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Tribunal Supremo de Puerto Rico

HERMINIO SANCHEZ TORRES, ET ALS. V. HOSPITAL DR. PILA, ET ALS.

2002 TSPR 148

Poder Judicial de Puerto Rico

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HERMINIO SANCHEZ TORRES, ET ALS. V. HOSPITAL DR. PILA, ET ALS.

CC-2002-0391

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Herminio Sánchez Torres, et als.

Peticionarios

Certiorari

v.

2002 TSPR 148

Hospital Dr. Pila, et als.

158 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2002-391

Fecha: 6 de diciembre de 2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. René W. Franceschini Pascual

Materia: Daños y Perjuicios

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Herminio Sánchez Torres, et als

Peticionarios

v.

CC-2002-0391

Hospital Dr. Pila, et als

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Naveira de Rodón

San Juan, Puerto Rico a 6 de diciembre de 2002

Hoy

nos

corresponde

resolver

si

la

notificación verbal, en corte abierta, de una

determinación

interlocutoria

del

Tribunal

de

Primera Instancia, en un caso civil, es suficiente

para activar el plazo dispuesto por ley para

interponer una moción de reconsideración ante

dicho foro o un recurso de certiorari ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

A continuación haremos un recuento conciso

del trasfondo fáctico y procesal que ha dado lugar

a la controversia que nos ocupa.

I

En septiembre de 1995, los demandantes peticionarios,

Herminio Sánchez Torres y otros, instaron una acción de daños

y perjuicios por alegada negligencia médica ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, contra el

Hospital Dr. Pila, varios médicos que intervinieron en el

tratamiento de su causante, --Jenny Sánchez Rivera, quien

falleció el 31 de marzo de 1994 en dicho hospital-- y las

respectivas

compañías

aseguradoras.

Los

demandados

contestaron la acción negando en esencia las alegaciones

vertidas en ésta.

Así las cosas, luego de varios trámites procesales, los

demandantes informaron que deseaban anunciar nueva prueba

pericial, solicitud a la que se opusieron los demandados.

El 8 de junio de 2001, durante una vista celebrada a esos

fines, el tribunal de instancia denegó, en corte abierta, la

solicitud. Seis días después de la vista oral, el 14 de junio

de

2001,

los

reconsideración.

peticionarios

presentaron

moción

de

La determinación del tribunal denegando la

solicitud de los demandantes para que se les permitiera

presentar nueva prueba pericial, nunca fue notificada a las

partes por escrito. La moción de reconsideración fue denegada

mediante resolución emitida el 4 de febrero de 2002 y notificada

el 13 de febrero de 2002.

El 26 de febrero de 2002, los peticionarios presentaron

un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). Dicho tribunal

desestimó el recurso por haber sido presentado después de haber

transcurrido el término de cumplimiento estricto de treinta

(30) días desde “la fecha de notificación de la resolución u

orden” según dispuesto por el Art. 4.002(f) del Plan de

Reorganización de la Rama Judicial Núm. 1 de 28 de julio de 1994,

según enmendado y la Regla 53.1(4) de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III R. 53.1(4).

Resolvió que en vista de que la

moción de reconsideración no fue atendida por el Tribunal de

Primera Instancia dentro del plazo de diez (10) días dispuesto

por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.

47, contados a partir del 8 de junio de 2001 –-fecha en la cual

el foro de instancia emitió verbalmente su decisión en corte

abierta--

ésta

se

considera

rechazada

de

plano

y,

por

consiguiente, no interrumpió el término para recurrir en

alzada.

Inconformes,

los

peticionarios

acuden

ante

nos

y

plantean como único error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

denegar la expedición del auto de certiorari bajo el

fundamento de que el mismo se radicó tardíamente, y

que no se formalizó dentro de los 30 días siguientes

a la fecha de notificación de la resolución u orden

conforme se dispone en 4 L.P.R.A. sec. 22k (Suplemento

2001).

El 7 de junio de 2002, le concedimos a la parte recurrida

un término para que mostrara causa por la cual no debíamos

expedir el auto solicitado y revocar la determinación del

Tribunal de Circuito.

La parte recurrida compareció y con el

beneficio de sus argumentos resolvemos sin ulterior trámite.

II

Como ya expresáramos, en el presente caso, el Tribunal de

Circuito resolvió que el recurso fue presentado tardíamente,

ya que conforme al Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico de 1994, el escrito no fue presentado dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha de notificación de la resolución

u orden que emitiera el foro de instancia. 4 L.P.R.A. sec. 22k.

Se fundamentó en el hecho de que el plazo para presentar el

recurso comenzó a discurrir el 8 de junio de 2001, cuando el

tribunal de instancia verbalmente, en corte abierta, denegó la

solicitud

de

los

peticionarios

para

utilizar

testigos

periciales adicionales, y expiró treinta (30) días después. Es

decir, mucho antes de la presentación del recurso ante su

consideración.

Dicho tribunal entendió además, que la moción

de reconsideración aunque presentada oportunamente por los

peticionarios ante el foro de instancia, no interrumpió el

término para acudir en alzada porque dicho foro no actuó sobre

la misma dentro de los diez (10) días dispuestos por la Regla

47 de Procedimiento Civil.

Bajo estas circunstancias se

entendió rechazada de plano, mucho antes de que instancia

anunciara formalmente su decisión de 4 de febrero de 2002 de

denegarla.

Finalmente, concluyó, además de todo lo anterior,

que procedía desestimar el recurso debido a que la parte

peticionaria no incluyó en el apéndice “ otros documentos que

tiendan a sugerir que el término para recurrir en alzada se

interrumpió de otro modo por dicha parte.”

Por su parte, los demandantes peticionarios plantean que

la única resolución u orden notificada y archivada en autos,

que puede servir para activar el término para acudir en alzada

ante el Tribunal de Circuito, es la resolución de 4 de febrero

de 2002, mediante la cual el foro de instancia denegó la moción

de reconsideración, la cual fue archivada en autos y notificada

el 13 de febrero de 2002. En dicha resolución instancia expresó

que el 8 de junio de 2001 había dictado en corte abierta una

orden denegando la solicitud de los peticionarios de que se les

permitiese utilizar peritos adicionales y denegaba la moción

de reconsideración.

Indicó también que esta determinación la

había reiterado durante la celebración de la vista para discutir

la

conferencia

con

antelación

al

juicio.

Sostienen,

los

peticionarios, que la decisión verbal emitida en corte abierta

el 8 de junio de 2001, denegando la solicitud para utilizar

prueba pericial adicional, no puede servir como punto de partida

para activar el término para acudir en alzada, porque no fue

notificada de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas 47.1 y 65.3(a)

de Procedimiento Civil. Le asiste la razón a los peticionarios.

Veamos.

III

En nuestro ordenamiento jurídico la norma general es que

el término para acudir en alzada en un caso civil, tanto de una

resolución interlocutoria como de una sentencia final, no

comienza a transcurrir si el tribunal deja de notificar dicho

dictamen a alguna de las partes. Rosario Bermúdez v. Hospital

General Menonita, Inc., Op. 28 de agosto de 2001, ___ D.P.R.

____(2001), 2001 J.T.S. 126.

Procedimiento

Civil,

32

Así pues, la Regla 65.3(a) de

L.P.R.A.

Ap.

III

establece

que

“[i]nmediatamente después de archivarse en autos copia de una

orden o sentencia, el secretario notificará de tal archivo a

todas las partes que hubieren comparecido en el pleito en la

forma preceptuada en la Regla 67.” Dicha Regla a su vez dispone,

que e] depósito de la notificación en el correo será aviso

suficiente a todos los fines para los cuales se requiera por

estas reglas una notificación del archivo de una orden o

sentencia.

Véase, Rodríguez Mora v. García Lloréns, Op. 28

agosto de 2001, 147 D.P.R. ____(1998), 98 J.T.S. 152. Para que

se activen y comiencen a decursar los términos jurisdiccionales

o de cumplimiento estricto para presentar una moción de

reconsideración o un certiorari para que el tribunal apelativo

revise una resolución u orden interlocutoria, es necesario que

la notificación de la resolución u orden interlocutoria se haya

hecho correctamente. Sobre este particular el Profesor Rafael

Hernández

Colón

nos

indica

que

“[c]uando

se

notifican

resoluciones no se envía un escrito de notificación sino que

en la misma resolución el secretario del tribunal anota la fecha

del envío de la resolución a la parte, o sea, su notificación

y la fecha de archivo en autos de la resolución conteniendo esa

notificación es el punto de partida para contar los 15 días”

para presentar una moción de reconsideración. Hernández Colón,

R., Derecho Procesal Civil, sec. 4603, pág. 295, 1997.

De otra parte, la Regla 32(B) de las Reglas para la

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 30 de junio de 1999, según

enmendada mediante Resolución de 16 de junio de 2000, 2000

J.T.S. 95, establece lo siguiente:

B. Minutas.

1.

La minuta será el registro oficial de las incidencias

más importantes ocurridas durante la vista judicial

en el salón de sesiones y en cámara. La misma será

preparada conforme con las normas que establezca el

Director Administrativo o la Directora Administrativa

de los Tribunales y será certificada por la Secretaria

de Servicios de Sala.



La minuta original se unirá al expediente judicial.

En aquellos casos consolidados, la minuta original

será unida al expediente de mayor antigüedad. Se

incluirá copia de la minuta en los expedientes

consolidados restantes.



...



La minuta no será notificada a las partes o a sus

abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden

emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en

cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y

notificada a las partes.



La Secretaria, custodia del expediente podrá expedir

copia de la minuta previo la cancelación de los

derechos arancelarios, según corresponda. (Énfasis

nuestro).

La resolución u orden emitida el 8 de junio de 2001

verbalmente en corte abierta, mediante la cual se denegó la

solicitud de los peticionarios para utilizar dos peritos

adicionales, no se le notificó a las partes de la forma en

que establece la Regla 32(B).

Al no haberse cursado a las

partes una notificación por escrito de la determinación del

tribunal

de

demandantes

instancia

para

reconsideración

prematura.

denegando

presentar

presentada

la

peritos

por

los

solicitud

de

los

adicionales,

la

demandantes

fue

Ante estas circunstancias, la única resolución

u orden notificada y archivada en autos, que podría servir

como punto de partida para acudir en certiorari ante el

Tribunal de Circuito, es la resolución de 4 de febrero de 2002,

que declaró sin lugar la moción de reconsideración. Esta

resolución fue archivada en autos y notificada el 13 de

febrero de 2002. Así pues, el término para recurrir en alzada

comenzó a decursar el 14 de febrero de 2002 y venció el 15

de marzo de 2002.

En consecuencia, el Tribunal de Circuito

tenía jurisdicción para considerar el recurso de certiorari

presentado por los peticionarios el 26 de febrero de 2002.

La decisión verbal emitida en corte abierta el 8 de junio de

2001, denegando la solicitud para utilizar prueba pericial

adicional, que más tarde fue ratificada también verbalmente

en otra vista oral, no puede servir como punto de partida para

presentar una moción de reconsideración.

Resolvemos pues, que una notificación verbal en corte

abierta de una determinación interlocutoria del Tribunal de

Primera

Instancia

en

un

caso

civil

no

constituye

la

notificación que se requiere para activar el plazo dispuesto

por ley para interponer una moción de reconsideración o un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito.

La

notificación que activa estos términos tiene que constar por

escrito y dicho escrito tiene que ser notificado a las partes.

Por las razones antes expuestas se expide el auto

solicitado y se dicta sentencia revocando el dictamen del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso para

que continúen los procedimientos de forma compatible con lo

aquí resuelto.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Herminio Sánchez Torres, et als

Peticionarios

v.

CC-2002-0391

Hospital Dr. Pila, et als

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 6 de diciembre de 2002

Por las razones antes expuestas, se expide el

auto de certiorari solicitado y se dicta sentencia

revocando el dictamen del Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Se devuelve el caso para que

continúen los procedimientos de forma compatible

con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri concurre sin

opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo

López disiente sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo