LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. V. ARIS S. SANTIAGO PEREZ

2003 TSPR 161

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE P.R. V. ARIS S. SANTIAGO PEREZ

CC-2002-0778

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2003 TSPR 161

Aris S. Santiago Pérez

160 DPR ____

Acusado-recurrido

Número del Caso: CC-2002-778

Fecha: 10 de noviembre de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Oficina del Procurador General:

Lcda. Eva S. Soto Castelló

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José F. Aguayo Díaz

Materia: Sección 5-201

Tránsito

de

la

derogada Ley de Vehículos y

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2002-778

CERTIORARI

Aris S. Santiago Pérez

Acusado-recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2003

El 13 de agosto de 2000 ocurrió un accidente

de tránsito entre un automóvil conducido por Aris

S.

Santiago

Martínez

Pérez

Díaz

en

y

otro

conducido

por

Rafael

el

cual

resultaron

lesionados

este último y la señora Viviana Torres Sandoval. A

raíz del mismo, el 12 de enero de 2001 el agente

de la policía Carlos L. Ortiz Colón presentó un

proyecto de denuncia1 ante el Tribunal de Primera

1

En lo aquí pertinente la referida denuncia leía

de la siguiente manera:

Aris S. Santiago Pérez . . . ilegalmente

mientras

conducía

el

vehículo

marca

Toyota, modelo Four Runner . . . en

3

CC-2002-778

Instancia,

Sala

Superior

de

San

Juan,

contra

Aris

S.

Santiago Pérez por negligencia temeraria al conducir un

vehículo

de

contenidas

motor

en

la

Sección

en

violación

5-201

de

de

las

la

disposiciones

antigua

Ley

de

Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960,

9 L.P.R.A. sec. 871.2

Ese mismo día, y en presencia del

recurrido Santiago Pérez, se determinó causa probable para

el arresto por la referida infracción, citándosele para la

celebración del juicio.

Luego

para

de

juicio

varias

el

16

de

suspensiones,

marzo

de

el

2001,

caso

fue

vista

a

llamado

la

cual

comparecieron el imputado, acompañado por su abogado, y la

fiscal Damaris Torres, en representación del ministerio

público. Al inicio de la misma, la defensa informó en

corte abierta que, durante el mes de enero, una de las

dirección de norte a sur por la Carretera 176

intersección con la Carretera 177, Cupey, Río

Piedras, que es una vía pública de Puerto Rico,

lo hacía con voluntario y malicioso desprecio por

la seguridad de vidas y propiedades consistente

en que al llegar al lugar de los hechos éste

revasó [sic] la luz del semáforo roja . . . dando

lugar a que por tal descuido y negligencia

impactara con la parte delantera a la parte

lateral derecha del vehículo marca Mazda, modelo

Protege . . . el cual transitaba en dirección de

oeste a este, siendo conducido por Rafael

Martínez Díaz. Resultó lesionada la Sra. Viviana

Torres Sandoval. . . . Véase, Petición de

Certiorari, Anejo II, pág. 15.

2

Como es sabido, la antigua Ley de Vehículos y Tránsito

fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 22 de 7 de

enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq., la cual entró

en vigor un año después de su aprobación.

4

CC-2002-778

víctimas

del

accidente

automovilístico,

el

Sr.

Rafael

Martínez Díaz, había fallecido como consecuencia de las

lesiones

sufridas

ministerio

público

en

el

mismo.3

solicitó

del

En

virtud

de

tribunal

un

ello

el

tiempo

adicional para revaluar el caso y determinar el curso a

seguir. El tribunal de instancia accedió a esta petición y

suspendió la vista, reseñalándola para otro día. En ese

nuevo señalamiento comparecieron el recurrido, junto a su

abogado, y los fiscales Lizette Sánchez y Harry Mansanet.

Estos últimos informaron al tribunal que solicitarían la

exhumación del cadáver por lo que dicho foro suspendió el

acto del juicio, reseñalando el mismo.

El 27 de junio de 2001 el agente Carlos L. Ortiz

Colón radicó otras dos denuncias contra el aquí recurrido

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan, relacionadas las mismas al accidente ocurrido el

13 de agosto de 2000. En una de ellas se le imputó una

infracción al Artículo 8.02 (rebasar una luz roja) de la

nueva Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 de

enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 52224 y, en la otra, se le

imputó el delito de dar muerte a una persona al incurrir

en imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo

de motor al amparo del Artículo 87 del Código Penal de

3

Es menester señalar que el occiso estuvo hospitalizado

antes de morir.

4

La misma es equivalente a la Sección 1071 de la antigua

Ley de Tránsito.

5

CC-2002-778

Puerto

Rico,

33

L.P.R.A.

sec.

tribunal

determinó

causa

relación

a

infracciones,

ambas

4006.

probable

Ese

para

ello

mismo

día

el

arresto

con

presencia

del

el

en

imputado y su abogado. En dicha vista no estuvo presente

ninguna

persona

en

representación

del

Estado.

Específicamente, en cuanto a la imputación bajo la Sección

8.02 de la Ley de Tránsito, el tribunal señaló vista para

el 18 de julio 2001 y en cuanto a la referente al Artículo

87 del Código Penal, dicho foro citó al imputado para la

correspondiente vista preliminar que establece la Regla 23

de Procedimiento Criminal.

Al día siguiente, esto es, el 28 de junio de 2001

se

llamó el caso para juicio relacionado a la violación de la

Sección 5-201 de la antigua Ley de Tránsito. El Estado

estaba

representado

Maricarmen

Rodríguez.

en

El

dicha

vista

recurrido,

por

a

la

través

Fiscal

de

su

representación legal, hizo alegación de culpabilidad por

la

referida

infracción.

El

juez

que

presidió

los

procedimientos5, en atención a lo dispuesto en la Regla 70

de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II R.70,

le

hizo

al

recurrido

las

correspondientes

advertencias

legales y luego de entender que la alegación fue hecha

libre y voluntariamente, la aceptó. Como consecuencia, el

tribunal emitió un fallo condenatorio en

5

su contra y

Dicho juez fue uno distinto al que presidió la vista de

determinación de causa probable para el arresto el día

anterior.

6

CC-2002-778

dictó

sentencia

imponiéndole

el

pago

de

una

multa

de

ciento cincuenta dólares ($150.00).

Luego de dictada la referida sentencia el recurrido y

su

abogado

cuestión

abandonaron

de

segundos

la

la

Sala

apresuradamente.

Fiscal

Rodríguez

En

solicitó

dirigirse nuevamente al tribunal e informó que acababa de

enterarse,

testigos,

por

que

una

el

conversación

día

que

se

anterior

tuvo

había

con

unos

radicado

una

denuncia contra el recurrido por violación al Artículo 87

del Código Penal y que se había determinado causa probable

para

el

arresto

con

relación

al

mismo.

Solicitó

del

tribunal que, ante este cuadro fáctico, reconsiderara el

dictamen que minutos atrás emitiera y dejara sin efecto la

sentencia. El tribunal ordenó que se citara al imputado y

a su representante legal para la celebración de una vista

a

los

fines

de

discutir

la

solicitud

del

ministerio

público. Asimismo, ordenó a la Secretaría del Tribunal que

no aceptara el pago de la multa.

El 14 de agosto de 2001 se celebró la vista señalada

para dilucidar la moción de reconsideración. En la misma

el ministerio público reiteró lo solicitado en su moción a

los

efectos

de

que

el

tribunal

dejara

sin

efecto

la

alegación de culpabilidad y la sentencia. Arguyó que el

propósito

del

culpabilidad,

imputado,

era

evadir

al

hacer

la

ser

procesado

alegación

con

relación

de

al

Artículo 87 del Código Penal pues se trataba de un delito

grave e intentaba levantar la defensa de doble exposición

7

CC-2002-778

en

cuanto

a

este

último.

Por

otro

lado,

la

defensa

manifestó que el ministerio público pretendía dilucidar el

asunto referente a la doble exposición en dicha vista y

que

ello

era

alegación

improcedente.

de

Aseguró

culpabilidad

no

que

al

hacer

había

la

actuado

fraudulentamente, sino que “actuó en forma astuta”.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes el

tribunal de instancia, mediante resolución de 28 de agosto

de 2001, procedió a dejar sin efecto la aceptación de la

alegación de culpabilidad y la imposición de sentencia;

además,

ordenó

la

continuación

de

los

procedimientos

señalando vista para el 11 de octubre.6

Inconforme con dicho dictamen, Santiago Pérez acudió

vía certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

alegando, en síntesis, que el foro de instancia no tenía

autoridad en Derecho para dejar sin efecto una sentencia

válidamente

emitida

ni

para

retirar

una

alegación

de

culpabilidad luego de haberla aceptado. Arguyó que al así

actuar

se

violó

la

protección

que

tiene

todo

acusado

contra la doble exposición.

6

Es menester señalar, que el 26 de octubre de 2001 el

tribunal de instancia declaró “ha lugar” una moción

presentada por el Ministerio Público al amparo de la Regla

89 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,

R.

89,

solicitando

la

consolidación

de

los

casos

referentes a las infracciones a las Secciones 5-201 y 8.02

de la Ley de Tránsito con el caso instado al amparo del

Artículo 87 del Código Penal en el cual se había pautado

juicio para el 9 de noviembre de 2001.

8

CC-2002-778

Mediante

sentencia

emitida

el

19

de

septiembre

y

archivada en autos el 24 de septiembre del 2002 el foro

apelativo intermedio revocó la resolución emitida por el

foro primario y ordenó la restitución de la sentencia de

28 de junio de 2001 que le fue impuesta al recurrido.

Inconforme

con

la

actuación

del

tribunal

apelativo

intermedio, el Estado acudió --vía certiorari-- ante este

Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia emitida

por el tribunal apelativo debido a que dicho foro incidió:

... al revocar la Resolución del Tribunal de

Instancia mediante la cual dejó sin efecto una

sentencia condenatoria por una infracción menor a

la Ley de Vehículos y Tránsito, dictada tras

alegación de culpabilidad, al percatarse ese

mismo día que el recurrido y su abogado le

ocultaron que por los mismos hechos, el día

anterior a la vista de alegación de culpabilidad,

se había determinado causa probable para arresto

o citación en su contra por el delito grave de

imprudencia

crasa

o

temeraria

ya

que

el

perjudicado había fallecido tiempo después del

accidente que originó esta denuncia.

El

25

de

noviembre

de

2002

expedimos

el

recurso.

Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando

en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a

así hacerlo.

I

Un

principio

puertorriqueño

es

que

básico

del

acervo

ninguna

persona

será

jurídico

puesta

en

riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito.

Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964); Pueblo v.

9

CC-2002-778

Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963). Dicho principio emana

de

varias

fuentes,

a

saber:

de

dos

garantías

constitucionales, la Quinta Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos y la Sección 11 de la Carta de Derechos

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico; de una disposición estatutaria, el Artículo 63 del

Código Penal de Puerto Rico; y también está contenida en

una regla procesal criminal como fundamento que permite la

desestimación de una denuncia o acusación, Regla 64(e) de

las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64.7

Por otro lado, la Quinta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos dispone que “no person shall be

subject for the same offence to be twice put in jeopardy

of life or limb.” Esta protección constituye un derecho

fundamental aplicable a los Estados de la unión americana

7

La referida Regla reza, en lo pertinente, de la siguiente

manera:

La moción para desestimar la acusación o la

denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo

podrá basarse en uno o más de los siguientes

fundamentos:

...

(e) Que el acusado ha sido convicto, o ha estado

expuesto a serlo, o ha sido absuelto. . . .

Por otro lado, resulta pertinente destacar lo

dispuesto en el Artículo 6 del Código de Enjuiciamiento

Criminal de 1935 a los efectos de que “[n]inguna persona

podrá ser procesada por segunda vez por un delito público,

después de haber sido ya condenada o absuelta por el mismo

delito.” 34 L.P.R.A. sec. 6.

10

CC-2002-778

y a Puerto Rico a través de la Decimocuarta Enmienda.8 Lugo

Figueroa v. Tribunal, 99 D.P.R. 244, 247 (1970); Benton v.

Maryland,

395

U.S.

784

(1969).9

Nuestra

Asamblea

Constituyente consagró esta garantía en la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al disponer que

“[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces

por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, L.P.R.A. Tomo 1.

El propósito de esta disposición constitucional es

evitar que el Estado, con todos sus recursos y poderes,

abuse

de

su

autoridad

y

múltiples

procedimientos

convicción

por

delictiva.

Así

la

hostigue

intentando

comisión

también,

lo

a

un

ciudadano

con

conseguir

su

de

una

misma

protege

de

vivir

conducta

ansioso

e

8

En 1917 el Congreso de los Estados Unidos extendió a

Puerto Rico la garantía contra la doble exposición a

través del Artículo 2 de la Segunda Ley Orgánica, Acta

Jones, 39 Stat. 951 (1917), basado éste, a su vez, en la

Quinta Enmienda federal. En el informe de la Comisión de

Derechos Civiles de la Convención Constituyente de Puerto

Rico se indicó que la intención al incorporar la Sección

11 del Artículo 2 en nuestra Carta de Derechos era

asegurar a nuestros ciudadanos los mismos derechos que se

habían consagrado bajo el Derecho común. Allí se dijo que

dicha “sección contiene las garantías que protegen al

acusado en el derecho común. Se expresan en la forma

tradicional para incorporar así el significado jurídico

que han adquirido en las interpretaciones judiciales.”

Véase, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente

2568-69 (1961). Por tanto, el derecho angloamericano es

particularmente relevante para interpretar la cláusula que

nos ocupa aunque, claro está, no determina la extensión

total de este derecho en nuestra sociedad.

9

En vista de ello la misma provee el contenido mínimo

permisible de protección que los estados y Puerto Rico

deben garantizarle a sus ciudadanos. E.L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Forum, 1992, V. II, pág. 349.

11

CC-2002-778

inseguro en la incertidumbre de que, aun siendo inocente,

pueda ser encontrado culpable en cualquier ocasión. Por

otro

lado,

evita

que

el

Estado

tenga

una

segunda

oportunidad para presentar prueba y tome ventaja sobre lo

aprendido en el primer juicio en cuanto a las fortalezas

del caso de la defensa y las debilidades de su propio

caso.10

La garantía constitucional contra la doble exposición

protege al ciudadano en cuatro instancias; a saber: (i)

contra ulterior exposición tras absolución por la misma

ofensa; (ii) contra ulterior exposición tras convicción

por la misma ofensa; (iii) contra ulterior exposición tras

exposición

anterior

por

la

misma

ofensa

(tras

haber

comenzado el juicio, que no culminó ni en absolución ni

convicción); y (iv) contra castigos múltiples por la misma

ofensa. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568-69

(1990); Ohio v. Johnson, 467 U.S. 493, 498 (1980); Brown

v.

Ohio,

432

U.S.

161,

165

(1977);

North

Carolina

v.

Pearce, 395 U.S. 711, 717 (1969); Wade v. Hunter 336 U.S.

10

Véase: Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568

(1990); Plard v. Tribunal, 101 D.P.R. 444, 448 (1973);

United States v. DiFrancesco, 449 U.S. 117, 128 (1980);

Burks v. United States, 437 U.S. 1, 16 (1978); Green v.

United States, 355 U.S. 184, 187-88 (1957); O.E. Resumil,

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal,

New Hampshire, Ed. Butterworth Legal Publishers, 1993, T.

2, pág. 285.

12

CC-2002-778

684

(1949).11

múltiples,

Esto

sino

es,

protege

también

no

contra

sólo

contra

procesos

castigos

múltiples

o

sucesivos.

Son varios los requisitos que deben ser satisfechos

para poder invocar la cláusula contra la doble exposición.

En primer lugar, el procedimiento y la sanción a la que

esté sujeto el individuo deben ser de naturaleza criminal

o conllevar el estigma o privación de libertad o propiedad

que caracterizan al procedimiento criminal. United States

v. Halper, 490 U.S. 435 (1989); Resumil, Práctica Jurídica

de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed.

Butterworth Legal Publishers, 1993, T. 2, pág. 287; Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de Estados

Unidos, ante, pág. 350. Es preciso, además, que el juicio

se haya iniciado o celebrado,12 que se efectúe bajo un

pliego

acusatorio

válido

y

en

un

tribunal

con

jurisdicción. Pueblo v. Martínez Torres, ante, a la pág.

568. Por último, tiene que existir un segundo proceso en

el

cual

se

pretenda

procesar

al

acusado

por

la

misma

11

Véase,

además:

5

LaFave,

Israel

King,

Criminal

Procedure, 2da. ed., 1999, Sec. 25.1(b), pág. 632; Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de Estados

Unidos, ante, pág. 354.

12

Sabido es que el juicio se entiende comenzado cuando se

le toma el juramento definitivo al jurado en caso de

juicio por jurado o cuando se le toma el juramento al

primer testigo cuando se trata de juicio por tribunal de

derecho. Pueblo v. Martínez Torres, ante, a la pág. 568

citando a Dora Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal

Penal Puertorriqueño, 3ra.ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst.

Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 113.

13

CC-2002-778

conducta delictiva por la cual ya fue convicto, absuelto o

expuesto. Véase: Pueblo v. Martínez Torres, ante.

El

requisito

principal

para

la

aplicación

de

esta

garantía es, precisamente, que el segundo proceso se trate

de la misma conducta delictiva. Ahora bien, este concepto

se ha extendido para proveer protección contra procesos

múltiples aun cuando el segundo proceso se refiera a un

delito mayor o a un delito menor incluido en el que se le

imputó al acusado en el primer proceso. Véase: Brown v.

Ohio, ante; Pueblo v. Rivera Ramos 88 D.P.R. 612 (1963);

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de

Estados

Unidos,

ante,

págs.

391-95;

Resumil,

Práctica

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, ante, a

la

pág.

311-13;

61

A.L.R.2d

1141-1216.

A

esos

efectos

hemos sostenido que:

Para considerar si un delito está subsumido en

otro ... el delito menor debe estar comprendido

en el imputado, y los hechos expuestos para

describir la comisión del delito mayor deben

contener las alegaciones que son esenciales para

constituir una imputación por el menor. Si el

delito mayor incluye todos los elementos de hecho

y los requeridos por la ley en relación con el

menor, el mayor incluye al menor; pero si el

delito

menor

requiere

algún

otro

elemento

indispensable que no es parte del delito mayor,

entonces el menor no está comprendido en el

mayor. Es decir, el análisis para decidir si un

delito está incluido en otro, consiste en

determinar

si

la

comisión

del

primero

necesariamente conlleva la comisión del segundo.13

13

Véase: Pueblo v. Rivera Ortiz, res. el 2 de marzo de

2000, 2000 TSPR 36; Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 D.P.R.

1064, 1071 (1993).

14

CC-2002-778

Por

otra

parte,

constitucionales

antes

jurídico

una

provee

además

de

descritas,

protección

las

nuestro

garantías

ordenamiento

adicional

mediante

el

Artículo 63 del Código Penal de Puerto Rico referente al

concurso de delitos. El mismo dispone en lo pertinente

que:

[U]n acto u omisión penable de distintos modos

por

diferentes

disposiciones

penales,

podrá

castigarse con arreglo a cualquiera de dichas

disposiciones pero en ningún caso bajo más de

una.

La absolución o convicción y sentencia bajo

alguna de ellas impedirá todo procedimiento

judicial por el mismo acto u omisión, bajo

cualquiera de las demás. 33 L.P.R.A. sec. 3321

(énfasis nuestro).14

De

primer

la

lectura

párrafo,

multiplicidad

de

del

esta

mismo

se

disposición

castigos

desprende

de

cuando

ley

la

que,

en

su

proscribe

la

misma

conducta

infringe más de una disposición penal. Pueblo v. Feliciano

Hernández, 113 D.P.R. 371, 374 (1982); Pueblo v. Millán

Meléndez,

prohíbe

110

la

D.P.R.

acusación,

171,

177

(1980).

procesamiento

y

Ahora

bien,

convicción

en

no

un

mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto

u omisión. Ibid. Por otro lado, en su segundo párrafo

protege

contra

procesos

múltiples

tras

absolución

o

convicción. Véase, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y de Estados Unidos, ante, pág. 364. En

14

Este Artículo procede del Artículo 44 del Código Penal

de 1937, el cual, a su vez, proviene del Artículo 654 del

Código Penal de California.

15

CC-2002-778

síntesis,

prohíbe:

(i)

la

ulterior

exposición

tras

absolución por el mismo acto u omisión; (ii) la ulterior

exposición tras convicción por el mismo acto u omisión y

(iii) la imposición de castigos múltiples por el mismo

acto u omisión. Ibid., a la pág. 365.

Hemos

estatutaria

reconocido,

al

beneficiosa

amparo

para

constitucional.

además,

del

el

Ello

que

Artículo

ciudadano

porque

en

la

protección

63

resulta

que

la

dicho

Artículo

ser

más

garantía

se

hace

referencia a “un mismo acto u omisión” en vez de a un

“mismo

delito

u

ofensa”.

A

esos

efectos

expresamos

en

González Zayas v. Tribunal, 100 D.P.R. 136 (1971) que:

Esta disposición tiene un alcance mayor que el de

proteger a un acusado de la doble exposición que

veda la Constitución del Estado Libre Asociado,

sino que lo protege de que por un solo acto

punible se le castigue más de una vez. No debe

confundirse con la garantía constitucional.

...

[S]e evita además que pueda hostigársele y

perseguírsele, acusándolo de distintos delitos,

luego de haber sido ya procesado por uno, en

circunstancias en que no procede la defensa de

exposición anterior por tratarse de delitos

distintos.

Ibid.

a

las

pág.

140

(énfasis

nuestro).

De este modo, tenemos que a los fines de determinar

si

aplica

la

defensa

de

concurso

de

delitos

hay

que

atender a la unicidad del acto. Véase: Pueblo v. Meléndez

Cartagena, ante, a las págs. 344-45. Esto es, cuando una

misma

actuación

infrinja

simultáneamente

varias

disposiciones legales aplicará la protección de concurso

de delitos. Como consecuencia, en caso de que el ciudadano

16

CC-2002-778

sólo sea acusado al amparo de una o algunas de ellas y

salga

absuelto

o

convicto

de

éstas,

el

Estado

estará

vedado de iniciar un proceso posterior contra el acusado

por otros delitos que hayan surgido a raíz de la misma

actuación u omisión.

Asimismo hemos sostenido que el “acto u omisión” al

que allí se hace referencia no sólo comprende un acto

físico

único,

circunstancias,

un

sino

también,

mismo

curso

de

en

determinadas

acción.

Tampoco

se

limita a delitos que estén incluidos o que sean parte o

ingrediente de otros. Pueblo v. Meléndez Cartagena, ante,

a la pág. 345 y casos allí citados; González Zayas v.

Tribunal, ante, a las págs. 143-44.

Expresados

estos

conceptos

generales,

pasamos

a

examinar la controversia de autos.

II

En el presente caso, el recurrido, a sabiendas de que

el día anterior se había determinado causa probable para

el arresto en virtud de una denuncia presentada en su

contra bajo el Artículo 87 del Código Penal y que, tanto

el juez que presidía, como el fiscal que estaba presente

en el juicio por la infracción de la Sección 5-201 de la

antigua

Ley

de

Tránsito

desconocían

ese

hecho,

“astutamente”, en palabras de su abogado defensor, hizo

alegación de culpabilidad por dicha infracción y obtuvo

una

sentencia

de

convicción.

Ahora

se

queja

de

la

17

CC-2002-778

actuación del tribunal de instancia al dejar sin efecto la

referida sentencia y al ordenar la continuación de los

procedimientos

al

amparo

de

esta

misma

infracción

de

tránsito; proceso que posteriormente fue consolidado con

los

casos

instados

contra

el

acusado,

por

los

mismos

hechos, bajo el Artículo 87, ante, y el Artículo 8.02 de

la nueva Ley de Tránsito. El recurrido arguye que dicho

proceder tiene el efecto de exponerlo a procesos múltiples

en violación a su derecho a no ser expuesto dos veces a

ser juzgado y castigado por el mismo delito.

Como mencionamos previamente, una de las instancias

en que opera la protección contra la doble exposición y el

concurso de delitos es cuando el primer proceso culmina en

convicción.

En

el

presente

caso,

en

efecto,

hubo

una

el

acusado

por

la

Ley

de

sentencia

de

convicción

contra

infracción

de

la

5-201

Sección

de

la

antigua

Tránsito. Ahora bien, la misma no se produjo luego de un

desfile de prueba en un juicio ordinario, sino que estuvo

apoyada en una alegación de culpabilidad proferida por el

acusado al inicio del juicio.

Procede

que

nos

cuestionemos,

en

primer

lugar,

si

dentro de este contexto se activó la protección contra la

doble exposición. En caso de contestar dicha interrogante

en la afirmativa, habría que resolver, en segundo término,

si en las circunstancias particulares del presente caso,

el Estado está impedido de proseguir con el procesamiento

18

CC-2002-778

del acusado por las infracciones penales que le fueron

imputadas.

A

Sabido es que al emitir una alegación de culpabilidad

el

acusado

no

sólo

afirma

haber

realizado

los

actos

descritos en la denuncia en su contra, sino que, además,

acepta y admite que es culpable del delito objeto de su

alegación.

United

States

v.

Broce,

488

U.S.

563,

570

(1989). Como consecuencia de lo anterior, se ha entendido

que

una

alegación

de

culpabilidad

constituye

una

convicción en sí misma con carácter concluyente que no le

deja al tribunal más por hacer que no sea emitir el fallo

y la sentencia. Kercheval v. United States, 274 U.S. 220,

223 (1927); véase, además: Morris v. Reynolds, 264 F.3d

38, 48-49 (2do. Cir., 2001); United States v. Smith, 912

F.2d 322, 324-25 (9no. Cir., 1990); C. Torcia, Wharton’s

Criminal

Procedure,

13ma.

ed.,

New

York,

Ed.

Lawyers

Cooperative Publishing, 1990, Vol. 2, sec. 311, pág. 344.

A esos efectos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

ha

expresado

que

“[a]

plea

of

guilty

and

the

ensuing

conviction comprehend all the factual elements necessary

to sustain a binding, final judgment of guilt and a lawful

sentence” United States v. Broce, ante, a la pág. 569.

En

vista

de

que

una

convicción

basada

en

la

aceptación del tribunal de una alegación de culpabilidad

conlleva

las

mismas

consecuencias

que

un

veredicto

de

19

CC-2002-778

culpabilidad

emitido

por

un

jurado

o

que

un

fallo

condenatorio de un juez, se ha resuelto que la protección

contra la doble exposición se activa o “attaches” una vez

el tribunal acepta la alegación de culpabilidad y dicta

sentencia

a

base

alegación

de

de

ella.15

culpabilidad

Esto

es

así

ya

que

una

tiene

el

efecto

de

una

convicción por el delito objeto de la alegación. United

States

v.

Smith,

ante,

a

la

pág.

324.

Cónsono

con

lo

anterior, se ha sostenido como norma general que “a former

conviction on a plea of guilty is generally sufficient to

sustain

a

defense

of

double

jeopardy

in

a

subsequent

prosecution for the same offense”. 75 A.L.R.2d 683 sec. 3;

véase, además: Kring v. State of Missouri; 107 U.S. 221

(1883); Grady v. Corbin, 495 U.S. 508 (1990); U.S. v.

Jerry,

487

F.2d

600

(3er.

Cir.,

1973);

21

Am.Jur.2d

Criminal Law, sec. 320. Por tanto, una vez un acusado es

convicto

por

un

delito

a

base

de

una

alegación

de

culpabilidad el Estado queda impedido, como norma general,

de volverlo a encauzar criminalmente

15

por dicho delito.

Véase: United States v. Santiago Soto, 825 F.2d 616, 618

(1er. Cir., 1987); Morris v. Reynolds, ante, a la pág. 49;

United States v. Fransaw, 810 F.2d 518, 523 (5to. Cir.,

1987); United States v. Bearden, 274 F.3d 1031, 1036 (6to.

Cir., 2001); Bally v. Kemna, 65 F.3d 104 (8vo. Cir.,

1995); United States v. Smith, ante, a la pág. 324; United

States v. Combs, 634 F.2d 1295 (10mo. Cir., 1980); United

States v. Baggett, 901 F.2d 1546, 1548 (11mo. Cir., 1990);

LaFave, Israel & King, Criminal Procedure, ante, sec.

25.1(d), pág. 642; Torcia, Wharton’s Criminal Law,

15ta.ed., sec. 57; Witkin & Epstein, California Criminal

Law, 2d.ed., California,

Bancroft-Whitney, 1988, Vol. 1,

sec. 302, pág. 347; 75 A.L.R.2d. 683, sec. 2; 21

Am.Jur.2d, Criminal Law, sec. 337, pág. 387.

20

CC-2002-778

Como

señalamos

anteriormente,

la

convicción

o

absolución en un primer proceso por un delito menor impide

un proceso criminal posterior por el delito mayor. Brown

v. Ohio, ante; Pueblo v. Rivera Ramos, ante. En términos

generales, dicha norma aplica de igual modo, a los casos

en que la convicción se hizo mediante una alegación de

culpabilidad por el delito menor incluido. Véase: Pueblo

v. Rivera Ramos, ante; Grady v. Corbin, ante; Brown v.

Ohio,

ante;

Witkin

&

Epstein,

California

Criminal

Law,

ante, sec. 326, pág. 378; 21 Am.Jur. 2d, Criminal Law,

sec. 352.

No obstante lo anterior, la referida norma tiene una

amplia gama de excepciones que permiten al Estado procesar

al acusado nuevamente tanto por el mismo delito por el

cual aceptó su culpabilidad, como por un delito mayor a

ese.

Ello

así

exposición

interés

no

que

ya

es

tiene

que

la

absoluta

la

protección

ni

sociedad

contra

la

doble

automática,

atendiendo

el

de

le

al

que

se

brinde

ministerio público una oportunidad adecuada para procesar

a aquellos que violan la ley y así impedir que la comisión

de delitos quede impune. Véase: Ohio v. Johnson, ante, a

la pág. 502; Arizona v. Washington, 434 U.S. 497, 509

(1978).

Una de las excepciones que permite el encauzamiento

posterior

por

un

delito

mayor

se

presenta

cuando

los

elementos necesarios para configurar el delito mayor no

han ocurrido al momento en que comienza el proceso contra

21

CC-2002-778

el acusado por el delito menor, ni previo a que se emita

el fallo y la sentencia. Garrett v. United States, 471

U.S. 773, 791 (1985); Jeffers v. United States, 432 U.S.

137, 151-52 (1977); Brown v. Ohio, ante, a la pág. 169

n.7; Díaz v. United States, 223 U.S. 442, 448-449 (1912);

State

v.

Mitchell,

682

S.W.2d

918-920

(Tenn.,

1984);

véase, además: Witkin & Epstein, California Criminal Law,

ante, sec. 326.

En Pueblo v. Rivera Ramos, ante, al explicar que el

encauzamiento

posterior

por

impedido

razón

que

por

de

el

el

delito

elemento

mayor

estaba

agravante

que

permitió que el mismo se configurara ocurrió antes de la

convicción por el delito menor, expresamos que:

El hecho nuevo que sobrevino...no lo fue después

de la condena, ni tampoco en el interín entre los

dos

procesos,

ni

fue

un

hecho

adicional

intermedio. . . .

. . . .

En las circunstancias de este caso, en que entre

el primer y segundo delitos imputados no existe

otro ingrediente distinto sino el de la muerte de

la persona agredida, habiendo ocurrido dicha

muerte antes de la condena en el proceso

anterior, por lo que el apelante ya había

perpetrado el delito de homicidio a la fecha de

ese proceso y condena, es de aplicación lo

dispuesto en el [Articulo 63 del Código Penal].

Ibid. a las págs. 628-30 (énfasis nuestro).16

16

En dicho caso el apelante fue denunciado por el delito

de acometimiento y agresión grave. Éste hizo alegación de

culpabilidad por dicho delito y el tribunal procedió a

dictar sentencia de convicción en su contra condenándolo a

cumplir cuarenta días de cárcel. Adviértase que no fue

sino luego de dictada la sentencia y de cumplida la misma

que el ministerio público presentó, contra el apelante, la

acusación por el delito mayor de homicidio voluntario a

base de los mismos hechos. En vista de que la muerte de la

víctima ocurrió antes de que se dictara la sentencia de

(Continúa . . .)

22

CC-2002-778

Otra

de

las

excepciones

ocurre

cuando

los

hechos

necesarios para que se configure el delito mayor no son

descubiertos

por

el

ministerio

público

antes

de

la

celebración del juicio por el delito menor, ello a pesar

de su buena fe y de haber ejercido la debida diligencia.

Véase: United States v. Jeffers, ante, a la pág. 152;

Brown v. Ohio, ante, a la pág. 169 n.7; State v. Mitchell,

ante, a la pág. 920; Witkin & Epstein, California Criminal

Law,

ante,

sec.

326.

Esta

instancia

tampoco

impide

el

encauzamiento posterior por el delito mayor.

Asimismo, cuando el acusado expresamente solicita la

celebración de juicios separados por un delito menor y

otro mayor que surgen de los mismos hechos, o si se opone

a la consolidación de los juicios sin levantar en ningún

momento que uno de los delitos está incluido en el otro,

el Estado no estará impedido de iniciar un procedimiento

criminal por el delito mayor. Jeffers v. United States,

ante, a la pág. 152; véase, además: Ohio v. Johnson, 467

U.S.

493,

502

(1984);

Witkin

&

Epstein,

California

Criminal Law, ante, sec. 326. De igual modo, cuando el

propio

acusado,

luego

de

emitir

una

alegación

de

culpabilidad, la retira, o si a instancia suya logra que

el tribunal retire la alegación no existirá impedimento

________________________

convicción por agresión y de que no hubo fraude por parte

del acusado al hacer su alegación de culpabilidad por el

delito menor resolvimos que, en virtud de la doctrina del

concurso de delitos, el Estado estaba impedido de

proseguir con el encauzamiento por el delito de homicidio

voluntario.

23

CC-2002-778

para continuar con el procedimiento criminal por el mismo

delito o por uno mayor. United States v. Dyer, 136 F.3d

417 (5to. Cir., 1998); United States v. Anderson, 514 F.2d

583 (7mo. Cir., 1975); United States v. Jerry, 487 F.2d

600

(3er.

Cir.,

1973);

véase,

además:

21

Am.Jur.2d.,

Criminal Law, sec. 416.

Otra excepción importante y de suma pertinencia al

caso de autos fue establecida en Ohio v. Johnson, ante,

caso que se distingue, además, por pautar la norma a los

efectos de que un acusado no tiene derecho a utilizar la

defensa contra la doble exposición como una espada para

impedir el procesamiento criminal. Ibid. a la pág. 502. En

dicho

caso

tribunal

se

acepta

estableció

una

que

si

alegación

al

de

momento

en

que

el

culpabilidad

por

un

delito menor, ya están pendientes o “pending” los cargos

por el delito mayor --a raíz de unos mismos hechos-- no

opera

la

prohibición

contra

la

doble

exposición

y

el

Estado puede continuar el procedimiento criminal por el

delito mayor. Ello en vista de que dicha aceptación por

parte del tribunal no equivale a la llamada

“absolución

implícita”

condena

que

conlleva

un

veredicto

que

al

acusado por el delito menor luego de que el jurado es

instruido a considerar tanto el delito mayor como el menor

incluido. Ibid. a las págs. 501-02. A esos efectos el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos manifestó que:

There simply has been none of the governmental

overreaching that double jeopardy is supposed to

prevent. On the other hand, ending prosecution

24

CC-2002-778

now would deny the State its right to one full

and fair opportunity to convict those who have

violated its laws. Ibid. a la pág. 502.

Por

otro

lado,

también

excepción

que

permite

al

se

Estado

ha

reconocido

continuar

un

otra

proceso

posterior por un delito aun cuando el mismo surgió de unos

hechos que previamente habían producido una sentencia de

convicción a base de una alegación de culpabilidad por

otro delito. Dicho proceder es permitido cuando el fiscal

que presentó los cargos posteriores no tiene conocimiento

--por

no

habérsele

notificado--

de

los

cargos

que

previamente se habían presentado contra el acusado y por

los cuales éste había resultado convicto. Véase: People v.

Bressette,

259

N.E.2d

592

(Ill.App.,

1970);

Edwards

v.

Commonwealth, 25 S.W.2d 746, 748 (Ky.App., 1930) A esos

efectos se ha manifestado que “a former prosecution [is

not a] bar where it was obtained by the defendant without

knowledge of the prosecuting official or aggrieved party

and for the purpose of avoiding the sentence which might

otherwise

be

imposed.”

Torcia,

Wharton’s

Criminal

Law,

ante, sec. 58 y casos allí citados (énfasis nuestro).

Esto

nos

lleva

a

otra

excepción

que

ha

sido

ampliamente reconocida y que permite procesos posteriores

por el delito mayor e inclusive por el mismo delito por el

cual

previamente

alegarse

culpable.

el

acusado

Esta

es,

ha

sido

convicto

la

comisión

de

luego

fraude,

25

CC-2002-778

connivencia o colusión en la convicción anterior.17 Cuando

estos elementos permean la convicción anterior, no aplica

la protección contra la doble exposición y la alegación de

culpabilidad hecha por el acusado se entiende carente de

todo efecto. Véase: Serfass v. United States, 420 U.S. 377

(1975); People v. Malveaux, 59 Cal.Rptr. 2d 371 (Cal.App.,

1996); People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 474 (Cal.App.,

1970);

People

v.

McDaniels,

69

P.

1006

(Cal.,

1902);

véase, además: 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses, sec.

17

Véase: Pueblo v. Rivera Ramos, ante; Taylor v.

Kincheloe, 920 F.2d 599 (9no. Cir., 1990); United States

v. Quiñones, 906 F.2d 924 (2do. Cir., 1990); People v.

Malveaux, 59 Cal.Rptr.2d 371 (Cal.App., 1996); People v.

Aleman, 667 N.E.2d 615 (Ill.App., 1996); State v. Bally,

869 S.W.2d 777 (Mo.App., 1994); Rivera v. State, 716

S.W.2d 68 (Tex.App., 1986); People v. Kurtz, 495 N.Y.S.2d

608 (N.Y.Co.Ct, 1985); People v. Warden, 477 N.Y.S.2d 332

(N.Y.App., 1984); People v. Daby, 392 N.Y.S.2d 325

(N.Y.App., 1977); State v. Nardone, 334 A.2d 208 (R.I.,

1975); Bernard v. State, 481 S.W.2d 427 (Tex.App., 1972);

People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 274 (Cal.App., 1970);

People v. Bressette, 259 N.E.2d 592 (Ill.App., 1970);

State v. Bell, 260 A.2d 849 (N.J., 1970); Hampton v.

Municipal Court, 51 Cal.Rptr. 760 (Cal.App., 1966); Kellet

v. Superior Court, 409 P.2d 206 (Cal., 1966); People v.

Lavon, 243 Cal.App.2d 644 (Cal.App., 1966); State v.

Howell, 66 S.E.2d 701 (So.Cal., 1951); Edwards v.

Commonwealth, 25 S.W.2d 746 (Ky.App., 1930); Halbert v.

State, 195 P. 504 (Okla.App., 1921); Beasley v. State, 208

S.W. 538 (Tex.App., 1917); State v. Dockery, 89 S.E. 36

(N.C., 1916); Teague v. Commonwealth, 189 S.W. 908

(Ky.App., 1916); State v. Ketchum, 167 S.W. 73 (Ark.,

1914); Richards v. State, 157 S.W. 141 (Ark., 1913); State

v. Caldwell, 66 S.W. 150, (Ark. 1902); People v. Woods, 23

P. 1119 (Cal., 1890); McFarland v. State, 32 N.W. 226

(Wis., 1887); State v. Simpson, 9 N.W.78 (Minn., 1881);

State v. Bell, 81 N.C. 591 (N.C., 1879); State v. Green,

16 Iowa 239 (1864); Supreme Court v. Reed, 26 Conn. 202

(1857); 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses, sec. 73;

Witkin & Epstein, California Criminal Law, ante, secs.

335-36; 75 A.L.R.2d. 683, sec. 4; 21 Am.Jur.2d., Criminal

Lawq, sec. 335.

26

CC-2002-778

73. A esos efectos, debe destacarse el hecho de que este

Tribunal en Pueblo v. Rivera Ramos, ante, haciéndose eco

de

la

doctrina

norteamericana,

manifestó

que

“si

la

condena anterior se obtuvo mediante fraude, connivencia o

colusión del acusado, este hecho la vicia, y no impide una

acusación posterior”. Ibid. a la pág. 622.

Una de las instancias más comunes en la que media

fraude ocurre cuando el acusado, mediante una alegación de

culpabilidad por un delito menor, procura ser procesado y

convicto

por

el

mismo

con

el

propósito

de

impedir

el

encauzamiento criminal por el delito mayor a base de los

mismos hechos. A esos efectos se ha manifestado que “[a]

defendant could not choose to plead responsible to minor

infraction and thereby evade prosecution for more serious

criminal offense.” State v. Hamrick, 428 S.E.2d 830, 834

(N.C.App., 1993). “Where defendant perpetrates fraud on

the court to obtain a conviction on a lesser charge ...

the subsequent trial of the defendant is not barred by

double jeopardy.” 19 Cal.Jur.3d, Criminal Law: Defenses,

sec.

73;

véase,

además:

75

A.L.R.2d.

683,

sec.4;

21

Am.Jur.2d., Criminal Law, sec. 335 y casos allí citados.

A modo de ejemplo, resulta ilustrativo el caso de

People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 274 (Cal.App., 1970) en

donde el acusado, estando pendiente la vista del caso por

el delito grave en el tribunal superior, compareció al

tribunal municipal e hizo una alegación de culpabilidad

por el delito menor de conducir temerariamente (“reckless

27

CC-2002-778

driving”). El tribunal resolvió, al amparo de la Sección

654 del Código Penal de California --de donde proviene el

Artículo 63 de nuestro Código Penal-- que en vista de que

el acusado había incurrido en fraude tratando de impedir

el procesamiento por el delito mayor no estaba protegido

contra la doble exposición.18

18

Es pertinente destacar las siguientes expresiones hechas

por el Tribunal en dicho caso:

Where the issue is multiple prosecution, the

provisions of section 654 cannot be employed to

mislead the court. Thus, if a greater violation

is concealed in order to gain 'immunity' by

prosecution for a lesser crime, section 654 will

not apply.

....

The situation with which we are presented is

this. Defendant is claiming the benefit of a

statute designed to prevent harassment by the

government of a criminally accused. Yet, here,

both prosecutions were pending prior to the trial

of either, and this was fully known to defendant,

for the preliminary hearing of the felony case

was held in his presence of June 13, three days

before his first appearance in the municipal

court on the misdemeanor charges. Defendant could

at any time have avoided any harassment by moving

for consolidation of the charges . ... This he

chose not to do.

Even after he had pleaded guilty to the reckless

driving charge on July 15, the felony prosecution

was not prohibited, for, under the statute,

successive prosecution is only prohibited after

conviction and sentence.

....

Undoubtedly, if defendant had disclosed to the

court the pendency of the felony charges, the

imminency of their trial and his purpose in

requesting that the pronouncement of judgment be

advanced on calendar, the court would have denied

the advancement and withheld pronouncement of

judgment pending trial of the felony charges.

Further,

there

is

nothing

in

the

record

indicating

that

the

district

attorney

was

(Continúa . . .)

28

CC-2002-778

Igualmente, en United States v. Quiñones, 906 F.2d

924 (2do. Cir., 1990), una vez el acusado se enteró de que

próximamente

se

iba

a

presentar

una

segunda

denuncia

imputándole un tercer delito a raíz de unos mismos hechos,

éste,

para

culpabilidad

sorpresa

del

por

delitos

los

fiscal,

hizo

menores

que

alegación

se

le

de

habían

imputado en la denuncia original. Cuando se presentó la

segunda denuncia el acusado pidió la desestimación de la

misma

contra

a

base

la

de

doble

que

se

le

estaba

exposición.

El

violando

tribunal

su

derecho

resolvió

que

“appellant’s attempt to use double jeopardy as a sword

involved

an

affirmative

misrepresentation

to

the

government by defense counsel. Under these circumstances,

we do not believe that double jeopardy principles bar the

superseding indictment.” Ibid. a la pág. 928.

Por otro lado, en State v. Bally, 869 S.W.2d 777

(Mo.App.,

1994),

se

resolvió

que

un

acusado

no

puede

utilizar la garantía contra la doble exposición como una

espada

para

alegarse

culpable

por

el

delito

menor

de

conducir en estado de embriaguez a los fines de impedir el

encauzamiento criminal posterior por el delito grave de

homicidio.

Asimismo,

en

Hampton

v.

Municipal

Court,

51

Cal.Rptr. 760 (Cal.App., 1966), se estimó que no aplicaba

________________________

notified of the advancement of the pronouncement

of

judgment

on

calendar

or

that

he

was

represented at that proceeding. Ibid. a la pág.

279 (énfasis nuestro y citas omitidas).

29

CC-2002-778

la protección contra la doble exposición ni la protección

provista en la Sección 654 del Código Penal de California.

En dicho caso la convicción del acusado por manejar sin

licencia de conducir fue obtenida por fraude cuando éste,

a

espaldas

delito

ello

del

fiscal,

con

el

se

declaró

propósito

culpable

expreso

de

por

dicho

impedir

el

encauzamiento por delito mayor. Considerando una situación

parecida a las que hemos descrito, el Tribunal Superior de

California,

en

Kellet

v.

Superior

Court,

409

P.2d

206

(Cal., 1966), entre otras cosas, sostuvo:

In such situations the risk that there may be a

waste and harassment through both a misdemeanor

and felony prosecution may be outweighed by the

risk that defendant guilty of a felony may escape

proper punishment. Accordingly, in such cases

section 654 does not bar a subsequent felony

prosecution. . . . Ibid. a la pág. 210.

En

casos

como

estos

donde

la

alegación

de

culpabilidad ha sido hecha, de manera astuta y con el fin

fraudulento de impedir ser procesado por un delito mayor

originado de la misma actuación criminal, se ha entendido

que

los

tribunales

poseen

la

facultad

de

anular

la

sentencia de convicción y restaurar los cargos originales.

Véase: People v. Kurtz, 495 N.Y.S.2d 608 (N.Y., 1985);

People v. Warden, 477 N.Y.S.2d 332 (N.Y., 1984). Ello en

vista de que una convicción obtenida por fraude es nula y

los tribunales tienen poder inherente de corregir y dejar

sin

efecto

aquellas

sentencias

criminales

obtenidas

a

través de fraude o falsa representación. Hazle-Atlas Glass

30

CC-2002-778

Co.

v.

Hartford-Empire

Co.,

322

U.S.

238,

248

(1944);

United States v. Bishop, 774 F.2d 771, 774 (7mo. Cir.,

1985); People v. Malveaux, ante.19 Siendo nula la sentencia

de convicción no habrá impedimento para que se lleve a

cabo un procedimiento posterior por todos los cargos. Esta

normativa responde al valioso principio de que “[l]egal

proceedings must be...‘not only without wrong, but above

suspicion.’”20

III

En el presente caso, no hay duda de que tanto bajo

la garantía constitucional contra la doble exposición como

bajo lo dispuesto en el Artículo 63, ante, la infracción

de la Sección 5-201 de la antigua Ley de Tránsito,21 por

imprudencia

y

negligencia

temeraria

al

conducir

un

vehículo de motor, constituye un delito menor subsumido en

el

delito

de

dar

muerte

a

una

persona

al

incurrir

en

imprudencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de

motor establecido en el Artículo 87 del Código Penal. El

19

Véase, además: State v. Caldwell, ante; People v. Woods,

ante; Supreme Court v. Reed, ante.

20

21

Véase: State v. Dockery, ante (énfasis nuestro).

Dicha infracción penalizaba a “[t]oda persona que

conduzca un vehículo de motor de manera descuidada y

atolondrada, despreciando desconsideradamente los derechos

y la seguridad de otras, o sin el debido cuidado y

circunspección, o de una manera que ponga o pueda poner en

peligro las vidas o propiedades, o que mediante el manejo

negligente de un vehículo de motor causare daño a otra

persona...” Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, sec. 5201, Leyes de Puerto Rico, pág. 468.

31

CC-2002-778

único elemento que distingue a un delito del otro lo es el

hecho

de

la

muerte

requerido

en

el

Artículo

87.

Sin

embargo, no hay duda de que al cometer el delito dispuesto

en el Artículo 87 se comete el estatuido por la Sección 5201 de la antigua Ley de Tránsito. Es por ello que de

primera

instancia

aparentan

ser

de

aplicación

las

protecciones contra la doble exposición.

También es indiscutible que en el presente caso el

juicio por el delito menor comenzó. Inclusive el mismo

culminó con una sentencia de convicción por la referida

infracción de tránsito. Dicha convicción se hizo a raíz de

una alegación de culpabilidad presentada por el acusado y

aceptada por el tribunal luego de hechas las advertencias

correspondientes. Como mencionamos previamente, una vez el

Juez aceptó la alegación de culpabilidad y dictó sentencia

a base de ella, se activó la protección contra la doble

exposición.

No obstante lo anterior, se desprende de los hechos

particulares del presente caso, no una, sino varias de las

excepciones previamente descritas que permiten al Estado

continuar el procedimiento criminal contra el acusado, no

sólo por los delitos al amparo del Artículo 87 del Código

Penal

y

el

Artículo

8.02

de

la

Ley

de

Tránsito,

sino

también por la misma infracción por la que éste se declaró

culpable.

En primer lugar, es importante notar que en el caso

de

marras

los

cargos

por

el

delito

mayor

fueron

32

CC-2002-778

presentados cuando aún no se había emitido sentencia de

convicción por el delito menor. Es por ello que aun cuando

el elemento agravante de la muerte ocurrió previo a la

convicción por el delito menor, no podemos resolver tal

como se hizo en Pueblo v. Rivera Ramos, ante, para impedir

el procesamiento por el delito mayor. En dicho caso, a

pesar de que el delito de homicidio se había configurado

antes

de

la

convicción

por

el

delito

de

agresión,

el

Estado esperó a que se dictara sentencia y se cumpliera la

misma para entonces presentar los cargos por el delito

mayor

a

base

resultaba

de

claro

los

que

mismos

aplicaba

hechos.

la

En

ese

prohibición

contexto,

contra

la

doble exposición y la defensa del concurso de delitos.

Por el contrario, en el caso de marras los cargos por

el delito mayor se presentaron a tiempo; esto es, cuando

todavía

no

había

delito

menor

había

recaído

y,

culminado

el

proceso

más

importante

aún,

una

sentencia

de

anterior

cuando

por

el

todavía

no

convicción.

Como

consecuencia, el acusado nunca estuvo sujeto al riesgo que

tanto

la

garantía

constitucional

contra

la

doble

exposición como el segundo párrafo del Artículo 63, ante,

intentan

evitar.

Por

estas

mismas

razones,

resulta

aplicable la excepción establecida en el caso de Ohio v.

Johnson, ante, a los efectos de que si al momento en que

el tribunal acepta la alegación de culpabilidad por el

delito menor ya están pendientes o “pending” los cargos

por

el

mayor,

no

opera

la

defensa

contra

la

doble

33

CC-2002-778

exposición.

Cuando

el

tribunal

aceptó

la

alegación

de

culpabilidad del acusado por la infracción de tránsito ya

se habían presentado y estaban “pending” los cargos al

amparo

del

Artículo

87,

ante.

Por

tanto,

el

proceso

criminal por dicho delito no está vedado.

Otra de las excepciones aplicables al caso de autos

es la relativa al desconocimiento del fiscal de sala de

los cargos bajo el Artículo 87 que el día anterior un

agente

de

la

policía

había

presentado

en

contra

del

acusado. No fue sino luego de dictada la sentencia de

convicción

que

éste

información

que

obtuvo

después

que

se

de

inmediatamente

sucedido

y

se

se

enteró

de

unos

de

lo

testigos

dictara

sentencia.

dirigió

al

solicitó

la

acontecido,

Juez

Fue

para

reconsideración

de

pocos

por

minutos

entonces

que

informarle

lo

la

sentencia

recientemente dictada.

Por otro lado, y lamentable por demás, resulta ser la

situación de que, en el presente caso, la actuación de la

defensa -–denominada por ella misma como “astuta”—- raya

en lo fraudulento. La “estrategia” de la defensa al hacer

una alegación de culpabilidad a sabiendas de que el día

anterior se habían presentado cargos por un delito mayor

originado por los mismos hechos, y de que el fiscal y el

juez desconocían de ello22, es a todas luces inapropiada.

22

Es importante recordar que los cargos por el delito

mayor no fueron radicados por el fiscal que representó al

Estado en el juicio en que el acusado hizo alegación de

(Continúa . . .)

34

CC-2002-778

A ello se le une el agravante de que la defensa ni

siquiera informó al fiscal y, peor aún, al juez, de lo

ocurrido

el

día

anterior.

claramente

la

intención

de

Dicha

la

actuación

defensa

de

denota

manipular

el

procedimiento criminal a su conveniencia con la intención

de

crear

un

obstáculo

para

impedir

el

encauzamiento

criminal por los cargos que se radicaron el día anterior

al juicio por la infracción de tránsito. Intentó utilizar

la defensa de la doble exposición como espada para impedir

el procedimiento criminal. Como consecuencia, aplica la

norma discutida a los efectos de que cuando un acusado

intenta diversas estratagemas para que se dicte sentencia

en el caso menos grave con el fin de argumentar luego que

ello impide un juicio posterior por el delito grave, éste

no

estará

amparado

por

la

protección

que

ofrece

la

garantía contra la doble exposición ni por la provista por

el Artículo 63 en su segundo párrafo. People v. Hartfield,

ante; Kellet v. Superior Court, ante.

En este contexto, resulta aplicable al presente caso

lo expresado en Pueblo v. Nieves Santana, 63 D.P.R. 532

(1944), a los efectos de que:

________________________

culpabilidad, sino que éstos fueron presentados por un

agente de la policía. Además, el Juez que presidió el

juicio por la infracción de tránsito no fue el mismo que

presidió la vista de determinación de causa probable por

el arresto del acusado bajo el delito dispuesto en el

Artículo 87. Por otro lado, ningún representante del

ministerio público estuvo presente en la referida vista

determinación de causa probable.

35

CC-2002-778

[E]l abogado del apelado admitió en la vista oral

que él no informó al juez de la corte municipal

al celebrarse el juicio por acometimiento y

agresión grave en cuanto al hecho de que se había

radicado una acusación por el delito de asesinato

en la corte de distrito. Consideramos que sin

faltar a sus deberes para con el acusado, como

funcionario de la corte debió haberlo hecho.

Ibid. a la pág. 535 (énfasis nuestro).

La defensa del acusado, previo a someter la alegación

de

culpabilidad

informarle

al

por

la

tribunal

infracción

que

el

de

día

tránsito,

anterior

se

debió

habían

presentado en contra del acusado nuevos cargos a base de

los

mismos

hechos

y

que

se

había

determinado

causa

probable para el arresto en cuanto a éstos. Al así no

hacerlo, indujo al tribunal a error y permitió que el

mismo

emitiera

una

sentencia

sin

tener

conocimiento

de

todos los elementos necesarios para emitir una decisión

informada. Incluso, ocasionó que, posteriormente, cuando

el

tribunal

advino

en

conocimiento

de

lo

ocurrido,

procediera a dejar sin efecto la referida sentencia. Ahora

no puede la defensa del acusado quejarse de una situación

que ella misma creó.

Al

actuar

de

este

modo

la

defensa

del

acusado

incumplió con los deberes de sinceridad y honradez que lo

obligan a no “utilizar medios que sean inconsistentes con

la verdad” y que le prohíben “inducir al juzgador a error

utilizando artificios o una falsa representación de los

hechos...” Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap.IX C.35; véase, además: In re Díaz Ortiz, res.

36

CC-2002-778

el 29 de febrero de 2000, 2000 TSPR 53; Colón v. J.C.A.,

res. el 25 de junio de 1999, 99 TSPR 118; In re Parrilla,

145 D.P.R. 536 (1998). El deber de desempeñarse capaz y

diligentemente no significa que un abogado pueda realizar

cualquier acto que le sea conveniente con el propósito de

triunfar

en

la

causa

del

cliente,

pues

la

misión

del

abogado no le permite que en defensa de un cliente viole

la ley ni cometa un engaño. Véase: In re Díaz Ortiz, ante.

A

tenor

con

lo

antes

expuesto,

resulta

forzoso

concluir que la actuación de la defensa ejemplifica el

tipo

de

conducta

fraudulenta

que,

conforme

a

la

norma

esbozada, no impide al Estado continuar los procedimientos

por

todos

los

cargos

que

se

le

imputaron

al

acusado,

inclusive por la infracción a la Sección 5-201 por el cual

éste

se

había

declarado

culpable.

No

hay

duda,

en

consecuencia, que el tribunal de instancia, dentro de su

facultad

amparo

de

de

reconsiderar

las

sus

fallos

disposiciones

de

y

la

sentencias,

al

Regla

de

216

Procedimiento Criminal,23 actuó correctamente al dejar sin

efecto

tanto

la

alegación

de

culpabilidad

como

la

sentencia de convicción. Dicho proceder, y la continuación

de los procedimientos consolidados por los tres cargos que

se presentaron contra el acusado, en las circunstancias

del presente caso, no somete a éste a doble exposición ni

23

Véase: 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 216; Pueblo v. Valdés

Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996).

37

CC-2002-778

infringe el segundo párrafo del Artículo 63 sobre concurso

de delitos.24

Por último, debemos recordarle al abogado defensor

del

recurrido

deportiva

que

para

el

proceso

determinar

criminal

no

es

mejor

cuál

el

es

lidia

de

los

gladiadores. Los tribunales de justicia no existen para

dilucidar

competencias

ni

batallas

de

talento

entre

abogados y fiscales, sino que su propósito cardinal es el

descubrimiento de la verdad.25 Es por ello que ante el

Tribunal hay que acudir con las manos limpias y el que

triunfe debe ser aquel a quien le asista la razón; y no el

que pretenda o resulte ser el más listo o el más “astuto”.

No

olvidemos

que

“[t]an

malo

es

la

ventaja

hacia

el

Ministerio Fiscal como hacia la defensa. ‘La justicia debe

ser

igual

para

todos.’”

Pueblo

v.

Guzmán

Camacho,

116

24

Resulta importante destacar las expresiones de este

Tribunal en Pueblo v. Ruiz González, 66 D.P.R. 198 (1946),

cuando manifestó:

No erró la corte inferior al declarar sin lugar

la defensa de exposición anterior. La resolución

del Juez... dejando sin efecto la alegación de

culpabilidad y la convicción del acusado fue en

efecto una declaración de nulidad de todo lo

actuado y la concesión de un nuevo juicio. Los

derechos substanciales del acusado no fueron

afectados en modo alguno y quedaron debidamente

protegidos.

Ibid.

a

la

pág.

201

(énfasis

nuestro).

25

Véase: Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 D.P.R. 777, 791

(1999); Pueblo v. Morales Rivera, 118 D.P.R. 155, 160

(1986); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743

(1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116, 126

(1965); Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73

D.P.R. 451, 461 (1952).

38

CC-2002-778

D.P.R. 34, 38 (1985); Pueblo v. García, 32 D.P.R. 727, 731

(1924).

IV

En mérito de lo antes expuesto se revoca la actuación

del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en el presente

caso, y se devuelven los autos al Tribunal de Primera

Instancia

para

que

continúen

los

procedimientos

conformidad con lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Presidente Interino

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2002-778

CERTIORARI

Aris S. Santiago Pérez

Acusado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la

emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones

en el presente caso, devolviéndose el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación

de los procedimientos de conformidad con lo aquí

dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza

Asociada señora Naveira de Rodón concurre en el

resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado

señor Hernández Denton concurre con el resultado de

la Opinión emitida por el Tribunal por entender que,

de acuerdo a las circunstancias particulares de este

caso, la sentencia previa se obtuvo mediante

connivencia del acusado, lo cual impide que se

invoque la garantía constitucional contra la doble

exposición. No obstante, no comparte el criterio

mayoritario de que en este caso son también

aplicables otras excepciones a la referida doctrina,

las cuales permitirían al Estado continuar con un

segundo procedimiento criminal por los mismos

hechos.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo