LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. V. MARKUS R. IRIZARRY QUIÑONES Y OTROS; EL PUEBLO DE P.R V. HENRY APONTE ROSARIO; EL PUEBLO DE P.R. V. REMY MONTALVO NIEVES

2003 TSPR 160

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE P.R. V. MARKUS R. IRIZARRY QUIÑONES Y OTROS; EL PUEBLO DE P.R V. HENRY APONTE ROSARIO; EL PUEBLO DE P.R. V. REMY MONTALVO NIEVES

CC-2001-780 CC-2001-790 CC-2002-660

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2001-780

Markus R. Irizarry

Quiñones, Ismael Cintrón

Rosario, Remy Montalvo

Nieves

Recurridos

Certiorari

2003 TSPR 160

El Pueblo de Puerto Rico

160 DPR ____

Peticionario

CC-2001-790

v.

Henry Aponte Rosado

Recurrido

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2002-660

v.

Remy Montalvo Nieves

Acusado-recurrido

Fecha: 5 de noviembre de 2003

Número del Caso: CC-2001-780

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

Procurador General

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos R. Padilla Montalvo

Lcdo. Ramón A. Hernández Rivera

Número del Caso: CC-2001-790

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edwin H. Flores Sellés

Número del Caso: CC-2002-660

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Iris M. Barreto Saavedra

Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

Procurador General

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos R. Padilla Montalvo

Materia: Procedimiento de Regla 6 para obtener orden de

arresto y Art. 401 Ley de Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Núm. CC-2001-780

CERTIORARI

Núm. CC-2001-790

CERTIORARI

Núm. CC-2002-660

CERTIORARI

Markus R. Irizarry Quiñones,

Ismael Cintrón Rosario,

Remy Montalvo Nieves

Recurridos

-----------------------El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Henry Aponte Rosado

Recurrido

---------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Remy Montalvo Nieves

Acusado-recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE

INTERINO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003

¿Prohíbe la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R.6, que el magistrado que determina

causa probable para el arresto se base, exclusivamente, en

las

declaraciones

situaciones

en

juradas

las

cuales

sometidas

el

con

la

denuncia

imputado

de

delito

en

grave

asiste a la vista representado por abogado? ¿Tiene derecho

el

imputado

declaraciones

de

delito

grave

juradas

en

a

obtener

esa

copia

etapa

de

tales

de

los

4

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

procedimientos y previo a que dichos testigos se sienten a

declarar

por

primera

vez?

Respondemos

en

la

negativa.

Veamos por qué.

I

Este Tribunal consolidó los recursos de epígrafe por

presentar

cuestiones

de

hecho

y

derecho

similares,

en

particular, por estar relacionados con el procedimiento

para determinar causa probable para el arresto bajo las

disposiciones de la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R.6.

síntesis

de

los

hechos

A continuación, exponemos una

fundamentales

de

los

casos

de

CC-2001-780

y

epígrafe.

A.

Pueblo

v.

Irizarry

Quiñones

y

otros,

Pueblo v. Montalvo Nieves, CC-2002-660

El ministerio público autorizó la presentación, ante

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce,

de quince denuncias contra Markus R. Irizarry Quiñones, de

las cuales nueve fueron por actos lascivos e impúdicos,1

cinco por exhibición de material nocivo a menores2 y una

por amenaza a testigos.3 Los cargos por actos lascivos y

1

Artículo 105 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.

sec. 4067.

2

Artículo 115A del

L.P.R.A. sec. 4077a.

Código

Penal

de

Puerto

Rico,

33

3

Código

Penal

de

Puerto

Rico,

33

Artículo 239A del

L.P.R.A. sec. 4435a.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

exhibición

de

material

nocivo

5

fueron

alegadamente

cometidos contra varios menores de catorce (14) años. Por

otro lado, se presentaron ante el mismo foro judicial tres

denuncias

contra

Ismael

Cintrón

Rosario

por

la

alegada

comisión de varios actos lascivos e impúdicos contra una

menor de catorce (14) años. En cuanto a Remy Montalvo

Nieves, se presentó una denuncia por la alegada comisión

del delito de violación técnica contra una menor de doce

(12) años de edad. Las referidas denuncias contra los tres

imputados

fueron

sometidas

en

distintas

fechas

ante

la

Juez Municipal Elba Santiago en la Sala de Investigaciones

de Ponce.4

El día de la vista para la determinación de causa

probable

para

debidamente

el

arresto,

representados

los

por

imputados

sus

comparecieron

respectivos

abogados.

Las denuncias fueron sometidas por agentes de la División

de

Delitos

Sexuales,

quienes

habían

realizado

las

investigaciones. Éstos indicaron al tribunal que los casos

serían

agentes

sometidos

que

mediante

habían

declaraciones

efectuado

la

juradas

de

los

investigación

y

las

declaraciones juradas de las alegadas víctimas; ello por

instrucciones

del

fiscal

que

había

autorizado

la

presentación de los casos ante el foro judicial y quien

4

En el caso del imputado Cintrón Rosario la Juez Elba

Santiago decidió no intervenir en el mismo y fue sometido

ante la Juez María Soledad Gil perteneciente también a la

Sala de Investigaciones de Ponce.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

6

entendía procedente que éstas no declararan personalmente

en esa etapa del procedimiento.

Los

representantes

opusieron

a

que

legales

los

de

los

casos

imputados

fueran

se

sometidos,

exclusivamente, a través de declaraciones juradas alegando

que los acusados tenían derecho a contrainterrogar a las

víctimas. El tribunal de instancia se negó a celebrar las

vistas de determinación de causa probable para el arresto

exclusivamente

a

base

del

examen

de

las

mencionadas

declaraciones juradas, requiriendo del ministerio público,

además, la comparecencia personal de las alegadas víctimas

a

la

vista

con

el

propósito

de

que

fueran

contrainterrogadas por los imputados.

Inconforme con dichas determinaciones, el Procurador

General

presentó

Tribunal

de

tres

Circuito

recursos

de

de

certiorari

Apelaciones,

los

ante

cuales

el

fueron

consolidados por dicho foro judicial. En dichos recursos

se señaló que el tribunal de instancia había errado “al

requerir la comparecencia de la víctima menor de edad para

que

declarara

en

el

procedimiento

de

determinación

de

causa probable para el arresto, a pesar de que en dicha

etapa la Regla 6 de Procedimiento Criminal dispone que la

determinación de causa probable se puede hacer a base de

declaraciones

juradas

sometidas

con

la

denuncia

y

no

requiere la comparecencia personal de testigos.”

Luego de concedido un término para que los imputados

mostraran causa por la cual no debía expedirse el recurso

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

7

solicitado, el 31 de agosto de 2001, el foro intermedio

apelativo

acogió

los

recursos

como

mandamus

y

dictó

sentencia. En la misma, en síntesis, resolvió que cuando

el

ministerio

público

opta

por

someter

su

caso

para

determinar causa probable para el arresto, en presencia

del

imputado,

no

puede

descansar

únicamente

en

las

declaraciones juradas de los testigos o alegadas víctimas,

sino

que

tiene

que

traerlos

a

la

vista

para

que

sean

contrainterrogados por la defensa. Determinó, además, que

el ministerio público sólo puede someter el caso a base de

declaraciones juradas cuando somete el mismo en ausencia

del imputado sin citarlo para la vista. Por otro lado,

sostuvo que los magistrados de instancia venían obligados

a celebrar las vistas y llegar a una determinación. A esos

efectos señaló que, si el ministerio público insistía en

no

presentar

a

los

testigos

y

las

alegadas

víctimas,

debían determinar no causa. De acuerdo al foro apelativo

intermedio la celebración de la referida vista

constituye

un deber ministerial por lo que los magistrados no tenían

discreción para decidir si celebrarlas o no. Finalmente,

se ordenó la celebración de vistas para determinar causa

probable para el arresto en los tres casos de acuerdo a lo

resuelto en dicha sentencia y conforme a la prueba que

optara por presentar el ministerio público.

B.

Pueblo v. Aponte Rosado, CC-2001-790

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

Por

hechos

septiembre

de

supuestamente

1999,

el

8

acaecidos

ministerio

el

público

17

de

presentó

una

denuncia contra Henry Aponte Rosado ante el Tribunal de

Primera

Instancia,

Sala

Municipal

de

Aibonito.

imputó

una

infracción

al

Artículo

401

Sustancias

Controladas,

24

L.P.R.A.

sec.

Se

le

la

Ley

de

2401,

por

la

de

alegada posesión de cocaína con intención de distribuirla.

La denuncia se basó principalmente en el testimonio del

agente

encubierto

José

R.

Rivera

Vélez,

quien

alegaba

haber observado al imputado participar en transacciones

relacionadas con el trasiego de drogas.

Luego de varias suspensiones, se celebró la vista de

determinación de causa probable para el arresto en la que

fueron

citados

encubierto.

Rivera

A

tanto

pesar

Vélez,

se

el

imputado

como

el

agente

la

incomparecencia

del

agente

de

celebró

la

vista

en

presencia

del

imputado, acompañado por su abogado, y presentándose como

testigo

de

cargo

al

supervisor

del

agente

encubierto

quien identificó al imputado y fue contrainterrogado por

la defensa de éste. El tribunal de instancia admitió la

declaración

jurada

del

agente

Rivera

Vélez

como

prueba

sustantiva, a lo que se opuso la defensa del imputado

aduciendo

que

representado

adversativa

pudiera

ser

debido

por

en

la

a

abogado

que

que

debía

éste

comparecido

celebrarse

compareciera

contrainterrogado

había

por

el

agente

el

una

vista

para

que

imputado.

El

planteamiento fue rechazado por el tribunal, por lo que el

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

9

imputado solicitó que se le proveyera, en ese momento,

copia de la declaración jurada del agente; reclamo que

también le fue denegado. Así las cosas, el foro primario

determinó

causa

probable

para

el

arresto

del

imputado

Aponte Rosado.

Inconforme con esta determinación el imputado acudió

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

mediante

recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción.

Mediante resolución a esos efectos, el tribunal apelativo

intermedio ordenó la paralización de los procedimientos en

el foro de instancia y le concedió al Procurador General

un término para que mostrara causa por la cual no se debía

expedir

el

recurso,

revocar

devolver

el

caso

foro

oportunidad

al

al

imputado

la

resolución

primario

de

para

recurrida

y

brindarle

la

contrainterrogar

a

Rivera

Apelaciones

dictó

Vélez. El Procurador General así lo hizo.

El

Tribunal

sentencia

en

la

de

que

Circuito

revocó

la

de

determinación

de

causa

probable para el arresto y devolvió el caso al foro de

instancia para que reabriera “la vista de determinación de

causa

probable

examinar

la

a

fines

declaración

de

permitir

jurada

prestada

al

peticionario

por

el

agente

Rivera y para que contrainterrogue a dicho testigo.” Al

así resolver el foro apelativo dictaminó que en vista de

que el imputado había sido citado, y había comparecido

representado por abogado, el procedimiento seguido en este

caso

era

uno

irregular

que

se

apartaba

de

las

normas

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

establecidas

Manifestó

por

que

el

la

Tribunal

Regla

6

de

10

Supremo

de

Puerto

Procedimiento

Rico.

Criminal

no

autorizaba al Ministerio Público a combinar en una vista

“híbrida”

los

dos

procedimientos

establecidos

para

la

determinación de causa probable para arresto; a saber, el

estudio

de

declaraciones

juradas

y

el

examen

bajo

juramento de testigos.

Insatisfecho con la actuación del tribunal apelativo

intermedio,

en

los

casos

de

epígrafe,

el

Procurador

General acude –-vía certiorari-- ante este Tribunal. Alega

que

procede

tribunal

revocar

apelativo

las

sentencias

intermedio

debido

emitidas

a

que

por

dicho

el

foro

incidió:

... al resolver que si el Ministerio Público

somete un caso para determinación de causa

probable para el arresto citando al imputado, y

éste comparece representado por abogado, no puede

el fiscal o agente someter el caso a base de

declaraciones juradas solamente, sino que tiene

que producir a los testigos, quienes prestaron

las

declaraciones

juradas,

para

ser

contrainterrogados por la defensa.

El 9 de noviembre de 2001 expedimos el recurso y

consolidamos

los

casos

de

epígrafe5.

Contando

con

la

comparecencia de todas las partes, y estando en posición

de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

Revocamos; veamos por qué.

Refiriéndonos, específicamente, al caso Pueblo v.

Montalvo Nieves, CC-2002-660, el mismo fue consolidado

mediante Resolución de 13 de diciembre de 2002, ello por

presentar

hechos

similares

y

exponer

los

mismos

planteamientos que fueron levantados en los demás casos de

epígrafe.

5

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

11

II

Sabido es que la acción penal en nuestro ordenamiento

jurídico se inicia con la determinación de causa probable

para arrestar o al citarse a una persona para que responda

ante

los

tribunales

por

la

comisión

de

un

delito.

D.

Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño,

5ta. ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo

del Derecho, 1998, pág. 43; Pueblo v. Jiménez Cruz, 145

D.P.R. 803, 809-10 (1998). “[S]e trata de la presentación

formal de una denuncia ante un tribunal, del proceso de

determinación

citación,

o

magistrado

de

de

causa

la

cuando

probable

conducción

se

arresto

arrestado

le

arresta

sin

Aponte,

Derecho

E.L.

Chiesa

Penal

Rico

y

Puerto

el

del

correspondiente.”

de

para

Estados

Unidos,

ante

la

o

un

orden

Procesal

Colombia,

Ed.

Forum, 1993, Vol. III, pág. 20. Es desde ese momento que

el

tribunal

adquiere

jurisdicción

sobre

la

persona

del

imputado, Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 819

(1993) y éste queda sujeto a responder (“held to aswer”)

por

la

comisión

del

delito

en

un

juicio

adversativo.

Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño,

ante, a la pág. 43.

La determinación de causa probable para el arresto

constituye una exigencia constitucional. Pueblo v. Jiménez

Cruz, ante, a la pág. 809; Chiesa Aponte, Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a las págs.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

12

23-24. Nuestra Constitución claramente ordena que “[s]ólo

se

expedirán

mandamientos

autorizando...arrestos

por

autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo

particularmente...las

personas

a

detenerse...”

Art.

II,

Sec. 10, CONST. E.L.A., 1 L.P.R.A.(énfasis nuestro). Sin

esta determinación de causa probable el proceso judicial

no puede continuar. Esto es, “[e]l imputado no podrá ser

sometido

a

juicio

sin

previa

determinación

judicial

de

causa probable” para el arresto. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la

pág. 24.

A

Las Reglas 5 y 6 de las de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R.5 y 6, regulan esta etapa inicial del

encausamiento criminal. Pueblo v. Irizarry Irizarry, res.

el 10 de mayo de 2002, 2002 TSPR 62. En lo aquí pertinente

la Regla 6 dispone, actualmente, en su Inciso (a), que:

Si de la denuncia jurada o de la declaración

o declaraciones juradas sometidas con la denuncia

o del examen bajo juramento del denunciante o sus

testigos, si algunos, constare que hay causa

probable para creer que se ha cometido el delito

por la persona o personas contra quienes se

imputa, el magistrado expedirá la orden para el

arresto de dichas personas, con excepción de lo

dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de

causa probable podrá estar fundada total o

parcialmente en una declaración por información o

creencia con suficiente garantía circunstancial

de confiabilidad. . . .

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

13

El magistrado podrá también determinar causa

probable para creer que se ha cometido un delito

sin necesidad de que se presente ante él una

denuncia cuando haya examinado bajo juramento a

algún

testigo

o

testigos

que

tuvieren

conocimiento personal del hecho delictivo. En

tales

casos,

el

magistrado,

además

de

la

expedición de la orden de arresto o citación,

deberá levantar un acta concisa y breve en la que

exponga los hechos del delito por el cual

determina causa probable, la fecha, hora y sitio

donde se cometieron, el delito imputado y el

nombre y dirección del testigo o testigos

examinados por él bajo juramento para determinar

causa probable.

En esta determinación de causa probable el

imputado tendrá derecho a estar asistido de

abogado, a contrainterrogar a los testigos en su

contra y a ofrecer prueba en su favor. (énfasis

nuestro).

. . .

La

referida

Regla

ha

sufrido

varias

enmiendas

sustanciales a lo largo de los años cuyo efecto ha sido ir

alterando de tiempo en tiempo el esquema de determinación

de

causa

Reglas

probable

de

para

Procedimiento

el

arresto.

Criminal

de

Originalmente

las

1963

la

permitían

expedición de una orden de arresto únicamente cuando se le

presentaba al magistrado una denuncia jurada. Ley Núm. 87

de 26 de junio de 1963, Leyes de Puerto Rico, pág. 269.

Posteriormente, la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987

estableció

un

determinar

causa

cambios

que

determinara

nuevo

esquema

probable

introdujo

causa

probable

algún

testigo

con

ello

sin

fuera

que

fue

para

que

cambió

el

el

arresto.

Uno

permitir

examinando

conocimiento

necesaria

que

bajo

personal

la

el

de

modo

de

de

los

magistrado

juramento

los

presentación

a

hechos,

de

una

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

14

denuncia. En virtud de este nuevo esquema, se incorporó el

tercer párrafo de la actual Regla 6 para reconocerle al

imputado

el

derecho

a

estar

asistido

por

abogado,

contrainterrogar los testigos que declararan en la vista y

ofrecer prueba a su favor. El propósito era crear una

“vista híbrida”, de carácter adversativo que sustituyera a

la

vista

preliminar

de

la

Regla

23

de

Procedimiento

Criminal. En la misma se combinaba la determinación de

causa probable para el arresto con la de causa probable

para acusar. Todo imputado de delito sometido a una “vista

híbrida”,

al

amparo

de

la

Regla

6,

tenía

los

mismos

derechos que uno sometido a una vista preliminar bajo la

Regla

23

de

Procedimiento

Criminal.

Bajo

este

nuevo

esquema la vista preliminar no era necesaria en todo caso

de

delito

grave,

sino

sólo

en

aquellos

en

que

el

magistrado de la vista de determinación de causa probable

para

el

arresto

conocimiento

no

personal

hubiese

examinado

testigos

con

de

hechos;

o

se

los

cuando

determinara causa en ausencia del imputado; o estando éste

presente,

pero

sin

que

estuviera

asistido

por

abogado.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 29, ante, Leyes de Puerto

Rico, pág. 98; Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122 D.P.R.

862, 875 (1998).

Si

bien

esta

reforma

tuvo

como

fin

agilizar

el

proceso judicial criminal, los resultados no fueron los

esperados.

delito

El

grave

efecto

práctico

prefería

no

fue

que

comparecer

el

a

imputado

la

vista

de

de

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

15

determinación de causa probable para el arresto, y si lo

hacía,

no

iba

acompañado

de

abogado.

De

este

modo,

“garantizaba” su derecho a una vista preliminar bajo la

citada Regla 23. Exposición de Motivos, Ley Núm. 26 de 8

de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, pág. 1503;

véase, además: Pueblo v. Rodríguez López, res. el 14 de

diciembre de 2001, 2001 TSPR 172.

Respondiendo

a

esta

situación,

la

Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de

1990, la cual estableció el esquema que prevalece en la

actualidad, revirtiendo el procedimiento de determinación

de

causa

probable

al

que

imperaba

antes

del

1987.

Se

adoptó, nuevamente, el concepto tradicional de una vista

informal

de

determinación

de

causa

probable

para

el

arresto y se volvió a reconocer el derecho del imputado a

la celebración de una vista preliminar en todo caso de

delito grave. Ley Núm. 26, ante, Leyes de Puerto Rico,

págs. 1504-05; véase, además: Pueblo v. Rivera Rivera, 145

D.P.R. 366, 373 (1998). A pesar de esto, los derechos

reconocidos en el tercer párrafo de la Regla 6(a) que

formaban

parte

del

esquema

que

se

derogó,

inexplicablemente, no fueron eliminados. Se ha sugerido

que

esa

omisión

se

debió

a

una

inadvertencia

de

la

Legislatura. Ibid.

Asimismo se ha expresado que el párrafo que consagra

el derecho a contrainterrogar testigos y presentar prueba

fue introducido por la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

16

como parte esencial del esquema para eliminar la vista

preliminar en ciertos casos. Pueblo v. Rodríguez López,

ante.

“Eliminado

diciembre

párrafo

de

de

tal

1990,

la

esquema

debió

Regla

con

la

eliminarse

6(a)...”

Ley

26

también

Chiesa

del

el

Aponte,

8

de

tercer

Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a

las págs. 26-27.

En

Pueblo

v.

Jiménez

Cruz,

ante,

manifestamos

que

habiendo quedado la referida Regla redactada de ese modo

“da la impresión de que el imputado puede reclamar el

derecho

absoluto

a

estar

presente

en

esa

vista,

a

contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer

prueba a su favor; en cuyo caso, la vista se convertiría

en un procedimiento adversativo similar al juicio.” Ibid.

a

la

pág.

resolvimos,

812.

que

En

dicha

aquella

ocasión

interpretación

es

expresamos,

y

contraria

la

a

intención legislativa e incompatible con lo establecido en

la

Regla

6,

en

particular,

en

cuanto

autoriza

la

celebración de la vista en ausencia del imputado.

A pesar de los cambios sufridos, la actual Regla 6(a)

no ha dejado de exigir el cumplimiento de los requisitos

ordenados

por

nuestra

Constitución

que

son:

la

intervención de la figura neutral de un magistrado, la

existencia

de

causa

probable,

que

la

determinación

de

causa probable esté apoyada en juramento o afirmación, y

la

especificidad

de

la

orden.

Chiesa

Aponte,

Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

17

Ed. Forum, 1991, Vol. I, págs. 376-79.6 En consecuencia, lo

esencial en la etapa de determinación de causa probable

para el arresto es que se cumplan con estos requisitos,

ello

independientemente

del

método

que

se

opte

por

utilizar de los establecidos y permitidos en la Regla 6.

B

Dentro de este marco doctrinal gira la controversia

que hoy nos ocupa. Los recurridos plantean, apoyados por

los respectivos dictámenes del foro apelativo intermedio,

que bajo el procedimiento establecido en la Regla 6(a) no

es

posible

descansando,

cuando

el

determinar

causa

probable

exclusivamente,

imputado

asiste

en

a

la

para

el

arresto

declaraciones

juradas

vista

acompañado

de

abogado. Arguyen que en esos casos el Ministerio Público

viene obligado a traer a los testigos para que la defensa

los contrainterrogue. Aducen, además, que sólo se puede

determinar causa probable para el arresto, basándose en

declaraciones juradas, cuando la determinación se hace en

ausencia del imputado. Esto es, plantean que la Regla 6(a)

prohíbe el que en una vista se combinen los distintos

mecanismos para la determinación de causa probable allí

provistos

y

dependiendo

sugieren

que

de

vista

si

la

el

uso

se

de

los

celebra

mismos

en

varía

ausencia

o

presencia del imputado. No les asiste la razón.

6

Véase, además: Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág.

27.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

La

probable

exigencia

constitucional,

bajo

Regla

la

6

se

18

de

refiere

determinar

a

un

causa

juicio

de

probabilidades. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. I, ante, a la pág. 377.

“Lo importante es que en la vista de causa probable para

el arresto se provean al magistrado los elementos para que

éste pueda inferir la probabilidad de que: 1) se cometió

determinado delito; y 2) el delito fue cometido por la

persona

contra

la

cual

se

determina

causa

probable.”

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Vol. III, ante, pág. 29; véase, además:

Pueblo v. Jiménez Cruz, ante, a la pág. 813.

La otra exigencia constitucional, que también surge

del texto de la Regla 6(a), es que la determinación de

causa

probable

esté

apoyada

en

declaraciones

bajo

juramento o afirmación. La Regla 6(a) provee que tales

declaraciones juradas pueden surgir de la denuncia jurada,

de declaraciones juradas acompañadas con la denuncia, o

del testimonio bajo juramento del denunciante o un testigo

durante la vista. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág.

27.

Vemos pues que lo trascendental es cumplir con la

exigencia de determinar causa probable y que la misma esté

fundamentada en juramento o afirmación. El método mediante

el cual se lleve a cabo dicha determinación es, realmente,

algo secundario. Si examinamos detenidamente el texto de

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

19

la Regla 6, notamos que, contrario a lo que plantean los

recurridos, en su Inciso (a), no se hace una distinción

entre los mecanismos a utilizarse cuando la determinación

de causa probable se celebra en ausencia del imputado y

los que se usarán cuando se efectúe en su presencia. Claro

está, no hay duda de que esta etapa del procedimiento

penal puede llevarse a cabo tanto en presencia como en

ausencia del imputado, siendo la presencia del imputado la

excepción.

Lo

usual

es

que

la

determinación

de

causa

probable para el arresto sea un procedimiento o vista ex

parte, en ausencia del imputado. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III,

ante,

a

la

pág.

25;

Nevares-Muñiz,

Sumario

de

Derecho

Procesal Puertorriqueño, ante, a la pág. 44. No obstante,

la

letra

clara

de

la

Regla

parece

indicar

que

los

mecanismos allí provistos para determinar causa probable

para el arresto son de aplicación independientemente de

que la vista se celebre en ausencia o en presencia del

imputado.

Si examinamos la Regla 6(a), en su primer párrafo y

primera

oración,

formas

o

métodos

observamos

a

través

que

de

se

presentan

los

cuales

las

tres

se

puede

determinar causa probable para el arresto. Éstos son: 1)

el

examen

de

la

denuncia

jurada,

2)

el

examen

de

declaraciones juradas sometidas con la denuncia, o 3) el

examen

bajo juramento del denunciante o sus testigos. Por

otro lado, en la segunda oración de la referida Regla, se

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

20

permite que el magistrado determine causa probable para el

arresto descansando total o parcialmente en declaraciones

que

no

requieren

estar

sustentadas

personal,

sino

que

pueden

creencia

con

suficiente

en

apoyarse

garantía

en

conocimiento

información

circunstancial

o

de

confiabilidad. En el segundo párrafo del Inciso (a) de la

Regla se reconoce que la determinación de causa probable

no

requiere,

denuncia,

en

sino

todo

que

caso,

será

la

presentación

suficiente

el

de

una

examen

bajo

juramento de uno o varios testigos que posean conocimiento

personal de los hechos.

Tenemos pues, que considerada esta Regla en conjunto

se

permiten,

probable,

como

mecanismos

la

para

determinar

denuncia

jurada,

el

examen

de

declaraciones

juradas

sometidas

con

la

causa

de

denuncia

las

y

de

testigos bajo juramento, ello independientemente de que el

imputado

se

encuentre

o

no

presente

en

la

vista.

No

debemos establecer restricciones o limitaciones, ni hacer

distinciones que la propia Regla no impone.

Por otro lado, y contrario a lo planteado por los

recurridos,

la

Regla

tampoco

prohíbe

que

al

determinar

causa probable para el arresto se combinen dos o más de

estos mecanismos.

Somos del criterio que la utilización, al someterse

un caso al amparo de la Regla 6, de dos o más de los

mecanismos establecidos en dicha Regla, no sólo facilita

la labor del magistrado de determinar causa probable sino

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

21

que hace que dicha determinación tenga un grado mayor de

corrección

o

certeza.

No

vemos,

en

consecuencia,

razón

lógica o jurídica alguna por la cual impedirlo; menos aún,

cuando tomamos en consideración el hecho de que la citada

Regla no lo prohíbe.

En resumen, resolvemos que la Regla 6 provee varias

alternativas para determinar causa probable, a saber:

1) A base de la denuncia jurada.

2) A base de la denuncia y de las declaraciones

juradas que se incluyan con la denuncia.

3) A base de la denuncia y del examen del testimonio

del denunciante o sus testigos.

4) A base de las declaraciones

incluyan con la denuncia.

juradas

que

se

5) A base de las declaraciones juradas que se

incluyan con la denuncia y del examen del

testimonio del denunciante o sus testigos.

6) A base del examen del testimonio del denunciante o

de algún testigo con conocimiento personal del

hecho delictivo.

7) A base de la denuncia, de las declaraciones

juradas que se incluyan con la denuncia y del

examen del testimonio del denunciante o sus

testigos.

Resolvemos, además, que estas siete (7) alternativas

podrán utilizarse tanto en casos donde la vista se celebre

en

presencia

del

imputado

como

cuando

se

efectúe

en

ausencia de éste.

C

Por otro lado, y en relación a la situación en que la

determinación de causa probable para el arresto se realiza

en presencia del imputado, resulta necesario expresarnos

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

22

sobre el alcance del tercer párrafo de la Regla 6(a), el

cual reconoce el derecho del imputado a estar asistido por

abogado, contrainterrogar testigos y presentar prueba a su

favor. Como ya vimos, el que la Legislatura mantuviera ese

párrafo,

aun

cuando

se

derogó

el

esquema

de

1987

que

justificaba el reconocimiento de estos derechos, realmente

parece haber sido una inadvertencia de su parte. Esto nos

deja

dos

alternativas;

eliminarlo

judicialmente

o

interpretarlo de modo que sea armonizable con el nuevo

esquema creado por las enmiendas de 1990. Nos inclinamos

por la segunda alternativa, ya que la primera rebasaría

los límites del poder judicial.

Ya

hemos

manifestado

que

“[e]n

ausencia

de

pronunciamiento en contrario de la Asamblea Legislativa,

estos

vestigios

del

procedimiento

anterior

sólo

se

reconocen si la determinación de causa probable [para el

arresto] se hace en presencia del acusado y representado

por abogado...” Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág.

375. Del mismo modo, hemos dispuesto que estos derechos

reconocidos en el tercer párrafo de la Regla 6(a) no son

absolutos y el derecho del imputado a contrainterrogar los

testigos

en

su

criminal

depende

contra

en

de

discreción

la

esa

etapa

del

del

procedimiento

tribunal.

Véase:

Pueblo v. Rodríguez López, ante.

Lo que no debe ocurrir, y lo que intentamos evitar,

es que la vista de determinación de causa probable para el

arresto

adquiera

el

alcance

y

formalidad

de

una

vista

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

23

se convierta en un “mini-juicio”.7 Pueblo v.

preliminar

o

Rodríguez

López,

ante;

véase,

además:

Chiesa

Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Vol. III, ante, a las págs. 54 y 56. Ya el imputado tendrá

la

oportunidad

carearse

con

de

ejercer

plenamente

los

testigos

en

su

sus

derechos

de

contra,

obtener

la

comparecencia compulsoria de testigos y presentar prueba a

su

favor

en

el

juicio

que

es

el

“momento

realmente

culminante y crítico”, donde esos derechos tienen rango

constitucional. Pueblo v. Vega Rosario, 148 D.P.R. 980,

986 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653,

660 (1985). Por otra parte, el imputado de delito grave

tendrá, además, una oportunidad adicional previa al juicio

para

ejercer

esos

derechos

en

la

etapa

de

vista

preliminar. Pueblo v. Jiménez Cruz, ante, a la pág. 813.

Cónsono con lo anterior, consideramos acertado lo señalado

por la profesora Resumil cuando, refiriéndose al alcance

que se le debe otorgar a estos derechos bajo la Regla 6,

comenta:

[A]unque la disposición concede al imputado

facultad para contrainterrogar a testigos

cargo

y

ofrecer

prueba

a

su

favor,

jurisprudencia no lo ha considerado como

la

de

la

un

En el propio historial legislativo de la Ley Núm. 29 de

19 de junio de 1987 que enmendó la Regla 6 para incluir el

tercer párrafo se dijo que: “Las exigencias en esta etapa

no deben confundirse con las exigencias de juicio en que

las víctimas o testigos pueden ser llamados a testificar y

están sujetos a contrainterrogatorios. Esto es así porque

para la determinación de culpabilidad la prueba es mayor a

la que se requiere en procedimientos preliminares.”

Informe del Senado, P. del S. Núm. 1114, 29 de abril de

1987, pág. 4.

7

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

24

derecho absoluto a contrainterrogar testigos con

la excepción de aquellos que el fiscal haya

sentado a declarar en la vista.8

De lo anteriormente expuesto colegimos que, en etapa

de

Regla

6(a),

los

derechos

establecidos

en

el

tercer

párrafo sólo se reconocerán cuando el imputado comparezca

a la vista acompañado de abogado. Estos derechos no serán

absolutos sino limitados y sujetos a la discreción del

tribunal.

En

particular,

el

derecho

a

contrainterrogar

testigos se limitará a aquellos que el fiscal haya sentado

a declarar en la vista. Con el propósito de armonizar el

tercer

párrafo

de

la

Regla

6(a)

con

lo

resuelto

previamente, disponemos que el alcance del mismo será el

siguiente:

(i)

Cuando la

imputado:

vista

se

celebre

en

presencia

del

a) Si el fiscal o agente no presenta testigos y

descansa exclusivamente en la denuncia y/o en

declaraciones juradas, el derecho del imputado

se limitará a estar asistido por abogado y a

presentar prueba a su favor.

b) Si el fiscal o agente examina testigos,

independientemente de que se presente, además

una denuncia y/o declaraciones juradas, el

imputado tendrá derecho a la asistencia de

abogado, a contrainterrogar a esos testigos y

a presentar prueba a su favor.

(ii) Cuando la

imputado.

vista

se

celebre

en

ausencia

del

a) En este caso no se activan los derechos del

tercer párrafo de la Regla 6(a) y el fiscal o

agente podrá someter el caso utilizando

8

Véase, O.E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Penal, San Juan, Ed. Equity Publishing

Co., 1990, T.1 (Supl. 1994, pág. 23) (énfasis nuestro).

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

25

cualquiera de las siete (7) alternativas que

mencionamos previamente.

Lo antes expuesto nos lleva a la conclusión de que en

los

casos

de

epígrafe

el

Ministerio

Público

actuó

correctamente en el modo de someter los casos al amparo de

la Regla 6.

En Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, y en

Pueblo

Montalvo

v.

Nieves

se

sometieron

los

casos

exclusivamente a base de declaraciones juradas incluidas

con la denuncia y en Pueblo v. Aponte Rosado se “combinó”

el uso de declaraciones juradas y el examen de un testigo

de cargo. Como vimos, estos mecanismos están permitidos

por

la

Regla

6(a),

aun

cuando

las

vistas

se

hayan

imputados

tenían

celebrado en presencia de los imputados.

En

derecho

los

primeros

a

presentar

dos

casos,

prueba

a

los

su

favor,

mas

no

a

contrainterrogar pues ningún testigo de cargo declaró en

dicha vista. El fiscal no tenía la obligación de presentar

a testigo alguno ya que en esa etapa del procedimiento

criminal el Estado debe tener la libertad de escoger la

manera en que va a someter su caso sujeto a los límites de

la Regla 6. Claro está, el magistrado tiene la facultad de

ordenar

la

citación

de

cualquier

persona

que

no

esté

presente para que sea examinado por el tribunal si así lo

considera necesario. Véase, Pueblo v. Irizarry Irizarry,

res. el 10 de mayo de 2002, 2002 TSPR 62. En el caso de

Pueblo v. Aponte Rosado, donde se utilizaron dos de los

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

mecanismos

presentar

permitidos,

prueba

a

su

el

26

imputado

favor

y

a

tenía

derecho

a

contrainterrogar

al

testigo que declaró, derechos que éste tuvo la oportunidad

de ejercer en la vista.

En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que erró

el Tribunal de Circuito de Apelaciones en la sentencia que

emitiera en cuanto a todos los casos de epígrafe.

III

Debemos

ahora

resolver

si

los

imputados

de

delito

grave, en etapa de Regla 6, tienen derecho a examinar y

obtener

copia

de

las

declaraciones

juradas

que

se

sometieron en la vista de causa probable para el arresto.

Es

por

todos

sabido

que

el

derecho

que

tiene

un

imputado a defenderse en un proceso criminal conlleva el

derecho a informarse debidamente en la preparación de su

defensa y a obtener, mediante el descubrimiento de prueba,

evidencia que pueda favorecerle. Pueblo v. Arocho Soto,

137 D.P.R. 762, 766 (1994); Pueblo v. Rodríguez Sánchez,

109

D.P.R.

243,

246

(1979).

Si

bien

el

derecho

al

descubrimiento de prueba es consustancial al derecho que

tiene el imputado de defenderse,9 el mismo no es absoluto.

Pueblo v. Arocho Soto, ante; Pueblo v. Rodríguez Aponte,

ante, a la pág. 668; Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R.

303, 314 (1977). El descubrimiento de prueba a favor del

9

Véase, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299,

324 (1991); Pueblo v. Arocho Soto, ante.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

27

acusado está limitado por la Regla 95 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.95, ello con el fin de

evitar las llamadas “expediciones de pesca” en el sumario

y archivos de fiscalía que, como hemos reiterado, están

prohibidas.10

Asimismo,

hemos

expresado

que

“[e]l

descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla

95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso

a invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de

corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en

los

archivos

de

fiscalía,

ni

que

facilite

al

acusado

cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal.”

Pueblo v. Rodríguez Sánchez, ante, a las págs. 246-47.

La referida Regla 95 establece que la obligación del

fiscal de descubrir información o evidencia a la defensa

se activa con la presentación del pliego acusatorio, esto,

es, con la denuncia en caso de delito menos grave o con la

acusación en casos de delito grave. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III,

ante, pág. 320. La misma provee, en lo aquí pertinente,

que

previa

moción

del

acusado

el

tribunal

ordenará

al

fiscal el descubrimiento de:

[c]ualquier declaración jurada de los testigos de

cargo que hayan declarado en la vista para

determinación de causa probable para el arresto o

10

Véase, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, ante; Pueblo v.

Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 669 (1985); Pueblo v.

Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437, 440 (1982); López v.

Tribunal Superior, 79 D.P.R. 498, 504-05 (1956); Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 33.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

28

citación, en la vista preliminar, en el juicio o

que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y

los récords de convicciones criminales previas de

éstos.11

Este Tribunal, desde Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386

(1961) y Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977),

ha establecido que un imputado tiene derecho a obtener

copia de cualquier declaración, sea o no jurada, de un

testigo de cargo si la solicita luego de que éste haya

prestado

testimonio,

derecho

que

finaliza

el

directo

y

examen

se

antes

activa

de

una

vez

comenzar

el

contrainterrogatorio. Véase, además: Pueblo v. Rodríguez

López, ante, Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág. 376;

Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 138, 144 (1995). A

igual conclusión llega el Profesor Chiesa al comentar que

“la regla provee para que el Ministerio Fiscal sólo tenga

que descubrir a la defensa las declaraciones juradas de

los testigos de cargo luego de que éstos declaren por

primera vez en alguna etapa de los procedimientos...”12

Ello se basa en que el propósito de las declaraciones

juradas

pueda

es

servir

impugnar,

credibilidad

del

a

de

herramienta

través

del

testimonio

para

que

el

imputado

contrainterrogatorio,

ofrecido

por

el

la

testigo.

Mientras el testigo no declare no surge la necesidad de

contrainterrrogarlo ni de impugnarlo por lo que no habría

11

12

Véase, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95(a)(2).

Véase, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág. 324

(Énfasis nuestro).

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

29

motivo para proveerle al imputado copia de la declaración

antes de que ello ocurra. Es por eso que no es hasta que

el

testigo

declara

que

surge

el

derecho

a

obtener

la

declaración jurada. Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563,

569 (1962).

Tenemos pues, que un imputado tiene derecho a obtener

copia

de

las

declaraciones

juradas

de

los

testigos

de

cargo que hayan declarado en vista preliminar, luego de

finalizado el examen directo. Pueblo v. Rodríguez López,

ante; Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante, a la pág. 144;

Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,

R.

23(c).

Además,

luego

de

radicada

la

acusación

el

imputado de delito grave tiene derecho a solicitar las

declaraciones juradas de los testigos que se sentaron a

declarar:

(i)

en

la

vista

de

determinación

de

causa

probable para el arresto o citación, (ii) en la vista

preliminar, si aún no las tuviere y (iii) de testigos, que

aun sin haber declarado, fueron renunciados por el fiscal

por

constituir

prueba

acumulativa.

Pueblo

v.

Rodríguez

López, ante; Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante; Pueblo v.

Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 6 (1970).

Particularmente,

Rodríguez

en

el

reciente

caso

de

Pueblo

v.

López, ante, manifestamos que no se le debe

reconocer al imputado el derecho a descubrir prueba en una

etapa tan temprana como lo es la Regla 6.13 Por otra parte,

13

En dicho caso decidimos, además, que ni las Reglas de

Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia interpretativa

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

30

en Pueblo v. Rivera Rivera, ante, con hechos muy similares

a los del presente caso, resolvimos que el imputado de

delito

grave

declaraciones

no

tiene

juradas

derecho

que

a

obtener

sirvieron

copia

de

base

de

las

para

la

determinación de causa probable para el arresto, antes de

que los declarantes testifiquen por primera vez en alguna

de

las

etapas

criminal,

tales

posteriores

como

la

significativas

vista

preliminar

o

del

proceso

el

juicio.

Ibid. a la pág. 377.

A igual resultado debemos llegar en el caso que hoy

nos

ocupa.

tienen

Los

imputados

derecho,

criminal,

a

en

esta

examinar

ni

de

los

etapa

a

casos

de

inicial

obtener

epígrafe

del

copia

no

proceso

de

las

declaraciones juradas que fueron sometidas en la vista de

determinación

de

independientemente

causa

de

probable

que

para

estuvieron

el

arresto.

presentes

Ello,

en

la

referida vista. No habiendo declarado en dicha vista los

testigos que ofrecieron las declaraciones juradas, el uso

de las declaraciones juradas resulta innecesario en esa

etapa.

Si bien es cierto que en ocasiones la defensa podría

tener acceso a las declaraciones juradas antes del momento

dispuesto en la Regla, ello si demuestra la existencia de

circunstancias especiales con apoyo en el debido proceso

reconocen

el

derecho

del

acusado

a

obtener

las

declaraciones juradas de los testigos examinados en la

vista de causa probable para el arresto, antes de que

éstos declaren por primera vez en vista preliminar o se

radique el pliego acusatorio.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

de

ley,14

en

este

planteamiento

caso

31

no

se

nos

ha

presentado

constitucional

que

nos

persuada.

El

un

mero

hecho de no entregar al imputado copia de una declaración

jurada prestada por el fiscal, sin tomar en consideración

los hechos particulares del caso bajo estudio, no infringe

automáticamente

los

preceptos

básicos

del

debido

procedimiento de ley. Véase, Pueblo v. Martell Cajigas, 88

D.P.R. 636 (1963). En el presente caso no se ha demostrado

daño específico ni perjuicio alguno, según lo exigido por

nuestra jurisprudencia, Pueblo v. Hernández Santana, 138

D.P.R.

577,

587-88

(1995),

sino

el

mero

hecho

de

no

haberle provisto copia de las declaraciones juradas cuando

el

imputado

lo

requirió.

Ello

por

sí

solo

no

es

suficiente.

Entendemos

específicos

de

que

los

imputados,

sus

respectivos

conforme

casos,

no

los

hechos

han

sufrido

menoscabo alguno en su derecho al debido proceso de ley.

Éstos

tienen,

aún

por

delante,

varios

mecanismos

disponibles para impugnar cualquier irregularidad en el

arresto

o

en

etapa

de

Regla

6

como

lo

es

la

vista

preliminar que, como es sabido, es un mecanismo inicial

para cotejar la validez del arresto15 y, posteriormente, la

moción

de

desestimación

bajo

la

Regla

64(p)

de

14

Véase, Pueblo v. Rodríguez López, ante; Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Vol. III, ante, a la pág. 329.

15

Véase, Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág. 374;

Pueblo v. Rogríguez Aponte, ante, a la pág. 666.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

32

Procedimiento Criminal.16 No hay duda de que el remedio

solicitado por los imputados recurridos estará disponible

en vista preliminar, siendo “es[e] el momento más oportuno

para que el imputado procure impugnar y contrainterrogar a

los testigos en su contra.” Pueblo v. Rodríguez López,

ante, así como, también, lo tendrán bajo el mecanismo de

descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 95 una vez

se presente el pliego acusatorio.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la

revocación de las sentencias emitidas en el presente caso

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con relación a

los casos Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, y Pueblo v.

Montalvo Nieves, en los cuales no se llegó a determinación

alguna bajo la Regla 6, ordenamos que, para cada uno de

los imputados, se celebre una vista de determinación de

causa probable para el arresto de acuerdo al mecanismo

elegido por el ministerio fiscal de los permitidos por la

Regla 6 y conforme a lo anteriormente resuelto. Devolvemos

los

casos

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

continúen los procedimientos de forma compatible con lo

aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Presidente Interino

16

En la misma tendrían que demostrar que no se determinó

causa probable para el arresto conforme a derecho. 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Núm. CC-2001-780

CERTIORARI

Núm. CC-2001-790

CERTIORARI

Núm. CC-2002-660

CERTIORARI

Markus R. Irizarry Quiñones,

Ismael Cintrón Rosario,

Remy Montalvo Nieves

Recurridos

-----------------------El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Henry Aponte Rosado

Recurrido

---------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

Remy Montalvo Nieves

Acusado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de las sentencias

emitidas en el presente caso por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

Con relación a los casos Pueblo v. Irizarry Quiñones

y otros, y Pueblo v. Montalvo Nieves, en los cuales no se

llegó a determinación alguna bajo la Regla 6, ordenamos

que, para cada uno de los imputados, se celebre una vista

de determinación de causa probable para el arresto de

acuerdo al mecanismo elegido por el ministerio fiscal de

los

permitidos

por

la

Regla

6

y

conforme

a

lo

anteriormente resuelto.

CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660

2

Se devuelven los casos al Tribunal de Primera

Instancia para que continúen los procedimientos de forma

compatible con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no

intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo