ante sí, tienen la obligación de distinguir entre las situaciones en

que la reducción de ingresos ha ocurrido por razones legítimas y los casos en

que la reducción ha sido deliberada o se debe a la falta de diligencia o a la

dejadez del alimentante. Lo esencial es que el tribunal verifique que la

reducción en los ingresos del alimentante no sea un artificio para éste

incumplir con su obligación de alimentar a sus hijos adecuadamente. Tal como

lo intimamos en López v. Rodríguez, supra, el foro de instancia puede tomar

en cuenta el estilo de vida del alimentante, sus propiedades, su profesión y

preparación académica, su historial de empleo y de ingresos, su experiencia

laboral, su capacidad y aptitud para generar ingresos y otros factores

similares para imputarle ingresos al alimentante razonablemente, más allá de

lo que éste alegue o intente probar sobre el particular.6 Con arreglo incluso

a la prueba circunstancial que se le someta, el tribunal puede imponer una

obligación alimentaria si puede inferir de esa prueba que el alimentante tiene

a su alcance medios suficientes para cumplir con dicha obligación. López v.

Rodríguez, supra, pág. 33.

En la labor de imputarle ingresos al alimentante como se ha señalado en

el párrafo anterior, es de particular importancia que se precisen y ponderen

los gastos en que incurre el alimentante para mantener su estilo de vida al

momento cuando solicita una reducción en la pensión en cuestión. Tales gastos

grupos de profesionales y, finalmente, por algunos contribuyentes

asalariados.

6

Torres Peralta, supra, págs. 2.26 y 9.17. Véase, a modo de ejemplo,

la jurisprudencia en jurisdicciones americanas pertinente a la reducción

voluntaria de ingresos: Doyle v. Doyle, 646 S.2d 48 (Ala Civ. Ct. App.

1994); Moore v. Tseronis, 664 A. 2d 427 (Md. Ct. Spec. App. 1995); In re

Marriage of Salmon, 519 NW 2d 94 (Iowa Ct. App. 1994); Reuter v. Reuter,

constituyen un elemento decisivo con respecto a la determinación de cuál es

la verdadera situación económica del alimentante. Más aun, la ponderación de

tales gastos puede llevar al tribunal a decidir que algunos de ellos tienen

que ceder ante la obligación prioritaria de alimentar.

Al amparo de la normativa reseñada, procedamos a analizar la controversia

del caso de autos.

III.

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos los errores

señalados en conjunto. En síntesis, se plantea a través de éstos que el

Tribunal de Circuito de Apelaciones erró al revocar la determinación del

foro de instancia en cuanto a la capacidad económica del alimentante.

No cabe dudas de que, de acuerdo a la norma establecida en Key Nieves v.

Oyola Nieves, supra, Ana, quien comenzó sus estudios siendo menor de edad, tiene

derecho a que sus alimentantes le provean los medios para terminarlos. Las

partes estipularon que no había controversia en cuanto a que la peticionaria

era acreedora a recibir el pago de una pensión después de la mayoridad. El

Tribunal de Primera Instancia, luego de reconocer que la joven ha demostrado

una actitud académica de seriedad, perseverancia y diligencia, determinó que

aun si los requisitos jurisprudenciales no hubiesen sido estipulados, de

acuerdo a la prueba desfilada la joven era acreedora de dicha ayuda. En cuanto

a las necesidades de la peticionaria, el tribunal de instancia hizo un desglose

de los gastos pertinentes, para un total de $865.25 mensuales, que no ha sido

impugnado.

La controversia principal en el caso de autos es en cuanto a qué parte

de la pensión de Ana debe satisfacer Argüello, de acuerdo a sus posibilidades

económicas. Según se señaló antes, Argüello testificó en la vista del 17

de noviembre de 1998 que se desempeñaba desde hacía cinco años como agente

de seguros y que poseía licencias para venderle pólizas a cinco compañías.

En la vista declaró que entre los años 1995 y 1998, tiempo durante el cual

trabajó para Transoceanic Life, se le adelantaron salarios de $163,732.50,

649 A. 2d 24 (Md Ct. Spec. App. 1994); Bassette v. Bartoulucci¸652 N.E. 623

(Mass. App. Ct. 1995). Torres Peralta, supra, pág. 9.17, nota 29.

para un salario mensual aproximado de $4,548.12. Dejó de trabajar para esa

compañía debido a una deuda que contrajo con ésta y durante el año 1998

trabajó para el Puerto Rico Tech Junior College, donde devengó un salario

mensual durante cuatro meses de $1,600.

Durante los dos meses anteriores

a la vista, trabajó como agente de seguros para la compañía PRAICO Life,

y alegadamente sólo ganó entre $600 a $700 mensuales.

Los gastos mensuales corrientes de Argüello, según él mismo testificó,

ascendían a $2,082.00, sin contar con los pagos mensuales que debía hacer a

sus tarjetas de crédito y por préstamos bancarios. Además, expresó que pagaba

$600 mensuales de pensión a otros tres hijos que vivían en los Estados Unidos.

Con arreglo al importe total de todos los gastos mensuales referidos, el

Tribunal de Primera Instancia correctamente le imputó ingresos a Argüello por

la cantidad al menos de $3,755 mensuales. Tomó en cuenta que los gastos

mensuales que Argüello dijo tener sobrepasaban por mucho el sueldo que decía

recibir, por lo que el tribunal pudo inferir que Argüello no podía estar

viviendo sólo con ese sueldo. Tomó en cuenta, además, la capacidad de Argüello

para generar ingresos como agente de seguros, sobre todo el hecho de que

Argüello había estado ganándose un promedio de $4,548.12 mensuales durante los

últimos tres años. 7 Finalmente, el foro de instancia ponderó el historial

evasivo de Argüello respecto al cumplimiento de su obligación a través de los

años 8 , y la poca credibilidad que presentó Argüello al testificar. 9

7

A tales efectos, el tribunal de instancia expresó que no podía

descartar la posibilidad de que Argüello se desempeñaba como agente de

seguros mientras trabajaba para Puerto Rico Tech Junior College.

8

Ante el incumplimiento del padre con su responsabilidad, en diciembre

de 1992 el tribunal ordenó la retención de ingresos de la que en aquel

entonces era la esposa de Argüello, la señora Santiago. En enero de 1993

Argüello y su esposa sometieron una petición de divorcio por consentimiento

mutuo. Argüello cedió su porción de la casa ganancial donde vivía el

matrimonio a la señora Santiago a título gratuito. Sin embargo, continuó

conviviendo con la señora Santiago en esa propiedad luego del divorcio.

Además, Argüello solicitó una rebaja de pensión, por no contar con el sueldo

de su ex-esposa. Ante esta situación de aparente divorcio colusorio, la madre

de Ana, que en aquel entonces era menor de edad, presentó una Acción Civil

en Fraude de Acreedores contra Argüello y la señora Santiago que se encuentra

pendiente de resolver ante el Tribunal de Primera Instancia.

9

que:

La Ley de Sustento de Menores, supra, dispone en la sección 510 (b)(4)

En

proporción al ingreso neto mensual de la madre de Ana, que era $4,133, el

tribunal le asignó a Argüello la obligación de pagar el 48% de los gastos de

su hija.

Debe destacarse que ninguno de los factores que el Tribunal de Primera

Instancia tomó en consideración para imputarle ingresos a Argüello fue

controvertido ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.10 Aun así, el foro

apelativo determinó que se había establecido mediante prueba testifical que

el ingreso mensual de Argüello era de $700, por lo que dicho foro concluyó que

éste no estaba en posición económica para afrontar el pago de la pensión que

le fue fijada. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, sin embargo, no tomó

en cuenta que a la referida prueba testifical el tribunal de instancia no le

había dado credibilidad alguna. Erró, pues, el foro apelativo al resolver como

lo hizo.

El tribunal de instancia, luego del testimonio de Argüello sobre sus

ingresos actuales, al cual no le dio credibilidad alguna, evidentemente

advirtió que se encontraba frente a una situación en la cual no se estaban

informando

todos

los

ingresos

del

alimentante

o

se

estaba

reduciendo

voluntariamente la capacidad de generar ingresos para evadir la obligación de

alimentar, a diferencia de un caso de reducción legítima de ingresos, y

consideró los factores que jurisprudencialmente hemos reconocidos como

pertinentes al imputar ingresos. El foro de instancia, pues, procedió

correctamente a imputarle un ingreso a Argüello. Erró el foro apelativo al no

reconocer que en este caso procedía la imputación de ingresos referidos.

Es preciso recordar que es el alimentante, en los casos en que solicita

rebaja de pensión, quien tiene el peso de la prueba. López v. Rodríguez, supra;

...el administrador podrá imputar a la parte que se negare a descubrir

la información dentro del término requerido o no contestare

debidamente o con evasivas, el ingreso promedio del oficio, ocupación,

profesión del alimentante, según toda la prueba disponible,

incluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos, gastos,

estilos de vida y cualquier otra prueba pertinente y continuar con

el procedimiento administrativo autorizado por este capítulo,

incluyendo hacer una determinación en rebeldía.

10

Aunque en el recurso de apelación ante el foro apelativo se acompañó

copia de la planilla de contribución sobre ingresos de Argüello, fue

Torres Peralta, supra, pág. 2.44. Del expediente no surge prueba alguna que

sea contraria a las determinaciones del tribunal de instancia. Sólo constan

las mismas alegaciones de Argüello a las que el referido foro no le dio

credibilidad. “El juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, es quien

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder

apreciar

sus

gestos,

titubeos,

contradicciones,

manerismos,

dudas,

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia

la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Figueroa v. Am. Railroad Co.,

64 D.P.R. 335, 336 (1994).” Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil,

Publicaciones JTS, 2000, pág. 685.

Reiteramos una vez más la norma fundamental de nuestro ordenamiento

jurídico de que los tribunales apelativos, en ausencia de error, pasión,

prejuicio o parcialidad, no deben intervenir con las determinaciones de hecho,

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas

por los tribunales de instancia. Trinidad García v. Chade, res. el 18 de enero

de 2001, 152 D.P.R. ____, 2001 TSPR ___, 2001 JTS 10; Flores v. Soc. de

Gananciales, res. el 30 de junio de 1998, 146 D.P.R. ___, 1998 TSPR 96, 98 JTS

96; López Vicil v. ITT Intermedia Inc., 142 D.P.R. 857, 864 (1997); Quiñones

López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996); Pueblo v Bonilla Romero, 120

D.P.R. 92 (1987); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Ortiz v.

Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R.

579 (1970). “Recientemente enfatizamos que un foro apelativo no puede descartar

y sustituir por sus propias apreciaciones, basadas en un examen del expediente

del caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia.”

(Citas Omitidas) Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., res. el 2

de junio de 1999, 148 D.P.R. ____, 99 TSPR 83, 99 JTS 89. La determinación de

credibilidad del tribunal sentenciador “es merecedora de gran deferencia por

parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario,

está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que

precisamente lo que no se informó en ésta lo que consideró el foro de

instancia al fijar la pensión.

él fue quien oyó y vio declarar a los testigos.” (Citas omitidas) Pueblo v.

Bonilla Romero, supra, pág. 111.

Se desprende claramente de lo anterior que se cometieron los errores

señalados por la peticionaria. Las conclusiones de tribunal de instancia, de

acuerdo a las determinaciones de hecho a las que llegó luego de desfilada la

prueba, son conforme a derecho, ya que incorporan y aplican la normativa sobre

el particular que reseñamos antes. El demandado no logró establecer que el foro

de instancia hubiese incurrido en error, pasión, prejuicio o parcialidad, por

lo que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no tenía fundamento válido para

intervenir con la apreciación del tribunal sentenciador. Reiteramos que en el

caso de autos, Argüello, que fue quien solicitó la rebaja en la pensión

alimentaria en cuestión, tenía la obligación de justificar tal solicitud ante

el foro de instancia, cosa que no logró hacer.

IV.

Por los fundamentos expresados antes, procede que se deje sin efecto la

sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 14 de febrero

de 2000 y se reinstale la del Tribunal de Primera Instancia del 21 de mayo de

1999, mediante la cual se le impuso a Argüello una pensión de $415.32 mensuales

a favor de su hija, Ana. Nada de lo aquí dispuesto, claro está, impide que el

recurrido pueda acudir de nuevo al foro de instancia para solicitar una rebaja

de la pensión cuando pueda demostrar fehacientemente que sus circunstancias

económicas realmente han cambiado.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana M. Argüello López,

Myrna Y. López Peña

Demandantes-Recurrentes

v.

CC-2000-366

Certiorari

Elías Argüello García

Demandado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a

31 de agosto de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte de la presente, se deja sin efecto

la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones

el 14 de febrero de 2000 y se reinstala la del Tribunal de

Primera Instancia del 21 de mayo de 1999, mediante la cual se

le impuso a Argüello una pensión de $415.32 mensuales a favor

de su hija, Ana. Nada de lo aquí dispuesto, claro está, impide

que el recurrido pueda acudir de nuevo al foro de instancia para

solicitar una rebaja de la pensión cuando pueda demostrar

fehacientemente que sus circunstancias económicas realmente

han cambiado.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton

concurre con la Opinión emitida por entender que la

controversia de autos debió ser resuelta mediante una breve

Sentencia.

La Opinión del Tribunal en esencia resume la

normativa aplicable a este tipo de controversia y no contiene

ningún pronunciamiento nuevo que amerite ser publicada como

Opinión del Tribunal. El Juez Asociado señor Rebollo López no

interviene. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo