LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

CORP. DE P.R. PARA LA DIFUSION PUBLICA V. UNION GENERAL DE TRABAJADORES; NEGOCIADO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

2002 TSPR 51

Poder Judicial de Puerto Rico

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CORP. DE P.R. PARA LA DIFUSION PUBLICA V. UNION GENERAL DE TRABAJADORES; NEGOCIADO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

CC-2000-0598

SEN/OCONF/ OD

CC-2000-598

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación de Puerto Rico para

la Difusión Pública

Peticionario

Certiorari

v.

2002 TSPR 51

Unión General de Trabajadores

Recurrida

156 DPR ____

Negociado de Conciliación y

Arbitraje

Agencia Administrativa

Número del Caso: CC-2000-598

Fecha: 18/abril/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Marcelle D. Martell Jovet

Abogados de la Parte Recurida:

Lcdo. Andrés Montañez Coss

Lcdo. Edwin Rivera Cintrón

Materia: Revisión Judicial de Laudo de Arbitraje

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-2000-598

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación de Puerto Rico

para la Difusión Pública

Peticionario

v.

Unión General de Trabajadores

Certiorari

Recurrida

CC-2000-598

Negociado de Conciliación y

Arbitraje

Agencia Administrativa

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2002.

Nos corresponde resolver si la violación alegada en una

querella radicada por la Unión General de Trabajadores en

contra de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

constituía un agravio de naturaleza continua y, por ende, era

arbitrable ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

I

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública,

en adelante la Corporación, y la Unión General de Trabajadores,

en adelante la U.G.T., suscribieron un Convenio Colectivo el

8

de

CC-2000-598

3

diciembre de 1994, con vigencia de cuatro (4) años.1

Mediante el aludido Convenio, la

Corporación reconocía que la U.G.T. era la representante exclusiva de los empleados

comprendidos en las unidades apropiadas definidas en el mismo, a los fines de negociar

sus salarios, las horas de trabajo, sus beneficios marginales, los términos y condiciones

de trabajo y el cumplimiento de sus términos.2

El Artículo VIII del Convenio establecía el procedimiento a seguirse para el

trámite de las quejas y los agravios, así como para someterse al proceso de arbitraje.

Dicho artículo disponía que todo empleado que se considerara perjudicado por alguna

acción de la Corporación, debía presentar su queja ante su supervisor inmediato, por

sí mismo o a través del delegado de la U.G.T., dentro del término de siete (7) días

laborables desde la ocurrencia de los hechos que dieron margen al agravio.3 El supervisor

inmediato tendría, a su vez, siete (7) días laborables para dar su contestación a la

queja.4

En caso de que el supervisor no contestara la queja o si habiéndola contestado,

a juicio del empleado o la U.G.T., esta contestación no hubiese sido satisfactoria,

cualquiera de las partes antes mencionadas radicaría por escrito su agravio ante el

Director de Recursos Humanos de la Corporación, dentro de un término de diez (10) días

laborables.5

El Director de Recursos Humanos debía dar su contestación dentro de diez

(10) días laborables.6 De no resolverse satisfactoriamente la controversia en las etapas

anteriores, las partes individual o colectivamente procederían a radicar por escrito

una solicitud para someter la querella al procedimiento de arbitraje, ante el Negociado

de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.7

Cabe señalar, que la Sección 7 del Artículo VIII del Convenio disponía expresamente

que todos los términos establecidos en dicho artículo serían "improrrogables y

jurisdiccionales para todas las partes", excepto que la Corporación y la U.G.T decidieran

por acuerdo suscrito por ambas extender cualquier término.8

Apéndice I de la petición de Certiorari, pág. 3; Apéndice II, Íd., pág.

109.

1

Apéndice II de la petición de Certiorari, pág. 52. El Artículo V del

Convenio Colectivo establecía quiénes eran los empleados cubiertos por el

mismo. Éstos eran los empleados de Producción, Mantenimiento y Oficina,

así como el personal Profesional y Técnico de la Corporación.

2

3

Íd., págs. 55-56.

4

Íd., pág. 56.

Íd.

5

6

Íd.

7

Íd.

8

Íd., pág. 57.

CC-2000-598

4

La Corporación concedió un aumento de sueldo por mérito a ciertos empleados

unionados, a ser efectivo el 1 de septiembre de 1996.9

Los empleados no beneficiados

por dicho aumento de sueldo se enteraron de la concesión salarial el 16 de septiembre

de 1996.10 El señor Alberto Garcias fue uno de los empleados no beneficiados por el aumento

de sueldo.

El 20 de septiembre de 1996, éste último envió una carta a su supervisor

inmediato quejándose de su exclusión en la concesión de aumento de sueldo.11

El 1 de

octubre de 1996, la Corporación envió una carta a la U.G.T. notificándole oficialmente

los aumentos concedidos.12 Esta carta fue recibida por la U.G.T. el 7 de octubre de 1996.13

La U.G.T., en representación de sus unionados, inició el 15 de noviembre de 1996 el

procedimiento formal de quejas y agravios ante el Gerente de Producción de la Corporación.

Mediante carta a esos efectos, cuestionó la actuación de la Corporación de conceder

aumentos de salarios por mérito a ciertos empleados del Departamento de Servicios

Creativos y no a otros empleados de la misma área de trabajo.14

El 2 de diciembre de

1996 la Corporación replicó y adujo que la querella presentada por la U.G.T. no era

arbitrable, toda vez que la misma fue radicada fuera del término de siete (7) días que

establecía

el

mencionado

Artículo

VIII

del

Convenio

Colectivo

para

iniciar

el

procedimiento de quejas y agravios.15 El 3 de diciembre de 1996 la U.G.T. acudió mediante

carta al Director de Recursos Humanos de la Corporación, conforme al trámite contemplado

en el Convenio Colectivo.16

La Corporación se reafirmó en su planteamiento de que la

querella no era arbitrable, por haber sido presentada tardíamente. 17

La U.G.T. le

solicitó al Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos someter tal controversia al proceso de arbitraje.

árbitro

de

dicho

organismo

determinara

si

la

Las partes acordaron que un

querella

radicada

era

arbitrable

procesalmente.18

9

Apéndice I de la petición de Certiorari, pág. 5.

10

Apéndice II, Íd., pág. 129.

Íd., pág. 118. El señor Alberto Garcías realizó su reclamación dentro

del término de siete (7) días dispuesto en el Convenio Colectivo para así

hacerlo.

11

12

Íd., pág. 119.

13

Íd., pág. 130.

Íd., pág. 121. En la carta de la U.G.T. se establecía que los querellantes

eran los técnicos de estudio de televisión: José I. Corraliza, Alberto

Garcías, Luis Rolón y otros.

14

15

Íd., págs. 122-123.

16

Íd., pág. 124.

17

Íd., págs. 125-126.

18

Íd., pág. 129.

CC-2000-598

5

El 22 de junio de 1999, la árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje emitió

un laudo, concluyendo que el señor Alberto Garcías había sido el único reclamante que había

radicado su reclamación durante el período de tiempo dispuesto en el Convenio Colectivo.19

Concluyó, además, que los demás querellantes presentaron su reclamación fuera del período

de siete (7) días prescrito en el Convenio Colectivo. No obstante, determinó que la querella

de la U.G.T. era arbitrable.

Fundamentó su determinación en la naturaleza continua del

agravio.20 Inconforme con esta determinación, la Corporación acudió al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, alegando que la querella instada por la U.G.T. fue

presentada fuera del término fatal provisto en el Convenio Colectivo.21

El 2 de noviembre

de 1999, el Tribunal de Primera Instancia revocó el laudo de arbitraje emitido.22 Determinó

que la querella se presentó fuera del término fatal y jurisdiccional de siete (7) días

establecido en la Sección 2 del Artículo VIII del Convenio Colectivo, por lo que la árbitro

carecía de jurisdicción para entender en la controversia.

Concluyó, asimismo, que el

aumento de sueldo concedido constituía un solo acto, no varios actos continuados.

La

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia no contiene mención alguna referente

a la reclamación presentada personalmente por el señor Alberto Garcías el 20 de septiembre

de 1996.23

La U.G.T. acudió, mediante recurso de Certiorari, ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Dicho foro apelativo expidió el auto solicitado y dictó sentencia el 24 de

mayo del 2000, revocando la resolución recurrida. 24

Concluyó que la controversia era

arbitrable, porque se trataba de un agravio continuo.25

A tenor con lo anterior, determinó

que la U.G.T. podía utilizar el procedimiento de arbitraje para reclamar el pago de los

19

Íd., pág. 131.

20

Íd., pág. 132.

21

Íd., págs. 133-148.

22

Íd., págs. 169-174.

La reclamación realizada personalmente por el señor Garcias fue presentada

oportunamente. Los planteamientos de la Corporación iban dirigidos a la

reclamación realizada por la U.G.T., en representación de los empleados,

el 15 de noviembre de 1996.

23

Apéndice I de la petición de Certiorari, págs. 1-16.

Circuito de Apelaciones expresó lo siguiente:

24

El Tribunal de

A pesar de que prácticamente ninguno de los querellantes,

con excepción del señor Alberto Garcias, había presentado su

querella dentro del término de siete (7) días laborables

establecido en el Artículo VIII del convenio, el árbitro determinó

que la querella de la Unión sí era arbitrable procesalmente.

Admitió el planteamiento de la Unión de que el agravio en cuestión

era de naturaleza continua, ya que "por ser una reclamación de

salarios, cada día de pago en que no se haya concedido el aumento,

surge nuevamente la causa de acción".

25

Íd., pág. 15.

CC-2000-598

6

salarios devengados a partir del 15 de noviembre de 1996, fecha en que presentó formalmente

la querella de sus unionados.26

Inconforme, la Corporación acudió ante nos el 5 de julio del 2000, mediante recurso

de Certiorari, señalando la comisión por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de los

errores siguientes:

1. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL DETERMINAR

QUE LA QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIÓN ERA PROCESALMENTE ARBITRABLE, TODA VEZ

QUE LA ARBITRO CARECIA DE JURISDICCIÓN PARA ENTENDER EN LA MISMA.

2. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL DETERMINAR

LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN CONTINUA EN LO QUE RESPECTA A LOS AUMENTOS POR

MERITO A PERSONAL UNIONADO, AUN CUANDO NO EXISTE PRECEDENTE ALGUNO PARA ELLO

EN NUESTRA JURISDICCIÓN, IGNORANDO ASI LOS TERMINOS CLAROS DE NATURALEZA

JURISDICCIONAL E IMPRORROGABLE PROVISTOS POR EL CONVENIO COLECTIVO VIGENTE

ENTRE LAS PARTES.

Con la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver.

II

Los aumentos por mérito concedidos no estaban contemplados en el Convenio Colectivo

aprobado, vigente y aplicable a la controversia de autos.

La decisión patronal de

concederlos no constituye una violación de carácter continuo al Convenio Colectivo,

porque dichos aumentos no estaban contemplados en el mismo.

No estando contemplados

los referidos aumentos por mérito en el Convenio Colectivo, su concesión era prerrogativa

discrecional de la gerencia. La decisión de concederlos constituyó un solo acto o acción

única, que tuvo la consecuencia de procurar mayores ingresos a ciertos empleados.27

Si

la U.G.T. quería cuestionar los aumentos concedidos, debía cumplir con los pasos y

términos específicos contemplados en el proceso de ventilación de quejas, agravios y

arbitraje para el encausamiento de las querellas. Esta última no cumplió con presentar

la querella dentro del término de siete (7) días laborables para iniciar el primer paso

del procedimiento desde la ocurrencia del hecho que dio margen al agravio. Por lo tanto,

la querella presentada por la U.G.T. no era arbitrable procesalmente.

Concluimos que el señor Alberto Garcias cumplió con el paso inicial del

procedimiento de quejas, agravios y arbitraje del Convenio Colectivo.

Su queja fue

presentada oportunamente y, por ende, es arbitrable procesalmente.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia recurrida, emitida

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Se mantiene en todo su vigor y efecto lo

dictaminado por el árbitro en el laudo de arbitraje, a los efectos de que el señor Alberto

26

Íd., pág. 16.

27

J.R.T. v. A.E.E., 113 D.P.R. 564 (1982).

CC-2000-598

7

Garcias presentó su reclamación oportunamente, a tenor con lo dispuesto en el Convenio

Colectivo.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión de Conformidad, a la que se unió el Juez

Asociado señor Corrada del Río. El Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado

señor Rebollo López concurren sin opinión escrita.

La Jueza Asociada señora Naveira

de Rodón y el Juez Asociado señor Hernández Denton disienten sin opinión escrita.

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita.

intervienen en el presente caso, por Regla de Necesidad.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

El

Todos los Jueces

CC-2000-598

8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación de Puerto Rico

para la Difusión Pública

Peticionario

v.

Unión General de Trabajadores

Certiorari

Recurrida

CC-2000-598

Negociado de Conciliación y

Arbitraje

Agencia Administrativa

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez, a la cual se

une el Juez Asociado señor Corrada del Río.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2002.

La negociación colectiva en el ámbito laboral pretende,

entre otras cosas, fomentar la paz industrial a través de

medios adecuados que ayuden a resolver de forma pacífica las

controversias obrero patronales. 28

Por dicha razón, los

convenios colectivos están revestidos de un alto interés

público.29 Este Tribunal ha sido enfático en que todo convenio

colectivo constituye un contrato entre las partes y, en

consecuencia,

debe

Véase el Artículo 1 de la Ley de Relaciones del

Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de

1945, 29 L.P.R.A. sec. 62.

28

29

Íd.

CC-2000-598

9

cumplirse con estricta rigurosidad.30

De contener el convenio colectivo disposiciones

para el procesamiento de quejas y agravios, y para su eventual ventilación a través del

proceso de arbitraje, éstas deben ser cumplidas estrictamente.31

Cuando la observancia

rigurosa del procedimiento contenido en el convenio colectivo para la ventilación de

querellas y agravios represente un acto fútil, un gesto vacío, un paso irreal o imposible

no será necesario cumplir con el mismo.32

Por otra parte, en Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del

arbitraje obrero patronal.33

Hemos reiterado que el arbitraje es el medio más apropiado

para la resolución de controversias que emanan de la relación laboral, pues es un medio

menos técnico, más flexible y menos oneroso.34

Por ello, ante un convenio voluntario

de arbitraje la abstención judicial es prudencial. 35

judicial no está vedada, pero sí autolimitada.

Sin embargo, la intervención

La revisión de los laudos de arbitraje

se circunscribe a la determinación de la existencia de fraude, conducta impropia, falta

del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de jurisdicción o que

el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia.36

No obstante, si el convenio

colectivo dispone que los asuntos sometidos al arbitraje serán resueltos conforme a

derecho, la facultad del tribunal se extiende para revisar, además, los méritos jurídicos

30

Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998); Martínez Rodríguez v.

A.E.E., 133 D.P.R. 986 (1993); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R.

318 (1988); San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975); Pérez v. Autoridad

Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R.

425 (1962).

Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra; Martínez Rodríguez v. A.E.E.,

supra; Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51 (1982); J.R.T.

v. A.F.F., 111 D.P.R. 837 (1982); San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., supra;

Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).

31

32

Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., supra.

Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra; U.C.P.R. v. Triangle

Engineering Corp., 136 D.P.R. 133 (1994); World Films, Inc. v. Paramount

Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990).

33

Martínez Rodríguez v. A.E.E., supra; U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés,

Inc., 116 D.P.R. 348 (1985); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R.

832 (1977); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra.

34

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra; J.R.T. v. Hato Rey

Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987).

35

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., res. el 7 de octubre de 1999,

99 TSPR 148, 149 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 153; J.R.T. v. Hato Rey

Psychiatric Hosp., supra; U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra.

36

CC-2000-598

del laudo.37

10

El condicionar un laudo a que sea conforme a derecho significa, en adición,

que el árbitro no podrá ignorar las normas de derecho sustantivo en el campo del derecho

laboral.38

Se reputarán persuasivas las decisiones del Tribunal de Primera Instancia,

de las agencias administrativas, los laudos y los escritos de los árbitros.39 La revisión

judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones

administrativas.40

La Sección 6 del Artículo VIII del Procedimiento de Quejas, Agravios y Arbitraje

del Convenio Colectivo en controversia disponía que las decisiones del árbitro debían

rendirse conforme a derecho, por lo que resulta procedente nuestra revisión de las

cuestiones de derecho relativas a la arbitrabilidad procesal de las quejas presentadas.

II

La libertad de contratación y el proceso de negociación colectiva le confiere a

las partes que componen la relación obrero patronal la facultad de establecer el sistema

de procesamiento y adjudicación de las quejas y agravios que prevalecerá durante la

vigencia del convenio colectivo. 41

Cuando las partes voluntariamente escogen el

arbitraje como mecanismo de la dilucidación de las controversias que surgen a raíz del

convenio colectivo, sustituyen el foro judicial por el foro de arbitraje. 42

La

determinación de si el agravio se procesó dentro del término estipulado y de la manera

convenida en el convenio colectivo, constituye un asunto medular a ser decidido por el

árbitro, ya que éstos poseen gran "expertise" en dicho menester y, al igual que los

tribunales, deben velar por su jurisdicción antes de entrar en los méritos de la

querella.43 Tanto en el arbitraje en la esfera federal como en el arbitraje a nivel local,

es doctrina claramente establecida que el cumplimiento estricto con las disposiciones

contempladas en los convenios colectivos para el procesamiento de querellas es

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra; Sonic Knitting Industries

v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.

& P. R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

37

Condado Plaza v. Asoc. de Emp. Casinos P.R., supra; J.R.T. v. Hato Rey

Psychiatric Hosp., supra; Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., supra.

38

39

Íd.

Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808 (1998); U.G.T. v. Challenger

Caribbean Corp., 126 D.P.R. 22 (1990); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés,

Inc., supra.

40

D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero Patronal, 1ra ed., Colombia,

Legis S.A., 2000, pág. 236.

41

Condado Plaza v. Asoc. de Emp. Casinos P.R., supra; J.R.T. v. Junta Adm.

Muelle Mun. de Ponce, supra.

42

CC-2000-598

11

fundamental. 44

Generalmente el incumplimiento con los términos y el procedimiento

establecido en el convenio colectivo conlleva la desestimación de la querella, pues se

pretende que la tramitación de los agravios sea pronta y diligente.

A esos efectos,

el tratadista Owen Fairweather expresa lo siguiente:45

When a grievance has not been filed within the time limits set forth in the

collective bargaining agreement, the arbitrator generally will dismiss the

claim as nonarbitrable unless the opposing party has waived this procedural

defect. Since the parties have limited the cases which they agree to arbitrate

according to the terms of their agreement, the arbitrator has no authority to

hear a claim presented too late, because it has not properly entered the

procedure and hence has not reached the arbitration "step". Arbitrators have

supported the dismissal not only on the ground that the arbitrator must receive

authority to hear the grievance claim from the agreement, but also on the ground

that the establishment of a time limit reflects the parties' recognition that

grievance matters should be heard promptly and not allowed to fester for long

periods permitting evidence to be lost and recollections to be dimmed. ...

Este proceder es afín con la política pública del Estado de fomentar la paz

laboral. 46

El procesamiento rápido de los agravios ayuda, además, a lograr una

presentación más exacta y precisa del cuadro fáctico que dio margen a éste. No obstante,

existen situaciones de hechos, muy particulares, que eluden la norma antes expresada.

Ejemplifican estas excepciones las circunstancias siguientes: que ambas partes hayan

incumplido con los términos estipulados en el convenio colectivo; que las partes hayan

acordado extender los términos establecidos en el convenio colectivo; que el patrono

no hubiera objetado, o hubiera objetado tardíamente, la tramitación de la querella; que

el agravio no hubiera sido conocido sino hasta una fecha posterior a su ocurrencia; que

la querella hubiera sido prematura si se hubiese presentado en los términos contemplados

en el convenio colectivo; que el patrono haya inducido por sus acciones a la radicación

tardía del agravio; y, por último, que el agravio alegado constituya una violación de

carácter continuo.47

La naturaleza de este último hace que el mismo surja o se renueve

día a día y, por tanto, se pueda presentar la queja en cualquier momento mientras la

Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works, 5th ed., Washington D.C., The

Bureau of National Affairs, 1985, págs. 283, 305-307; D. Fernández Quiñones,

op. cit., págs. 236 y 425.

44

Rivera v. Coop. Ganaderos de Vieques, 110 D.P.R. 621 (1981); Sria. del

Trabajo v. Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286 (1973).

43

O. Fairweather, Practice and Procedure in Labor Arbitration, 2nd ed.,

Washington D.C., The Bureau of National Affairs, 1983, pág. 101; F. Elkouri,

pág. 274. Véase también D. Fernández Quiñones, op. cit, págs. 236, 426.

45

46

Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624 (1967).

O. Fairweather, op. cit., págs. 103-105; Elkouri & Elkouri, op. cit., págs.

276-283; BNA Labor Relations Reporter, Labor Review Expediter, secs. 540:

306-307, (1988).

47

CC-2000-598

12

violación contractual continúe y se interponga en el período prescrito en el convenio.48

En el campo laboral los árbitros han utilizado dicha excepción para determinar que una

violación continua al convenio colectivo da base a un agravio continuo procesable en

el procedimiento establecido en el convenio colectivo.

La doctrina de una violación

continua al convenio colectivo que da base a una reclamación de carácter continuo fue

acogida por este Tribunal en el caso J.R.T. v. A.E.E.49

La determinación de la existencia de una violación de carácter continuo no es tarea

fácil y la aplicación del concepto en el ámbito laboral ha sido objeto de confusión y,

en

consecuencia,

de

decisiones

divergentes. 50

El

factor

determinante

para

el

discernimiento de la existencia de una violación continua es el acto que causó la queja

o el agravio y no el enfoque en sus efectos.51

Debido a ésto, el remedio a concederse

en los casos en que se determine que existe una violación de carácter continuo se otorgará

desde que la querella fue presentada y no desde que ocurrió el acto inicial que dio origen

al agravio.52

Conviene destacar, que un número considerable de árbitros en el campo

laboral ha utilizado el enfoque conocido como el "paycheck-as-violation approach" para

determinar la existencia de una violación de carácter continuo. Dicha óptica considera

que cada cheque pagado al empleado por una cantidad menor de la que alegadamente es

titular, producto de una decisión patronal, constituye una violación nueva y separada

y, por lo tanto, es procesable por el mecanismo establecido para la ventilación de quejas

48

D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 237. Este Tribunal en Galib Frangie v. El Vocero

de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995), citando a Herminio Brau del Toro, definió un daño de

carácter continuo de la manera siguiente:

Daños continuados son "aquéllos producidos por uno o más actos culposos o

negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias

lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre

sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca -por ser

previsible-

el

carácter

continuado

e

ininterrumpido

de

sus

efectos,

convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño

actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto

cierto".

49

113 D.P.R. 564 (1982).

R.I. Bloch, Arbitration: Time Limits and Continuing Violations, 96

MiChingan Law Review 2384 (1988).

50

R.I. Bloch, supra, pág. 2389. Véase también Unión General de Trabajadores

v. Triple SSS, 143 F. Supp. 2d 178 (2001); El Mundo Broadcasting Corp. v.

Unites Steelworkers of America, 116 F.3d 7 (1997); Delaware State College

v. Ricks, 449 US 250 (1980).

51

CC-2000-598

13

y agravios. La referida aplicación es, con frecuencia, objeto de un uso erróneo, debido

a que dicha práctica no distingue entre cheques que constituyen por sí nuevos actos de

violación y otros que sólo son la manifestación y el efecto de un acto previo que en

sí constituyó la violación que dio paso al agravio.53 La doctrina de violación de carácter

continuo en el campo laboral se ha aplicado con más frecuencia a las reclamaciones por

daños resultantes de la negativa patronal de remunerar a un empleado, según la

clasificación establecida en el convenio colectivo para su puesto, y por la negativa

patronal de otorgar aumentos por mérito a ciertos empleados cuando éstos están

contemplados en dicho documento.54

Por otro lado, en el campo obrero patronal se ha reconocido que los aumentos por

mérito son materia apropiada para ser establecida en los convenios colectivos. 55

No

obstante, cuando un convenio colectivo no contiene cláusulas respecto a la concesión

de aumentos por mérito o cuando el convenio colectivo sí contiene dichas cláusulas, pero

no expresa quién hará la determinación inicial de la concesión de éstos, la determinación

le corresponde y es prerrogativa discrecional de la gerencia. 56

En otras palabras,

ausentes cláusulas contractuales en el convenio colectivo que contemplen la concesión

de aumentos por mérito, la otorgación de éstos concierne únicamente a la gerencia y la

misma sólo podrá ser impugnada exitosamente cuando haya sido injusta, arbitraria,

discriminatoria o se haya basado en evidencia insuficiente o en una representación

52

53

J.R.T. v. A.E.E., supra; O. Fairweather, op. cit., pág. 103.

R.I. Bloch, supra, pág. 2389.

O. Fairweather, op. cit, pág. 104; Elkouri & Elkouri, op. cit., págs.

785-788. Véase USS v. United Steelworkers of America Local 1219, 109 LA

434 (1997) (Bethel); Harding Galesburg Mkts., Inc. v. UFCW Local 951, 103

L.A. 1158 (1994) (Daniel); Titan Wheel Intl. v. International Assn. of

Machinists & Aerospace Workers Local 2048, 97 LA 514 (1991) (Smith); Steel

Warehouse Co., Inc., 45 LA 357 (1965) (Dolnick); Lycoming División, 43 LA

765 (1964) (Kornblum), para ejemplos de uso de la doctrina de violación de

carácter continuo por pagos no correspondientes para la clasificación del

puesto, y Taylor Winfield Corp., 45 LA (1965) (Kates), para un ejemplo de

la doctrina aplicada a aumento por razón de mérito.

54

Elkouri & Elkouri, op. cit., pág. 785; M. Hill, A.V. Sinicropi, Management

Rights, Washington D.C., The Bureau of National Affairs, Inc., 1986, pág.

339.

55

Elkouri & Elkouri, op. cit., págs. 785-788; M. Hill, A.V. Sinicropi, op.

cit., págs. 339-341. Véase, además, Union Starch & Co., 15 LA 4 (1950)

(Townsend); National Lock Co., 15 LA 180 (1950) (Luskins); International

Harvester Co., 14 LA 77 (1950) (Seward); Wetter Numbering Machine Co., 14

LA 97 (1950) (Cahn); Supermatic Products Corp., 14 LA 139 (1950) (Bernstein);

Bethlehem Steel Co., 11 LA 1199 (1948) (Simkin); Warren City Mfg. Co., 7

LA 202 (1947) (Abernethy).

56

CC-2000-598

14

errónea de los hechos.57 Respecto a ésto, el árbitro Feinberg expresó en Bethlehem Steel

Co.58 lo siguiente:

... [M]erit is difficult to prove and the parties themselves, through daily

observation of the employee, have usually gained greater knowledge of the

employee's abilities and efficiency than the Umpire can ever have. In the

absence of detailed proof, a third party is generally not in a position to

determine whether an employee has demonstrated increased efficiency or whether

the quality of his work has improved. It is recognized that that determination

can best be made by the employee's supervisor, who is closest to the employee

in these matters.

...

En el caso de autos hubo una sumisión expresa de las partes otorgándole al árbitro

del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

de Puerto Rico la autoridad para deliberar sobre el aspecto procesal de la querella en

controversia. Dicho árbitro entendió que la querella era arbitrable, debido a que ésta

era una reclamación de salarios y, en consecuencia, constituía una violación de carácter

continuo al convenio colectivo.

No compartimos tal óptica.

La acción patronal que da

base a la querella en el caso de autos fue la concesión de ciertos aumentos por mérito

por parte de la gerencia a algunos empleados de la unidad apropiada.

La árbitro y la

U.G.T. pasan por alto que los aumentos por mérito concedidos no estaban contemplados

en el Convenio Colectivo en controversia.59 La decisión patronal de concederlos no puede

constituir una violación de carácter continuo al Convenio Colectivo, porque dichos

aumentos no estaban contemplados en el mismo.

No estando contemplados los referidos

aumentos por mérito en el Convenio Colectivo, su concesión era prerrogativa discrecional

de la gerencia. La decisión de concederlos constituyó un solo acto o acción única, que

tuvo la consecuencia de procurar mayores ingresos a ciertos empleados.

Es decir, los

pagos o cheques que recibieron los empleados beneficiados, como consecuencia de dicha

acción patronal, fueron sólo el efecto de dicha decisión. En consecuencia, si la U.G.T.

quería cuestionar los aumentos concedidos debía cumplir con los pasos y términos

específicos contemplados en el proceso de ventilación de quejas, agravios y arbitraje

para el encauzamiento de las querellas.

La Sección 2 del Artículo VIII del mismo

establecía, de manera específica, el término de siete (7) días laborables para iniciar

el primer paso del procedimiento desde la ocurrencia del hecho que da margen al agravio.

De la relación de hechos realizada por la árbitro surge que los empleados querellantes

tuvieron conocimiento de los aumentos de sueldo concedidos desde el 16 de septiembre

de 1996, y que la U.G.T. lo tuvo oficialmente y por escrito desde el 7 de octubre de

1996.60

No obstante, no fue hasta el 15 de noviembre de 1996 que la U.G.T. inició el

57

Íd.

58

21 LA 614, 616 (1953) (Feinberg).

59

Apéndice III de la petición de Certiorari, pág. 129.

60

Íd., págs. 129-130.

CC-2000-598

15

primer paso del procedimiento de ventilación de agravios contemplado en el Convenio

Colectivo.

Constituyendo los términos incluidos en el Artículo VIII del Convenio

Colectivo unos "improrrogables y jurisdiccionales", y no surgiendo que las partes hayan

suscrito acuerdo alguno para extenderlos, no podemos sino concluir que la U.G.T.

incumplió con el primer paso del procedimiento allí establecido.

Concluimos, sin embargo, que el señor Alberto Garcías cumplió con el paso inicial

del procedimiento de quejas, agravios y arbitraje del Convenio Colectivo.

El 20 de

septiembre de 1996, el señor Garcías, mediante carta, le presentó a su supervisor

inmediato su queja en relación con el aumento concedido a otros empleados de su unidad

apropiada.61

Dicha carta fue presentada oportunamente dentro del término de siete (7)

días estipulado por las partes en la Sección 2 del Artículo VII del Convenio Colectivo

para el inicio de la ventilación de los agravios.62

Por consiguiente, su querella es

arbitrable procesalmente.

Estimamos que los hechos del caso de autos son distintos a los que nos enfrentamos

en J.R.T. v. A.E.E., supra. Allí determinamos que una reclamación laboral que persigue

un aumento de sueldo por años de servicio, derecho establecido en el convenio colectivo,

no era tardía por tratarse de una reclamación de carácter continuo.

Concluimos que

cada vez que un patrono paga el salario de un empleado, sin incluir el aumento por años

de servicio a que éste tiene derecho de acuerdo a lo dispuesto en el convenio colectivo,

surge una nueva causa de acción, procesable de conformidad a lo contemplado en dicho

convenio.

En esa ocasión reafirmamos el laudo emitido por el árbitro del Negociado de

Conciliación y Arbitraje, porque éste había llegado a la determinación de que la

reclamación laboral era una de naturaleza continua interpretando, de manera conjunta,

las cláusulas del convenio y el propósito que animaba el referido aumento.63

Es decir,

pusimos en vigor el laudo, porque el aumento por años de servicio impugnado en dicho

caso estaba contemplado en el convenio colectivo suscrito por la Autoridad de Energía

Eléctrica de Puerto Rico y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego

de Puerto Rico.

III

Reiteramos que la doctrina del precedente no es de ordinario aplicable al campo

del arbitraje obrero patronal.64

Sin embargo, un laudo emitido con anterioridad por un

árbitro, en una disputa laboral entre el mismo patrono, la misma unión, respecto al mismo

61

Íd., pág. 118.

62

Íd., pág. 56.

63

J.R.T. v. A.E.E., supra, pág. 568.

D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 24; O. Fairweather, op. cit., pág.

570; Elkouri & Elkouri, op. cit., págs. 608-610.

64

CC-2000-598

16

asunto, interpretando la misma disposición del convenio colectivo, es considerada como

de gran fuerza persuasiva para lograr dos propósitos: mantener la continuidad de la

interpretación del convenio colectivo y mantener la estabilidad de la relación obrero

patronal.65

Existe un laudo previo, emitido el 23 de octubre de 1997, que interpreta el Artículo

VIII del Convenio Colectivo aquí en controversia.66

Dicho laudo fue emitido luego que

la U.G.T. y la Corporación le sometieran a un árbitro del Negociado de Conciliación y

Arbitraje la controversia, a los efectos de si una querella, en la cual se impugnaba

la concesión de unos aumentos de sueldo a ciertos empleados de la Unidad Apropiada A,

era arbitrable en su aspecto procesal.67

El árbitro determinó que la querella no era

arbitrable procesalmente, por haber sido presentada tardíamente. Concluyó que la U.G.T.

inició el primer paso del procedimiento de quejas, agravios y arbitraje el 15 de noviembre

de 1996, aún cuando tuvo conocimiento de la concesión de los aumentos desde el 7 de octubre

de 1996.

Ambas fechas coinciden con el curso de los incidentes procesales en el caso

de autos.

Concluimos que la

U.G.T. debió darle

cumplimiento fiel

y estricto a las

disposiciones contempladas en el Artículo VIII de Procedimientos de Quejas, Agravios

y Arbitraje del Convenio Colectivo, y no lo hizo.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

O. Fairweather, op. cit, págs. 573-578; Elkouri & Elkouri, op. cit., pág.

610; M. Hill, A.V. Sinicropi, op. cit., págs. 33-34.

65

66

Apéndice III de la petición de Certiorari, págs. 175-181.

La Unidad Apropiada A incluía a los empleados de producción, mantenimiento

y oficina. Tenemos ante nos, en esta ocasión, la querella de los empleados

de la Unidad Apropiada B, que incluye a los empleados profesionales y

técnicos.

67

CC-2000-598

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación de Puerto Rico

para la Difusión Pública

Peticionario

v.

Unión General de Trabajadores

Recurrida

CC-2000-598

Certiorari

Negociado de Conciliación y

Arbitraje

Agencia Administrativa

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2002.

En el caso de autos, una mayoría del Tribunal revoca un laudo de

arbitraje sobre la arbitrabilidad de una controversia laboral. Llega a tal

resultado, a pesar de que ello es contrario a lo resuelto claramente sobre

el asunto en cuestión por este Tribunal en J.R.T. v. A.E.E., 113 D.P.R. 564

(1982). La mayoría no explica de modo alguno por qué no aplica aquí esa

autoritativa decisión nuestra. Para todos los efectos prácticos la mayoría

revoca

sub

silentium

esa

pertinente

opinión

anterior

nuestra,

sin

justificarlo.

Por otro lado, esta inusitada decisión de la mayoría también es

contraria a conocidos principios sobre la naturaleza y el rol del proceso

de

arbitraje en el campo de las relaciones obrero-patronales, por lo que debilita esa

importante institución de nuestro ordenamiento jurídico.

Sabido es que el arbitraje es un medio eficaz y rápido de resolver las disputas

obrero-patronales. Se trata propiamente de una extensión del propio proceso de la

negociación colectiva, parte integral de un esquema fundamental que procura asegurar y

mantener la paz industrial y evitar las huelgas. Por ello es que se estima imprescindible

que los laudos arbitrales tengan la máxima finalidad posible. Se le reconoce la mayor

deferencia a los laudos de los árbitros laborales con el fin de inmunizar las disputas

obrero-patronales de los serios efectos adversos que tienen los gastos, el malestar y las

demoras que el juicio y las apelaciones judiciales acarrean.

La conocida doctrina nuestra que limita estrictamente la revisión judicial de los

laudos de arbitraje tiene una excepción cuando los laudos están sujetos al acuerdo de las

partes de que dichos laudos han de ser conforme a derecho. Sin embargo, aun dichos laudos

ameritan respeto y deferencia judicial, sobre todo cuando tratan de una cuestión de

arbitrabilidad procesal. Ello es así no sólo por las consideraciones sistémicas aludidas

antes, que son pertinentes aun en la instancia referida sino también por razón de la

familiaridad del árbitro con las normas y prácticas aplicables. El árbitro frecuentemente

tiene conocimiento del propio derecho laboral o una amplia experiencia con su aplicación

y trasfondo. Está versado en los asuntos obrero patronales, en la naturaleza de las disputas

que surgen en este campo y de los intereses en conflicto, y sabe de las reglas y estándares

propios que prevalecen en la práctica cotidiana en este campo a fin de procurar la paz

industrial. Su expertise es particularmente pertinente cuando se trata de interpretar la

intención de las partes en un convenio colectivo sobre qué asuntos son arbitrables y cuales

no. Por ello, aun cuando se haya pactado que se debe decidir conforme a derecho, su decisión

sobre una cuestión de arbitrabilidad procesal, como la que aquí nos concierne, merece

deferencia judicial, a menos que sea contraria a una disposición clara y terminante del

convenio colectivo que de modo específico excluya la controversia substantiva del proceso

de arbitraje; o a menos que la decisión del árbitro sobre la arbitrabilidad sea claramente

contraria a normas o principios bien establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

En el caso de autos, la decisión del árbitro que la mayoría de este Tribunal revoca

aquí era conforme a una anterior decisión nuestra. Además, dicho laudo arbitral es

consistente con la postura sobre el asunto en cuestión sostenida por un número considerable

de árbitros y otros especialistas en el campo laboral en los Estados Unidos, de donde se

deriva nuestro derecho laboral. Ciertamente, no hay una disposición en el convenio colectivo

en cuestión ni una norma o principio alguno en nuestro propio ordenamiento jurídico que

sean contrarias a lo resuelto por el árbitro en el caso de autos. Cuando menos, pues, la

decisión arbitral en cuestión es plausible, por lo que no hay justificación para revisarla

como si se tratase de una sentencia de un tribunal inferior. Véase, D.M. Helfeld, La

Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en el Desarrollo del Derecho de Arbitraje en

Puerto Rico, 70 Rev. Jur. UPR págs. 82-83 (2001).

En resumen, pues, la decisión del árbitro en el caso de autos fue esencialmente

conforme a derecho. Merece nuestra deferencia, tal como lo determinó correctamente el foro

apelativo. Como la mayoría de este Tribunal decide de otro modo, que es inconsistente con

nuestra jurisprudencia y que atenta contra el rol vital que juega el arbitraje como medio

eficaz para resolver disputas laborales, yo disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO