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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: NILKA MARRERO GARCIA

2001 TSPR 55

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: NILKA MARRERO GARCIA

AB-1996-006

AB-96-67

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2001 TSPR 55

Nilka Marrero García

Número del Caso: AB-96-67

Fecha: 18/abril/2001

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Francisco J. González Muñiz

Procurador General Auxiliar

Abogada de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

AB-96-67

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Nilka Marrero García

AB-96-0067

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2001.

En junio de 1996 el entonces Senador Cirilo Tirado Delgado

presentó una queja ante esta Curia contra la Lcda. Nilka Marrero

García en la que le imputa violación a los Cánones de Etica

Profesional al prestar sus servicios profesionales en el Senado

de Puerto Rico como Oficial Investigadora de la Comisión de lo

Jurídico

que

investigaba

la

pesquisa

senatorial

sobre

la

investigación anterior del Senado sobre los sucesos del Cerro

Maravilla, a la vez que figuraba como abogada de Angel Figueroa

Vivas en la petición de reapertura de los procedimientos de

suspensión que estaba siendo considerada por este Tribunal.

AB-96-67

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Además expuso que Marrero García ocupó la posición de fiscal delegada de la Oficina

del Fiscal Especial Independiente y que violó los Cánones de Etica Profesional cuando

en representación de Figueroa Vivas en el procedimiento de reapertura ante este Tribunal

imputó la comisión de irregularidades y actuaciones impropias cometidas por el Senado

durante la investigación de los sucesos del Cerro Maravilla que se llevó a cabo entre

el 1981 y 1992, y posteriormente durante el proceso de desaforo de Figueroa Vivas en el

que la Oficina del Fiscal Independiente fungió como Procurador Especial.

Sostiene el

entonces Senador Tirado Delgado que al representar a Figueroa Vivas en su solicitud de

reapertura ante esta Curia, Marrero García se colocó en un conflicto impermisible de

intereses en violación de los Cánones 5, 21, 28, y 38 de Etica Profesional.

La queja

presentada por el entonces Senador Tirado Delgado requiere que resolvamos si la conducta

anteriormente descrita constituye conflicto de intereses y conducta impropia, en

violación de los Cánones 6, 21 y 38.

I

Oportunamente emitimos una Resolución en la que se le concedió un término a Marrero

García para mostrar causa por la cual no se debía ordenar que dejara de intervenir en los

procedimientos de la Comisión hasta tanto se adjudicara la queja en su contra.

Además,

le solicitamos que tomara la medida cautelar de no intervenir en los procedimientos de la

Comisión referida.

A raíz de dicho pronunciamiento, Marrero García renunció a su puesto de Oficial

Investigadora de la Comisión de lo Jurídico del Senado y, oportunamente, compareció ante

nos e informó que antes de la presentación de la queja en su contra por el entonces Senador

Tirado Delgado había renunciado a la representación legal de Figueroa Vivas en el

procedimiento ante este Tribunal.

También contestó la queja referente al conflicto de

intereses.

A tenor con el procedimiento disciplinario dispuesto por el Reglamento del Tribunal,

tanto la queja como su contestación fueron remitidas al Procurador General. El Procurador

General rindió su Informe y Marrero García lo contestó.

Contando con dicho Informe y la

comparecencia de Marrero García estamos en posición de resolver la queja presentada sin

procedimientos ulteriores.

Examinados cuidadosamente dichos documentos, el Tribunal entiende que existió un

potencial conflicto de intereses entre la función de Marrero García como Oficial

Investigadora de la Comisión Especial del Senado y su posición anterior en la Oficina del

Fiscal Especial Independiente, al participar en la investigación de una entidad de la cual

formó parte.

Además la representación de Figueroa Vivas en el proceso de reapertura de los

procedimientos de desaforo, presenta un doble conflicto de intereses para Marrero García

pues para lograr que este Tribunal reabra el procedimiento contra el ex fiscal, concluido

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5

en 1992, ha argumentado que hubo serias anomalías en los procedimientos investigativos de

la Oficina del F.E.I. de la cual ella formó parte.

Por otro lado, Marrero García arriesgaba también un conflicto de intereses ante la

posibilidad de que una pesquisa cabal del desempeño de la Oficina del F.E.I. se extendiese

a investigar posibles incidencias de error o infracción a la ley en dicha dependencia durante

el periodo en que ella trabajó.

Finalmente, como abogada de Figueroa Vivas también se colocó potencialmente en la

posición éticamente proscrita de tener que informar a la misma Comisión de lo Jurídico sobre

las irregularidades cometidas en la anterior pesquisa del Senado que dieron lugar a la

suspensión de su cliente y que se cuestionan en la solicitud de reapertura de procedimientos

en el Tribunal Supremo. Tal situación socavaría, cuanto menos en apariencia, su objetividad

e imparcialidad en el cumplimiento de su encomienda como investigadora de la Comisión del

Senado.

No obstante, un examen cuidadoso del Informe del Procurador General así

como de la comparecencia de Marrero García nos ha convencido de que la conducta

de la licenciada Marrero García esencialmente constituyó un grave error de

juicio y no un acto intencionado de violar los principios deontológicos que

rigen la abogacía. De hecho, una vez este Tribunal emitió su orden de mostrar

causa, Marrero García acató totalmente los términos de la Resolución emitida

por este Tribunal el 5 de julio de 1996 y renunció tanto a la representación

de Figueroa Vivas como a su posición de Oficial Investigadora de la Comisión

de lo Jurídico del Senado.

Consideramos su decisión de renunciar a ambas

funciones con carácter inmediato como elemento atenuante en este proceso

disciplinario.

Considerando dicha decisión y el buen historial profesional de la

querellada, limitamos nuestra sanción disciplinaria a una amonestación a la

Lcda. Nilka Marrero García por haber incurrido en conducta constitutiva de

conflicto de intereses. Simultáneamente se le apercibe que en el futuro deberá

cumplir estrictamente con los postulados éticos de nuestra profesión,

particularmente en lo referente a los conflictos de intereses.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió una Opinión

de Conformidad a la que se unió el Juez Presidente señor Andréu García.

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Concurrente.

El

El Juez

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6

Asociado señor Rebollo López no intervino. La Juez Asociada señora Naveira

de Rodón se inhibió.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria Tribunal Supremo

AB-96-67

7

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Nilka Marrero García

AB-96-0067

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a la cual se

une el Juez Presidente señor Andréu García

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2001.

La queja presentada en este caso nos obliga a contestar si

constituye conflicto de intereses y conducta impropia, en

violación a los Cánones 6, 21 y 38, (1) el que una abogada actúe

como Oficial Investigadora en una pesquisa legislativa sobre la

regularidad de una investigación anterior, en la que ella misma

había participado, y (2) el que, concurrentemente y antes de

concluido su desempeño como Oficial Investigadora, asuma la

representación

de

un

cliente

cuyos

planteamientos

legales

implican la irregularidad de la investigación anterior.

Por

entender que en ambas situaciones se incurre en un conflicto de

AB-96-67

9

intereses, estamos conformes con la Sentencia emitida por el Tribunal en la queja

presentada por el Senador Cirilo Tirado Delgado contra la Lcda. Nilka Marrero García.

I

La presente querella contempla dos instancias separadas de conflicto de intereses

e incompatibilidad de funciones de parte de Marrero García. En primer término, cuestiona

su rol como Oficial Investigadora de la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico creada

para indagar en la previa investigación senatorial sobre lo ocurrido en el Cerro Maravilla.

Esto, por haber fungido como Fiscal Delegada del Fiscal Especial Independiente a cargo de

la primera investigación.

En segundo término, impugna su representación de Ángel Figueroa Vivas, asumida

también mientras ocupaba el cargo de Oficial Investigadora del Senado, en la solicitud de

reapertura del procedimiento disciplinario que conllevó el desaforo permanente de este

abogado.

In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

La primera instancia podría implicar un conflicto de intereses en el ejercicio

sucesivo de la profesión de abogada; la segunda, en su ejercicio simultáneo. Cualquier

determinación sobre la existencia de dicho conflicto y sus consecuencias éticas ha de

comenzar con un análisis de las circunstancias profesionales en las que se desempeñó Marrero

García en cada instancia de prestación de servicios profesionales y de las gestiones que

realizó. Veamos.

II

Entre febrero de 1992 y marzo de 1993, Marrero García fungió como Fiscal Delegada

en la Oficina del Fiscal Especial Independiente (en adelante “F.E.I.”) encargada de la

investigación senatorial de los asesinatos ocurridos el día 25 de julio de 1978 en el Cerro

Maravilla. Sus funciones le eran asignadas por el F.E.I. y podían comprender cualquiera

de las facultades y poderes que la Ley Núm. 1 del 18 de enero de 1985 encomendaba a ese

funcionario. Específicamente, el Art. 5 de dicha Ley autorizaba la delegación de la

autoridad del F.E.I. en Fiscales Delegados “para investigar y procesar las acciones penales,

civiles, administrativas y de ética profesional que procedan, en los abogados y funcionarios

que estime necesario.”

La potestad del F.E.I. comprendía “las facultades y los poderes que tiene el

Departamento de Justicia, el Secretario de Justicia, el Procurador General, el Negociado

de Investigaciones Especiales y cualquier otro funcionario u organismo al cual la ley

le confiere autoridad para investigar y procesar acciones por violaciones a la ley penal

y a las normas administrativas y profesionales”. Art. 3 de la Ley Núm. 1 del 18 de enero

de 1985. Estas facultades y poderes podían ejercerse en cualquier materia civil, criminal,

administrativa o de ética profesional relacionada con los eventos ocurridos en el Cerro

Maravilla.

El Fiscal Especial Independiente tendrá el deber y la autoridad de

investigar todo lo relacionado con los incidentes del Cerro Maravilla

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10

ocurridos el 25 de julio de 1978 para determinar la comisión de delitos por

parte de funcionarios públicos o de otras personas, así como violaciones

a reglamentos gubernamentales y a normas de buena conducta administrativa

y profesional. Una vez hecha esa determinación tendrá el deber y la autoridad

de representar al Pueblo de Puerto Rico y al Estado Libre Asociado en los

procedimientos penales y en las acciones civiles, administrativas y de

conducta profesional que procedan. Art. 2 de la Ley Núm. 1 del 18 de enero

de 1985.

En su desempeño, el Fiscal Especial Independiente, por sí o mediante sus delegados,

podía “realizar toda clase de investigación de personas o documentos relacionados con su

encomienda por lo que tendr[ía] acceso a los archivos y récords de todas las agencias del

Gobierno”.

Art. 3(3) de a Ley Núm. 1 del 18 de enero de 1985.

La Ley le facultaba para

“acudir a los tribunales para exigir que se le entreg[ara] información que le [hubiese]

sido denegada por parte de cualquier funcionario gubernamental o de ciudadanos particulares

y podr[ía] cuestionar cualquier alegación de privilegio ejecutivo o de cualquier otro

privilegio testimonial”. Art. 3(4) de la Ley Núm. 1 del 18 de enero de 1985. Además, tenía

autoridad para “iniciar y conducir todos los procedimientos ante el Tribunal Supremo para

procesar cualquier conducta ilegal o impropia de fiscales o abogados en el ejercicio de

sus funciones profesionales” y “solicitar del Tribunal Supremo de Puerto Rico que le conceda

inmunidad profesional a los abogados que estime necesario para el cumplimiento de su

encomienda de acuerdo con la ley".

Art. 3(8) y (12) de la Ley Núm. 1 del 18 de enero de

1985.

De acuerdo a dichas potestades, la Oficina del

Fiscal Especial

Independiente realizó vistas públicas para indagar sobre los eventos

acaecidos en el Cerro Maravilla, rindió informes a los cuerpos legislativos

sobre el particular, y presentó, en varias instancias, acusaciones criminales

y querellas disciplinarias contra algunas de las personas involucradas en el

asesinato de los dos jóvenes independentistas y su posterior encubrimiento.

Una de dichas querellas éticas se presentó contra Ángel Figueroa Vivas, quien,

para el 25 de julio de 1978, era Director del Negociado de Investigaciones

Especiales del Departamento de Justicia.

A raíz de ese procedimiento

disciplinario consiguiente, Figueroa Vivas fue permanentemente desaforado

por este Tribunal.

In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

Las funciones del Fiscal Especial Independiente del Cerro Maravilla

cesaron con la aprobación de la Ley Núm. 7 del 15 de abril de 1993, que eliminó

dicha dependencia gubernamental. Marrero García había cesado sus funciones

en la misma un mes antes de su abolición.

AB-96-67

11

Por los próximos tres años, Marrero García trabajó en la práctica

privada. Entre el 21 de enero y el 28 de junio de 1996, la querellada gestionó

la representación de Ángel Figueroa Vivas durante la presentación y trámite

de una Petición Solicitando Reapertura de Procedimientos de Desaforo ante este

Tribunal. Figueroa Vivas había sido separado permanentemente de la profesión

de abogado por razón de su participación en el encubrimiento de los asesinatos

ocurridos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. La querella que motivó

su desaforo fue presentada por la Oficina del F.E.I. a raíz de la investigación

realizada al amparo de la Ley Núm. 1 del 18 de enero de 1985.

In re Colton

Fontán, supra.

En la Petición Solicitando Reapertura de Procedimientos, Marrero García

alegó que, en el desaforo de Figueroa Vivas, la Oficina del F.E.I. ocultó

prueba exculpatoria referente a su cliente y presentó testimonios falsos que

lo vinculaban al encubrimiento del asesinato de Arnaldo Darío Rosado y Carlos

Soto Arriví, lo que, de ser cierto, constituiría fraude al Tribunal.

En 1996 Marrero García regresó al servicio público, nuevamente en un asunto

relacionado a los sucesos del Cerro Maravilla, aunque esta vez como Oficial Investigadora

de una comisión especial del Senado encargada de investigar posibles irregularidades en

las pesquisas legislativas sobre este asunto llevadas a cabo entre 1981 y 1992.

Dicha

encomienda surgió a raíz de la aprobación de la Resolución del Senado Núm. 1372 del 26 de

enero de 1996, que tenía el propósito de encomendar a la Comisión de lo Jurídico del Senado

la redacción de un reglamento que rigiera las investigaciones legislativas posteriores,

la “investigación en torno a posibles irregularidades o actuaciones ilegales o impropias

en el manejo de la pesquisa senatorial sobre los sucesos del Cerro Maravilla durante los

años 1981 a 1992” y la radicación de un informe a ambos efectos.

El informe radicado atendía sólo parcialmente el mandato de la R. del

S. 1372, en tanto se limitaba proponer la adopción del reglamento requerido.

No obstante, el Senado adoptó dicho informe parcial como uno permanente y

relevó a la Comisión de lo Jurídico de la pesquisa sobre la previa

investigación del Cerro Maravilla. Delegó entonces esa función a una Comisión

Especial.

Así las cosas, el 31 de mayo de 1996, Marrero García celebró un contrato

con el Senado de Puerto Rico para la prestación de servicios profesionales

por el que habría de desempeñarse como Investigadora de la Comisión de Ética

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Gubernamental

12

y

Contra

la

Corrupción,

realizando

“labor

(sic)

de

investigación en la Comisión” y aquellas “tareas relacionadas que le sean

asignadas”. Se le encargó, entonces, la función de conducir la investigación

de la Comisión Especial sobre el Cerro Maravilla mediante nombramiento

ratificado el 28 de junio de 1996 que entró en vigor el 1º de julio de ese

mismo año.

Los deberes específicos de Marrero García surgían de las Resoluciones del Senado Núm.

1372 y 2001, y la facultaban a auscultar toda irregularidad cometida “en el proceso de

investigación de los sucesos del Cerro Maravilla [entre 1981 y 1992] o en el proceso de

presentación de testimonios relativos a este asunto de vistas públicas”. R. del S. 2001.

Por mandato expreso del Senado, debía enfocarse “en alegaciones que se han hecho al efecto

de que miembros de la Comisión investigadora, u otras personas, instigaron, gestionaron

o permitieron que se presentaran testimonios de personas que de antemano se sabía que no

dirían la verdad en torno a los hechos que se investigaban”. R. del S. 1372.

Las funciones de Marrero García en dicho puesto implicaban, pues, pasar juicio sobre

el desempeño de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, a la cual había pertenecido,

y la investigación realizada por ésta.

Por entender que dichas labores implicaban a Marrero García en un conflicto de

intereses, dado el historial de empleo de la abogada, el Senador Cirilo Tirado Delgado,

miembro de la Comisión Especial creada por la R. del S. 2001, presentó una queja contra

ella fundamentada en la incompatibilidad de sus funciones como Oficial Investigadora al

simultáneamente representar a Figueroa Vivas, y al haber antes sido Fiscal Delegada del

F.E.I. Pendiente el trámite de la querella, solicitamos a Marrero García que mostrase causa

“por la cual no debamos acceder a la petición del quejoso [Senador Tirado Delgado] y ordenar

que no intervenga en los procedimientos de la Comisión Especial del Senado, hasta tanto

se adjudique la queja presentada en su contra”. Además, le solicitamos que tomara la medida

cautelar de no intervenir en los procedimientos de la Comisión referida.

5 de julio de 1996.

Resolución del

A raíz de dicho pronunciamiento, Marrero García renunció a su puesto

de Oficial Examinadora.

Posteriormente, la queja quedó sometida a consideración del Procurador General, quien

rindió su Informe el 25 de septiembre de 1996. Tras varios incidentes procesales, Marrero

García contestó dicho Informe el 19 de febrero de 1999. Contando con ambas comparecencias,

estamos en posición de resolver la querella.

III

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13

Los hechos del caso ante nos presentan una situación atípica en el

desempeño de la profesión legal, en cuanto al rol del abogado, y el surgimiento

y manejo de los conflictos de interés.

De un lado, resaltan el problema

particular de la revisión de una investigación legislativa por el mismo cuerpo

que la encomendó originalmente, situación que tiene implicaciones éticas para

los abogados que participaron en la investigación original.

Del otro,

despuntan el rol investigativo del fiscal, distinto en su exigencia ética a

la práctica adversativa tradicional.

A

Es bien sabido que la función del fiscal es, fundamentalmente, propiciar

el descubrimiento de la verdad y la consecución de la justicia. In re Pacheco

Nieves, 104 D.P.R. 566, 567 (1976), Voto Conc. y Dis. del Juez Negrón García,

citado en In re Colton Fontán, supra, pág. 7. Particularmente en la etapa

investigativa, está obligado a indagar en la realidad de los hechos del caso,

no a probar o refutar una teoría preconcebida sobre la culpabilidad o inocencia

de un acusado.

Aun así, la intervención del Ministerio Fiscal en la fase

de investigación no puede subestimarse. Puede afirmarse que esa

es la etapa más importante de un proceso criminal, ya que servirá

de fundamento a todo lo que puede acontecer posteriormente. "Una

investigación deficientemente realizada puede dar lugar a que se

cometan las injusticias de enviar a un inocente a la cárcel o

evitar que el autor de unos hechos delictivos sea debidamente

encausado". Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la

Justicia en Puerto Rico por la Comisión para el Estudio de la

Fiscalía y Representación del Estado de 26 de septiembre de 1974,

pág. 114-S. In re Colton Fontán, supra, págs. 9-10 (Énfasis

original omitido)

Este imperativo deontológico aplica a la Oficina del Fiscal Especial

Independiente con la misma fuerza que al Ministerio Fiscal o al Procurador

General, por ser análogas sus funciones en el plano inquisitivo.

A estos

efectos reiteramos que la Ley Núm. 1 del 18 de enero de 1985 “no alteró ni

hizo más oneroso, como se alega, los derechos procesales y sustantivos que

siempre hemos reconocido en acciones disciplinarias de abogados. No creó un

procedimiento nuevo; simplemente trasladó de la Oficina del Procurador

General a la del F.E.I. la encomienda investigativa y, de proceder, la

AB-96-67

14

presentación y el procesamiento de la querella.” In re Colton Fontán, supra,

103 (1991).

El rol del fiscal en la etapa investigativa de un procedimiento criminal

es cuasi-judicial.

Así lo define la doctrina y así lo han interpretado las

más recientes reglas éticas de la profesión. Cf. Model Rules of Professional

Conduct, R. 3.8(a); A.B.A. Standards for Criminal Justice, 3-3.9.

The investigating attorney is not a member of the adversary process and

should perform a radically different role. During the investigation, where the

elements of the adversary system and its safeguards are not yet defined, the

prosecutor must fulfill a quasi-judicial role. The role of the investigating

attorney is not that of an advocate but that of a neutral fact finder. Roberta

K. Flowers, A Code of their own: Updating the Ethics Codes to include the

non-adversarial roles of Federal Prosecutors, 37 B.C. L. Rev. 923, 934 (1996).

Las características del quehacer investigativo del fiscal conllevan la

aplicación de responsabilidades éticas similares a las que obligan a otros

funcionarios de deberes análogos.

En casos en que un fiscal, o un abogado

que antes se haya desempeñado como tal, tenga a su cargo la defensa de una

persona en una controversia en la que participó como fiscal, es su deber

renunciar a la representación del cliente. El criterio de inhibición esbozado

en el Canon XII de Ética Judicial resulta ilustrativo a estos efectos.

La Jueza o el Juez no debe entender en procedimiento judicial

alguno en que la ley le prohíba actuar, incluyendo, pero sin

limitarse a cualesquiera de los casos siguientes:

[…]

(c)

Por haber sido abogado o abogada, asesor o asesora de

cualesquiera de las partes o de sus abogados en la

materia en controversia, o fiscal en una investigación

o procedimiento criminal en el que los hechos fueron

los mismos presentes en el caso ante su consideración.

(d)

Por haber presidido el juicio del mismo caso en un

tribunal inferior o por haber actuado como magistrado

a los fines de expedir la orden de arresto o citación

para determinar causa probable en la vista preliminar

de un procedimiento criminal.

[…]

(g)

[…]

Por cualquier otra causa que pueda razonablemente

arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o

que tienda a minar la confianza pública en el sistema

de justicia.

AB-96-67

15

El Juez o la Jueza deberá inhibirse tan pronto conozca de la causa

de inhibición mediante resolución escrita en la que hará constar

dicha causa, con notificación de la misma a todas las partes.

Las reglas modelo promulgadas por la A.B.A. también pueden servirnos de

modelo. Reza el Estándar 3-1.3 de los A.B.A. Standards for Criminal Justice:

Prosecution Function and Defense Function, 3ª ed. (1993), en lo pertinente:

(a)

A prosecutor should avoid a conflict of interest with respect to

his or her official duties.

(b)

A prosecutor should not represent a defendant in criminal

proceedings in a jurisdiction where he or she is also employed as

a prosecutor.

(c)

A prosecutor should not, except as law may otherwise expressly

permit, participate in a matter in which he or she participated

personally and substantially while in private practice or

nongovernmental employment unless under applicable law no one is,

or by lawful delegation may be, authorized to act in the

prosecutor's stead in the matter.

(d)

A prosecutor who has formerly represented a client in a matter in

private practice should not thereafter use information obtained

from that representation to the disadvantage of the former client

unless the rules of attorney-client confidentiality do not apply

or the information has become generally known.

(e)

A prosecutor should not, except as law may otherwise expressly

permit, negotiate for private employment with any person who is

involved as an accused or as an attorney or agent for an accused

in a matter in which the prosecutor is participating personally

and substantially.

Los conflictos de interés que involucran a fiscales y abogados de defensa

no están necesariamente fundamentados en intereses financieros del abogado

en cuestión, pues apelan al principio fundamental de la confianza pública en

el sistema de justicia. Charles W. Wolfram, Modern Legal Ethics, sec. 7.6.5,

págs. 404-06 (1986).

En conclusión, un abogado que se desempeñe como fiscal, o en una función

investigativa análoga, está sometido a estándares éticos más estrictos que

los que obligan a la profesión en general, pues no sólo viene obligado a cumplir

con los cánones que rigen la profesión de la abogacía, sino también de

demostrar imparcialidad en su función inquisitiva.

Hacer de otro modo,

gestionar una investigación “con la idea prematura y preconcebida de apoyar

y oficializar [una] teoría”, no es “sólo un grave error profesional, sino

ético.”

In re Colton Fontán, supra, pág. 94.

B

AB-96-67

16

Nada sugiere que los deberes de Marrero García- surgiesen éstos de su contrato o de

las resoluciones del Senado- limitaban su investigación a las actuaciones de funcionarios

de la rama legislativa.

Por el contrario, abarcaban todos los aspectos de la previa

pesquisa, inclusive, valga aclarar, el desempeño de los integrantes de la Oficina del Fiscal

Especial Independiente del Cerro Maravilla. De su faz, se presenta un potencial conflicto

de interés, al ser la querellada quien investiga una oficina de la cual ella misma formó

parte. La pesquisa que estaba llamada a realizar, a la luz de las Resoluciones del Senado

Núm. 1372 y 2001, podía concebiblemente extenderse a aquella etapa en la existencia de la

Oficina del F.E.I. en la que ella allí laboraba.

Es testimonio reiterado que “las dudas sobre cuestiones de ética profesional debe

resolverlas el abogado con rigurosidad contra sí mismo.” In re Valentín González, 115 D.P.R.

68, 73 (1984). Constituyó, pues, una falta ética de parte de Marrero García, por implicar

un conflicto de intereses, el asumir el cargo de Oficial Examinadora del Senado habiendo

formado parte previamente de la Oficina del Fiscal Especial Independiente del Cerro

Maravilla.

C

De ordinario son los fiscales, y aquellos funcionarios que cumplen funciones

análogas, quienes tienen mayor acceso a información exculpatoria sobre las personas

llamadas a responder ante los foros del Estado.

Dicho acceso privilegiado a esta

información, conjuntamente con su obligación de procurar que se haga justicia en los

procedimientos criminales les impone el deber coetáneo de revelar cualquier evidencia

exculpatoria que tengan en su poder. Reglas de Proc. Crim., R. 95(b). Sin embargo, es más

que evidente que el imperativo ético consagrado en el Canon 5 de conducta profesional no

compele a dichos funcionarios a asumir la representación de los acusados que aparenten

inocencia.

Todo lo contrario, el ejercicio del Ministerio Público les prohíbe la

representación de los beneficiarios de esta prueba, tanto por disposición expresa de la

ley, 3 L.P.R.A. sec. 97, como por el deber ético de evitar el conflicto de intereses.

In

re Corona Muñoz I, res. el 11 de octubre de 1996, 141 D.P.R. ___ (1996).

En el caso de autos, la representación de Figueroa Vivas en el proceso de reapertura

de procedimientos de desaforo presenta además un doble conflicto de intereses para Marrero

García, a raíz de los argumentos.

Para lograr que este Tribunal reabra el procedimiento

de desaforo contra Figueroa Vivas, concluido en 1992, Marrero García ha argumentado que

hubo serias anomalías en los procedimientos investigativos de la Oficina del F.E.I.

relacionados al caso de Figueroa Vivas.

De un lado, hacer este planteamiento puso en duda la objetividad e imparcialidad que

ha de esperarse de Marrero García como Oficial Investigadora de una comisión legislativa,

pues implicó un ánimo prevenido al descubrimiento de irregularidades y actuaciones

AB-96-67

17

impropias de parte del F.E.I. sin haber concluido la investigación que le había sido

encomendada. Ya hemos mencionado que, a partir de nuestros pronunciamientos en In re Colton

Fontán, supra, tal cavilación prematura es una falta profesional y ética.

Por otro lado, Marrero García arriesgaba un conflicto de intereses en sentido

contrario, ante la posibilidad de que una pesquisa cabal del desempeño de la Oficina del

F.E.I. se extendiese a investigar posibles incidencias de error o infracción a la ley en

dicha dependencia durante el periodo en que la querellada allí laboraba.

El desempeño

diligente de su cargo como abogada de Figueroa Vivas sembraría dudas en cuanto a su

diligencia como defensora de los mejores intereses de su cliente, pues podría requerir

planteamientos que le serían a ella perjudiciales.

A estos efectos, habremos de considerar bien intencionado el argumento esbozado por

la querellada en cuanto a su obligación, como abogada y ex-fiscal delegada, de hacer llegar

a los debidos foros toda información o prueba en su poder que exculpe a cualquier acusado,

convicto o querellado.

Dicho deber, sin embargo, no implica asumir la representación de

quien había de beneficiarse de esta prueba.

Al hacerlo no sólo se excedió de su

responsabilidad como funcionaria del Estado que ejercía una función cuasi-judicial, sino

que comprometió la confiabilidad pública en la investigación que realizaba e incurrió en

un inexcusable conflicto de intereses.

IV

No obstante, estamos convencidos de que en la conducta de Marrero García

no medió intención de violentar los principios éticos de la profesión.

Constituyó, sin embargo, un grave error de juicio con serias y nefastas

consecuencias a la confianza que el público ha de tener en la profesión legal

y en las instituciones de gobierno. Independientemente de las motivaciones

que tuviere la Asamblea Legislativa en la investigación ordenada por las R.

del S. 1372 y 2001, lo cierto es que la participación de Marrero García como

Oficial Investigadora dio visos de ilegitimidad a esa pesquisa.

No obstante, tomamos en consideración, que la abogada querellada

acatara, e incluso superara, los términos de la Resolución emitida por este

Tribunal el 5 de julio de 1996 que le ordenaba a la querellada “tom[ar] por

su cuenta la medida cautelar de no intervenir de ninguna manera en las

referidas vistas senatoriales hasta tanto ella responda a la orden de mostrar

causa, en vista de que existe, al menos, un aparente conflicto de interés.”

En respuesta a esta Resolución, ella dejó de recibir prueba y citar testigos

en relación a la investigación sobre el Cerro Maravilla y, el 1º de agosto

AB-96-67

18

de 1996, renunció a su cargo como Oficial Investigadora.

Consideramos su

acción

ética

como

elemento

muy

atenuante

de

la

violación

descrita

anteriormente.

Si además tomamos en consideración el buen historial profesional de la

querellada, que ésta es la primera vez que incurre en una violación ética,

y que además hasta este momento este Tribunal no se había pronunciado sobre

este tipo de conflicto de intereses, estamos conformes con la decisión

mayoritaria de limitar la sanción disciplinaria a una amonestación de la Lcda.

Nilka Marrero García por haber incurrido en conducta constitutiva de conflicto

de intereses y deficiencia en el desempeño de la profesión.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

AB-96-67

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Nilka Marrero García

AB-1996-67

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2001.

El caso de autos es realmente bastante sencillo, por lo que no

amerita ninguna extensa consideración por este Tribunal. La querellada

cometió sin dudas un error de juicio, al colocarse en un potencial

conflicto de interés por aceptar en 1966, durante alrededor de un mes,

el cargo de Oficial Examinador del Senado de Puerto Rico, para la

re-investigación de los sucesos del Cerro Maravilla. Esos trágicos y

vergonzosos sucesos fueron investigados en diversas maneras y por

distintos foros por espacio de doce (12) años, durante el período de

1981-1993, y la querellada estuvo brevemente relacionada con una parte

menor de estas investigaciones por espacio de un año durante 1992-

AB-96-67

20

1993. En vista de su contacto previo con una de las investigaciones oficiales anteriores,

por mínimo que haya sido, no debió haber aceptado el cargo referido en el Senado en 1996.

El contrato de la querellada con el Senado de Puerto Rico para conducir la

re-investigación referida entró en vigor el 1 de julio de 1996. Sólo un mes más tarde, el

1 de agosto de 1996, la querellada renunció a su puesto en el Senado, a raíz de la recomendación

que le hicimos en una Resolución nuestra de 5 de julio de 1996, de que tomara por su cuenta

el paso de no intervenir en el asunto, como medida cautelar en lo que se examinaba la queja

en su contra presentada ante nos sobre el particular, que es la que atendemos ahora aquí.

Con encomiable diligencia, la querellada acató nuestra recomendación de inmediato, e incluso

renunció al cargo.

La querellada evidentemente no tuvo el propósito de violar los principios éticos de

la profesión, como se evidencia por la pronta y decisiva acción que tomó al intimársele su

error. En vista de ello, la conducta incorrecta de la querellada no amerita nada más que

una simple amonestación de nuestra parte, sin mucha enjundia. Por ello, concurro con el

resultado dispuesto en la sentencia del Tribunal.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO