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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: ROBERTO ORTIZ GUTIERREZ

2001 TSPR 22

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: ROBERTO ORTIZ GUTIERREZ

CP-1998-0007

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Querella

In re:

2001 TSPR 22

Roberto Ortiz Gutiérrez

Número del Caso: CP-1998-7

Fecha: 18/enero/2001

Oficina del Procurador General:

Lcda. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Héctor M. Torres Rodríguez

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roberto Ortiz Gutiérrez

CP-1998-7

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2001.

El 15 de junio de 1998, el Procurador General de Puerto Rico

presentó una querella ante nos contra el Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez

mediante la cual le imputó los siguientes cargos:

Cargo I

El abogado Roberto Ortiz Gutiérrez incurrió en violación

del Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Número

75 del 2 de julio de 1987), el cual obliga a todo notario

a darle y autenticidad conforme a la ley de los negocios

jurídicos que ante él se realizan y por ende las doctrinas

establecidas por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto

Rico en los casos In Re: Vera Vélez, 136 D.P.R. 284 (1994)

e In Re: Celestino Vargas, 135 D.P.R. 603 (1994).

CP-1998-7

3

Cargo II

El Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez incurrió en violación de los

Artículos 13 y 16 de la Ley Notarial antes citada, los cuales

regulan la obligación de todo notario de asegurarse que la

escritura por el autorizada este firmadas por los otorgantes y sus

iniciales debidamente estampadas en cada uno de los folios del de

la escritura matriz u original.

Cargo III

El Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez incurrió en violación del Canon

18 de Etica Profesional, el cual obliga a todo abogado a actuar

con celo, cuidado y diligencia profesional.

Cargo IV

El Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez incurrió en violación del Canon

35 de Etica Profesional, el cual entre otras cosas dispone que el

abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar

affidavits u otros documentos.

Cargo V

El Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez incurrió en violación del Canon

38 de Etica Profesional el cual obliga a todo abogado a esforzarse

al máximo de su capacidad para la exaltación del honor y dignidad

de su profesión.

El 16 de junio de 1998, le ordenamos al querellado contestar la querella

aludida dentro de un término de quince (15) días a partir de la notificación

de nuestra orden, realizada personalmente el 17 de junio del mismo año.

El

4 de septiembre de 1998, el querellado compareció ante nos mediante la

presentación de una “Moción En Solicitud De Permiso Para Contestar Querella”.

El 15 de septiembre de 1998, nombramos al Hon. José Rodríguez Rivera, Ex Juez

Superior, como Comisionado Especial para recibir la prueba correspondiente y

rendirnos un informe con sus conclusiones de hecho y sus recomendaciones

respecto a la querella.

El 25 de noviembre de 1998 se celebró la conferencia con antelación a

la vista.

Luego de varios trámites procesales y la presentación de diversos

escritos por las partes, el 19 de agosto de 1999, el querellado contestó la

querella y negó las imputaciones en su contra. El 22 de septiembre del mismo

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4

año, el Procurador General presentó su Informe Parcial De Conferencia Entre

Abogados y el 13 de octubre del mismo año, el querellado presentó el suyo.

Luego de celebrada la vista correspondiente, el 15 de noviembre de 1999,

el Comisionado Especial presentó su informe sobre la presente querella.

En

lo pertinente, el Comisionado Especial formuló las siguientes determinaciones

de hecho:

3. El querellado Ortiz Gutiérrez, abogado en la práctica por

apróximadamente (sic) treinta años, según su propia declaración,

otorgó una escritura de compraventa (escritura número 29 de 3 de

agosto de 1993) sin contar con un estudio registral de título.

4. Subsiguientemente [,] el querellado fue al Registro de

la Propiedad con los compradores y un pariente que representaba

a los vendedores, quienes eran tres ancianas, para quienes fue

preciso utilizar un testigo instrumental.

En el Registro se

comprobó que las vendedoras no eran titulares de la totalidad de

la propiedad vendida, sino solo (sic) de la mitad y que para

disponer de dicha totalidad eran necesarias otras gestiones a fin

de lograr la completa titularidad y la inscripción registral.

5. Durante dichas gestiones en el Registro se produjeron

diferencias de criterio entre los otorgantes compradores y el

querellado, lo cual ocasionó un cese por parte de este (sic) de

toda gestión ulterior, a fin de clarificar la situación sobre la

titularidad e inscripción de la propiedad objeto de la escritura

de compraventa.

6. Con posterioridad [,] los compradores en la referida

escritura de compraventa demandaron judicialmente mediante acción

de nulidad de escritura y daños y perjuicios [a] la parte

vendedora. Mediante sentencia hoy final y firme, el Tribunal de

Distrito, Sala de Cayey, resolvió el 19 de octubre de 1993 en el

caso civil número CD-93-449, que la escritura en cuestión no era

inscribible porque las vendedoras vendieron una propiedad

afirmando que eran dueñas en pleno dominio, cuando solo (sic) lo

eran de la mitad de la propiedad; que el negocio era por $27,000.00

y se reflejó la cantidad de $20,000.00 en la escritura y se consignó

que los compradores eran casados, siendo solteros. En la sentencia

se ordenó la restitución de los $27,000.00, más el pago de

$20,000.00 por daños y perjuicios y $500.00 para costas, gastos

y honorarios de abogado.

7. Conforme surge del expediente del referido caso civil y

especialmente del testimonio del Lic. José Colón, testigo de

refutación del Procurador General, quien nos merece crédito, el

querellado se desentendió a lo largo del proceso de litigación que

provocó el otorgamiento de la escritura número veintinueve, de

toda gestión que pudo efectuar o colaborar efectivamente a los

fines de que se corrigieran los defectos de dicha escritura que

ocasionaron e impidieron la correspondiente inscripción registral

del derecho de los compradores otorgantes en dicho documento

notarial.

8. La aludida escritura número veintinueve cuenta con dos

versiones distintas, específicamente en cuanto a la forma en que

las vendedoras adquirieron la propiedad vendida. Conforme a la

copia de la escritura que los compradores utilizaron y presentaron

en el Tribunal (de Distrito) para accionar contra las vendedoras

[,] la cláusula reza así:

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5

TITULO, INSCRIPCION, Y CARGAS

---SEGUNDO: Adquirieron los comparecientes de la

primera parte la antes descrita propiedad, según los

términos de la escritura número setecientos cincuenta

y seis (756), otorgada en Cayey, Puerto Rico, el día

veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos

setenta (1970), ante el Notario Público, María I.

Berríos Izquierdo.

Consta inscrita al Folio veinte

(20), vuelto del Tomo cien, de Aibonito, finca número

cuatro

mil

trescientos

noventa,

Inscripción

primera.’

Por el contrario, la cláusula según surge de la escritura

que el querellado incorporó a su protocolo es la siguiente:

‘TITULO, INSCRIPCION Y CARGAS

---Segundo: Adquirieron por herencia de su difunta

sobrina María L. González, también conocida como

María Luisa Ramos, según consta de la Resolución sobre

Declaratoria De Herederos, en el caso GS-91-218 del

catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos,

del Tribunal Superior, Sala de Guayama. Consta

inscrita al Folio veinte (20), Vuelto del Tomo cien

de Aibonito, finca número mil tres cientos noventa.

Inscripción primera.

9. Se trata de diferencias significativas en cuanto a la

titularidad y modo de adquisición de quienes advino (sic) la

propiedad a las vendedoras en la mencionada escritura número

veintinueve (29).

10. Tanto la querella como el propio querellado han alegado

que hubo falsificación en la referida escritura, específicamente

en relación a las dos versiones distintas en el instrumento

notarial. A nuestro juicio [,] la evidencia para probar en un

sentido u otro dicho fraude tendría que ser de carácter pericial,

por envolver (sic) cuestiones de gran rigor científico, sobre la

naturaleza de las huellas que aparecen en ambas versiones, las

iniciales de los otorgantes y similitudes entre ellas, además del

sello del notario estampado y la rúbrica. No hubo evidencia

pericial de clase alguna, por lo que solo (sic) podrían formularse

conjeturas sobre los elementos de prueba en las referidas

versiones de la escritura número veintinueve (29), sin

confiabilidad para el mejor resultado del caso. Esta situación

que señalamos adquiere mayor relevancia ante la admisión del

propio querellado en su testimonio de que originalmente la

escritura en su protocolo no tenía las iniciales del testigo

instrumental José Miguel Velázquez Meléndez en la página dos y que

las mismas fueron puestas con posterioridad al otorgamiento,

cuando se estaba en la etapa de la encuadernación del protocolo,

hecho que tuvo que ocurrir por lo menos cinco meses después del

otorgamiento del 3 de agosto de 1993.

11. Tampoco hemos tenido el beneficio de alguna explicación

razonable del querellado sobre la existencia de estas dos

versiones de la escritura número veintinueve (29) otorgada [ante]

CP-1998-7

6

él, aparte de su afirmación general sin detalles específicos de

que fue fraudulenta la segunda versión.

El Procurador General le solicitó al Comisionado Especial que enmendara

su informe y que formulara determinaciones de hecho adicionales.

El 22 de

diciembre de 1999, el Comisionado Especial rindió un informe suplementario a

fin de resolver la solicitud de determinaciones de hecho adicionales presentada

por el Procurador General. Mediante éste, el Comisionado señaló lo siguiente:

Estamos de acuerdo en concluir que los [compradores] testificaron

sobre su comparecencia ante el notario Ortiz Gutiérrez; que

firmaron una sola versión de la aludida escritura; que dicha

versión fue la que entregaron al abogado que les llevó el caso civil

y que el notario querellado no los llamó a su oficina para que

firmaran una versión distinta de la escritura que firmaron al (sic)

día del negocio jurídico con la parte vendedora.

Sin embargo, el Comisionado Especial reiteró que “[p]recisamente nuestra

determinación anterior en el Informe original, en el sentido de que debió

utilizarse un perito calígrafo obedeció a que se trata en este caso de signos,

huellas digitales y razgos (sic) en la escritura de mayor o menor fuerza, [por]

lo cual una persona versada y con los instrumentos apropiados debió auxiliar

al juzgador.”

Posteriormente, el querellado presentó sendas mociones en oposición a

las determinaciones de hecho adicionales las cuales fueron declaradas sin lugar

por el Comisionado Especial debido a que fueron presentadas fuera del término

reglamentario.

Terminados todos los trámites pertinentes ante el Comisionado Especial,

y a la luz de su informe y determinaciones de hecho, nos corresponde resolver

la procedencia de la querella que aquí nos ocupa.

I

Es norma reiterada en nuestra jurisdicción el deber que tiene el notario

de conocer los antecedentes registrales de una propiedad antes de proceder a

autorizar una escritura sobre ella. In re Jiménez Brackel, res. 11 de mayo de

1999, 148 D.P.R. ___, 99 TSPR 73, 99 JTS 79; In re López Maldonado, 130 D.P.R.

863 (1992); In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988); Chévere

v. Cátala, 115 D.P.R. 432, (1984); Goenaga v. O'Neill de Milán, 85 D.P.R. 170

(1962). Así también, hemos afirmado que el notario:

Como principal custodio de la fe pública, base esencial del sistema

del notariado, tiene el ineludible deber de ilustrar a los

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7

otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial en un

estado de conciencia informada. Es decir, tiene que cerciorarse

de hacerle a las partes todas aquellas explicaciones, aclaraciones

y advertencias necesarias para lograr el consentimiento informado

de los otorgantes. (Citas omitidas).

In re Jiménez Brackel, supra. Así, pues, en ausencia de un estudio del estado

registral de la propiedad sobre la cual se otorga la escritura, el notario no

podrá ejercer cabalmente su deber de información a los otorgantes “y habrá

traicionado la fe de la que es principal guardador". In re Meléndez Pérez, 104

D.P.R. 770, 776-777 (1976).

De igual forma, este Tribunal ha determinado que la omisión de tomar las

iniciales de los testigos en una escritura es una deficiencia grave, que puede

causar la anulación del instrumento, que implica a su vez una violación a la

fe pública notarial. In re: González Maldonado, res. el 20 de diciembre de 2000,

2000 TSPR 192, 2000 JTS 203.

No hay controversia en cuanto al hecho de que el Lcdo. Roberto Ortiz

Gutiérrez no realizó un estudio de los antecedentes registrales de la propiedad

antes de proceder a autorizar la escritura en cuestión. El querellado hizo

constar en la escritura que las vendedoras “son dueñas en pleno dominio de la

propiedad”, lo cual resultó ser falso. No hay duda de que el licenciado Ortiz

Gutiérrez violó la fe pública notarial al dar fe de un hecho falso e incumplir

con su deber de informar adecuadamente a los otorgantes. Además, el querellado

admitió el hecho de que las iniciales del testigo instrumental no se encontraban

originalmente en la escritura y que fueron puestas posteriormente durante el

proceso de encuadernación. Su violación a la fe notarial fue crasa y dio lugar

a la presentación de una acción de nulidad de escritura y daños y perjuicios

por parte de los compradores-querellantes y la correspondiente venta en pública

subasta de la propiedad.

Tales actuaciones, en conjunto, son suficientes para disciplinar a Ortiz

Gutiérrez por razón de su incumplimiento con los referidos deberes notariales.

No obstante, en el presente caso existe otra situación aun más grave y peligrosa

que amerita nuestra consideración.

II

CP-1998-7

8

Es un hecho no controvertido que existen dos (2) versiones diferentes

de la escritura de compraventa que nos concierne aquí. Una de las versiones

se encontraba en el protocolo del licenciado Ortiz Gutiérrez. La otra versión,

copia

certificada

de

la

primera,

compradores-querellantes.

Según

determinaciones

del

de

hecho

estaba

mencionamos

Comisionado

en

poder

de

los

previamente,

de

las

la

copia

Especial

surge

que

certificada que tenían los compradores-querellantes les fue entregada por el

propio querellado.

Esta apreciación que hizo el Comisionado Especial sobre

la base de la credibilidad de los distintos testimonios que tuvo ante sí, se

apoya,

además,

en

el

hecho

de

que

en

nada

se

beneficiaban

los

compradores-querellantes con el cambio en las versiones porque bajo ninguna

de ellas era inscribible su título en el Registro de la Propiedad.

Según lo determinó el Comisionado Especial en su informe, el querellado

se desentendió de este asunto. No realizó gestión alguna para corregir el

referido conflicto en las versiones de la escritura en cuestión, ni para aclarar

el asunto.

Más

aun,

el

licenciado

Ortiz

Gutiérrez

tampoco

ha

ofrecido

una

explicación creída por el Comisionado Especial que aclare cómo es posible una

cosa tan inaudita como que una copia certificada de una escritura provista por

el notario y el original que se encontraba en su protocolo sean diferentes;

tampoco lo entendemos nosotros. Lamentablemente, el Procurador General, aunque

solicitó al Comisionado Especial que determinara la comisión de fraude por

parte del querellado, no propició un procedimiento adecuado para ello, al no

producir el testimonio de un perito calígrafo sobre el particular.

Por su

parte, el Comisionado Especial, aunque pudo nombrar tal perito, tampoco lo

hizo. Por tal razón, estamos imposibilitados de determinar aquí si hubo fraude

por parte del querellado que conllevaría su separación definitiva del ejercicio

de la profesión. Ello, por ser la conducta constitutiva de fraude una de las

más graves que puede cometer un notario. Además, actualmente no contamos con

el beneficio del testimonio de varios de los otorgantes por razón de su muerte,

lo cual hace nuestra tarea aun más difícil.

Lo anterior, no obstante, sí podemos decir que hay cambios importantes

en las dos versiones de la escritura que el notario no ha podido explicar ni

justificar, y que éste tampoco trató de corregir, todo lo cual, cuando menos,

CP-1998-7

9

refleja una falta de la debida diligencia ante una grave irregularidad, e intima

una falta de control adecuado de la obra notarial del querellado imputable a

éste.

III

A la luz de las actuaciones impropias del licenciado Ortiz Gutiérrez

examinadas en esta opinión llegamos a la conclusión de que está imposibilitado

para ejercer la profesión de notario.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia para suspender

indefinidamente al Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez del ejercicio de la notaría

en Puerto Rico.

Además, se remitirá al Secretario de Justicia el asunto de la posible

comisión de fraude que el Procurador General le imputó al querellado con

respecto a las dos versiones de la escritura de compraventa, para que éste

determine lo que sea procedente.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roberto Ortiz Gutiérrez

CP-1998-7

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2001.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se

suspende indefinidamente al Lcdo. Roberto Ortiz Gutiérrez del

ejercicio de la notaría en Puerto Rico.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes

de su presente inhabilidad de seguir representándolos, les

devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados.

Además, deberá certificarnos en treinta (30) días del

cumplimiento de estos deberes.

Además, se remitirá al Secretario de Justicia el asunto

de la posible comisión de fraude que el Procurador General le

imputó al querellado con respecto a las dos versiones de la

escritura de compraventa, para que éste determine lo que sea

procedente.

Finalmente, el

incautarse

de

la

Alguacil de este

obra

y

sello

Tribunal deberá

notarial

del

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11

abogado suspendido de la notaría, debiendo entregar la misma a la Directora de la Oficina

de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo