LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. CARMEN L. FIGUEROA SANTANA

2001 TSPR 112

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. CARMEN L. FIGUEROA SANTANA

CC-2000-0922

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrente

Certiorari

v.

2001 TSPR 112

Carmen L. Figueroa Santana

Recurrida

154 DPR ____

Número del Caso: CC-2000-922

Fecha: 23/julio/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Juez Ponente:

Hon. Ismael Colón Birriel

Oficina del Procurador General

Lcda. Eva S. Soto Castello

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edwin H. Flores Sellés

Lcdo. José A. Montijo Román

Materia: Infr. Art. 3.1 Ley de Violencia Doméstica

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

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público a la comunidad.

CC-2000-922

3

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrente

v.

CC-2000-922

Carmen L. Figueroa Santana

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN

San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2001

Nos corresponde determinar si para que una persona sea

declarada culpable por el delito de Maltrato tipificado en el

Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8

L.P.R.A. § 631, (en adelante Ley 54), se requiere que el

Ministerio Público pruebe como elemento del delito que la

persona acusada ha incurrido en un patrón constante de empleo

de fuerza física o violencia psicológica en contra de la

víctima.

El 3 de junio de 1999 el Ministerio Público presentó dos denuncias contra la recurrida,

Carmen L. Figueroa Santana, (en adelante Sra. Figueroa o recurrida), una por infracción

al Art. 3.2 de la Ley 54 (maltrato agravado), y otra por infracción al Art. 4 de la Ley

de Armas, 25 L.P.R.A. § 414. En la vista preliminar se encontró causa probable para acusar

a la recurrida por violación al Art. 3.1 de la Ley 54, que establece el delito de maltrato

en su modalidad simple.

La vista del juicio en su fondo se celebró el 7 de septiembre de 1999.

El único

testigo que declaró fue la víctima, el señor Juan B. Romero Rosa (en adelante Sr. Romero).

Éste declaró que convivía con la acusada, que había procreado dos (2) hijos con ésta, y

que al momento de ocurrir los hechos ella esperaba otro hijo de él. Además, el Sr. Romero

declaró lo siguiente respecto a la forma en que ocurrieron los hechos:

...Alguien le dijo a ella que estaba con otra muchacha o algo... y fue

al trabajo a hablar conmigo y yo no estaba mirando. Fue a las 2:30 de

la tarde... Ella me decía que sí era verdad y yo que no. No hubo falta

de respeto ni voz alta ni de parte de ella ni de él. Ella se fue acercando

donde mí y cuando me fue a tirar yo me tapé y me raspó el brazo. No vi

con lo que tiró, dice que una sortija, porque yo no vi lo que fue... yo

estaba mirando al piso cuando veo que levanta la mano para darme, me tapo

el brazo.

...se imaginaba que con un cuchillo, pero no vio el cuchillo... Cuando

se le acercó ella no dijo nada. El no le contestó nada... Ocurrió en

el “parking” de su trabajo. Ella se va y él siguió para su trabajo. El

llamó la policía, pero no fue. Fue la policía al otro día, el día 3...

No recibió atención médica...

Durante el contrainterrogatorio, el Sr. Romero reafirmó esencialmente lo que declaró

en el directo en relación con cómo ocurrieron los hechos.

También admitió que él había

cometido dos (2) delitos de Ley 54 contra la Sra. Figueroa.

De acuerdo a esta prueba, la Sra. Figueroa fue declarada culpable de infracción al

Art. 3.1 de la Ley 54.

Se le condenó a cumplir 1 año de libertad a prueba, sujeto a la

participación de la recurrida en un programa de desvío.

Inconforme, la recurrida acudió

al Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). Señaló que el

tribunal de instancia erró al encontrarla culpable, ya que “estuvo totalmente ausente de

la prueba del Ministerio Público, el patrón de conducta constante de empleo de fuerza física

o violencia psicológica según establece la ley”.1

El Tribunal de Circuito acogió el planteamiento de la apelante y revocó la sentencia

dictada por el tribunal de instancia.

El foro apelativo concluyó que:

[E]l delito contemplado en la Ley 54, define ciertos tipos de conducta

prohibida o ilegal, las cuales quedan subsumidas dentro de lo que

constituye, en el contexto de dicha ley la definición de violencia

doméstica. Por tanto, somos de la opinión que conforme a la definición de

“Violencia Doméstica” [patrón de conducta constante de empleo de fuerza

1

La recurrida también señaló como error el que no se le permitiese a la

defensa presentar en evidencia una sentencia contra la víctima, Sr. Romero,

por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54. No obstante, la recurrida se limitó

únicamente a hacer el señalamiento, sin discutir el error alegado ni en su

escrito de apelación ni en su alegato ante el Tribunal de Circuito. Por

ésta razón, el foro recurrido no hizo determinación alguna sobre dicho error.

física o violencia psicológica], el Ministerio Público... tiene que probar,

como elemento esencial del delito de maltrato un patrón de conducta

constante por parte del agresor...

De esta determinación el Ministerio Público recurrió ante nos mediante recurso

señalando como único error la conclusión del Tribunal de Circuito de que la conducta

tipificada como violencia doméstica, en su modalidad de maltrato, requiere un patrón de

conducta constante de empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o

persecución.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

Las partes han comparecido y con el

beneficio de sus argumentos procedemos a resolver.

II

La violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos

que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la política sobre este

asunto, debemos dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones

de violencia doméstica presentan, particularmente a mujeres y menores, para

preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar

sus vidas.

El párrafo que antecede forma parte de la declaración de política pública contenida

en el Art. 3.1 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. § 601.

Dicha política pública ha sido reafirmada

por este Tribunal, al reconocer que “la violencia doméstica es un mal endémico y una infamia

repudiable que aqueja a la sociedad contemporánea. Si algo ha de quedar claro es la política

pública en su contra, consagrada en la Ley para la Prevención en Intervención con la

Violencia Doméstica...”.

San Vicente v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 1, 2(1996).

Así, al interpretar la Ley 54, no podemos perder de perspectiva la política pública

subyacente en la misma, ya que “las leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión

con el propósito social que las inspira, sin desvincularse de la realidad y del problema

humano que persiguen resolver”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, Op. de 17 de febrero de 1999,

99 J.T.S. 16; Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735 (1992).

Huelga repetir aquí la problemática familiar y social que conlleva la violencia

doméstica. Basta ojear día a día los periódicos del país, o ver las noticias televisadas

para darnos cuenta que la violencia doméstica es un mal social que, lamentablemente, está

arraigado en nuestras comunidades, afectando a todas las clases sociales.

Como regla general, las víctimas más frecuentes de a problemática son las mujeres

y niños, grupos que históricamente han sufrido los efectos más desgarradores de la

violencia, la pobreza y el discrimen.

No obstante, este caso nos presenta la situación

particular de una mujer en el lado contrario de la típica ecuación de la violencia doméstica.

Se trata de una mujer y madre acusada y convicta por el delito de maltrato en contra de

su compañero y padre de sus hijos.

No obstante, la Ley 54, aunque generalmente en su

aplicación protege a las mujeres víctimas de maltrato, se creó también para proteger a los

hombres que, en ocasiones, también son víctimas silentes de este triste drama.

III

La evidencia presentada y no contradicha por las partes estableció que entre la

recurrida y el Sr. Romero ocurrió una discusión motivada por los celos.

En medio de esa

discusión la recurrida agredió al Sr. Romero con un objeto, quizás punzante, que le causó

una lesión leve en el brazo.

La recurrida no negó en momento alguno estos hechos, sino

que argumentó que para poder ser acusada y convicta del delito imputado, el Estado tenía

que probar que ella había incurrido en un patrón de conducta reiterada de maltrato físico

o psicológico en contra de su compañero. Esto debido a que el maltrato es una manifestación

de la violencia doméstica, concepto que se define en la ley como:

[P]atrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia

psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su

cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con

quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con

quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su

persona, sus bienes o a la persona de otro para causarle daño emocional.

8 L.P.R.A. § 602(k).

Así, la recurrida señala que debido a que la definición de “violencia doméstica”

requiere un patrón de conducta constante de fuerza física o violencia, no se puede encontrar

a una persona incursa en un delito de violencia doméstica sin que se pruebe dicho patrón.

O sea, el planteamiento se reduce a que para que se pruebe el delito de maltrato tipificado

en el Art. 3.1 de la Ley 54, se requiere probar, como elemento del delito, el patrón de

conducta constante de violencia.

No tiene razón.

Los tribunales están obligados bajo el principio de legalidad a que la ley penal debe

interpretarse restrictivamente, sin menoscabar la intención del legislador, de ser ésta

conocida o evidente.

Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. § 303.

Véase,

además, Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 750-751 (1993). Cuando una ley en la

que se tipifica un delito penal es clara, los tribunales no tienen la facultad de añadirle

limitaciones o restricciones que no aparecen en su texto, con el pretexto de interpretarla.

Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964). Estas normas de interpretación tienen

el propósito de evitar una aplicación de una ley penal que sea inconsistente con el propósito

legislativo de ésta.

El Art. 3.1 de la Ley 54 tipifica el delito de maltrato, disponiendo que:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica,

intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la

persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien

sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien

haya procreado un hijo o hija, para causarle daños físico a su persona, a

los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen

privativamente al ofensor, o la persona de otro para causarle grave daño

emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce

(12) meses, excepto que de mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir

a un término no menor de nueve (9) meses y de mediar circunstancias

agravantes podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses. 8 L.P.R.A. § 631.

Al analizar la disposición citada, encontramos que los elementos del delito de

maltrato son: (1) empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o

persecución; (2) contra una persona que haya sido cónyuge del agresor o agresora, o con

quien haya convivido, sostenido una relación consensual, o procreado hijos; y (3) que la

fuerza o violencia se haya efectuado para causar daño físico a esa persona o sus bienes.

Como vemos, entre los elementos del delito no se encuentra el que se pruebe patrón de

violencia constante en contra de la víctima.2

De hecho, al analizar las disposiciones

penales de la Ley 54, nos encontramos con que ninguna de éstas utiliza el concepto "violencia

doméstica" para criminalizar la conducta constitutiva del delito.

El hecho de que en la Ley se defina violencia doméstica como un patrón de conducta

constante, no significa que el Art. 3.1 requiera que la fuerza física utilizada en un

incidente particular sea parte de un patrón de conducta relacionado.

No es lo mismo el

concepto violencia doméstica, que es lo que define el Art. 1.3(k), que fuerza física como

elemento del delito de maltrato tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54.

La violencia

doméstica, como concepto, se manifiesta generalmente en un patrón de conducta consistente

en agresión, maltrato físico, verbal y psicológico.

No significa esto que el legislador

haya pretendido, en forma alguna, limitar la fuerza física que se requiere para cometer

el delito de maltrato a que se pruebe el patrón de conducta constante que, como regla general,

implica el concepto violencia doméstica.

La Ley 54 establece un amplio esquema regulador con el propósito de atender la

problemática de la violencia doméstica.

Así, no sólo establece sanciones de tipo penal,

sino que también establece el remedio civil de la orden de protección, Art. 2.1 de la Ley

54, 8 L.P.R.A. sec. 621. La definición de "violencia doméstica" provista en la ley tiene

el propósito de facilitar la comprensión y el alcance jurídico de este remedio.

Es por esta razón que de acuerdo con el Art. 2.1 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. § 621, la

persona que haya sido víctima de “violencia doméstica”, o de conducta constitutiva de delito

según tipificado en la ley, puede solicitar al tribunal una orden de protección.

Vemos

pues cómo este artículo distingue entre la conducta a la que se refiere el término “violencia

doméstica” y la conducta constitutiva de delito tipificada en los Artículos 3.1, 3.2, 3.3,

3.4 de la Ley 54 de manera que se pueda solicitar una orden de protección contra la persona

que haya incurrido en cualquiera de las conductas tipificadas en estos artículos de la Ley,

aunque no exista un patrón de conducta.

Por otra parte, otras disposiciones de la Ley 54, como por ejemplo, el Art. 3.11,

utiliza el término “violencia doméstica” al ordenar la preparación de informes a los

oficiales que intervienen en incidentes de violencia doméstica. También se utiliza dicho

concepto en las disposiciones relativas a la función de la Comisión de Asuntos de la Mujer

2

No es necesario resolver aquí, por no estar planteado, si para acusar a

una persona de violencia psicológica, intimidación o persecución bajo el

en el esquema regulador de la Ley 54.

Como vemos, cuando el legislador quiso utilizar el

concepto “violencia doméstica” en disposiciones específicas de la Ley, así lo hizo.

En

el contexto de dichas disposiciones es que debe aplicarse la definición de “violencia

doméstica” establecida en el Art. 1.3(k) de la Ley 54.

La interpretación que propone la recurrente está reñida tanto con la letra como con

el espíritu de la Ley 54, y choca con la política pública esbozada en el estatuto.

Basta

solamente con preguntarse: ¿es lógico y razonable que se interprete el Art. 3.1 de la Ley

54 como que requiere que la persona sea víctima en más de una ocasión de violencia física

para que entonces pueda denunciar al agresor o agresora bajo la Ley 54? ¿Debe una persona

víctima de agresión por parte de su pareja esperar a ser agredida una segunda, tercera,

o cuarta ocasión, para poder cumplir con el requisito de patrón de conducta constante

alegadamente necesario para que se incurra en el delito de maltrato según tipificado en

la Ley 54?

Definitivamente, una contestación en la afirmativa a estas preguntas nos llevaría

a una interpretación absurda de la Ley 54. La recurrida, para salvar su argumento de esta

inaudita pero inescapable interpretación, alega que se puede configurar el delito de

Maltrato mediante fuerza física con una sola agresión siempre que el Ministerio Público

demuestre que la persona imputada ha incurrido en alguna otra conducta constitutiva de

violencia doméstica, como un patrón constante de violencia psicológica, intimidación o

persecución.

Ciertamente, este razonamiento no tiene base racional alguna en las disposiciones

de la Ley 54. Equivale a imponer al Ministerio Público la carga de probar un elemento del

delito de maltrato que simplemente la ley no exige.

Aunque generalmente, los casos de

maltrato por fuerza física implican también intimidación o violencia psicológica, esto no

significa que para que se configure dicho delito sea necesario probar que la persona

agraviada también fue víctima de violencia psicológica, intimidación y persecución.

La recurrida también alega que en los casos de maltrato mediante fuerza física en

los cuales no se demuestre el patrón de conducta constante de fuerza física o violencia

psicológica,

el

agresor

siempre

podría

ser

procesado

bajo

las

disposiciones

correspondientes del Código Penal de Puerto Rico. Esta aseveración refleja, cuanto menos,

poco entendimiento del esquema protector establecido en la Ley 54.

En el Informe Conjunto del Sustitutivo a los Proyectos del Senado 90 y 470 de 25 de

junio de 1989, se explica que: “en el sustitutivo ante nuestra consideración se crean los

delitos de maltrato y maltrato agravado los cuales tipifican de forma especial la conducta

que constituye violencia doméstica”.3 (Énfasis suplido).

Más adelante continúa diciendo

que:

Art. 3.1 de la Ley 54, se requiera que se pruebe un patrón de conducta.

Informe Conjunto, pág. 9.

3

Aun cuando algunos de los elementos mencionados estén presentes en

otros delitos, el hecho de que según el proyecto, estén unidos a la relación

conyugal o consensual, tipifican particularmente un tipo de conducta que

hasta ahora no está sancionada como delito. Dado que el propósito del

proyecto de ley e[s] tipificar los delitos de Maltrato y Maltrato Agravado

incorporando a éstos elementos no contemplados en los delitos de agresión

ya estatuidos, los nuevos delitos tienen el propósito de distinguir este

tipo de conducta delictiva y establecer una pena espec[í]fica para ella.4

(Énfasis suplido).

Los delitos de maltrato y maltrato agravado que se tipifican en la Ley 54 crean una

modalidad especial del delito de agresión tipificado en el Art. 95 del Código Penal, para

atender específicamente las agresiones ocurridas dentro del contexto de la relación de

pareja.

Alegar que la persona víctima de violencia doméstica puede recurrir a las

disposiciones análogas del Código Penal para denunciar a su cónyuge o compañero agresor

es ir en contra de las razones mismas por las cuales se creó la Ley 54.

Vale citar aquí,

además, nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Rivera Morales, 133 D.P.R. 444 (1993):

Resulta significativo el hecho de que a pesar de que se aprueba la Ley

Núm. 54 se mantuvo vigente la protección del Art. 95(d); un claro

reconocimiento de que el problema de la violencia contra la mujer no se limita

a una relación de pareja, sino que también persiste el grave problema de la

mujer que es víctima de agresión por parte de desconocidos. En otras palabras,

el legislador aunque particularizó una modalidad para atenderla con mayor

especificidad, ha reconocido que aún existe un problema de violencia

generalizada contra la mujer. La Legislatura escogió como instrumento de

lucha contra este problema de violencia generalizada la legislación penal,

el Art. 95(d).5

Por último, la recurrida se apoya en ciertas expresiones en el historial legislativo

de la Ley 54, para sostener su argumento, específicamente las que se refieren a la violencia

doméstica como “patrón de conducta”. No obstante, tomado en su verdadero contexto, lo que

surge del historial legislativo es la preocupación especial de los legisladores y de las

comisiones de la Cámara y Senado de aprobar una ley que resultase efectiva para atacar la

grave problemática de la violencia doméstica, la cual se manifiesta, en la mayoría de los

casos, en un patrón continuo de abuso físico y psicológico. Las referencias que se hacen

en los debates legislativos y en los informes de las distintas comisiones al “patrón de

conducta” de violencia doméstica se refieren más bien a la gravedad del problema que se

intentaba remediar con la aprobación de la Ley. En ninguna parte del historial legislativo

se desprende que se requiere como prueba del delito de maltrato un patrón de conducta de

violencia. Como ya hemos indicado, dicha interpretación está en contra de toda la política

pública tras la Ley 54, y no está sostenida por las disposiciones específicas que tipifican

el delito de maltrato.

IV

4

5

Informe Conjunto, pág. 12.

Voto particular y de conformidad emitido por la Juez Asociada señora Naveira

de Rodón

En conclusión, el Art. 3.1 de la Ley 54, en su modalidad de maltrato mediante fuerza

física, no requiere que se pruebe un patrón de conducta constante de violencia. Por tanto,

erró el Tribunal de Circuito al concluir que dicho patrón de conducta era elemento necesario

para encontrar a la acusada culpable del delito de maltrato establecido en el Art. 3.1.

Tal vez las circunstancias particulares de este caso llevaron al foro recurrido a

resolver de la manera en que lo hizo.

Como ya mencionáramos, la situación fáctica en que

se plantea esta importante controversia no es el cuadro típico de violencia doméstica. Aquí

se trata de una joven mujer, que al cometer los hechos constitutivos de agresión contra

su compañero, estaba embarazada y bajo la creencia de que éste estaba sosteniendo una

relación consensual con otra mujer.

Además, el daño físico ocasionado a la víctima, Sr.

Romero, fue mínimo. Definitivamente, no estamos frente a la situación clásica de la persona

que abusa de su fuerza física y su posición de poder dentro del núcleo familiar para castigar

físicamente a su pareja y causarle grave daño corporal.

No obstante, aunque no sea este el cuadro el típico de violencia doméstica, no podemos

añadirle elementos adicionales a los delitos tipificados en la Ley 54 por el hecho de que

las circunstancias particulares en que ocurra la agresión, o el hecho de que el daño causado

a la víctima sea mínimo, nos haga sentir compasión por la persona acusada. Precisamente,

la política pública tras la Ley 54 es lograr que las agresiones entre parejas, por

insignificantes que parezcan, no pasen desapercibidas y que no sean consideradas como

crímenes pequeños o de menor importancia. Por el contrario, al primer aviso de violencia,

la víctima debe tomar las medidas necesarias para lograr que la situación no vuelva a

repetirse, y así evitar tragedias mayores como las que día a día cubren de luto a más familias

en nuestro país.

Por todos estos fundamentos, procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrente

v.

CC-2000-922

Carmen L. Figueroa Santana

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 23 de julio de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se revoca

la sentencia del Tribunal Circuito de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre con el resultado sin opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Rebollo López disiente sin opinión

escrita. El Juez Presidente señor Andréu García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo