Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: JORGE A. VERA VELEZ
2003 TSPR 169
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: JORGE A. VERA VELEZ
AB-2001-0230
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2003 TSPR 169
Jorge A. Vera Vélez
160 DPR ____
Número del Caso: AB-2001-230
Fecha: 14 de octubre de 2003
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Lcdo. Edgardo Ortiz Bauzá
Director Interino
Abogados de la Parte Querellada:
Lcdo. Felipe Benicio Sánchez
Lcdo. Peter Ortiz
Materia: Conducta Profesional
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Jorge A. Vera Vélez
AB-2001-230
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2003.
I
El
22
de
octubre
Godofredo
Rosado
Santiago
(en
de
Sánchez
adelante,
2001,
y
los
señores
Gloria
Esther
“los
quejosos”)
presentaron una queja en contra del Lcdo. Jorge
A. Vera Vélez (en adelante, “Lcdo. Vera Vélez”
o
“el
querellado”).
A
través
de
ésta,
los
quejosos manifestaron su insatisfacción con el
trámite realizado por el querellado en relación
con
la
Escritura
Núm.
29
de
Segregación
y
Compraventa otorgada ante éste el 7 de agosto
de 2001.
Alegan
los
quejosos
que
cuando
le
solicitaron la Escritura Núm. 29 al querellado—
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3
a fin de inscribirla en el Registro de la Propiedad— éste
les informó que no podía ser inscrita por faltar el plano
aprobado por la Administración de Reglamentos y Permisos
(en adelante, “ARPE”) y la certificación del Centro de
Recaudos de Ingresos Municipales (en adelante, “CRIM”).
Asimismo,
indicaron
que
éstas
advertencias
nunca
les
fueron hechas al momento de otorgar la escritura, como
tampoco se les mencionó de la vigencia de la ley que
prohíbe
la
segregación
de
correspondientes permisos.
una
finca
sin
los
En consecuencia, adujeron que
no han podido inscribir la finca adquirida debido a la
negligencia del Lcdo. Vera Vélez.
El querellado contestó la queja mediante escrito de
12 de noviembre de 2001.
Vera
Vélez
expresó
escritura
en
que
En su comparecencia, el Lcdo.
previo
controversia
al
otorgamiento
les
explicó
comparecientes
cual
era
el
estado
(aunque
hizo
constar
en
no
lo
legal
la
de
de
la
a
los
la
finca
escritura)
y
que
alegadamente en todo momento los quejosos entendían cual
era la condición de la finca adquirida.
Asimismo, nos
informó que con el fin de aclarar la Escritura Núm. 29,
el 9 de noviembre de 2001, otorgó el Acta de Subsanación
Núm.
41,
y
que
sometió
a
ARPE
un
plano
para
la
segregación solicitada.
El 28 de noviembre de 2001, en cumplimiento con la
Regla
14(d)
L.P.R.A.,
Ap.
del
Reglamento
XXI,
R.
del
14(d),
la
Tribunal
Supremo,
Secretaria
de
4
este
AB-2001-230
4
Tribunal
refirió
epígrafe
a
la
adelante,
copia
del
expediente
de
la
queja
de
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
(en
“ODIN”)
para
la
investigación
e
informe
correspondiente.
Tras estudiar las alegaciones de las partes, la
ODIN emitió un Informe el 22 de octubre de 2002.
nos
señala
que
los
hechos
probados
En éste
evidencian
la
conformación de un negocio jurídico mal documentado, mal
asesorado
y
improcedente
pobremente
salvar
la
redactado.
Además,
responsabilidad
que
era
profesional
aseverando que los compradores conocían de la situación
de la finca.
También, señaló la ODIN que la conducta del
querellado representa una violación al Artículo 15(g) de
la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 2001 et seq.,
el
cual
requiere
al
notario
hacer
advertencias
específicas en el texto de la escritura, al momento de la
autorización, para informar a todos los comparecientes de
las consecuencias del negocio jurídico que se lleva a
cabo.
Examinada la comparecencia de la ODIN, emitimos una
Resolución el 25 de noviembre de 2002, mediante la cual
le concedimos al querellado un término de veinte (20)
días para que se expresara sobre el susodicho Informe.
Luego de varios trámites procesales, y tras este
Tribunal conceder una serie de prórrogas, el querellado
compareció ante nos el pasado 14 de julio de 2003.
En su
escrito, el Lcdo. Vera Vélez reconoce su falla en la
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5
controversia
de
epígrafe
y
acepta
permanentemente de la notaría.
que
lo
separemos
Sin embargo, en atención
a su trayectoria personal y la ausencia de mácula de
antieticidad
alguna
en
su
desempeño
profesional,
nos
implora que no lo separemos de la profesión de abogado.
Igualmente, mediante Moción Complentaria e Informativa—
adjunta a su contestación— el querellado incluyó prueba
fehaciente
de
las
transacciones
que
ha
realizado
posterior a la escritura impugnada, con miras a mitigar
el daño causado.
Nos
sancionar
corresponde
al
relacionados.
Lcdo.
resolver,
Vera
Vélez
pues,
por
los
si
procede
hechos
aquí
Veamos.
II
El querellado señaló en su contestación a la queja
presentada que, aunque no hizo expresión sobre el trámite
legal requerido para toda segregación de terrenos en el
texto
de
la
referida
Escritura
Núm.
29,
le
comunicó
verbalmente a los quejosos sobre el mismo, y aseveró que
éstos conocían la condición de la finca adquirida.
Es
decir, el querellado sugiere que su notificación verbal a
los quejosos, y el alegado conocimiento previo de éstos,
salva su responsabilidad profesional en el caso de autos.
No tiene razón el querellado.
La Ley Notarial de Puerto Rico, supra, dispone en
su Artículo 15(g) que:
...
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6
g) En una escritura de compraventa en
la cual se efectúe un negocio jurídico
sobre una porción abstracta e indefinida
en pro indiviso de un terreno, el notario
tendrá que advertirle a los otorgantes los
efectos legales de la comunidad de bienes,
según lo establecido por las disposiciones
del Código Civil de Puerto Rico. Además,
advertirá
que
no
podrá
segregar,
lotificar,
marcar
o
de
algún
modo
identificar su participación sobre dicho
terreno sin el correspondiente permiso de
la
Junta
de
Planificación,
la
Administración de Reglamentos y Permisos o
la
agencia
correspondiente.
Que
la
participación adquirida por el comprador
es abstracta e indefinida y que cualquier
arreglo, convenio o pacto para segregar,
lotificar,
marcar
o
de
algún
modo
identificar será nulo e ineficaz y podría
constituir
delito,
si
no
existe
el
correspondiente permiso de las agencias
reguladoras.
Incluirá
también
la
aceptación del comprador de adquirir en
capacidad de comunero, todo lo cual hará
constar en el texto de la escritura.
4
L.P.R.A. § 2033(g)(énfasis suplido).
Por tanto, al dejar de advertir expresamente en la
Escritura de Compraventa y Segregación las contingencias
inherentes a este tipo de transacción,1 el Lcdo. Vera
Vélez violó nuestra Ley Notarial, supra, y se expuso a
ser disciplinado por esta Curia.
Ello así toda vez que
el notario, en el despliegue de su función, está obligado
a cumplir estrictamente con la Ley Notarial, los Cánones
de
Ética
Profesional
y
el
contrato
entre
las
partes.
Véase In re Rivera Arvelo y Ortiz Velásquez, 132 D.P.R.
840 (1993).
1
Sobre este particular, véase Preciosas Vistas v.
Registrador de la Propiedad, 110 D.P.R. 802 (1981), donde
señalamos que, de acuerdo al Art. 22 de la Ley Orgánica
de ARPE, 23 L.P.R.A. § 71u, no será inscribible una
escritura de segregación sin el correspondiente permiso
de dicha agencia.
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7
No obstante, en repetidas ocasiones hemos expresado
que al determinar la sanción aplicable a un abogado que
ha incurrido en conducta impropia, este Tribunal tomará
en consideración factores tales como el previo historial
del abogado, si se tratare de una primera falta o de una
conducta
aislada,
y
si
el
reputación en la comunidad.
abogado
goza
de
buena
In re Rivera Arvelo y Ortiz
Velásquez, supra.
Al aplicar esta norma al caso de marras, observamos
que
esta
es
la
tercera
ocasión
en
que
nos
vemos
precisados a tomar una acción disciplinaria en contra del
querellado
por
su
pobre
desempeño
notarial.
En
la
primera ocasión, In re Vera Vélez, 132 D.P.R. 284 (1994),
la
acción
disciplinaria
se
debió
a
que
el
querellado
expresó en una escritura de compraventa otorgada por éste
que
uno
realidad
de
los
era
comparecientes
casado.
Sin
era
embargo,
soltero
en
cuando
vista
de
en
que
durante los más de 34 años que llevaba ejerciendo la
abogacía
y
la
notaría
nunca
hubo
que
disciplinarlo,
dispusimos del caso mediante censura y apercibimiento.
Mientras
Vélez,
148
que,
D.P.R.
en
1
la
segunda
(1999),
el
ocasión,
querellado
In
re
Vera
otorgó
una
escritura sin hacer constar en ésta: 1) que el comprador
había efectuado el pago; 2) que la finca objeto de la
escritura tenía un gravamen hipotecario, a pesar de que
él mismo realizó el estudio de título correspondiente; 3)
que el precio de venta era realmente de $60,000.00 y no
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$90,000.00 como se hizo constar en la escritura; y 4) que
el precio de $60,000.00 se debía al estado de deterioro
en que se encontraba la propiedad.
suspendimos
al
Lcdo.
Vera
Vélez
Por tales faltas
por
un(1)
año
del
ejercicio de la notaría.
En
vista
de
este
desafortunado
historial
como
notario, y en atención de que el mismo querellado se
allana
a
ello
suspendemos
en
su
última
indefinidamente
ejercicio de la notaría.
al
comparecencia
Lcdo.
Vera
ante
nos,
Vélez
del
Dado que su historial en la
práctica de la abogacía no nos ilustra alguna instancia
de incumplimiento con sus deberes éticos o de desempeño
inmeritorio, permitimos al querellado seguir ejerciendo
como
abogado,
apercibiéndolo
de
que
deberá
cumplir
rigurosamente con las normas que rigen la profesión, so
pena de sanciones más severas.
Se dictará sentencia de conformidad.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Jorge A. Vera Vélez
AB-2001-230
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2003.
En vista de lo expuesto en la Opinión Per
Curiam que antecede y que se hace formar parte
de esta sentencia, suspendemos indefinidamente
al Lcdo. Vera Vélez del ejercicio de la notaría.
Dado que su historial en la práctica de la
abogacía no nos ilustra alguna instancia de
incumplimiento con sus deberes éticos o de
desempeño inmeritorio, permitimos al querellado
seguir ejerciendo como abogado, apercibiéndolo
de que deberá cumplir rigurosamente con las
normas que rigen la profesión, so pena de
sanciones más severas.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que se
incaute de su obra notarial, incluso sello
notarial,
para
ser
remitida,
examinada
y
oportunamente objeto de un Informe por parte de
la Oficina de Inspección de Notarías.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo