LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: ANGEL S. BONILLA RODRIGUEZ

2001 TSPR 110

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: ANGEL S. BONILLA RODRIGUEZ

CP-2000-0006

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Querella

In re:

2001 TSPR 110

Angel S. Bonilla Rodríguez

154 DPR ____

Número del Caso: CP-2000-6

Fecha: 17/julio/2001

Oficina del Procurador General :

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Angel S. Bonilla Rodríguez

CP-2000-6

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2001

El Licenciado Angel S. Bonilla Rodríguez representó a la Sra.

Nereida Soto y a la Sra. Carmen Zulma Soto en una demanda de filiación,

presentada el 22 de enero de 1990, contra el Sr. Justo López Echeandía

ante el extinto Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado.

Mediante sentencia de 15 de marzo de 1991, el referido tribunal

determinó que la demandante Nereida Soto efectivamente era hija del

demandado López Echeandía. El cuanto a la causa de acción de

Carmen

Zulma Soto, la misma fue desestimada por el tribunal debido a que,

conforme ello surge de una

CP-2000-6

3

“minuta”, ésta “nunca vino a los procedimientos y procedimientos y no tiene

interés alguno en dicha demanda”.1

En el entretanto, y durante este mismo período, el 19 de octubre de 1990,

la Sra. Nereida Soto -–ahora Nereida López Soto-- demandó en daños y

perjuicios al Sr. López Echeandía. El Licenciado Bonilla Rodríguez figuró

como abogado de la referida demandante en dicho pleito.2

Fallecido el señor Justo López Echeandía, el 20 de febrero de 1992,

la Sra. Carmen Zulma Soto instó, nuevamente, una demanda de filiación ante

el

extinto

Tribunal

Superior

de

Puerto

Rico,

Sala

de

Aguadilla 3 ,

--representada, igualmente por el Lcdo. Angel S. Bonilla Rodríguez-- contra

los miembros de la sucesión del fallecido, solicitando la nulidad de la

institución de herederos hecha en el testamento abierto otorgado por el

finado mediante la escritura número 45 el 11 de julio de 1991. La Sra. Nereida

López Soto figuraba como codemandada en dicha acción; ello en virtud de haber

sido declarada hija del finado López Echeandía. Este pleito terminó con una

sentencia favorable a la demandante Carmen Zulma Soto.4

Por otra parte, el 6 de marzo de 1992, el Lcdo. Bonilla Rodríguez,

representando a la Sra. Lydia López Vera, al Sr. Francisco A. López Vera

y a la Sra. Nereida López Soto, demandó a la sucesión de Providencia Vera

Crespo y Justo López Echeandía, impugnando: los testamentos abiertos que

otorgaron Providencia Vera Crespo y Justo López Echeandía, respectivamente;

el nombramiento de los albaceas testamentarios en ambos testamentos; el

rendimiento de cuentas del caudal hereditario a partir del fallecimiento

de la Sra. Providencia Vera Crespo; y la correspondiente partición de

herencia5. En dicha demanda, el Lcdo. Bonilla hizo constar que, entre los

herederos de la sucesión del Sr. López Echeandía, figuraba la Sra. Carmen

Zulma Soto quien “sostiene una acción de filiación ante ese Tribunal.” Cabe

recalcar que es el mismo Lcdo. Bonilla quien ostentaba la representación

legal de la Sra. Carmen Zulma Soto en la acción de filiación.

1

Minuta de fecha 25 de febrero de 1991.

No surge del expediente el resultado de dicho pleito.

3

Civil Núm. TS-92-340.

4

No surge de los autos la fecha exacta de esta sentencia.

5

Civil Núm. TS-92-401.

2

CP-2000-6

4

Así las cosas, el 26 de agosto de 1993, uno de los herederos, el Sr.

Wilson López, presentó una queja ante este Tribunal en el cual cuestionó

la actuación del Lcdo. Bonilla Rodríguez al representar a la Sra. Nereida

López Soto en el caso de filiación en contra del Sr. López Echeandía y, luego,

al éste fallecer, representar a la Sra. Carmen Zulma Soto en otra demanda

de filiación contra la sucesión de aquél, entre cuyos demandados incluyó

a Nereida López Soto, a quien había representado en su caso de filiación.

El 5 de noviembre de 1993 este Tribunal dictó Resolución ordenándole

al Lcdo. Bonilla que renunciara a la representación profesional que

ostentaba en los casos TS-92-340 y TS-92-4016 presentados en el Tribunal

Superior de Aguadilla.7 El Licenciado Bonilla cumplió con lo ordenado.

El 2 de noviembre de 1996, el Lcdo. Bonilla Rodríguez presentó una

petición de intervención en un caso, sobre nombramiento de contador

partidor, instada por Wilson López Vera, et als v. Justo A. López Vera,

Francisco A. López Vera, Erohilda López Mártir, Nereida López Soto y Carmen

Zulma López Soto (Caso Civil Núm. LAC96-0104), reclamando el pago de

honorarios de abogados. El tribunal de instancia denegó la intervención

solicitada y la moción de reconsideración presentada en el mismo asunto.

Ante la negativa a su solicitud de intervención, el 17 de julio de

1997, el Lcdo. Bonilla radicó demanda, por violación de contrato y en cobro

de dinero, contra Justo López Vera, Francisco A. López Vera, su esposa Hilda

Santiago y la sociedad de gananciales por ellos compuesta, Lydia López Vera,

su esposo Dorian Ramírez, Erohilda López Mártir, Nereida López Soto y Carmen

Zulma López. Desistió de dicha acción posteriormente.

No obstante lo anterior y luego de unos trámites procesales, el

licenciado Bonilla Rodríguez presentó en dicho caso una moción para que se

6

Las acciones involucran a los herederos de las sucesiones de

Providencia Vera Crespo, compuesta por sus hijos: Cecilia

Esther, Nilda Rosa, Minerva, Justo Apolinar, Edith, Franklin,

Wilson, Nelson, Ferdinand, Lydia y Francisco, todos de apellido

López Vera. Por otro lado, se encuentra la sucesión de Justo

López Echeandía compuesta por todos los herederos de

Providencia Vera Crespo, además de Carmen Zulma López Soto,

Nereida López Soto y Erohilda López Mártir.

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5

le permitiera asumir la representación legal de las codemandadas Nereida

López Soto y Carmen Zulma López Soto. El 5 de junio de 1998, el Tribunal

Superior, Sala de Utuado, aceptó al licenciado Bonilla Rodríguez como

representante legal de Carmen Zulma López Soto y Nereida López Soto en el

caso LAC-96-0104. Es decir, el licenciado Bonilla asumió representación

legal

en

el

mismo

caso

en

que

éste

había

solicitado

intervención

anteriormente, reclamando honorarios, y sobre el mismo asunto que lo llevó

a demandar por violación de contrato y cobro de dinero contra, entre otros,

las partes que ahora solicitó representar.

El 8 de junio de 1998, la representación legal de la parte demandante

en el caso LAC-96-0104 solicitó del tribunal de instancia la descalificación

del Licenciado Bonilla Rodríguez en dicho caso. Mediante resolución de 28

de octubre de 1998 y notificada el 9 de noviembre de 1998, el tribunal de

instancia,

en

lo

aquí

pertinente,

determinó

que

no

procedía

la

descalificación solicitada. Los demandantes, entonces, recurrieron al

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional III, Arecibo-Utuado,

vía certiorari interlocutorio. Mediante sentencia del 17 de marzo de 1999,

el tribunal apelativo revocó la decisión de instancia y determinó que

procedía la descalificación del licenciado Bonilla Rodríguez en el caso

LAC-96-0104. Sostuvo que los hechos relatados perfilaron una situación de

conflicto de intereses.

Dado los hechos esbozados, el Procurador General formuló una querella

contra el licenciado Angel S. Bonilla Rodríguez, por violación al Canon 21

de Etica Profesional, por éste “ostentar la representación legal de clientes

con intereses encontrados e incompatibles entre sí” y por violación al Canon

38 de Etica Profesional al “representar los intereses de clientes que

fluctuaban como demandantes y demandados en los que intervino creando una

apariencia de conducta profesional impropia.”

El licenciado Bonilla Rodríguez contestó la querella negando los

cargos. Designamos como Comisionado Especial al Ex Juez Superior Elí Arroyo

7

El caso TS-92-401 fue trasladado al Tribunal Superior, Sala

de Utuado, con el número LAC-92-0043.

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6

para que nos rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y

recomendaciones.

Examinado el expediente, y las recomendaciones del Comisionado,

procedemos a resolver.

I

El Canon 21 de Etica Profesional, ante, en lo pertinente, dispone:

“El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad

completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al

cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las

partes y con terceras personas, y cualquier interés en la

controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar

su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación

legal cuando su juicio profesional puede ser afectado por sus

intereses personales.

No es propio de un profesional el representar intereses

encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado

representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un

cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en

cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.

La obligación de representar al cliente con fidelidad

incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de

adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un

abogado no debe aceptar la representación de un cliente en

asuntos que pueden afectar adversamente cualquier interés de

otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente

cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan

afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo

aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las

confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.”

Canon 21 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap IX C.21, (Énfasis

suplido.)

En In re: Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 529-539 (1996) señalamos que

el citado Canon 21 contempla tres situaciones que debe evitar todo abogado

para no incurrir en la representación de intereses encontrados, a saber:

(1) que, en beneficio de un cliente, se abogue por aquello a lo que el letrado

debe oponerse, en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente,

situación que presupone la representación simultánea de dos clientes

distintos, cuyos intereses se llegan a oponer; (2) que un abogado acepte

la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente

cualquier

interés

de

un

cliente

anterior,

la

cual

presupone

la

representación sucesiva de distintos clientes, cuyos intereses se llegan

a oponer; (3) que un abogado acepte una representación legal, o que continúe

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7

en ella, cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses

personales.

Como podemos notar, el Canon 21, ante, abarca el conflicto de intereses

por la representación múltiple y la representación sucesiva de clientes.

“La representación sucesiva de clientes con intereses adversos presenta el

peligro

especial

de

que

el

abogado

viole

el

principio

de

la

confidencialidad”, In re: Carreras Rovira y Suárez, ante, 790, privilegio

que subsiste aun luego de finalizada dicha representación. In re: Guzmán,

80 D.P.R. 713, 724 (1958).

Para determinar si existe un conflicto por representación sucesiva,

solo se tiene que demostrar una “relación sustancial” o adversa entre la

controversia legal en la que el abogado comparece actualmente en su contra

y la materia o causa de acción en la que dicho abogado representó

inicialmente. In re: Carreras Rovira y Suárez, ante, 791. No obstante, el

criterio de “relación sustancial” no requiere probar una violación actual

al principio de confidencialidad por lo que cobija cualquier violación

potencial dentro del marco de dicha relación. Id. Es decir, basta probar

que la controversia en el pleito actual está relacionada sustancialmente

con la materia o causa de acción anterior. Otaño Cuevas v. Vélez Santiago,

ante, 280.

El objetivo de dicha doctrina pretende salvaguardar y asegurar que

los secretos y confidencias que el cliente anterior compartió en el

transcurso de su relación con su representante legal no se utilicen

posteriormente en su contra. En In re: Orlando Roura, 119 D.P.R. 1, 6 (1987),

atinamos que existe un conflicto de intereses impermisible cuando un

abogado, que representó a ambas partes en un pleito de divorcio por

consentimiento mutuo, luego interviene o participa “en esa condición en

cualquier litigio posterior relacionado, directa o indirectamente, con las

cuestiones objeto de dicho divorcio por consentimiento.” (Énfasis suplido);

véase, además, In re: Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994).

Luego, extendimos la protección brindada en la doctrina de la

representación sucesiva de clientes para evitar violaciones al Canon 21 de

Etica Profesional, ante, al descalificar, no solo al abogado que representó

CP-2000-6

8

a la parte en el pleito, sino que, en ciertas circunstancias, permite

descalificar al grupo de abogados o bufete que les ofreció el servicio si

uno

o

más

de

sus

integrantes

está

personalmente

descalificado

(descalificación primaria) a causa de un conflicto de interés a través de

la descalificación imputada o vicaria. P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co.,

Inc., 133 D.P.R. 112 (1993); véase, además, Robles Sanabria, Ex Parte, 133

D.P.R. 739 (1993).

Así, la doctrina faculta que unos o todos los abogados del bufete o

agrupación se descalifiquen por existir una presunción de confidencias

compartidas. Además, autoriza la descalificación primaria de un bufete o

agrupación de abogados por la posibilidad de éstos sostener un interés

económico adverso al del cliente, lo cual implica una bifurcación en la

lealtad absoluta que deberá ejercer todo abogado para con su cliente8. Robles

Sanabria, Ex parte, ante. La protección de los intereses y confidencias del

cliente anterior pretende asegurar al cliente la completa lealtad de sus

abogados y la de aquellos con quienes estén afiliados e impera sobre

cualquier otro interés presente o ulterior en competencia. Id.

Señalamos en In re: Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743, 754 (1990) que

el conflicto de intereses proscrito por el Canon 21 comprende tanto el

conflicto de intereses personales como el conflicto de obligaciones. La

primera vertiente sostiene que el conflicto existe cuando los intereses

personales del abogado interfieren con la representación adecuada y efectiva

del cliente al ser éstos incompatibles entre sí, dificultando, así, el deber

de lealtad hacia su cliente. En su segunda acepción, el conflicto de

obligaciones existe cuando las representaciones simultáneas o sucesivas

están en conflicto con su deber de guardar confidencias que ostenta el

abogado con los intereses de cada uno de sus clientes. Id.

Como regla general, los abogados no solo deben evitar el conflicto

de intereses actual, sino también el potencial. Sánchez Rodríguez v. López

Jiménez, 116 D.P.R. 172, 190 (1985). Así, “para imponer al abogado la

8

Esta presunción de confidencias compartidas aplica a aquellas

agrupaciones o bufetes cuya política se distingue por el acceso

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9

obligación de renunciar a la representación del cliente afectado, el

conflicto no tiene que estar establecido claramente; basta con que el

conflicto sea potencial. La situación no varía por el hecho de que alguien

crea que dicha posibilidad es, o no, ‘altamente especulativa’”. Fed. Pesc.

Playa Picúas v. U.S. Inds. Inc., 135 D.P.R. 303, 319 (1994). Por lo tanto,

es éticamente insostenible que un abogado ostente la representación

simultánea o sucesiva de partes con potencial conflicto de intereses o con

intereses encontrados.

Así, el Canon 21 de Etica Profesional, ante, impone un deber de lealtad

absoluta al ejercer un juicio independiente y desligado a sus intereses

personales y al no divulgar los secretos y confidencias que el cliente le

haya manifestado durante su relación en representaciones anteriores,

presentes y en las subsiguientes. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza,

138 D.P.R. 850, 857-858 (1995); Robles Sanabria, Ex Parte, ante.

Todo abogado deberá cerciorarse de que no representa intereses

encontrados o incompatibles entre sí. In re: Robert Palau Bosch, res. el

30 de junio de 1999, 1999 T.S.P.R. 122. En In re: Concepción Suárez, 111

D.P.R. 486 (1981), requerimos la renuncia de un abogado por existir una

posibilidad de conflicto de intereses ya que el abogado representaba a la

esposa de su antiguo amigo y cliente en un pleito de divorcio. Es decir,

el conflicto de intereses dimanante de una representación múltiple o

sucesiva de clientes cobija tanto las estrechas relaciones profesionales

como las de amistad. Id., 490. Igualmente sancionamos a un abogado por violar

el Canon 21, ante, al representar los bienes de un cliente mientras dicho

abogado era presidente y dueño de casi la totalidad de acciones de la compañía

financiera, con un interés económico en dichos bienes. In re: Martínez

Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977). 9 El abogado “debe cuidarse de que sus

actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que defiende intereses

encontrados con los de su cliente. En ese caso, es su deber desligarse cuanto

libre de información o que fomenta que los abogados compartan

información entre sí.

9

Sancionamos a los abogados querellados que representaban y

asesoraban a la Asamblea Municipal mientras representaban a

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10

antes de la representación profesional que ostenta.” In re: Roldán González,

ante.

II

Por otra parte, el Canon 38 de Etica Profesional, ante, impone a todo

abogado el deber ineludible de “esforzarse, al máximo de su capacidad, en

la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de

conducta profesional impropia”. (Énfasis suplido).

Es obligación de todo abogado evitar toda apariencia de impropiedad;

esto es, en caso de duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses,

el abogado deberá renunciar a la representación legal del cliente afectado

o potencialmente afectado. In re: Toro Cubergé, ante, 533; In re: Valentín

González, 115 D.P.R. 68 (1984); In re: Carreras Rovira y Suárez Zayas, ante;

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); In re: Belén

Trujillo, ante; Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., ante; In re:

Peña Clos, ante.

Es menester que “el abogado sea escrupuloso en el cumplimiento de las

normas de ética profesional, y debe cuidarse de que sus actuaciones no den

margen a la más leve sospecha de impropiedad”.

In re: Toro Cubergé, ante,

535; In re: Roldán González, ante; In re: Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983).

Es por ello que a todo abogado le ampara la obligación de precaver el

conflicto de intereses, tanto en la realidad como en la apariencia. In re:

Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986). Por ende, “la apariencia de

impropiedad será utilizado para resolver cualesquiera dudas que surjan sobre

posible conflicto de intereses, a favor de la descalificación”. Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, res. el 29 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R.

101; véase además Liquilux Gas Corp. v. Berríos, ante, Otaño Cuevas v. Vélez

Santiago, ante.

ciudadanos en pleitos contra el Municipio. In re: Roldán

González, 113 D.P.R. 238 (1982).

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III

A tenor con la normativa expuesta, no cabe duda que en el caso de

marras, el Lcdo. Bonilla incurrió en un conflicto insostenible de intereses,

violatorio el mismo de las disposiciones de los Cánones 21 y 38 de Etica

Profesional. El querellado ostentó la representación sucesiva de partes

adversas en asuntos relacionados entre sí, situación que infringe el deber

de lealtad y confianza absoluta que deberá existir en una relación

abogado-cliente.

Debe señalarse que no obstante este Tribunal haber ordenado la

renuncia del Lcdo. Angel Bonilla en el caso de Filiación, Nulidad de

Testamento y Petición de Herencia, en el cual representaba a Carmen Zulma

Soto, contra la sucesión de Justo López Echeandía, y en el caso de Impugnación

de Testamento, Rendimiento de Cuentas, Partición de Herencia e Impugnación

de Albacea testamentario, en el cual representaba a Lydia López Vera,

Francisco López Vera y Nereida López Soto, contra la sucesión de Providencia

Vera Crespo, éste intentó asumir la representación legal de las codemandadas

Nereida López Soto y Carmen Zulma López en dicho caso.

Aun cuando los procedimientos de descalificación no constituyen

acciones disciplinarias, sino que se emplean como una medida preventiva para

evitar posibles violaciones a los Cánones de Etica, K-Mart Corp. v. Walgreens

of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988), y que las codemandadas dieron su

anuencia libre y voluntaria a que el Lcdo. Bonilla las representara, luego

de los hechos acontecidos y la demanda que éste radicó contra ellas, no

podemos permitir el menoscabo al cumplimiento riguroso de los cánones de

ética y nuestros propios pronunciamientos en In re: Félix, 111 D.P.R. 671

(1981), a saber: “Condonar la conducta del abogado bajo la tesis de que su

cliente le mantiene confianza es simplemente renunciar y entregar la

jurisdicción disciplinaria de este foro a criterios individuales, sabios

o no, sacrificando intereses públicos de alta calidad.” Id., 674. Véase,

además, In re: Concepción Suárez, ante, 491.

La conducta del licenciado Bonilla Rodríguez está reñida con las

disposiciones de los Cánones 21 y 38 de Etica Profesional. Como hemos

señalado consistente y continuamente, la consecución del desempeño de la

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abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia, por lo que no

admite suspicacia ni ambigüedad en su función profesional. In re: Carreras

Rovira y Suárez Zayas, ante, 784; In re: Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758,

765 (1976). La lealtad, fidelidad y diligencia que debe ejercer la clase

togada con un cliente abriga todo asunto relacionado con su representación

legal y/o cualquier asunto que el cliente consulte. Dicha lealtad es

“indivisible y continúa aun después de cesar entre ellos las relaciones de

abogado y cliente”. In re: Carreras Rovira y Suárez Zayas, ante, 784 (1984);

In re: Guzmán, 80 D.P.R. 713, 723 (1958).

No podemos pasar por alto los postulados que emanan de los Cánones

de Etica Profesional, pues se debilita y amedrenta la confianza depositada

en la profesión legal. Dicha confianza, acompañada con la lealtad con que

el abogado desempeña su labor, encauza la relación abogado- cliente, piedra

angular en la administración adecuada y

eficaz de la representación legal

y la justicia. La gestión legal no admite oscilación ni ambigüedad por lo

que “las dudas sobre cuestiones de ética profesional debe resolverlas el

abogado con rigurosidad contra sí mismo”. In re: Valentín, 115 D.P.R. 68,

73 (1984); In re: Toro Cubergé, ante, 535; In re: Carreras Rovira y Suárez

Zayas, ante. Es por ello que hemos enfatizado que las violaciones al Canon

21, ante, conllevan la imposición de sanciones al abogado. In re: Peña Clos,

ante, 602.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede censurar severamente al Lcdo.

Angel S. Bonilla Rodríguez. Apercibimos al licenciado Bonilla Rodríguez para

que, en el futuro, ejerza mayor cautela al evaluar las situaciones que

pudieran generar un conflicto de intereses o, en la alternativa, que pudieran

desatar una apariencia de impropiedad. Además, apercibimos al licenciado

Bonilla Rodríguez de que en el futuro procure el cabal cumplimiento a los

Cánones de Etica que rigen la profesión togada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Angel S. Bonilla Rodríguez

CP-2000-6

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta

Sentencia censurando severamente al Lcdo. Angel S. Bonilla Rodríguez.

Se apercibe al licenciado Bonilla Rodríguez para que, en el futuro,

ejerza mayor cautela al evaluar las situaciones que pudieran generar

un conflicto de intereses o, en la alternativa, que pudieran desatar

una apariencia de impropiedad. Además, apercibimos al licenciado

Bonilla Rodríguez de que en el futuro procure el cabal cumplimiento

a los Cánones de Etica que rigen la profesión togada.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurre

en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez

no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo