LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ISRAEL MELENDEZ ESQUILIN Y OTROS V. CENTRO MEDICO DR. JOSE RAMOS LEBRON Y OTROS

2002 TSPR 67

Poder Judicial de Puerto Rico

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ISRAEL MELENDEZ ESQUILIN Y OTROS V. CENTRO MEDICO DR. JOSE RAMOS LEBRON Y OTROS

CC-2000-0631

SEN/OC EN PARTE Y DIS EN PARTE

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Meléndez Esquilín y otros

Certiorari

Demandantes-Recurrentes

2002 TSPR 67

v.

156 DPR ____

Centro Médico Dr. José Ramos Lebrón

y otros

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-2000-631

Fecha: 17/mayo/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Juez Ponente:

Hon. Andrés E. Salas Soler

Abogados de la Parte Recurrente:

Lcda. Rosa E. Permuy Calderón

Lcdo. Juan R. Zalduondo Viera

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Gonzalo J. Barreras Varona

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Meléndez Esquilín,

por sí y en representación

de la Sociedad Legal de

Gananciales que tuviere con

Gilda María Rivera Hiraldo;

y en representación de la menor

María Arelis Meléndez Rivera;

Israel Meléndez Rivera y su

esposa Egda Reyes

Demandantes-Recurrentes

CC-2000-631

v.

Centro Médico Dr. José Ramos

Lebrón; Dr. Ramón Paoli Bruno;

Fulana de Tal; y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta

por Dr. Ramón Paoli Bruno y

Fulana de Tal; Dr. Reginald

Neptune Torres; Zutana de Tal

y la Sociedad Legal de Gananciales

Compuesta por Dr. Reginald

Neptune Torres y Zutana de Tal;

XYZ Insurance Company

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2002

La parte demandante peticionaria, Israel Meléndez Esquilín y otros,

nos solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones el cual denegó un recurso de certiorari instado contra una

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao (Hon. Luis A. Amoros Alvarez).

Mediante dicha resolución, el

tribunal de instancia resolvió que a la parte codemandada recurrida,

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, no le corresponde el pago

de los intereses por temeridad, como tampoco de los honorarios de abogado

impuesta mediante sentencia previa a su asegurado, el codemandado Dr.

Reginald Neptune Torres.

I

El presente caso tiene su inicio procesal el 20 de diciembre de 1991

con la presentación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Humacao, de una demanda de daños y perjuicios por impericia médica al

amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §

5141,

en

contra

del

Dr.

Reginald

Neptune

Torres,

su

aseguradora,

Corporación Insular de Seguros, y otros.

El 21 de diciembre de 1992, se decretó la insolvencia de la Corporación

Insular de Seguros 1 .

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos

compareció en representación de Corporación Insular, a tenor con la Ley

Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, 26 L.P.R.A. § 3801 et seq., y solicitó

se paralizaran todos los procedimientos en los que ésta era parte.

Los

procedimientos en el caso de autos volvieron a restablecerse el 3 de junio

de 1994, cuando la Asociación de Garantía compareció al litigio para ofrecer

representación legal y cubierta al codemandado Dr. Neptune Torres, bajo

la póliza emitida por la Corporación Insular de Seguros y que estaba vigente

al momento de los hechos.

Luego de varios incidentes procesales y un prolongado juicio, el

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia condenando al médico

demandado y a la Asociación al pago de $250,000.00 por los daños sufridos

por los demandantes más la suma de $12,000.00 en concepto de honorarios

de abogado, más las costas, previa aprobación por el tribunal de memorando

a tales efectos.

Inconforme con lo resuelto por instancia, la Asociación de Garantía

presentó recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

el 15 de marzo de 1999.

Entre los errores señalados, dicha codemandada

adujo que el tribunal incidió al encontrarla temeraria y al conceder costas

y gastos sin que dichas partidas fueran evidenciadas.

1

El Tribunal de Primera Instancia decretó la insolvencia de la Corporación

en el caso Núm. KAC 92-1745 (902) Rexach Chandri v. Corporación Insular de

Seguros.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia el 10 de agosto

de 1999 en la que confirmó la sentencia apelada, modificando únicamente

el memorando de costas, a los fines de descontar las partidas incluidas

por concepto de gastos ordinarios de oficina.2

Así las cosas y a los fines de ejecución de la sentencia dictada, las

partes presentaron una “Moción sobre Acuerdo entre el Demandante y

Codemandado, Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos”, suscrita

entre ambas partes con fecha 9 de noviembre de 1999, éstas indicaron al

tribunal de instancia haber acordado que la Asociación pagaría la cantidad

de $99,900.00 como suma máxima3 e informaron, además, de la existencia de

una controversia a ser dilucidada por el tribunal con relación al pago de

los intereses, costas y honorarios de abogado. Luego de haber celebrado

una vista y de que las partes sometieran sus respectivos alegatos, el

Tribunal de Primera Instancia resolvió que a la Asociación no le corresponde

el pago de tales intereses por temeridad como tampoco de los honorarios

de abogado impuestos por tal concepto.

Inconforme, la parte demandante acudió mediante recurso de certiorari

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Dicho tribunal emitió

sentencia en la cual confirmó la resolución recurrida al efecto de que la

Asociación no venía obligada a pagar los intereses y honorarios por

temeridad en exceso del límite de la póliza que asciende a la suma de

$99,900.00, y que cualquier pago por estos conceptos en exceso de la

cubierta de la póliza asumida por la Asociación, correspondía al asegurado,

Dr. Reginald Neptune Torres.

II

En su primer señalamiento de error en el presente recurso aduce la

parte peticionaria que incidió el tribunal apelativo al enmendar su

sentencia de 10 de agosto de 1999, a pesar de que ésta era final y firme.

2

Mediante el descuento decretado por el tribunal apelativo, la partida de

costas aprobada por el tribunal de instancia, la cual ascendía a la cantidad

de $14,156.00, se redujo a la cantidad de $13,081.00.

Sostiene que, habiendo la Asociación planteado ante el foro apelativo la

controversia relacionada al pago de costas, honorarios de abogado e

intereses y sostenido dicho tribunal la procedencia de tales partidas en

dicha

sentencia, la cual advino final y firme, el Tribunal de Circuito

de Apelaciones estaba impedido de reexaminar y alterar su pronunciamiento

anterior en virtud de la doctrina de la Ley del Caso.

No le asiste la razón.

El señalamiento de la demandante peticionaria parte de la premisa

equivocada de que el tribunal apelativo había adjudicado el planteamiento

de la Asociación en torno a la improcedencia de la condena en su contra

por costas, honorarios e intereses por temeridad, en virtud de las

disposiciones del Código de Seguros.

En esa primera ocasión, la Asociación

se limitó a impugnar la imposición de honorarios, intereses y costas al

asegurado Dr. Neptune Torres bajo el fundamento de que las partidas eran

exageradamente altas y no habían sido evidenciadas y nada se adjudicó

respecto al pago por la Asociación de tales partidas en exceso del límite

de la cubierta de la póliza asumida por ésta bajo las disposiciones del

Código de Seguros de Puerto Rico.

Tales fueron los argumentos que fueron

descartados por el tribunal apelativo, al sostener mediante su dictamen,

la procedencia de la imposición de costas, honorarios e intereses al

codemandado.

En vista de lo anterior resulta improcedente el argumento de la parte

peticionaria a los efectos de que el foro apelativo había resuelto la

controversia en cuestión, ya que lo que tuvo ante su consideración en ambas

ocasiones, tanto en la sentencia de 10 de agosto de 1999 como en la del

9 de junio de 2000, eran asuntos distintos y no mutuamente excluyentes.

III

En su segundo señalamiento de error aduce la parte demandante

peticionaria, en síntesis, que incidió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al relevar a la Asociación del pago de costas, honorarios e

El 15 de octubre de 1999, la Asociación había consignado la referida suma

de dinero ($99,900.00), conforme al Artículo 38.080(1)a(3), 26 L.P.R.A.

§ 3808(1)(a)(3).

3

intereses

presentencia

y

postsentencia.

Sostiene

que

procede

la

imposición a la Asociación del pago de tales partidas bajo la Regla 44 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44. Le asiste la razón.

Veamos.

La Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991 creó la Asociación de Garantía

de Seguros Misceláneos de Puerto Rico en sustitución de la anterior

Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad

y Salud de Puerto Rico.

Dicha entidad conservó similar propósito que su

antecesora, esto es, establecer un mecanismo para cuando una aseguradora

adviniera insolvente, efectuar el pago de las pérdidas cubiertas bajo

determinadas pólizas, con el fin de proteger a los reclamantes y asegurados

bajo tales pólizas como resultado de dicha insolvencia. 26 L.P.R.A. § 3802.

La Asociación de Garantía está compuesta por todos los aseguradores

autorizados o que pudieran autorizarse en el futuro, a suscribir y que

suscriban dentro de Puerto Rico, seguros de todas clases excepto aquéllos

determinados por la ley.

26 L.P.R.A. § 3803.

Los fondos necesarios para

cubrir el costo de esa protección entre los miembros aseguradores se

establecen mediante la imposición de derramas a los aseguradores miembros.

26 L.P.R.A. § 3808.

La ley autoriza a recobrar las derramas pagadas por

los aseguradores miembros de las tarifas y primas a cobrarse a los

asegurados. 26 L.P.R.A. § 3816.

El estatuto consignó específicamente que los derechos, poderes y

obligaciones del asegurador insolvente se extienden a la Asociación hasta

el límite de su responsabilidad, como si éste no estuviera insolvente. 26

L.P.R.A. § 3808. Por ello responde la Asociación por todo lo que respondería

cualquier aseguradora dentro del límite estatuido, incluyendo el pago de

costas, honorarios e intereses.

Además, y conforme a nuestra reciente decisión en el caso Montañéz

López y otros v. Universidad de Puerto Rico y otros, res. el 21 de marzo

de 2002; 2002 TSPR 33, la Asociación de Garantía responde como cualquier

otro

litigante

común

por

los

intereses

legales,

(presentencia

y

postsentencia), las costas y honorarios de abogado que genere el pleito,

aun cuando otorgarlos sobrepase la cantidad límite por reclamación que la

Asociación está obligada a pagar.

La obligación de pagar costas y honorarios de abogado surge de la Regla

44.14

(a) y (d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(a)

y (d).

De otra parte, los intereses por temeridad y los intereses

postsentencia se conceden por virtud de la Regla 44.35 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 44.3.

4

Regla 44.1

Las costas y honorarios de abogado

(a) Su concesión.- Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en

aquellos casos que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas.

Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos

necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley

ordena o que el tribunal, a su discreción, estima que un litigante debe

reembolsar a otro.

(b)

Cómo se concederán.-...

(c ) En apelación.-...

(d) Honorarios de abogado.- En caso que cualquier parte o su abogado

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle

en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios

de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.

5

Regla 44.3; Interés legal

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y

que está en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia

que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia

desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha,

incluyendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará

constar en la sentencia.

La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por

sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el

objetivo de desalentar la radicación de demandas frívolas, evitar la

posposición irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones existentes

y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible.

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con

temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud

del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse

la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro

de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y

perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre

la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

sus

municipios,

agencias,

instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. El tipo de

interés se hará constar en la sentencia.

En el mencionado caso Montañéz López y otros v. Universidad de Puerto

Rico y otros, supra, también determinamos que la Asociación no está obligada

a pagar honorarios de abogado e intereses incurridos previo a la insolvencia

de la aseguradora y a su comparecencia en el litigio, ya que la determinación

de temeridad es una de carácter individual. Ésta sólo puede ser responsable

por su propia temeridad.

IV

Con estos fundamentos en perspectiva, veamos los hechos que nos

presenta la controversia de autos.

La demanda en daños y perjuicios fue presentada el 20 de diciembre

de 1991.

El 21 de diciembre de 1992, un año más tarde, se decretó la

insolvencia de la Corporación Insular. Se paralizaron los procedimientos

hasta el 3 de junio de 1994, fecha en que compareció la Asociación en

representación del asegurado.

De ahí en adelante el asegurado siempre

estuvo representado por la Asociación de Garantía.

El 3 de junio de 1997

el tribunal de instancia dictó sentencia parcial condenando al Dr. Neptune

Torres tanto al pago de daños como de costas y honorarios de abogados.

El

tribunal apelativo, una vez impelido, rehusó expedir el auto por entender

que dicho dictamen era uno interlocutorio.

Así las cosas, el 16 de febrero

de 1999 el tribunal de instancia emitió una sentencia final disponiendo

de los asuntos ante sí.

Trabada luego la controversia en cuanto a si la

Asociación responde por los intereses, costas y honorarios, el 25 de octubre

de 1999 la Asociación consignó en el tribunal la suma de $99,900.00.

En vista de lo anterior, procede devolver los autos al Tribunal de

Primera Instancia para que determine la responsabilidad individual de la

Asociación, desde el momento en que compareció al pleito y haga el

correspondiente reajuste, si así lo determina, de las cantidades impuestas

en concepto de honorarios de abogado e intereses por temeridad.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió opinión

concurrente en parte y disidente en parte.

Pérez no interviene.

El Juez Asociado señor Rivera

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri inhibido.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Meléndez Esquilín,

Por sí y en representación

de la Sociedad Legal de

Gananciales que tuviere con

Gilda María Rivera Hiraldo;

y en representación de la menor

María Arelis Meléndez Rivera;

Israel Meléndez Rivera y

su esposa Egda Reyes

Demandantes-Recurrentes

v.

Centro Médico Dr. José Ramos

Lebrón; Dr. Ramón Paoli Bruno;

Fulana de Tal; y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta

por Dr. Ramón Paoli Bruno y

Fulana de Tal; Dr. Reginald

Neptune Torres; Zutana de Tal y

la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por

Dr. Reginald Neptune Torres y

Zutana de Tal; XYZ Insurance

Company

Demandados-Recurridos

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CC-2000-631

Opinión Concurrente en Parte y Disidente en Parte emitida por el Juez Asociado

SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2002.

Concurrimos con la Mayoría de este Tribunal con respecto a lo

resuelto en el Acápite II. No obstante, disentimos en cuanto a los

Acápites III y IV por entender que la Asociación de Garantía de Seguros

Misceláneos de Puerto Rico (en lo sucesivo “la Asociación”) no es

responsable de los honorarios de abogado, costas e intereses por

temeridad sobre la partida de daños concedida por sentencia.

I

El 20 de diciembre de 1991, el Sr. Israel Meléndez Esquilín, por

sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales que tuviere

con la Sra. Gilda María Rivera Hiraldo; y en representación de la menor

María Arelis Meléndez Rivera; y el Sr. Israel Meléndez Rivera y su

esposa, Egda Reyes (en lo sucesivo “los demandantes”), instaron acción

en daños y perjuicios por impericia médica contra el Centro Médico,

Dr. José Ramos Lebrón; 6 el Dr. Reginald Neptune Torres y la

aseguradora XYZ, entre otros.7

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia

parcial el 3 de junio de 1997 condenando al Dr. Neptune Torres al pago

de $250,000.00 por los daños sufridos por los co-demandantes;

$12,000.00 por concepto de honorarios de abogado; más las costas,

previa autorización del tribunal del memorando correspondiente.

Desestimó la demanda en cuanto al codemandado, Dr. Ramón N. Paoli

Bruno.

El 13 de junio de 1997, los demandantes presentaron Memorando

de Costas y Gastos. El 18 de junio de 1997, la Asociación, en interés

6

El Centro Médico, Dr. José Ramos Lebrón solicitó la

desestimación, con perjuicio, de la reclamación presentada en su

contra, luego de que la Corte Federal de Quiebras emitiera una orden

el 24 de febrero de 1994 decretándolo insolvente. Los demandantes

se allanaron a dicha solicitud, razón por la cual el tribunal de

instancia emitió sentencia parcial el 21 de abril de 1994 ordenando

la desestimación, con perjuicio, en cuanto al Centro Médico, Dr. José

Ramos Lebrón.

7

Originalmente, la aseguradora del Dr. Neptune Torres era la

Corporación Insular de Seguros (C.I.S.). Sin embargo, surge de los

autos originales del Tribunal de Primera Instancia que, mediante

orden enmendada de 4 de enero de 1993, dicho foro, en el caso núm.

KAC 92-1745 (902), Ralph J. Rexach Chandri v. Corporación Insular

de Seguros, decretó la insolvencia de la C.I.S., efectiva el 21 de

diciembre de 1992. A solicitud de la Asociación, se paralizaron los

procedimientos en todos los casos en donde la C.I.S. era parte

interesada o venía obligada a representar a una parte en el pleito.

En el presente caso, una vez la C.I.S. se acogió al proceso de

liquidación, la Asociación como continuadora de aquélla en virtud

de la Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, 26 L.P.R.A. sec. 3801 et

seq., compareció, por conducto del Lic. Gonzalo J. Barreras Varona,

en representación del médico. Este caso se reabrió, a instancia de

la Asociación, el 3 de junio de 1994, fecha en que se celebró una

vista sobre el estado de los procedimientos. Culminado el

descubrimiento de prueba, se

continúa...

... 2 continuación

celebró el juicio en su fondo los días 18, 19, 20 y 21 de junio de

1996; 20 de noviembre de 1996 y 18 de febrero de 1997.

del Dr. Neptune Torres, se opuso aduciendo que los demandantes no

justificaron ni evidenciaron tales gastos.

Inconforme con el dictamen del tribunal de instancia, el Dr.

Neptune Torres compareció ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

(el TCA) mediante dos recursos diferentes. 8 Impugnó, entre otras

cosas, la concesión de costas y honorarios de abogado a favor de los

demandantes. No obstante, el 27 de enero de 1998, tras consolidar ambos

recursos, el foro apelativo se negó a expedir el auto por entender

que el dictamen del tribunal de instancia era uno interlocutorio, por

lo que no procedía considerarlos en esa etapa de los procedimientos.

A solicitud de los demandantes, el 16 de febrero de 1999, el

tribunal de instancia emitió una sentencia final enmendada teniendo

por desistida la causa de acción de los demandantes contra los

codemandados de nombre desconocido y teniendo por desistida a la

codemandante, Egda Reyes, por ésta no presentar prueba a su favor.

Luego de que el tribunal de instancia dispusiere finalmente de todas

las reclamaciones, la Asociación nuevamente recurrió en apelación

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de la sentencia que el

tribunal de instancia dictó el 3 de junio de 1997. El foro apelativo

emitió sentencia el 10 de agosto de 1999 confirmando el dictamen del

tribunal de instancia, mediante el cual se le impuso al Dr. Neptune

Torres el pago de honorarios de abogado, intereses por temeridad y

costas. Sin embargo, modificó la orden de aprobación del memorando

de costas en determinados renglones.

El 25 de octubre de 1999, la Asociación presentó ante el tribunal

de instancia una Moción de Consignación junto a un cheque por la

cantidad de $99,900.00. Solicitó que se retuviera el mismo hasta tanto

se resolviera la controversia en cuanto a los honorarios de abogado,

8

El Dr. Neptune Torres primero presentó un recurso de

apelación. Impugnó el dictamen del tribunal de instancia, el cual

declaró con lugar la demanda por impericia médica presentada en su

contra y le impuso el pago de las costas y honorarios de abogado.

Luego presentó una petición de certiorari cuestionando la cuantía

que el tribunal de instancia aprobó por concepto de costas.

intereses por temeridad y costas. A los fines de resolver dicha

controversia, el 14 de marzo de 2000, se celebró una vista ante dicho

foro.

Posteriormente, mediante resolución de 23 de marzo de 2000, el

Tribunal de Primera Instancia dictaminó que la Asociación no es

responsable del pago de intereses por temeridad ni de los honorarios

de abogado, y que dichos pagos le corresponden al Dr. Neptune Torres.

Fundamentó su dictamen en lo resuelto por el TCA en el caso núm.

KLCE9601112, Velázquez Colón v. Municipio de Coamo, en donde se

planteó la misma controversia.9

De tal dictamen, los demandantes recurrieron ante el TCA el cual,

mediante sentencia de 9 de junio de 2000, confirmó lo resuelto por

el Tribunal de Primera Instancia.

Aún inconformes, los demandantes acuden ante este Tribunal

señalando lo siguiente:

(A)

(B)

Erró el Honorable Tribunal de [Circuito de]

Apelaciones al enmendar su sentencia, siendo

ésta final y firme.

Erró el Honorable Tribunal de [Circuito de]

Apelaciones al relevar a la Asociación de

Garantía de Seguros Misceláneos del pago de

costas, honorarios e intereses.

En vista de que concurrimos con la Mayoría de este Tribunal sobre

lo que respecta al primer señalamiento de error, limitaremos nuestra

discusión al segundo planteamiento.

II

Los demandantes cuestionan que se relevara a la Asociación del

pago de las costas, honorarios e intereses por temeridad. Sostienen

que procede el pago de tales partidas, en virtud de las Reglas 44.1(d)

y 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ante este

planteamiento, la Mayoría de este Tribunal incide al resolver que la

Asociación responde por los intereses legales, costas y honorarios

9

Allí, el foro apelativo resolvió que la Asociación no responde

por los honorarios de abogado y los intereses por temeridad que le

impusieron a su asegurado, ya que la obligación de pagarlos surge

de la ley y no de la póliza expedida.

de abogado como cualquier otro litigante común, aunque ello implique

que ésta responderá por una cuantía que excede el límite de la

reclamación a la cual se obligó a pagar. La Mayoría se ampara en la

norma

recientemente

establecida

en

Montañéz

López

y

otros

v.

Universidad de Puerto Rico y otros, res. el 21 de marzo de 2002, 156

D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R. 33, 2002 J.T.S. 40, de la cual disentimos

en los Acápites pertinentes a este asunto.

La Mayoría igualmente se basa en dicho caso para erróneamente

resolver que, en la situación de autos, la Asociación responderá por

el pago de los honorarios de abogado e intereses incurridos, luego

de la insolvencia de la aseguradora y una vez aquélla comparece en

el litigio. Por los fundamentos que exponemos a continuación,

disentimos.

La Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 añadió los Capítulos 38

y 39 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida

como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.

Bajo el Capítulo 38 se creó la Asociación de Seguros de Todas Clases,

Excepto Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico. Ésta es una entidad

legal, sin fines pecuniarios que entra en función cuando una

aseguradora autorizada a tramitar seguros en Puerto Rico es decretada

insolvente por el tribunal, en cuyo caso, vendrá obligada a pagar hasta

el límite de las reclamaciones cubiertas por la póliza.

En 1991, la Ley Núm. 72, supra, derogó los Capítulos 38, 39 y

40 de la Ley Núm. 77, supra, y los sustituyó por otros igualmente

numerados. Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72, supra,

que el propósito al derogar dicho articulado fue uniformar nuestra

legislación a la Ley Modelo revisada por la Asociación Nacional de

Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés).10

10

En lo pertinente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72

establece:

[c]omo la Ley Modelo revisada por NAIC está ya vigente

o en proceso de aprobación en un número sustancial

La Ley de la Asociación de Garantía de Seguros de Louisiana

(Insurance Guaranty Association Law), LSA-R.S. 22:1375 et seq., está

basada en la Ley Modelo de la NAIC. Al examinar detenidamente las

disposiciones de la Ley de la Asociación de Garantía de Seguros de

Louisiana

surge

que

su

contenido

es

muy

similar

a

nuestras

disposiciones sobre la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos

de Puerto Rico. Por tanto, hacemos referencia a la jurisprudencia del

estado de Louisiana, entre otros, con respecto a este asunto, por su

carácter persuasivo.

El nuevo Capítulo 38 de la Ley Núm. 72, supra, sustituyó la

anterior

asociación

por

la

Asociación

de

Garantía

de

Seguros

Misceláneos de Puerto Rico, pero conservó su objetivo. Es decir, la

actual Asociación viene obligada a responder por las reclamaciones

cubiertas cuando el tribunal decreta la insolvencia de una aseguradora

miembro.

El inciso (6) del artículo 38.050 del Código de Seguros de Puerto

Rico, 26 L.P.R.A. sec. 3805, define una reclamación cubierta como:

(6) Reclamación cubierta.Significa una reclamación

no pagada, incluyendo una de primas no devengadas que surja

de, y esté dentro de la cubierta y esté sujeta a los límites

aplicables de una póliza de seguro a la cual aplique este

Capítulo que haya sido emitida por un asegurador conforme

a lo dispuesto en este título si tal asegurador se convierte

en asegurador insolvente luego de la fecha de vigencia de

este Capítulo y donde:

(a) El reclamante o el asegurado sea un

residente de Puerto Rico al momento en que ocurra

el suceso contra el cual se asegura. Para entidades

que no sean un individuo, la residencia de un

reclamante o de un asegurado es el estado donde

radica su sitio principal de negocio al momento de

ocurrir el evento asegurado, o

(b) La propiedad de la cual surge la

reclamación está permanentemente localizada en

Puerto Rico.

de los Estados, es necesario que la misma sea adoptada

también en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico mediante la sustitución de los Capítulos

38 y 39 actuales por otros igualmente numerados a

tenor con [sic] la nueva legislación nacional. Leyes

de Puerto Rico, 1991, pág. 320.

Reclamación cubierta.No incluirá cantidad alguna

adjudicada como daños punitivos o ejemplares; ni procurados

como devolución de primas bajo un plan de tarifaje

retrospectivo; ni que se deba a un reasegurador,

asegurador;

asociación

de

suscripción

conjunta

a

asociación suscriptora por concepto de recobros por

subrogación o de otro modo. (Énfasis nuestro.)

En síntesis, la obligación de la Asociación de pagar surge cuando

una aseguradora miembro es declarada insolvente. Ello, claro está,

siempre que la reclamación esté cubierta por la póliza contratada y

se determine la responsabilidad del asegurado. Además, se colige del

último párrafo del inciso 6 del artículo 38.050, supra, que la

Asociación

nunca

será

responsable

por

los

“daños

punitivos

o

ejemplares”.

Los honorarios de abogado constituyen un castigo o penalidad para

el litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación y contumacia

obliga a la otra parte a asumir las molestias e inconvenientes de un

pleito. Dpto. de Recreación y Deportes v. Asociación Recreativa Round

Hill, res. el 19 de agosto de 1999, 149 D.P.R. ___, 99 T.S.P.R. 135,

99 J.T.S. 138, pág. 29; Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, res. el

28 de junio de 1999, 148 D.P.R.___, 99 T.S.P.R. 103, 99 J.T.S. 107,

pág. 1246. En Ortiz v. Municipio de Lajas, res. el 30 de marzo de 2001,

153 D.P.R. ___, 2001 T.S.P.R. 44, 2001 J.T.S. 51, pág. 1086,

catalogamos los honorarios de abogado como “daños punitivos”.

Con respecto a los intereses pre-sentencia, sabido es que éstos

se le imponen a la parte que haya procedido con temeridad. Los

intereses por temeridad, al igual que los honorarios de abogado,

“tienen como propósito disuadir la litigación innecesaria y alentar

las transacciones mediante la imposición de sanciones a la parte

temeraria para compensar los perjuicios económicos y las molestias

sufridas por la otra parte.” Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora

de la Guadalupe, res. el 30 de junio de 1998, 146 D.P.R. ___, 98

T.S.P.R. 111, 98 J.T.S. 101, pág. 1437.

El segundo señalamiento de error formulado por los demandantes

suscita, pues, la cuestión de si la Asociación es responsable del pago

de los intereses por temeridad y los honorarios de abogado. De entrada,

aclaramos que la obligación de pagar los intereses por temeridad

proviene de la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Por otra

parte, el pago de honorarios de abogados surge en virtud de la Regla

44.1(d), supra. Es decir, ambas obligaciones surgen de la ley, no del

contrato de seguro. 11 Véase, además, Roldán Medina v. Serra, 105

D.P.R. 507, 515 (1976).

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico resolvió en García v. Rivera, 879 F.Supp. 170, 173

(D.Puerto Rico 1995) que el último párrafo del inciso (6) del artículo

38.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, claramente expresa

que las cantidades adeudadas a una aseguradora no constituyen una

reclamación cubierta. Asimismo, resolvió que no existe fundamento en

ley para concluir que una aseguradora tiene derecho a recobrar de la

Asociación de Garantía de Seguros de Puerto Rico los honorarios de

abogado en los que incurrió en la defensa de su asegurado. A esos

efectos la Corte apuntó que:

[a]s can be ascertained, the drafters of the

Insurance Code specifically excluded amounts owed to

insurance companies from the definition of what would

constitute a “covered claim” under the statute. Thus,

following the plain language of this section of the

Insurance Code, we find that National Union’s

Third-Party Complaint for recovery of attorneys’

fees lacks a basis in law and is therefore

unwarranted.

La Corte Suprema de Louisiana resolvió en Bowens v. General

Motors Corp., 608 So.2d 999, 1005 (La. 1992), que la obligación de

la aseguradora insolvente de pagar penalidades y honorarios de abogado

no surge, ni está dentro, de los términos de la cubierta de la póliza

de seguro. Resolvió, asimismo, que tampoco es una obligación por la

cual la Asociación de Garantía de Seguros de Louisiana (LIGA)

responderá, en representación de una aseguradora insolvente.

11

Sobre este punto, véase lo resuelto en Gauthier v. Champion

Insurance Company, 583 So.2d 556, 558 (La.App.3 Cir. 1991). En dicho

caso la Corte de Apelaciones de Louisiana aclaró que una obligación

En City of Greensboro v. Reserve Ins. Co., 321 S.E.2d 232

(N.C.App. 1984), la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte

resolvió que una Asociación de Garantía de Seguros no es la sucesora

legal

de

una

aseguradora

insolvente.

Por

el

contrario,

dicha

asociación viene obligada a pagar las reclamaciones sólo hasta el

límite de la cubierta de la póliza, lo cual nunca excederá del límite

de la obligación de la aseguradora insolvente, conforme al contrato

de seguro a favor del reclamante.12

Surge claramente del artículo 38.050 del Código de Seguros,

supra, que los honorarios de abogado y los intereses por temeridad

no son una reclamación cubierta por la cual la Asociación deberá

responder. Tanto la obligación de pagar honorarios de abogado como

la de pagar intereses por temeridad surgen de las Reglas 44.1(d) y

44.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Roldán Medina v. Serra, supra.

Si el legislador hubiese querido obligar a la Asociación al pago de

tales partidas, las hubiese incluido en el artículo 38.050 como una

reclamación cubierta.

Conforme al artículo 38.080 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A.

sec. 3808, la Asociación está obligada a pagar sólo hasta el límite

de la cubierta. En lo pertinente, el inciso (a)(2) de ese artículo

dispone que la Asociación “[s]e considerará como el asegurador hasta

el límite de su obligación en las reclamaciones cubiertas y hasta el

límite

tendrá

todos

los

derechos,

poderes

y

obligaciones

del

asegurador insolvente como si éste no estuviere insolvente.”

En el presente caso, si bien es cierto que la Asociación asumió

las obligaciones de la aseguradora insolvente, no es menos cierto que

la Asociación no debe responder en exceso de los límites de la

cubierta. Evidentemente, los honorarios de abogado y los intereses

por temeridad que el tribunal de instancia le impuso al Dr. Neptune

que emana de un estatuto punitivo es distinta y separada de una que

surja de la póliza de seguro.

12

Véase, además, Vaughn v. Vaughn, 597 P.2d 932, 934 (Wash.App.

1979).

Torres no son una reclamación cubierta, a tenor del artículo 38.050

del Código de Seguros, supra. Por tal razón, imponerle a la Asociación

la obligación de pagar tales partidas desvirtuaría el claro propósito

de la ley.

Por los fundamentos aquí expresados, concurrimos con la parte

del dictamen de la Mayoría que resuelve que la sentencia del Tribunal

de Circuito de Apelaciones de 9 de junio de 2000 no tuvo el efecto

de enmendar la emitida por dicho foro el 10 de agosto de 1999.

Disentimos en lo que respecta a imponerle a la Asociación de Garantía

de Seguros Misceláneos de Puerto Rico el pago de honorarios de abogado,

costas e intereses legales, aun en exceso de los límites de la

cubierta.

Por todo lo antes expuesto confirmaríamos el dictamen del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y del Tribunal de Primera

Instancia que resuelven que el Dr. Neptune Torres, y no la Asociación,

responderá por los honorarios de abogado, las costas y los intereses

por temeridad, sin necesidad de devolver este asunto al tribunal de

instancia, como lo hace hoy una Mayoría de este Tribunal.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado