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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: JORGE A. VERA VELEZ

2003 TSPR 169

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: JORGE A. VERA VELEZ

AB-2001-0230

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2003 TSPR 169

Jorge A. Vera Vélez

160 DPR ____

Número del Caso: AB-2001-230

Fecha: 14 de octubre de 2003

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Carmen H. Carlos

Directora

Lcdo. Edgardo Ortiz Bauzá

Director Interino

Abogados de la Parte Querellada:

Lcdo. Felipe Benicio Sánchez

Lcdo. Peter Ortiz

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Jorge A. Vera Vélez

AB-2001-230

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2003.

I

El

22

de

octubre

Godofredo

Rosado

Santiago

(en

de

Sánchez

adelante,

2001,

y

los

señores

Gloria

Esther

“los

quejosos”)

presentaron una queja en contra del Lcdo. Jorge

A. Vera Vélez (en adelante, “Lcdo. Vera Vélez”

o

“el

querellado”).

A

través

de

ésta,

los

quejosos manifestaron su insatisfacción con el

trámite realizado por el querellado en relación

con

la

Escritura

Núm.

29

de

Segregación

y

Compraventa otorgada ante éste el 7 de agosto

de 2001.

Alegan

los

quejosos

que

cuando

le

solicitaron la Escritura Núm. 29 al querellado—

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3

a fin de inscribirla en el Registro de la Propiedad— éste

les informó que no podía ser inscrita por faltar el plano

aprobado por la Administración de Reglamentos y Permisos

(en adelante, “ARPE”) y la certificación del Centro de

Recaudos de Ingresos Municipales (en adelante, “CRIM”).

Asimismo,

indicaron

que

éstas

advertencias

nunca

les

fueron hechas al momento de otorgar la escritura, como

tampoco se les mencionó de la vigencia de la ley que

prohíbe

la

segregación

de

correspondientes permisos.

una

finca

sin

los

En consecuencia, adujeron que

no han podido inscribir la finca adquirida debido a la

negligencia del Lcdo. Vera Vélez.

El querellado contestó la queja mediante escrito de

12 de noviembre de 2001.

Vera

Vélez

expresó

escritura

en

que

En su comparecencia, el Lcdo.

previo

controversia

al

otorgamiento

les

explicó

comparecientes

cual

era

el

estado

(aunque

hizo

constar

en

no

lo

legal

la

de

de

la

a

los

la

finca

escritura)

y

que

alegadamente en todo momento los quejosos entendían cual

era la condición de la finca adquirida.

Asimismo, nos

informó que con el fin de aclarar la Escritura Núm. 29,

el 9 de noviembre de 2001, otorgó el Acta de Subsanación

Núm.

41,

y

que

sometió

a

ARPE

un

plano

para

la

segregación solicitada.

El 28 de noviembre de 2001, en cumplimiento con la

Regla

14(d)

L.P.R.A.,

Ap.

del

Reglamento

XXI,

R.

del

14(d),

la

Tribunal

Supremo,

Secretaria

de

4

este

AB-2001-230

4

Tribunal

refirió

epígrafe

a

la

adelante,

copia

del

expediente

de

la

queja

de

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

(en

“ODIN”)

para

la

investigación

e

informe

correspondiente.

Tras estudiar las alegaciones de las partes, la

ODIN emitió un Informe el 22 de octubre de 2002.

nos

señala

que

los

hechos

probados

En éste

evidencian

la

conformación de un negocio jurídico mal documentado, mal

asesorado

y

improcedente

pobremente

salvar

la

redactado.

Además,

responsabilidad

que

era

profesional

aseverando que los compradores conocían de la situación

de la finca.

También, señaló la ODIN que la conducta del

querellado representa una violación al Artículo 15(g) de

la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 2001 et seq.,

el

cual

requiere

al

notario

hacer

advertencias

específicas en el texto de la escritura, al momento de la

autorización, para informar a todos los comparecientes de

las consecuencias del negocio jurídico que se lleva a

cabo.

Examinada la comparecencia de la ODIN, emitimos una

Resolución el 25 de noviembre de 2002, mediante la cual

le concedimos al querellado un término de veinte (20)

días para que se expresara sobre el susodicho Informe.

Luego de varios trámites procesales, y tras este

Tribunal conceder una serie de prórrogas, el querellado

compareció ante nos el pasado 14 de julio de 2003.

En su

escrito, el Lcdo. Vera Vélez reconoce su falla en la

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5

controversia

de

epígrafe

y

acepta

permanentemente de la notaría.

que

lo

separemos

Sin embargo, en atención

a su trayectoria personal y la ausencia de mácula de

antieticidad

alguna

en

su

desempeño

profesional,

nos

implora que no lo separemos de la profesión de abogado.

Igualmente, mediante Moción Complentaria e Informativa—

adjunta a su contestación— el querellado incluyó prueba

fehaciente

de

las

transacciones

que

ha

realizado

posterior a la escritura impugnada, con miras a mitigar

el daño causado.

Nos

sancionar

corresponde

al

relacionados.

Lcdo.

resolver,

Vera

Vélez

pues,

por

los

si

procede

hechos

aquí

Veamos.

II

El querellado señaló en su contestación a la queja

presentada que, aunque no hizo expresión sobre el trámite

legal requerido para toda segregación de terrenos en el

texto

de

la

referida

Escritura

Núm.

29,

le

comunicó

verbalmente a los quejosos sobre el mismo, y aseveró que

éstos conocían la condición de la finca adquirida.

Es

decir, el querellado sugiere que su notificación verbal a

los quejosos, y el alegado conocimiento previo de éstos,

salva su responsabilidad profesional en el caso de autos.

No tiene razón el querellado.

La Ley Notarial de Puerto Rico, supra, dispone en

su Artículo 15(g) que:

...

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6

g) En una escritura de compraventa en

la cual se efectúe un negocio jurídico

sobre una porción abstracta e indefinida

en pro indiviso de un terreno, el notario

tendrá que advertirle a los otorgantes los

efectos legales de la comunidad de bienes,

según lo establecido por las disposiciones

del Código Civil de Puerto Rico. Además,

advertirá

que

no

podrá

segregar,

lotificar,

marcar

o

de

algún

modo

identificar su participación sobre dicho

terreno sin el correspondiente permiso de

la

Junta

de

Planificación,

la

Administración de Reglamentos y Permisos o

la

agencia

correspondiente.

Que

la

participación adquirida por el comprador

es abstracta e indefinida y que cualquier

arreglo, convenio o pacto para segregar,

lotificar,

marcar

o

de

algún

modo

identificar será nulo e ineficaz y podría

constituir

delito,

si

no

existe

el

correspondiente permiso de las agencias

reguladoras.

Incluirá

también

la

aceptación del comprador de adquirir en

capacidad de comunero, todo lo cual hará

constar en el texto de la escritura.

4

L.P.R.A. § 2033(g)(énfasis suplido).

Por tanto, al dejar de advertir expresamente en la

Escritura de Compraventa y Segregación las contingencias

inherentes a este tipo de transacción,1 el Lcdo. Vera

Vélez violó nuestra Ley Notarial, supra, y se expuso a

ser disciplinado por esta Curia.

Ello así toda vez que

el notario, en el despliegue de su función, está obligado

a cumplir estrictamente con la Ley Notarial, los Cánones

de

Ética

Profesional

y

el

contrato

entre

las

partes.

Véase In re Rivera Arvelo y Ortiz Velásquez, 132 D.P.R.

840 (1993).

1

Sobre este particular, véase Preciosas Vistas v.

Registrador de la Propiedad, 110 D.P.R. 802 (1981), donde

señalamos que, de acuerdo al Art. 22 de la Ley Orgánica

de ARPE, 23 L.P.R.A. § 71u, no será inscribible una

escritura de segregación sin el correspondiente permiso

de dicha agencia.

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7

No obstante, en repetidas ocasiones hemos expresado

que al determinar la sanción aplicable a un abogado que

ha incurrido en conducta impropia, este Tribunal tomará

en consideración factores tales como el previo historial

del abogado, si se tratare de una primera falta o de una

conducta

aislada,

y

si

el

reputación en la comunidad.

abogado

goza

de

buena

In re Rivera Arvelo y Ortiz

Velásquez, supra.

Al aplicar esta norma al caso de marras, observamos

que

esta

es

la

tercera

ocasión

en

que

nos

vemos

precisados a tomar una acción disciplinaria en contra del

querellado

por

su

pobre

desempeño

notarial.

En

la

primera ocasión, In re Vera Vélez, 132 D.P.R. 284 (1994),

la

acción

disciplinaria

se

debió

a

que

el

querellado

expresó en una escritura de compraventa otorgada por éste

que

uno

realidad

de

los

era

comparecientes

casado.

Sin

era

embargo,

soltero

en

cuando

vista

de

en

que

durante los más de 34 años que llevaba ejerciendo la

abogacía

y

la

notaría

nunca

hubo

que

disciplinarlo,

dispusimos del caso mediante censura y apercibimiento.

Mientras

Vélez,

148

que,

D.P.R.

en

1

la

segunda

(1999),

el

ocasión,

querellado

In

re

Vera

otorgó

una

escritura sin hacer constar en ésta: 1) que el comprador

había efectuado el pago; 2) que la finca objeto de la

escritura tenía un gravamen hipotecario, a pesar de que

él mismo realizó el estudio de título correspondiente; 3)

que el precio de venta era realmente de $60,000.00 y no

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$90,000.00 como se hizo constar en la escritura; y 4) que

el precio de $60,000.00 se debía al estado de deterioro

en que se encontraba la propiedad.

suspendimos

al

Lcdo.

Vera

Vélez

Por tales faltas

por

un(1)

año

del

ejercicio de la notaría.

En

vista

de

este

desafortunado

historial

como

notario, y en atención de que el mismo querellado se

allana

a

ello

suspendemos

en

su

última

indefinidamente

ejercicio de la notaría.

al

comparecencia

Lcdo.

Vera

ante

nos,

Vélez

del

Dado que su historial en la

práctica de la abogacía no nos ilustra alguna instancia

de incumplimiento con sus deberes éticos o de desempeño

inmeritorio, permitimos al querellado seguir ejerciendo

como

abogado,

apercibiéndolo

de

que

deberá

cumplir

rigurosamente con las normas que rigen la profesión, so

pena de sanciones más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

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9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Jorge A. Vera Vélez

AB-2001-230

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2003.

En vista de lo expuesto en la Opinión Per

Curiam que antecede y que se hace formar parte

de esta sentencia, suspendemos indefinidamente

al Lcdo. Vera Vélez del ejercicio de la notaría.

Dado que su historial en la práctica de la

abogacía no nos ilustra alguna instancia de

incumplimiento con sus deberes éticos o de

desempeño inmeritorio, permitimos al querellado

seguir ejerciendo como abogado, apercibiéndolo

de que deberá cumplir rigurosamente con las

normas que rigen la profesión, so pena de

sanciones más severas.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que se

incaute de su obra notarial, incluso sello

notarial,

para

ser

remitida,

examinada

y

oportunamente objeto de un Informe por parte de

la Oficina de Inspección de Notarías.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo