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Tribunal Supremo de Puerto Rico

HILDA ORTIZ FELICIANO V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PR

2002 TSPR 118

Poder Judicial de Puerto Rico

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HILDA ORTIZ FELICIANO V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PR

CC-00-0430

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hilda Ortiz Feliciano, et al.

Certiorari

Recurridos

2002 TSPR 118

v.

157 DPR ____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

Et al.

Peticionarios

Número del Caso: CC-2000-430

Fecha: 12 de septiembre de 2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional IV

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lizette Mejías Avilés

Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts

Departamento de Justicia

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Santiago Marí Roca

Materia: Violación de Derechos Civiles

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hilda Ortiz Feliciano,

et al.

Recurridos

v.

CC-2000-430

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, et al.

Peticionarios

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 12 de septiembre de

2002

I

El

21

de

diciembre

de

1993,

aproximadamente a las 9:00 p.m., ocho (8)

agentes de la policía se personaron a la

residencia de la Sra. Eneida Vélez Feliciano,

donde ésta se encontraba en compañía de sus

dos (2) hijos menores de edad.

También se

encontraba allí su hermana, la Sra. Hilda

Ortiz Feliciano, y el compañero sentimental

de ésta, el Sr. Ramón Jesús Sambolín (en

adelante demandantes o recurridos).

Los

agentes

el

fueron

a

la

residencia

con

propósito de diligenciar una orden de arresto

por alegadas infracciones a la ley conocida

como “Ley de

Bolita”, 33 L.P.R.A. § 1247 et seq.

El operativo

culminó con el arresto de la Sra. Ortiz, la Sra. Vélez

y el Sr. Sambolín.

Eventualmente los cargos criminales contra los aquí

recurridos fueron desestimados.

Así las cosas, el 20

de diciembre de 1994, la Sra. Ortiz, el Sr. Sambolín y

la Sra. Feliciano, esta última por sí y además en

representación de sus dos (2) hijos menores de edad,

radicaron una demanda por violación a sus derechos

civiles ante el Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito de Puerto Rico al amparo de la Ley Federal de

Derechos

Civiles,

42

U.S.C.

§

1983,

contra

el

Superintendente de la Policía1 y los ocho (8) agentes del

orden público que intervinieron en el operativo de 21

de diciembre de 1993.

Alegaron que los policías que

intervinieron

operativo

en

el

utilizaron

palabras

insultantes hacia los demandantes frente a familiares

y

vecinos,

y

que

se

utilizó

fuerza

excesiva

injustificada contra ellos, todo esto en violación a sus

derechos civiles y constitucionales.

Adujeron que las

actuaciones de los demandados les ocasionaron ansiedad,

sufrimientos

y

angustias

mentales

por

los

cuales

reclamaron daños por aproximadamente siete millones de

dólares ($7,000,000).

1

Las

alegaciones

contra

el

Superintendente

incluyeron, en términos generales: (1) haber tolerado y

encubierto conducta abusiva de parte de los miembros de

la policía hacia los ciudadanos; (2) haber autorizado,

implícitamente, las acciones de los agentes demandados;

y (3) falta de supervisión adecuada que contribuyó a que

los agentes demandados incurrieran en la conducta que

violó los derechos civiles de los demandantes.

Los

demandados

solicitaron

representación

del

Secretario de Justicia (en adelante el Secretario) al

amparo del Art. 12 de la Ley de Reclamaciones y Demandas

contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955

(en adelante Ley Núm. 104), según éste fuera adicionado

por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según

enmendada, 32 L.P.R.A. § 3085-3087 (en adelante Ley Núm.

9), la cual les fue concedida.

Celebrado el juicio por

jurado ante el Tribunal de Distrito Federal, recayó

veredicto que declaró con lugar la demanda y ordenó a

siete (7) de los ocho (8) agentes demandados a satisfacer

la cantidad de treinta y cuatro mil dólares ($34,000)

en daños compensatorios y nueve mil dólares ($9,000) en

daños punitivos.

Posteriormente, el tribunal también

impuso a los demandados el pago de veintisiete mil

dólares ($27,000) en concepto de honorarios de abogado.2

En marzo de 1997, el Secretario le notificó a los

demandados que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en

adelante E.L.A. o Estado) no asumiría el pago de la

sentencia recaída contra ellos.

Adujo que había quedado

demostrado en el juicio que medió negligencia inexcusable

en las actuaciones de los agentes contra los demandantes.

Luego de un procedimiento administrativo solicitando la

revisión de la determinación del Secretario, éste mantuvo

su posición de que el Estado no asumiría el pago de la

sentencia recaída contra los demandados.

No existe

evidencia en el expediente a los efectos de que se haya

radicado ante el foro judicial correspondiente recurso

2

Cabe señalar que no se le impuso responsabilidad

alguno impugnando la determinación final del Secretario.

Lo que sí resulta claro es que ni los demandados ni el

Estado pagaron la sentencia dictada por el Tribunal de

Distrito Federal.

Así las cosas, en febrero de 1998, los demandantes

presentaron, como parte del mismo pleito llevado ante el

Tribunal de Distrito Federal bajo la Ley Federal de

Derechos Civiles, una moción para que dicho tribunal

ordenase al Secretario a satisfacer la sentencia a favor

de éstos.

El Secretario se opuso bajo el fundamento de

que la enmienda once de la Constitución de Estados Unidos

impedía este tipo de acción contra el E.L.A. en el foro

federal.

El Tribunal de Distrito Federal denegó la moción

presentada por los demandantes.

Tribunal

de

Circuito

de

Éstos recurrieron al

Apelaciones

para

el

Primer

Circuito, el cual confirmó la decisión del tribunal

apelado.3

Concluyó el Tribunal que el verdadero objetivo

de la moción presentada por los demandantes era obtener

una sentencia (money judgement) contra el E.L.A. para que

éste les indemnizara por los daños sufridos.

Entendió el

Tribunal que las disposiciones de la Ley Núm. 9 que

autorizan al Secretario a brindar representación legal a

un funcionario público demandado por violar los derechos

civiles de un ciudadano no constituyen una renuncia a la

alguna al Superintendente.

3

De esta sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones para el Primer Circuito surge todo el trámite

llevado ante el Secretario de Justicia bajo las

disposiciones de la Ley Núm. 9.

inmunidad del E.L.A. contra ser demandado en el foro

federal.

En el entretanto, el 9 de julio de 1997, casi tres

(3) años después de ocurridos los hechos que dieron lugar

a la demanda original en el foro federal, los demandantes

presentaron una acción en daños y perjuicios por los mismos

hechos, esta vez sólo contra el E.L.A. y ante el Tribunal

de Primera Instancia local.

Alegaron que las actuaciones

de los agentes del estado habían violado sus derechos

civiles y constitucionales, que dichos actos les habían

ocasionado severas angustias mentales y emocionales, y que

por dichas actuaciones el E.L.A., como patrono de los

demandados, era responsable. Señalaron además que por

haber recaído sentencia contra los agentes en el pleito

radicado ante el foro federal, el Estado estaba impedido

bajo la doctrina de cosa juzgada de litigar la cuestión

relativa a la violación de derechos civiles, así como

tampoco podía negar responsabilidad por los actos de los

funcionarios ya que el Secretario les había provisto

representación ante el foro federal.

Los demandantes

reclamaron daños ascendientes a un millón cuatrocientos

cincuenta mil dólares ($1,450,000).

Por último, los

demandantes específicamente alegaron en la demanda que “la

sentencia emitida por la Corte Federal a tono con el

veredicto emitido no ha sido satisfecha en forma alguna.”

El

E.L.A.

responsabilidad

contestó

por

la

demanda

negligencia.

negando

toda

Posteriormente,

presentó una moción de desestimación en la cual alegó que

la demanda estaba prescrita.

Argumentó además que por

haber recaído una sentencia en el foro federal contra los

funcionarios públicos por los mismos hechos, el Art. 8 de

la Ley Núm. 104 prohibía la demanda presentada contra el

E.L.A. en el foro local.4

Se

celebró

una

vista

sobre

el

estado

de

los

procedimientos en la cual las partes reiteraron sus

respectivas posiciones.

De la minuta surge que los

demandantes plantearon además que “el término para retirar

el beneficio de la Ley Núm. 9 a los demandados venció.”

En cuanto a ese extremo, el E.L.A. señaló que “la sentencia

que emitiera el Tribunal Federal no ha sido pagada ya que

la misma fue dictada contra los funcionarios en su carácter

personal y no como empleados del E.L.A.”

El tribunal de instancia dictó sentencia en la cual

desestimó la demanda contra el E.L.A.

Determinó que la

doctrina de cosa juzgada no era de aplicación al caso pues

no se cumplía con el requisito esencial de identidad de

partes, ya que el E.L.A. no puede considerarse parte en

el pleito llevado ante el Tribunal de Distrito Federal pues

no ha dado su consentimiento para ser demandado en los

tribunales

federales.

En

consecuencia,

el

foro

de

instancia concluyó que la demanda en contra del E.L.A.

estaba prescrita, ya que la acción ante el Tribunal de

4

El Art. 8 de la Ley Núm. 104 dispone, en lo pertinente,

lo siguiente:

La sentencia que se dicte en cualquier

acción autorizada [por esta ley] impedirá

toda acción por parte del reclamante, por

razón de la misma cuestión o materia contra

el funcionario, agente o empleado cuyo acto

u omisión dio origen a la acción; y la

sentencia contra el funcionario, agente o

Distrito Federal no tuvo el efecto de interrumpir el

término prescriptivo de un (1) año en cuanto al Estado,

y no hubo acto extrajudicial alguno que interrumpiese

dicho término.

Inconformes, los demandantes apelaron esta sentencia

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante

Tribunal de Circuito).

El foro apelativo confirmó el

dictamen del tribunal de instancia a los efectos de que,

en cuanto a los demandantes mayores de edad, la acción

presentada ante el foro local estaba prescrita.

No

obstante concluyó que, en virtud de lo dispuesto en el Art.

40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 254,

la demanda contra el E.L.A. no estaba prescrita en cuanto

a los menores que figuraban como demandantes.5

De esta determinación, ambas partes recurrieron ante

nos mediante certiorari.

Los demandantes señalaron como

único error la determinación del Tribunal de Circuito de

que la demanda estaba prescrita en cuanto a los demandantes

adultos.

Por su parte, el E.L.A. señaló como error la

determinación del foro apelativo de revocar la sentencia

del tribunal de instancia cuando existían fundamentos

empleado impedirá igualmente toda acción

contra el Estado. 32 L.P.R.A. § 3083.

5

El Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil,

dispone en lo pertinente que:

Si la persona con derecho a ejercitar una

acción, que no sea la reinvindicatoria de

propiedad inmueble, fuese al tiempo de nacer

la causa de acción:

(1)

menor de edad; ...

el tiempo que dure tal incapacidad no se

considerará parte del tiempo fijado para

empezar a ejercitar la acción.

adicionales

a

la

prescripción

desestimación

de

la

demanda

demandantes,

incluyendo

en

los

que

justificaban

cuanto

menores

a

todos

de

la

los

edad.

Específicamente, el E.L.A. alegó que el Art. 8 de la Ley

Núm. 1046 impedía la demanda presentada ante el foro de

instancia local.

Acordamos revisar y expedimos el recurso solicitado

por el E.L.A. 7

Ambas partes han comparecido y con el

beneficio de sus argumentos resolvemos.

II

Al disponer del caso ante nuestra consideración, nos

guiaremos por el sabio principio de que los tribunales

estamos llamados a resolver lo que proceda en derecho.

Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Es

necesario pues, que analicemos las disposiciones de la Ley

Núm. 9 relacionadas con la concesión de representación

legal

de

los

funcionarios

públicos

demandados

por

violaciones a derechos civiles; los factores que han de

tomarse en consideración al determinar si el Estado

asumirá o no el pago de la sentencia que en su día pueda

recaer contra el funcionario; y el trámite administrativo

para revisar la determinación que haga el Secretario en

cuanto a este extremo.

6

7

Véase esc. 4.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2000, denegamos

la petición de certiorari presentada por los demandantes.

En términos generales, la Ley Núm. 9 establece que

un funcionario o empleado del E.L.A. que sea demandado en

daños y perjuicios en su carácter personal por actos u

omisiones incurridos de buena fe en el ejercicio de sus

funciones y que no tenga disponibles los beneficios de la

Ley Núm. 104, puede solicitar que el Estado le provea

representación legal y pague la sentencia que en su día

pueda recaer.

En García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 739

(1998) explicamos que “la Ley Núm. 9 tiene el propósito

de

complementar

la

Ley

Núm.

104...

[L]as

acciones

cubiertas por la Ley Núm. 9 son aquellas que constituyen

violaciones a los derechos civiles del demandante, con las

excepciones provistas por la Ley Núm. 104 y el Reglamento.”

Para implementar lo dispuesto en la Ley Núm. 9, el

Secretario promulgó el Reglamento sobre Representación

Legal y Pago de Sentencia bajo la Ley de Reclamaciones y

Demandas

contra

el

Estado,

Reglamento

Núm.

4071,

Departamento de Justicia, 8 de septiembre de 1989 (en

adelante Reglamento).

Los Arts. VI, VII, y VIII del

Reglamento regulan el procedimiento para solicitar y

obtener el beneficio inicial de la representación legal

por parte del Secretario.

Luego, el Art. X regula lo

referente al procedimiento que debe seguir el funcionario

para conseguir que el Secretario autorice el pago por parte

del Estado de la sentencia recaída contra el funcionario.

Específicamente, el Art. X del Reglamento dispone que, de

acuerdo a la información y los documentos sometidos por

el funcionario “el Secretario o la persona designada por

éste evaluará dichos documentos, considerando los hechos

que determine probados el tribunal o que surjan de la

prueba desfilada... [y] decidirá si corresponde pagar la

sentencia de acuerdo a la Ley y este Reglamento.”

Art.

X(B) y (C) del Reglamento.

Como vemos, la determinación inicial de conceder

representación legal al funcionario público demandado por

violaciones a los derechos civiles de un ciudadano y la

determinación posterior de si el E.L.A. asumirá o no el

pago de la sentencia recaída contra éste son dos (2)

procedimientos separados e independientes.

De acuerdo

con esto, en In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827,

832 esc. 3 (1987), expresamos que el beneficio principal

que provee la Ley Núm. 9 es la representación legal.

El

pago de la totalidad de la sentencia no es automático, sino

que queda a la discreción del Secretario, la cual no es

absoluta.

Esta

interpretación

encuentra

fundamento

adicional en el Art. 14 de la Ley Núm. 104, el cual dispone

que el Secretario determinará en qué casos el E.L.A.

asumirá

la

representación

legal

y

“posteriormente,

considerando los hechos que determine probados el tribunal

o que surjan de la prueba desfilada, decidirá si procede

el pago de la totalidad de la sentencia.”

31 L.P.R.A. §

3087.

Queda pues meridianamente claro que es inmeritoria

la alegación de los demandantes de que el Estado está

impedido de negar responsabilidad en este caso por el hecho

de que el Secretario le proveyó representación legal a los

funcionarios en el pleito llevado en la corte federal.

De

acuerdo a la Ley y el Reglamento, la determinación inicial

de ofrecer representación legal al funcionario público

demandado en su carácter personal no obliga al Estado a

asumir el pago de la sentencia que en su día se dicte contra

dicho funcionario.

Más aún, la propia ley dispone que “lo

aquí provisto no debe entenderse bajo ningún concepto como

que convierte al Estado en asegurador de los servidores

públicos, ni ...que constituye una renuncia a la inmunidad

soberana del Estado Libre Asociado.” 32 L.P.R.A. § 3085.

Por otra parte, los Arts. XI-XIII del Reglamento

establecen

el

procedimiento

administrativo

para

la

revisión de una determinación adversa del Secretario en

cuanto

a

la

denegación

o

revocación

al

funcionario

demandado de los beneficios de la Ley Núm. 9.

En términos

generales, el Secretario deberá notificar al solicitante

o beneficiario de su intención de denegar o revocar los

beneficios de la Ley Núm. 9 y éste, si lo interesa, deberá

solicitar dentro del término de diez (10) días una vista

administrativa.

celebrada

la

Dentro de los noventa (90) días de

vista,

el

Secretario

deberá

emitir

la

resolución final y si el solicitante o beneficiario se

encuentra inconforme, deberá presentar reconsideración de

dicha determinación.

el

solicitante

o

Finalmente, el Art. XIV dispone que

beneficiario

que

haya

agotado

los

remedios administrativos que se establecen en la Ley y el

Reglamento podrá interponer recurso de revisión judicial

de la determinación final del Secretario.

Como vemos, el Reglamento dispone específicamente

para la revisión de la determinación del Secretario de no

asumir la representación o el pago de la sentencia a favor

del funcionario público demandado, según sea el caso.

Es

un trámite de revisión primero administrativa, y luego

judicial, que sólo pueden llevar las personas a las cuales

el

Reglamento

autoriza:

el

beneficiario,

o

sea,

el

funcionario, su cónyuge o la sociedad legal de gananciales

compuesta por ambos.8

De acuerdo a las disposiciones de Ley y Reglamento

que hemos reseñado, analicemos el caso de marras.

III

Este caso se inició con una demanda presentada ante

el Tribunal de Distrito Federal bajo la Ley Federal de

Derechos Civiles contra los agentes del estado en su

carácter personal.

les

proveyó

a

Durante este pleito, el Secretario

estos

agentes

representación

legal.

Recaída sentencia contra los funcionarios, el Secretario

concluyó que había mediado negligencia inexcusable en las

actuaciones de éstos, por lo cual denegó el pago de la

sentencia al amparo de la Ley Núm. 9.9

fue

objeto

administrativo

de

revisión

en

el

cual

Esta determinación

mediante

el

procedimiento

Secretario

refirmó

su

determinación de denegar el beneficio del pago de la

sentencia

a

los

agentes

demandados.

No

surge

del

expediente que se haya solicitado revisión judicial de la

determinación final del Secretario, por lo que debemos

8

Véase Art. IV(A) del Reglamento.

La Ley Núm. 9 dispone en lo pertinente que “Las

disposiciones de este título no cubrirán los siguientes

actos u omisiones incurridos por un funcionario, ex

funcionario, empleado o ex empleado:

(a)...

(b)...

(c)cuando medie negligencia inexcusable

9

concluir que la misma advino final y firme.

Aunque no

surge del expediente con claridad la fecha exacta de la

determinación del Secretario, por lo menos para marzo de

1997 éste ya había manifestado su posición a los efectos

de que el E.L.A. no asumiría el pago de la sentencia recaída

contra los funcionarios.

Ante esta situación, el 9 de julio de 1997 los

demandantes radicaron la acción en daños que nos ocupa en

contra del E.L.A., mientras que a su vez, en febrero de

1998, decidieron presentar una moción ante el Tribunal de

Distrito Federal para que éste ordenase al Secretario

autorizar

el

pago

por

parte

del

disposiciones de la Ley Núm. 9.

E.L.A.

bajo

las

Correctamente, el

Tribunal de Distrito Federal denegó dicha moción, decisión

que fue confirmada por el tribunal apelativo federal.

Un análisis de la situación procesal que ha seguido

este caso demuestra que los demandantes, bajo el supuesto

de una demanda en daños y perjuicios en contra del E.L.A.,

lo que realmente pretenden es atacar colateralmente la

determinación administrativa del Secretario de no pagar

la sentencia recaída en el foro federal contra los

funcionarios en su carácter personal.

De hecho, la última

alegación de la demanda específicamente señala el hecho

de que la sentencia dictada por el foro federal no ha sido

satisfecha en forma alguna.

Lo alegado en la demanda también refleja que la misma

fue presentada como un último recurso para lograr en el

foro judicial local lo que no pudieron conseguir en el foro

(d)...

federal o en el foro administrativo.

La demanda contra

del E.L.A sólo contiene alegaciones contra los agentes que

intervinieron en el operativo, todas éstas actuaciones

intencionales y de naturaleza delictiva.

En la demanda

se reclaman daños producto de la “fuerza innecesaria para

llevar a cabo el registro contra los demandantes”; “que

como cuestión de hecho todas y cada una de las acusaciones

eran falsas y producto de una fabricación”; “que los

agentes del orden público no tenían causa probable para

acusar a las demandantes”; y “que las actuaciones de los

funcionarios públicos han privado de sus derechos civiles

a los aquí comparecientes.”

Como se puede apreciar, todos los actos dañosos que

se imputan en la demanda no fueron actos negligentes, sino

intencionales, producto de un arresto ilegal.

Por este

tipo de actuaciones simple y sencillamente el E.L.A. no

ha consentido en ser demandado, por ende no responde al

amparo de la Ley Núm. 104.

Los demandantes conocían esta

realidad al comenzar su acción ante el foro federal, es

por ello que inicialmente optaron por demandar a los

funcionarios en su carácter personal en dicho foro.

No

fue sino hasta que fueron confrontados con la realidad

legal de que el E.L.A. no asumiría el pago de la sentencia

recaída a favor de éstos, que decidieron presentar una

demanda en daños en el foro local contra el E.L.A. la cual

claramente no procedía al amparo de la Ley Núm. 104, ya

que el Art. 6(d) de dicha Ley específicamente dispone que

el Estado no puede ser demandado por actos u omisiones de

sus funcionarios, empleados o agentes “constitutivas de

acometimiento, agresión u otro delito contra la persona,

encarcelación

maliciosa,

ilegal,

arresto

ilegal,

calumnia,

libelo,

difamación

representación e impostura.”

persecución

y

falsa

De otra parte, la Ley Núm.

9 establece que sus disposiciones no cubrirán los actos

u omisiones de los funcionarios o empleados públicos

cuando éstas (a) constituyen delito; (b) ocurran dentro

del marco de sus funciones oficiales; (c) cuando medie

negligencia inexcusable; o (d) cuando se haya establecido

un estado de derecho diferente mediante sentencia final

y firme.

32 L.P.R.A. § 3088.

En resumen, lo que realmente se pretende conseguir

con esta acción es revisar judicialmente una determinación

del Secretario que ya había advenido final y firme.

Bajo

las disposiciones del Reglamento, un demandante no tiene

capacidad jurídica para reclamarle al Estado el pago o para

impugnar la determinación del Secretario en cuanto a

denegar la concesión del mismo.

El beneficio del pago de

una sentencia contra el funcionario público lo puede

reclamar sólo dicho funcionario.

En García v. E.L.A.,

supra, pág. 739-740, determinamos que “la Ley y su

Reglamento están redactados de tal forma que se les concede

únicamente la potestad a los funcionarios o empleados

públicos para solicitar sus beneficios, esto es, la

representación legal y posteriormente el pago de la

sentencia.”

La situación de autos simplemente no cumple

con estos requisitos.

IV

Por todo lo antes expuesto, se confirma aquella parte

de la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones que ordenó la desestimación de la demanda en

cuanto a los demandantes adultos.

Se revoca la parte de

la

lo

sentencia

de

dicho

foro

en

referente

a

los

demandantes menores de edad, y se desestima la demanda

presentada por éstos.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hilda Ortiz Feliciano,

et al.

Recurridos

v.

CC-2000-430

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, et al.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 12 de septiembre de

2002

Por los fundamentos expuestos en la Per

Curiam que antecede, se confirma aquella

parte de la sentencia dictada por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones que ordenó la

desestimación de la demanda en cuanto a los

demandantes adultos.

Se revoca aquella

parte de la sentencia de dicho foro en lo

referente a los demandantes menores de edad,

y se desestima la demanda presentada por

éstos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre

sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Rebollo López no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo