LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. JOSE A. CEDEÑO LACLAUSTRA

2002 TSPR 111

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. JOSE A. CEDEÑO LACLAUSTRA

CC-99-0086

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

José A. Cedeño Laclaustra

Peticionario

2002 TSPR 111

157 DPR ____

Número del Caso: CC-1999-0086

Fecha: 23 de agosto de 2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VII

Juez Ponente:

Hon. José L. Miranda de Hostos

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Peter Díaz Santiago

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos M. Calderón Garnier

Fiscal Especial

Lcda. Marta Maldonado Maldonado

Procuradora General Auxiliar

Secretaria de Justicia de Puerto Rico

Materia: Art. 401 Ley de Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

CC-1999-86

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Recurrido

v.

CC-1999-86

Certiorari

José A. Cedeño Laclaustra

Demandado-Peticionario

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Hernández

Denton a la que se unen el Juez Presidente señor Andréu García y el

Juez Asociado señor Rebollo López

San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2002.

Aunque estamos conforme con la Sentencia

que hoy emite el Tribunal, mediante la

cual

revoca

el

dictamen

del

foro

apelativo y ordena la supresión de la

evidencia

incautada

producto

de

un

registro ilegal, estimamos necesario

expresarnos por separado por entender

que los registros realizados por los

agentes del Negociado de Rentas Internas

del Departamento de Hacienda en casos

como el de autos violan las garantías

constitucionales

irrazonables.

contra

registros

CC-1999-86

A pesar de que el Tribunal decide no expresarse

mediante Opinión sobre el particular, el recurso de

epígrafe realmente nos permite

3

dilucidar

si

un

agente

del

Negociado

de

Rentas

Internas

del

Departamento de Hacienda puede registrar mediante una máquina de rayos

X, (sin una orden judicial y sin motivo fundado), la maleta de un

pasajero al éste desembarcar del avión, con el único propósito de

descubrir objetos sujetos a la imposición de arbitrios.

A nuestro juicio, como dicho registro no está relacionado con la

seguridad del tráfico aéreo el mismo es irrazonable en violación de

la Sección 10 del Artículo II de la Constitución. Por ende, tanto la

evidencia que resultó de dicho registro, como la que se procuró a base

de información obtenida en el mismo, es inadmisible en un proceso

judicial.

I

En 1998 el Sr. José A. Cedeño Laclaustra arribó a Puerto Rico en

un

vuelo

procedente

de

Filadelfia,

Pennsylvania.

Mientras

desembarcaba del avión y se dirigía al área de recogido de equipaje,

agentes de la Unidad de Inspección Electrónica de Equipaje (un cuerpo

especializado del Negociado de Rentas Internas del Departamento de

Hacienda) removieron las maletas de todos los pasajeros del avión de

la correa de transporte de equipaje y las sometieron a examen por

máquinas de rayos X.

No surge de los autos que se haya informado a

ninguno de los pasajeros de este examen ni que se haya obtenido su

consentimiento para llevarlo a cabo. Durante la inspección del equipaje

de Cedeño Laclaustra, uno de estos agentes, José Burgos Guzmán,

percibió dos (2) “bultos” en la maleta que le parecieron “material

tributable”. Acto seguido, los agentes tomaron fotografías de las

maletas de Cedeño Laclaustra y las colocaron nuevamente en la correa

de transporte.

Burgos Guzmán se dirigió entonces al área de recogido

de equipaje, dónde también se encontraban otros cuatro (4) agentes de

Rentas Internas.

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5

Cuando Cedeño Laclaustra recogió su equipaje para salir del

aeropuerto fue intervenido por uno o más agentes de Rentas Internas.

Ya en este momento, según declaró el agente Burgos Román bajo juramento,

él se encontraba detenido y no estaba en libertad para irse del lugar.

Burgos Román le indicó que su detención respondía a una inspección de

rutina y, acto seguido, le preguntó qué llevaba en las maletas.

Manifestó el agente que Cedeño Laclaustra le respondió que llevaba

marihuana. Esta declaración provocó que Burgos Román le ordenara a

Cedeño Laclaustra abrir su maleta.

El peticionario acató la orden

permitiendo que los agentes incautaran dos (2) paquetes cerrados,

envueltos en plástico negro.

Sólo entonces, los agentes le hicieron

las advertencias legales a Cedeño Laclaustra y formalizaron su arresto.

Luego de realizar una prueba de campo de los paquetes incautados, se

reveló que los mismos contenían marihuana.

Por estos hechos se presentó acusación contra José A. Cedeño

Laclaustra

por

violación

al

Art.

401

de

la

Ley

de

Sustancias

Controladas, Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, 24

L.P.R.A. sec. 2401 et seq. Celebrada la vista preliminar, el Tribunal

de Primera Instancia determinó que no existía causa probable para

acusar a Cedeño Laclaustra de los delitos imputados, por habérsele

violado el debido proceso de ley.

El Ministerio Público acudió en

alzada y obtuvo una determinación favorable para acusar por infracción

al referido artículo.

Oportunamente, Cedeño Laclaustra presentó una moción de supresión

de evidencia en la que adujo que la sustancia controlada incautada por

los agentes del Negociado de Rentas Internas del Departamento de

Hacienda era producto de un registro ilegal, por lo que no debía

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6

admitirse en evidencia. Planteó, en lo aquí pertinente, que el registro

electrónico se realizó sin orden judicial ni causa probable; que

perseguía un propósito penal y no administrativo; que los agentes de

Rentas Internas no tenían la autoridad legal para llevarlo a cabo; que

la detención posterior que se realizó fue ilegal; y que no se le habían

hecho las advertencias sobre sus derechos, según requerido por la

jurisprudencia.

El tribunal de primera instancia declaró sin lugar la moción de

supresión de evidencia, por lo que Cedeño Laclaustra acudió en revisión

al Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro intermedio denegó el

recurso al concluir que éste había consentido válidamente a un registro

administrativo.

A solicitud del acusado, esta Curia expide el auto de Certiorari

y mediante Sentencia revoca el dictamen recurrido y ordena la supresión

de la evidencia incautada. Aunque estamos de acuerdo con este curso

de acción, estimamos prudente expresarnos por separado en vista de la

importancia de la controversia planteada ante nos. Veamos.

II

De entrada, valga aclarar que los registros que realizan los

agentes de la Unidad de Inspección Electrónica de Equipaje del

Departamento

de

Hacienda

desembarcan

en

los

en

el

aeropuertos

equipaje

del

de

país

los

pasajeros

que

se

rigen

un

por

“Procedimiento”1, amparado a su vez en las secciones 6140(a)2 y 9 del

1

El mismo es un procedimiento interno de la Unidad de Inspección de

Equipaje establecido para los agentes que intervienen con el equipaje

en los aeropuertos. Véase, Anejo IV del Informe del Procurador ante

nos.

CC-1999-86

7

Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. secs. 8140(a)2 y 9. Las mismas

disponen, en lo pertinente:

(a) A los fines de la aplicación y administración de esta

Parte, y en adición a cualesquiera otros deberes y poderes

establecidos en el mismo, se faculta al Secretario para:

[…]

(2) Inspeccionar el equipaje y los artículos

introducidos en Puerto Rico por viajeros procedentes del

exterior cuando haya razones para creer que se están

introduciendo artículos sujetos al pago de impuestos fijados

en la Parte IV. Esta inspección o examen podrá verificarse

en cualquier momento sin que para ello sea necesario el

consentimiento del viajero, consignatario de la persona que

reclama la propiedad de dichos artículos o del porteador de

los mismos.

[…]

(9) Arrestar a cualquier persona que sea sorprendida en

el acto de violar alguna disposición de la Parte IV o de sus

reglamentos e interrogar a dicha persona y conducirla ante

el magistrado competente para la acción judicial que

corresponda. (Enfásis suplido).

Estas disposiciones se reproducen en el Art. 8.001(2) y (9), del

Reglamento Núm. 3890 del Departamento de Hacienda.

El “Procedimiento” de la Unidad de Inspección Electrónica de

Equipaje, a su vez, ordena la inspección automática, sin causa probable

o motivo fundado y sin orden judicial de todo el equipaje de pasajeros

que arriban a la Isla provenientes de los Estados Unidos.2

De este

texto surge que uno de los propósitos principales, aunque no el único,

de la Unidad de Inspección Electrónica de Equipaje es la detección de

material delictivo que traen los viajeros de los Estados Unidos.

2

Este dispone, en lo pertinente:

“[...] (2) Inspección de Vuelos

Una vez seleccionado un vuelo para inspección y

comenzada la misma SE INSPECCIONARÁ TODO EL EQUIPAJE

incluyendo aquellos [sic] que van para los Cruceros.”

Los

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8

efectivos de la Unidad, como agentes de Rentas Internas, son agentes

del orden público con facultad para arrestar por disposición expresa

del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8147.

Estos agentes

gozan de un carácter dual. No son sólo funcionarios administrativos,

sino que además son funcionarios del orden público.

Más aún, las violaciones a las disposiciones tributarias del Código

de Rentas Internas en materia de arbitrios constituyen delito en sí

mismas.

Así lo disponen las secs. 6087 a la 6096, 13 L.P.R.A. secs.

8087 a la 8096.

Reza la sec. 6087:

“Toda persona que no cumpla con cualquier disposición de la

Parte IV [Arbitrios] o de los reglamentos promulgados en

virtud del mismo, o con cualquier otra ley o reglamento de

Puerto Rico relacionado con impuestos de rentas internas,

o que a sabiendas coopere, induzca, o de otro modo ayude a

una persona a violar las leyes y reglamentos mencionados

incurrirá en un delito menos grave y convicta que fuere será

castigada con la penalidad establecida en la sec. 6094 de

esta Parte, a menos que específicamente se disponga otra pena

en esta Parte.” (Énfasis suplido).

A la luz de estas disposiciones, cabe formular la siguiente

interrogante, ¿resulta valido el registro inicial al que fue sometido

el equipaje de Cedeño Laclaustra a través de la maquina de rayos X sin

que mediara causa probable o motivo fundado de que éste presentara un

riesgo de seguridad específico, inmediato y discernible a la protección

del aeropuerto?

Veamos.

III

A

(Mayúsculas en original). Anejo IV, pág. 10 del Informe del

CC-1999-86

9

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra

en la Sección 10 de su Carta de Derechos la protección contra los

registros y allanamientos irrazonables.

La Cuarta Enmienda a la

Constitución de los Estados Unidos hace lo propio en el foro federal

y es además aplicable a Puerto Rico.

465 (1973).

Torres v. Puerto Rico, 442 U.S.

En síntesis, ambos textos disponen, en lo pertinente, que

al Estado le está prohibido realizar registros irrazonables de la

persona, morada y propiedad de los ciudadanos, a riesgo —explícito en

nuestra Constitución y derivado en la federal— de que la evidencia que

obtenga de estos registros sea inadmisible en los tribunales.

Const.

E.L.A., Art. II, Sec. 10; Const. E.U.A., Enm. IV.

Nuestra Constitución no es óbice para todo registro efectuado por

el Estado, sino sólo para aquellos que sean irrazonables.

Pueblo v.

Ferreira Morales, res. el 10 de diciembre de 1998, 98 TSPR 165.

No

obstante, los registros realizados sin orden judicial se presumen

irrazonables, y es responsabilidad del Estado probar su razonabilidad.

Esta presunción se aplica tanto a los registros de naturaleza

penal, como a los administrativos.

D.P.R.

197,

207

(1984).

E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115

Aunque,

de

ordinario,

los

registros

administrativos exigen un estándar de causa probable menos riguroso

que los registros penales, mientras adquieran más visos de carácter

penal, más se aproximarán ambos estándares.

E.L.A. v. Coca Cola Bott.

Co., supra, pág. 213.

La jurisprudencia de este Tribunal y de los tribunales federales

ha concluido que el examen de individuos y equipaje en los aeropuertos

por medios electrónicos constituye un registro. Pueblo v. Bonilla

Procurador ante nos.

CC-1999-86

10

Bonilla, res. el 7 de octubre de 1999, 99 TSPR 151; United States v.

Henry, 615 F.2d 1223 (9th Cir. 1980); United States v. $124,570 U.S.

Currency, 873 F.2d 1240 (9th Cir. 1989); United States v. Davis, 482

F.2d 893 (9th Cir. 1973).

Ver además LaFave, Search and Seizure, sec.

10.6(e), Vol. 4, pág. 639 (1996).

Esto, por virtud de la expectativa

razonable de intimidad que tiene un viajero sobre el contenido de su

equipaje.

United States v. Davis, supra, págs. 904-05; Bond v. United

States, 68 U.S.L.W. 4255, 4256 (2000).

Dicha expectativa es aún mayor

en el equipaje de carga (“checked luggage”) que en el de mano (“carry-on

luggage”).

LaFave, supra, pág. 641.

Por lo tanto, procede afirmar que la inspección del equipaje de

Cedeño Laclaustra mediante equipo de rayos X fue un registro en el

sentido

constitucional.

Nos

resta

evaluar,

entonces,

si

fue

constitucionalmente razonable, y si se dieron las circunstancias que

justifican prescindir de una orden judicial.

B

La razonabilidad de los registros en aeropuertos depende, en

primera instancia, de la finalidad que se persigue al realizarlos. Este

postulado se deriva, precisamente, del criterio general que ha sido

aplicado por la Corte Suprema de los Estados Unidos a registros y

allanamientos en los que no existe sospecha razonable individualizada

de conducta criminal. Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000).

La validez de los registros de equipaje realizados en aeropuertos

—fuere mediante equipo de rayos X, magnetómetro o registro físico—,

para enfrentarse al terrorismo aéreo ha sido examinada extensamente

por la jurisprudencia federal. Estas intromisiones, se ha dicho, están

justificadas como parte de un “designio reglamentario general” que

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11

persigue un fin específico: la prevención del terrorismo aéreo.

United States v. Davis, supra, pág. 908.

Dicho propósito justifica

un registro enfocado directamente en la detección de armas y explosivos

en el equipaje de mano al momento de abordarse un avión. Los hechos

ocurridos el 11 de septiembre de 2001 claramente demuestran la

necesidad que tiene el Estado de hacer registros de estos equipajes

al momento de abordar los aviones para garantizar la seguridad de los

pasajeros que utilizan la transportación aérea diariamente.

Sin embargo, un registro ilimitado al momento de recoger las

maletas después de concluido el viaje, que no tiene el propósito de

garantizar la seguridad de la transportación aérea ni guarda relación

alguna con el problema de terrorismo y que solamente busca identificar

artículos tributables que los pasajeros traen a Puerto Rico, es

intolerable constitucionalmente.

A tales efectos, en United States

v. $124,570 U.S. Currency, supra, pág. 1243, se señaló que:

On the other hand, lawful airline searches of carry-on

luggage may not be enlarged or tailored systematically to

detect contraband (e.g. narcotics) unrelated to airline

security.

[…] The government neither cites, nor have we found, any case

upholding

a

warrantless

administrative

search

for

contraband unrelated to airline security concerns, absent

exigent circumstances, consent, a finding of ‘virtual

certainty,’ or some other recognized exception to the

warrant requirement. United States v. Doe, 61 F.3d 107, 110

(1995). (Citas omitidas, énfasis suplido)

Precisamente, la jurisprudencia federal ha delimitado grandemente el

alcance de estas intromisiones para así evitar el tipo de registro

general e indiscriminado que realizaron los agentes de la Unidad de

Inspección Electrónica de Equipaje en el caso de autos. Así, cuando

los distintos foros judiciales han validado registros en aeropuertos,

CC-1999-86

12

y situaciones similares, sin mediar orden judicial, no lo han hecho

basándose

en

una

distinción

talismánica

administrativos y registros penales.

entre

registros

Más bien, el corazón mismo de

la justificación que valida un registro sin orden judicial lo es el

fin específico que persigue.

“[P]urpose is often relevant when

suspicionless intrusions pursuant to a general scheme are at issue.”

Edmond, supra.

La cuestión de verdadera importancia no es si ese fin

es penal o administrativo, sino si el registro es necesario para

promover un interés gubernamental apremiante.

Esto surge claramente

de Davis, supra, al decir: “Moreover, exercise of the constitutional

right to travel may not be conditioned upon the relinquishment of

another constitutional right (here the Fourth Amendment right to be

free of unreasonable search), absent a compelling state interest.”

Davis, supra, en la pág. 913 (énfasis suplido).

Así pues, lo que

estamos haciendo es aplicando un escrutinio estricto cuando se intenta

validar una excepción a la protección constitucional contra registros

sin orden judicial.3

En términos más específicos, podemos observar que los registros

de tipo rutinario sin orden judicial que han validado los tribunales

federales, están todos predicados en un interés apremiante de proteger

3

Véase, Thirtieth Annual Review of Criminal Procedure, 89 Geo. L.J.

5, en las págs. 1156-1157 (2001) (“In determining whether such a

dispensation is justified, courts evaluate whether the government

interest claimed to support the warrantless search is a “special

need... beyond the normal need for law enforcement” that would be

jeopardized through the individualized suspicion requirement normally

applicable to searches. To be considered a special need, a government

interest must address a real, current, “vital” problem that can be

addressed effectively through the proposed search. Even if a special

need is present, however, it must still be balanced against the privacy

interest at stake and the character of the intrusion.

The

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13

la salud y/o la seguridad pública.

Más aun, todos estos casos tienen

en común que lo que se persigue es la prevención de un daño irreparable

e inminente que puede ocurrir como consecuencia directa y prácticamente

inmediata de la conducta ilícita que se pretende detener.

Esta

proximidad tanto en tiempo como en cadena de causalidad, es un factor

fundamental de las excepciones que, por la protección de la salud y

seguridad pública, se han hecho al requisito de orden judicial.

Así pues, en U.S. v. Schafer, 461 F.2d 856 (9th Cir. 1972), el

Noveno Circuito validó el registro del equipaje de los pasajeros

saliendo de Hawaii para prevenir la exportación de enfermedades y

pestilencias.4

En ese caso, pues, estaba en juego la salud pública y

el control de posibles epidemias de proporciones verdaderamente

catastróficas. Por otra parte, en Downing v. Kunzig, 454 F.2d 1230 (6th

Cir. 1972), se validó el registro de los maletines de las personas que

entraban a un edificio federal para asegurarse que no contuvieran armas

ni explosivos.

Véanse además, U.S. v. Biswell, 406 U.S. 311 (1972)

(vendedores de armas de fuego); Camara v. Municipal Court, 387 U.S.

523 (1967) (interés de salud y seguridad pública encarnado en un código

de vivienda); y See v. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967) (código

de fuego).

De igual manera, en Davis, supra, el gobierno perseguía el interés

apremiante de prevenir la piratería aérea.

“The essential purpose of

the scheme is not to detect weapons or explosives or to apprehend those

determination of whether special needs searches are permissible

consequently is heavily fact- and case-specific.”) (Citas omitidas).

4

Cabe destacar que Schafer, supra, es distinguible del caso de autos

también porque los registros se conducían antes que la persona

embarcara al avión.

CC-1999-86

14

who carry them, but to deter persons carrying such material from seeking

to board at all.”

gravedad

del

Davis, supra, en la pág. 908.

problema

de

la

piratería

y

justificaban la excepción en Davis, supra.

el

La importancia y

terrorismo

“The need to prevent

airline hijacking is unquestionably grave and urgent.

The potential

damage to person and property from such acts is enormous.

disruption of air traffic is severe.

complications in our foreign relations.”

aéreo

The

There is serious risk of

Id. en la pág. 910.

Por

esto, se autorizó un registro limitado a armas y explosivos.

Sin embargo, esta justificación no está presente en el caso de

autos. Como hemos mencionado, el mismo no tiene nada que ver con

piratería de aviones ni la seguridad aérea. De hecho, Cedeño Laclaustra

no cuestiona la facultad del Estado de hacer registros de equipaje antes

de que los pasajeros aborden los aviones. Tampoco cuestiona el interés

apremiante que tiene el Estado para tomar medidas cautelares para

garantizar la seguridad aérea, particularmente contra el terrorismo.

Lo único que aquí se impugna es el registro indiscriminado del

Departamento de Hacienda de un equipaje al momento de desembarcar un

pasajero con el propósito de detectar la importación de artículos

sujetos a arbitrios en Puerto Rico.

Como se indicó en U.S. v. $124,570 U.S. Currency, supra a la pág.

1243: “While narrowly defined searches for guns and explosives are

constitutional as justified by the need for air traffic safety, [...]

a generalized law enforcement search of all passengers as a condition

for boarding a commercial aircraft would plainly be unconstitutional.”

Así, la excepción al requisito de orden judicial no es aplicable en

CC-1999-86

15

casos en donde, en vez de un interés de seguridad o salud pública

inmediato, lo que se intenta promover es un interés generalizado de

combatir la introducción de artículos sin pagar arbitrios. Esta

distinción surge claramente de la trilogía de casos de Torres, supra;

Michigan v. Sitz, 496 U.S. 444 (1990); y Edmond, supra. Veamos.

En Sitz, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó un

sistema de bloqueos rutinarios para detectar conductores en estado de

embriaguez. En síntesis, el Tribunal en Sitz, supra, entendió que el

interés apremiante de mantener a los conductores ebrios fuera de las

carreteras,

unido

a

la

alta

efectividad

del

método

empleado,

sobrepasaba la leve intromisión en la privacidad de los conductores.

En primer lugar, debemos observar que en este caso el Tribunal

entendió que existían “special government needs, beyond the normal need

for law enforcement.”

Sitz, supra, en la pág. 449 (énfasis suplido).

La gravedad del problema de los accidentes provocados por conductores

ebrios fue el eje central que creaba una justificación para la

intromisión. Sitz, supra, en la pág. 451 citando Breithaupt v. Abram,

352 U.S. 432, 439 (1957). Por el contrario, la situación en el caso

de autos es muy diferente.

Se nos hace difícil pensar que el interés

de recaudar arbitrios sobre aquella propiedad que traen los pasajeros

a Puerto Rico es de un carácter tan apremiante como el de salvar las

vidas de los pasajeros de ataques terroristas o de conductores

inocentes y sus familias.

Además, el propósito de detener a los

conductores ebrios es evitar ese daño irreparable inminente a la salud

y seguridad pública al no dejarlos seguir conduciendo.

Por último,

la intromisión a la privacidad de los pasajeros, al someter todas sus

maletas a un registro cuando desembarcan, es mucho mayor y menos

CC-1999-86

16

efectiva para descubrir contrabando que el procedimiento llevado a cabo

en Sitz, supra, para identificar conductores ebrios.

En este punto cabe mencionar el argumento que hace el Procurador

General ante nos en cuanto a lo apremiante que es el interés del Estado

de poder recaudar impuestos.

Si bien es cierto que un gobierno sin

dinero no puede funcionar, también es cierto que existen innumerables

maneras para recaudarlo.

Registrar a todos los pasajeros que llegan

a Puerto Rico no es un medio necesario para la supervivencia fiscal

del Estado.

Además, el porcentaje de arbitrios que se recaudan de

pasajeros es mínimo comparado con la cantidad que se recauda de la

importación comercial de productos. Esta cantidad es aun más minúscula

al compararla con el presupuesto total del Gobierno de Puerto Rico.

Como tal, la efectividad que tienen los registros en los aeropuertos

efectuados por los agentes de rentas internas al promover el interés

del

gobierno

de

adquirir

recursos

para

su

funcionamiento

es

verdaderamente ínfima.

Por otra parte, en Edmond, supra, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos

recientemente

invalidó

unos

bloqueos

similares a los bloqueos en Sitz, supra.

en

las

carreteras

La diferencia fundamental

es que en este caso, los bloqueos tenían el propósito de encontrar

drogas y no conductores ebrios.

El Tribunal reiteró la norma de que

un registro es ordinariamente irrazonable en ausencia de una sospecha

individualizada.

Edmond, supra.

Repitió, además, que se han

validado algunos regímenes de registros sin sospecha individualizada

cuando existe una necesidad especial, más allá de la necesidad normal

de combatir el crimen.

Id.

Lo importante, sin embargo, es que el

Tribunal hizo claro que “[i]n none of these cases, however, did we

CC-1999-86

17

indicate approval of a checkpoint program whose primary purpose was

to detect evidence of ordinary criminal wrongdoing.”

Id.

Así pues,

el Tribunal distinguió los registros en Edmond, supra, porque buscaban

promover un interés generalizado de combatir el crimen aclarando que

si se permitiese la creación de tales bloqueos para promover dicho

interés: “the Fourth Amendment would do little to prevent such

intrusions from becoming a rutine part of American life.”

Id.

Como mencionáramos anteriormente, el caso de autos no presenta

ninguna situación de emergencia, ni el interés del Estado por recaudar

arbitrios se puede catalogar como un interés apremiante. Mas bien, se

trata de un interés generalizado del Estado de hacer cumplir las leyes

o combatir el crimen de contrabando. Por tanto, la limitación de Edmond,

supra, es directamente aplicable.

Por último, tal vez el caso más similar al de autos es Torres,

supra.

En esa ocasión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

declaró inconstitucional una ley local que autorizaba a agentes del

orden

público

a

registrar

las

maletas

de

los

pasajeros

que

desembarcaban aviones en Puerto Rico con el propósito de ocupar armas,

explosivos y contrabando.

Torres, supra.

La única diferencia, pues,

entre ese caso y el de autos es que en esa ocasión los funcionarios

envueltos eran agentes del Negociado de Investigaciones Criminales

buscando drogas, armas o explosivos; mientras que en el caso de autos

los funcionarios eran agentes de rentas internas buscando cualquier

tipo de mercancía que no hubiese rendido arbitrios, es decir, cualquier

tipo de contrabando.

Por

su

parte,

Esta distinción nos parece inmaterial.

el

Tribunal

en

Torres,

supra,

precisamente

distinguió entre los registros destinados a proteger la seguridad y

CC-1999-86

18

salud pública y aquellos encaminados a combatir el crimen.

Id. en la

pág. 473. “Use of airport metal detectors with respect to passengers

boarding aircraft and searches of persons entering military bases

involve considerations not relevant to this case.”

n. 5. (Énfasis suplido).

Id. en la pág. 473,

Una vez más el Tribunal catalogó los

registros en Torres, supra, bajo el propósito general de combatir el

crimen y como tal sujetos a los requisitos de la Cuarta Enmienda.

Valga resaltar que en dicho caso el Estado también argumentó que

“its law enforcement problems are so pressing that it should be granted

an exemption from the usual requirements of the Fourth Amendment.”

en la pág. 473.

Id.

El Tribunal, sin embargo, rechazó tal conclusión y

expuso: “we have not dispensed with the fundamental Fourth Amendment

prohibition against unreasonable searches and seizures simply because

of a generalized urgency of law enforcement”.

Id. en la pág. 474.

Entendemos que el caso de autos es similar a Torres, supra, y a

Edmond, supra.

El propósito fundamental de los registros en el

presente caso es ejecutar la ley de arbitrios y capturar a sus evasores.

Este interés generalizado, que no implica ningún tipo de amenaza

inminente ni a la salud ni a la seguridad pública, está plenamente

sujeto a los requisitos tanto de la Cuarta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos como a los de la Sección 10 del Artículo II de

nuestra Constitución.

Cabe además mencionar, por último, que Davis, supra, y los demás

casos que validaron los registros de equipaje en aeropuertos no sólo

eran registros de pasajeros al momento de abordar, sino que además eran

registros de equipaje de mano (“carry-on”).

“[I]t must be emphasized

that the procedures just discussed are applicable to carry-on items

CC-1999-86

19

only, and are not permissible as to checked luggage.”

sec. 10.6(e).

LaFave, supra,

Así pues, en U.S. v. Palazzo, 488 F.2d 942 (5th Cir.)

se resolvió que un registro sin orden judicial del equipaje de carga

(“checked luggage)” de los pasajeros no era válido en ausencia de

“exigent circumstances.”

“[N]o anti-skyjacking necessity remained

that would authorize the search of the baggage which had been checked

at a remote point and was no longer in the possession or under the

control of the suspects.”

que

el

equipaje

de

Id. en la pág. 946.

carga

(“checked

Esto no quiere decir

luggage”)

nunca

puede

ser

registrado, pero sí significa que en ausencia de amenaza a la seguridad

o salud pública, no es valido constitucionalmente un registro sin orden

judicial o motivos fundados.

C

De otra parte, tampoco la teoría del registro administrativo de un

negocio estrechamente reglamentado justifica un registro de equipaje

al momento de desembarque. Primeramente, debemos aclarar que esta

excepción está diseñada para aplicar a los comercios estrechamente

reglamentados. Ferreira Morales, supra.

Como tal, a lo que se refiere

es a los registros que de dichos establecimientos y papeles comerciales

haga el gobierno.

Id. en la pág. 6.

Bien sabido es que la protección

que se puede extender a la privacidad en los asuntos de negocio de un

individuo es menor a la que se le extiende al mismo individuo en su

faceta personal.

En este sentido, aunque concluyéramos que una línea

aérea

la

cae

bajo

excepción

de

una

industria

estrechamente

reglamentada, esto le permitiría a las agencias competentes hacer

registros rutinarios de, por ejemplo, los motores de los aviones y los

récords de seguridad de la compañía.

Por otra parte, no le daría acceso

CC-1999-86

20

a dichas agencias a los efectos personales de los pasajeros.

El que

se expone a los registros en una industria estrechamente regulada es

el propietario y la entidad jurídica, no los clientes.

Id.

Así pues,

el Departamento de Salud podría hacer inspecciones rutinarias de las

cocinas de los restaurantes bajo su jurisdicción, pero no de las

carteras y bolsillos de todos los que estén cenando en el lugar.

Además, esta excepción constituye, realmente, una variante de la

excepción

por

anteriormente.

salud

y

seguridad

pública

que

discutiéramos

“De ordinario, una industria o actividad comercial es

objeto de particular atención por el aparato estatal [y está sujeta

a la excepción de industria estrechamente regulada] cuando la actividad

realizada incide de manera significativa sobre la seguridad o salud

pública.”

Id. en la pág. 6 (énfasis suplido).

“Es preciso examinar

la naturaleza de la industria en cuestión para determinar si su

operación incide sobre la seguridad y salud pública.”

Id. en la pág.

7.

Los intereses legítimos del Estado con respecto a la industria

del transporte son la preservación de la seguridad y la salud pública,

no el recaudo de arbitrios o la detección de narcóticos en los

aeropuertos.

Estas

actividades

del

Estado

son

ajenas

a

la

reglamentación de dicha industria. Ciertamente, la operación de una

aerolínea

cumple

con

los

requisitos

de

un

negocio

altamente

reglamentado, pero no así el uso, en calidad de cliente, de los

servicios de la misma.

El nivel de escrutinio al que está sujeto el

transportista no se transfiere al consumidor.

De todas maneras, interpretar el registro electrónico al que fue

sometido el equipaje de Cedeño Laclaustra como un mero registro

CC-1999-86

21

administrativo también obvia el propósito palmario de la incautación.

En el caso de autos, los hechos demuestran que el registro electrónico

de equipaje tiene un fin tanto penal como tributario.

Existe,

sin

embargo,

D

una

excepción

reconocida

por

la

jurisprudencia en que se permite el registro de la persona y equipaje

de un pasajero al momento de desembarque, sin causa probable ni orden

judicial;

el

denominado

“registro

de

frontera”.

Dichas

intervenciones están justificadas por el derecho a controlar la entrada

(y salida) de personas y mercancías al territorio de un país soberano.

La facultad de realizar un registro de frontera es inherente al

ejercicio de la soberanía y busca proteger la integridad territorial

del Estado.

Torres v. Puerto Rico, supra, págs. 472-73.

De este modo,

se justifican los registros para fines de inmigración y aduana, inter

alia, tanto en las fronteras físicas de un país como en las llamadas

“fronteras constructivas”, como son los lugares de llegada de vuelos

internacionales, aunque se encuentren en el interior del territorio.

LaFave, supra, sec. 10.5(a), pág. 530, et seq.

Sobre la aplicación del registro de frontera a los vuelos

interestatales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, la Corte Suprema

Federal ha expresado claramente que las fronteras geográficas de Puerto

Rico no son fronteras políticas en relación a los bienes y personas

que provienen de los Estados Unidos.

Sostuvo la Corte Suprema en

Torres v. Puerto Rico, supra, págs. 472-73,

The authority of the United States to search the baggage of

arriving international travelers is based on its inherent

sovereign authority to protect its territorial integrity.

By reason of that authority, it is entitled to require that

whoever seeks entry must establish the right to enter and

to bring into the country whatever he may carry. Puerto Rico

CC-1999-86

22

has no sovereign authority to prohibit entry into its

territory; as with all international ports of entry, border

and customs control for Puerto Rico is conducted by federal

officers. Congress has provided by statute that Puerto Rico

must accord to all citizens of the United States the

privileges and immunities of its own residents. (Citas

omitidas, énfasis suplido)

Los registros que lleva a cabo la Unidad de Inspección Electrónica

de Equipaje en los aeropuertos del país son esencialmente iguales a

los que la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó en Torres,

supra: registros indiscriminados, sin requisito de orden judicial o

motivo fundado, realizados por agentes del orden público para detectar,

inter alia, materiales y efectos cuya posesión es constitutiva de

delito. Tales registros sólo serían constitucionalmente tolerables si

se realizaran en una frontera internacional.

La Corte Suprema de los

Estados Unidos ha hecho claro, sin embargo, que la “frontera” entre

Puerto Rico y los estados federados es interestatal.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no obstante su relación

política con los Estados Unidos, no tiene la autoridad necesaria en

materia de fronteras y aduanas para someter a los viajeros de los

Estados Unidos a registros indiscriminados sin que medie causa probable

u orden judicial. 5

Como sostiene Cedeño Laclaustra ante nos, la

creación de la “Aduana Criolla” que pretende el Departamento de

Hacienda le está vedada.

IV

A tenor con la normativa descrita anteriormente es evidente la

inconstitucionalidad del registro electrónico del equipaje de Cedeño

Laclaustra en el caso de autos.

Dicha actuación ilegal, (esto es, el

registro inicial de su equipaje mediante el equipo de rayos X), anula

CC-1999-86

23

todas las intervenciones posteriores con su persona y propiedad, ya

que desprovee de un legítimo motivo fundado la posterior detención de

Cedeño Laclaustra, el interrogatorio que le hiciera el agente de la

Unidad de Inspección Electrónica de Equipaje, el registro manual de

su maleta y la prueba de campo a la que se sometió la sustancia allí

encontrada.

Más aún, el “Procedimiento” de intervención de la Unidad de

Inspección Electrónica de Equipaje, por las mismas razones que

configuran su inconstitucionalidad, rebasa la autoridad del Secretario

de Hacienda según expuesta en la sección 6140(a)2 de la Ley de Rentas

Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8140.

Los efectivos del Departamento de

Hacienda que deseen inspeccionar electrónicamente el equipaje de un

viajero que arriba a Puerto Rico han de tener “razones para creer que

se están introduciendo artículos sujetos al pago de impuestos”. Véase,

13 L.P.R.A. sec. 8140(a)2. Dichas razones deben equivaler a motivos

fundados. Sin embargo, ¿qué motivo fundado tiene la Unidad de

Inspección Electrónica de Equipaje para someter todo bulto, maleta o

paquete

que

entre

a

la

Isla

a

una

inspección

electrónica?

Evidentemente, ninguno. En consecuencia, las razones que justifican

las inspecciones físicas son inválidas por surgir exclusivamente de

inspecciones electrónicas previas realizadas sin motivo fundado

alguno.

Recordemos, de los hechos narrados anteriormente, que al momento

de llegar a Puerto Rico, Cedeño Laclaustra no había dado ningún motivo

aparente para justificar una intervención con su persona.

Es el

Ya antes el Estado ha sido advertido de este hecho en la Opinión del

Secretario de Justicia Núm. 21 del 20 de mayo de 1987.

5

CC-1999-86

24

registro de su maleta mediante rayos X por el agente Burgos Guzmán lo

que levanta sospechas sobre la posibilidad de contrabando en su

equipaje.

La maleta en cuestión fue fotografiada y varios agentes se

desplazaron para identificar e intervenir con quien la recogiera.

Al

tomarla el peticionario, los agentes de Rentas Internas le cuestionaron

sobre su contenido, del que sólo tenían conocimiento a través del

registro electrónico que habían realizado.

Tanto las preguntas hechas

a Cedeño Laclaustra como la orden de abrir su equipaje perseguían

identificar la naturaleza de los “bultos” percibidos durante el

registro

electrónico.

No

surge

de

los

autos

razón

alguna,

independiente del registro electrónico, que hubiera llevado a los

agentes de Rentas Internas a sospechar de Cedeño Laclaustra o

despertado su curiosidad por el contenido de su equipaje.

Al

ser

ilegal

el

registro

electrónico

de

la

maleta

del

peticionario, todas las acciones posteriores que se basaron en el

resultado de ese registro son “frutos del árbol ponzoñoso”; evidencia

cuya obtención se deriva de una acción ilegal del Estado.

Al explicar

esta doctrina, la Profesora Resumil señala:

“No solamente la evidencia directa o primaria obtenida por

medio de un procedimiento constitucionalmente viciado y

dirigido a su obtención es susceptible de ser excluida. La

aplicación de la regla de exclusión se extiende también a

evidencia obtenida como resultado de la explotación de una

intervención inconstitucional bajo las disposiciones que

protegen el derecho del pueblo a la protección contra

arrestos, registros y allanamientos irrazonables.” Resumil,

Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. 306 (1990) (Énfasis

suplido)

La doctrina del “fruto de árbol ponzoñoso” fue recientemente

adoptada de forma explícita por este Tribunal. Pueblo v. Serrano

Cancel, supra; Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356 (1997).

No

CC-1999-86

25

obstante, se exceptúa de la regla de exclusión la evidencia derivada,

fruto de una ilegalidad de los agentes del Estado, si la evidencia

habría sido descubierta inevitablemente, si una fuente independiente

habría justificado su detección o si el vínculo entre la ilegalidad

y la obtención de la evidencia era vago o atenuado. LaFave, supra, sec.

11.4(a), págs. 234, et seq.

Ninguna de estas excepciones puede invocarse en el caso de autos.

No surge del récord ninguna razón, independiente al primer registro

ilegal, que hubiere dado causa a los agentes de la Unidad de Inspección

Electrónica de Equipaje para intervenir con Cedeño Laclaustra. A todas

luces,

nunca

hubieran

intervenido

con

Cedeño

Laclaustra

de

no

levantarse sus sospechas a raíz de la inspección electrónica de sus

maletas.

No hay prueba alguna de que Cedeño Laclaustra exhibiera

conducta sospechosa, que el contenido de su maleta se hubiere detectado

por otro medio que el electrónico, que se hubiere alertado a los agentes

del orden público de dicho contenido o que hubiere una política de

interrogar a todos los pasajeros, independientemente del resultado del

registro electrónico, sobre el contenido de su equipaje.

No se requiere un argumento complejo y sofisticado para establecer

el vínculo entre el registro electrónico y la intervención con Cedeño

Laclaustra. Las acciones de la Unidad de Inspección Electrónica de

Equipaje estuvieron siempre encaminadas a la identificación del

contenido del equipaje del peticionario.

La única razón para

acercarse a Cedeño Laclaustra y preguntarle qué llevaba en su maleta

fue el resultado del registro electrónico inconstitucional.

Como tal,

la evidencia obtenida posteriormente estaba irremediablemente viciada

por la inconstitucionalidad del registro inicial y debió ser suprimida.

CC-1999-86

26

La violación al derecho del acusado de no ser sujeto a registros

irrazonables nos lleva a estar conforme con la revocación de la

sentencia recurrida. Enfatizamos, además, que esta acción es parte de

un

operativo

de

registros

aduaneros

inconstitucionales

cuya

cotidianidad consuma aún más la erosión de los derechos de los viajeros

que arriban a esta Isla.

Por las razones expresadas anteriormente, invalidaríamos por

inconstitucional el registro llevado a cabo por la Unidad de Inspección

Electrónica de Equipaje por tratarse de un registro sin motivos

fundados ni orden judicial y carente de un interés apremiante del

Estado. Por ende, estamos conforme con la Sentencia hoy emitida,

mediante la cual se revoca el dictamen del foro apelativo y se ordena

la supresión de la evidencia incautada mediante este registro ilegal.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

CC-1999-86

27

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Recurrido

v.

CC-1999-86

Certiorari

José A. Cedeño Laclaustra

Demandado-Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2002.

El Ministerio Público presentó acusación contra

José A. Cedeño Laclaustra por violación al Art. 401

de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 del

23 de junio de 1971, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec.

2401 et seq. Esto luego de que agentes del Negociado

de Rentas Internas del Departamento de Hacienda

ocuparan dos (2) paquetes con sustancias controladas

que se encontraban en la maleta de éste, la cual había

sido examinada por los referidos agentes a través de

una maquina de rayos X cuando Cedeño Laclaustra

arribó a Puerto Rico en un vuelo procedente de

Pennsylvania.

Oportunamente, el acusado interpuso una moción de supresión de

evidencia amparada en la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II R. 234, en la cual alegó que la sustancia controlada

incautada era producto de un registro ilegal, por lo que no debía

admitirse en evidencia. Sin embargo, tanto el foro de primera instancia

como el tribunal apelativo denegaron la misma.

Cedeño

Laclaustra

acudió

entonces

ante

nos

y

reprodujo,

esencialmente, sus planteamientos en torno a la ilegalidad del registro

realizado.

Luego de examinar las comparecencias de las partes, y estudiar a

fondo la controversia planteada, se expide el auto de Certiorari y se

dicta Sentencia en la que se revoca el dictamen del foro apelativo y

se ordena la supresión de la evidencia incautada mediante un registro

ilegal. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúen los procedimientos conforme lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió

Opinión de Conformidad a la que se unen el Juez Presidente señor Andréu

García y el Juez Asociado señor Rebollo López.

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente.

El Juez Asociado señor

Corrada del Río disintió sin opinión escrita.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez está inhibido.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1999-86

29

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Recurrida

vs.

CC-1999-86

CERTIORARI

José A. Cedeño Laclaustra

Demandado-Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2002.

En el caso de autos, una escasa mayoría de cuatro (4)

miembros del Tribunal decreta que fue ilegal un registro

efectuado en el Aeropuerto por un agente de Rentas

Internas, quien utilizó como parte de dicho registro una

máquina de rayos X que se tiene allí para examinar el

equipaje de los pasajeros que llegan a la Isla y así

asegurar que nadie introduzca material tributable al país

sin pagar los arbitrios correspondientes. La mayoría del

Tribunal llega a este resultado mediante una sentencia que

no sienta precedente, debido a que no existe unanimidad de

criterio entre los cuatro Jueces de la mayoría que la emite

sobre los fundamentos de su dictamen.

Es mi parecer que el dictamen en cuestión, que carece de

fundamentos mayoritarios, es erróneo.

No sólo es contrario a lo resuelto en unas decisiones anteriores

por este mismo Tribunal, sino que es contrario también a los principios

constitucionales sobre el particular fijados por este Foro y por el

propio Tribunal Supremo de Estados Unidos y otros altos foros

federales. Por ello disiento. Veamos.

I

A. Los hechos del caso.

Como bien señala el Procurador General de Puerto Rico en su

Informe ante nos, en el caso de autos existen dos versiones distintas

sobre los hechos acontecidos en el Aeropuerto que dieron lugar al

arresto del peticionario por transportar material delictivo. Una

versión es la del agente de Rentas Internas que intervino en este caso.

La otra es la del peticionario, a quien se le imputa haber violado

la Ley de Sustancias Controladas. No conocemos de modo seguro cuál

de esas dos versiones es la veraz. En la etapa procesal en que el caso

llega ante nos, no se ha celebrado ningún juicio ni se ha pasado prueba

sobre los aspectos principales del caso. No se han determinado

judicialmente los hechos del caso. No sabemos a ciencia cierta qué

ocurrió en el Aeropuerto precisamente. No existe resolución o minuta

alguna que contenga determinaciones judiciales sobre el particular.

Si algo podríamos suponer es que la versión del agente fue creída por

los foros de instancia, en vista de que uno determinó que existía causa

probable para acusar al peticionario y otro denegó la moción de

supresión de evidencia del peticionario, decisiones ambas que fueron

emitidas

luego

correspondientes.

de

que

dichos

foros

celebrasen

las

vistas

Frente al referido conflicto sobre lo acontecido precisamente

en el Aeropuerto, la mayoría del Tribunal –sin fundamento judicial

alguno- evidentemente acoge la versión del acusado y descarta la del

agente de Rentas Internas. ¿Por qué? ¿Cómo se explica este insólito

proceder de la mayoría del Tribunal? ¿Por qué no se acoge la del agente,

que aparentemente fue la que los tribunales a quo aceptaron como

cierta?

Conforme a las alegaciones del agente referido, no serían ciertas

las siguientes aseveraciones, que se formulan en la opinión de

conformidad de tres de los cuatro Jueces de la mayoría, basadas en

lo meramente alegado por el peticionario:

(1)

Que el peticionario fue intervenido y detenido en el

Aeropuerto por uno o más agentes de Rentas Internas.

Más bien, fue una sola persona quien se le acercó al

peticionario, se identificó como agente de Rentas

Internas, le informó que estaba llevando a cabo una

inspección rutinaria y le preguntó sobre lo que llevaba

en sus maletas.

(2)

Que el agente referido le ordenó al peticionario que

abriera sus maletas y que éste “acató” la orden. Más

bien, el agente le solicitó al peticionario que abriera

las maletas, y éste no presentó objeción a ello.

La

controversia

sobre

los

hechos

aludidos

es

obviamente

pertinente a la cuestión sobre la validez jurídica de la acción del

agente de Rentas Internas. Lo es porque según la versión de los hechos

del peticionario, éste podría aducir que él fue objeto de un registro

penal y así intentar darle apoyo a la conclusión alegada por éste,

y que la mayoría del Tribunal parecer aceptar, de que toda la conducta

de los supuestos agentes formó parte de un solo registro subrepticio

del peticionario, incluyendo lo relativo al uso de la máquina de rayos

X.

La mayoría, pues, convenientemente escoge la versión de los

hechos en conflicto que mejor se ajusta al decreto de invalidez que

dicha mayoría se apresura a emitir, lo cual es claramente contrario

a las normas que rigen a un foro apelativo como lo es el nuestro.

B.

La cuestión que el peticionario planteó ante nos y ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones

Si se examina objetivamente el planteamiento de errores que el

peticionario adujo en su recurso ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, se podrá comprobar que el peticionario no cuestionó de

modo alguno el uso como tal, por parte del Gobierno, de la máquina

de rayos X en el Aeropuerto.6

6

PLANTEAMIENTO DE ERRORES (Ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones):

1- Incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar que

la intervención inicial con el Peticionario fue legal, a

pesar de que no se cumplió con el requisito de

razonabilidad (“razones para creer”) dispuesto por la

Sección 6140(a)2 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de

1994.

2- Incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar que

el Acusado consintió al registro de su equipaje

renunciando a sus derechos constitucionales.

3- Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la Sección

6140 de la Ley 120 del 31 de octubre de 1994 al caso de

marras debido a que dicho estatuto violenta de su faz el

Debido Proceso de Ley Sustantivo, en específico la

Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 10

y la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos

de América en la medida que permite a los Agentes de Rentas

Internas del Departamento de Hacienda, realizar registros

al equipaje de viajeros inter-estatales sin orden de

registro [sic] o y sin el consentimiento de estos.

Lo mismo ocurre con respecto al planteamiento de errores del

peticionario en su recurso ante nos.7

En ambos recursos, el peticionario en esencia planteó los mismos

tres asuntos, a saber: primero, que lo observado por el agente en la

máquina de rayos X no fue suficiente para que el agente luego le

inquiriese sobre lo que llevaba en las maletas; segundo, que no

consintió a que “le abrieran” las maletas, y tercero, que de su faz

el estatuto que autoriza a los agentes de Rentas Internas a realizar

tales registros físicos al equipaje de viajeros es inconstitucional

porque se trata de registros sin orden judicial.

4- Incidió el Tribunal de Primera Instancia al no emitir

Resolución escrita a la Solicitud de Supresión de

Evidencia presentada por el Acusado en violación al Debido

Proceso de Ley ya que con dicha acción coarta el derecho

del Acusado a solicitar la revisión de la resolución

emitida.

7

PLANTEAMIENTO DE ERRORES (Ante nos):

1- Incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que la intervención inicial con el Peticionario

fue legal, a pesar de que no se cumplió con el requisito

de razonabilidad (“razones para creer”) dispuesto por la

Sección 6140(a)2 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de

1994.

2- Incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que el Acusado consintió al registro de su

equipaje renunciando “sin coacción” a sus derechos

constitucionales.

3- Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al no pasar

juicio sobre la constitucionalidad de la Sección 6140 de

la Ley 120 del 31 de octubre de 1994 al caso de marras debido

a que dicho estatuto violenta de su faz el debido Proceso

de Ley Sustantivo, en específico, la Constitución de

Puerto Rico en su artículo II, Sección 10 y la Cuarta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América,

en la medida en que permite a los Agentes de Rentas Internas

del Departamento de Hacienda, realizar registros al

equipaje de viajeros inter-estatales sin orden de registro

y sin el consentimiento de estos.

4- Fue errónea la expresión del Tribunal de Circuito de

Apelaciones al señalar que el Peticionario no notificó a

las partes el Recurso de Certiorari.

En ningún lugar el peticionario impugnó en sí el uso de la máquina

de rayos X por los agentes de Rentas Internas. Por ello, el Ministerio

Público tampoco tuvo la oportunidad de comparecer judicialmente para

sostener a fondo la legalidad de la inspección del equipaje mediante

el uso de rayos X. Más aun, en ninguna ocasión el foro apelativo

discutió o siquiera mencionó tal asunto. Sin embargo, lo del uso de

la máquina de rayos X es la médula del análisis que hacen tres de los

cuatro Jueces de la mayoría del Tribunal en su dictamen en este caso.

Como se sabe, a este Tribunal le corresponde la función de revisar

lo que el foro apelativo resolvió sobre las cuestiones que le planteó

el peticionario. Sin embargo, aquí tres de los integrantes de la escasa

mayoría del Tribunal se precipitan a resolver una cuestión que el

peticionario no planteó, y a “revisar” un asunto que nadie ha

cuestionado y que el foro apelativo no dilucidó de modo alguno. Más

aun, la mayoría del Tribunal se aventura a declarar la ilegalidad de

una importante acción gubernamental sin haber escuchado lo que el

Ministerio Público tuviese que decir sobre el asunto medular del uso

de la máquina de rayos X. Por todo ello, el decreto de la mayoría se

asemeja mucho a una mera “opinión consultiva”, que nos está vedada

por la doctrina de la cosa justiciable. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R.

552 (1958).

Cuando menos queda sin explicar por qué la mayoría se aventura

a resolver un asunto que no ha sido debidamente planteado ni discutido

ante nos, al amparo de unos hechos que no han sido probados.

II

Pasemos ahora al examen del aspecto sustantivo del decreto de

la mayoría en el caso de autos. Examinemos si se sostiene a la luz

de los principios jurídicos pertinentes.

A.

Normas Relativas al Registro Administrativo

1. El tipo de registro

Debemos comenzar señalando que el asunto que nos concierne en

este caso consiste de un registro administrativo. La mayoría del

Tribunal no parece tratarlo así porque ello no conviene a su errado

decreto jurídico. Pero en términos propios, no cabe duda de que el

uso de la máquina de rayos X al que objetan expresamente tres de los

cuatro Jueces de la mayoría en el caso de autos constituye precisamente

un registro administrativo.

Como se sabe, en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen dos

tipos distintos de registros gubernamentales. El más tradicional es

el registro penal, que llevan a cabo de ordinario los agentes

policíacos y cuyo propósito es la detección de actividad criminal.

Este tipo de registro conduce al procesamiento penal de los que cometen

delitos. El otro tipo, es el registro administrativo. Este lo realiza

de

ordinario

algún

funcionario

de

una

agencia

u

organismo

administrativo como parte del esquema regulador de esa entidad. Su

propósito es hacer valer la reglamentación que la agencia u organismo

administrativo promulgó para regular actividades legítimas de nuestra

sociedad. No tiene nada que ver como tal con la administración de la

justicia criminal. D. Fernández, Derecho Administrativo, 2da. Ed.,

págs. 225-244 (2001); E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Vol. I, pág. 319 (1995). Véase, además, Pueblo

v. Ferreira Morales, res. el 10 de diciembre de 1998, 147 D.P.R. ___

(1998), 98 TSPR 165, 98 JTS 150.

La distinción entre estos dos tipos de registros es jurídicamente

muy importante y, claro está, es crucial y determinativa en el caso

de autos.

Como se explica más adelante, el registro administrativo

que aquí nos concierne puede realizarse corrientemente en casos

justificados sin una orden judicial previa, mientras que los registros

penales de ordinario son ilícitos si no se realizan en virtud de tal

orden judicial. Como bien señaló el eminente Juez Frankfurter,

“searches for evidence of crime (registro penal) present situations

demanding the greatest, not the least, restraint upon the Government’s

intrusion into privacy for ... it was at these searches which the

Fourth Amendment was primarily directed.” Abel v. U.S., 362 U.S. 217,

237 (1959).

En el caso de autos, el funcionario que intercedió con el

peticionario no era un policía. Era un agente del Departamento de

Hacienda. Su presencia en el Aeropuerto es parte integral de un plan

gubernamental para desalentar la evasión contributiva. La función del

agente en cuestión es parte del esquema administrativo para hacer

valer la Ley de Rentas Internas, Ley Núm. 120 del 31 de octubre de

1994, 13 L.P.R.A. sec. 8006 y et seq. Nada tiene que ver como tal con

la administración de la justicia criminal de Puerto Rico. Dicho en

términos sencillos, el agente aludido no estaba en el Aeropuerto para

perseguir a traficantes de drogas, sino para viabilizar la recaudación

de impuestos. Su labor administrativa no iba dirigida de ningún modo

esencial a descubrir evidencia de actividad criminal sino más bien

a evitar la evasión contributiva. Por ello, es evidente que su labor

investigativa constituye un registro administrativo y no un registro

penal.

Lo anterior se comprueba claramente por el hecho de que en el

Aeropuerto también existía al momento de los hechos del caso una

división especializada de la Policía de Puerto Rico para combatir el

tráfico

de

drogas,

que

utiliza

para

ello

perros

debidamente

adiestrados y otros medios. Es a esta división de la Policía a quien

le compete primordialmente la consecución de objetivos penales.

Es

esta división la que tiene la responsabilidad esencial de procurar

evidencia de actividad delictiva.

La naturaleza administrativa del registro en el Aeropuerto, que

aquí nos concierne, ha sido reconocida por voces muy autorizadas. Así

pues, el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito federal,

en una opinión emitida por un eminente juez federal, Henry Friendly,

expresamente ha resuelto que los registros en los aeropuertos

constituyen “administrative searches” similares a los que se conducen

en los “regulated industries”. U.S. v. Edwards, 498 F2d 496, 498 n.5

(1974).

Así mismo, en el caso principal sobre los registros en los

aeropuertos, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito

federal

resolvió

que

el

hecho

de

que

en

estos

registros

administrativos se descubra material delictivo incidentalmente, no

altera su naturaleza administrativa.

“Of course, routine airport

screening will lead to the discovery of contraband and apprehension

of law violators.

This practical consequence does not alter the

essentially administrative nature of the screening process, however,

or render the searches unconstitutional”. U.S. v. Davis, 482 F2d 893,

908

(1973).

Este

medular

dictamen

aplica

a

los

registros

administrativos en los aeropuertos el principio general establecido

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de que “items [related to

crime]... coming into Government’s possession through a lawful

administrative search may be used in a criminal prosecution...”.

Abel v. U.S., supra, pág. 239. Como bien señaló el Juez Frankfurter

en dicho caso, no hacer uso en un proceso penal de la evidencia criminal

descubierta incidentalmente en el registro administrativo “would be

entirely without reason”

Id. pág. 238.

Finalmente debe señalarse que nosotros mismos hemos resuelto que

si, en el curso de un registro administrativo realizado sin orden

judicial previa, se descubre prueba utilizable en un proceso penal,

ello no cambia la naturaleza del registro administrativo ni le resta

validez.

Pueblo v. Ferreira, supra.

2. Las normas sobre los registros administrativos

En virtud de la garantía constitucional en contra de los

registros irrazonables dispuesta en el Art. II, Sec. 10 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hemos resuelto

como norma general que de ordinario los registros gubernamentales

tienen que estar precedidos por una orden judicial que los autorice.

Pueblo v. Miranda Alvarado, 147 D.P.R. 356 (1997); Pueblo v. Narváez

Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170

(1986).

Ahora bien, la garantía constitucional que dispone que no debe

realizarse un registro sin orden judicial previa no es absoluta, como

no son absolutos ningunos de los derechos fundamentales que garantiza

nuestra Constitución. Véase, además, Velásquez Pagán v. A.M.A., 131

D.P.R. 568, 576 (1992); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R.

219, 228 (1987); Santiago v. Bobb y el Mundo, 117 D.P.R. 153, 165

(1986), y Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818, 821 (1984). Soto v.

Srio. Justicia, 112 D.P.R. 477, 493 (1982).

En Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965), establecimos

de modo claro la norma general de que un registro sin orden judicial

puede ser válido si dicho registro es razonable. También hemos

establecido cuáles requisitos deben satisfacerse para que un registro

sin orden judicial pueda considerarse razonable y, por ende, válido.

La razonabilidad del registro debe evaluarse “a la luz de los hechos

y las circunstancias del caso”.

Id.

Como se sabe, la garantía constitucional contenida en la Sec. 10

del Art. II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros

administrativos como los penales. E.L.A. v. Coca Cola, 115 D.P.R. 197,

207 (1984). La sujeción de los registros administrativos a los

requisitos

constitucionales

referidos

no

puede

obviarse

estatutariamente. El Estado no puede autorizar por ley que se realicen

registros

administrativos

que

no

satisfagan

las

exigencias

constitucionales. E.L.A. v. Coca Cola, supra; Camara v. Municipal

Court, 387 U.S. 523 (1967); See v. Seattle, 387 U.S. 541 (1967). Sin

embargo, ya antes hemos resuelto que el estándar para determinar la

existencia de causa probable en el caso de registros administrativos

es más laxo que el que aplica para registros penales. Hemos resuelto

concretamente que existen diferencias importantes entre el registro

administrativo y el registro penal.8 Este último se concibe como algo

más

ofensivo

que

una

inspección

administrativa.

“El

grado

de

intromisión con la intimidad y la dignidad del intervenido es

generalmente más intenso en los registros penales que en los

administrativos. Esta distinción justifica estándares diferentes,

menos rigurosos,... para establecer causa probable en casos de

8

También hemos resuelto que mientras más se asemeja el registro

administrativo a un registro de índole penal o si el objetivo del

registro administrativo es obtener evidencia para un proceso penal,

registros administrativos.” E.L.A. v. Coca Cola, supra, a las págs.

212-13. (Énfasis suplido).

Más aun, recientemente, en Pueblo v. Ferreira Morales, supra, en

una opinión emitida por el mismo Juez que emite la opinión de

conformidad con el decreto de la mayoría en el caso de autos, este

Tribunal

no

sólo

reiteró

que

la

validez

de

los

registros

gubernamentales sin orden judicial previa depende de su razonabilidad

sino que, además, adoptó como norma en Puerto Rico la doctrina federal

que establece que de ordinario no se requiere obtener una orden

judicial previa para realizar un registro administrativo cuando se

trata de industrias o negocios que estén estrechamente reglamentados.

En Pueblo v. Ferreira Morales, supra, la propia Policía de Puerto

Rico había realizado un registro físico sin orden judicial previa en

un depósito de chatarra. Resolvimos allí que se trataba de un registro

administrativo de dicho lugar, que podía realizarse sin orden judicial

previa, aun por policías, porque involucraba un negocio estrechamente

regulado y porque el Estado tenía un interés sustancial en la actividad

en cuestión. Señalamos que el robo de vehículos de motor constituía

“un serio problema social” y que tal robo se facilitaba mediante el

desmantelamiento del vehículo que se realiza en los depósitos de

chatarra. Indicamos que por ello era necesaria “una fiscalización

efectiva de la operación de este tipo de negocio”. Señalamos también

que en vista de lo anterior, los operadores del negocio referido tenían

jurídicamente “una expectativa de intimidad atenuada en relación a

su operación”.

En Pueblo v. Ferreira Morales, supra, indicamos concretamente

que,

en

estos

casos

de

actividades

comerciales

altamente

hay que cumplir con las “normas tradicionales exigibles en las causas

de naturaleza criminal.” E.L.A. v. Coca Cola, supra, pág. 213.

reglamentadas, son válidos los registros administrativos realizados

sin orden judicial por funcionarios gubernamentales si se satisfacen

los siguientes requisitos:

(1)

debe existir un interés gubernamental sustancial que

justifique el esquema regulador bajo el cual el

registro en cuestión se realiza;

(2)

la realización de la inspección sin orden debe ser

necesaria para adelantar el interés gubernamental, y

(3)

el esquema regulador debe tener suficientes garantías

en cuanto a certeza y regularidad como para constituir

un sustituto constitucionalmente adecuado a la orden

judicial.

Es menester enfatizar que la normativa que hemos desarrollado

en Puerto Rico con respecto a registros administrativos sin previa

orden judicial es cónsona con la doctrina federal sobre el particular.

Esa

doctrina

ha

sido

explicada

con

meridiana

claridad

en

la

fundamental obra de Lafave, Search an Seizure: A Treatise on the Fourth

Amendment (3rd Ed, West, 1996). Señala Lafave en el acápite 10.6 de

dicha obra, “Airport Searches” a la pág. 628 que:

... as noted in United States v. Davis, the ‘appropriate

standards’ for evaluating the new airport search program are

to be found in the Supreme Court cases dealing with so-called

‘administrative’ searches. Because this same conclusion has

been reached by other courts, it is appropriate to set out

here in some detail the analysis in Davis: ‘The essence of

these decisions is that searches conducted as part of a

general

regulatory

scheme

in

furtherance

of

an

administrative purpose, rather than as part of a criminal

investigation to secure evidence of crime, may be

permissible under the Fourth Amendment though not supported

by a showing of probable cause directed to a particular place

or person to be searched.’ (Citas omitidas).

En efecto, descansando en la conocida decisión del Tribunal

Supremo de Estados Unidos en U.S. v. Biswell, 406 U.S. 311 (1972),

en U.S. v. Davis, 482 F. 2d 893 (9th Cir. 1973), se

aprobó el uso de

registros administrativos en un aeropuerto sin previa orden judicial,

en vista de que satisfacía los requisitos esenciales para ello, a

saber:

(1) “that the search serves a

administrative objective; and

narrow

but

compelling

(2) that the intrusion is as limited as is consistent with

satisfaction of the administrative need that justifies

it. Davis, supra, pág. 910.

Lo esencial, como se ha señalado de modo palmario en U.S. v.

$124,570 U.S. Currency, 873 F. 2d 1240 (9th Cir. 1989), es que el

registro administrativo sin orden judicial no sea utilizado como un

subterfugio con fines penales.

“To the extent that administrative searches are used

for purposes other than those contemplated by the regulatory

scheme, they may fall outside the rationale by virtue of

which we have approved them. Specifically, in Davis we

recognized the danger that ‘the screening of passengers .

. . will be subverted into a general search for evidence of

crime’. Should that danger materialize, . . .we would not

hesitate to exclude the evidence so obtained”. (citas

omitidas.) U.S. v. $124,570 U.S. Currency, supra, pág. 1243.

El Juez Friendly, citando al propio Tribunal Supremo de Estados

Unidos y a decisiones de numerosos tribunales federales de distintos

circuitos, ha resumido la norma aplicable de manera clara y sucinta

en U.S. v. Edwards, supra:

Such warrantless administrative searches, conducted

pursuant to a general regulatory scheme rather than an

investigation to secure evidence of a crime, have regularly

been upheld where the statutory procedures have been deemed

reasonable.

B.

Aplicación de las normas al caso de autos

1.

Registro administrativo válido

Al aplicar las normas estatales y federales mencionadas antes a

la situación de autos, resulta evidente que el uso en el Aeropuerto

de la tecnología de rayos X por los agentes de rentas internas

satisface todas las exigencias de la normativa referida. Como se ha

señalado antes, dicho uso es parte integral de un esquema regulatorio

fiscal del Estado que protege un interés público apremiante. Para

poder sostener el extenso aparato gubernamental de Puerto Rico y

proveerle servicios públicos vitales a toda la comunidad, sobre todo

a los miles de personas indigentes que residen en la Isla, el Estado

ha establecido un sistema fiscal que descansa en buena medida en los

arbitrios que se le imponen abarcadoramente a numerosos artículos de

uso y consumo en el país. Contrario a lo que sucede en otras

jurisdicciones, en Puerto Rico no se cobran impuestos al momento de

la venta de dichos artículos. No existe un “sales tax” generalizado.

En

su

lugar

se

utiliza

el

mecanismo

del

arbitrio

sobre

las

importaciones. Puerto Rico, como una isla de las de más intensa

densidad poblacional del mundo, depende vitalmente de la importación

de artículos de los mercados de Estados Unidos y del extranjero. La

inmensa mayoría de los artículos de primera necesidad, así como los

de lujo, que se usan y consumen en la Isla provienen del exterior.

Esta

realidad

ha

dado

lugar

al

sistema

de

arbitrios

sobre

importaciones que prevalece en el país, como una medida fiscal de

carácter esencial. Dicho sistema de arbitrios produce apróximadamente

el 30% de las rentas internas del Gobierno de Puerto Rico.9

Es menester resaltar que el propio Tribunal Supremo de Estados

Unidos ha reconocido la particular amplitud del poder de Puerto Rico

para establecer un sistema de arbitrios como el que aquí nos concierne.

9

Véase Documento de Presupuesto de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, Año Fiscal 1996.

Expresamente ha resuelto que por delegación congresional, Puerto Rico

tiene una facultad para imponer arbitrios a artículos que proceden

de fuera de la Isla más amplio que la que tienen los estados de la

Unión. Puede imponer tales arbitrios tan pronto los artículos en

cuestión llegan a la Isla, aunque se encuentren aún en el curso del

comercio extranjero o del interestatal; es decir, en su “original

package”, cosa que le está vedada a los estados de la Unión. West India

Oil Co. v. Domenech, 311 U.S. 20 (1940). Esa extraordinaria facultad

concedida por ley federal a Puerto Rico desde antes de la creación

del Estado Libre Asociado persiste aún en la Ley de Relaciones

Federales, 1 L.P.R.A. sec. 3, que además ordena:

“a los oficiales de aduanas y del servicio postal de Estados

Unidos que ayuden a los debidos funcionarios del Gobierno

de Puerto Rico en el cobro de estas contribuciones”.

La delegación federal apareja un reconocimiento no sólo de la

importancia vital del sistema de arbitrios para el gobierno de Puerto

Rico, sino además de la necesidad de que hayan medios expeditos para

que éste sea efectivo. Así lo reconoció expresamente el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en West India Oil Co. v. Doménech, supra,

pág. 28, al resaltar el hecho que el Congreso había ordenado a los

agentes federales de aduana y del servicio postal a auxiliar a Puerto

Rico en el cobro de los arbitrios referidos. No puede dudarse, pues,

que tratamos aquí con un interés apremiante del Estado.

Es precisamente para hacer valer este indispensable esquema

regulatorio fiscal que los agentes de rentas internas utilizan las

máquinas de rayos x en lugares como el aeropuerto. Se trata de un medio

que es evidentemente cónsono con la delegación de poder federal

referida antes. Se trata de un medio dirigido a que los millones de

pasajeros que entran al país anualmente no pretendan violar las leyes

fiscales, introduciendo en sus equipajes artículos y materiales por

los cuales no se han pagado los arbitrios correspondientes. La

importación de artículos de consumo es un evento altamente regulado

en Puerto Rico como lo es el Aeropuerto por donde transitan dichos

pasajeros y entran al país muchas importaciones. Es la convergencia

de esta doblemente intensa regulación pública la que la hace

comparable

a

la

de

otras

industrias

o

negocios

altamente

reglamentados.

Debe reiterarse que este uso de la tecnología de rayos X por los

agentes de rentas internas no existe de modo alguno para poner en vigor

las leyes penales que prohíben el tráfico de narcóticos. Ese otro

esencial objetivo público se atiende en el Aeropuerto mediante un

esquema policial distinto y separado. Como se ha señalado antes, la

Policía de Puerto Rico tiene una división especializada destinada al

propio aeropuerto, que utiliza perros debidamente adiestrados, 10 y

otros medios, para combatir el narcotráfico. Aunque ambos tipos de

funcionarios públicos operan en el aeropuerto, los agentes de rentas

internas y los policías pertenecen a departamentos gubernamentales

diferentes, responden a propósitos distintos y funcionan a base de

normas y medios disímiles. Aunque los funcionarios públicos referidos

pueden en ocasiones interactuar, como es lícito y necesario que lo

hagan, U.S. v. $124,570 U.S. Currency, supra, a la pág. 1247, nota

al calce 7; U.S. v. Canada, 527 F. 2d 1374 (1975), no tienen

encomendados una dualidad de propósitos fiscales y penales. Tales

propósitos están esencialmente deslindados y los agentes de rentas

10

Sobre el uso de perros en la lucha contra el narcotráfico en

aeropuertos, véase U.S. v. Place, 462 U.S. 696 (1983) y U.S. v. Race,

529 F. 2d 12 (1976).

internas en nada les compete como tal la consecución de objetivos

penales.

No puede dudarse que de ordinario lo que acontece en el Aeropuerto

tiene mayor interés público que lo que sucede en las industrias o

negocios que están estrechamente reglamentadas. Por razones obvias,

el Aeropuerto es un lugar más intensamente reglamentado que esas

industrias o negocios. Aun antes del 11 de septiembre de 2001, los

aeropuertos son “zonas críticas” en los cuales convergen muchos

intereses gubernamentales, como reiteradamente han resuelto los

tribunales federales. U.S. v. Herzbrun, 723 F. 2d 773, 775 (1984).

Véase también, U.S. v. Doe, 61 F. 3d 107, 110 (1995), y U.S. v. Edwards,

supra.

Más aun, el interés del Estado en asegurar que no entren al país

artículos introducidos ilícitamente es obviamente mayor que el

interés del Estado en lograr que en los depósitos de chatarra no

existan piezas obtenidas ilegalmente, que fue el contexto en el cual

autorizamos los registros administrativos sin orden judicial previa

en Pueblo v. Ferreira Morales, supra. No debe perderse de vista el

hecho fundamental de que el registro administrativo que aquí nos

concierne es parte integral del sistema contributivo del país, sin

el cual el Estado no puede subsistir. Hace sólo unos meses atrás, en

Burlington Air Express v. Mun. de Carolina, res. el 29 de junio de

2001, 154 D.P.R. ___, 2001 TSPR 98, 2001 JTS 101, reiteramos que la

facultad de tributación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es

el más fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales, y que

se trata de un poder que es esencial a su subsistencia. Por ello, el

uso de las máquinas de rayos X, en una Isla que vive primordialmente

de sus importaciones, es un instrumento esencial para combatir la

evasión contributiva y así hacer efectivo el poder de tributación

referido. No puede haber duda alguna, pues, de que el esquema regulador

que aquí nos concierne está investido de mayor interés público que

el de los depósitos de chatarra, con respecto al cual permitimos el

registro administrativo sin orden judicial previa.

Por otro lado, debe considerarse que el uso de los rayos X que

aquí nos concierne es mucho menos intrusivo que el registro físico

que permitimos en el caso del depósito de chatarra. La máquina de rayos

X opera fuera de los ojos del público y del de los propios pasajeros.

Sólo produce sus efectos con respecto al equipaje. Lo que se observa

no tiene ni remotamente la claridad y precisión de una inspección

visual. En el caso del registro del depósito de chatarra se realizó

abiertamente una inspección física de todo el lugar y se examinaron

de modo visual y directo numerosas piezas de vehículos de motor. El

registro fue presenciado por los propios dueños y empleados del lugar.

Al comparar las dos situaciones, es obvio que el registro físico

referido fue mucho más intrusivo que el mero uso de una máquina de

rayos X. Por eso reiteradamente los tribunales federales han destacado

el carácter poco intrusivo del uso de los rayos X. U.S. v. Doe,

supra,(“limited intrusiveness”); U.S. v. 124,570 U.S. Currency,

supra, (“normally the intrusion is small”); U.S. v. Pulido-Baquerizo,

800 F. 2d 899, 902 (1986) (“slight privacy intrusion”); U.S. v. Wehrli,

637 F. 2d 408, 409 (“negligible social stigma”); U.S. v. Albarado,

495 F. 2d 799 (1974) (“absolutely minimal invasion of privacy”).

A la luz de todo lo anterior, parece evidente que si se puede

realizar un registro físico de un depósito de chatarra sin orden

judicial, mucho más se puede usar una máquina de rayos X en el

Aeropuerto sin tal orden. Dicho uso es mucho menos intrusivo que el

registro físico referido; el Aeropuerto es un lugar mucho más

reglamentado que el depósito de chatarra; y el interés del Estado en

el uso referido de la máquina de rayos X es superior al que tiene en

el registro físico del depósito de chatarra.

Al sopesar todo lo anterior, es menester recordar que en última

instancia la determinación medular que procede en casos como el de

autos es la de si la intervención estatal en cuestión es razonable.

El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha expresado en

términos claros sobre cuál es la tarea de los tribunales en casos como

el de autos. Ha señalado lo siguiente:

Although the underlying command of the Fourth Amendment

is always that searches and seizures be reasonable, what is

reasonable depends on the context within which the search

takes place. The determination of the standard of

reasonableness governing any specific class of searches

requires “balancing the need to search against the invasion

which the search entails. Camara v. Municipal Court, supra.

Utilizando el criterio medular de la “razonabilidad”, ¿puede

decirse que el referido uso de máquinas de rayos X en el Aeropuerto

es

irrazonable?

¿Constituye

dicho

uso

uno

de

los

desmanes

gubernamentales que provocaron el establecimiento de la garantía

constitucional invocada aquí por el peticionario?

La respuesta a las interrogantes anteriores es clara. El uso de

la tecnología de los rayos X para los fines que ello se hace en el

Aeropuerto es eminentemente razonable. Su razonabilidad la avala en

primer lugar su claro fin público. Como se ha indicado anteriormente,

el registro del equipaje de los pasajeros mediante máquinas de rayos

X se lleva a cabo para verificar si se está tratando de evadir la

responsabilidad de pagar arbitrios conforme a la Ley de Rentas

Internas. Se trata, en última instancia, de impedir que se introduzcan

subrepticiamente al país artículos sujetos al pago de arbitrios. Este

es un fin apremiante para el Estado, pues del fiel cumplimiento por

parte de los ciudadanos de las obligaciones contributivas depende que

el Estado pueda realizar sus ingentes funciones.

Su razonabilidad la avala, además, el hecho de que el referido

interés apremiante del Estado se adelanta de la forma más limitada

y objetiva posible. El uso de la máquina de rayos X es el método menos

intrusivo posible a la intimidad del pasajero. Se trata de una

intrusión mínima, que es obviamente menos ofensiva que la alternativa

de requerir que se abran las maletas y se examine su contenido, que

es la que usa válidamente la Aduana federal con relación al equipaje

de pasajeros que llegan al país en vuelos internacionales.11 No es un

registro físico de la persona; no produce la humillación o la

indignidad de éste; no se indaga en su vida privada. U.S. v. Albarado,

supra, pág. 806. Se trata, además, de un método que tiene evidentemente

la

certeza

Mientras

y

más

regularidad

uniforme

que

sea

el

se

requiere

registro

constitucionalmente.

administrativo,

menos

probabilidades hay de que se cometan injusticias o se discrimine a

base de estereotipos. Aquí la inspección por rayos X se le hace a todo

el equipaje que llega al país, sin distinción alguna. No puede haber

duda alguna sobre la certeza y regularidad del medio en cuestión.

Finalmente, la razonabilidad del uso de la máquina de rayos X la

avala el hecho de que si se exigiera la obtención de una orden judicial

previa aquí, se derrotaría el esquema jurídico-fiscal en cuestión.

Como bien señala el eminente comentarista La Fave, supra, pág. 632,

citando la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en U.S. v.

Biswell, 406 U.S. 311 (1972):

11

Aunque Puerto Rico no tiene fronteras aduaneras como es la

federal, no puede dudarse que el apremiante interés de Puerto Rico,

como isla que depende vitalmente de las importaciones, en verificar

que no haya contrabando fiscal es cuando menos tan importante que el

que tiene el gobierno federal en su sistema aduanero, que es

esencialmente un mecanismo fiscal también.

Por otro lado, debe recordarse el mandato federal mencionado antes

a que la aduana federal auxilie al Gobierno de Puerto Rico a cobrar

estos arbitrios.

... the Supreme Court has held that administrative searches

may be conducted without a warrant when the practical effect

of the warrant requirement would be to ‘frustrate the

governmental purpose behind the search’.

Si este medio tan poco intrusivo no estuviese disponible al Estado,

no podría verificarse si los pasajeros que llegan a Puerto Rico han

cumplido con la obligación de pagar arbitrios. El Estado no tiene otro

medio práctico menos intrusivo que el uso de las máquinas de rayos

X para el logro del apremiante fin público en cuestión.

En efecto, el uso de la máquina de rayos X en el Aeropuerto cumple

perfectamente el criterio de razonabilidad según ha sido definido

específicamente por el Tribunal Supremo federal para los registros

administrativos. Estos son razonables cuando “... the inspections are

neither personal in nature nor aimed at the discovery of evidence of

crime”. Camara v. Municipal Court, supra, pág. 537. El uso de la

máquina de rayos X aquí obviamente no es un registro a una persona

particular, sino al equipaje de todos los pasajeros, y se hace para

desalentar el intento de evadir el pago de arbitrios y no para fines

penales.

No

puede

haber

dudas

de

su

razonabilidad

al

amparo

precisamente del criterio específico fijado por el Tribunal Supremo

de Estados Unidos para ello.

2.

Ausencia de una expectativa razonable de intimidad

El asunto que aquí nos concierne puede ser examinado también al

amparo de otra normativa que es pertinente. Reiteradamente hemos

resuelto que para que un registro sin orden judicial sea ilícito, la

intervención del agente estatal tiene que haber violado la expectativa

razonable de intimidad de la persona afectada. Pueblo v. Rivera Colón,

128 D.P.R. 672, 684 (1991); Pueblo v. Pérez, 115 D.P.R. 827, 830

(1984); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 402 (1983); Pueblo

v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 326 (1982); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R.

324, 332 (1979). Esa expectativa de intimidad tiene dos componentes:

el primero es la expectativa subjetiva que tiene la persona afectada;

el segundo es que la sociedad como tal esté dispuesta a reconocer que

la

expectativa

subjetiva

referida

es

razonable.

California

v.

Greenwood, 486 U.S. 35 (1988); Oliver v. U.S., 466 U.S. 170, 177

(1984).

En el caso de autos, aun antes del 11 de septiembre de 2001, las

circunstancias del Aeropuerto y los numerosos registros de equipaje

que allí se realizaban hacen insostenible suponer que el peticionario

tenía una expectativa razonable de intimidad con respecto a la

inspección por rayos X del bulto en que portaba material delictivo.

En la actualidad, debido a las muchas nuevas y rígidas medidas de

inspección y vigilancia que se han establecido en el Aeropuerto como

resultado de la horrenda catástrofe del 11 de septiembre de 2001, sería

absurdo suponer que nadie que viaje a través del aeropuerto pueda tener

una expectativa razonable de intimidad con respecto a su equipaje.

Pero aun antes de esa fecha tampoco era razonable sostener tal

expectativa. Al momento de los hechos de este caso, en el Aeropuerto

referido todos los pasajeros que abordaban un avión, y el equipaje

de mano que cargaban, eran sometidos a un registro electrónico por

agentes de seguridad. Su otro equipaje, que depositaban en el avión

y que no llevaban a la mano, también era sometido a un registro

electrónico por agentes del Departamento de Agricultura federal, si

el vuelo era hacia los Estados Unidos, y por agentes de seguridad si

el vuelo era al extranjero.

Por otro lado, los pasajeros que llegaban a Puerto Rico, como el

peticionario, eran sometidos a un registro electrónico—tanto la

persona como el equipaje de mano--al abordar el avión que los trajo

al país. Si el vuelo procedía del extranjero, también estaban sujetos

a un registro físico por los agentes de aduana al llegar a Puerto Rico.

Así mismo, éstos y los que llegaban de Estados Unidos podían estar

sometidos a un registro olfativo por los canes de los agentes policíacos

encargados de impedir el narcotráfico.

El Aeropuerto, pues, aun entonces era un lugar en el cual

numerosos

y

diversos

agentes

del

orden

público —-estatales,

federales y privados—- mantenían una estrecha vigilancia sobre los

pasajeros y sus equipajes, para fines distintos: de seguridad,

penales, fiscales, de salubridad y otros. Cotidianamente se llevaban

a cabo diferentes tipos de registros, y el equipaje de un pasajero

podía estar regularmente sometido a más de uno de esos registros. ¡Aun

entonces se trataba de una plaza de múltiples inspecciones! En tales

circunstancias, ¿es razonable suponer que un pasajero, que ya había

sido registrado al abordar el avión, quizás en más de una ocasión,

continuaba teniendo una expectativa de intimidad sobre la inspección

por rayos X del bulto en el que traía material delictivo, en un local

tan público y vigilado como era el Aeropuerto? Y lo que es más

importante aún, ¿puede suponerse que la sociedad estima que tal

expectativa es razonable? ¿Puede suponerse que en las circunstancias

del Aeropuerto, el bulto con el material delictivo constituye para

la sociedad uno de esos objetos personales que merecen la más

escrupulosa

protección

constitucional

contra

la

invasión

gubernamental? Oliver v. U.S., supra, pág. 178.

La respuesta a estas interrogantes nos parece evidente.

Como

bien señaló el Tribunal de Circuito de Apelaciones federal para el

noveno circuito en U.S. v. Pulido-Barquerizo, supra, en relación al

uso de las máquinas de rayos X para fines de seguridad, “It is a privacy

intrusion we believe free society is willing to tolerate”. Así mismo,

como también señaló el Juez Friendly sobre el mismo asunto hablando

por el tribunal en U.S. v. Edwards, supra, pág. 498, “nothing in the

history of the Fourth Amendment remotely suggests that the Framers

would have wished to prohibit reasonable measures to prevent the

boarding of vessels by passengers intent on piracy”. O, como se señaló

en U.S. v. $124,570 U.S. Currency, supra, “Americans submit to metal

detectors and X rays devices without a second thought”. No vemos por

qué la muy favorable actitud pública con respecto al uso de la máquina

de rayos X sea distinta sólo porque ésta se destine a evitar la evasión

contributiva. Dicha evasión constituye un mal social que es altamente

reprochable, repudiado sobre todo por los que cumplen fielmente con

sus propias cargas contributivas. El juicio comunitario de personas

razonables que no juzgan a base de rebuscamientos legalistas sino por

sentido común, es indudablemente que, en casos como el de autos, no

es legítima la referida expectativa subjetiva de intimidad del evasor

contrabandista,

si

alguna

éste

realmente

tenía.

La

sociedad

ciertamente “está dispuesta a tolerar un tipo de intrusión menor,

socialmente deseable para el bienestar general en términos de un

pensamiento utilitario”. E.L. Chiesa, supra, pág. 229.

Nótese, además, que la situación del caso de autos no es

esencialmente distinta a la de otras situaciones en las que hemos

resuelto que la expectativa de intimidad que un individuo pueda tener

en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto

criminal es limitada. Pueblo v. Santiago, 139 D.P.R. 360, 390-91

(1995); P.R. Tel Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 345 (1983). Véase,

además, Pueblo v. Colón Rafucci, 139 D.P.R. 959, 966-67 (1996). No

debemos olvidar el juicio sobre el particular de los que redactaron

nuestra Constitución de que “las garantías personales frente al

arresto, el registro, la incautación y el allanamiento tienen su

límite en la conducta criminal.” Diario de Sesiones de la Asamblea

Constituyente, pág. 2568.

Por todo lo anterior, parece evidente que no existía en este caso

una expectativa razonable de intimidad.

* * * *

En resumen, pues, a la luz del balance de intereses que debe

hacerse en estos casos para determinar si el registro fue razonable,

Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 434-35 (1976), aquí tenemos un interés

del Estado vital y apremiante que debe sopesarse frente a una intrusión

menor y rutinaria con el equipaje de un pasajero que no puede tener

una expectativa razonable de intimidad. La balanza se inclina

inexorablemente a favor del registro administrativo en cuestión. Lo

único irrazonable aquí es la peregrina suposición de unos pocos

miembros Tribunal de que en el caso de autos el Estado ha incurrido

en un desmán de tal gravedad que amerita invalidar un medio útil y

valioso de promover su supervivencia. Suponer que se pueda privar al

Estado de esta herramienta moderna, poco intrusiva, que a nadie

incomoda excepto a los que procuran evadir las responsabilidades

fiscales que la inmensa mayoría de las personas cumplen, choca

estrepitosamente contra el sentido común y contra el sentido jurídico

auténtico.

3.

Distinción del caso de Torres v. Puerto Rico

Para concluir debe señalarse que el insólito decreto de la escasa

mayoría de nuestro Foro en el caso de autos parece estar propiciado

por el temor de que el Tribunal Supremo federal pueda revocar una

decisión nuestra que favoreciese el uso referido de las máquinas de

rayos X. Ese temor surge por razón de lo dispuesto en Torres v. Puerto

Rico, 442 U.S. 465 (1979). En ese caso, un policía de la División de

Investigaciones Criminales de Puerto Rico había detenido a un pasajero

en el Aeropuerto porque supuestamente parecía nervioso, y lo había

llevado a un cuarto aparte donde fue obligado a abrir su equipaje,

luego que se le negara la oportunidad de llamar por teléfono a un

abogado que era pariente suyo. El Tribunal Supremo federal resolvió

que tal registro era ilegal, e invalidó una disposición de una ley

nuestra que autorizaba a la Policía a registrar el equipaje de

cualquier persona que llegara a Puerto Rico. La ley aludida, según

interpretada por el Tribunal Supremo americano, no requería motivos

fundados ni orden judicial para hacer registros físicos del equipaje

de los pasajeros, aunque sí requería motivos fundados para registrar

a las personas.12 Es decir, la ley referida autorizaba a la Policía

de Puerto Rico a realizar un registro físico de índole penal a

cualquier equipaje que la Policía quisiera. El Tribunal Supremo

federal determinó que los requisitos de la Cuarta Enmienda de la

Constitución federal aplicaban a los aeropuertos del Estado Libre

Asociado y rehusó expresamente exceptuar del requisito de causa

probable a tales registros de equipaje en aeropuertos. “The government

interests to be served in the detection or prevention of crime are

subject to traditional standards of probable cause to believe that

incriminating evidence will be found.” Torres v. Puerto Rico, Id.,

pág. 471. Resulta claro, pues, que bajo la normativa constitucional

federal relativa al registro físico para fines penales de equipajes

12

La Ley 22 del 6 de agosto de 1975, 25 L.P.R.A. sec. 1051,

disponía en su sección 1 lo siguiente: "Se faculta y autoriza a la

Policía de Puerto Rico, a inspeccionar el equipaje, paquetes, bultos

y carteras de pasajeros y de la tripulación que desembarquen en los

aeropuertos y muelles de Puerto Rico provenientes de los Estados

Unidos, examinar carga que sea traída al país y llevar a cabo la

detención, interrogación y registro de aquellas personas sobre las

cuales tuvieren motivos fundados para creer que portan ilegalmente

sobre su persona armas de fuego, explosivos, sustancias narcóticas,

deprimentes o estimulantes o sustancias similares."

particulares en aeropuertos, un agente del orden público no puede

realizar tal registro sin orden judicial a menos que tenga motivos

fundados para creer que se transporta material ilícito en el equipaje.

Pero nótese que los hechos y el ámbito de la decisión referida son

muy distintos a los del caso de autos. Lo que dicha decisión prohíbe

es que se realice un registro penal físico del equipaje de personas

particulares, en circunstancias ominosas, sin haber motivos fundados

para ello, que era lo que se pretendía con la ley en cuestión. La

situación del caso de autos es muy distinta a la de Torres v. Puerto

Rico, supra. Varias circunstancias esenciales distinguen a un caso

del otro. En primer lugar, en el caso de autos no hay un registro penal,

sino uno administrativo; en segundo lugar, en el caso de autos no se

trata de un registro físico ominoso del equipaje, sino un registro

rutinario realizado mediante el medio poco intrusivo de los rayos X;

en tercer lugar, no se registra equipaje de alguna persona en

particular que había sido detenida antes del registro y ordenada a

abrir su maleta, sino el registro genérico del equipaje de todas las

personas, sin distinción, que no han sido detenidas para nada antes.

El uso rutinario y poco intrusivo de la máquina de rayos X, para fines

fiscales, con respecto a todo equipaje que llega al aeropuerto, pues,

es claramente distinguible del muy intrusivo registro físico de alguna

persona en particular, con fines penales, que se invalidó en Torres

v. Puerto Rico, supra. No debe este Tribunal apresurarse a invalidar

un apremiante esquema regulador nuestro, a base de especulaciones

cuestionables sobre lo que decidiría el Tribunal Supremo federal con

respecto a una situación tan distinguible de la de Torres v. Puerto

Rico, supra, como es la que aquí nos concierne. No es ello función

nuestra, ni la Constitución federal exige que seamos “más papistas

que el papa”. Nuestra adhesión a los principios fundamentales de la

Constitución de Estados Unidos, según interpretados por el Tribunal

Supremo norteamericano, no requiere que en un caso claramente novel

como es el de autos, se asuma una postura que va mucho más allá de

lo que ese Foro ha resuelto concretamente en situaciones que presentan

cuestiones remotamente análogas, sobre todo cuando tal postura

resulta en la invalidación de una importante política estatal. Véase,

Oregon v. Hass, 420 U.S. 714, 719 (1974).

Debe enfatizarse que las circunstancias del caso de autos y las

de Torres v. Puerto Rico, supra, son fundamentalmente distintas y

distinguibles, no sólo por las tres razones identificadas antes, sino

por otra más también que debe singularizarse. La situación de hechos

en Torres v. Puerto Rico, supra, es la instancia típica para la cual

existe la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal:

se había detenido a una persona particular arbitrariamente, y sin

motivos fundados se le había llevado a un cuarto aparte donde se le

obligó a abrir su maleta. Todo esto realizado sin orden judicial

previa.

Este

proceder

es

obviamente

de

naturaleza

gravemente

denigrante y ofensiva y constituye clásicamente el tipo de proceder

policíaco que se quiere evitar con la garantía constitucional de la

orden judicial previa. En el caso de autos, el uso de la máquina de

rayos X no involucra policías, no va dirigido a nadie en particular,

no conlleva la detención previa de persona alguna, no se obliga a nadie

a abrir su maleta ni se procura evidencia para una convicción penal.

El uso rutinario, impersonal y genérico de la máquina de rayos X no

presenta la cuestión legal que estaba presente en Torres v. Puerto

Rico, supra, sino otra esencialmente distinta de si el uso de la

máquina referida es razonable. Porque uno y otro caso tratan en lo

primordial con asuntos y situaciones legales radicalmente distintos

es la razón evidente por la cual en Torres v. Puerto Rico, supra, ni

siquiera se cita la decisión de West India Oil Co. v. Doménech, aunque

ésta y la de Torres v. Puerto Rico, supra, ambas aludían colateralmente

a la cuestión de si Puerto Rico tiene poderes aduaneros. Pretender

que el caso de autos se rige por Torres v. Puerto Rico, supra, es,

pues, igual a comparar “chinas con botellas”. Más bien, el asunto del

caso de autos es uno novel en nuestro foro judicial, aunque ha surgido

ya con mucha frecuencia en la jurisdicción federal. Conviene revisar

lo que ha sucedido en ésta. Veamos.

En la esfera federal, el asunto de los registros en los

aeropuertos se convirtió en una cuestión importante inicialmente en

la década de los setenta a raíz del surgimiento de la creciente

práctica de piratería de aviones (“hijacking”).

Como medidas de

seguridad, las autoridades correspondientes reaccionaron implantando

los registros electrónicos de pasajeros y equipaje al abordar los

aviones, y ello dio lugar a que aparecieran problemas judiciales con

respecto al alcance de los registros en los aeropuertos. Debe quedar

claro que los problemas referidos no eran con el uso de la tecnología

electrónica en tales registros. No fueron las máquinas de rayos X ni

los magnetómetros los que provocaron los principales cuestionamientos

jurídicos en los tribunales norteamericanos. Por el contrario, el uso

de estos aparatos para inspeccionar a los pasajeros y sus equipajes

se consideró de inmediato y continuamente como una medida válida para

proteger el alto interés público que existía en la seguridad de las

personas que viajaban por avión. 4 La Fave, Search and Seizure, A

Treatise on the Fourth Amendment (West 1996), págs. 638-39. Véase,

además, Chiesa, supra, pág. 323, y U.S. v. Albarado, 495 F. 2d 799

(1974).

El asunto que provocó los muchos pleitos federales que surgieron

fue lo que ocurría después que el pasajero o su equipaje eran

inspeccionados mediante los aparatos electrónicos. Así pues, con

frecuencia, en la máquina de rayos X sólo aparecía algún objeto oscuro

no identificable, lo que provocaba la sospecha de los guardias de

seguridad de que podía tratarse de algún camuflaje para ocultar armas

o explosivos. La cuestión neurálgica que surgía entonces era si

procedía que los funcionarios del aeropuerto llevasen a cabo en ese

momento un registro físico del equipaje o del pasajero, sin tener una

orden judicial para ello.

Esta, y no el uso en sí del aparato electrónico, fue la

controversia medular en numerosos casos que llegaron a los tribunales

de circuitos federales, tales como U.S. v. Doe, supra; U.S. v. Pulido

Barquerizo, supra; U.S. v. $124,570 U.S. Currency, supra; U.S. v.

Herzbrum, supra; U.S. v. Clay, 638 F. 2d 889; U.S. v. Wehrli, supra;

U.S. v. De Angelo, 584 F. 2d 46 (1978); U.S. v. Albarado, supra; U.S.

v. Cyzewski, 484 F. 2d 509 (1973); U.S. v. Edwards, supra; y U.S. v.

Bell, 464 F. 2d 667 (1972). En todos estos casos, el problema medular

lo presentaba la necesidad de armonizar el necesario registro físico

de algún equipaje particular, realizado sin orden judicial después

del registro electrónico genérico y rutinario, con las exigencias de

la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En U.S. v.

Albarado, supra, pág. 804, se formuló el problema en los siguientes

términos:

[Such searches do not seem] to fit readily within any

of the traditional exceptions to the warrant requirement and

yet each seems reasonable in the light of the overwhelming

public acceptance of the search and the necessity for it ...

... An airport search as a practical matter cannot be

subjected to the warrant procedure. The ultimate standard...

is one of reasonableness”.

El eminente Juez Friendly formuló el problema referido de manera

profunda y elocuente en U.S. v. Edwards, supra, págs. 498-99:

Although no one could reconcile all the views expressed

in the opinions of the various circuits or, indeed, of this

circuit alone, a consensus does seem to be emerging that an

airport search is not to be condemned as violating the Fourth

Amendment simply because it does not precisely fit into one

of the previously recognized categories for dispensing with

a search warrant, but only if the search is “unreasonable”

on the facts. This is altogether in line with the command

of the first clause of the Amendment, “The right of the people

to be secure in their persons, houses, papers, and effects,

against unreasonable searches and seizures, shall not be

violated...” Surprise has been expressed that “the Amendment

nowhere connects the two clauses; it nowhere says in terms

that one might expect it to say: that all searches without

a warrant issued in compliance with the condition specified

in the second clause are eo ipso unreasonable under the

first.” Trial Manual for the Defense of Criminal Cases

(Preliminary Draft No. 1, Sept. 29, 1966), Joint Committee

on Legal Education of the A.L.I. and A.B.A., 28. But, as

Professor Telford Taylor demonstrated in a brilliant

lecture, Search, Seizure and Surveillance, this was not a

lapse by the draftsmen. Rather “our constitutional fathers

were not concerned about warrantless searches, but about

overreaching warrants.” While the heavy judicial gloss that

a warrantless search is invalid unless within an appropriate

“exception” is surely here to stay, recognition of the

historical background of the Amendment, with its stress on

the seizure of books and papers on political affairs and the

search of homes for illegally imported goods, helps to

determine when an exception is justified. Nothing in the

history of the Amendment remotely suggests that the framers

would have wished to prohibit reasonable measures to prevent

the boarding of vessels by passengers intent on piracy.

En resumen, pues, en ninguna de las numerosas decisiones de los

tribunales de apelación de los circuitos federales se ha determinado

que el uso de una máquina de rayos X para un registro administrativo

sea inconstitucional. Más aun, en la generalidad de estos casos, el

propio Tribunal Supremo federal ha denegado la solicitud de certiorari

que los afectados presentaron ante ese Foro, intimando así que la

doctrina jurisprudencial desarrollada por los tribunales de circuito

es la correcta.

En efecto, recientemente dicho Tribunal Supremo

resolvió expresamente que la expectativa de intimidad de los pasajeros

de avión con respecto a su equipaje es menor que la que existe de

ordinario. Véase, Florida v. J.L., 68 Law Week 4236 (2000).

Más aun, en muchas de las decisiones federales referidas no sólo

se ha dado por sentado que el uso de la máquina de rayos X en los

registros en aeropuertos es válido sino que, además, se han aprobado

incluso los registros físicos de los propios pasajeros o de su

equipaje referidos antes. Se ha hecho hincapié en que el uso del medio

electrónico es una intrusión mínima mientras que el registro físico

es una intrusión grave (“gross invasion of one’s privacy, U.S. v.

Albarado, supra, pág. 807); pero aun así se ha convalidado inclusive

el

registro

físico,

por

considerarse

razonable.

Siguiendo

la

metodología tradicional en este campo del derecho constitucional, se

ha balanceado el derecho a la intimidad de los pasajeros con el alto

interés público en la seguridad en el aeropuerto, conscientes los

jueces federales de que en estos tipos de registros no están presentes

los desmanes gubernamentales que se quieren proscribir mediante la

aplicación de la Cuarta Enmienda.

El caso de autos, según se ha señalado antes, es un caso novel.

No se ha ni siquiera planteado en la esfera federal una impugnación

del uso de la máquina de rayos X en un aeropuerto en el contexto del

interés

de

una

jurisdicción

estatal

de

proteger

su

propia

supervivencia evitando la evasión contributiva, ni es probable que

se plantee, a no ser en un caso de Puerto Rico.13 Si la situación de

la piratería aérea referida antes se consideró sui generis por los

tribunales federales, U.S. v. Herzburn, supra, pág. 775, y por lo tanto

13

En toda probabilidad no ha surgido el asunto porque los estados

de la Unión, de haber alguno que tenga un sistema de arbitrios como

el de Puerto Rico, no tienen autoridad para hacer valer el arbitrio

mientras los artículos sobre los cuales recae son importaciones que

están aún en su “original package”. Según se explicó antes, se trata

de una autoridad especial que Puerto Rico tiene.

justificativa de consideraciones especiales bajo la Cuarta Enmienda

(“special Fourth Amendment considerations apply” Id.), igualmente ha

de considerarse así la del caso de autos, que también es sui géneris,

sin posible paralelo en la generalidad de los estados de la Unión.

Involucra una Isla con enormes problemas económicos, que vive de las

importaciones, y a la cual el Congreso de Estados Unidos, desde hace

más de un siglo ya, le concedió un amplísimo poder de imponer arbitrios

sobre los artículos que se introducen al país, más amplio que el que

tienen los estados de la Unión, y que incluso incluye un mandato a

la Aduana federal y al Correo de ayudar a hacer efectivo ese poder.

31 Stat. 77. El historial relatado antes, sobre el acomodo que los

tribunales federales le han extendido a las necesidades de seguridad

o de salubridad (U.S. v. Schafter, 461 F. 2d 856 (1972)), al permitir

los registros físicos en los aeropuertos, sugiere claramente que el

uso tan poco intrusivo de la máquina de rayos X en nuestro Aeropuerto

para proteger un fin estatal apremiante sería considerado como

legítimo por el más alto foro federal, por su eminente razonabilidad

y por ser una situación muy particular nuestra, que se ampara en una

necesidad de Puerto Rico que ha sido refrendada por el Congreso de

Estados Unidos. No tiene sentido jurídico alguno, pues, que a base

de temores infundados y de una aplicación deficiente de los principios

jurídicos pertinentes, unos pocos miembros de este Tribunal estén

dispuestos a aherrojar al Estado en cuanto a un asunto tan vital a

su supervivencia, que no representa desmán de clase alguna y que el

público claramente acepta.

4.

Otros usos de medios electrónicos de inspección

Para concluir, debe hacerse una breve mención de una instancia

previa en la que este Tribunal ha permitido el uso de un mecanismo

electrónico para un tipo de inspección de las personas y de sus bultos.

Se trata específicamente del registro por medios electrónicos de la

mercancía obtenida

en una empresa comercial, que el consumidor lleva

consigo en su persona o en alguna cartera, bolsa o bulto. En Soc.

Gananciales v. G. Padín Co. Inc., 117 D.P.R. 94, 107 (1986),

establecimos como norma general que en aras de proteger su derecho

de propiedad, los establecimientos comerciales podían utilizar el

sistema

electrónico

de

registro

conocido

como

sensormatic

“o

cualquiera otro similar” con el fin de evitar el hurto de la mercancía

que se vende en dichos establecimientos, sin ninguna orden judicial

previa.

Es de conocimiento general que alguno de los medios aludidos son

esencialmente similares a los magnetómetros, y realizan un registro

electrónico de la persona cuando ésta pasa por un arco electrónico

ubicado a la salida de la tienda.

El medio referido emite una alarma

si la mercancía que la persona lleva consigo no ha sido desactivada.

A la luz de lo anterior cabe preguntarse por qué al menos tres

de los cuatro Jueces de la escasa mayoría de este Tribunal pretende

aquí negarle al Estado el uso de un medio de registro electrónico para

viabilizar un fin público legítimo y apremiante, cuando ya se le ha

permitido usarlo a las empresas comerciales para que éstas se protejan

en contra del hurto de su propiedad. ¿Es que el interés referido de

las empresas comerciales es superior al interés del Estado en evitar

la

evasión

contributiva?

¿Por

qué

puede

la

empresa

comercial

socorrerse mediante el uso de tecnología moderna poco invasiva del

derecho a la intimidad pero el Estado NO, cuando ese derecho a la

intimidad protege a las personas de intrusiones realizadas tanto por

el

Estado

como

por

entidades

privadas,

según

hemos

resuelto

reiteradamente? ¿No debe este Tribunal ser consistente en sus

pronunciamientos y decretos normativos? ¿O es que no estamos obligados

a proteger los intereses apremiantes del Estado con el mismo celo que

protegemos los intereses de propiedad de las empresas privadas?

Parece evidente que, por la misma lógica de razonabilidad que

usamos para aprobar el uso de los registros electrónicos en los

establecimientos comerciales, estamos compelidos a aprobar el uso de

la máquina de rayos X en el Aeropuerto.

Resolver de otro modo sólo

refleja

normativa

nuestra

grave

inconsistencia

o

quizás

una

animosidad frente a legítimos intereses del Estado que no es parte

de la función judicial.

III

Pasemos ahora al análisis de los otros aspectos del registro en

este caso. “Si el registro es razonable o no, dependerá de los hechos

y circunstancias especiales de cada caso, ‘la atmósfera total’. Pueblo

v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).” Pueblo v. Acevedo Escobar,

112 D.P.R. 770, 776 (1982).

En el caso de autos, el agente de Rentas Internas inspeccionó el

equipaje del acusado, al igual que todo otro equipaje del vuelo,

mediante la máquina de rayos X, en virtud de la Ley de Rentas Internas

referida. Dicho agente, que tenía adiestramiento y experiencia en la

labor de detectar material tributable escondido, observó en la

pantalla de la máquina de rayos X que el equipaje del acusado incluía

un bulto oscuro que parecía ser material tributable. En vista de ello,

y en virtud de la autoridad que le proveía la Ley referida, el agente

procedió a preguntarle al acusado sobre qué llevaba en sus maletas.

Esta segunda fase de la intervención del agente de Rentas Internas

fue evidentemente válida también. El peticionario no estaba bajo

custodia ni fue objeto de un interrogatorio. No estaban presentes las

circunstancias

requeridas

para

que

se

activasen

las

llamadas

protecciones y advertencias de Miranda. E. Chiesa, supra, págs. 44-53.

Se trataba de una mera interpelación, que el agente venía obligado

a hacer para cumplir con su deber. Ya antes hemos resuelto que los

agentes del orden público tienen la obligación de investigar la

posible actividad delictiva. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139,

144 (1985). En el ejercicio razonable de esa obligación, pueden hacer

preguntas pertinentes a su investigación a personas que se encuentran

en circunstancias sospechosas. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762,

771 (1991). El agente, pues, actuó legítimamente al inquirir sobre

el contenido de las maletas del acusado.

Cabe señalar que la situación del caso de autos es esencialmente

similar a la que tuvo ante sí el Tribunal Supremo de Estados Unidos

en Florida v. Rodríguez, 469 U.S. 1 (1984). Allí unos agentes del orden

público se acercaron a un pasajero en un aeropuerto, luego de observar

cierta conducta sospechosa de parte de éste. Los agentes pararon al

pasajero y le hicieron algunas preguntas. El más alto foro judicial

federal determinó que la intervención referida de los agentes con el

pasajero era válida. Indicó que una detención temporera en un

aeropuerto, como la de dicho caso, era permisible debido al gran

interés público que existe en la prevención de transacciones ilegales

relacionadas al narcotráfico. En particular, el Tribunal Supremo

federal resolvió que:

“the initial contact between the officers and respondent,

where they simply asked if he would step aside and talk

with them, was clearly the sort of consensual encounter

that implicates no Fourth Amendment interest.” Id, a la

pág. 171.

Más recientemente, el 17 de junio de 2002, el Tribunal Supremo

de Estados Unidos reiteró y abundó sobre este asunto. Se trababa de

un caso en el cual tres policías estatales llevaron a cabo una

inspección de rutina de un autobús. Abordaron el vehículo sin siquiera

tener sospechas sobre alguno de los pasajeros, y comenzaron a

interrogar a varios de ellos, sin antes advertirles que no estaban

obligados a responder. Uno de los policías, que carecían de una orden

judicial previa, le preguntó a uno de los pasajeros si podía

inspeccionar su equipaje. El pasajero no objetó y el policía procedió

a realizar la inspección referida, pero no encontró material delictivo

en el equipaje. Entonces el policía le preguntó al pasajero que si

podía inspeccionar su propia persona. El pasajero no objetó. El

policía procedió con el registro personal y encontró que el pasajero

en cuestión tenía bolsas de cocaína adheridas a sus piernas. El policía

procedió a arrestar al pasajero.

En este contexto, el más alto foro federal americano validó la

acción de los policías antes relatada y resolvió que los policías

podían interrogar los pasajeros al azar y solicitarles su permiso para

registrar sus personas y equipajes, aun sin haberles advertido antes

que no estaban obligados a cooperar. U.S. v. Drayton, 2002 Law Week

4552. Resolvió así mismo que si la conducta de la policía no era

coercitiva o intimidante, el registro referido sin orden judicial

previa era válido por haber sido consentido. Id.

En U.S. v. Drayton, supra, hubo tres jueces disidentes. Estos

protestaron que los otros seis jueces del foro, quienes apoyaron la

opinión del Tribunal, hubiesen extendido aquí a un autobús el tipo de

conducta policial referida, que antes sólo se había permitido en los

aeropuertos, 2002 Law Week 4556. Todos los miembros del Tribunal, pues,

reiteraron así el amplio alcance de los registros policíacos que pueden

realizarse en los aeropuertos sin orden judicial previa, debido a las

circunstancias especiales de éstos.

En el caso de autos, el pasajero no sólo contestó la pregunta del

agente de Rentas Internas, sino que incluso admitió que tenía

marihuana en las maletas. Hizo voluntariamente una admisión de

conducta delictiva. El agente entonces le pidió al pasajero que

abriese las maletas en cuestión, lo que éste hizo sin objeción o reparo

alguno. Se ha planteado ante nos que se realizó así un registro

inválido porque el agente no tenía una orden judicial para abrir las

maletas del acusado.

Como se sabe, al interpretar el concepto de “razonabilidad”,

hemos reconocido excepciones concretas al principio de invalidez de

los registros realizados sin orden judicial previa. Una de ellas es

cuando la persona con autoridad respecto a la cosa a ser registrada

consiente voluntariamente a que se realice el registro. Pueblo v.

Santiago Alicea, 138 D.P.R. 230 (1995); Pueblo v. Narváez Cruz, 121

D.P.R. 429, 436 (1988). Si el titular del derecho lo renuncia, el

registro sin orden resulta válido. Tal renuncia puede ser implícita

(tácita). Pueblo en interés del menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994);

Schekloth v. Bustamante, 412 U.S. 218, 234 (1973). “Una forma en que

se entiende prestado el consentimiento implícito es aquella donde una

persona obedece sin protestar el pedido de un funcionario; la persona

no accede expresamente [a lo pedido] pero su acto, en unión al examen

de la totalidad de las circunstancias, demuestra su intención de

consentir al registro”. Pueblo en interés del menor N.O.R., supra,

a la pág. 965.

La norma que permite el registro sin orden judicial cuando existe

consentimiento tácito o implícito la anunciamos por primera vez en

Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982). En ese caso, unos

agentes del orden público detuvieron un vehículo de motor con la

intención de solicitarle al conductor las licencias de conducir y del

vehículo. Uno de los agentes le solicitó, además, que abriera el baúl

del vehículo. El conductor accedió, y se encontró dentro de éste un

bulto cerrado del cual salía olor a marihuana. Se procedió a abrir

el bulto, encontrándose la droga allí. Resolvimos entonces que el baúl

había sido abierto válidamente, por consentimiento del conductor.

Resolvimos, igualmente, que el bulto también había sido abierto

válidamente, por encontrarse la evidencia a plena vista (olfato).

Como puede observarse, en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,

realmente reconocimos dos excepciones a la norma constitucional que

requiere una orden judicial previa para el registro: la excepción del

registro consentido tácitamente, y la excepción del registro cuando

la evidencia está a plena vista. Ya antes, en Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422 (1976), habíamos resuelto que es válido un registro sin

orden judicial cuando el agente del orden público encara un acto ilegal

a plena vista. Señalamos allí que si el agente que realiza el registro

tenía derecho a estar en el lugar donde se descubre la prueba y éste

la descubre directamente antes del registro, entonces el registro en

cuestión puede realizarse válidamente sin orden judicial y ello no

viola los derechos del acusado bajo las disposiciones de la Sec. 10

del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Id., págs. 435-36.

En el caso de autos, a la luz de la normativa referida en los tres

párrafos

anteriores,

es

evidente

que

el

planteamiento

del

peticionario sobre el supuesto registro inválido, es inmeritorio.

Para comenzar, tenemos ante nos una situación de registro consentido,

que es una de las excepciones a la garantía constitucional de que los

registros se realizaran mediante orden judicial. El pasajero en este

caso no se rehusó a abrir sus maletas cuando el agente de Rentas

Internas se lo pidió. Ciertamente la situación en el caso de autos

se rige por nuestra decisión en Pueblo en interés del menor N.O.R.,

supra. En dicho caso, un agente de seguridad le solicitó a un

adolescente que se subiera la camisa, para comprobar su sospecha de

que el menor estaba armado. El menor entonces cumplió parcialmente

con lo solicitado y subió sus manos, lo que permitió que visualmente

se efectuara un registro sobre la persona del menor. Resolvimos allí

que el registro aludido era válido, aunque no había mediado una orden

judicial. Señalamos que el menor N.O.R., al subir las manos sin

objeción alguna, consintió tácitamente al registro sin orden. En dicho

caso se trataba de un menor de edad, mientras que en el de autos el

acusado era una persona de mayor edad que aquél, un joven de veintidós

años de edad. En ninguna de las dos situaciones los agentes respectivos

realizaron acto alguno de coacción. El incidente en el caso de autos

también ocurrió en un lugar público y abierto. Vistas en conjunto la

totalidad de las circunstancias, debemos concluir que el pasajero

consintió voluntariamente al registro, tal como resolvimos con

respecto al menor en Pueblo en interés del menor N.O.R., supra.

Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta que en el caso de autos

el pasajero admitió que tenía droga ilícita en sus maletas, antes de

que el agente de Rentas Internas le pidiese que las abriera. Esa

admisión de actividad criminal es comparable a la situación en que

un agente del orden público presencia un acto delictivo a simple vista,

que es otra circunstancia en la cual procede el registro sin orden

judicial. Son situaciones análogas porque en una y otra es patente

que se está cometiendo un delito. En ambas es incuestionable la

razonabilidad del registro sin orden. Por ello ya hemos resuelto que

un agente del orden público puede proceder a arrestar sin orden

judicial a una persona que ha hecho admisiones incriminatorias sobre

la comisión de un delito, Pueblo v. Alcalá Fernández , 109 D.P.R. 326

(1980). Por idénticos fundamentos, debe resolverse ahora que procede

el registro sin orden judicial de una maleta cuando su dueño le ha

admitido a un agente del orden público que lleva material delictivo

en dicha maleta.

Habiendo hecho una admisión incriminatoria sobre la comisión de

un delito, el pasajero en el caso de autos no podía albergar una

expectativa válida de intimidad con respecto a las maletas en las cuales

portaba una droga ilícita. Pueblo v. Santiago Feliciano, supra.

Por todas las razones y fundamentos señalados, es evidente que

el registro del caso de autos fue razonable. Debe recordarse que “la

protección que garantiza la Constitución no es contra la intromisión

del Estado per sé, sino contra la que sea abusiva o irrazonable.”

Pueblo

v.

Santiago

Feliciano,

supra.

Lo

que

evaluamos

es

la

razonabilidad de la actuación gubernamental a la luz del fin legítimo

que se persigue. Una vez el acusado admitió que llevaba marihuana,

lo más razonable era que el agente le solicitara que abriera las

maletas para corroborar si en efecto ello era verdad, lo que el acusado

hizo voluntariamente. No hubo, pues, registro ilegal.

Como

en

el

caso

de

autos

la

mayoría

“ve”

actuaciones

gubernamentales ilegales, donde ningunas existen realmente, yo

disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO