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Tribunal Supremo de Puerto Rico

JULIO FRANCISCO JULIA PADRO, ET AL. V. EPIFANIO VIDAL, S.E. Y OTROS

2001 TSPR 15

Poder Judicial de Puerto Rico

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JULIO FRANCISCO JULIA PADRO, ET AL. V. EPIFANIO VIDAL, S.E. Y OTROS

CC-2000-423

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Francisco Juliá Padró; Stella Maris Molina,

et al.

Demandantes-Recurridos

v.

Certiorari

2001 TSPR 15

Epifanio Vidal, S.E.; Herederos Vidal Nadal y

otros

Demandados-Peticionarios

Número del Caso: CC-2000-423

Fecha: 14/febrero/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Panel integrado por su Presidente, Juez Gierbolini y los Jueces Cordero y Hernández Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Mario A. Rodríguez Torres

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Víctor M. Rivera Torres

Materia: Daños y Perjuicios

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Francisco Juliá

Padró; Stella Maris Molina,

et al.

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2000-423

CERTIORARI

Epifanio Vidal, S.E.;

Herederos Vidal Nadal y

otros

Demandados-recurrentes

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2001

El 23 de agosto de 1996, Julio Francisco Juliá Padró, Stella Maris

Molina Rosario y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos,

demandaron, ante la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera

Instancia, a Epifanio Vidal, S. E. y a Herederos Vidal Nadal, Inc.,

entre

otros,

alegando

nulidad

de

contrato

por

vicios

en

el

consentimiento y en solicitud de interdicto y resarcimiento por daños

y perjuicios. Los demandados, luego de ser emplazados el 26 de agosto

de

1997,

contestaron

la

demanda

y

presentaron,

a

su

vez,

una

reconvención alegando incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

3

CC-2000-423

Finalizado el descubrimiento de prueba, los demandados solicitaron

que se dictara sentencia sumaria a su favor, a lo cual se opusieron los

demandantes.

Trabada

dicha

controversia,

y

sometida

la

misma

para

resolución, el tribunal de instancia emitió una sentencia sumaria parcial,

el 21 de septiembre de 1999, en la cual denegó la solicitud de los demandados

de decretar la nulidad del contrato mediante sentencia sumaria y desestimó

la causa de acción sobre cobro de dinero que los demandados habían

presentado, mediante reconvención, contra los demandantes.

El tribunal de instancia, en la sentencia que emitiera, expresamente

ordenó el archivo de la reconvención radicada por los demandados y

expresamente hizo constar que no existía razón para posponer dictar

sentencia hasta tanto se resolviera la totalidad del pleito; acto seguido

ordenó que se registrara y notificara dicha sentencia sumaria parcial. La

misma fue notificada el 4 de octubre de 1999.

Inconformes con dichas actuaciones, el 13 de octubre de 1999 los

demandados

oportunamente

solicitaron

determinaciones

de

hechos

adicionales, ello al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de

Procedimiento Civil; además, el 18 de octubre de 1999, los demandados

presentaron,

igualmente

en

tiempo,

una

moción

de

reconsideración

solicitando que se dejase sin efecto la sentencia sumaria parcial por

considerar que existían controversias de hechos sustanciales que debían ser

evaluadas en una vista en su fondo.

El 3 de noviembre de 1999 los demandados presentaron “petición de

certiorari” ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones en solicitud de

revisión de la sentencia sumaria parcial notificada el 4 de octubre de 1999.

Al momento de presentarse dicha petición, el tribunal de instancia no había

resuelto

ni

notificado

determinación

alguna

sobre

la

moción

de

determinaciones adicionales de hechos bajo la Regla 43.3 de Procedimiento

Civil. Posteriormente, el 5 de noviembre de 1999, el tribunal de instancia

notificó el archivo en autos de copia de la resolución en que denegó dicha

moción; denegó, además, la moción de reconsideración sin expresión alguna.

Por su parte, el Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió el recurso

radicado como uno de apelación, partiendo de la premisa de que el dictamen

4

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recurrido constituía una sentencia final, revisable mediante dicho recurso.

El 9 de marzo de 2000, dicho tribunal dictó sentencia mediante la cual

desestimó el recurso, sin perjuicio, por prematuro.1

Ello no obstante, el tribunal apelativo intermedio determinó, en la

antes mencionada sentencia, que el tribunal de primera instancia había

actuado sin jurisdicción al notificar, el 5 de noviembre de 1999, su

resolución mediante la cual se denegó la solicitud de determinaciones de

hechos adicionales, por el hecho de que ya se había presentado el recurso

de apelación, ordenándole al tribunal de primera instancia que procediera

a archivar en autos y notificara nuevamente la resolución respecto a la

moción de solicitud de determinaciones de hechos adicionales.

Ambas partes solicitaron reconsideración de la sentencia antes

mencionada. Los demandantes alegaron que el tribunal de instancia había

actuado con jurisdicción al notificar la resolución el 5 de noviembre de

1999. Los demandados, por su parte, sostuvieron que el recurso no era

prematuro. Ambas mociones de reconsideración fueron denegadas por el

tribunal apelativo intermedio, mediante resoluciones notificadas los días

30 de marzo y 5 de abril de 2000.

El 7 de abril de 2000, los demandantes radicaron un escrito titulado

“Escrito Suplementario a solicitud de reconsideración y sometiendo opinión

Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico de fecha 27 de marzo de 2000”,

escrito que fue acogido por el tribunal apelativo en resolución archivada

en autos y notificada el 26 de abril de 2000.

El 5 de mayo de 2000 recurrieron ante este Tribunal, los demandados

Epifanio Vidal, S. E. Y Herederos Vidal Nadal, Inc., mediante petición de

certiorari, en la que plantean que:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que no tenía jurisdicción para atender el recurso

de certiorari por haberse presentado prematuramente.”

Examinada

la

solicitud

de

certiorari

radicada

por

la

parte

demandada-peticionaria, el 16 de junio de 2000 emitimos una Resolución

1

Igual suerte corrió una petición de certiorari que había sido

presentada por la codemandada Junta de Condóminos del

5

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concediéndole a la parte demandante-recurrida el término de veinte (20) días

para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto y dictar

Sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones en el presente caso. La parte demandante compareció en

cumplimiento de la antes mencionada orden de mostrar causa. Estando en

posición de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

Reiteradamente hemos resuelto que los tribunales debemos ser celosos

guardianes

de

nuestra

jurisdicción,

viniendo

obligados,

incluso,

a

considerar dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos efectos por

las partes, esto es, motu proprio. Véase: Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R.

153 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980);

Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).

Debido a ello es que atendemos, de entrada, el señalamiento de la parte

demandante

a

esos

efectos.

Argumenta

dicha

parte

que

carecemos

de

jurisdicción para entender en el presente recurso debido al hecho de que,

al momento de la radicación del mismo, estaba pendiente de resolución una

“segunda” moción de reconsideración que dicha parte demandante había

radicado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.2 No tiene razón. Veamos

por qué.

No debe haber duda alguna sobre el hecho de que la oportuna

presentación de una moción de reconsideración ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones interrumpe el término que tienen las partes para recurrir

Condominio el Cantón Mall el 2 de noviembre de 1999.

Como señalamos en la relación de hechos, el Tribunal de

Circuito de Apelaciones dictó sentencia, desestimatoria del

recurso que ante dicho foro judicial había radicado la parte

demandada, el día 9 de marzo del 2000. Ambas partes solicitaron

reconsideración, de dicha sentencia, siendo declarada sin lugar

la última de éstas, el día 5 de abril de 2000. Dos días más tarde,

la parte demandante radicó un escrito --el cual, a todas luces,

era una segunda moción de reconsideración-- solicitud de

reconsideración que fue “acogida” por el foro apelativo

intermedio. El 5 de mayo de 2000, la parte demandada acudió --vía

certiorari-- ante este Tribunal en revisión de la sentencia

emitida el 9 de marzo de 2000.

2

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en alzada ante este Tribunal en revisión de una sentencia emitida por el

foro apelativo intermedio. Hernández v. Marxuach Construction Co., res. el

3 de febrero de 1997; 142 D.P.R.__(1977); Regla 53.1(h) de las Reglas de

Procedimiento Civil. Dicho término se reactiva, naturalmente, cuando el foro

apelativo

intermedio

resuelve

definitivamente

la

referida

moción

de

reconsideración; esto es, el referido término comienza a contarse de nuevo

a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución

o sentencia del Tribunal de Circuito resolviendo definitivamente la moción

de reconsideración.

En el caso que ocupa nuestra atención, sin embargo, nos enfrentamos

al hecho de que la parte demandante-recurrida presentó ante el tribunal

apelativo una moción post sentencia que, en esencia, constituye una segunda

moción de reconsideración, luego de denegada la primera. Debemos resolver,

en consecuencia, si el Tribunal de Circuito de Apelaciones tenía autoridad

para acoger dicha moción y si la presentación de la misma interrumpió el

término para recurrir ante este Tribunal.

Debe señalarse, y enfatizarse, que la Regla 84 (d) del Reglamento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, dispone que:

“No se permitirá la presentación de más de una moción de

reconsideración por la misma parte, de haber sido denegada la

primera.” 4 L.P.R.A. Ap. XXII--A, R. 84. (Enfasis suplido.)

Es evidente que tal regla autoriza a cada una de las partes litigantes

a presentar una moción de reconsideración respecto a las decisiones o

determinaciones del tribunal apelativo, la cual, de ser denegada, sólo da

lugar a que se recurra, dentro del plazo reglamentario y con el recurso

apropiado, ante este Tribunal. En vista de lo establecido por la antes

descrita Regla 84(d), resulta claro que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones carecía de jurisdicción para acoger, luego de denegada la

primera

moción

de

reconsideración

presentada

por

la

parte

demandante-recurrida, una segunda moción de reconsideración presentada por

la misma parte. Esto es, la moción titulada “Escrito Suplementario a

solicitud de reconsideración y sometiendo opinión Per Curiam del Tribunal

Supremo de Puerto Rico de fecha 27 de marzo de 2000”, constitutiva de una

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segunda moción de reconsideración de una misma parte, no tuvo efecto

interruptor alguno de los términos para recurrir en petición de certiorari

ante este Tribunal. En consecuencia, este Tribunal tiene jurisdicción para

atender dicha petición.

II

En

apoyo

a

su

único

señalamiento

de

error,

la

parte

demandada-recurrente alega que el recurso radicado ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones no era prematuro, y que, por lo tanto erró dicho

tribunal al decretar lo contrario. Alega que la determinación del tribunal

de primera instancia, fechada el 21 de septiembre de 1999 y notificada el

4 de octubre de 1999, es en esencia, una resolución interlocutoria,

independientemente de que haya sido denominada como “Sentencia Sumaria

Parcial”,

pues

dicha

determinación

alegadamente

no

puso

fin

a

la

controversia entre las partes mediante una adjudicación final. Por lo tanto,

argumenta que el término para recurrir en certiorari ante el Tribunal de

circuito de Apelaciones era de treinta días a partir del 4 de octubre de

1999. Alega, además, que la moción de determinaciones de hechos adicionales

no tuvo efecto interruptor alguno, pues las Reglas de Procedimiento Civil

no

autorizan

su

presentación

contra

resoluciones

interlocutoras.

En

consecuencia, sostiene que el recurso de certiorari radicado ante el

tribunal apelativo el 3 de noviembre de 1999 fue radicado correcta y

oportunamente. No le asiste la razón.

La sentencia sumaria parcial en controversia se dictó al amparo de

las disposiciones de la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R. 43.5, la cual dispone que:

“Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya

sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o

demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el

tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de

las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del

pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón

para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones hasta

la resolución total del pleito, y siempre que ordene

expresamente que se registre sentencia.

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa,

la sentencia parcial dictada será final para todos los fines

en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea

8

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registrada y se archive en autos copia de su notificación,

comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos

dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.

En ausencia de la referida conclusión y orden expresa,

cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa

cómo se denomine, que adjudique menos del total de las

reclamaciones, no terminará el pleito con respecto a ninguna

de las reclamaciones y la orden u otra forma de decisión estará

sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en

cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando

todas las reclamaciones.”

Indudablemente, el caso de autos comprendía más de una reclamación;

existía una demanda y una reconvención. El tribunal de instancia, luego de

analizar la situación, decidió poner fin a la reclamación de cobro de dinero

que los demandados habían presentado mediante reconvención, denegando la

misma. Luego, concluyó expresamente que no existía razón para posponer

dictar sentencia sobre tal reclamación hasta la resolución total del pleito

y ordenó que se registrara la sentencia.

No cabe duda que el tribunal sentenciador procedió correctamente al

denominar su dictamen como “Sentencia Sumaria Parcial”, pues en todo su

proceder cumplió a cabalidad con las exigencias de la Regla 43.5 de

Procedimiento

Civil.

determinaciones

de

Por

hechos

lo

tanto,

la

adicionales

radicación

de

la

--la

era

jurídicamente

cual

moción

de

procedente-- interrumpió el plazo para recurrir en apelación al Tribunal

de Circuito de Apelaciones. Evidentemente, el recurso radicado ante dicho

tribunal,

cuando

aún

estaba

pendiente

de

resolverse

la

moción

de

determinaciones de hechos adicionales en el tribunal de instancia, fue

prematuro. Veamos.

En Rodríguez Díaz v. Zegarra, res. el 27 de marzo de 2000, 2000 TSPR

51, atendimos, y resolvimos, una controversia similar. En aquella ocasión

acentuamos que una oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones

de hechos adicionales --Andino v. Topeka, res. en 10 de abril de 1997, 142

D.P.R.__(1997)--, interrumpe, entre otros, los términos para interponer una

apelación, certiorari o recurso de certificación. Según la Regla 43.4 de

Procedimiento Civil, dichos términos comienzan a correr nuevamente tan

pronto se archive en autos copia de la notificación de la resolución emitida

9

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por el tribunal de instancia resolviendo la referida moción 3 . En otras

palabras, es a partir de la fecha en que el tribunal de primera instancia

resuelve, y notifica, la resolución resolviendo la moción solicitando

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, que comienza a correr,

otra vez, el término jurisdiccional de treinta (30) días para el interesado

recurrir en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Como bien resolvió el referido Tribunal de Circuito, la presentación

del

escrito

acogido

como

apelación,

presentado

por

la

parte

demandada-recurrente, antes de que el tribunal de instancia resolviera la

moción

sobre

determinaciones

de

hechos

adicionales,

fue

obviamente

prematura.

Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío,

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Hernández Apellaniz v. Marxuach

Construction Co., res. el 3 de febrero de 1997, 142 D.P.R.__ (1997); Pérez

Marrero v. C.R. Jiménez, Inc., res. el 20 de abril de 1999, 99 TSPR 59. Como

tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues en el momento de su presentación no hay autoridad judicial para

acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en

virtud de una moción informativa. Pueblo v. Santana Rodríguez, res. el 25

de mayo de 1999, 99 TSPR 81.

Por otro lado, específicamente resolvimos en Rodríguez Díaz v.

Zegarra, ante, que:

“Si el Circuito no tenía jurisdicción para entender en

la apelación, tampoco la tenía para, usando como base las

3

Es de notar, además, que la Regla 53.1(g), dispone que el término para

apelar se interrumpirá por la oportuna presentación de una moción formulada

de acuerdo con cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran, y

comenzará a computarse desde que se archive en autos copia de la notificación

de cualquiera de las siguientes órdenes en relación con dichas mociones:

"(1) En las apelaciones al Tribunal de Circuito de

Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera

Instancia, declarando con lugar o denegando una

moción bajo la Regla 43.3 para enmendar o hacer

determinaciones iniciales o adicionales de hechos,

fuere o no necesaria una modificación de la sentencia

si se declarare con lugar la moción."

10

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precitadas Reglas 53.9(a) de Procedimiento Civil y 18 de su

Reglamento, ordenar a Instancia que resolviera de nuevo la

moción solicitando determinaciones de hechos adicionales que

estaba pendiente al radicarse la apelación.

El efecto suspensivo que reconocen ambas reglas está

apuntalado en la premisa de que el foro apelativo tiene

jurisdicción

en

virtud

de

la

apelación

interpuesta.

Lógicamente, de carecerla por prematura, como en el caso de

autos, la apelación no tiene el efecto suspensivo visualizado

en esa normativa.” (Enfasis suplido.)

Forzoso es concluir que la petición de certiorari, radicada en el

presente caso ante el tribunal apelativo intermedio por la parte demandada

y

acogida

por

dicho

foro

judicial

como

apelación,

fue

radicada

prematuramente y que dicho Tribunal carecía de jurisdicción para expresarse,

y resolver, la cuestión planteada en la misma. Sólo tenía autoridad para

expresar que no tenía jurisdicción sobre el caso.

III

Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir el auto de

certiorari y dictar Sentencia modificatoria de la emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones para dejar sin efecto la orden del foro apelativo

intermedio al tribunal de instancia, para que archivara en autos y notificara

nuevamente su resolución de la moción de solicitud de determinaciones de

hechos adicionales del presente caso, para lo cual carecía de jurisdicción

conforme la norma pautada en Rodríguez Díaz v. Zegarra, ante. Se confirma

la sentencia recurrida en cuanto se dispuso que el foro intermedio apelativo

carecía de jurisdicción sobre el caso de autos, por prematuro.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

11

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Francisco Juliá

Padró; Stella Maris Molina,

et al.

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2000-423

CERTIORARI

Epifanio Vidal, S.E.;

Herederos Vidal Nadal y

otros

Demandados-recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2001

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto y se

dicta Sentencia modificatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones en el presente caso, para dejar sin efecto la orden del

foro apelativo intermedio al tribunal de instancia, para que archivara

en autos y notificara nuevamente su resolución de la moción de solicitud

de determinaciones de hechos adicionales del presente caso, para lo

cual carecía de jurisdicción conforme la norma pautada en Rodríguez

Díaz v. Zegarra, ante. Se confirma la sentencia recurrida en cuanto

se dispuso que el foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción

sobre el caso de autos, por prematuro.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre

en el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu

García no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo