Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE P.R. V. ARIS S. SANTIAGO PEREZ
2003 TSPR 161
Poder Judicial de Puerto Rico
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EL PUEBLO DE P.R. V. ARIS S. SANTIAGO PEREZ
CC-2002-0778
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2003 TSPR 161
Aris S. Santiago Pérez
160 DPR ____
Acusado-recurrido
Número del Caso: CC-2002-778
Fecha: 10 de noviembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. Rafael Ortiz Carrión
Oficina del Procurador General:
Lcda. Eva S. Soto Castelló
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José F. Aguayo Díaz
Materia: Sección 5-201
Tránsito
de
la
derogada Ley de Vehículos y
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2002-778
CERTIORARI
Aris S. Santiago Pérez
Acusado-recurrido
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO
SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2003
El 13 de agosto de 2000 ocurrió un accidente
de tránsito entre un automóvil conducido por Aris
S.
Santiago
Martínez
Pérez
Díaz
en
y
otro
conducido
por
Rafael
el
cual
resultaron
lesionados
este último y la señora Viviana Torres Sandoval. A
raíz del mismo, el 12 de enero de 2001 el agente
de la policía Carlos L. Ortiz Colón presentó un
proyecto de denuncia1 ante el Tribunal de Primera
1
En lo aquí pertinente la referida denuncia leía
de la siguiente manera:
Aris S. Santiago Pérez . . . ilegalmente
mientras
conducía
el
vehículo
marca
Toyota, modelo Four Runner . . . en
3
CC-2002-778
Instancia,
Sala
Superior
de
San
Juan,
contra
Aris
S.
Santiago Pérez por negligencia temeraria al conducir un
vehículo
de
contenidas
motor
en
la
Sección
en
violación
5-201
de
de
las
la
disposiciones
antigua
Ley
de
Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960,
9 L.P.R.A. sec. 871.2
Ese mismo día, y en presencia del
recurrido Santiago Pérez, se determinó causa probable para
el arresto por la referida infracción, citándosele para la
celebración del juicio.
Luego
para
de
juicio
varias
el
16
de
suspensiones,
marzo
de
el
2001,
caso
fue
vista
a
llamado
la
cual
comparecieron el imputado, acompañado por su abogado, y la
fiscal Damaris Torres, en representación del ministerio
público. Al inicio de la misma, la defensa informó en
corte abierta que, durante el mes de enero, una de las
dirección de norte a sur por la Carretera 176
intersección con la Carretera 177, Cupey, Río
Piedras, que es una vía pública de Puerto Rico,
lo hacía con voluntario y malicioso desprecio por
la seguridad de vidas y propiedades consistente
en que al llegar al lugar de los hechos éste
revasó [sic] la luz del semáforo roja . . . dando
lugar a que por tal descuido y negligencia
impactara con la parte delantera a la parte
lateral derecha del vehículo marca Mazda, modelo
Protege . . . el cual transitaba en dirección de
oeste a este, siendo conducido por Rafael
Martínez Díaz. Resultó lesionada la Sra. Viviana
Torres Sandoval. . . . Véase, Petición de
Certiorari, Anejo II, pág. 15.
2
Como es sabido, la antigua Ley de Vehículos y Tránsito
fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 22 de 7 de
enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq., la cual entró
en vigor un año después de su aprobación.
4
CC-2002-778
víctimas
del
accidente
automovilístico,
el
Sr.
Rafael
Martínez Díaz, había fallecido como consecuencia de las
lesiones
sufridas
ministerio
público
en
el
mismo.3
solicitó
del
En
virtud
de
tribunal
un
ello
el
tiempo
adicional para revaluar el caso y determinar el curso a
seguir. El tribunal de instancia accedió a esta petición y
suspendió la vista, reseñalándola para otro día. En ese
nuevo señalamiento comparecieron el recurrido, junto a su
abogado, y los fiscales Lizette Sánchez y Harry Mansanet.
Estos últimos informaron al tribunal que solicitarían la
exhumación del cadáver por lo que dicho foro suspendió el
acto del juicio, reseñalando el mismo.
El 27 de junio de 2001 el agente Carlos L. Ortiz
Colón radicó otras dos denuncias contra el aquí recurrido
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan, relacionadas las mismas al accidente ocurrido el
13 de agosto de 2000. En una de ellas se le imputó una
infracción al Artículo 8.02 (rebasar una luz roja) de la
nueva Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 de
enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 52224 y, en la otra, se le
imputó el delito de dar muerte a una persona al incurrir
en imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo
de motor al amparo del Artículo 87 del Código Penal de
3
Es menester señalar que el occiso estuvo hospitalizado
antes de morir.
4
La misma es equivalente a la Sección 1071 de la antigua
Ley de Tránsito.
5
CC-2002-778
Puerto
Rico,
33
L.P.R.A.
sec.
tribunal
determinó
causa
relación
a
infracciones,
ambas
4006.
probable
Ese
para
ello
mismo
día
el
arresto
con
presencia
del
el
en
imputado y su abogado. En dicha vista no estuvo presente
ninguna
persona
en
representación
del
Estado.
Específicamente, en cuanto a la imputación bajo la Sección
8.02 de la Ley de Tránsito, el tribunal señaló vista para
el 18 de julio 2001 y en cuanto a la referente al Artículo
87 del Código Penal, dicho foro citó al imputado para la
correspondiente vista preliminar que establece la Regla 23
de Procedimiento Criminal.
Al día siguiente, esto es, el 28 de junio de 2001
se
llamó el caso para juicio relacionado a la violación de la
Sección 5-201 de la antigua Ley de Tránsito. El Estado
estaba
representado
Maricarmen
Rodríguez.
en
El
dicha
vista
recurrido,
por
a
la
través
Fiscal
de
su
representación legal, hizo alegación de culpabilidad por
la
referida
infracción.
El
juez
que
presidió
los
procedimientos5, en atención a lo dispuesto en la Regla 70
de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II R.70,
le
hizo
al
recurrido
las
correspondientes
advertencias
legales y luego de entender que la alegación fue hecha
libre y voluntariamente, la aceptó. Como consecuencia, el
tribunal emitió un fallo condenatorio en
5
su contra y
Dicho juez fue uno distinto al que presidió la vista de
determinación de causa probable para el arresto el día
anterior.
6
CC-2002-778
dictó
sentencia
imponiéndole
el
pago
de
una
multa
de
ciento cincuenta dólares ($150.00).
Luego de dictada la referida sentencia el recurrido y
su
abogado
cuestión
abandonaron
de
segundos
la
la
Sala
apresuradamente.
Fiscal
Rodríguez
En
solicitó
dirigirse nuevamente al tribunal e informó que acababa de
enterarse,
testigos,
por
que
una
el
conversación
día
que
se
anterior
tuvo
había
con
unos
radicado
una
denuncia contra el recurrido por violación al Artículo 87
del Código Penal y que se había determinado causa probable
para
el
arresto
con
relación
al
mismo.
Solicitó
del
tribunal que, ante este cuadro fáctico, reconsiderara el
dictamen que minutos atrás emitiera y dejara sin efecto la
sentencia. El tribunal ordenó que se citara al imputado y
a su representante legal para la celebración de una vista
a
los
fines
de
discutir
la
solicitud
del
ministerio
público. Asimismo, ordenó a la Secretaría del Tribunal que
no aceptara el pago de la multa.
El 14 de agosto de 2001 se celebró la vista señalada
para dilucidar la moción de reconsideración. En la misma
el ministerio público reiteró lo solicitado en su moción a
los
efectos
de
que
el
tribunal
dejara
sin
efecto
la
alegación de culpabilidad y la sentencia. Arguyó que el
propósito
del
culpabilidad,
imputado,
era
evadir
al
hacer
la
ser
procesado
alegación
con
relación
de
al
Artículo 87 del Código Penal pues se trataba de un delito
grave e intentaba levantar la defensa de doble exposición
7
CC-2002-778
en
cuanto
a
este
último.
Por
otro
lado,
la
defensa
manifestó que el ministerio público pretendía dilucidar el
asunto referente a la doble exposición en dicha vista y
que
ello
era
alegación
improcedente.
de
Aseguró
culpabilidad
no
que
al
hacer
había
la
actuado
fraudulentamente, sino que “actuó en forma astuta”.
Luego de escuchar los argumentos de ambas partes el
tribunal de instancia, mediante resolución de 28 de agosto
de 2001, procedió a dejar sin efecto la aceptación de la
alegación de culpabilidad y la imposición de sentencia;
además,
ordenó
la
continuación
de
los
procedimientos
señalando vista para el 11 de octubre.6
Inconforme con dicho dictamen, Santiago Pérez acudió
vía certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
alegando, en síntesis, que el foro de instancia no tenía
autoridad en Derecho para dejar sin efecto una sentencia
válidamente
emitida
ni
para
retirar
una
alegación
de
culpabilidad luego de haberla aceptado. Arguyó que al así
actuar
se
violó
la
protección
que
tiene
todo
acusado
contra la doble exposición.
6
Es menester señalar, que el 26 de octubre de 2001 el
tribunal de instancia declaró “ha lugar” una moción
presentada por el Ministerio Público al amparo de la Regla
89 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
R.
89,
solicitando
la
consolidación
de
los
casos
referentes a las infracciones a las Secciones 5-201 y 8.02
de la Ley de Tránsito con el caso instado al amparo del
Artículo 87 del Código Penal en el cual se había pautado
juicio para el 9 de noviembre de 2001.
8
CC-2002-778
Mediante
sentencia
emitida
el
19
de
septiembre
y
archivada en autos el 24 de septiembre del 2002 el foro
apelativo intermedio revocó la resolución emitida por el
foro primario y ordenó la restitución de la sentencia de
28 de junio de 2001 que le fue impuesta al recurrido.
Inconforme
con
la
actuación
del
tribunal
apelativo
intermedio, el Estado acudió --vía certiorari-- ante este
Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia emitida
por el tribunal apelativo debido a que dicho foro incidió:
... al revocar la Resolución del Tribunal de
Instancia mediante la cual dejó sin efecto una
sentencia condenatoria por una infracción menor a
la Ley de Vehículos y Tránsito, dictada tras
alegación de culpabilidad, al percatarse ese
mismo día que el recurrido y su abogado le
ocultaron que por los mismos hechos, el día
anterior a la vista de alegación de culpabilidad,
se había determinado causa probable para arresto
o citación en su contra por el delito grave de
imprudencia
crasa
o
temeraria
ya
que
el
perjudicado había fallecido tiempo después del
accidente que originó esta denuncia.
El
25
de
noviembre
de
2002
expedimos
el
recurso.
Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando
en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a
así hacerlo.
I
Un
principio
puertorriqueño
es
que
básico
del
acervo
ninguna
persona
será
jurídico
puesta
en
riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito.
Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964); Pueblo v.
9
CC-2002-778
Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963). Dicho principio emana
de
varias
fuentes,
a
saber:
de
dos
garantías
constitucionales, la Quinta Enmienda de la Constitución de
los Estados Unidos y la Sección 11 de la Carta de Derechos
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico; de una disposición estatutaria, el Artículo 63 del
Código Penal de Puerto Rico; y también está contenida en
una regla procesal criminal como fundamento que permite la
desestimación de una denuncia o acusación, Regla 64(e) de
las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64.7
Por otro lado, la Quinta Enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos dispone que “no person shall be
subject for the same offence to be twice put in jeopardy
of life or limb.” Esta protección constituye un derecho
fundamental aplicable a los Estados de la unión americana
7
La referida Regla reza, en lo pertinente, de la siguiente
manera:
La moción para desestimar la acusación o la
denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo
podrá basarse en uno o más de los siguientes
fundamentos:
...
(e) Que el acusado ha sido convicto, o ha estado
expuesto a serlo, o ha sido absuelto. . . .
Por otro lado, resulta pertinente destacar lo
dispuesto en el Artículo 6 del Código de Enjuiciamiento
Criminal de 1935 a los efectos de que “[n]inguna persona
podrá ser procesada por segunda vez por un delito público,
después de haber sido ya condenada o absuelta por el mismo
delito.” 34 L.P.R.A. sec. 6.
10
CC-2002-778
y a Puerto Rico a través de la Decimocuarta Enmienda.8 Lugo
Figueroa v. Tribunal, 99 D.P.R. 244, 247 (1970); Benton v.
Maryland,
395
U.S.
784
(1969).9
Nuestra
Asamblea
Constituyente consagró esta garantía en la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al disponer que
“[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces
por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, L.P.R.A. Tomo 1.
El propósito de esta disposición constitucional es
evitar que el Estado, con todos sus recursos y poderes,
abuse
de
su
autoridad
y
múltiples
procedimientos
convicción
por
delictiva.
Así
la
hostigue
intentando
comisión
también,
lo
a
un
ciudadano
con
conseguir
su
de
una
misma
protege
de
vivir
conducta
ansioso
e
8
En 1917 el Congreso de los Estados Unidos extendió a
Puerto Rico la garantía contra la doble exposición a
través del Artículo 2 de la Segunda Ley Orgánica, Acta
Jones, 39 Stat. 951 (1917), basado éste, a su vez, en la
Quinta Enmienda federal. En el informe de la Comisión de
Derechos Civiles de la Convención Constituyente de Puerto
Rico se indicó que la intención al incorporar la Sección
11 del Artículo 2 en nuestra Carta de Derechos era
asegurar a nuestros ciudadanos los mismos derechos que se
habían consagrado bajo el Derecho común. Allí se dijo que
dicha “sección contiene las garantías que protegen al
acusado en el derecho común. Se expresan en la forma
tradicional para incorporar así el significado jurídico
que han adquirido en las interpretaciones judiciales.”
Véase, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
2568-69 (1961). Por tanto, el derecho angloamericano es
particularmente relevante para interpretar la cláusula que
nos ocupa aunque, claro está, no determina la extensión
total de este derecho en nuestra sociedad.
9
En vista de ello la misma provee el contenido mínimo
permisible de protección que los estados y Puerto Rico
deben garantizarle a sus ciudadanos. E.L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Forum, 1992, V. II, pág. 349.
11
CC-2002-778
inseguro en la incertidumbre de que, aun siendo inocente,
pueda ser encontrado culpable en cualquier ocasión. Por
otro
lado,
evita
que
el
Estado
tenga
una
segunda
oportunidad para presentar prueba y tome ventaja sobre lo
aprendido en el primer juicio en cuanto a las fortalezas
del caso de la defensa y las debilidades de su propio
caso.10
La garantía constitucional contra la doble exposición
protege al ciudadano en cuatro instancias; a saber: (i)
contra ulterior exposición tras absolución por la misma
ofensa; (ii) contra ulterior exposición tras convicción
por la misma ofensa; (iii) contra ulterior exposición tras
exposición
anterior
por
la
misma
ofensa
(tras
haber
comenzado el juicio, que no culminó ni en absolución ni
convicción); y (iv) contra castigos múltiples por la misma
ofensa. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568-69
(1990); Ohio v. Johnson, 467 U.S. 493, 498 (1980); Brown
v.
Ohio,
432
U.S.
161,
165
(1977);
North
Carolina
v.
Pearce, 395 U.S. 711, 717 (1969); Wade v. Hunter 336 U.S.
10
Véase: Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568
(1990); Plard v. Tribunal, 101 D.P.R. 444, 448 (1973);
United States v. DiFrancesco, 449 U.S. 117, 128 (1980);
Burks v. United States, 437 U.S. 1, 16 (1978); Green v.
United States, 355 U.S. 184, 187-88 (1957); O.E. Resumil,
Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal,
New Hampshire, Ed. Butterworth Legal Publishers, 1993, T.
2, pág. 285.
12
CC-2002-778
684
(1949).11
múltiples,
Esto
sino
es,
protege
también
no
contra
sólo
contra
procesos
castigos
múltiples
o
sucesivos.
Son varios los requisitos que deben ser satisfechos
para poder invocar la cláusula contra la doble exposición.
En primer lugar, el procedimiento y la sanción a la que
esté sujeto el individuo deben ser de naturaleza criminal
o conllevar el estigma o privación de libertad o propiedad
que caracterizan al procedimiento criminal. United States
v. Halper, 490 U.S. 435 (1989); Resumil, Práctica Jurídica
de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed.
Butterworth Legal Publishers, 1993, T. 2, pág. 287; Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de Estados
Unidos, ante, pág. 350. Es preciso, además, que el juicio
se haya iniciado o celebrado,12 que se efectúe bajo un
pliego
acusatorio
válido
y
en
un
tribunal
con
jurisdicción. Pueblo v. Martínez Torres, ante, a la pág.
568. Por último, tiene que existir un segundo proceso en
el
cual
se
pretenda
procesar
al
acusado
por
la
misma
11
Véase,
además:
5
LaFave,
Israel
King,
Criminal
Procedure, 2da. ed., 1999, Sec. 25.1(b), pág. 632; Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de Estados
Unidos, ante, pág. 354.
12
Sabido es que el juicio se entiende comenzado cuando se
le toma el juramento definitivo al jurado en caso de
juicio por jurado o cuando se le toma el juramento al
primer testigo cuando se trata de juicio por tribunal de
derecho. Pueblo v. Martínez Torres, ante, a la pág. 568
citando a Dora Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal
Penal Puertorriqueño, 3ra.ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst.
Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 113.
13
CC-2002-778
conducta delictiva por la cual ya fue convicto, absuelto o
expuesto. Véase: Pueblo v. Martínez Torres, ante.
El
requisito
principal
para
la
aplicación
de
esta
garantía es, precisamente, que el segundo proceso se trate
de la misma conducta delictiva. Ahora bien, este concepto
se ha extendido para proveer protección contra procesos
múltiples aun cuando el segundo proceso se refiera a un
delito mayor o a un delito menor incluido en el que se le
imputó al acusado en el primer proceso. Véase: Brown v.
Ohio, ante; Pueblo v. Rivera Ramos 88 D.P.R. 612 (1963);
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de
Estados
Unidos,
ante,
págs.
391-95;
Resumil,
Práctica
Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, ante, a
la
pág.
311-13;
61
A.L.R.2d
1141-1216.
A
esos
efectos
hemos sostenido que:
Para considerar si un delito está subsumido en
otro ... el delito menor debe estar comprendido
en el imputado, y los hechos expuestos para
describir la comisión del delito mayor deben
contener las alegaciones que son esenciales para
constituir una imputación por el menor. Si el
delito mayor incluye todos los elementos de hecho
y los requeridos por la ley en relación con el
menor, el mayor incluye al menor; pero si el
delito
menor
requiere
algún
otro
elemento
indispensable que no es parte del delito mayor,
entonces el menor no está comprendido en el
mayor. Es decir, el análisis para decidir si un
delito está incluido en otro, consiste en
determinar
si
la
comisión
del
primero
necesariamente conlleva la comisión del segundo.13
13
Véase: Pueblo v. Rivera Ortiz, res. el 2 de marzo de
2000, 2000 TSPR 36; Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 D.P.R.
1064, 1071 (1993).
14
CC-2002-778
Por
otra
parte,
constitucionales
antes
jurídico
una
provee
además
de
descritas,
protección
las
nuestro
garantías
ordenamiento
adicional
mediante
el
Artículo 63 del Código Penal de Puerto Rico referente al
concurso de delitos. El mismo dispone en lo pertinente
que:
[U]n acto u omisión penable de distintos modos
por
diferentes
disposiciones
penales,
podrá
castigarse con arreglo a cualquiera de dichas
disposiciones pero en ningún caso bajo más de
una.
La absolución o convicción y sentencia bajo
alguna de ellas impedirá todo procedimiento
judicial por el mismo acto u omisión, bajo
cualquiera de las demás. 33 L.P.R.A. sec. 3321
(énfasis nuestro).14
De
primer
la
lectura
párrafo,
multiplicidad
de
del
esta
mismo
se
disposición
castigos
desprende
de
cuando
ley
la
que,
en
su
proscribe
la
misma
conducta
infringe más de una disposición penal. Pueblo v. Feliciano
Hernández, 113 D.P.R. 371, 374 (1982); Pueblo v. Millán
Meléndez,
prohíbe
110
la
D.P.R.
acusación,
171,
177
(1980).
procesamiento
y
Ahora
bien,
convicción
en
no
un
mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto
u omisión. Ibid. Por otro lado, en su segundo párrafo
protege
contra
procesos
múltiples
tras
absolución
o
convicción. Véase, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y de Estados Unidos, ante, pág. 364. En
14
Este Artículo procede del Artículo 44 del Código Penal
de 1937, el cual, a su vez, proviene del Artículo 654 del
Código Penal de California.
15
CC-2002-778
síntesis,
prohíbe:
(i)
la
ulterior
exposición
tras
absolución por el mismo acto u omisión; (ii) la ulterior
exposición tras convicción por el mismo acto u omisión y
(iii) la imposición de castigos múltiples por el mismo
acto u omisión. Ibid., a la pág. 365.
Hemos
estatutaria
reconocido,
al
beneficiosa
amparo
para
constitucional.
además,
del
el
Ello
que
Artículo
ciudadano
porque
en
la
protección
63
resulta
que
la
dicho
Artículo
ser
más
garantía
se
hace
referencia a “un mismo acto u omisión” en vez de a un
“mismo
delito
u
ofensa”.
A
esos
efectos
expresamos
en
González Zayas v. Tribunal, 100 D.P.R. 136 (1971) que:
Esta disposición tiene un alcance mayor que el de
proteger a un acusado de la doble exposición que
veda la Constitución del Estado Libre Asociado,
sino que lo protege de que por un solo acto
punible se le castigue más de una vez. No debe
confundirse con la garantía constitucional.
...
[S]e evita además que pueda hostigársele y
perseguírsele, acusándolo de distintos delitos,
luego de haber sido ya procesado por uno, en
circunstancias en que no procede la defensa de
exposición anterior por tratarse de delitos
distintos.
Ibid.
a
las
pág.
140
(énfasis
nuestro).
De este modo, tenemos que a los fines de determinar
si
aplica
la
defensa
de
concurso
de
delitos
hay
que
atender a la unicidad del acto. Véase: Pueblo v. Meléndez
Cartagena, ante, a las págs. 344-45. Esto es, cuando una
misma
actuación
infrinja
simultáneamente
varias
disposiciones legales aplicará la protección de concurso
de delitos. Como consecuencia, en caso de que el ciudadano
16
CC-2002-778
sólo sea acusado al amparo de una o algunas de ellas y
salga
absuelto
o
convicto
de
éstas,
el
Estado
estará
vedado de iniciar un proceso posterior contra el acusado
por otros delitos que hayan surgido a raíz de la misma
actuación u omisión.
Asimismo hemos sostenido que el “acto u omisión” al
que allí se hace referencia no sólo comprende un acto
físico
único,
circunstancias,
un
sino
también,
mismo
curso
de
en
determinadas
acción.
Tampoco
se
limita a delitos que estén incluidos o que sean parte o
ingrediente de otros. Pueblo v. Meléndez Cartagena, ante,
a la pág. 345 y casos allí citados; González Zayas v.
Tribunal, ante, a las págs. 143-44.
Expresados
estos
conceptos
generales,
pasamos
a
examinar la controversia de autos.
II
En el presente caso, el recurrido, a sabiendas de que
el día anterior se había determinado causa probable para
el arresto en virtud de una denuncia presentada en su
contra bajo el Artículo 87 del Código Penal y que, tanto
el juez que presidía, como el fiscal que estaba presente
en el juicio por la infracción de la Sección 5-201 de la
antigua
Ley
de
Tránsito
desconocían
ese
hecho,
“astutamente”, en palabras de su abogado defensor, hizo
alegación de culpabilidad por dicha infracción y obtuvo
una
sentencia
de
convicción.
Ahora
se
queja
de
la
17
CC-2002-778
actuación del tribunal de instancia al dejar sin efecto la
referida sentencia y al ordenar la continuación de los
procedimientos
al
amparo
de
esta
misma
infracción
de
tránsito; proceso que posteriormente fue consolidado con
los
casos
instados
contra
el
acusado,
por
los
mismos
hechos, bajo el Artículo 87, ante, y el Artículo 8.02 de
la nueva Ley de Tránsito. El recurrido arguye que dicho
proceder tiene el efecto de exponerlo a procesos múltiples
en violación a su derecho a no ser expuesto dos veces a
ser juzgado y castigado por el mismo delito.
Como mencionamos previamente, una de las instancias
en que opera la protección contra la doble exposición y el
concurso de delitos es cuando el primer proceso culmina en
convicción.
En
el
presente
caso,
en
efecto,
hubo
una
el
acusado
por
la
Ley
de
sentencia
de
convicción
contra
infracción
de
la
5-201
Sección
de
la
antigua
Tránsito. Ahora bien, la misma no se produjo luego de un
desfile de prueba en un juicio ordinario, sino que estuvo
apoyada en una alegación de culpabilidad proferida por el
acusado al inicio del juicio.
Procede
que
nos
cuestionemos,
en
primer
lugar,
si
dentro de este contexto se activó la protección contra la
doble exposición. En caso de contestar dicha interrogante
en la afirmativa, habría que resolver, en segundo término,
si en las circunstancias particulares del presente caso,
el Estado está impedido de proseguir con el procesamiento
18
CC-2002-778
del acusado por las infracciones penales que le fueron
imputadas.
A
Sabido es que al emitir una alegación de culpabilidad
el
acusado
no
sólo
afirma
haber
realizado
los
actos
descritos en la denuncia en su contra, sino que, además,
acepta y admite que es culpable del delito objeto de su
alegación.
United
States
v.
Broce,
488
U.S.
563,
570
(1989). Como consecuencia de lo anterior, se ha entendido
que
una
alegación
de
culpabilidad
constituye
una
convicción en sí misma con carácter concluyente que no le
deja al tribunal más por hacer que no sea emitir el fallo
y la sentencia. Kercheval v. United States, 274 U.S. 220,
223 (1927); véase, además: Morris v. Reynolds, 264 F.3d
38, 48-49 (2do. Cir., 2001); United States v. Smith, 912
F.2d 322, 324-25 (9no. Cir., 1990); C. Torcia, Wharton’s
Criminal
Procedure,
13ma.
ed.,
New
York,
Ed.
Lawyers
Cooperative Publishing, 1990, Vol. 2, sec. 311, pág. 344.
A esos efectos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
ha
expresado
que
“[a]
plea
of
guilty
and
the
ensuing
conviction comprehend all the factual elements necessary
to sustain a binding, final judgment of guilt and a lawful
sentence” United States v. Broce, ante, a la pág. 569.
En
vista
de
que
una
convicción
basada
en
la
aceptación del tribunal de una alegación de culpabilidad
conlleva
las
mismas
consecuencias
que
un
veredicto
de
19
CC-2002-778
culpabilidad
emitido
por
un
jurado
o
que
un
fallo
condenatorio de un juez, se ha resuelto que la protección
contra la doble exposición se activa o “attaches” una vez
el tribunal acepta la alegación de culpabilidad y dicta
sentencia
a
base
alegación
de
de
ella.15
culpabilidad
Esto
es
así
ya
que
una
tiene
el
efecto
de
una
convicción por el delito objeto de la alegación. United
States
v.
Smith,
ante,
a
la
pág.
324.
Cónsono
con
lo
anterior, se ha sostenido como norma general que “a former
conviction on a plea of guilty is generally sufficient to
sustain
a
defense
of
double
jeopardy
in
a
subsequent
prosecution for the same offense”. 75 A.L.R.2d 683 sec. 3;
véase, además: Kring v. State of Missouri; 107 U.S. 221
(1883); Grady v. Corbin, 495 U.S. 508 (1990); U.S. v.
Jerry,
487
F.2d
600
(3er.
Cir.,
1973);
21
Am.Jur.2d
Criminal Law, sec. 320. Por tanto, una vez un acusado es
convicto
por
un
delito
a
base
de
una
alegación
de
culpabilidad el Estado queda impedido, como norma general,
de volverlo a encauzar criminalmente
15
por dicho delito.
Véase: United States v. Santiago Soto, 825 F.2d 616, 618
(1er. Cir., 1987); Morris v. Reynolds, ante, a la pág. 49;
United States v. Fransaw, 810 F.2d 518, 523 (5to. Cir.,
1987); United States v. Bearden, 274 F.3d 1031, 1036 (6to.
Cir., 2001); Bally v. Kemna, 65 F.3d 104 (8vo. Cir.,
1995); United States v. Smith, ante, a la pág. 324; United
States v. Combs, 634 F.2d 1295 (10mo. Cir., 1980); United
States v. Baggett, 901 F.2d 1546, 1548 (11mo. Cir., 1990);
LaFave, Israel & King, Criminal Procedure, ante, sec.
25.1(d), pág. 642; Torcia, Wharton’s Criminal Law,
15ta.ed., sec. 57; Witkin & Epstein, California Criminal
Law, 2d.ed., California,
Bancroft-Whitney, 1988, Vol. 1,
sec. 302, pág. 347; 75 A.L.R.2d. 683, sec. 2; 21
Am.Jur.2d, Criminal Law, sec. 337, pág. 387.
20
CC-2002-778
Como
señalamos
anteriormente,
la
convicción
o
absolución en un primer proceso por un delito menor impide
un proceso criminal posterior por el delito mayor. Brown
v. Ohio, ante; Pueblo v. Rivera Ramos, ante. En términos
generales, dicha norma aplica de igual modo, a los casos
en que la convicción se hizo mediante una alegación de
culpabilidad por el delito menor incluido. Véase: Pueblo
v. Rivera Ramos, ante; Grady v. Corbin, ante; Brown v.
Ohio,
ante;
Witkin
&
Epstein,
California
Criminal
Law,
ante, sec. 326, pág. 378; 21 Am.Jur. 2d, Criminal Law,
sec. 352.
No obstante lo anterior, la referida norma tiene una
amplia gama de excepciones que permiten al Estado procesar
al acusado nuevamente tanto por el mismo delito por el
cual aceptó su culpabilidad, como por un delito mayor a
ese.
Ello
así
exposición
interés
no
que
ya
es
tiene
que
la
absoluta
la
protección
ni
sociedad
contra
la
doble
automática,
atendiendo
el
de
le
al
que
se
brinde
ministerio público una oportunidad adecuada para procesar
a aquellos que violan la ley y así impedir que la comisión
de delitos quede impune. Véase: Ohio v. Johnson, ante, a
la pág. 502; Arizona v. Washington, 434 U.S. 497, 509
(1978).
Una de las excepciones que permite el encauzamiento
posterior
por
un
delito
mayor
se
presenta
cuando
los
elementos necesarios para configurar el delito mayor no
han ocurrido al momento en que comienza el proceso contra
21
CC-2002-778
el acusado por el delito menor, ni previo a que se emita
el fallo y la sentencia. Garrett v. United States, 471
U.S. 773, 791 (1985); Jeffers v. United States, 432 U.S.
137, 151-52 (1977); Brown v. Ohio, ante, a la pág. 169
n.7; Díaz v. United States, 223 U.S. 442, 448-449 (1912);
State
v.
Mitchell,
682
S.W.2d
918-920
(Tenn.,
1984);
véase, además: Witkin & Epstein, California Criminal Law,
ante, sec. 326.
En Pueblo v. Rivera Ramos, ante, al explicar que el
encauzamiento
posterior
por
impedido
razón
que
por
de
el
el
delito
elemento
mayor
estaba
agravante
que
permitió que el mismo se configurara ocurrió antes de la
convicción por el delito menor, expresamos que:
El hecho nuevo que sobrevino...no lo fue después
de la condena, ni tampoco en el interín entre los
dos
procesos,
ni
fue
un
hecho
adicional
intermedio. . . .
. . . .
En las circunstancias de este caso, en que entre
el primer y segundo delitos imputados no existe
otro ingrediente distinto sino el de la muerte de
la persona agredida, habiendo ocurrido dicha
muerte antes de la condena en el proceso
anterior, por lo que el apelante ya había
perpetrado el delito de homicidio a la fecha de
ese proceso y condena, es de aplicación lo
dispuesto en el [Articulo 63 del Código Penal].
Ibid. a las págs. 628-30 (énfasis nuestro).16
16
En dicho caso el apelante fue denunciado por el delito
de acometimiento y agresión grave. Éste hizo alegación de
culpabilidad por dicho delito y el tribunal procedió a
dictar sentencia de convicción en su contra condenándolo a
cumplir cuarenta días de cárcel. Adviértase que no fue
sino luego de dictada la sentencia y de cumplida la misma
que el ministerio público presentó, contra el apelante, la
acusación por el delito mayor de homicidio voluntario a
base de los mismos hechos. En vista de que la muerte de la
víctima ocurrió antes de que se dictara la sentencia de
(Continúa . . .)
22
CC-2002-778
Otra
de
las
excepciones
ocurre
cuando
los
hechos
necesarios para que se configure el delito mayor no son
descubiertos
por
el
ministerio
público
antes
de
la
celebración del juicio por el delito menor, ello a pesar
de su buena fe y de haber ejercido la debida diligencia.
Véase: United States v. Jeffers, ante, a la pág. 152;
Brown v. Ohio, ante, a la pág. 169 n.7; State v. Mitchell,
ante, a la pág. 920; Witkin & Epstein, California Criminal
Law,
ante,
sec.
326.
Esta
instancia
tampoco
impide
el
encauzamiento posterior por el delito mayor.
Asimismo, cuando el acusado expresamente solicita la
celebración de juicios separados por un delito menor y
otro mayor que surgen de los mismos hechos, o si se opone
a la consolidación de los juicios sin levantar en ningún
momento que uno de los delitos está incluido en el otro,
el Estado no estará impedido de iniciar un procedimiento
criminal por el delito mayor. Jeffers v. United States,
ante, a la pág. 152; véase, además: Ohio v. Johnson, 467
U.S.
493,
502
(1984);
Witkin
&
Epstein,
California
Criminal Law, ante, sec. 326. De igual modo, cuando el
propio
acusado,
luego
de
emitir
una
alegación
de
culpabilidad, la retira, o si a instancia suya logra que
el tribunal retire la alegación no existirá impedimento
________________________
convicción por agresión y de que no hubo fraude por parte
del acusado al hacer su alegación de culpabilidad por el
delito menor resolvimos que, en virtud de la doctrina del
concurso de delitos, el Estado estaba impedido de
proseguir con el encauzamiento por el delito de homicidio
voluntario.
23
CC-2002-778
para continuar con el procedimiento criminal por el mismo
delito o por uno mayor. United States v. Dyer, 136 F.3d
417 (5to. Cir., 1998); United States v. Anderson, 514 F.2d
583 (7mo. Cir., 1975); United States v. Jerry, 487 F.2d
600
(3er.
Cir.,
1973);
véase,
además:
21
Am.Jur.2d.,
Criminal Law, sec. 416.
Otra excepción importante y de suma pertinencia al
caso de autos fue establecida en Ohio v. Johnson, ante,
caso que se distingue, además, por pautar la norma a los
efectos de que un acusado no tiene derecho a utilizar la
defensa contra la doble exposición como una espada para
impedir el procesamiento criminal. Ibid. a la pág. 502. En
dicho
caso
tribunal
se
acepta
estableció
una
que
si
alegación
al
de
momento
en
que
el
culpabilidad
por
un
delito menor, ya están pendientes o “pending” los cargos
por el delito mayor --a raíz de unos mismos hechos-- no
opera
la
prohibición
contra
la
doble
exposición
y
el
Estado puede continuar el procedimiento criminal por el
delito mayor. Ello en vista de que dicha aceptación por
parte del tribunal no equivale a la llamada
“absolución
implícita”
condena
que
conlleva
un
veredicto
que
al
acusado por el delito menor luego de que el jurado es
instruido a considerar tanto el delito mayor como el menor
incluido. Ibid. a las págs. 501-02. A esos efectos el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos manifestó que:
There simply has been none of the governmental
overreaching that double jeopardy is supposed to
prevent. On the other hand, ending prosecution
24
CC-2002-778
now would deny the State its right to one full
and fair opportunity to convict those who have
violated its laws. Ibid. a la pág. 502.
Por
otro
lado,
también
excepción
que
permite
al
se
Estado
ha
reconocido
continuar
un
otra
proceso
posterior por un delito aun cuando el mismo surgió de unos
hechos que previamente habían producido una sentencia de
convicción a base de una alegación de culpabilidad por
otro delito. Dicho proceder es permitido cuando el fiscal
que presentó los cargos posteriores no tiene conocimiento
--por
no
habérsele
notificado--
de
los
cargos
que
previamente se habían presentado contra el acusado y por
los cuales éste había resultado convicto. Véase: People v.
Bressette,
259
N.E.2d
592
(Ill.App.,
1970);
Edwards
v.
Commonwealth, 25 S.W.2d 746, 748 (Ky.App., 1930) A esos
efectos se ha manifestado que “a former prosecution [is
not a] bar where it was obtained by the defendant without
knowledge of the prosecuting official or aggrieved party
and for the purpose of avoiding the sentence which might
otherwise
be
imposed.”
Torcia,
Wharton’s
Criminal
Law,
ante, sec. 58 y casos allí citados (énfasis nuestro).
Esto
nos
lleva
a
otra
excepción
que
ha
sido
ampliamente reconocida y que permite procesos posteriores
por el delito mayor e inclusive por el mismo delito por el
cual
previamente
alegarse
culpable.
el
acusado
Esta
es,
ha
sido
convicto
la
comisión
de
luego
fraude,
25
CC-2002-778
connivencia o colusión en la convicción anterior.17 Cuando
estos elementos permean la convicción anterior, no aplica
la protección contra la doble exposición y la alegación de
culpabilidad hecha por el acusado se entiende carente de
todo efecto. Véase: Serfass v. United States, 420 U.S. 377
(1975); People v. Malveaux, 59 Cal.Rptr. 2d 371 (Cal.App.,
1996); People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 474 (Cal.App.,
1970);
People
v.
McDaniels,
69
P.
1006
(Cal.,
1902);
véase, además: 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses, sec.
17
Véase: Pueblo v. Rivera Ramos, ante; Taylor v.
Kincheloe, 920 F.2d 599 (9no. Cir., 1990); United States
v. Quiñones, 906 F.2d 924 (2do. Cir., 1990); People v.
Malveaux, 59 Cal.Rptr.2d 371 (Cal.App., 1996); People v.
Aleman, 667 N.E.2d 615 (Ill.App., 1996); State v. Bally,
869 S.W.2d 777 (Mo.App., 1994); Rivera v. State, 716
S.W.2d 68 (Tex.App., 1986); People v. Kurtz, 495 N.Y.S.2d
608 (N.Y.Co.Ct, 1985); People v. Warden, 477 N.Y.S.2d 332
(N.Y.App., 1984); People v. Daby, 392 N.Y.S.2d 325
(N.Y.App., 1977); State v. Nardone, 334 A.2d 208 (R.I.,
1975); Bernard v. State, 481 S.W.2d 427 (Tex.App., 1972);
People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 274 (Cal.App., 1970);
People v. Bressette, 259 N.E.2d 592 (Ill.App., 1970);
State v. Bell, 260 A.2d 849 (N.J., 1970); Hampton v.
Municipal Court, 51 Cal.Rptr. 760 (Cal.App., 1966); Kellet
v. Superior Court, 409 P.2d 206 (Cal., 1966); People v.
Lavon, 243 Cal.App.2d 644 (Cal.App., 1966); State v.
Howell, 66 S.E.2d 701 (So.Cal., 1951); Edwards v.
Commonwealth, 25 S.W.2d 746 (Ky.App., 1930); Halbert v.
State, 195 P. 504 (Okla.App., 1921); Beasley v. State, 208
S.W. 538 (Tex.App., 1917); State v. Dockery, 89 S.E. 36
(N.C., 1916); Teague v. Commonwealth, 189 S.W. 908
(Ky.App., 1916); State v. Ketchum, 167 S.W. 73 (Ark.,
1914); Richards v. State, 157 S.W. 141 (Ark., 1913); State
v. Caldwell, 66 S.W. 150, (Ark. 1902); People v. Woods, 23
P. 1119 (Cal., 1890); McFarland v. State, 32 N.W. 226
(Wis., 1887); State v. Simpson, 9 N.W.78 (Minn., 1881);
State v. Bell, 81 N.C. 591 (N.C., 1879); State v. Green,
16 Iowa 239 (1864); Supreme Court v. Reed, 26 Conn. 202
(1857); 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses, sec. 73;
Witkin & Epstein, California Criminal Law, ante, secs.
335-36; 75 A.L.R.2d. 683, sec. 4; 21 Am.Jur.2d., Criminal
Lawq, sec. 335.
26
CC-2002-778
73. A esos efectos, debe destacarse el hecho de que este
Tribunal en Pueblo v. Rivera Ramos, ante, haciéndose eco
de
la
doctrina
norteamericana,
manifestó
que
“si
la
condena anterior se obtuvo mediante fraude, connivencia o
colusión del acusado, este hecho la vicia, y no impide una
acusación posterior”. Ibid. a la pág. 622.
Una de las instancias más comunes en la que media
fraude ocurre cuando el acusado, mediante una alegación de
culpabilidad por un delito menor, procura ser procesado y
convicto
por
el
mismo
con
el
propósito
de
impedir
el
encauzamiento criminal por el delito mayor a base de los
mismos hechos. A esos efectos se ha manifestado que “[a]
defendant could not choose to plead responsible to minor
infraction and thereby evade prosecution for more serious
criminal offense.” State v. Hamrick, 428 S.E.2d 830, 834
(N.C.App., 1993). “Where defendant perpetrates fraud on
the court to obtain a conviction on a lesser charge ...
the subsequent trial of the defendant is not barred by
double jeopardy.” 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses,
sec.
73;
véase,
además:
75
A.L.R.2d.
683,
sec.4;
21
Am.Jur.2d., Criminal Law, sec. 335 y casos allí citados.
A modo de ejemplo, resulta ilustrativo el caso de
People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 274 (Cal.App., 1970) en
donde el acusado, estando pendiente la vista del caso por
el delito grave en el tribunal superior, compareció al
tribunal municipal e hizo una alegación de culpabilidad
por el delito menor de conducir temerariamente (“reckless
27
CC-2002-778
driving”). El tribunal resolvió, al amparo de la Sección
654 del Código Penal de California --de donde proviene el
Artículo 63 de nuestro Código Penal-- que en vista de que
el acusado había incurrido en fraude tratando de impedir
el procesamiento por el delito mayor no estaba protegido
contra la doble exposición.18
18
Es pertinente destacar las siguientes expresiones hechas
por el Tribunal en dicho caso:
Where the issue is multiple prosecution, the
provisions of section 654 cannot be employed to
mislead the court. Thus, if a greater violation
is concealed in order to gain 'immunity' by
prosecution for a lesser crime, section 654 will
not apply.
....
The situation with which we are presented is
this. Defendant is claiming the benefit of a
statute designed to prevent harassment by the
government of a criminally accused. Yet, here,
both prosecutions were pending prior to the trial
of either, and this was fully known to defendant,
for the preliminary hearing of the felony case
was held in his presence of June 13, three days
before his first appearance in the municipal
court on the misdemeanor charges. Defendant could
at any time have avoided any harassment by moving
for consolidation of the charges . ... This he
chose not to do.
Even after he had pleaded guilty to the reckless
driving charge on July 15, the felony prosecution
was not prohibited, for, under the statute,
successive prosecution is only prohibited after
conviction and sentence.
....
Undoubtedly, if defendant had disclosed to the
court the pendency of the felony charges, the
imminency of their trial and his purpose in
requesting that the pronouncement of judgment be
advanced on calendar, the court would have denied
the advancement and withheld pronouncement of
judgment pending trial of the felony charges.
Further,
there
is
nothing
in
the
record
indicating
that
the
district
attorney
was
(Continúa . . .)
28
CC-2002-778
Igualmente, en United States v. Quiñones, 906 F.2d
924 (2do. Cir., 1990), una vez el acusado se enteró de que
próximamente
se
iba
a
presentar
una
segunda
denuncia
imputándole un tercer delito a raíz de unos mismos hechos,
éste,
para
culpabilidad
sorpresa
del
por
delitos
los
fiscal,
hizo
menores
que
alegación
se
le
de
habían
imputado en la denuncia original. Cuando se presentó la
segunda denuncia el acusado pidió la desestimación de la
misma
contra
a
base
la
de
doble
que
se
le
estaba
exposición.
El
violando
tribunal
su
derecho
resolvió
que
“appellant’s attempt to use double jeopardy as a sword
involved
an
affirmative
misrepresentation
to
the
government by defense counsel. Under these circumstances,
we do not believe that double jeopardy principles bar the
superseding indictment.” Ibid. a la pág. 928.
Por otro lado, en State v. Bally, 869 S.W.2d 777
(Mo.App.,
1994),
se
resolvió
que
un
acusado
no
puede
utilizar la garantía contra la doble exposición como una
espada
para
alegarse
culpable
por
el
delito
menor
de
conducir en estado de embriaguez a los fines de impedir el
encauzamiento criminal posterior por el delito grave de
homicidio.
Asimismo,
en
Hampton
v.
Municipal
Court,
51
Cal.Rptr. 760 (Cal.App., 1966), se estimó que no aplicaba
________________________
notified of the advancement of the pronouncement
of
judgment
on
calendar
or
that
he
was
represented at that proceeding. Ibid. a la pág.
279 (énfasis nuestro y citas omitidas).
29
CC-2002-778
la protección contra la doble exposición ni la protección
provista en la Sección 654 del Código Penal de California.
En dicho caso la convicción del acusado por manejar sin
licencia de conducir fue obtenida por fraude cuando éste,
a
espaldas
delito
ello
del
fiscal,
con
el
se
declaró
propósito
culpable
expreso
de
por
dicho
impedir
el
encauzamiento por delito mayor. Considerando una situación
parecida a las que hemos descrito, el Tribunal Superior de
California,
en
Kellet
v.
Superior
Court,
409
P.2d
206
(Cal., 1966), entre otras cosas, sostuvo:
In such situations the risk that there may be a
waste and harassment through both a misdemeanor
and felony prosecution may be outweighed by the
risk that defendant guilty of a felony may escape
proper punishment. Accordingly, in such cases
section 654 does not bar a subsequent felony
prosecution. . . . Ibid. a la pág. 210.
En
casos
como
estos
donde
la
alegación
de
culpabilidad ha sido hecha, de manera astuta y con el fin
fraudulento de impedir ser procesado por un delito mayor
originado de la misma actuación criminal, se ha entendido
que
los
tribunales
poseen
la
facultad
de
anular
la
sentencia de convicción y restaurar los cargos originales.
Véase: People v. Kurtz, 495 N.Y.S.2d 608 (N.Y., 1985);
People v. Warden, 477 N.Y.S.2d 332 (N.Y., 1984). Ello en
vista de que una convicción obtenida por fraude es nula y
los tribunales tienen poder inherente de corregir y dejar
sin
efecto
aquellas
sentencias
criminales
obtenidas
a
través de fraude o falsa representación. Hazle-Atlas Glass
30
CC-2002-778
Co.
v.
Hartford-Empire
Co.,
322
U.S.
238,
248
(1944);
United States v. Bishop, 774 F.2d 771, 774 (7mo. Cir.,
1985); People v. Malveaux, ante.19 Siendo nula la sentencia
de convicción no habrá impedimento para que se lleve a
cabo un procedimiento posterior por todos los cargos. Esta
normativa responde al valioso principio de que “[l]egal
proceedings must be...‘not only without wrong, but above
suspicion.’”20
III
En el presente caso, no hay duda de que tanto bajo
la garantía constitucional contra la doble exposición como
bajo lo dispuesto en el Artículo 63, ante, la infracción
de la Sección 5-201 de la antigua Ley de Tránsito,21 por
imprudencia
y
negligencia
temeraria
al
conducir
un
vehículo de motor, constituye un delito menor subsumido en
el
delito
de
dar
muerte
a
una
persona
al
incurrir
en
imprudencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de
motor establecido en el Artículo 87 del Código Penal. El
19
Véase, además: State v. Caldwell, ante; People v. Woods,
ante; Supreme Court v. Reed, ante.
20
21
Véase: State v. Dockery, ante (énfasis nuestro).
Dicha infracción penalizaba a “[t]oda persona que
conduzca un vehículo de motor de manera descuidada y
atolondrada, despreciando desconsideradamente los derechos
y la seguridad de otras, o sin el debido cuidado y
circunspección, o de una manera que ponga o pueda poner en
peligro las vidas o propiedades, o que mediante el manejo
negligente de un vehículo de motor causare daño a otra
persona...” Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, sec. 5201, Leyes de Puerto Rico, pág. 468.
31
CC-2002-778
único elemento que distingue a un delito del otro lo es el
hecho
de
la
muerte
requerido
en
el
Artículo
87.
Sin
embargo, no hay duda de que al cometer el delito dispuesto
en el Artículo 87 se comete el estatuido por la Sección 5201 de la antigua Ley de Tránsito. Es por ello que de
primera
instancia
aparentan
ser
de
aplicación
las
protecciones contra la doble exposición.
También es indiscutible que en el presente caso el
juicio por el delito menor comenzó. Inclusive el mismo
culminó con una sentencia de convicción por la referida
infracción de tránsito. Dicha convicción se hizo a raíz de
una alegación de culpabilidad presentada por el acusado y
aceptada por el tribunal luego de hechas las advertencias
correspondientes. Como mencionamos previamente, una vez el
Juez aceptó la alegación de culpabilidad y dictó sentencia
a base de ella, se activó la protección contra la doble
exposición.
No obstante lo anterior, se desprende de los hechos
particulares del presente caso, no una, sino varias de las
excepciones previamente descritas que permiten al Estado
continuar el procedimiento criminal contra el acusado, no
sólo por los delitos al amparo del Artículo 87 del Código
Penal
y
el
Artículo
8.02
de
la
Ley
de
Tránsito,
sino
también por la misma infracción por la que éste se declaró
culpable.
En primer lugar, es importante notar que en el caso
de
marras
los
cargos
por
el
delito
mayor
fueron
32
CC-2002-778
presentados cuando aún no se había emitido sentencia de
convicción por el delito menor. Es por ello que aun cuando
el elemento agravante de la muerte ocurrió previo a la
convicción por el delito menor, no podemos resolver tal
como se hizo en Pueblo v. Rivera Ramos, ante, para impedir
el procesamiento por el delito mayor. En dicho caso, a
pesar de que el delito de homicidio se había configurado
antes
de
la
convicción
por
el
delito
de
agresión,
el
Estado esperó a que se dictara sentencia y se cumpliera la
misma para entonces presentar los cargos por el delito
mayor
a
base
resultaba
de
claro
los
que
mismos
aplicaba
hechos.
la
En
ese
prohibición
contexto,
contra
la
doble exposición y la defensa del concurso de delitos.
Por el contrario, en el caso de marras los cargos por
el delito mayor se presentaron a tiempo; esto es, cuando
todavía
no
había
delito
menor
había
recaído
y,
culminado
el
proceso
más
importante
aún,
una
sentencia
de
anterior
cuando
por
el
todavía
no
convicción.
Como
consecuencia, el acusado nunca estuvo sujeto al riesgo que
tanto
la
garantía
constitucional
contra
la
doble
exposición como el segundo párrafo del Artículo 63, ante,
intentan
evitar.
Por
estas
mismas
razones,
resulta
aplicable la excepción establecida en el caso de Ohio v.
Johnson, ante, a los efectos de que si al momento en que
el tribunal acepta la alegación de culpabilidad por el
delito menor ya están pendientes o “pending” los cargos
por
el
mayor,
no
opera
la
defensa
contra
la
doble
33
CC-2002-778
exposición.
Cuando
el
tribunal
aceptó
la
alegación
de
culpabilidad del acusado por la infracción de tránsito ya
se habían presentado y estaban “pending” los cargos al
amparo
del
Artículo
87,
ante.
Por
tanto,
el
proceso
criminal por dicho delito no está vedado.
Otra de las excepciones aplicables al caso de autos
es la relativa al desconocimiento del fiscal de sala de
los cargos bajo el Artículo 87 que el día anterior un
agente
de
la
policía
había
presentado
en
contra
del
acusado. No fue sino luego de dictada la sentencia de
convicción
que
éste
información
que
obtuvo
después
que
se
de
inmediatamente
sucedido
y
se
se
enteró
de
unos
de
lo
testigos
dictara
sentencia.
dirigió
al
solicitó
la
acontecido,
Juez
Fue
para
reconsideración
de
pocos
por
minutos
entonces
que
informarle
lo
la
sentencia
recientemente dictada.
Por otro lado, y lamentable por demás, resulta ser la
situación de que, en el presente caso, la actuación de la
defensa -–denominada por ella misma como “astuta”—- raya
en lo fraudulento. La “estrategia” de la defensa al hacer
una alegación de culpabilidad a sabiendas de que el día
anterior se habían presentado cargos por un delito mayor
originado por los mismos hechos, y de que el fiscal y el
juez desconocían de ello22, es a todas luces inapropiada.
22
Es importante recordar que los cargos por el delito
mayor no fueron radicados por el fiscal que representó al
Estado en el juicio en que el acusado hizo alegación de
(Continúa . . .)
34
CC-2002-778
A ello se le une el agravante de que la defensa ni
siquiera informó al fiscal y, peor aún, al juez, de lo
ocurrido
el
día
anterior.
claramente
la
intención
de
Dicha
la
actuación
defensa
de
denota
manipular
el
procedimiento criminal a su conveniencia con la intención
de
crear
un
obstáculo
para
impedir
el
encauzamiento
criminal por los cargos que se radicaron el día anterior
al juicio por la infracción de tránsito. Intentó utilizar
la defensa de la doble exposición como espada para impedir
el procedimiento criminal. Como consecuencia, aplica la
norma discutida a los efectos de que cuando un acusado
intenta diversas estratagemas para que se dicte sentencia
en el caso menos grave con el fin de argumentar luego que
ello impide un juicio posterior por el delito grave, éste
no
estará
amparado
por
la
protección
que
ofrece
la
garantía contra la doble exposición ni por la provista por
el Artículo 63 en su segundo párrafo. People v. Hartfield,
ante; Kellet v. Superior Court, ante.
En este contexto, resulta aplicable al presente caso
lo expresado en Pueblo v. Nieves Santana, 63 D.P.R. 532
(1944), a los efectos de que:
________________________
culpabilidad, sino que éstos fueron presentados por un
agente de la policía. Además, el Juez que presidió el
juicio por la infracción de tránsito no fue el mismo que
presidió la vista de determinación de causa probable por
el arresto del acusado bajo el delito dispuesto en el
Artículo 87. Por otro lado, ningún representante del
ministerio público estuvo presente en la referida vista
determinación de causa probable.
35
CC-2002-778
[E]l abogado del apelado admitió en la vista oral
que él no informó al juez de la corte municipal
al celebrarse el juicio por acometimiento y
agresión grave en cuanto al hecho de que se había
radicado una acusación por el delito de asesinato
en la corte de distrito. Consideramos que sin
faltar a sus deberes para con el acusado, como
funcionario de la corte debió haberlo hecho.
Ibid. a la pág. 535 (énfasis nuestro).
La defensa del acusado, previo a someter la alegación
de
culpabilidad
informarle
al
por
la
tribunal
infracción
que
el
de
día
tránsito,
anterior
se
debió
habían
presentado en contra del acusado nuevos cargos a base de
los
mismos
hechos
y
que
se
había
determinado
causa
probable para el arresto en cuanto a éstos. Al así no
hacerlo, indujo al tribunal a error y permitió que el
mismo
emitiera
una
sentencia
sin
tener
conocimiento
de
todos los elementos necesarios para emitir una decisión
informada. Incluso, ocasionó que, posteriormente, cuando
el
tribunal
advino
en
conocimiento
de
lo
ocurrido,
procediera a dejar sin efecto la referida sentencia. Ahora
no puede la defensa del acusado quejarse de una situación
que ella misma creó.
Al
actuar
de
este
modo
la
defensa
del
acusado
incumplió con los deberes de sinceridad y honradez que lo
obligan a no “utilizar medios que sean inconsistentes con
la verdad” y que le prohíben “inducir al juzgador a error
utilizando artificios o una falsa representación de los
hechos...” Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap.IX C.35; véase, además: In re Díaz Ortiz, res.
36
CC-2002-778
el 29 de febrero de 2000, 2000 TSPR 53; Colón v. J.C.A.,
res. el 25 de junio de 1999, 99 TSPR 118; In re Parrilla,
145 D.P.R. 536 (1998). El deber de desempeñarse capaz y
diligentemente no significa que un abogado pueda realizar
cualquier acto que le sea conveniente con el propósito de
triunfar
en
la
causa
del
cliente,
pues
la
misión
del
abogado no le permite que en defensa de un cliente viole
la ley ni cometa un engaño. Véase: In re Díaz Ortiz, ante.
A
tenor
con
lo
antes
expuesto,
resulta
forzoso
concluir que la actuación de la defensa ejemplifica el
tipo
de
conducta
fraudulenta
que,
conforme
a
la
norma
esbozada, no impide al Estado continuar los procedimientos
por
todos
los
cargos
que
se
le
imputaron
al
acusado,
inclusive por la infracción a la Sección 5-201 por el cual
éste
se
había
declarado
culpable.
No
hay
duda,
en
consecuencia, que el tribunal de instancia, dentro de su
facultad
amparo
de
de
reconsiderar
las
sus
fallos
disposiciones
de
y
la
sentencias,
al
Regla
de
216
Procedimiento Criminal,23 actuó correctamente al dejar sin
efecto
tanto
la
alegación
de
culpabilidad
como
la
sentencia de convicción. Dicho proceder, y la continuación
de los procedimientos consolidados por los tres cargos que
se presentaron contra el acusado, en las circunstancias
del presente caso, no somete a éste a doble exposición ni
23
Véase: 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 216; Pueblo v. Valdés
Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996).
37
CC-2002-778
infringe el segundo párrafo del Artículo 63 sobre concurso
de delitos.24
Por último, debemos recordarle al abogado defensor
del
recurrido
deportiva
que
para
el
proceso
determinar
criminal
no
es
mejor
cuál
el
es
lidia
de
los
gladiadores. Los tribunales de justicia no existen para
dilucidar
competencias
ni
batallas
de
talento
entre
abogados y fiscales, sino que su propósito cardinal es el
descubrimiento de la verdad.25 Es por ello que ante el
Tribunal hay que acudir con las manos limpias y el que
triunfe debe ser aquel a quien le asista la razón; y no el
que pretenda o resulte ser el más listo o el más “astuto”.
No
olvidemos
que
“[t]an
malo
es
la
ventaja
hacia
el
Ministerio Fiscal como hacia la defensa. ‘La justicia debe
ser
igual
para
todos.’”
Pueblo
v.
Guzmán
Camacho,
116
24
Resulta importante destacar las expresiones de este
Tribunal en Pueblo v. Ruiz González, 66 D.P.R. 198 (1946),
cuando manifestó:
No erró la corte inferior al declarar sin lugar
la defensa de exposición anterior. La resolución
del Juez... dejando sin efecto la alegación de
culpabilidad y la convicción del acusado fue en
efecto una declaración de nulidad de todo lo
actuado y la concesión de un nuevo juicio. Los
derechos substanciales del acusado no fueron
afectados en modo alguno y quedaron debidamente
protegidos.
Ibid.
a
la
pág.
201
(énfasis
nuestro).
25
Véase: Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 D.P.R. 777, 791
(1999); Pueblo v. Morales Rivera, 118 D.P.R. 155, 160
(1986); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743
(1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116, 126
(1965); Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73
D.P.R. 451, 461 (1952).
38
CC-2002-778
D.P.R. 34, 38 (1985); Pueblo v. García, 32 D.P.R. 727, 731
(1924).
IV
En mérito de lo antes expuesto se revoca la actuación
del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en el presente
caso, y se devuelven los autos al Tribunal de Primera
Instancia
para
que
continúen
los
procedimientos
conformidad con lo aquí dispuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Presidente Interino
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2002-778
CERTIORARI
Aris S. Santiago Pérez
Acusado-recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2003
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
en el presente caso, devolviéndose el caso al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación
de los procedimientos de conformidad con lo aquí
dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza
Asociada señora Naveira de Rodón concurre en el
resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado
señor Hernández Denton concurre con el resultado de
la Opinión emitida por el Tribunal por entender que,
de acuerdo a las circunstancias particulares de este
caso, la sentencia previa se obtuvo mediante
connivencia del acusado, lo cual impide que se
invoque la garantía constitucional contra la doble
exposición. No obstante, no comparte el criterio
mayoritario de que en este caso son también
aplicables otras excepciones a la referida doctrina,
las cuales permitirían al Estado continuar con un
segundo procedimiento criminal por los mismos
hechos.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo