LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

GOBIERNO MUNICIPAL DE VEGA BAJA V. ADM. DE TERRENOS DE P.R.

2001 TSPR 101

Poder Judicial de Puerto Rico

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GOBIERNO MUNICIPAL DE VEGA BAJA V. ADM. DE TERRENOS DE P.R.

CC-1998-0216

CC-1998-216

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Vega Baja

Recurrido

Certiorari

v.

2001 TSPR 101

Administración de Terrenos de Puerto Rico

Peticionaria

154 DPR ____

Número del Caso: CC-1998-216

Fecha: 29/junio/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ulrich Schwabe Rivera

Abogado de la Parte Recurrida:

Bufete Bauzá & Dávila

Materia: Revisión Administrativa

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CC-1998-216

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Vega Baja

Recurrido

v.

CC-1998-216

Administración de Terrenos de

Puerto Rico

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2001

Referente al caso de epígrafe, confirmamos la parte dispositiva de la

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se ordena a la parte

peticionaria el cumplimiento cabal de su Reglamento de Adquisición y

Disposición de Propiedades Inmuebles, Núm. 4668 de 29 de enero de 1992.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo.

La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emite Opinión de

Conformidad a la cual se unen el Juez Presidente señor Andréu García y el

Juez Asociado señor Hernández Denton.

El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri concurre en cuanto a confirmar el resultado dispuesto por el foro

apelativo. Los Jueces Asociados señores Corrada del Río y Rivera Pérez

disienten sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no

interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1998-216

3

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Vega Baja

Recurrido

vi.

CC-1998-216

Administración de Terrenos de

Puerto Rico

Peticionaria

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón a la cual

se unen el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2001

I

El 11 de octubre de 1994, el Sr. Méndez Cuesta presentó a la

Administración de Terrenos (en adelante Administración) una solicitud para

la adquisición de unos terrenos, pertenecientes a la Administración, sitos

en el Barrio Algarrobo en el Municipio de Vega Baja. La solicitud expresaba

un interés en desarrollar un proyecto de vivienda para familias de bajos

ingresos. Luego de la solicitud, se constituyó la Sociedad Especial Jardín

Real (en

adelante Jardín Real), quien compraría los terrenos una vez se adjudicara la solicitud.

Para considerar los planteamientos y pruebas de las partes interesadas en el

desarrollo del proyecto de vivienda, la Junta de Planificación (en adelante Junta) celebró

una vista pública el 18 de abril de 1996, en el Salón de Asambleas de la Casa Alcaldía de

Vega Baja.1

La Junta aprobó condicionalmente2 la consulta de ubicación del proyecto de

vivienda antes mencionado el 26 de junio de 1996.3

El 6 de agosto de 1996, el Municipio

de Vega Baja (en adelante Municipio)4 solicitó a la Junta que reconsiderara la aprobación

del proyecto. La Junta, luego de señalar que de los documentos que el Municipio presentó

no se desprendía que éste hubiese notificado a Jardín Real, decidió reafirmarse en lo

expresado en la aprobación de la consulta de ubicación el 30 de agosto de 1996.

Así las cosas, por carta con fecha de 22 de agosto de 1996, la Administración notificó

al Municipio su intención de disponer de los terrenos para la construcción del proyecto

de vivienda de interés social. En carta con fecha de 18 de septiembre de 1996, el Municipio

le comunicó a la Administración su interés en adquirir los terrenos para la ampliación de

facilidades recreativas. Informó en la solicitud que no contaba con los fondos asignados,

ni con la aprobación de la Asamblea Municipal para la transacción. Señaló que el proyecto

que pretendía realizar estaba en la etapa conceptual.

Por comunicación escrita con fecha de 23 de septiembre, la Administración le solicitó

al Municipio su cooperación para permitir la eventual disposición de los terrenos para el

proyecto de vivienda de interés social.5

Finalmente, por carta de 30 de diciembre de 1996, la Administración le informó al

Municipio que la Junta de Gobierno determinó aprobar la propuesta a favor de Jardín Real.

Entre las consideraciones que tuvo la Junta de Gobierno para llegar a esta determinación

estaban: (1) alto interés público de encausar proyectos de vivienda de interés social, (2)

1

En la vista pública, un grupo de residentes del Barrio Algarrobo

compareció para expresar su oposición al proyecto de vivienda. El Municipio

también expresó su oposición argumentando que “en los últimos años los

organismos gubernamentales han permitido el continuo desarrollo de

proyectos residenciales en áreas sensitivamente ecológicas y consideradas

para conservación sin considerar los posibles efectos negativos sobre dichos

ecosistemas”. Párrafo 13 de la Consulta de Ubicación Condicionada.

2

Una de las condiciones fue que la parte promovente, Jardín Real, deberá

coordinar con el Municipio para establecer una aportación económica que

realizará el desarrollador por cada unidad de vivienda a construirse. Dicha

aportación económica se utilizará para dar mantenimiento al sistema pluvial.

Luego de la aprobación de la consulta de ubicación, Jardín Real solicitó

reconsideración únicamente de esta condición, la cual fue denegada el 30

de agosto de 1996.

3

Consulta Núm. 95-09-1227-JGU-ISV.

El Municipio de Vega Baja no tiene aprobado un Plan de Ordenación

Territorial según lo autoriza la Ley de Municipios Autónomos.

5

Es menester aclarar que en esta comunicación la Administración no

adjudica la venta del terreno a favor de Jardín Real, simplemente le explica

al Municipio que dicho terreno será utilizado para el programa de vivienda

de personas de bajos recursos.

4

deudas pendientes del Municipio a favor de la Administración y, (3) lo adelantada que estaba

la negociación de la compraventa con Jardín Real. A pesar de no haber informado al Municipio

la alternativa de reconsideración, el 21 de enero de 1997 éste presentó una Moción de

Reconsideración.

El 31 de enero de 1997, la Administración le informó al Municipio que elevaría la

moción de reconsideración a la Junta de Gobierno. Finalmente, el 1 de abril, la Junta de

Gobierno denegó la reconsideración solicitada. El 12 de mayo, el Municipio presentó recurso

de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito).

Éste, mediante sentencia de 12 de febrero de 1998, revocó la determinación de la

Administración.

Expresó que la oferta que le hizo la Administración al Municipio no era

bona fide, según lo requiere el Art. XII(A)(3) del Reglamento de Adquisición y Disposición

de Bienes Inmuebles.

Determinó además que al Municipio no se le puede tratar como

“solicitante” regular, sino como preferente. Finalmente, concluyó que el contrato de venta

entre la Administración y Jardín Real fue en contravención a lo dispuesto en el Reglamento

antes mencionado, por lo que es ultra vires y nulo.

Inconforme, la Administración recurrió ante nos solicitando que se revoque la

sentencia del Tribunal de Circuito y se confirme la determinación final de la Junta de

Gobierno de la Administración. 6

En reconsideración, decidimos expedir el recurso

solicitado.

Las controversias trabadas en el caso de autos nos brindan la oportunidad de

interpretar por vez primera el Reglamento de Adquisición y Disposición de Propiedades

Inmuebles de la Administración de Terrenos, Reglamento Núm. 4668 de 29 de enero de 1992

(en adelante Reglamento de Disposición) en armonía con la Ley Orgánica de la Administración,

Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 311 et seq, (en adelante

Ley Núm. 13), y la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según

enmendada, 21 L.P.R.A. § 4001 et seq (en adelante Ley de Municipios Autónomos).

II

6

Señaló los siguientes errores cometidos por el Tribunal de Circuito:

(1) que no consideró que en virtud de los derechos, poderes y facultades

delegados a la Administración por su ley orgánica, ésta puede identificar

un predio de terreno para su venta al sector privado con el propósito de

que el adquirente desarrolle un proyecto de vivienda de interés social

ejerciendo así su política pública, por lo tanto, no debe revocarse sin

justificación suficiente; (2)

que interpretó el Reglamento para la

Adquisición y Disposición de Propiedades Inmuebles de la Administración de

manera inconsistente con los propósitos de su ley orgánica; (3) que concluyó

que la Administración no cumplió con los requisitos de su Reglamento cuando

los hechos y el récord demuestran su cumplimiento; (4) que resolvió que la

decisión de vender el predio a Jardín Real fue un acto ultra vires de la

Administración.

El Art. 1.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 7 expresa como norma de

interpretación que los poderes y facultades conferidos a los municipios por esta ley,

excepto disposición en contrario, se interpretarán liberalmente de manera que se garantice

a los municipios, en cuanto sea posible, facultades necesarias para atender eficazmente

las necesidades y el bienestar de sus habitantes. 21 L.P.R.A. § 4002.

Entre los poderes

que le confiere la Ley de Municipios Autónomos a éstos está la potestad de adquirir propiedad

por cualquier medio legal, dentro y fuera de sus límites territoriales, 21 L.P.R.A. §

4051(d), y contribuir a la planificación y solución del problema de la vivienda económica

de interés social mediante el desarrollo de proyectos de vivienda, con sujeción, claro está,

a las leyes aplicables.

21 L.P.R.A. § 4054(n).

El principio general de autonomía que persigue implementar la Ley de Municipios

Autónomos incluye, entre otros, que “no se impedirá a los municipios la ejecución de obras,

planes de desarrollo físico o servicios debidamente aprobados, autorizados y financiados

de acuerdo a las leyes aplicables”.

21 L.P.R.A. § 4004(c).

Sin embargo, este principio

de autonomía municipal debe implementarse en armonía con las disposiciones y facultades

del Gobierno Central ya que en muchos aspectos los poderes de ambos convergen en un mismo

asunto.8

De hecho, el Art. 10.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,9 sugiere que

la autonomía municipal encuentra sus límites con la del Gobierno Central.

No obstante,

el Gobierno Central debe considerar lo que a juicio del alcalde sea necesario para cualquier

fin público municipal.

La consideración por parte del gobierno central se circunscribe

a atender, en todo lo posible, las inquietudes e intereses de ordenación territorial

presentadas por el municipio.

Vemos pues, que la Ley de Municipios Autónomos, mientras le da poderes ciertamente

autónomos a los municipios para su ordenación territorial, el mismo está limitado por las

leyes y política pública que persigue el gobierno central.

Sin embargo, los planes

7

La numeración del Artículo corresponde al original, antes de las

renumeraciones posteriores. Lo mismo aplica a los Artículos de la Ley de

Municipios Autónomos que se mencionarán en la ponencia.

8

El Art. 13.008 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, recalca la

importancia de la colaboración que debe existir entre los planes

territoriales del municipio y los del Gobierno Central. Entre estos planes

debe existir estrecha coordinación. Los Planes de Ordenación, según el Art.

13.011, supra, estarán de conformidad con todas las políticas públicas,

leyes reglamentos u otros documentos del gobierno central relacionados a

la ordenación territorial y a la construcción.

9

Dicho artículo dispone que:

Se podrá transferir gratuitamente por donación, o con causa onerosa

por compra voluntaria, a un municipio el título de propiedad, usufructo o

uso de cualquier terreno o facilidad del Gobierno Central sus

instrumentalidades y corporaciones públicas, que a juicio del Alcalde sea

necesaria para cualesquiera fines públicos municipales. Tal transferencia

estará sujeta a que las leyes que rijan la agencia pública que tenga el título

o custodia de la propiedad así lo autoricen o permitan....

(Énfasis

suplido.)

territoriales de ambas esferas deben aspirar a un desarrollo armónico, mutuamente

satisfactorio en todo lo que sea posible.

Esta armonía implica que el gobierno central

debe atender las preocupaciones e inquietudes del municipio como parte del procedimiento

pertinente.

Considerando lo expuesto anteriormente, analizaremos específicamente las

posibles limitaciones a la autonomía municipal expuestas en la Ley Orgánica de la

Administración y su Reglamento de Disposición, sin menospreciar, claro está, las

inquietudes e intereses del municipio en cuestión.

III

En E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 540 (1967) expresamos que “las obras, proyectos,

poderes, facultades y prerrogativas de la Administración de Terrenos de Puerto Rico... son

obras, proyectos, poderes, facultades y prerrogativas investidas de interés público y de

beneficio social”. Según el Art. 7 incisos (s) y (t) de la Ley Núm. 13, supra, entre estos

poderes y facultades de interés público están: (1) adquirir propiedad inmueble la cual podrá

reservar para facilitar la continuación del desarrollo de los programas de obras públicas

y beneficio social por la propia Administración u otras agencias, así como personas

particulares, incluyendo, sin limitarlo, a programas de hogares; (2) estimular y participar

en la habilitación de nuevas áreas dando consideración, entre otros factores, a preservar

los valores naturales e históricos de las tierras.

El Reglamento de Disposición viabiliza la aplicación de la política pública plasmada

en la Ley Núm. 13 de la Administración. Éste expone detalladamente el proceso que se debe

seguir al adquirir o disponer terrenos.

La definición de “agencia pública” del Art. IV

del Reglamento de Disposición incluye a los municipios; la de “disposición de propiedad”

incluye cualquier venta, permuta, donación o transferencia de título de dominio de

propiedades inmuebles o de cualquier derecho real que la Administración realice. La parte

segunda del Reglamento expresa las normas para la disposición de terrenos y propiedades.

El inicio del procedimiento para disponer de propiedades podrá comenzar a iniciativa

de la Administración o mediante la radicación de una solicitud por una parte interesada.

Una vez se comience el procedimiento por parte interesada, la Administración tiene que

evaluarla siguiendo el procedimiento descrito en el Art. XVI, el cual funciona como una

hoja de cotejo, antes de poder hacer la determinación de “propiedad disponible”. Los incisos

de este Artículo exigen que la Administración haga ciertas notificaciones dependiendo de

cómo llegó la propiedad a manos de la Administración.

Así pues, si se determina que la

propiedad fue adquirida por la Administración a instancia de alguna agencia gubernamental,

notificará a la agencia sobre la iniciación del procedimiento de disposición. Si en sesenta

(60) días la agencia no expresa su interés en adquirirla, la Administración proseguirá con

los trámites.

Si el Comité de Ventas10 determina que no hay una agencia promovente o si

la misma no expresó su interés de adquirir dentro de los sesenta (60) días, se ofrecerá

la propiedad a distintas entidades gubernamentales, incluyendo al municipio donde está sita

la propiedad.

De esta notificación, la entidad tiene cuarenta y cinco (45) días para

expresar su interés.

Luego del transcurso de este término, el Comité de Ventas evaluará la conveniencia

de mantener la propiedad en reserva para propósitos de conservación u otros fines públicos

o de utilización o desarrollo por la propia Administración.

El Director Ejecutivo

considerará la recomendación del Comité de Ventas y hará la determinación de si la propiedad

debe o no mantenerse en reserva, fuera del mercado.11

Si determina que la propiedad no

debe mantenerse en reserva, el Director Ejecutivo declarará la propiedad como “propiedad

disponible”.12

El Art. XVIII(B)(3) del Reglamento de Disposición, supra, establece, entre otros,

como criterio fundamental para la evaluación de las propuestas:

El mejor desarrollo propuesto de acuerdo a una evaluación de los terrenos

que la Administración tenga disponibles en el área, los usos proyectados

o recomendados por la Administración y las necesidades más apremiantes

a tenor con la política pública, procurando asegurar el mejor equilibrio

en cuanto a los usos propuestos, necesidades y los terrenos disponibles.

Una vez la Administración determine, según expuesto someramente en los párrafos

anteriores, la disponibilidad de la propiedad, ésta debe publicar una invitación a someter

propuestas de compra y desarrollo dirigida al público.13

Art. XVI(C) del Reglamento de

Disposición, supra.

El Tribunal de Circuito utilizó al Art. XII(A)(3) del Reglamento de Disposición,

supra, para fundamentar que la oferta de la Administración al Municipio no era bona fide,

según lo requiere la ley. Sin embargo, este Artículo corresponde al proceso de negociación

cuando la Administración se propone adquirir propiedad inmueble. La parte del Reglamento

que regula la disposición de los bienes inmueble es la parte segunda, desde el Art. XIV

del Reglamento de Disposición, supra. Sin embargo, coincidimos con el Tribunal de Circuito

en que las actuaciones de la Administración deben estar fundadas en la buena fe, pero es

porque el principio de buena fe es exigencia general de nuestro derecho. H.U.C.E. de Ame.

10

Este organismo de la Administración evalúa las solicitudes de

compraventa y somete recomendaciones al Director Ejecutivo en cuanto a la

disponibilidad de las propiedades y su utilización más adecuada. Art. IV(h)

del Reglamento de Disposición, supra.

11

12

Art. XVI(A) del Reglamento de Disposición, supra.

El Art. IV(S) del Reglamento de Disposición, supra, define “propiedad

disponible” como el inmueble o derecho real que el Director Ejecutivo, en

consulta con el Comité de Ventas, declare apropiado para la venta.

13

“Divulgar”: publicar invitación a someter propuestas de compra y

desarrollo de Propiedad Disponible.

Art. IV(L) del Reglamento de

Disposición, supra.

v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711, 716 (1984); Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc.,

111 D.P.R. 585, 587 (1981).

Como vimos, el Reglamento de Disposición, supra, establece un procedimiento

específico para disponer de las propiedades del Estado, sujetas a ciertas consideraciones

de política pública.

Entre las consideraciones que expone el Reglamento de Disposición,

supra, está el estimar o escuchar los intereses municipales en cuanto a la adquisición de

terrenos.14

El peso de consideración que se le da a esos intereses municipales depende

de cómo llegó la propiedad a manos de la Administración. De esta manera, armonizamos las

disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos con la política pública perseguida en la

Ley Orgánica de la Administración de Terrenos y el Reglamento de Disposición, supra.

IV

En el caso de autos, el terreno objeto de controversia era de la Administración. De

la prueba no surge que la propiedad fue adquirida por la Administración a instancia de alguna

agencia o municipio, por lo que no es de aplicación la notificación del Art. XVI(A)(2) del

Reglamento de Disposición. Sin embargo, a pesar que los terrenos en controversia no fueron

adquiridos a instancia de agencia o municipio, en cuyo caso se le daría gran deferencia

a su interés de adquirirla, el Art. XVI(A)(3) le ordena a la Administración que le ofrezca

a ciertas agencias y al municipio donde está sita, la propiedad sujeta al proceso de

disposición.

La diferencia determinante entre los incisos antes mencionados sobre la

deferencia que la Administración le debe a las agencias o municipios que muestren interés

es que cuando la propiedad fue adquirida por la Administración a instancia de agencia o

municipio, el inciso 2 expresamente menciona que de la agencia o municipio no mostrar

interés, la Administración proseguirá con los trámites de disposición. Contrario al inciso

2, nada expresa el inciso 3 sobre el efecto que tiene, en el proceso de disposición, la

muestra de interés por parte de la agencia o municipio notificado.

La carencia de esta especificación en el inciso 3, que aplica al caso de autos, tiene

el efecto de que la Administración puede ejercer más libremente la política pública expuesta

en su Ley Orgánica.

Así pues, a pesar que el municipio o la agencia muestre interés en

adquirir la propiedad, la Administración puede, en aras de implantar su política pública,

tomar en consideración de manera directiva los criterios de eligibilidad para compraventa

14

Esta consideración está plasmada a través de los artículos del

Reglamento. A modo de ejemplo, el Art. VIII del Reglamento de Disposición,

supra, donde se reglamenta la adquisición de terrenos, ordena a la

Administración la preparación de un Plan Anual de Adquisición de Propiedades

Inmuebles Contenidas en el Inventario Municipal de Propiedades.

La

Administración incluirá una propiedad en este Plan Anual si está contenida

en el Inventario Municipal de Propiedades y el Municipio demostrare que tiene

la capacidad financiera para poner a la disposición de la Administración

el dinero necesario para efectuar la adquisición.

según el Art. XIV del Reglamento de Disposición, supra. La muestra de interés de la agencia

o del municipio en estos casos no impide a la Administración declarar el bien inmueble como

“propiedad disponible”, siguiendo, claro está, los planes justificados de organización

territorial. Interpretar este inciso de otra manera menoscabaría indebidamente la política

pública que la Administración ha sido llamada a implantar.

No obstante lo anteriormente expuesto, la Administración tiene que cumplir con las

evaluaciones descritas en el Art. XVI del Reglamento de Disposición antes de declarar la

“propiedad disponible”.

Además, una vez la Administración declara la propiedad como

disponible, debe ordenar que se determine el valor en el mercado de acuerdo a la tasación

al efecto. 15

Incumplir con el procedimiento de evaluación impide a la Administración

declarar la disponibilidad de la propiedad.

La carta de 22 de agosto de 1996 de la Administración notificó al Municipio que la

propiedad en controversia era “propiedad disponible”, según definida en el Reglamento de

Disposición, para un proyecto de vivienda de interés social.

la notificación requerida del Art. XVI(A)(3), supra.

Este documento constituyó

No obstante, según lo expresamos

anteriormente, esta notificación a las agencias y municipios debe hacerse antes de declarar

la propiedad como “disponible”.

Este requisito es de carácter esencial ya que responde a la política pública que

involucra la ordenación territorial en consonancia con los intereses agenciales y

municipales.

En otras palabras, la muestra de interés oportuna por parte de una agencia

o el municipio pertinente puede influir en la determinación eventual de “propiedad

disponible”.

De hecho, el Art. XVI(B) del Reglamento de Disposición, supra, le exige al

Director Ejecutivo de la Administración concluir con “los trámites de cotejo descritos en

este Artículo [XVI]” antes de declararla “propiedad disponible”.

La notificación al municipio antes mencionada tiene gran importancia pues las

agencias o municipios que muestren interés serán partes interesadas en todo el procedimiento

aunque no hayan adquirido la propiedad. Así, se exhortará su participación en las consultas

de ubicación, las declaraciones de impacto ambiental y en todo el procedimiento posterior,

ejerciendo más peso para que se cumplan cabalmente con los requisitos estatutarios.

15

El Art. IV(W) del Reglamento de Disposición, supra, define “valor en

el mercado” como “el precio mayor expresado en términos de dinero que un

comprador estaría dispuesto a pagar por una propiedad...”. Sin embargo,

el Art. XVI(B), supra, también ofrece otra alternativa para determinar valor

en el mercado “de acuerdo a tasación al efecto”. Según el Reglamento de

Disposición, esta tasación debe hacerse inmediatamente después de

declararse la “propiedad disponible”. Existe otro “valor” que, aunque no

esté definido en el reglamento, debe incluirse en la solicitud de

compraventa, o en la muestra de interés en la propiedad por parte del

Municipio. Éste es el valor que debe ponerse en la solicitud como “partida

presupuestaria para la adquisición”.

Por lo tanto, la notificación de oferta de terreno por parte de la Administración

al Municipio no es válida pues fue hecha después de haberse declarado la propiedad como

disponible, en clara violación al estatuto.

Además, nos llama la atención el hecho que la Administración esperó dos años desde

que recibió la solicitud de Jardín Real para notificar al Municipio la designación de

“propiedad disponible” y hacerle la oferta del terreno. Durante estos dos años se celebró

una consulta de ubicación sobre la viabilidad del proyecto de vivienda propuesto por Jardín

Real y se adelantó la negociación entre la Administración y Jardín Real sin que el Municipio

hubiese sido notificado según lo requiere el Reglamento de Disposición.16 Por consiguiente,

entendemos que la Administración expuso injustificadamente como razón para adjudicar el

terreno a Jardín Real “lo adelantado que está la negociación de compraventa”, después de

todo, esta razón enfatiza la falta de notificación razonablemente oportuna al Municipio

por parte de la Administración.

Finalmente, queremos expresar que la carta de 22 de agosto le notificó al Municipio

que sólo tenía treinta (30) días contados desde la fecha de la carta para expresar su interés,

cuando el Reglamento de Disposición le concede cuarenta y cinco (45) días contados desde

el recibido de la notificación.

Lo expuesto anteriormente no significa que la mera muestra de interés por parte una

agencia o municipio, según el Art. XVI(A)(3), supra, impida a la Administración implementar

razonablemente su política pública, lo que sí exige es que la Administración cumpla

cabalmente

con

los

requisitos

y

procedimientos

establecidos

en

el

Reglamento

de

Disposición, supra, máxime cuando son exigencias cuyo fin es armonizar la política pública

de la Administración con la de la Ley de Municipios Autónomos.

V

Por lo expuesto anteriormente, expresamos nuestra conformidad con la sentencia que

antecede, la cual confirma la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal de Circuito.

La Administración debe velar por el cumplimiento cabal de su Reglamento de Disposición.

Miriam Naviera de Rodón

Juez Asociada

16

A pesar de este hecho, no se puede afirmar que el Municipio estaba a

espaldas de todo la propuesta de Jardín Real pues el Municipio participó

en la vista pública de la Junta de Planificación para oponerse al proyecto

de vivienda propuesto por Jardín Real. Dicha vista se celebró en la propia

alcaldía del Municipio de Vega Baja. Véase nota al calce núm. 1.