Tribunal Supremo de Puerto Rico
ISRAEL MELENDEZ ESQUILIN Y OTROS V. CENTRO MEDICO DR. JOSE RAMOS LEBRON Y OTROS
2002 TSPR 67
Poder Judicial de Puerto Rico
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ISRAEL MELENDEZ ESQUILIN Y OTROS V. CENTRO MEDICO DR. JOSE RAMOS LEBRON Y OTROS
CC-2000-0631
SEN/OC EN PARTE Y DIS EN PARTE
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Meléndez Esquilín y otros
Certiorari
Demandantes-Recurrentes
2002 TSPR 67
v.
156 DPR ____
Centro Médico Dr. José Ramos Lebrón
y otros
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-2000-631
Fecha: 17/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VI
Juez Ponente:
Hon. Andrés E. Salas Soler
Abogados de la Parte Recurrente:
Lcda. Rosa E. Permuy Calderón
Lcdo. Juan R. Zalduondo Viera
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Gonzalo J. Barreras Varona
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Meléndez Esquilín,
por sí y en representación
de la Sociedad Legal de
Gananciales que tuviere con
Gilda María Rivera Hiraldo;
y en representación de la menor
María Arelis Meléndez Rivera;
Israel Meléndez Rivera y su
esposa Egda Reyes
Demandantes-Recurrentes
CC-2000-631
v.
Centro Médico Dr. José Ramos
Lebrón; Dr. Ramón Paoli Bruno;
Fulana de Tal; y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta
por Dr. Ramón Paoli Bruno y
Fulana de Tal; Dr. Reginald
Neptune Torres; Zutana de Tal
y la Sociedad Legal de Gananciales
Compuesta por Dr. Reginald
Neptune Torres y Zutana de Tal;
XYZ Insurance Company
Demandados-Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2002
La parte demandante peticionaria, Israel Meléndez Esquilín y otros,
nos solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones el cual denegó un recurso de certiorari instado contra una
resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Humacao (Hon. Luis A. Amoros Alvarez).
Mediante dicha resolución, el
tribunal de instancia resolvió que a la parte codemandada recurrida,
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, no le corresponde el pago
de los intereses por temeridad, como tampoco de los honorarios de abogado
impuesta mediante sentencia previa a su asegurado, el codemandado Dr.
Reginald Neptune Torres.
I
El presente caso tiene su inicio procesal el 20 de diciembre de 1991
con la presentación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Humacao, de una demanda de daños y perjuicios por impericia médica al
amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §
5141,
en
contra
del
Dr.
Reginald
Neptune
Torres,
su
aseguradora,
Corporación Insular de Seguros, y otros.
El 21 de diciembre de 1992, se decretó la insolvencia de la Corporación
Insular de Seguros 1 .
La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos
compareció en representación de Corporación Insular, a tenor con la Ley
Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, 26 L.P.R.A. § 3801 et seq., y solicitó
se paralizaran todos los procedimientos en los que ésta era parte.
Los
procedimientos en el caso de autos volvieron a restablecerse el 3 de junio
de 1994, cuando la Asociación de Garantía compareció al litigio para ofrecer
representación legal y cubierta al codemandado Dr. Neptune Torres, bajo
la póliza emitida por la Corporación Insular de Seguros y que estaba vigente
al momento de los hechos.
Luego de varios incidentes procesales y un prolongado juicio, el
Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia condenando al médico
demandado y a la Asociación al pago de $250,000.00 por los daños sufridos
por los demandantes más la suma de $12,000.00 en concepto de honorarios
de abogado, más las costas, previa aprobación por el tribunal de memorando
a tales efectos.
Inconforme con lo resuelto por instancia, la Asociación de Garantía
presentó recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
el 15 de marzo de 1999.
Entre los errores señalados, dicha codemandada
adujo que el tribunal incidió al encontrarla temeraria y al conceder costas
y gastos sin que dichas partidas fueran evidenciadas.
1
El Tribunal de Primera Instancia decretó la insolvencia de la Corporación
en el caso Núm. KAC 92-1745 (902) Rexach Chandri v. Corporación Insular de
Seguros.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia el 10 de agosto
de 1999 en la que confirmó la sentencia apelada, modificando únicamente
el memorando de costas, a los fines de descontar las partidas incluidas
por concepto de gastos ordinarios de oficina.2
Así las cosas y a los fines de ejecución de la sentencia dictada, las
partes presentaron una “Moción sobre Acuerdo entre el Demandante y
Codemandado, Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos”, suscrita
entre ambas partes con fecha 9 de noviembre de 1999, éstas indicaron al
tribunal de instancia haber acordado que la Asociación pagaría la cantidad
de $99,900.00 como suma máxima3 e informaron, además, de la existencia de
una controversia a ser dilucidada por el tribunal con relación al pago de
los intereses, costas y honorarios de abogado. Luego de haber celebrado
una vista y de que las partes sometieran sus respectivos alegatos, el
Tribunal de Primera Instancia resolvió que a la Asociación no le corresponde
el pago de tales intereses por temeridad como tampoco de los honorarios
de abogado impuestos por tal concepto.
Inconforme, la parte demandante acudió mediante recurso de certiorari
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Dicho tribunal emitió
sentencia en la cual confirmó la resolución recurrida al efecto de que la
Asociación no venía obligada a pagar los intereses y honorarios por
temeridad en exceso del límite de la póliza que asciende a la suma de
$99,900.00, y que cualquier pago por estos conceptos en exceso de la
cubierta de la póliza asumida por la Asociación, correspondía al asegurado,
Dr. Reginald Neptune Torres.
II
En su primer señalamiento de error en el presente recurso aduce la
parte peticionaria que incidió el tribunal apelativo al enmendar su
sentencia de 10 de agosto de 1999, a pesar de que ésta era final y firme.
2
Mediante el descuento decretado por el tribunal apelativo, la partida de
costas aprobada por el tribunal de instancia, la cual ascendía a la cantidad
de $14,156.00, se redujo a la cantidad de $13,081.00.
Sostiene que, habiendo la Asociación planteado ante el foro apelativo la
controversia relacionada al pago de costas, honorarios de abogado e
intereses y sostenido dicho tribunal la procedencia de tales partidas en
dicha
sentencia, la cual advino final y firme, el Tribunal de Circuito
de Apelaciones estaba impedido de reexaminar y alterar su pronunciamiento
anterior en virtud de la doctrina de la Ley del Caso.
No le asiste la razón.
El señalamiento de la demandante peticionaria parte de la premisa
equivocada de que el tribunal apelativo había adjudicado el planteamiento
de la Asociación en torno a la improcedencia de la condena en su contra
por costas, honorarios e intereses por temeridad, en virtud de las
disposiciones del Código de Seguros.
En esa primera ocasión, la Asociación
se limitó a impugnar la imposición de honorarios, intereses y costas al
asegurado Dr. Neptune Torres bajo el fundamento de que las partidas eran
exageradamente altas y no habían sido evidenciadas y nada se adjudicó
respecto al pago por la Asociación de tales partidas en exceso del límite
de la cubierta de la póliza asumida por ésta bajo las disposiciones del
Código de Seguros de Puerto Rico.
Tales fueron los argumentos que fueron
descartados por el tribunal apelativo, al sostener mediante su dictamen,
la procedencia de la imposición de costas, honorarios e intereses al
codemandado.
En vista de lo anterior resulta improcedente el argumento de la parte
peticionaria a los efectos de que el foro apelativo había resuelto la
controversia en cuestión, ya que lo que tuvo ante su consideración en ambas
ocasiones, tanto en la sentencia de 10 de agosto de 1999 como en la del
9 de junio de 2000, eran asuntos distintos y no mutuamente excluyentes.
III
En su segundo señalamiento de error aduce la parte demandante
peticionaria, en síntesis, que incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al relevar a la Asociación del pago de costas, honorarios e
El 15 de octubre de 1999, la Asociación había consignado la referida suma
de dinero ($99,900.00), conforme al Artículo 38.080(1)a(3), 26 L.P.R.A.
§ 3808(1)(a)(3).
3
intereses
presentencia
y
postsentencia.
Sostiene
que
procede
la
imposición a la Asociación del pago de tales partidas bajo la Regla 44 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44. Le asiste la razón.
Veamos.
La Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991 creó la Asociación de Garantía
de Seguros Misceláneos de Puerto Rico en sustitución de la anterior
Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad
y Salud de Puerto Rico.
Dicha entidad conservó similar propósito que su
antecesora, esto es, establecer un mecanismo para cuando una aseguradora
adviniera insolvente, efectuar el pago de las pérdidas cubiertas bajo
determinadas pólizas, con el fin de proteger a los reclamantes y asegurados
bajo tales pólizas como resultado de dicha insolvencia. 26 L.P.R.A. § 3802.
La Asociación de Garantía está compuesta por todos los aseguradores
autorizados o que pudieran autorizarse en el futuro, a suscribir y que
suscriban dentro de Puerto Rico, seguros de todas clases excepto aquéllos
determinados por la ley.
26 L.P.R.A. § 3803.
Los fondos necesarios para
cubrir el costo de esa protección entre los miembros aseguradores se
establecen mediante la imposición de derramas a los aseguradores miembros.
26 L.P.R.A. § 3808.
La ley autoriza a recobrar las derramas pagadas por
los aseguradores miembros de las tarifas y primas a cobrarse a los
asegurados. 26 L.P.R.A. § 3816.
El estatuto consignó específicamente que los derechos, poderes y
obligaciones del asegurador insolvente se extienden a la Asociación hasta
el límite de su responsabilidad, como si éste no estuviera insolvente. 26
L.P.R.A. § 3808. Por ello responde la Asociación por todo lo que respondería
cualquier aseguradora dentro del límite estatuido, incluyendo el pago de
costas, honorarios e intereses.
Además, y conforme a nuestra reciente decisión en el caso Montañéz
López y otros v. Universidad de Puerto Rico y otros, res. el 21 de marzo
de 2002; 2002 TSPR 33, la Asociación de Garantía responde como cualquier
otro
litigante
común
por
los
intereses
legales,
(presentencia
y
postsentencia), las costas y honorarios de abogado que genere el pleito,
aun cuando otorgarlos sobrepase la cantidad límite por reclamación que la
Asociación está obligada a pagar.
La obligación de pagar costas y honorarios de abogado surge de la Regla
44.14
(a) y (d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(a)
y (d).
De otra parte, los intereses por temeridad y los intereses
postsentencia se conceden por virtud de la Regla 44.35 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 44.3.
4
Regla 44.1
Las costas y honorarios de abogado
(a) Su concesión.- Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo
favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en
aquellos casos que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas.
Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos
necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley
ordena o que el tribunal, a su discreción, estima que un litigante debe
reembolsar a otro.
(b)
Cómo se concederán.-...
(c ) En apelación.-...
(d) Honorarios de abogado.- En caso que cualquier parte o su abogado
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle
en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios
de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.
5
Regla 44.3; Interés legal
(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta
Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y
que está en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia
que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia
desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha,
incluyendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará
constar en la sentencia.
La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por
sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el
objetivo de desalentar la radicación de demandas frívolas, evitar la
posposición irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones existentes
y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con
temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud
del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse
la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro
de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y
perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre
la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
sus
municipios,
agencias,
instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. El tipo de
interés se hará constar en la sentencia.
En el mencionado caso Montañéz López y otros v. Universidad de Puerto
Rico y otros, supra, también determinamos que la Asociación no está obligada
a pagar honorarios de abogado e intereses incurridos previo a la insolvencia
de la aseguradora y a su comparecencia en el litigio, ya que la determinación
de temeridad es una de carácter individual. Ésta sólo puede ser responsable
por su propia temeridad.
IV
Con estos fundamentos en perspectiva, veamos los hechos que nos
presenta la controversia de autos.
La demanda en daños y perjuicios fue presentada el 20 de diciembre
de 1991.
El 21 de diciembre de 1992, un año más tarde, se decretó la
insolvencia de la Corporación Insular. Se paralizaron los procedimientos
hasta el 3 de junio de 1994, fecha en que compareció la Asociación en
representación del asegurado.
De ahí en adelante el asegurado siempre
estuvo representado por la Asociación de Garantía.
El 3 de junio de 1997
el tribunal de instancia dictó sentencia parcial condenando al Dr. Neptune
Torres tanto al pago de daños como de costas y honorarios de abogados.
El
tribunal apelativo, una vez impelido, rehusó expedir el auto por entender
que dicho dictamen era uno interlocutorio.
Así las cosas, el 16 de febrero
de 1999 el tribunal de instancia emitió una sentencia final disponiendo
de los asuntos ante sí.
Trabada luego la controversia en cuanto a si la
Asociación responde por los intereses, costas y honorarios, el 25 de octubre
de 1999 la Asociación consignó en el tribunal la suma de $99,900.00.
En vista de lo anterior, procede devolver los autos al Tribunal de
Primera Instancia para que determine la responsabilidad individual de la
Asociación, desde el momento en que compareció al pleito y haga el
correspondiente reajuste, si así lo determina, de las cantidades impuestas
en concepto de honorarios de abogado e intereses por temeridad.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió opinión
concurrente en parte y disidente en parte.
Pérez no interviene.
El Juez Asociado señor Rivera
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri inhibido.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Meléndez Esquilín,
Por sí y en representación
de la Sociedad Legal de
Gananciales que tuviere con
Gilda María Rivera Hiraldo;
y en representación de la menor
María Arelis Meléndez Rivera;
Israel Meléndez Rivera y
su esposa Egda Reyes
Demandantes-Recurrentes
v.
Centro Médico Dr. José Ramos
Lebrón; Dr. Ramón Paoli Bruno;
Fulana de Tal; y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta
por Dr. Ramón Paoli Bruno y
Fulana de Tal; Dr. Reginald
Neptune Torres; Zutana de Tal y
la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
Dr. Reginald Neptune Torres y
Zutana de Tal; XYZ Insurance
Company
Demandados-Recurridos
*********************************
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CC-2000-631
Opinión Concurrente en Parte y Disidente en Parte emitida por el Juez Asociado
SEÑOR CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2002.
Concurrimos con la Mayoría de este Tribunal con respecto a lo
resuelto en el Acápite II. No obstante, disentimos en cuanto a los
Acápites III y IV por entender que la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos de Puerto Rico (en lo sucesivo “la Asociación”) no es
responsable de los honorarios de abogado, costas e intereses por
temeridad sobre la partida de daños concedida por sentencia.
I
El 20 de diciembre de 1991, el Sr. Israel Meléndez Esquilín, por
sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales que tuviere
con la Sra. Gilda María Rivera Hiraldo; y en representación de la menor
María Arelis Meléndez Rivera; y el Sr. Israel Meléndez Rivera y su
esposa, Egda Reyes (en lo sucesivo “los demandantes”), instaron acción
en daños y perjuicios por impericia médica contra el Centro Médico,
Dr. José Ramos Lebrón; 6 el Dr. Reginald Neptune Torres y la
aseguradora XYZ, entre otros.7
Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia
parcial el 3 de junio de 1997 condenando al Dr. Neptune Torres al pago
de $250,000.00 por los daños sufridos por los co-demandantes;
$12,000.00 por concepto de honorarios de abogado; más las costas,
previa autorización del tribunal del memorando correspondiente.
Desestimó la demanda en cuanto al codemandado, Dr. Ramón N. Paoli
Bruno.
El 13 de junio de 1997, los demandantes presentaron Memorando
de Costas y Gastos. El 18 de junio de 1997, la Asociación, en interés
6
El Centro Médico, Dr. José Ramos Lebrón solicitó la
desestimación, con perjuicio, de la reclamación presentada en su
contra, luego de que la Corte Federal de Quiebras emitiera una orden
el 24 de febrero de 1994 decretándolo insolvente. Los demandantes
se allanaron a dicha solicitud, razón por la cual el tribunal de
instancia emitió sentencia parcial el 21 de abril de 1994 ordenando
la desestimación, con perjuicio, en cuanto al Centro Médico, Dr. José
Ramos Lebrón.
7
Originalmente, la aseguradora del Dr. Neptune Torres era la
Corporación Insular de Seguros (C.I.S.). Sin embargo, surge de los
autos originales del Tribunal de Primera Instancia que, mediante
orden enmendada de 4 de enero de 1993, dicho foro, en el caso núm.
KAC 92-1745 (902), Ralph J. Rexach Chandri v. Corporación Insular
de Seguros, decretó la insolvencia de la C.I.S., efectiva el 21 de
diciembre de 1992. A solicitud de la Asociación, se paralizaron los
procedimientos en todos los casos en donde la C.I.S. era parte
interesada o venía obligada a representar a una parte en el pleito.
En el presente caso, una vez la C.I.S. se acogió al proceso de
liquidación, la Asociación como continuadora de aquélla en virtud
de la Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, 26 L.P.R.A. sec. 3801 et
seq., compareció, por conducto del Lic. Gonzalo J. Barreras Varona,
en representación del médico. Este caso se reabrió, a instancia de
la Asociación, el 3 de junio de 1994, fecha en que se celebró una
vista sobre el estado de los procedimientos. Culminado el
descubrimiento de prueba, se
continúa...
... 2 continuación
celebró el juicio en su fondo los días 18, 19, 20 y 21 de junio de
1996; 20 de noviembre de 1996 y 18 de febrero de 1997.
del Dr. Neptune Torres, se opuso aduciendo que los demandantes no
justificaron ni evidenciaron tales gastos.
Inconforme con el dictamen del tribunal de instancia, el Dr.
Neptune Torres compareció ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
(el TCA) mediante dos recursos diferentes. 8 Impugnó, entre otras
cosas, la concesión de costas y honorarios de abogado a favor de los
demandantes. No obstante, el 27 de enero de 1998, tras consolidar ambos
recursos, el foro apelativo se negó a expedir el auto por entender
que el dictamen del tribunal de instancia era uno interlocutorio, por
lo que no procedía considerarlos en esa etapa de los procedimientos.
A solicitud de los demandantes, el 16 de febrero de 1999, el
tribunal de instancia emitió una sentencia final enmendada teniendo
por desistida la causa de acción de los demandantes contra los
codemandados de nombre desconocido y teniendo por desistida a la
codemandante, Egda Reyes, por ésta no presentar prueba a su favor.
Luego de que el tribunal de instancia dispusiere finalmente de todas
las reclamaciones, la Asociación nuevamente recurrió en apelación
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de la sentencia que el
tribunal de instancia dictó el 3 de junio de 1997. El foro apelativo
emitió sentencia el 10 de agosto de 1999 confirmando el dictamen del
tribunal de instancia, mediante el cual se le impuso al Dr. Neptune
Torres el pago de honorarios de abogado, intereses por temeridad y
costas. Sin embargo, modificó la orden de aprobación del memorando
de costas en determinados renglones.
El 25 de octubre de 1999, la Asociación presentó ante el tribunal
de instancia una Moción de Consignación junto a un cheque por la
cantidad de $99,900.00. Solicitó que se retuviera el mismo hasta tanto
se resolviera la controversia en cuanto a los honorarios de abogado,
8
El Dr. Neptune Torres primero presentó un recurso de
apelación. Impugnó el dictamen del tribunal de instancia, el cual
declaró con lugar la demanda por impericia médica presentada en su
contra y le impuso el pago de las costas y honorarios de abogado.
Luego presentó una petición de certiorari cuestionando la cuantía
que el tribunal de instancia aprobó por concepto de costas.
intereses por temeridad y costas. A los fines de resolver dicha
controversia, el 14 de marzo de 2000, se celebró una vista ante dicho
foro.
Posteriormente, mediante resolución de 23 de marzo de 2000, el
Tribunal de Primera Instancia dictaminó que la Asociación no es
responsable del pago de intereses por temeridad ni de los honorarios
de abogado, y que dichos pagos le corresponden al Dr. Neptune Torres.
Fundamentó su dictamen en lo resuelto por el TCA en el caso núm.
KLCE9601112, Velázquez Colón v. Municipio de Coamo, en donde se
planteó la misma controversia.9
De tal dictamen, los demandantes recurrieron ante el TCA el cual,
mediante sentencia de 9 de junio de 2000, confirmó lo resuelto por
el Tribunal de Primera Instancia.
Aún inconformes, los demandantes acuden ante este Tribunal
señalando lo siguiente:
(A)
(B)
Erró el Honorable Tribunal de [Circuito de]
Apelaciones al enmendar su sentencia, siendo
ésta final y firme.
Erró el Honorable Tribunal de [Circuito de]
Apelaciones al relevar a la Asociación de
Garantía de Seguros Misceláneos del pago de
costas, honorarios e intereses.
En vista de que concurrimos con la Mayoría de este Tribunal sobre
lo que respecta al primer señalamiento de error, limitaremos nuestra
discusión al segundo planteamiento.
II
Los demandantes cuestionan que se relevara a la Asociación del
pago de las costas, honorarios e intereses por temeridad. Sostienen
que procede el pago de tales partidas, en virtud de las Reglas 44.1(d)
y 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ante este
planteamiento, la Mayoría de este Tribunal incide al resolver que la
Asociación responde por los intereses legales, costas y honorarios
9
Allí, el foro apelativo resolvió que la Asociación no responde
por los honorarios de abogado y los intereses por temeridad que le
impusieron a su asegurado, ya que la obligación de pagarlos surge
de la ley y no de la póliza expedida.
de abogado como cualquier otro litigante común, aunque ello implique
que ésta responderá por una cuantía que excede el límite de la
reclamación a la cual se obligó a pagar. La Mayoría se ampara en la
norma
recientemente
establecida
en
Montañéz
López
y
otros
v.
Universidad de Puerto Rico y otros, res. el 21 de marzo de 2002, 156
D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R. 33, 2002 J.T.S. 40, de la cual disentimos
en los Acápites pertinentes a este asunto.
La Mayoría igualmente se basa en dicho caso para erróneamente
resolver que, en la situación de autos, la Asociación responderá por
el pago de los honorarios de abogado e intereses incurridos, luego
de la insolvencia de la aseguradora y una vez aquélla comparece en
el litigio. Por los fundamentos que exponemos a continuación,
disentimos.
La Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 añadió los Capítulos 38
y 39 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida
como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.
Bajo el Capítulo 38 se creó la Asociación de Seguros de Todas Clases,
Excepto Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico. Ésta es una entidad
legal, sin fines pecuniarios que entra en función cuando una
aseguradora autorizada a tramitar seguros en Puerto Rico es decretada
insolvente por el tribunal, en cuyo caso, vendrá obligada a pagar hasta
el límite de las reclamaciones cubiertas por la póliza.
En 1991, la Ley Núm. 72, supra, derogó los Capítulos 38, 39 y
40 de la Ley Núm. 77, supra, y los sustituyó por otros igualmente
numerados. Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72, supra,
que el propósito al derogar dicho articulado fue uniformar nuestra
legislación a la Ley Modelo revisada por la Asociación Nacional de
Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés).10
10
En lo pertinente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72
establece:
[c]omo la Ley Modelo revisada por NAIC está ya vigente
o en proceso de aprobación en un número sustancial
La Ley de la Asociación de Garantía de Seguros de Louisiana
(Insurance Guaranty Association Law), LSA-R.S. 22:1375 et seq., está
basada en la Ley Modelo de la NAIC. Al examinar detenidamente las
disposiciones de la Ley de la Asociación de Garantía de Seguros de
Louisiana
surge
que
su
contenido
es
muy
similar
a
nuestras
disposiciones sobre la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos
de Puerto Rico. Por tanto, hacemos referencia a la jurisprudencia del
estado de Louisiana, entre otros, con respecto a este asunto, por su
carácter persuasivo.
El nuevo Capítulo 38 de la Ley Núm. 72, supra, sustituyó la
anterior
asociación
por
la
Asociación
de
Garantía
de
Seguros
Misceláneos de Puerto Rico, pero conservó su objetivo. Es decir, la
actual Asociación viene obligada a responder por las reclamaciones
cubiertas cuando el tribunal decreta la insolvencia de una aseguradora
miembro.
El inciso (6) del artículo 38.050 del Código de Seguros de Puerto
Rico, 26 L.P.R.A. sec. 3805, define una reclamación cubierta como:
(6) Reclamación cubierta.Significa una reclamación
no pagada, incluyendo una de primas no devengadas que surja
de, y esté dentro de la cubierta y esté sujeta a los límites
aplicables de una póliza de seguro a la cual aplique este
Capítulo que haya sido emitida por un asegurador conforme
a lo dispuesto en este título si tal asegurador se convierte
en asegurador insolvente luego de la fecha de vigencia de
este Capítulo y donde:
(a) El reclamante o el asegurado sea un
residente de Puerto Rico al momento en que ocurra
el suceso contra el cual se asegura. Para entidades
que no sean un individuo, la residencia de un
reclamante o de un asegurado es el estado donde
radica su sitio principal de negocio al momento de
ocurrir el evento asegurado, o
(b) La propiedad de la cual surge la
reclamación está permanentemente localizada en
Puerto Rico.
de los Estados, es necesario que la misma sea adoptada
también en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico mediante la sustitución de los Capítulos
38 y 39 actuales por otros igualmente numerados a
tenor con [sic] la nueva legislación nacional. Leyes
de Puerto Rico, 1991, pág. 320.
Reclamación cubierta.No incluirá cantidad alguna
adjudicada como daños punitivos o ejemplares; ni procurados
como devolución de primas bajo un plan de tarifaje
retrospectivo; ni que se deba a un reasegurador,
asegurador;
asociación
de
suscripción
conjunta
a
asociación suscriptora por concepto de recobros por
subrogación o de otro modo. (Énfasis nuestro.)
En síntesis, la obligación de la Asociación de pagar surge cuando
una aseguradora miembro es declarada insolvente. Ello, claro está,
siempre que la reclamación esté cubierta por la póliza contratada y
se determine la responsabilidad del asegurado. Además, se colige del
último párrafo del inciso 6 del artículo 38.050, supra, que la
Asociación
nunca
será
responsable
por
los
“daños
punitivos
o
ejemplares”.
Los honorarios de abogado constituyen un castigo o penalidad para
el litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación y contumacia
obliga a la otra parte a asumir las molestias e inconvenientes de un
pleito. Dpto. de Recreación y Deportes v. Asociación Recreativa Round
Hill, res. el 19 de agosto de 1999, 149 D.P.R. ___, 99 T.S.P.R. 135,
99 J.T.S. 138, pág. 29; Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, res. el
28 de junio de 1999, 148 D.P.R.___, 99 T.S.P.R. 103, 99 J.T.S. 107,
pág. 1246. En Ortiz v. Municipio de Lajas, res. el 30 de marzo de 2001,
153 D.P.R. ___, 2001 T.S.P.R. 44, 2001 J.T.S. 51, pág. 1086,
catalogamos los honorarios de abogado como “daños punitivos”.
Con respecto a los intereses pre-sentencia, sabido es que éstos
se le imponen a la parte que haya procedido con temeridad. Los
intereses por temeridad, al igual que los honorarios de abogado,
“tienen como propósito disuadir la litigación innecesaria y alentar
las transacciones mediante la imposición de sanciones a la parte
temeraria para compensar los perjuicios económicos y las molestias
sufridas por la otra parte.” Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora
de la Guadalupe, res. el 30 de junio de 1998, 146 D.P.R. ___, 98
T.S.P.R. 111, 98 J.T.S. 101, pág. 1437.
El segundo señalamiento de error formulado por los demandantes
suscita, pues, la cuestión de si la Asociación es responsable del pago
de los intereses por temeridad y los honorarios de abogado. De entrada,
aclaramos que la obligación de pagar los intereses por temeridad
proviene de la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Por otra
parte, el pago de honorarios de abogados surge en virtud de la Regla
44.1(d), supra. Es decir, ambas obligaciones surgen de la ley, no del
contrato de seguro. 11 Véase, además, Roldán Medina v. Serra, 105
D.P.R. 507, 515 (1976).
La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico resolvió en García v. Rivera, 879 F.Supp. 170, 173
(D.Puerto Rico 1995) que el último párrafo del inciso (6) del artículo
38.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, claramente expresa
que las cantidades adeudadas a una aseguradora no constituyen una
reclamación cubierta. Asimismo, resolvió que no existe fundamento en
ley para concluir que una aseguradora tiene derecho a recobrar de la
Asociación de Garantía de Seguros de Puerto Rico los honorarios de
abogado en los que incurrió en la defensa de su asegurado. A esos
efectos la Corte apuntó que:
[a]s can be ascertained, the drafters of the
Insurance Code specifically excluded amounts owed to
insurance companies from the definition of what would
constitute a “covered claim” under the statute. Thus,
following the plain language of this section of the
Insurance Code, we find that National Union’s
Third-Party Complaint for recovery of attorneys’
fees lacks a basis in law and is therefore
unwarranted.
La Corte Suprema de Louisiana resolvió en Bowens v. General
Motors Corp., 608 So.2d 999, 1005 (La. 1992), que la obligación de
la aseguradora insolvente de pagar penalidades y honorarios de abogado
no surge, ni está dentro, de los términos de la cubierta de la póliza
de seguro. Resolvió, asimismo, que tampoco es una obligación por la
cual la Asociación de Garantía de Seguros de Louisiana (LIGA)
responderá, en representación de una aseguradora insolvente.
11
Sobre este punto, véase lo resuelto en Gauthier v. Champion
Insurance Company, 583 So.2d 556, 558 (La.App.3 Cir. 1991). En dicho
caso la Corte de Apelaciones de Louisiana aclaró que una obligación
En City of Greensboro v. Reserve Ins. Co., 321 S.E.2d 232
(N.C.App. 1984), la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte
resolvió que una Asociación de Garantía de Seguros no es la sucesora
legal
de
una
aseguradora
insolvente.
Por
el
contrario,
dicha
asociación viene obligada a pagar las reclamaciones sólo hasta el
límite de la cubierta de la póliza, lo cual nunca excederá del límite
de la obligación de la aseguradora insolvente, conforme al contrato
de seguro a favor del reclamante.12
Surge claramente del artículo 38.050 del Código de Seguros,
supra, que los honorarios de abogado y los intereses por temeridad
no son una reclamación cubierta por la cual la Asociación deberá
responder. Tanto la obligación de pagar honorarios de abogado como
la de pagar intereses por temeridad surgen de las Reglas 44.1(d) y
44.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Roldán Medina v. Serra, supra.
Si el legislador hubiese querido obligar a la Asociación al pago de
tales partidas, las hubiese incluido en el artículo 38.050 como una
reclamación cubierta.
Conforme al artículo 38.080 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A.
sec. 3808, la Asociación está obligada a pagar sólo hasta el límite
de la cubierta. En lo pertinente, el inciso (a)(2) de ese artículo
dispone que la Asociación “[s]e considerará como el asegurador hasta
el límite de su obligación en las reclamaciones cubiertas y hasta el
límite
tendrá
todos
los
derechos,
poderes
y
obligaciones
del
asegurador insolvente como si éste no estuviere insolvente.”
En el presente caso, si bien es cierto que la Asociación asumió
las obligaciones de la aseguradora insolvente, no es menos cierto que
la Asociación no debe responder en exceso de los límites de la
cubierta. Evidentemente, los honorarios de abogado y los intereses
por temeridad que el tribunal de instancia le impuso al Dr. Neptune
que emana de un estatuto punitivo es distinta y separada de una que
surja de la póliza de seguro.
12
Véase, además, Vaughn v. Vaughn, 597 P.2d 932, 934 (Wash.App.
1979).
Torres no son una reclamación cubierta, a tenor del artículo 38.050
del Código de Seguros, supra. Por tal razón, imponerle a la Asociación
la obligación de pagar tales partidas desvirtuaría el claro propósito
de la ley.
Por los fundamentos aquí expresados, concurrimos con la parte
del dictamen de la Mayoría que resuelve que la sentencia del Tribunal
de Circuito de Apelaciones de 9 de junio de 2000 no tuvo el efecto
de enmendar la emitida por dicho foro el 10 de agosto de 1999.
Disentimos en lo que respecta a imponerle a la Asociación de Garantía
de Seguros Misceláneos de Puerto Rico el pago de honorarios de abogado,
costas e intereses legales, aun en exceso de los límites de la
cubierta.
Por todo lo antes expuesto confirmaríamos el dictamen del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y del Tribunal de Primera
Instancia que resuelven que el Dr. Neptune Torres, y no la Asociación,
responderá por los honorarios de abogado, las costas y los intereses
por temeridad, sin necesidad de devolver este asunto al tribunal de
instancia, como lo hace hoy una Mayoría de este Tribunal.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
Juez Asociado