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Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. EDUARDO RODRIGUEZ CABRERA

2002 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. EDUARDO RODRIGUEZ CABRERA

CC-2001-0583

CC-2001-583

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2002 TSPR 57

Eduardo Rodríguez Cabrera

Peticionario

156 DPR ____

Número del Caso: CC-2001-583

Fecha: 7/mayo/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional IV

Juez Ponente:

Hon. Jocelyn López Vilanova

Oficina del Procurador General:

Lcda. Iris M. Barreto Saavedra

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José D. Soler Fernández

Lcda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado

Materia: Art. 171 del C.P.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

CC-2001-583

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2001-583

Certiorari

Eduardo Rodríguez Cabrera

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2002.

Nos corresponde examinar la figura de la reincidencia habitual,

Artículo 61 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3301, para determinar

si la misma se configura cuando los dos (2) delitos graves que sirven

de base a ésta son producto de sentencias emitidas el mismo día.

Por

entender que para propósitos de la reincidencia habitual el criterio

rector es que los delitos bases se hayan cometido en tiempos diversos

e independientes unos de otros, sin que se requiera, además, que las

sentencias hayan sido dictadas en fechas diferentes, confirmamos.

I

El Ministerio Público presentó siete (7) acusaciones contra Eduardo

Rodríguez Cabrera (en adelante, el acusado) por escalamiento agravado,

Artículo 171 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4277.

Además, alegó que

el acusado era reincidente habitual porque anteriormente había sido convicto

y sentenciado por dos (2) delitos graves cometidos en tiempos diversos e

independientes uno de otro.

En específico, el Ministerio Público se refería

a dos (2) delitos graves (escalamiento agravado) cometidos por el acusado

el 27 de marzo de 1996 y el 29 de marzo de 1996, respectivamente, los cuales

no estaban relacionados entre si.

Dichos casos se procesaron separadamente

pero posteriormente se consolidaron para que el acusado hiciera alegación

de culpabilidad en ambos cargos, emitiéndose dos (2) sentencias el mismo

día en las que se le condenó a cumplir ocho (8) años en cada uno de los casos.

Oportunamente, la Defensa se opuso a la alegación de reincidencia

habitual aduciendo que ésta no procedía pues las dos (2) sentencias que

servían de base para dicha alegación se emitieron el mismo día.

Así, alegó

que cuando el Artículo 61 del Código Penal dispone “[h]abrá reincidencia

habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos

graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros”1 debe

entenderse que se exige, no sólo que los delitos bases sean “cometidos en

tiempos diversos e independientes”, sino que las sentencias también sean

dictadas en “tiempos diversos e independientes”; esto es, que es necesario

haber sido convicto y sentenciado en fechas distintas.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso tras argumentar que para

propósitos de la reincidencia habitual lo importante es la comisión de dos

(2) delitos graves en tiempos distintos e independientes sin que sea

determinante la fecha en que se dicten las sentencias.

De esta manera,

aclaró que la coincidencia en la fecha de las sentencias obedeció a la

necesidad de evitar múltiples procedimientos y dilaciones innecesarias,

sobre todo en vista que el acusado pretendía declararse culpable en ambos

casos. Además, señaló que si el argumento de la defensa prosperaba, entonces

ahora el acusado debía enfrentar siete (7) procedimientos independientes,

aunque pretendiera en cada uno de ellos hacer una alegación preacordada,

para así evitar en el futuro la misma controversia que hoy se plantea.

Luego del examen de rigor, el Tribunal de Primera Instancia acogió el

razonamiento presentado por la defensa y denegó la alegación de reincidencia

habitual tras concluir que dicha alegación no procede cuando los delitos

bases son producto de sentencias emitidas el mismo día. De este dictamen

el Ministerio Público acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, quien

revocó al señalar que para propósitos de la reincidencia habitual lo

determinante es que los delitos bases sean cometidos en tiempos diversos

e independientes unos de otros sin que sea relevante la fecha en que se

dictaron las sentencias.

Inconforme, el acusado acude ante nos cuestionando el dictamen del foro

apelativo. Luego de expedir el auto solicitado y examinar las comparecencias

de las partes, resolvemos.

II

En Pueblo v. Reyes Moran, 123 D.P.R. 786 (1989), tuvimos la oportunidad

de expresarnos sobre la temática que nos concierne. En dicha ocasión

reconocimos que prácticamente todos los estados de Estados Unidos y el

gobierno federal tienen legislaciones sobre delincuencia habitual dentro

de su cuerpo de normas jurídicas. Igualmente, advertimos que los criterios

para definir un delincuente habitual y la penalidad que le habrá de ser

impuesta son asuntos que competen a las jurisdicciones estatales. Por ello,

afirmamos que la Legislatura de Puerto Rico tiene amplia facultad para crear

delitos e imponer castigos en ausencia de limitaciones constitucionales.

De igual forma, aclaramos que la Asamblea Legislativa puede imponer a los

delincuentes habituales una penalidad mayor dentro de la autoridad que

constitucionalmente le asiste para imponer castigos. Pueblo v. Reyes Moran,

supra a las págs. 796-797.

A estos efectos, mediante la Ley Núm. 34 del 31 de mayo de 1988 se enmendó

el Artículo 61 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3301, para disponer sobre

1

33 L.P.R.A. sec. 3301 (Énfasis suplido).

la figura de la reincidencia.

A partir de dicha enmienda, el referido

precepto dispone, en lo pertinente:

[...]

(1) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto por

delito grave incurre nuevamente en otro delito grave.

(2) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido

convicto anteriormente por dos (2) o más delitos graves cometidos

en tiempos diversos e independientes unos de otros incurre

nuevamente en otro delito grave.

(3) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido

convicto y sentenciado por dos o más delitos graves cometidos en

tiempos diversos e independientes unos de otros cometiere

posteriormente cualquiera de los siguientes delitos o sus

tentativas: asesinato, robo, incesto, extorsión, violación,

sodomía, actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor

de catorce (14) años, secuestro, agresión agravada en su modalidad

grave, escalamiento agravado [...]. (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, el citado artículo establece tres (3) tipos

de reincidencia, a saber: reincidencia simple, reincidencia agravada y

reincidencia habitual.

Véase, Dora Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto

Rico, pág. 111 (2001).

Es esta última la que aquí nos concierne y sobre

la cual se ha desarrollado la controversia que nos ocupa.

Veamos.

Por disposición expresa del Artículo 61, supra, la reincidencia

habitual se configura cuando se comete cualquiera de los delitos

mencionados en el precepto tras antes haber sido convicto y sentenciado

por dos (2) o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e

independientes unos de otros.

Así, dicha figura presupone unos delitos

bases, los cuales han de haber sido cometidos “en tiempos diversos e

independientes unos de otros”.

Por ello, lo determinante para propósitos

de la reincidencia habitual es que dichos delitos bases sean producto de

episodios criminales distintos y separados, sin que sea imprescindible

que los mismos sean producto de sentencias emitidas en fechas distintas.

Ciertamente, puede ocurrir que al momento en que se alegue la

reincidencia habitual existan dos (2) sentencias de fechas distintas, las

cuales reflejen la comisión de dos (2) delitos graves cometidos en tiempos

diversos e independientes unos de otros.

Sin embargo, en tal caso lo

decisivo no es la independencia y diversidad temporal de las sentencias,

sino la de los delitos bases.

No existe indicio alguno en el texto del

Artículo 61, supra, que indique que las sentencias que recogen los delitos

bases deben ser dictadas en fechas distintas.

Por el contrario, lo que

existe es un lenguaje claro que utiliza la independencia y diversidad

temporal de los delitos bases como criterio rector para la imposición de

la reincidencia habitual.

El Articulo se refiere a dos (2) o más delitos

graves “cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros” no

a dos (2) o más sentencias dictadas en tiempos diversos e independientes.

Este énfasis en los delitos graves se desprende no sólo del texto

del Artículo, sino del propio historial de la Ley Núm. 34, supra, la cual

se conceptualizó para “aquellos delincuentes que han hecho de la

[c]omisión reiterada de actos delictivos, su forma de vida”.2 Igualmente,

del referido historial se desprende que la reincidencia se concibió como

uno de los “mecanismos legales disponibles para poder penalizar con el

mayor rigor la conducta delictiva de naturaleza grave y persistente[.]”3

No causa sorpresa que el énfasis sea, precisamente, en los delitos

bases pues en otras jurisdicciones se ha formulado igual criterio rector

para sus respectivas legislaciones.

En la jurisdicción federal véase,

por ejemplo, el “Armed Career Criminal Act”, 18 U.S.C. § 924(e) (1988), el cual

ha

sido

interpretado

por

estableciendo dicho criterio.

los

distintos

circuitos

federales

como

U.S. v. Rush, 840 F.2d 580, 581 (8vo Circ.

1988) (“it is the criminal episodes underlying the convictions, not the

dates of conviction, that must be distinct to trigger the provisions of

the [Armed Career Criminal Act]”); U.S. v. Herbert, 860 F.2d 620, 621 (5to

Circ. 1988) (“two or more convictions arising from the same proceeding

should be treated as separate convictions provided that they arose from

separate transactions”) refiriéndose a United States v. Greene, 810 F.2d

999 (11mo Cir. 1986) y United States v. Wicks, 833 F.2d 192, (9no Cir.

1987). Además, U.S. v. Herbert, a la pág. 622 (“we hold that where, as

here, a defendant is convicted in a single judicial proceeding for multiple

counts arising from separate distinct criminal transactions that those

2

Véase, Informe de la Comisión de lo Jurídico sobre el Proyecto del Senado

1367, 11 de marzo de 1988, pág. 2.

convictions should be treated as multiple convictions under [the Armed

Career Criminal Act]”).

En fin, por virtud del Artículo 61 del Código Penal, supra, el énfasis

recae en los delitos bases, mas no en la fecha en que se dicta la sentencia

que los recoja.

Son estos delitos los que tienen que surgir como parte

de un episodio criminal distinto y separado sin que se requiera, además,

que las sentencias también sean distintas y separadas.

La sentencia y

convicción es relevante sólo para demostrar que, en efecto, el acusado

ha sido convicto y sentenciado por tales delitos.

Así se desprende, no

sólo del texto legal, sino del historial legislativo el cual incluso afirma

que “basta que exista una convicción por dos delitos graves para que la

persona pueda ser declarada delincuente habitual”.4

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la situación que

tenemos ante nos.

III

Como hemos señalado, en el caso de autos el acusado aduce que para

propósitos de la reincidencia habitual se requiere que las sentencias que

sirven de base para dicha alegación hayan sido dictadas en fechas

distintas.

No le asiste la razón.

Nada en el texto de la ley impone tal

exigencia.

Por el contrario, el Artículo 61, supra, sólo establece como

requisito rector haber sido convicto y sentenciado por dos (2) o más

delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de

otros, sin que se exija, además, que las sentencias sean dictadas en la

misma fecha.

Mediante la Ley Núm. 34, supra, la cual enmendó el Artículo 61 del

Código Penal, se quiso atender el problema de la criminalidad, enfatizando

la responsabilidad del Estado para “penar con mayor severidad al convicto

que recurre en la delincuencia”.5

De esta manera, la Legislatura formuló

la figura de la reincidencia habitual para aquellas personas que

incurrieran en un tercer delito de los allí mencionados tras haber “sido

3

4

Id.

Id. a la pág. 11.

convicto[s] y sentenciado[s] por dos o más delitos graves cometidos en

tiempos diversos e independientes unos de otros”.

El legislador estimó

que quien incurre en un tercer delito de los allí establecidos, una vez

se den las condiciones delimitadas por el Artículo (entre las que no se

encuentra la emisión de sentencias en tiempos diversos), merece la sanción

que acarrea la reincidencia habitual.

Ya hemos dicho que la Asamblea

Legislativa tiene amplia facultad para fijar las penas y las condiciones

en que se impondrá una pena de reincidencia, siempre que lo haga de forma

consistente con la Constitución.

El acusado no demuestra adecuadamente

qué violación constitucional se infringe al configurar la reincidencia

habitual sin exigirse que las sentencias que sirven de base a ésta sean

emitidas en fechas distintas.

Aun cuando el acusado nos induce a adoptar

una interpretación que imponga este requisito adicional, declinamos

aceptar su invitación.

Veamos.

La defensa sostiene que se debe poner atención a la fecha en que se

dictan las sentencias pues dos (2) sentencias dictadas un mismo día forman

parte de un sólo procedimiento.

Esto, según el acusado, iría en contra

del propósito de la figura de la reincidencia pues sólo le otorgaría una

(1) oportunidad para rehabilitarse y no dos (2) como ocurriría si las

sentencias se hubiesen dictado en fechas distintas.

En otras palabras,

el acusado pretende estar convicto y sentenciado por una primera ofensa

antes de cometer la segunda, de suerte que al efectuar esta última ya haya

tenido el beneficio de haber pasado por el sistema penal con la respectiva

oportunidad para ser rehabilitado.

Así, al cometer la tercera ofensa,

la cual activaría la reincidencia habitual, el acusado habría tenido la

oportunidad de pasar dos (2) veces por el sistema penal, con las

correspondientes oportunidades rehabilitadoras.

Por ello, concluye el

acusado, en la medida que se permita que dos (2) sentencias dictadas el

mismo día se consideren suficientes para configurar la reincidencia

habitual, se le negaría la oportunidad para rehabilitarse por segunda

ocasión.

5

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 34 del 31 de mayo de 1988.

El argumento de la defensa es ciertamente ingenioso pero, a la larga,

carente de apoyo legal.

En primer lugar, debe quedar claro que el acusado

si ha tenido oportunidad para rehabilitarse (pues éste ya había sido

convicto y sentenciado por dos (2) delitos graves antes de enfrentar el

proceso de autos).

Así visto, el caso de epígrafe meramente implica que

la defensa difiere del número de veces por las que un acusado debe pasar

por el sistema penal para que se pueda activar la reincidencia habitual.

Sin embargo, mas allá de esta diversidad de criterio con el juicio de la

Asamblea Legislativa, la defensa no esgrime razones meritorias para que

descartemos el claro texto del Artículo 61, supra, e incorporemos al mismo

su novedoso planteamiento.

De otra parte, del historial legislativo de la Ley Núm. 34, supra,

se desprende que ni tan siquiera es necesario que la convicción del acusado

culmine en su reclusión.6

Más aun, el Artículo 61, supra, descarta, de

entrada, su razonamiento pues sólo impone como requisito la independencia

y diversidad temporal de los delitos bases; esto es, de episodios

criminales distintos y separados, sin exigirse, además, que las sentencias

se emitan en fechas distintas.

Realmente, lo que pretende la defensa es

que por fiat judicial añadamos una exigencia adicional al Artículo 61 del

Código Penal, supra, (esto es, el requisito de diversidad temporal en las

sentencias).

No obstante, estimamos improcedente imponer exigencias

adicionales a un texto legal cuando las mismas no son compelidas por la

Constitución.

Es un principio establecido de hermenéutica que cuando la letra de

una ley es clara, la misma no debe ser menospreciada bajo el pretexto de

cumplir con su espíritu.

Qume Caribe, Inc. v. Secretario de Hacienda,

res. el 20 de marzo de 2001,

2001 TSPR 38; Calderón Morales v.

Administración de Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992); Atlantic

Pipe Corporation v. F.S.E., 132 D.P.R. 1026 (1993) y; Cotto Guadalupe v.

Departamento

de

Educación,

138

D.P.R.

658

(1995).

Por

ello,

no

Véase, Informe de la Comisión de lo Jurídico sobre el Proyecto del Senado

1367, 11 de marzo de 1988, pág. 11.

6

desvirtuaremos el claro texto de un precepto en aras de acomodar cada

teoría particular que formulen las partes ante nos.

En fin, no procedía denegar la alegación de reincidencia habitual por

el sólo hecho de que los delitos bases fueran producto de sentencias emitidas

el mismo día. Por ende, procede confirmar el dictamen del tribunal apelativo.

Se devuelve el recurso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen

los procedimientos conforme lo aquí resuelto.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2001-583

Certiorari

Eduardo Rodríguez Cabrera

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2002.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte integral de la presente, se confirma la sentencia

del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

disintió sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo