LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ASOCIACION DE FARMACIAS DE LA COMUNIDAD Y OTROS V. DEPTO. DE SALUD

2002 TSPR 13

Poder Judicial de Puerto Rico

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ASOCIACION DE FARMACIAS DE LA COMUNIDAD Y OTROS V. DEPTO. DE SALUD

CC-1999-0597

OT/OC EN PARTE Y DIS EN PARTE

CC-1999-597

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Farmacias de la

Comunidad y otros

Demandantes-Peticionarios

Certiorari

v.

2002 TSPR 13

Departamento de Salud

Demandado-Recurrido

156 DPR ____

Número del Caso: CC-1999-597

Fecha: 5/febrero/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. David Noriega Rodríguez

Lcdo. José A. Ortiz Daliot

Lcdo. Nicolás Gautier

Lcdo. Heyda Vigil Mc.Clin

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mayra J. Serrano Borges

Procuradora General Auxiliar

Abogadas de Walgreen Co, Walgreen of Puerto Rico, Inc. y Walgreen of San

Patricio, Inc.:

Lcda. Yolanda Benítez de Alegría

Lcda. Lydia M. Ramos Cruz

Materia: Solicitud de Paralización del Reglamento Núm. 89

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

1

CC-1999-597

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Farmacias de

la Comunidad y otros

Demandantes-Peticionarios

vs.

CC-1999-597

CERTIORARI

Departamento de Salud

Demandado-Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2002.

-...You hadn't exactly gone out of your way to call

attention to them had you? I mean like actually telling

anyone or anything.

-But the plans were on display...

-On display? I eventually had to go down to the cellar to

find them.

-That's the display department.

-With a torch.

-Ah, well the lights had probably gone.

-So had the stairs.

-But look you found the notice didn't you?

-Yes -said Arthur- yes I did. It was on display in the bottom

of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with

a sign on the door saying "Beware of The Leopard".

Arthur Dent enfrentándose a un funcionario administrativo

en la novela de Douglas Adams: The Hitchhiker’s Guide to

the Galaxy.

Hoy nos toca resolver si es válido el Reglamento

Núm. 89 para Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes

para

el

Otorgamiento

de

Certificados

de

Necesidad

y

Conveniencia del Departamento de Salud que se limita a

repetir los criterios generales y ambiguos de la ley que

2

CC-1999-597

3

otorga el poder de reglamentación a dicho organismo. Resolvemos

que las agencias tienen el deber de especificar, mediante

reglamentación, los criterios esbozados de forma muy general

en la legislación delegante, para así evitar una aplicación

arbitraria e injusta, y proveer guías adecuadas para que las

partes

afectadas

por

las

acciones

administrativas

estén

debidamente informadas del estado de derecho vigente.

I

La Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según enmendada,

24 L.P.R.A. sec. 334 et seq., otorga al Departamento de Salud

el poder de conceder Certificados de Necesidad y Conveniencia

(en adelante “Certificados de Necesidad”) a ciertas facilidades

de

salud.

A

través

de

estos

Certificados,

la

Asamblea

Legislativa ha intentado regular la planificación ordenada de

algunas facilidades y servicios de salud para que, de este modo,

se pueda “atender adecuadamente las necesidades de salud de la

problación [sic], controlar los costos de los servicios de salud

y

velar

porque

éstos

se

presten

en

aquellos

problacionales [sic] donde sean necesarios.”

núcleos

1983 Leyes de

Puerto Rico 402, 403. Para lograr estos objetivos la legislatura

entendió indispensable que “se ofrezcan únicamente aquellos

servicios de salud, se incurra en aquellas inversiones de

capital, o que se adquieran aquellos equipos médicos altamente

especializados, cuya necesidad y conveniencia pública haya

[sic]

sido

previamente

determinada

por

el

Secretario

[o

Secretaria de Salud].” Id. Por lo tanto, las facilidades que

3

CC-1999-597

4

quedan cubiertas bajo la Ley 2 requieren un Certificado de

Necesidad para poder operar.

Dicha Ley dispone que el Departamento de Salud deberá

establecer un reglamento que regule todo lo relativo al proceso

de

solicitud

y

otorgamiento

de

dichos

Certificados

de

Necesidad. A estos efectos, el Departamento promulgó en 1986

el Reglamento Núm. 56 que establecía, entre otras cosas, unos

criterios generales y otros específicos que debería utilizar

el

Secretario

o

Secretaria

de

Salud

solicitudes de Certificados de Necesidad.

al

considerar

las

Este Reglamento fue

utilizado por el Departamento de Salud por unos once (11) años.

Durante ese tiempo, el Secretario o Secretaria contó con

criterios muy específicos que delimitaban su discreción al

evaluar las solicitudes.

En agosto de 1997, el Departamento de Salud publicó un

Aviso al Público en un periódico de circulación general,

mediante el cual notificaba su intención de promulgar un nuevo

Reglamento Núm. 89 para Regular el Proceso de Evaluación de

Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad

y Conveniencia.1 El aviso indicaba el lugar y horario en que se

1

El Aviso al Público leía:

Mediante la presente se notifica al público en

general de la intención del Departamento de Salud de

adoptar los siguientes Reglamentos: 1) Reglamento

para Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes

para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad y

Conveniencia al amparo de las disposiciones de la Ley

Número 2 del 7 de noviembre de 1975, según

enmendada... Los Reglamentos propuestos tienen el

propósito

de

reglamentar

la

expedición

de

Certificados

de

Necesidad

y

Conveniencia...

4

CC-1999-597

5

podría examinar una copia del Reglamento propuesto, y fijaba

un término de treinta (30) días a partir de la fecha de

publicación

del

aviso

para

que

las

sometieran comentarios por escrito.

personas

interesadas

También indicaba que

cualquier persona interesada en solicitar la celebración de una

vista administrativa para la discusión de los comentarios debía

hacerlo por escrito dentro de un término de treinta (30) días,

acompañando un memorando en el cual se expusieran las razones

que, a su juicio, ameritaban la celebración de una vista

pública. La Asociación de Farmacias de la Comunidad, el Colegio

de Farmacéuticos de Puerto Rico, la Sociedad Radiológica de

Puerto

Rico,

y

otros,

(en

adelante

“los

peticionarios”)

comparecieron dentro del término establecido y solicitaron la

celebración de vista pública.

El Departamento de Salud publicó una notificación sobre

la vista en sólo un periódico de circulación general, y notificó

a los peticionarios con tan sólo entre tres (3) y cinco (5) días

Cualquier persona interesada en someter comentarios

por escrito podrá examinar durante horas laborables

una copia de los referidos reglamentos en la Oficina

de Asesores Legales del Departamento de Salud,

Edificio “A”, Antiguo Hospital de Psiquiatría,

Centro Médido [sic] en San Juan, Puerto Rico y someter

los mismos en dicha dependencia en el término de

Treinta (30) días contados a partir de la fecha de

la publicación de este aviso.

Cualquier persona

interesada en solicitar la celebración de una vista

administrativa para la discusión de los comentarios

que tenga a bien someter deberá solicitarla por

escrito en el período de tiempo antes indicado

acompañada de una [sic] memorando en el cual se

expongan las razones que a su juicio ameritan la

celebración de una vista pública. The San Juan Star,

25 de agosto de 1997.

5

CC-1999-597

6

de antelación. Durante la vista, los peticionarios se opusieron

al borrador del reglamento aduciendo que adolecía de múltiples

defectos. En particular, los peticionarios opinaron que la

eliminación de los criterios específicos y la limitación de los

criterios generales que contenía el Reglamento 56, constituía

un curso de acción equivocado y ponía en entredicho la validez

del nuevo Reglamento. El Departamento de Salud, sin embargo,

aprobó el Reglamento Núm. 89, adoptando sólo unas pocas de las

propuestas

presentadas

en

la

vista

administrativa.

El

Reglamento fue debidamente presentado ante el Departamento de

Estado, y entró en vigor.

Oportunamente, los peticionarios presentaron solicitud de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

Alegaron, en esencia, que el procedimiento seguido para la

aprobación del Reglamento 89 fue contrario a derecho; y que

dicho Reglamento es nulo por ser: 1)tan vago y ambiguo que su

aplicación ha de ser arbitraria; y 2) por ser contrario a la

ley en virtud de la cual se aprobó. El foro apelativo, sin

embargo, confirmó la determinación de la Secretaria de Salud

y sostuvo la validez del Reglamento. Dicho foro también denegó

la moción de reconsideración presentada por los peticionarios.

Inconformes, los peticionarios acuden ante nos repitiendo

las alegaciones que hicieran ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Revocamos.

II

6

CC-1999-597

7

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm.

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, (en adelante

“LPAU”), dispone un procedimiento de revisión del proceso de

reglamentación. En su Sección 2.7, dicha Ley establece que:

Cualquier acción para impugnar la validez de su faz

de una regla o reglamento por el incumplimiento de

las disposiciones de este capítulo deberá iniciarse

en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de

los treinta (30) días siguientes a la fecha de

vigencia de dicha regla o reglamento. 3 L.P.R.A. sec.

2127(b).

Esta disposición provee un mecanismo mediante el cual una

persona interesada puede impugnar la validez de un reglamento.

Los peticionarios en el caso de autos, oportunamente, han

impugnado el Reglamento 89 valiéndose de dicha disposición.

Pasamos a analizar, pues, sus señalamientos al respecto.

A.

En primer lugar, los peticionarios alegan que el proceso

de vista pública no ocurrió conforme a lo dispuesto por ley.

La Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, 24

L.P.R.A. sec. 334 et seq., que regula los Certificados de

Necesidad, dispone en su Artículo 22 que, previa la aprobación

del reglamento que establece todo lo relacionado con las

solicitudes de Certificados de Necesidad, el Secretario o

Secretaria de Salud “celebrará vistas públicas notificando a

las personas interesadas mediante publicación en dos (2)

periódicos de circulación general. La notificación se hará por

7

CC-1999-597

8

lo menos quince (15) días antes de la celebración de la vista.”

24 L.P.R.A. sec. 334j (énfasis suplido).

El Departamento de Salud, sin embargo, alega que esta

disposición no es aplicable ya que la Ley Núm. 2 es anterior

a la LPAU, y que, por lo tanto, son las disposiciones de la LPAU

las que aplican. El Departamento de Salud está en lo correcto

al afirmar que cuando la LPAU está en conflicto con alguna Ley

Orgánica que es anterior a ella, los procedimientos uniformes

establecidos en la LPAU toman precedencia. Asociación de Dueños

de Casas de la Parguera, Inc. v. Junta de Planificación, res.

el 14 de mayo de 1999, 99 TSPR 75; Hernández O’Farril v. Golden

Tower Development Corp., 125 D.P.R. 744 (1990).

Sin

embargo,

“en

cuanto

a

los

procedimientos

no

contemplados por [la LPAU, dicha Ley] dispone que las agencias

deberán reglamentar su práctica” sin contradecir las demás

disposiciones de la LPAU. Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888,

901-902 (1992). En el caso específico de los procesos de

reglamentación administrativa, como regla general, es facultad

discrecional de la agencia celebrar vistas públicas, salvo que

la propia ley de la agencia así lo exija. La LPAU no establece

los requisitos de notificación, ni los términos para notificar

una vista pública. Dicha ley dispone únicamente que “[l]as

agencias podrán discrecionalmente citar para vista pública, o

si su ley orgánica u otra ley la hacen mandatoria.” 3 L.P.R.A.

sec. 2123 (énfasis suplido).

8

CC-1999-597

9

La LPAU otorga, pues, gran flexibilidad a la legislatura

para que regule con más especificidad en algunos casos todo lo

relacionado a vistas públicas en el proceso de reglamentación.

Esta legislación es válida aunque sea previa a la LPAU siempre

y cuando no sea contraria a las disposiciones de dicha Ley.

En este caso, no hay contradicción ni conflicto entre lo

que dispone la LPAU con respecto a las vistas públicas y lo que

dispone la Ley Núm. 2. Por lo tanto, son válidas y están vigentes

las disposiciones referentes a vistas públicas de la Ley Núm.

2 que no son contrarias a la LPAU, aunque sean anteriores a esta

última Ley.

Del expediente surge que en el caso de autos se le notificó

a las partes que habían solicitado la vista con solamente entre

tres (3) y cinco (5) días de antelación, y no quince (15) como

requiere la Ley 2. Además, la notificación de vista pública fue

publicada en un solo periódico de circulación general. Por lo

tanto, el Departamento de Salud no cumplió con los requisitos

procesales que le impone la Ley Núm. 2.

B.

Existe otro problema con la vista pública celebrada en este

caso que los peticionarios no mencionaron en su alegato, pero

que representa una importante irregularidad que debemos traer

a colación.2 La LPAU dispone que el funcionario que presida una

2

“Como se sabe, este Tribunal no tiene que limitarse a la consideración de

los errores señalados. Es nuestra obligación que se haga justicia a aquel

que, de acuerdo con el más sano criterio del juzgador, tiene derecho a ella.”

Ríos Quiñones v. Administración de Servicios Agrícolas, res. el 20 de mayo

de 1996, 140 D.P.R. 868 (1996).

9

CC-1999-597

10

vista pública en un proceso de reglamentación “preparará un

informe para la consideración de la agencia, en el cual se

resuman los comentarios orales que se expongan durante la

vista.” 3 L.P.R.A. sec. 2123.

Este informe debería estar

presente en el récord administrativo. Sin embargo, en ninguna

parte del expediente del caso de autos, ni del expediente del

proceso de reglamentación en el Departamento de Salud, aparece

un informe sobre la vista pública celebrada. Es forzoso, por

tanto, concluir que dicho informe nunca se preparó.3

Este incumplimiento con las disposiciones de la LPAU nos

parece particularmente problemático. La ausencia de este

informe limita severamente nuestra facultad revisora.

Dada la

parca declaración de propósitos que contiene el Reglamento 89

3

Elevados los autos del proceso de reglamentación en el Departamento de

Salud, sólo pudimos encontrar en el expediente un escueto memorando

preparado por el Oficial Examinador para el Director de la Oficina de

Asesores Legales (y no para la Secretaria de Salud). En dicho memorando,

el Oficial Examinador se limitaba a mencionar que:

Todos los comparecientes sometieron por escrito el

texto de sus ponencias las cuales obran en el

expediente del caso. El Lic. Mario Paniagua comentó

además en torno a la necesidad de definirse de una

forma más concreta el concepto de “área de servicio”.

El Dr. David Guzmán en representación del Hospital

Ryder así como el Lic. Milton Cruz de la Asociación

de Hospitales se colocaron a la disposición del

Departamento de Salud para colaborar en el proceso

de adopción de un nuevo reglamento para la concesión

de CNC’s. El Lic. Milton Cruz sugirió además la

creación de un Comité de la Industria para colaborar

en dicho proceso. Todos los demás extremos de las

disposiciones de los asistentes a la vista constan

en sus ponencias por escrito en el expediente

administrativo del proceso.

Memorando de Manuel

Fernández Mejías, Oficial Examinador, División de

Vistas Administrativas, al Lic. J. Gerardo Cruz

Arroyo, Director, Oficina de Asesores Legales (8 de

octubre de 1997).

10

CC-1999-597

11

(y que discutiremos a continuación), el no tener tampoco un

informe sobre la vista pública nos deja totalmente a ciegas con

respecto a las razones y justificaciones que tuvo la agencia

al promulgar este Reglamento.

Además, el requisito de que se prepare un informe sobre la

vista pública responde a otro importante propósito. La LPAU

requiere que la agencia analice todas las sugerencias de las

partes

interesadas

que

participen

en

el

proceso

de

reglamentación. 3 L.P.R.A. sec. 2124. “La agencia tomará en

consideración, además de los comentarios escritos y orales que

le hayan sometido, su experiencia, competencia, técnica,

conocimiento

especializado,

discreción

y

juicio.”

Id.

(énfasis suplido). Mediante la exigencia de que se prepare un

informe sobre la vista pública, la LPAU asegura que la

participación en dicha vista de todas las partes interesadas

sea realmente efectiva. Al preparar el informe, el funcionario

que presidió la vista tiene que enfrentar y considerar todos

los argumentos y comentarios que hayan hecho todas las partes.

De esta manera, pues, se garantiza que dichos comentarios sean

escuchados con detenimiento.

Como en el caso de autos no se

preparó dicho informe, no podemos estar seguros que lo que se

ventiló en la vista pública fue adecuadamente considerado por

el Secretario o Secretaria de Salud al promulgar el Reglamento.

Al no prepararse el informe, pues, queda en duda si la

participación de las partes fue realmente considerada como

11

CC-1999-597

12

requiere la ley, o si quedó frustrado este genuino e importante

propósito de celebrar la vista pública.

C.

Existe

otro

problema

importante

con

el

analizar.

Como

reglamentación

que

debemos

anteriormente,

el

Reglamento

89

contiene

declaración

los

propósitos

de

dicha

de

proceso

de

mencionáramos

una

lacónica

reglamentación. 4

Entendemos que, en este caso, dicha declaración no es suficiente

para satisfacer los requisitos que impone la LPAU.

La LPAU dispone que toda regla o reglamento que sea

adoptado o enmendado por una agencia deberá contener “una

explicación breve y concisa de sus propósitos o de las razones

para su adopción o enmienda.” 3 L.P.R.A. sec. 2125(b).

El Código Modelo de Procedimiento Administrativo Estatal

(en adelante “Código Modelo”), en el cual está basada en parte

la LPAU, contiene una disposición similar que requiere que la

agencia

4

responda

brevemente

y

de

manera

razonada

a

los

Dicha declaración lee:

El propósito del presente reglamento lo constituye

el deseo del Departamento de Salud de agilizar y

expeditar el proceso de consideración y análisis de

las solicitudes de concesión de Certificados de

Necesidad y Conveniencia así como el atemperar dicho

proceso a la actual política pública en torno a la

prestación de servicios de salud en Puerto Rico según

definida en las disposiciones de las leyes número 190

del 5 de septiembre de 1996 y la número 72 del 7 de

septiembre de 1993, según enmendadas. Reglamento

Núm. 89 para Regular el Proceso de Evaluación de

12

CC-1999-597

13

comentarios recibidos durante el proceso de reglamentación, y

que explique por qué resolvió los asuntos significativos

mencionados en dichos comentarios de la manera en que lo hizo.

Arthur Earl Bonfield, State Administrative Rule Making sec.

6.10.1 (1986).

El requisito de esta “explicación breve y concisa” en el

reglamento final existe para garantizar que los tribunales

podamos ejercitar nuestra función revisora de una manera

efectiva. Este también es el propósito de la disposición análoga

del Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. sec. 551 et. seq.,

(en

adelante

“APA”).

Recurrimos,

por

lo

tanto,

a

la

jurisprudencia federal como guía persuasiva para nuestra

interpretación de la LPAU.

El APA dispone: “the agency shall incorporate in the rules

adopted a concise general statement of their basis and purpose.”

5

U.S.C.A.

sec.

553(c).

Los

tribunales

federales

han

interpretado que esta disposición requiere que la agencia

incluya una declaración de hallazgos y razones como parte de

la regla final. Automotive Parts & Accessories Association v.

Boyd, 407 F.2d 330 (D.C. Cir. 1968). Esta declaración permite

que

un

tribunal

revisor

pueda

determinar

qué

asuntos

importantes de política pública fueron ventilados en los

procedimientos, y por qué la agencia reaccionó a dichos asuntos

con esa reglamentación. Id.

Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de

Necesidad y Conveniencia, art. II.

13

CC-1999-597

14

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito

de Columbia también ha exigido que la “explicación breve y

concisa” contenga respuestas a los comentarios significativos

e importantes que hicieron los ciudadanos, y que explique por

qué esas sugerencias no fueron adoptadas y cómo los problemas

mencionados por los ciudadanos fueron resueltos. Rodway v.

USDA, 514 F.2d 809 (D.C. Cir. 1975).

Esta es la doctrina

conocida como el “vital questions doctrine”. La agencia debe

analizar

en

cuestiones

la

“explicación

vitales

que

se

breve

hayan

y

concisa”

presentado

todas

en

el

las

foro

administrativo.

Este requisito no sólo ha sido exigido por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos cuando se reglamenta un área, sino

que también se requiere en situaciones en que una agencia escoge

flexibilizar

o

eliminar

la

reglamentación

de

un

área

previamente regulada. Así pues, en Motor Vehicle Manufacturers

Association v. State Farm Mutual Auto Insurance Co., 463 U.S.

29 (1983), el tribunal expuso:

[T]he revocation of an extant regulation is

substantially different than a failure to act.

Revocation constitutes a reversal of the agency’s

former views as to the proper course. A “settled

course of behavior embodies the agency’s informed

judgment that, by pursuing that course, it will carry

out the policies committed to it by Congress. There

is, then, at least a presumption that those policies

will be carried out best if the settled rule is

adhered to.” Atchison, T.&S.F.R. Co. v. Wichita Board

of Trade, 412 U.S. 800, 807-808 (1973). Motor

Vehicle, supra, en la pág. 41-42.

14

CC-1999-597

15

Por lo tanto, concluyó el Tribunal Supremo, una agencia que

cambia su curso de acción al derogar un reglamento está obligada

a suplir un análisis razonado del cambio. Id.

En el caso de autos, el Departamento de Salud decidió

derogar un Reglamento anterior que era mucho más específico y

que regulaba más intensamente los criterios para otorgar los

Certificados de Necesidad. El Departamento de Salud se limitó

a decir que el nuevo Reglamento 89 pretendía agilizar y

expeditar el proceso de otorgamiento de los Certificados de

Necesidad, y atemperarlo a la política pública establecida en

las nuevas leyes de la Reforma de Salud.

explicación fue insuficiente.

Entendemos que esta

Como mínimo, la disposición de

LPAU que exige que se incluya una “explicación breve y concisa”

de los propósitos o de las razones para la adopción o enmienda

de un reglamento, requiere que el Departamento de Salud, en este

caso, explique por qué ha decidido suplantar el Reglamento

anterior con uno mucho más ambiguo y limitado. Esta explicación

es especialmente importante dado el hecho que todos los

comentarios presentados por los peticionarios objetaban la

derogación de los criterios específicos del Reglamento 56.

Nuestra función revisora se ha visto frustrada en este caso

por la ausencia total de alguna declaración de la agencia que

nos revele las razones que tuvo para actuar de la manera en que

actuó. No podemos saber si su acción fue arbitraria o caprichosa

si no conocemos por qué tomó dicha acción. De las disposiciones

citadas de la LPAU se desprende que toda reglamentación debe

15

CC-1999-597

16

incluir una explicación adecuada de sus propósitos y razones

para su adopción o enmienda. Además, esta “obligación es

deseable

porque

no

le

impondrá

una

carga

adicional

significativa a las agencias y mejorará considerablemente los

frutos de la reglamentación.” Bonfield, supra (traducción

nuestra).

III

Además de los defectos procesales que hemos discutido, los

peticionarios alegan que existen varios problemas sustantivos

con el Reglamento 89.

A.

El

primero

de

éstos

es

que

el

Reglamento

está

en

contravención con la ley que lo autoriza. Sabido es que “un

reglamento promulgado para implementar [sic] la ejecución de

una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con

ésta.” P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400,

409 (1980). Además, “un reglamento o actuación administrativa

claramente en conflicto o en contra de la ley es nulo.” Id.

La Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según enmendada,

otorga

al

Departamento

de

Salud

el

poder

de

conceder

Certificados de Necesidad a ciertas facilidades de salud. Dicha

Ley establece que el Departamento de Salud deberá promulgar un

reglamento que disponga todo lo relativo al proceso de solicitud

y otorgamiento de dichos Certificados de Necesidad. 24 L.P.R.A.

sec. 334j. Los peticionarios alegan que el nuevo Reglamento 89,

al

eliminar

los

criterios

específicos

para

otorgar

los

16

CC-1999-597

17

Certificados

de

Necesidad,

arremete

contra

la

intención

legislativa de la cual nació el esquema administrativo de los

Certificados de Necesidad.

La Exposición de Motivos de la Ley 2 establece que la

creación de los Certificados de Necesidad tiene como propósito:

1) mantener una planificación ordenada de las facilidades y

servicios de salud para atender adecuadamente las necesidades

de salud de la población; 2) controlar los costos de los

servicios de salud; y 3) velar porque éstos se presten en

aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios. 1983

Leyes de Puerto Rico 402, 403. La legislatura también explicó

que sólo se deben otorgar Certificados de Necesidad a los

servicios de salud cuya necesidad y conveniencia hayan sido

previamente determinadas por el Secretario o Secretaria de

Salud. Id.

Surge, pues, de la Exposición de Motivos, que la

legislatura delegó gran discreción al Secretario o Secretaria

de Salud para determinar cuándo un servicio de salud es

necesario y conveniente, cómo se deben controlar los costos de

los servicios, y cuál esquema de planificación ordenada es el

más apropiado.

Los peticionarios alegan que la citada Exposición de

Motivos

establece

una

firme

política

pública

de

intensa

regulación de los servicios de salud, bajo la cual el Secretario

o Secretaria de Salud no puede decidir abrir las puertas a

competidores y establecer una filosofía más laissez faire en

la cual los servicios de salud se enfrenten a las exigencias

17

CC-1999-597

18

del mercado libre. No podemos estar de acuerdo con esta

posición. Aunque la legislatura ha decidido regular la entrada

al mercado de servicios de salud a través de los Certificados

de Necesidad, la determinación de cuán intensa va a ser esta

regulación ha quedado en manos del Secretario o Secretaria de

Salud.

No podemos aceptar el planteamiento de que la Ley 2

adoptó una teoría o modelo económico en específico del cual no

se

puede

apartar

el

Secretario

o

Secretaria

de

Salud.

Precisamente, entendemos que la Ley tenía el propósito de

delegar en el peritaje de dicho Secretario o Secretaria la

facultad para determinar cuánta intromisión del Estado en el

mercado es necesaria.

Hemos hecho mención anteriormente de que al Secretario o

Secretaria de Salud, a través de la Ley 2 “se le delegan amplios

poderes,

con

normas

para

delimitar

su

ejercicio,

pero

otorgándole a la vez discreción en el desarrollo y ejecución

de la política pública.” Laboratorio Clínico Instituto Central

de Medicina Avanzada v. Laboratorio Clínico Borinquen, Inc.,

res. el 9 de septiembre de 1999, 99 TSPR 136. Es imperativo que

respetemos esta decisión legislativa y que le otorguemos cierta

flexibilidad al Secretario o Secretaria para que ajuste la

regulación de los servicios de salud al cambiante clima

socio-económico y a las exigencias de comunidades específicas.

Entendemos que el Reglamento 89 no está en contradicción

con la Ley 2 por el mero hecho de que su adopción haya resultado

en una disminución de las barreras a la entrada al mercado de

18

CC-1999-597

19

los servicios de salud. Sin embargo, también hemos quedado

convencidos de que existen otros problemas con dicho Reglamento

que debemos considerar.

B.

Si bien es cierto que la legislatura puede delegar amplias

facultades y discreción a una agencia administrativa, también

es cierto que una agencia no puede ejercitar su discreción de

manera arbitraria o caprichosa.

“La función de los tribunales generalmente ha de ir

dirigida a evaluar: 1) si la actuación administrativa

está autorizada por la ley; 2) si se delegó poder de

reglamentación; 3) si la reglamentación promulgada

está dentro de los amplios poderes delegados; 4) si

al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas

procesales de la ley orgánica y de las leyes

especiales; y 5) si la reglamentación es arbitraria

o caprichosa.” Marketing and Brokerage Specialists,

Inc. v. Departamento de Agricultura, 118 D.P.R. 319,

326 (1987) (énfasis suplido).

Ya hemos discutido el primero y el cuarto de estos factores.

El segundo y el tercero no son de aplicación en el caso de autos.

Por lo tanto, pasamos ahora a discutir si la actuación del

Departamento de Salud ha resultado ser arbitraria o caprichosa.

La doctrina de la delegación de poderes es bastante

flexible. La legislatura puede delegar su autoridad a una

agencia de manera amplia, siempre y cuando establezca normas

adecuadas o un principio inteligible para guiar a la agencia.

Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452 (1944).

Esta regla se aplica de manera liberal.

Véase, en general, K.C.

Davis and Richard J. Pierce, Jr., Administrative Law Treatise

sec. 6.2 (1994).

19

CC-1999-597

20

Sin embargo, para atemperar la presunción de validez que

se le otorga a la delegación de poderes, varios comentaristas

han sugerido que los tribunales exijan, en casos donde dicha

delegación

es

bastante

vaga

o

ambigua,

que

la

agencia

especifique más claramente, a través de la reglamentación, los

parámetros bajo los cuales va a ejercitar la autoridad delegada.

“It has been urged that the courts should impose a requirement

of

agency

inadequate.”

standards

whenever

statutory

standards

Bernard

Schwartz,

Administrative

Law

are

69-70

(1991). Davis expone, por su parte, que: “When legislative

bodies have failed to provide standards, the courts should not

hold the delegation unlawful but should require that the

administrators

must

as

rapidly

as

feasible

supply

the

standards.” Davis, Administrative Law Treatise 52 (Supp. 1970).

Estos comentaristas entienden que tal proceder sería sabio ya

que ayudaría a mantener la discreción que tienen las agencias

dentro de los límites de la arbitrariedad. Así lo ha reconocido

el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Sandin v.

Conner, 515 U.S. 472 (1995), donde enfatizó el importante rol

que las reglas promulgadas por las agencias desempeñan al

servirle para delimitar la discreción delegada. Además, al

proveer estándares definidos, la función revisora de los

tribunales se puede ejercer más efectivamente.

Estas

recomendaciones

de

los

comentaristas

y

nuevas

tendencias en el derecho administrativo no responden sólo a

preocupaciones sobre la doctrina de separación de poderes, sino

20

CC-1999-597

21

que también van ligadas a las exigencias del debido proceso de

ley. Davis y Pierce, por ejemplo, exponen que, cuando las

agencias promulgan reglamentos, se promueven, en términos

generales, la justicia y la igualdad. Davis and Pierce, supra,

sec. 6.7. Esta observación también ha sido hecha por otros

comentaristas: “Use of rulemaking to make innovations in agency

policy

is

fairer

than

total

reliance

on

case-by-case

adjudication.” Schwartz, supra, en la pág. 217.

En primer lugar, las reglas legislativas le proveen a las

partes afectadas una notificación previa más clara sobre qué

conducta es permisible y qué conducta es impermisible. Davis

and Pierce, supra, sec. 6.7. La opinión del Tribunal de Circuito

de Apelaciones para el Primer Circuito en Massachussets v.

Blackstone, 67 F.3d 981 (1st Cir. 1995), ilustra lo valiosa que

puede ser la reglamentación administrativa al proveer a las

partes afectadas información sobre qué tipos de conducta son

aceptables.

A la misma vez, la reglamentación ayuda a evitar el efecto

temporal disparejo que tienen las normas anunciadas y aplicadas

en procedimientos adjudicativos. Davis and Pierce, supra, sec.

6.7. Por último, el procedimiento de reglamentación le permite

participar en el proceso decisional de la agencia a las personas

potencialmente afectadas por la acción administrativa. Id.

Cuando la agencia establece estándares claros a través de sus

reglamentos, pues, se crea un sistema más justo en el cual las

partes afectadas están bien informadas sobre las exigencias de

21

CC-1999-597

22

la ley, y pueden cumplir con ellas de manera más cabal, efectiva

y eficiente.

En la casuística estadounidense, como ya hemos visto,

estas recomendaciones de los comentaristas han recibido alguna

atención. La LPAU fue adoptada con base en el modelo del APA

y en el Código Modelo del 1981 redactado por el National

Conference of Commisioners on Uniform State Laws. Por lo tanto,

la jurisprudencia interpretativa del APA y de estatutos de otros

estados basados en el Código Modelo, así como las contribuciones

de comentaristas sobre dicho estatuto modelo, son autoridad muy

persuasiva al interpretar la LPAU. Pasemos primero a discutir

algunos

de los precedentes desarrollados en la jurisprudencia

federal.

En una importante decisión del Tribunal de Distrito para

el Distrito de Columbia, se exigió que una agencia estableciera

estándares

administrativos

mediante

reglamentación.

Amalgamated Meat Cutters v. Connally, 337 F. Supp. 737 (D. D.C.

1971). El Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia

también llegó a la misma conclusion al enfrentarse a similar

interrogante: “Courts should require administrative officers

to articulate the standards and principles that govern their

discretionary

decisions

in

as

much

detail

as

possible”.

Environmental Defense Fund, Inc. v. Ruckelshaus, 439 F.2d 584,

598 (D.C. Cir. 1971). La obligación de las agencias de

reglamentar áreas en que la delegación es ambigua también fue

enunciada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “The

22

CC-1999-597

power

of

23

an

administrative

congressionally

created

and

agency

funded

to

administer

program

a

necessarily

requires the formulation of policy and the making of rules to

fill any gap left, implicitly or explicitly, by Congress.”

Morton v. Ruiz, 415 U.S. 199, 231 (1974). Esta tendencia a exigir

que las agencias promulguen reglamentos que especifiquen lo

dispuesto por la legislatura es evidente también en las

decisiones de los tribunales federales en White v. Roughton,

530 F.2d 750 (7th Cir. 1976); y Holmes v. New York City Housing

Authority, 398 F.2d 262 (2d. Cir. 1968).

Algunos estados han sido aún más agresivos al requerirle

a las agencias que adopten reglamentos específicos. Véase,

e.g., Megdal v. Oregon State Board of Dental Examiners, 605 P.2d

273 (Or. 1980) (exigiendo que una agencia adopte reglas que

definan “unprofessional conduct”); y Pennsylvania State Board

of Pharmacy v. Cohen, 292 A.2d 277 (Pa. 1972). De hecho, el

Código Modelo del 1981 contiene una disposición específica que

requiere que las agencias:

as soon as feasible and to the extent practicable,

adopt rules, in addition to those otherwise required

by this Act, embodying appropriate standards,

principles and procedural safeguards that the agency

will apply to the law it administers. Model State

Administrative Procedure Act sec. 2-104(3) (1981).

Esta disposición tiene como propósito el que las agencias actúen

tan

rápido

como

sea

posible

para

estructurar

mediante

reglamentos la discreción procesal y sustantiva que se les ha

otorgado para así minimizar la arbitrariedad y, a la misma vez,

dar notificación adecuada al público sobre el estado de derecho

23

CC-1999-597

24

vigente. Bonfield, supra, sec. 4.3.1. Esta regla exige que las

agencias elaboren los contornos de dicha discreción mediante

reglamentos y no órdenes adjudicativas ad hoc. Id.

Así pues, en Illinois, por ejemplo, un estatuto dispone

que “[t]oda regla que implante un poder discrecional a ser

ejercitado por una agencia incluirá los estándares mediante los

cuales la agencia ejercitará dicho poder.” 5 Ill. Comp. Stat.

Ann. sec. 100/5-20 (West 1993) (traducción nuestra).

De manera

similar, en Utah se creó un estatuto que establece que “toda

agencia promulgará reglas cuando la acción de la agencia (a)

autorice, requiera, o prohíba una acción... [o] (b) provea o

prohíba

un

beneficio

material.”

Utah

Code

Ann.

Secs.

63-46a-3(2)(a), 63-46a-3(2)(b) (Supp. 1987).

De igual manera, varias decisiones de las cortes supremas

de algunos estados requieren de modo similar la reglamentación.

En Megdal, supra, el Tribunal Supremo de Oregon concluyó que

cuando la ley orgánica de una agencia contiene un estándar

estatutario vago y amplio, y a la misma vez le otorga a la agencia

una autoridad general para reglamentar, la legislatura espera

que

la

agencia

formule

los

contornos

discreción mediante la reglamentación.

principales

de

su

Megdal, supra. En un

caso similar, el Tribunal Supremo de New Jersey también invalidó

una acción administrativa por entender que la agencia debía

establecer estándares a través de reglas.

Boller Beverages,

Inc. v. Davis, 38 N.J. 138 (1962).

24

CC-1999-597

25

Algunos de los tribunales estatales de mayor jerarquía han

sugerido incluso que, en algunas circunstancias, cuando una

agencia se ha negado a elaborar la ley delegante a través de

reglamentación apropiada, la aplicación de dicha ley puede

constituir una violación al debido proceso de ley. Véase, Arthur

Earl Bonfield, State Administrative Rule Making sec. 4.3.1A(c)

(Supp. 1993). Así, pues, en Elizondo v. Department of Revenue,

194 Colo. 113 (1977), el Tribunal Supremo de Colorado invalidó

la acción de una agencia al denegarle una licencia bajo

probatoria a un conductor porque la agencia no había promulgado

un reglamento que guiara las determinaciones de sus oficiales

en cuanto a la concesión de dichas licencias. El tribunal

entendió que el debido proceso de ley exigía que se promulgara

tal reglamento para que los peticionarios pudieran saber qué

factores se considerarían pertinentes al evaluar su petición,

y así poder presentar la evidencia y los argumentos apropiados.

Véanse en general, City of Atlanta v. Hill, 238 Ga. 413 (1977);

Cohen, supra; Holmes, supra; Barnes v. Merritt, 376 F.2d 8 (5th

Cir. 1967); Hornsby v. Allen, 326 F.2d 605 (5th Cir. 1964); City

of Santa Clara v. Kleppe, 418 F. Supp. 1243 (N.D. Cal. 1976);

Baker-Chaput v. Cammett, 406 F. Supp. 1134 (D.N.H. 1976); St.

Augustine

High

School

v.

Louisiana

High

School

Athletic

Association, 270 F. Supp. 767 (E.D. La. 1967); Smith v. Ladner,

288 F. Supp. 66 (S.D. Miss. 1966).

Debe quedar más que claro,

sin embargo, que “el proceso de hacer derecho nuevo en el curso

de una adjudicación administrativa no constituye una violación

25

CC-1999-597

26

per se del debido proceso de ley”. Amerada Hess Pipeline Corp.

v. Alaska Pub. Utils. Commission, 711 P.2d 1170, 1178 (Alaska

1986) (traducción nuestra).

La Sección 2-104(3) del Código Modelo codifica en parte,

pues, lo resuelto por los tribunales supremos de algunos

estados. Bonfield, supra. La razón de ser de esta codificación

está claramente expresada en los Comentarios al Código Modelo:

[T]o the extent an agency can feasibly and

practicably further structure its discretion by rule

to avoid arbitrary action, and to give fair advance

notice to the public of the precise content of the

law it administers, the agency should be required to

do so. Model State Administrative Procedure Act sec.

2-104(3) Comment (1981) (énfasis nuestro).

Cabe repetir, pues, que al requerir que la agencia promulgue

reglamentación apropiada no sólo se evita la arbitrariedad en

las decisiones administrativas, sino que se asegura que se

cumpla a cabalidad con las exigencias del debido proceso de ley

en cuanto a la notificación al público del contenido y la

sustancia de la ley.

En Puerto Rico, la jurisprudencia ya apunta

hacia esta

misma conclusión. En Marketing and Brokerage Specialists,

supra, nos expresamos al respecto, y resolvimos que “lo que

actualmente se requiere como medida fiscalizadora es que las

agencias aprueben reglamentos que delimiten o precisen sus

facultades al amparo de la ley y así evitar actuaciones ilegales

o arbitrarias.” Hemos reconocido explícitamente, al igual que

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que cuando en un caso

“no hay estándares en la ley que gobiernen el ejercicio de la

26

CC-1999-597

27

discreción que la ley reconoce, el esquema permite y promueve

una aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley.” Soto

v. Jiménez Muñoz, 112 D.P.R. 477, 499 (1982) (énfasis en

original), citando Papachristou v. City of Jacksonville, 405

U.S. 156, 170 (1972). En Soto, supra, también se reiteró la

conclusión de que una agencia debe delimitar su autoridad a

través de reglamentos.

Id. a la pág. 500. De esta manera, se

facilita la revisión judicial en áreas donde el ámbito de

discreción delegado es excesivo. Torres Arzola v. Policía de

Puerto Rico, 117 D.P.R. 204, 211 (1986). Hoy reconocemos,

además, que la reglamentación, en ciertos casos, se hace

necesaria para proveer a los solicitantes de permisos y a las

partes afectadas por una acción administrativa guías adecuadas

sobre las exigencias de ley con las que deben cumplir.

Por otro lado, es de suma importancia recordar que las

agencias, por más poderes que se les haya delegado, no pueden

actuar de manera arbitraria ni al cambiar sus reglamentos, ni

al establecer reglas nuevas. Carrero Gueits v. Departamento de

Educación, 141 D.P.R. 830 (1996).

Tampoco pueden actuar

arbitraria o caprichosamente al aplicar sus reglamentos a casos

particulares. “[E]l ejercicio de poderes administrativos a base

de consideraciones caso por caso, no a base de una ley o de un

reglamento, adolece del defecto constitucional de ambigüedad

(vagueness).”

Soto, supra, citando Pennsylvania State Board,

supra (énfasis en original). Por ello, se requiere que las

decisiones administrativas sean consistentes al aplicar los

27

CC-1999-597

28

reglamentos.

producir

“La

determinación

soluciones

administrativa

contradictorias

para

no

puede

situaciones

fundamentalmente idénticas.” Textile Dye Workers, Inc. v.

Secretario de Hacienda, 95 D.P.R. 708, 715 (1968), citando South

Porto Rico Sugar Co. v. Junta Azucarera de Puerto Rico, 82 D.P.R.

847 (1961).

De hecho, el Código Modelo del 1981 ha optado por requerir

que las agencias delimiten su discreción a través del proceso

de reglamentación, y no mediante sus decisiones adjudicativas,

aunque las mismas puedan ser detalladas y extensas.

Bonfield,

supra. Varios estados han incorporado esta regla a su derecho

administrativo.

Id.

Incluso

algunos

casos

federales

han

demostrado una preferencia por la reglamentación sobre la

adjudicación.

Véanse,

Morton,

supra,

(el

Secretario

del

Interior no puede limitar la categoría de Indios elegibles para

recibir beneficios mediante adjudicación); Ford Motor Co. v.

FTC, 673 F.2d 1008 (9th Cir. 1981) (el FTC debe utilizar la

reglamentación

y

no

la

adjudicación

al

cambiar

derecho

existente aplicable de manera general a las prácticas de

reposesión y reventa de los distribuidores de automóviles); y

Patel v. INS, 638 F.2d 1199 (9th Cir. 1980) (el INS no puede

requerir,

mediante

un

inversiones

creen

empleos

exenciones).

proceso

para

adjudicativo,

cualificar

que

para

unas

ciertas

Sin embargo, somos de la opinión que no es

necesario en este momento exigir que toda demarcación de la

28

CC-1999-597

29

discreción administrativa se haga exclusivamente mediante

reglamentación.

Como alternativa para evitar la arbitrariedad en las

determinaciones

administrativas,

cuando

ni

la

ley

ni

la

reglamentación proveen suficientes estándares que limiten la

discreción de la agencia, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos ha establecido que la agencia tiene un deber de

justificar cualquier cambio en las normas que ha utilizado en

casos previos. Véanse, Atchison, Topeka & S.F. Ry. v. Wichita

Board

of

Trade,

412

U.S.

800

(1973);

y

Motor

Vehicle

Manufacturers Association v. State Farm Mutual Ins. Co., 463

U.S. 29 (1983). En estos casos,

en ausencia de reglamentación,

los tribunales federales han exigido que la agencia establezca

un

sistema

de

precedentes,

con

decisiones

detalladas,

fundamentadas, y con determinaciones de hecho y conclusiones

de derecho, que hagan posible la revisión judicial efectiva.

Davis and Pierce, supra, sec. 17.2. De ahí que el tribunal en

Ruckelshaus,

supra,

haya

explicado

que:

“Discretionary

decisions should more often be supported with findings of fact

and reasoned opinions.”

Esta doctrina ha sido avalada por este Tribunal

al

resolver que “la agencia, al adjudicar, tiene que crear una

regla o norma que tenga aplicación general a todas aquellas

partes que en el futuro estén en idéntica situación.” Ruiz

Hernández v. Mahiques, 120 D.P.R. 80, 86 (1987). Por lo tanto,

la ausencia de guías específicas, ya sea en la ley o en la

29

CC-1999-597

30

reglamentación, que delimiten la discreción de una agencia

puede ser subsanada en algunos casos si dicha agencia establece

un sistema en el cual emite decisiones detalladas, razonadas

y fundamentadas, que crean precedente, pueden ser revisadas por

los tribunales para evitar la arbitrariedad, y sirven de guía

accesible al público en general.

En el caso de autos, nos enfrentamos a una legislación que

delega en el Departamento de Salud la autoridad para emitir

Certificados de Necesidad. La Ley 2 establece en su Artículo

3

que

el

Secretario

o

Secretaria

“establecerá

mediante

reglamento los criterios para expedir o denegar el certificado

de necesidad y conveniencia.” 24 L.P.R.A. sec. 334b. La

obligación del Secretario o Secretaria de Salud de promulgar

este reglamento se reitera en el Artículo 22 de la Ley 2.

L.P.R.A. sec. 334j.

24

Además, el Artículo 3 requiere que el

Secretario o Secretaria utilice siete (7) criterios generales

que provee la Ley. Id. Somos de la opinión que la Ley 2 constituye

un mandato directo al Secretario o Secretaria de Salud para que

especifique criterios y delimite su autoridad discrecional a

través de copiosa reglamentación.

Nuestra conclusión se

sustenta al considerar que el Reglamento 56 que promulgó el

Departamento de Salud originalmente en el 1986, y que rigió el

esquema de los Certificados de Necesidad por once años, era muy

específico y extenso.

El

Reglamento

generales.

56

contenía

veintiún

(21)

criterios

Entre estos, incluía los siete (7) criterios que

30

CC-1999-597

31

provee la Ley 2. Además, dicho Reglamento estableció una serie

de criterios específicos que limitaban la discreción de la

agencia al evaluar solicitudes de Certificados de Necesidad

para diferentes tipos de servicios de salud particulares. El

Reglamento

56

tenía

catorce

(14)

páginas

que

contenían

alrededor de cien (100) criterios específicos y otras cinco (5)

páginas con unas veinticinco o treinta (25 ó 30) reglas

referentes a las “Organizaciones para el Mantenimiento de la

Salud”, o lo que se conoce, por sus siglas en inglés, como HMOs.

Los criterios específicos estaban subdivididos por tipo de

facilidad. Por ejemplo, se definían reglas diferentes para

distintos

tipos

de

hospitales

(generales,

pediátricos,

psiquiátricos, de tuberculosis, y oncológicos), para distintos

tipos de centros (de diálisis renal, de rehabilitación, casas

de salud, de cuidado extendido, de cirugía ambulatoria), para

farmacias,

facilidades

para

laboratorios

radiológicas

clínicos,

para

(convencional,

distintas

tomografía

computarizada, resonancia magnética, microscopía electrónica,

etc.), y para bancos de sangre. Para cada uno de estos tipos

de facilidades se establecían criterios muy detallados como por

ejemplo: el número de camas de cuidado general en un hospital

por habitante del área de servicio, el porciento de ocupación

que debían tener las facilidades, la distancia mínima entre la

facilidad y un hospital, la cantidad de procedimientos a

realizarse por semana, el número de facilidades por habitante,

etc.

31

CC-1999-597

32

El nuevo Reglamento 89 se promulgó en severo contraste.

Dicho Reglamento sólo expone nueve (9) criterios generales,

siete (7) de los cuales son idénticos a los que provee la Ley

2. Todos los criterios específicos (las catorce páginas de

reglamentación con alrededor de cien criterios subdivididos por

tipo de facilidad) fueron eliminados.

reglas

referentes

a

solicitudes

Sólo sobrevivieron tres

especiales

y

exenciones

aplicables, entre otros, a los HMOs.

Este cambio drástico en la reglamentación ha tenido el

efecto de eliminar todo límite a la discreción del Secretario

o Secretaria de Salud más allá de los que, de manera ambigua,

establece la Ley. El hecho de que el Secretario o Secretaria

pueda utilizar criterios distintos en cada caso nos parece

particularmente problemático, sobre todo dado el mandato

presente en la Ley 2 que exige que el Secretario o Secretaria

reglamente el área.

No podemos permitir que el Secretario o Secretaria de Salud

evalúe

las

solicitudes

de

Certificados

de

Necesidad

sin

criterios específicos que limiten su discreción y, a su vez,

hagan posible que los tribunales constaten que las decisiones

que se están tomando no son arbitrarias o caprichosas.

Para

poder ejercer nuestra tan importante función revisora de manera

efectiva, necesitamos una serie de criterios y guías que nos

ayuden a asegurarnos que la agencia está utilizando su pericia

diligentemente

y

haciendo

determinaciones

consistentes

y

justas.

32

CC-1999-597

33

Recientemente hemos hecho hincapié en la discreción que

tiene el Secretario o Secretaria al evaluar las solicitudes.

Laboratorio Clínico, supra. Sin embargo, dicha discreción no

puede ser ilimitada. Hemos establecido claramente que “el

legislador dejó en manos del Secretario o Secretaria la

determinación

de

conceder

o

denegar

los

certificados

requeridos, sujeto a unas guías y criterios, que aparejan un

ámbito

de

discreción.”

Id.

(énfasis

suplido).

Son

precisamente estas guías las que garantizan que las decisiones

del Secretario o Secretaria no sean arbitrarias. En Laboratorio

Clínico, supra, al resolver que el Secretario o Secretaria podía

hacer excepciones a los criterios sumamente específicos que

establecía el antiguo Reglamento 56, hicimos evidente la

flexibilidad

que

tiene

dicho

funcionario

al

aplicar

los

criterios específicos del Reglamento, siempre y cuando sus

decisiones se apoyen en prueba sustancial, conforme a las normas

aplicables y sin arbitrariedad. Id.

Además,

es

necesario

que

el

Departamento

de

Salud

establezca claramente, y de manera específica, los factores a

considerarse al evaluar las solicitudes de Certificados de

Necesidad, para que los solicitantes estén bien informados al

respecto antes de comenzar el proceso. De esta manera, un

solicitante puede preparar mejor su solicitud incluyendo toda

la evidencia y los argumentos pertinentes. Los solicitantes

también deben poder evaluar las posibilidades que tienen de

adquirir un Certificado de Necesidad para cierta facilidad de

33

CC-1999-597

34

servicios de salud antes de comenzar a hacer inversiones de

tiempo y otros recursos en un proyecto. Esto asegura un proceso

más fluido y eficiente en el cual se desperdicien menos recursos

y se mantenga mayor estabilidad en la industria de los servicios

de salud. Así, pues, se promueve más efectivamente el propósito

original de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia.

Entendemos que, basado en la jurisprudencia que discutimos

anteriormente, el Departamento de Salud tiene dos opciones: 1)

promulgar un reglamento más específico que no se limite a tan

sólo repetir los criterios ambiguos que provee la Ley; o 2)

establecer un sistema en el cual emita decisiones detalladas,

razonadas y fundamentadas, accesibles al público en general,

susceptibles de formar precedente, y que puedan ser revisadas

por los tribunales para evitar arbitrariedad en su aplicación.

De otra manera estaríamos permitiendo que un área de tan crucial

importancia como los servicios de salud pudiera quedar bajo la

discreción ilimitada del Secretario o Secretaria de Salud. Esto

constituiría una inaceptable renuncia a nuestra trascendental

función

revisora

como

últimos

intérpretes

de

nuestra

Constitución y nuestras leyes.

Por

lo

tanto,

concluimos

que

el

Reglamento

89

es

sustantivamente insuficiente para satisfacer el mandato de la

Ley 2, y las exigencias del debido proceso de ley y de la doctrina

de no-delegación por dejar puertas abiertas a la arbitrariedad

y los caprichos, y por no proveer guías adecuadas a los

solicitantes de Certificados de Necesidad.

34

CC-1999-597

35

IV

De los autos se desprende que el Departamento de Salud

intentó subsanar la ambigüedad del nuevo Reglamento 89 mediante

la aprobación del Memorando Circular 1997-1. Este Memorando

aclara y especifica parcialmente cinco (5) de los nueve (9)

criterios generales que contiene el Reglamento 89 y ha sido

aplicado por el Departamento en numerosas solicitudes de

Certificados de Necesidad y Conveniencia, algunas de las cuales

están pendientes de revisión judicial. 5 En conjunto, el

Memorando y el Reglamento 89 le proveen un total de veinte (20)

criterios generales al Secretario o Secretaria. Aún tomando en

cuenta

ambos

documentos,

sin

embargo,

la

discreción

del

Secretario o Secretaria queda menos limitada que bajo tan sólo

los criterios generales del Reglamento 56. De más está decir

que no existe ninguna reglamentación actual que compare en nivel

de especificidad a los criterios específicos del Reglamento 56,

los

que,

no

sólo

en

cantidad

sino

también

en

calidad,

restringían de manera precisa la discreción del Secretario o

Secretaria.

El nivel de ambigüedad presente en este Memorando surge

claramente si comparamos algunas de sus disposiciones con

algunos de los criterios específicos del antiguo reglamento.

Por ejemplo, el Memorando explica que al analizar la necesidad

actual y proyectada que tiene la población afectada de los

5

Las partes no nos han informado si el Departamento de Salud ha aprobado

criterios adicionales o modificado los que originan la controversia de

35

CC-1999-597

36

servicios contemplados se debe tener en cuenta: 1) el número

de facilidades del mismo tipo, 2) indicadores socioeconómicos

de utilización per cápita de los servicios propuestos, 3) la

población

fija

en

el

área,

4)

las

características

socioeconómicas de la población, y 5) los patrones de incidencia

de enfermedades o condiciones en el área. Sin embargo, el

Memorando no especifica, como hacía el Reglamento 56, los

parámetros aceptables para cada uno de los distintos tipos de

facilidades. Con sólo decir que se va a considerar la población,

se deja al completo arbitrio del Secretario o Secretaria, en

cada caso, cuántas facilidades por persona son necesarias, por

ejemplo.

El

Reglamento

anterior

sí

fijaba

números

y

límites

(distintos para cada clase de facilidad) para estos factores

de suma importancia. Aunque no es necesario que la agencia

establezca números o cantidades invariables, entendemos que es

necesario que haya algunas guías de cuáles son los niveles

aceptables para este tipo de criterio.

Sólo enumerar las

cuestiones a considerarse, sin enunciar a base de qué se van

a evaluar dichas cuestiones, permite que los funcionarios

apliquen

unos

conllevaría

estándares

decisiones

distintos

arbitrarias

a

casos

idénticos,

y

sin

necesidad

de

fundamentarse en nada. Además, el solicitante prospectivo no

tendría manera de medir la probabilidad de que se le conceda

un

Certificado

de

Necesidad.

Esto

podría

conllevar

el

autos. Por ende, en correcta metodología adjudicativa, limitaremos nuestro

36

CC-1999-597

37

desperdicio de su tiempo y la pérdida de su inversión en una

facilidad de servicios de salud. Tal resultado frustraría la

intención de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia.

El Memorando Circular tampoco es suficiente para subsanar

la

ambigüedad

del

Reglamento

89,

y

asegurar

que

las

determinaciones del Secretario o Secretaria no sean arbitrarias

o caprichosas. Al llegar a esta conclusión, no podemos ignorar,

además, que el Departamento de Salud circuló el Memorando unos

meses después de haber celebrado vista pública y escuchado las

apasionadas quejas de los peticionarios con respecto a la

ambigüedad del Reglamento 89. El Memorando fue circulado sólo

unos días antes de que los peticionarios presentaran su

Solicitud

de

Revisión

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones. No podemos ratificar este intento por parte del

Departamento de subsanar la vaguedad del Reglamento a última

hora, esquivando el proceso de notificación y comentarios.

Es importante aclarar que no exigimos que los reglamentos

de una agencia sean necesariamente tan específicos como lo era

el Reglamento 56. Entendemos, sin embargo, que el nivel de

ambigüedad del nuevo Reglamento 89, aún complementado por el

Memorando Circular, es inaceptable. Sí requerimos que el

Departamento de Salud establezca unos estándares manejables y

determinados, aunque no inflexibles, para garantizar que todos

los solicitantes reciban un trato igual y justo. Además,

repetimos que el requerir reglamentación específica no conlleva

análisis a los documentos ante nos.

37

CC-1999-597

38

una regulación más ni menos intensa de las fuerzas del mercado.

No estamos exigiendo, por ejemplo, que el Departamento sólo

permita una farmacia por vecindario; estamos precisando que el

Departamento establezca parámetros flexibles pero específicos

(tan estrictos o tan laissez faire como crea conveniente) para

que las decisiones no puedan ser arbitrarias. La agencia, por

ejemplo, puede determinar que sólo se concederán Certificados

de Necesidad a una farmacia por vecindario, o puede decidir

conceder Certificados de Necesidad a entre veinte (20) y treinta

(30), dependiendo del tamaño del vecindario.

De esta manera se minimiza la posibilidad de la actuación

administrativa arbitraria, y se le da a los solicitantes una

buena manera de estimar sus posibilidades de obtener un

Certificado de Necesidad. Basándose en este estimado, un

solicitante

puede

tomar

una

decisión

más

informada

e

inteligente sobre si vale la pena o no continuar con su proyecto

de inversión en una facilidad de servicios de salud.

V

Los peticionarios alegan que hay un problema adicional con

el uso del Memorando al evaluar las solicitudes de Certificados

de

Necesidad.

entienden

los

Las

guías

contenidas

peticionarios,

reglamentaciones

menos

no

formales,

son

en

dicho

meras

sino

Memorando,

directrices

que

o

constituyen

criterios sustantivos que afectan directamente los derechos,

procedimientos y prácticas aplicables al público en general,

y tienen efecto legal. Como el Departamento de Salud no

38

CC-1999-597

estableció

39

estos

criterios

siguiendo

el

proceso

de

reglamentación establecido en la LPAU, los peticionarios alegan

que el Memorando fue promulgado ilegalmente y no puede ser

utilizado por el Secretario o Secretaria al evaluar solicitudes

de Certificados de Necesidad.

No todas las reglas que aprueban las agencias, sin embargo,

tienen

que

ser

aprobadas

mediante

el

procedimiento

de

notificación y comentarios de la LPAU.

“[L]as

agencias

administrativas

aprueban

directrices (guidelines) u otras reglamentaciones

menos formales (interpretative rules) que se adoptan

para darle uniformidad a sus propios procesos, para

pautar la discreción administrativa o para otros

fines internos y que, aunque son de aplicación

general y vinculan administrativamente, pueden ser

modificadas judicialmente.” Agosto Serrano v. Fondo

del Seguro del Estado, 132 D.P.R. 866, 873 (1993).

Los reglamentos así promulgados, por disposición de ley, quedan

exentos del proceso de reglamentación formal. 3 L.P.R.A. sec.

2102(l). Estas son las llamadas reglas interpretativas. Por

otra parte, las reglas que sí tienen que ser aprobadas mediante

el proceso de reglamentación de la LPAU son conocidas como

reglas legislativas.

“[U]na regla legislativa es aquella que crea derechos,

impone obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene

fuerza de ley.” Municipio de San Juan v. Junta de Calidad

Ambiental, res. el 14 de diciembre de 2000, 2000 TSPR 183. “Una

regla interpretativa, en cambio, sólo pretende clarificar o dar

uniformidad a procedimientos internos, o pautar la discreción

administrativa.”

Id.

Una

característica

importante

que

39

CC-1999-597

40

distingue a un tipo de regla de la otra es que las reglas

interpretativas no pueden ir en contra de una previa regla

legislativa.

Id.

Algunos comentaristas incluso han opinado que una regla

interpretativa se utiliza por una agencia cuando no hay una

autorización legislativa expresa o implícita para promulgar

dicha regla con fuerza de ley. Bonfield, supra, sec. 6.9.1.

Por

lo tanto, como dichas reglas no se promulgan con fuerza de ley,

los tribunales pueden sustituir su juicio por el de la agencia

cuando se enfrentan a una regla interpretativa.

Id.

Uno de los tipos de reglas interpretativas son las

declaraciones generales de política pública. Con respecto a

éstas,

Davis

nos

explica

que

no

establecen

una

norma

obligatoria, y no determinan de forma final las cuestiones o

los derechos a los que van dirigidas. Davis and Pierce, supra,

sec. 6.2. La agencia no puede aplicar o depender de una

declaración de política general ya que la misma únicamente

proclama las intenciones tentativas de la agencia para el

futuro. Id. De esta manera, en West Virginia, por ejemplo, se

especifica mediante legislación que las agencias no pueden

depender de una regla interpretativa “para imponer una sanción

criminal o civil, ni para regular conducta privada ni el

ejercicio de derechos privados o privilegios, ni para conceder

ningún derecho ni privilegio no provisto por ley.”

W. Va. Code

sec. 29a-1-2(c) (1982).

40

CC-1999-597

La

41

jurisprudencia

de

algunos

otros

estados

puede

ayudarnos, también, a entender mejor el efecto legal de las

reglas interpretativas. En Gilbert v. State Department of Fish

and Game, 803 P.2d 391, 396-397 (Alaska 1990), el tribunal

invalidó una regla por entender que no caía bajo la categoría

de regla interpretativa porque hacía más específica la ley

ejecutada o administrada y afectaba al público. Gilbert, supra.

En ese caso, se resolvió, además, que la agencia no podía

depender de dicha regla hasta que los procedimientos de

reglamentación se llevaran a cabo.

Id.

En Maine, los tribunales también han resuelto que una regla

no es interpretativa si hace más específica la ley que

administra la agencia y si limita definitivamente la discreción

de la agencia al otorgar privilegios. New England Whitewater

Center, Inc. v. Department of Inland Fisheries and Wildlife,

550 A.2d 56, 61-64 (Me. 1988).

Cabe destacar, además, que en un caso similar al de autos,

relacionado a solicitudes de Certificados de Necesidad, el

Tribunal Supremo de Alabama decidió que una regla que establecía

requisitos para el otorgamiento de los Certificados constituía

una regla legislativa y tenía que pasar por el proceso de

reglamentación para ser válida. Ex parte Traylor Nursing Home,

Inc., 543 So. 2d 1179 (Ala. 1988). En el caso de autos, debemos

decidir

si

el

Memorando

Circular

constituye

una

regla

legislativa o una regla interpretativa.

41

CC-1999-597

42

El Memorando en este caso no contradice el Reglamento, pero

sí

intenta

especificar

legislativa.

Por

un

ejemplo,

poco

el

lo

que

Memorando

expone

la

establece

regla

que

se

utilizará como medida de la concentración económica en el área

de servicio el Herfindahl-Hirschman Index. Por lo tanto, el

Memorando establece criterios nuevos a considerarse al decidir

si se otorgan o no privilegios a entidades privadas. Estas

determinaciones tienen, sin duda,

un efecto directo sobre los

derechos de las partes fuera de la agencia. Por lo tanto, como

la intención de este Memorando era hacer más específicos los

criterios establecidos mediante la reglamentación, y afecta los

derechos de las partes envueltas, las reglas que se intentaron

establecer

constituyen

Memorando

no

fue

reglas

promulgado

legislativas.

Como

a

proceso

través

del

dicho

de

reglamentación requerido por la LPAU, el mismo es inválido.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el Secretario o

Secretaria de Salud no puede aplicar la política pública

encarnada en el Memorando al evaluar las solicitudes.

Véase,

e.g., Pennsylvania Human Relations Commission v. Norristown

Area School Dist., 374 A.2d 671 (Pa. 1977) (resolviendo que se

puede utilizar una declaración general de política pública como

fundamento para una decisión adjudicativa). Pero al hacerlo

tiene que sustentar dicha política contra cualquier impugnación

42

CC-1999-597

43

de las partes como si el Memorando nunca se hubiese promulgado,

ya que dicho Memorando no tiene fuerza de ley.6

Es importante advertir que, aunque las declaraciones

generales de política pública pueden ser muy útiles para

informar al público sobre las intenciones de las agencias y para

pautar la discreción administrativa, una agencia no puede

simplemente eliminar sus reglamentos y reinstalarlos, sin el

beneficio del proceso de reglamentación, a través de reglas

interpretativas. La experiencia ha demostrado una inclinación

por parte de las agencias de promulgar “boletines”, “anuncios”,

“guías”, “memorandos” y otros documentos “interpretativos” que

en su operación y efecto legal constituyen reglas legislativas,

para esquivar el proceso de reglamentación. Véase, Bonfield,

supra, sec. 3.3.1. No vamos a permitir que las agencias se

adjudiquen de esta manera una patente de corso que les provea

una discreción casi ilimitada. Entendemos, sin embargo, que las

reglas interpretativas pueden ser de gran valor, ya que le

permiten a las agencias pautar la discreción administrativa de

manera más informal, limitando así las posibilidades de que se

llegue a decisiones de manera arbitraria, y que “son el método

principal mediante el cual miembros afectados del público

pueden informarse del contenido preciso de sus derechos y

deberes bajo la ley administrada por la agencia.” Bonfield,

supra, sec. 6.9.1 (énfasis y traducción nuestros).

6

“When the agency applies the policy in a particular situation, it must be

prepared to support the policy just as if the policy statement had never

43

CC-1999-597

44

VI

Por todos los fundamentos expuestos, resolvemos que el

Reglamento 89 del Departamento de Salud adolece de un nivel de

ambigüedad

que

hace

probable

el

ejercicio

arbitrario

o

caprichoso de la discreción de la agencia, y que deja a los

solicitantes desprovistos de guías adecuadas que los ayuden a

tomar decisiones en cuanto a sus proyectos de facilidades de

servicios de salud, y a preparar sus solicitudes para obtener

Certificados de Necesidad. Tomando en cuenta, además, los

serios

defectos

de

los

que

adoleció

el

proceso

de

reglamentación, invalidamos el Reglamento 89 y revocamos la

sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Como hemos mencionado anteriormente, el Reglamento 89 no

satisface el mandato de la Ley 2, y las exigencias del debido

proceso de ley y de la doctrina de no-delegación por dejar

puertas abiertas a la arbitrariedad y los caprichos, y por no

proveer guías adecuadas a los solicitantes de Certificados de

Necesidad.

En vista que dicho reglamento, en su Artículo IX cláusula

1, derogó y sustituyó el anterior Reglamento 56, al invalidar

el mismo queda en vigor este último. Por ello, el Departamento

de Salud deberá evaluar bajo los parámetros establecidos en el

Reglamento

56

todas

las

solicitudes

de

Certificados

de

Necesidad que sean sometidas desde que esta decisión advenga

final y firme.

been issued.

Además, será de aplicación el Reglamento 56 a

Pacific Gas & Elec. Co. v. Federal Power Commission, 506 F.2d

44

CC-1999-597

45

todas las solicitudes de Certificados de Necesidad que estén

pendientes en el Departamento de Salud.

En cuanto a las solicitudes que han sido evaluadas bajo el

Reglamento 89, y aprobadas o denegadas al momento que advenga

esta decisión final y firme, y que sean impugnadas ante los

tribunales, por aún no ser finales y firmes, serán revisadas

de manera consistente con esta Opinión.

Los tribunales han de

asegurar que estas decisiones adjudicativas del Departamento

de Salud sean detalladas, razonadas y bien fundamentadas.

Además, las mismas deben ser consistentes entre sí, con las

adjudicaciones anteriores que ha hecho el Departamento, y con

los criterios generales que establece la Ley 2.

De este modo,

los tribunales podrán constatar que estas decisiones no hayan

sido arbitrarias o caprichosas.

Claro está, esta decisión no impide que el Departamento de

Salud enmiende o revise, si así lo estima necesario, el

Reglamento 56 siempre y cuando lo haga a la luz de lo resuelto

en esta Opinión.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

33 (D.C. Cir. 1974).

45

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Farmacias de

la Comunidad y otros

Demandantes-Peticionarios

vs.

CC-1999-597

Certiorari

Departamento de Salud

Demandado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2002.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace

formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones y se invalida el Reglamento Núm. 89 para Regular el

Proceso de Evaluación de Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de

Necesidad y Conveniencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió

Opinión Concurrente y Disidente a la que se unió el Juez Asociado señor Rivera

Pérez. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Carmen E. Cruz Rivera

Secretaria Tribunal Supremo Interina

46

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

*

Asociación de Farmacias de la *

Comunidad;

Colegio

de *

Farmacéuticos de P.R.; Sociedad *

Radiológica de P.R.; American *

College of Radiology, Capítulo *

de Puerto Rico; Asociación *

Puertorriqueña de Dueños de *

Laboratorios

Clínicos *

Privados, Inc.; Colegio de *

Tecnólogos Médicos de P.R.; *

Farmacia

Claudio,

Inc., *

Laboratorio Ríos Lisojo (Lcdo. *

Jorge Ríos, Las Marías)

*

*

Peticionarios

*

*

vs.

*

*

Departamento de Salud

*

*

Recurrida

*

***************************** *

CC-1999-597

Opinión Concurrente en parte y Disidente en parte emitida por el Juez Asociado

señor Corrada del Río a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2002.

El resultado inusitado al que arriba la mayoría de este Tribunal nos mueve

a plasmar nuestro sentir por escrito. Concurrimos con la mayoría al resolver

que el Reglamento Núm. 89 para Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes

para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia (Reglamento

Núm. 89) no contraviene la ley en virtud de la cual fue promulgado. No obstante,

disentimos, por entender que el Reglamento Núm. 89, supra, no es ambiguo.

I

El 25 de agosto de 1997 el Departamento de Salud (Departamento), mediante

aviso al público contenido en el periódico “The San Juan Star”, notificó su

intención de emitir un nuevo reglamento con el propósito de regular el proceso

de evaluación de solicitudes para el otorgamiento de certificados de necesidad

y conveniencia, en virtud de la Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según

enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq. (Ley Núm. 2).

A través de dicho aviso, el Departamento, además de expresar el propósito

de la adopción del reglamento, señaló el lugar y horas disponibles para revisar

una copia del mismo, y estableció un plazo de treinta (30) días, contados a

47

partir de la publicación del aviso, para someter comentarios por escrito. Por

último, indicó que aquél interesado en solicitar la celebración de una “vista

administrativa para la discusión de los comentarios” debía presentar, dentro

del término antes mencionado, una petición por escrito, en conjunto con un

memorando exponiendo las justificaciones para la realización de una vista

pública.7

Ante ello, dentro del término dispuesto, la Asociación de Farmacias de

la Comunidad, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, el American College

of Radiology –Capítulo de Puerto Rico-, la Asociación Puertorriqueña de Dueños

de Laboratorios Clínicos Privados, Inc., el Colegio de Tecnólogos Médicos de

Puerto

Rico,

la

Farmacia

Claudio,

Inc.

y

el

Laboratorio

Ríos

Lisojo

(peticionarios) comparecieron y solicitaron que se llevase a cabo una vista

pública. A tales fines, el Departamento, vía facsímil, notificó la celebración

de la misma.

Llegado el 29 de septiembre de 1997, los peticionarios acudieron a la

vista, presentaron sus ponencias e impugnaron el reglamento por éste

alegadamente adolecer de varios defectos.

Luego de analizar los comentarios y sugerencias, y acoger algunos de

éstos, el 16 de octubre de 1997, el Departamento aprobó el Reglamento Núm.

89, supra. Tras ser presentado en el Departamento de Estado el 20 de octubre

de 1997, dicho reglamento entró en vigor el 19 de noviembre del mismo año.

Posteriormente,

el

16

de

diciembre

de

1997,

dentro

del

término

estatutario para impugnar de su faz la validez de un reglamento, 8 los

peticionarios recurrieron, vía revisión, ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones

(TCA)

impugnando

el

referido

reglamento.

Sostuvieron,

en

síntesis, que: (1) el procedimiento llevado a cabo para aprobar el Reglamento

Núm. 89, supra, era contrario a derecho, (2) dicho reglamento es nulo por ser

7

Apéndice de la petición de certiorari, pág. 84.

“Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla o reglamento por el

incumplimiento de las disposiciones de este capítulo deberá iniciarse en el Tribunal Circuito

de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha

regla o reglamento. La competencia sobre la acción corresponderá al Circuito de la región

judicial donde está ubicado el domicilio del recurrente.” Sec. 2.7(b) de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2127(b). Véase, Asoc. Dueños

Casas Parguera, Inc. v. J.P., res. el 14 de mayo de 1999, 99 TSPR 75, 148 D.P.R. ___ (1999),

99 JTS 81, pág. 1026; Montoto v. Lorie, res. el 11 de marzo de 1998, 98 TSPR 23, 145 D.P.R.

___ (1998), 98 JTS 25, pág. 659.

8

48

contrario a la ley al amparo de la cual se promulgó, y (3) el mismo es

inconstitucional por razón de ambigüedad.

Así las cosas, el TCA, mediante sentencia de 10 de mayo de 1999, notificada

el 14 de mayo, resolvió que los procedimientos se condujeron conforme a

derecho, que el reglamento no era contrario a la ley, y que el mismo no era

arbitrario ni caprichoso. Por lo que, concluyó que “el Reglamento impugnado

t[enía] fuerza de ley por haber cumplido con los trámites procesales requeridos

para su validez.”9 Los peticionarios, oportunamente, presentaron moción de

reconsideración, denegada por el TCA, mediante resolución de 23 de junio de

1999, notificada el 9 de julio.

Inconformes, el 9 de agosto de 1999, los peticionarios acudieron ante

nos, vía certiorari, imputándole al TCA la comisión de los siguientes errores:

A. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar la validez del Reglamento núm. 89.

B. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

sostener que el Reglamento núm. 89 no es ambigüo, arbitrario,

e inconsistente en su aplicación.

C. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

resolver que el Reglamento impugnado tiene fuerza de ley por

haber cumplido con los trámites procesales requeridos para su

validez.

II

Por entender que el incumplimiento sustancial con el trámite procesal

privaría

a

este

Tribunal

de

discutir

los

planteamientos

sustantivos,

comenzamos nuestro análisis, al igual que la mayoría, atendiendo el tercer

señalamiento.

Los peticionarios, en síntesis, aducen que el aviso publicado por el

Departamento no cumplía con la LPAU, supra, y que el trámite de vista pública

no siguió el procedimiento establecido en la Ley Núm. 2, supra. Además, la

mayoría esboza un planteamiento no traído a la atención de este Tribunal, la

alegada falta de preparación del informe por el oficial examinador.

A.

9

Aviso publicado en el periódico The San Juan Star

Apéndice de la petición de certiorari, pág. 310.

49

En específico, los peticionarios alegan que el aviso era insuficiente

ya que en el mismo el Departamento no expresó su intención de derogar el

entonces vigente Reglamento Núm. 56.10

La LPAU, supra, en lo pertinente, dispone que “[s]iempre que la agencia

pretenda adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, publicará un aviso

en un periódico de circulación general en Puerto Rico....El aviso contendrá

un resumen o explicación breve de los propósitos de la propuesta acción....”

(Bastardillas nuestras.) Sec. 2.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2121.

Es decir, la LPAU, supra, requiere una declaración sucinta del objetivo

del reglamento o regla formulado. Al respecto, el Profesor Fernández Quiñones

comenta que “[e]l aviso sólo debe contener lo esencial de la regla propuesta

o puede muy bien describir los temas que cubre.” D. Fernández Quiñones, Derecho

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed.,

Colombia, Ed. Forum, 2001, sec. 3.2, pág. 112. Añade que “[l]a regla no se

decreta inválida porque difiera de lo propuesto siempre y cuando los temas

fueran debidamente notificados al público en general. La disponibilidad del

texto completo de la regla y el notificarlo en el aviso subsana cualquier otro

defecto, siempre que se cubran los temas esenciales.” Íd.

El Departamento, mediante el aviso en cuestión, señaló diáfanamente que

tenía la intención de adoptar un reglamento para sistematizar el procedimiento

de evaluación de las solicitudes de certificados de necesidad y conveniencia,

en virtud de la Ley Núm. 2, supra.11 Indicó, de igual modo, que el propósito

de dicho reglamento era regular la expedición de los certificados de necesidad

10

Reglamento del Secretario de Salud Núm. 56 para Establecer Todo lo Relacionado con las

Solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia y el Otorgamiento de Éstos; Establecer

las Normas que se Requerirán a los Solicitantes; Fijar Penalidades y para Otros Fines. Este

reglamento se promulgó al amparo de la Ley Núm. 2, supra. El mismo fue radicado en el

Departamento de Estado el 15 de agosto de 1986.

11

Dicho aviso, en lo referente, reza como sigue:

AVISO AL PÚBLICO

Mediante la presente se notifica al público en general de la intención del

Departamento de Salud de adoptar los siguientes Reglamentos:

continúa...

5

...continuación

1)

Reglamento para Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes para el

Otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia al amparo de

las disposiciones de la Ley Número 2 del 7 de noviembre de 1975, según

enmendada y ....Los reglamentos propuestos tienen el propósito de

reglamentar la expedición de Certificados de Necesidad y Conveniencia...

(Bastardillas nuestras.) Apéndice de la petición de certiorari, pág. 84.

50

y conveniencia. Además, en el borrador del reglamento disponible para el

público, el Departamento incluyó una cláusula mediante la cual dejaba sin

efecto el Reglamento Núm. 56, supra.12

Conforme a lo antes expresado, nos es forzoso concluir que el aviso

publicado por el Departamento cumplió con el requisito de una explicación breve

del propósito del reglamento propuesto, conforme a lo establecido por la LPAU,

supra. Resultaba innecesario incluir en el aviso una expresión sobre la

determinación del Departamento de eliminar el Reglamento Núm. 56, supra, pues,

era claro que el nuevo

reglamento

tenía

el

propósito

de

regular los

mismos asuntos incluidos en el primero. Además, no podemos perder de

perspectiva

que los interesados podían examinar el borrador del reglamento

propuesto, el que, en su Art. VIII, establecía sin lugar a dudas la intención

del Departamento de derogar el reglamento entonces vigente.

Lo anterior no dispone de este asunto ya que, los peticionarios, luego

de exponerlo sucintamente en la petición de certiorari y traerlo someramente

en el alegato, sostienen que no pudieron “expresarse significativamente sobre

el reglamento aprobado dentro del marco de referencia del propósito perseguido

por el reglamento propuesto ya que el borrador del reglamento no contenía

expresión alguna sobre el propósito que se incorporó al reglamento que

finalmente se aprobó.” 13 Añaden que “[n]o exist[ía] en el récord base ni

explicación razonable para un cambio tan drástico del reglamento para regular

el proceso de evaluación de solicitudes para el otorgamiento de certificados

de necesidad y conveniencia....”14

Ante dicho planteamiento, la mayoría tilda de “lacónico”15 el propósito

del reglamento,16 expresa que la explicación breve y concisa del mismo en un

12

El Art. VIII de dicho borrador, inciso (1), exponía:

1.

Cláusula Derogatoria – Este Reglamento deja sin efecto toda norma, pauta,

procedimiento o parte de éstos que esté(n) en conflicto con sus

disposiciones en particular, se deroga expresamente el Reglamento 56 del

14 de agosto de 1986, radicado en el Departamento de Estado el 15 de agosto

de 1986. Íd., pág. 98.

13

Alegato de los peticionarios, pág. 16.

14

Íd., pág. 17.

15

Opinión Mayoritaria, pág. 11.

16

El Art. II del Reglamento Núm. 89, supra, dispone:

51

reglamento final requiere respuestas razonadas a los comentarios de los

interesados y, finalmente, concluye que la explicación contenida en el

Reglamento Núm. 89, supra, es insuficiente. Funda tal posición en que la no

inclusión de las contestaciones de la agencia a las manifestaciones de los

participantes limita su función revisora, ya que no puede concretar qué asuntos

de política pública se ventilaron y qué sugerencias se hicieron, impidiéndole

determinar si la agencia actuó arbitraria o caprichosamente. Dicha postura

es errónea.

En primer lugar, la mayoría –vía fíat judicial- enmienda la LPAU, supra,

imponiéndole al Departamento un requisito no establecido por el legislador.

De conformidad con dicho estatuto, el texto del reglamento “adoptado o

enmendado” sólo tiene que contener, en lo pertinente, “una explicación breve

y concisa de sus propósitos o de las razones para su adopción o enmienda.”

Sec. 2.5(b) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2125(b). Requerirle a la agencia incluir

una relación de los comentarios de las partes, así como las respuestas

correspondientes, atenta contra la brevedad y precisión requerida. Además,

“la agencia no está obligada ni limitada por los comentarios en la formulación

final de la regla.” Fernández Quiñones, op. cit., pág. 114.

En segundo lugar y no menos importante, a los fines de evaluar si la

actuación de la agencia, mediante la promulgación del reglamento, fue o no

arbitraria, los tribunales debemos inspeccionar los documentos incluidos en

el expediente de la agencia y no meramente descansar en una explicación breve

y concisa contenida en el reglamento adoptado.17

[e]l propósito del presente reglamento lo constituye el deseo del Departamento

de Salud de agilizar y expeditar [sic] el proceso de consideración y análisis

de las solicitudes de

continúa...

10

...continuación

concesión de Certificados de Necesidad y Conveniencia así como atemperar dicho

proceso a la actual política pública en torno a la prestación de servicios de

salud en Puerto Rico según definida en las disposiciones de las leyes número

190 del 5 de septiembre de 1996 y la número 72 del 7 de septiembre de 1993,

según enmendadas. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 157.

17

El expediente, conforme a la LPAU, supra, incluye, pero sin limitarse a, los siguientes:

(a) Copias de toda publicación en relación a [sic] la

regla o al procedimiento.

52

En fin, para cumplir con lo establecido por la LPAU, supra, la agencia

sólo tiene que, por así decirlo, contestar –de forma breve y concisa- cuál

es el propósito del reglamento aprobado o por qué está adoptando el mismo.

A tales efectos, el Departamento expuso –de forma clara y sencilla- que,

mediante el Reglamento Núm. 89, supra, se proponía facilitar y brindarle

rapidez al procedimiento para la concesión de certificados de necesidad y

conveniencia, así como ajustar dicho proceso a la actual política pública

contenida en las leyes de la Reforma de Salud.18 Sin embargo, dicha explicación

no le agrada a la mayoría, que va más allá y expresa –como justificación- que

el Departamento debió “expli[car] por qué ha decidido suplantar el Reglamento

anterior con uno mucho más ambiguo y limitado.”19 No avalamos tal posición,

por entender que el lenguaje incluido en el Reglamento Núm. 89, supra,

satisface las exigencias de la LPAU, supra, y porque la mayoría pierde de

perspectiva que el Reglamento Núm. 56, supra, no es objeto de controversia.

B.

Vista pública

Los peticionarios aducen que el Departamento no siguió los procedimientos

establecidos en la Ley Núm. 2, supra, para la celebración de la vista pública

mandatoria. Ello, debido a que el Departamento notificó la misma con cinco

(5) días de antelación, cuando se requiere la publicación de un aviso en dos

(b) Toda petición, requerimiento, memorial o comentario

escrito radicado ante la agencia y cualquier

material escrito considerado por la agencia en

relación a [sic] la adopción de la regla y al

procedimiento seguido.

(c) Cualquier informe preparado por el oficial que

presida la vista resumiendo el contenido de las

presentaciones.

(d) Una copia de cualquier análisis regulatorio [sic]

preparado en el procedimiento para la adopción de

la regla.

(e) Una copia de la regla y una explicación de la misma.

(f) Todas las peticiones de excepciones, enmiendas,

derogación o suspensión de la regla. Sec. 2.6 de la

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2126.

18

Véase, nota al calce núm. 10, ante.

19

Opinión Mayoritaria, pág. 15.

53

(2) periódicos de circulación general con un mínimo de quince (15) días. Art.

22 de la Ley Núm. 2, 24 L.P.R.A. sec. 334j.20

Entendemos que la desviación del procedimiento comprendido en la Ley Núm.

2, supra, no menoscabó el derecho de participación en la vista pública de las

partes interesadas. En el caso de autos, el Departamento, cumpliendo con el

propósito de realizar la vista pública mandatoria, celebró la misma, treinta

y cinco (35) días después de la publicación del aviso en el periódico The San

Juan Star, el 29 de septiembre de 1997. Cabe recordar que, mediante dicha

publicación, el Departamento le informó al público, inter alia, su intención

de adoptar el reglamento propuesto, el lugar y horario disponible para revisar

un borrador del mismo, el plazo de treinta (30) días para someter los

comentarios escritos y para solicitar la vista administrativa.21 Es decir, las

partes interesadas tuvieron oportunidad y tiempo suficiente para elaborar sus

ponencias ya que tenían que preparar sus comentarios escritos y/o petición

de vista dentro del plazo antes mencionado. Véase, Hosp. San Pablo v. Hosp.

Hnos. Meléndez, 123 D.P.R. 720, 737-738 (1989).22

C.

Informe del oficial examinador

Tras escudriñar el expediente y no encontrar escrito alguno titulado

informe del oficial examinador, la mayoría levanta, motu proprio, dicho

argumento y concluye que dicho informe no se produjo.

La Sec. 2.3 de la LPAU, en lo pertinente, dispone que “[e]l funcionario

que presida la vista preparará un informe para la consideración de la agencia,

en el cual se resuman los comentarios orales que se expongan durante la vista.”

(Bastardillas nuestras.) 3 L.P.R.A. sec. 2123.

Sobre el particular, en el expediente administrativo del caso de autos

obra un memorando de 8 de octubre de 1997 del oficial examinador, Manuel

Fernández Mejías, dirigido al Director de la Oficina de Asesores Legales del

20

Reconocemos que, al no contradecir el texto y el propósito de la LPAU, supra, es de aplicación

la disposición referente a la vista pública contenida en la Ley Núm. 2, supra. Asoc. Dueños

Casas Parguera, Inc. v. J.P., supra; Carabarín, et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938, 952 (1993);

Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 D.P.R. 744, 748 n. 7 (1990).

21

Apéndice de la petición de certiorari, pág. 84.

22

El “publicar ‘un aviso en un periódico de publicación general’...satisface el requisito

de notificar a todas las personas afectadas por la regla propuesta.” Fernández Quiñones, op.

cit., pág. 111.

54

Departamento de Salud. En dicho escrito, el suscribiente hace una relación

de los comparecientes a la vista pública, indica que los participantes

presentaron por escrito el contenido de sus ponencias y, finalmente, añadió

los comentarios no incluidos en las mismas.23

23

Dicho memorando reza de la siguiente forma:

RE:

PROPUESTA DE NUEVO REGLAMENTO PARA REGULAR EL PROCESO DE

CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE NECESIDAD Y

CONVENIENCIA

17

continúa...

...continuación

En el caso de referencia luego de haber sido publicado el aviso

de intención para la adopción del reglamento de referencia las

siguientes personas e instituciones solicitaron la celebración

de una vista pública:

12345678910111213-

Pavía Health, Inc.

American College of Radiology

Colegio de Médicos Cirujanos

Sociedad Radiológica de Puerto Rico

Asociación de Hospitales

Colegio de Farmacéuticos

Walgreens of San Patricio

Lic. Mario L. Paniagua

Asociación Farmacias de la Comunidad

Ryder Hospital

Colegio de Tecnólogos Médicos

Asociación Puertorriqueña de Dueños de Laboratorios

Cámara de Comercio

De los antes expuestos todos fueron notificados de la celebración

de la vista pública y acudieron a ella todos menos el Colegio de

Médicos Cirujanos, Pavía Health y Cámara de Comercio. Todos los

comparecientes sometieron por escrito el texto de sus ponencias

las cuales obran en el expediente del caso.

El Lic. Mario Paniagua comentó además en torno a la necesidad de

definirse de una forma más concreta el concepto de “área de

servicio”. El Dr. David Guzmán en representación del Hospital

Ryder así como el Lic. Milton Cruz de la Asociación de Hospitales

se colocaron a la disposición del Departamento de Salud para

colaborar en el proceso de adopción de un nuevo reglamento para

la concesión de CNC’s. El Lic. Milton Cruz sugirió además la

55

En vista de lo anterior, entendemos que el memorando en cuestión cumple

con la LPAU, supra.24 Máxime, cuando la obligación del funcionario es resumir

los comentarios orales, los cuales, en la situación de autos, constan en las

ponencias incluidas en el expediente administrativo. El propósito de la

disposición en cuestión es simplificarle al Secretario la labor de analizar

y considerar las declaraciones de los comparecientes ya que no tiene que

sentarse a escuchar una grabadora u observar a los deponentes a través de un

monitor. Claro está, si el texto de los comentarios obra por escrito, resulta

innecesario compendiar los mismos. Además, no podemos perder de perspectiva

que, a diferencia de un procedimiento cuasi-adjudicativo, donde el funcionario

aprecia

el

comportamiento

(demeanor)

y

dirime

cualquier

conflicto

de

credibilidad, en una actuación cuasi-legislativa, como en la situación de

autos, es preferible, en lo posible, recoger exactamente lo que las partes

expresaron. Por lo cual, el error esgrimido por la mayoría no se cometió.

Atendidos los señalamientos procesales y debido a que el desvío del

trámite de vistas públicas no constituyó un incumplimiento sustancial, 25

procedemos a discutir los planteamientos sustantivos.

III

creación de un Comité de la Industria para colaborar en dicho

proceso. Todos los demás extremos de las disposiciones de los

asistentes a la vista constan en sus ponencias por escrito en el

expediente administrativo del proceso.

24

El título de un documento no es lo determinante sino su contenido. Véase, Correa Negrón

v. Pueblo, 104 D.P.R. 286,

continúa...

18

...continuación

293 (1975).

Por otra parte, es menester aclarar que el hecho de que el oficial examinador dirigió

el memorando al Director de la Oficina de Asesores Legales del Departamento de Salud no

menoscaba su validez como informe ya que dicha división es quien aconseja al Secretario del

Departamento. Además, no podemos perder de vista que el aviso al público también fue suscrito

por el antes referido director.

25

La LPAU, supra, expresa que un reglamento “[es] nulo si no cumpl[e] sustancialmente con

las disposiciones de [esta ley].” Sec. 2.7(a) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2127(a).

Al respecto, el Profesor Fernández Quiñones comenta que “es imprescindible cumplir con

los requisitos de notificación de la regla propuesta, concesión de oportunidad a la ciudadanía

de presentar sus escritos y publicación de la regla adoptada. Ellos van a la médula del debido

proceso de ley estipulado por la propia ley.” Fernández Quiñones, op. cit., pág. 121.

56

Los peticionarios, por otra parte, alegan que el Reglamento Núm. 89,

supra, es inválido por ser contrario a la Ley Núm. 2, supra. Argumentan, además,

que dicho reglamento es nulo porque adolece de vaguedad, por lo que su

aplicación podría ser arbitraria.

A. Reglamento Núm. 89, supra, es contrario a la Ley Núm. 2, supra.

Estimamos, al igual que la mayoría, que el Reglamento Núm. 89, supra,

no conflige con las disposiciones estatutarias bajo las cuales se promulgó.26

En la situación de autos, el Secretario del Departamento emitió el

Reglamento Núm. 89, supra, a tenor de la Ley Núm. 2, supra. Este estatuto –en

particular su Art. 3- faculta al Secretario del Departamento a fijar, mediante

reglamentación, los requisitos para la expedición de los certificados de

necesidad y conveniencia. 3 L.P.R.A. 334b.27

Por otra parte, el Secretario del Departamento, al promulgar el

reglamento en cuestión, tomó en consideración los criterios establecidos por

dicho artículo. A tales efectos, el Secretario del Departamento incluyó, en

el reglamento adoptado, los cinco (5) requisitos fijados por el referido

artículo e incorporó dos (2) adicionales. Estos últimos fueron adoptados en

cumplimiento con los objetivos delineados por la Ley Núm. 2, supra -una

planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud, y proveer los

servicios

de

Salud

donde

el

Secretario

estime

que

son

necesarios

y

convenientes, 1983 Leyes de Puerto Rico 403-404-, y con los propósitos

establecidos en las leyes de la Reforma de Salud –una mayor cobertura de los

servicios médicos a las personas indigentes. Ello conlleva que el propósito

del Reglamento Núm. 89, supra, esté en armonía con los fines perseguidos por

26

“[U]n reglamento promulgado para implantar la ejecución de una ley puede complementarla,

pero no estar en conflicto con ésta.” (Énfasis suprimido.) Franco v. Depto. de Educación,

res. el 30 de junio de 1999, 99 TSPR 105, 148 D.P.R. ___ (1999), 99 JTS 108, pág. 1252; Carrero

v. Depto. de Educación, 141 D.P.R. 830, 837 (1996); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones,

110 D.P.R. 400, 409 (1980). Ello implica que una regla o reglamento “claramente en conflicto

o en contra de la ley es nulo.” P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra.

27

Esta disposición, en lo pertinente, expresa lo siguiente:

“[e]l Secretario establecerá mediante reglamento los criterios para expedir

o denegar el certificado de necesidad y conveniencia.” 3 L.P.R.A. sec. 334b.

57

los estatutos mencionados. Es decir, existe una relación razonable entre el

reglamento y dichas leyes.28

En vista de ello, concluimos que el Reglamento Núm. 89, supra, no

contraviene lo dispuesto por la Ley Núm. 2, supra, y que no es arbitrario ni

caprichoso. Por lo que, el mismo no es nulo.

B.

El Reglamento Núm. 89 sufre del defecto de vaguedad.

Los peticionarios esgrimen el argumento de que el Reglamento Núm. 89,

supra, es vago, por lo que su aplicación podría resultar arbitraria o

caprichosa. La mayoría acoge dicho planteamiento y, por tanto, concluye que

el reglamento es vago. Tal postura es errónea, pues, analiza el Reglamento

Núm. 89, supra, a la luz del Reglamento Núm. 56, supra. Es decir, la mayoría

se apoya en que el reglamento objeto de controversia no contiene tantos

criterios como el anterior. 29 ¿Es ambiguo un reglamento porque no es tan

específico como el anterior? O, ¿no es vago un reglamento porque no hay uno

previo? La vaguedad de un estatuto o de un reglamento no se mide comparando

reglamentos.

De igual forma, tanto los peticionarios como la mayoría sostienen que

el Reglamento Núm. 89, supra, adolece de vaguedad basándose en el caso Soto

v. Srio de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). Allí, expresamos “[c]uando, como

en el caso de autos no hay estándares en la ley que gobiernen el ejercicio

de la discreción que la ley reconoce, el esquema permite y promueve una

aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley.” (Bastardillas en el

original y citas omitidas.) Soto v. Scrio. de Justicia, pág. 499.

No obstante, aquella situación es distinguible de la autos. En Soto v.

Scrio. de Justicia, supra, los allí peticionarios, como ciudadanos, alegaron

violación del derecho constitucional de obtener información recopilada por

el Estado en su gestión pública mientras que en el presente los peticionarios

28

Además de no oponerse a la ley, el reglamento no puede ser caprichoso ni arbitrario. “Es

necesario que la regla sea razonable. Es función del tribunal el determinar si existe una

relación o conexión racional entre una regla o reglamento y el estatuto.” (Nota omitida.)

Carrero v. Depto. de Educación, supra, pág. 838. Véase, Franco v. Depto. de Educación, supra;

Fernández Quiñones, op. cit., sec. 3.4, pág. 135.

29

“Nuestra conclusión se sustenta al considerar que el Reglamento 56 que promulgó el

Departamento de Salud originalmente en el 1986, y que rigió el esquema de los Certificados

de Necesidad por once años, era muy específico y extenso.” Opinión Mayoritaria, págs. 31-32.

58

aducen

–de

forma

vaga

e

imprecisa-

que

el

Reglamento

Núm.

89

es

inconstitucional. Además, a diferencia del caso de Soto, supra, en el de autos,

la Ley Núm. 2, supra, enumera unos criterios que debe incluir la reglamentación

a ser aprobada, los cuales el Departamento adoptó al promulgar el Reglamento

Núm. 89, supra.

Los requisitos delineados por la Ley Núm. 2, supra, más los dos (2)

adicionales limitan la discreción del Secretario del Departamento y, al mismo

tiempo, le brindan flexibilidad necesaria para expedir y otorgar los

certificados de necesidad y conveniencia. Veamos.

La Ley Núm. 2, en su Art. 3, supra, establece los siguientes criterios,

los cuales fueron específicamente incorporados en el Reglamento Núm. 89,

supra, a saber:

1. La relación entre la transacción para la cual se solicita el

certificado y el plan de desarrollo de servicios a largo plazo,

si alguno, del solicitante.

2. La necesidad actual y proyectada que tiene la población a ser

afectada por la transacción contemplada de los servicios que

se proveerán mediante la misma.

3. La existencia de alternativas a la transacción para la cual

se solicita el certificado o la posibilidad de proveer los

servicios contemplados de manera más eficiente o menos costosa

que la propuesta por el solicitante.

4. La relación entre el sistema de salud operante en el área y

la transacción propuesta.

5. En el caso específico de solicitantes de certificados de

necesidad y conveniencia para el ofrecimiento de servicios de

salud, el Secretario deberá considerar también los siguientes

factores:

(a)

La disponibilidad de recursos humanos y económicos

para el rendimiento eficiente de esos servicios.

(b)

El impacto que la forma de proveer los servicios tendrá

sobre las necesidades de entrenamiento clínico que

puedan tener los profesionales de salud del área en

donde los servicios habrán de prestarse.

(c)

El por ciento de la población del área a ser servida

que tendrá acceso a los servicios propuestos. El

Secretario deberá exigir que la solicitud indique el

tiempo que el solicitante necesitará para hacer

disponible el servicio o equipo objeto de la petición

o realizar el gasto objeto de la transacción.

59

Además, el Secretario del Departamento tomará en consideración los

siguientes criterios, añadidos por el Reglamento Núm. 89, supra:

6. El nivel de competitividad y de eficiencia operacional de las

facilidades de salud existentes en el área de servicio de la

acción propuesta.

7. El nivel de concentración existente en el área de servicio de

la acción propuesta y la medida en que un incremento en la

oferta estimule la competencia en cuyo caso se podría favorecer

la acción propuesta.

Como se puede apreciar, estos requisitos no son amplios –como alegan los

peticionarios- pero tampoco son bastante rígidos que constituyan una camisa

de fuerza y conlleven una aplicación irracional.30 Éstos son lo suficientemente

definidos para ayudar al Secretario a delinear una planificación ordenada al

momento

de

otorgar

los

certificados

de

necesidad

y

conveniencia

correspondientes. Pero, de igual forma, no son tan específicos –como pretenden

los peticionarios- debido a que cada área geográfica o región tiene sus

características peculiares. Los criterios adoptados permiten más flexibilidad

en el otorgamiento de los certificados porque, en vez de conformar la

aprobación de los mismos a criterios geográficos, el Secretario también

considerará la competitividad, la eficiencia operacional y la calidad del

servicio. De este modo, existe mayor probabilidad de que un servicio

determinado se provea adecuadamente dentro de un área geográfica o región.

A tales fines, el Reglamento Núm. 89, supra, requiere que toda solicitud para

el otorgamiento de un certificado de necesidad y conveniencia tiene que venir

acompañada de, entre otros, un estudio financiero de viabilidad económica.

Art. V(2)(c) del Reglamento Núm. 89, supra. Además, al delimitar el concepto

área de servicio y definir las regiones, el reglamento incluye parámetros para

precisar la necesidad actual y proyectada y medir el nivel de concentración

dentro del área de servicio.

30

Nos parece pertinente la siguiente expresión que, aunque referente a nuestra Constitución

entendemos que es de aplicación al presente caso:

[t]ambién debemos evitar que interpretaciones inflexibles y el apego a viejos

modelos impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro y en pocos

años tornen obsoleta una constitución diseñada para guiar la vida de un pueblo

por varios siglos....Tampoco debemos olvidar que “‘el sentido de hoy no es

siempre el sentido de mañana’....” (Citas omitidas.) Nogueras v. Hernández

Colón, 127 D.P.R. 405, 411 (1990).

60

Por otra parte, los peticionarios argumentan que el Secretario tiene

absoluta discreción ya que puede balancear los criterios en la manera que

estime pertinente. Dicho planteamiento carece de méritos. En Lab. Inst. Med.

Ava. v. Lab. C. Borinquen, res. el 9 de septiembre de 1999, 99 TSPR 136, 149

D.P.R. ___ (1999), 99 JTS 141, pág. 41, resolvimos, bajo el Reglamento Núm.

56, supra, que el Secretario “[t]iene discreción para obviar un criterio

reglamentario, cuando ello sea procedente.” Añadimos que “una interpretación

contextual de la Ley Núm. 2 referida claramente revela...que el legislador

dejó en manos del Secretario la determinación de conceder o denegar los

certificados requeridos, sujeto a unas guías y criterios, que aparejan un

ámbito de discreción.” (Nota omitida.) Íd.

Además, el Secretario, en su función adjudicativa -al momento de otorgar

o denegar un certificado-, 31 tiene que formular determinaciones de hechos

sostenidas por evidencia sustancial. Hosp. San Pablo v. Hosp. Hnos. Meléndez,

supra, pág. 733. Ello implica que, de eximir al solicitante de algún criterio

o si le dio más peso a un requisito que a otro, el Secretario está obligado

a explicar el razonamiento detrás de tal determinación, la cual tiene que estar

sustentada por evidencia sustancial y, además, está sujeta a revisión

judicial.32

Por lo que, contrario a la mayoría, concluimos que el Reglamento Núm.

89, supra, no es ambiguo ya que los criterios contenidos en el mismo son

suficientes para limitar y encauzar la discreción del Secretario.33

IV

Finalmente, también cabe señalar que la mayoría erró al declarar nulo

el Reglamento Núm. 89, supra, y reinstalar el Reglamento Núm. 56, supra. La

31

El Secretario también establece política pública mediante el procedimiento adjudicativo.

Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, págs. 40-41; Ruiz Hernández v. Mahiques,

120 D.P.R. 80, 87 (1987).

32

Cabe añadir que “[l]a Ley Núm. 2, supra, establece un

procedimiento administrativo de naturaleza formal, el cual ofrece

suficientes garantías para asegurar que dicho proceso se lleve a

cabo con pureza administrativa.” (Bastardillas en el original y,

cita y nota omitidas.) Íd.

33

Respecto al Memorando Circular 1997-1, estamos contestes con la mayoría al determinar que

las guías comprendidas en el mismo constituyen más que meras interpretaciones y que, por ende,

61

mayoría, mediante dicha actuación, establece una política pública no vigente

en Puerto Rico atribuyéndose y usurpando funciones inherentes a otra rama

gubernamental. Lo propio sería dejar en vigor el Reglamento Núm. 89, supra,

y ordenarle al Departamento que siguiendo el procedimiento para enmendar un

reglamento bajo la LPAU, supra, considere adoptar los criterios incorporados

por el Memorando Circular 1997-1 y cualesquiera otras enmiendas a dicho

reglamento, en lugar de dar marcha atrás para regresar al descartado Reglamento

Núm. 56, supra.

Por otra parte, la mayoría ignora por completo el Art. IX del Reglamento

Núm. 89, supra, que contiene una cláusula de separabilidad.34 En el supuesto

de que existiera la alegada ambigüedad, con lo cual no estamos de acuerdo,

pudo haber limitado su decreto de nulidad al Art. VI de éste, el cual comprende

los criterios impugnados. El remanente del reglamento es independiente de

artículo en cuestión y, por ende, capaz de subsistir sin el mismo.35

Por los fundamentos aquí expresados, concurrimos con la parte del

dictamen de la mayoría que resuelve que el Reglamento Núm. 89, supra, no es

contrario a la Ley Núm. 2, supra, y que la aprobación del Memorando Circular

1997-1 no cumplió con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme. Disentimos de la parte de la Opinión que declara nulo el Reglamento

Núm. 89, supra, y reinstala la vigencia del Reglamento Núm. 56, supra.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

JUEZ ASOCIADO

dicho documento debió promulgarse a tenor del procedimiento de reglamentación establecido

en la LPAU, supra.

34

Dicha disposición expresa lo siguiente:

[c]ualquier disposición de este Reglamento o de cualquiera de las

enmiendas que en el futuro se efectúen en el mismo, que se declaren nulas

o inconstitucionales por una autoridad judicial competente, no afectarán

la vigencia y validéz [sic] de sus restantes disposiciones, sino que su

efecto se limitará a la palabra, inciso, oración o parte específicamente

afectada. Apéndice de la petición de certiorari págs. 173-174.

35

El Reglamento Núm. 89, supra, incluye las siguientes disposiciones, entre otras: (1)

procedimiento para el recibo y evaluación de solicitudes –Art. V-, (2) solicitudes especiales

y exenciones –Art. VII-, (3) término y vigencia del certificado de necesidad y conveniencia

–Art. VIII. Apéndice de la petición de certiorari, págs. 167-169, 171-173.

62