LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FEDERACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO V. MARIA M. MOLINA TORRES

2003 TSPR 159

Poder Judicial de Puerto Rico

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FEDERACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO V. MARIA M. MOLINA TORRES

CC-2001-0961

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federación de Maestros de Puerto Rico

Recurrida

Certiorari

v.

2003 TSPR 159

María M. Molina Torres

160 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2001-961

Fecha: 5 de noviembre de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay

Lcda. Lynn M. Carey Félix

Abogado de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de

Puerto Rico:

Lcdo. Raymond E. Morales

Materia: Revisión resolución de la Comisión de Relaciones del

del Servicio Público

Trabajo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federación de Maestros de

Puerto Rico

Recurrida

v.

CC-2001-961

CERTIORARI

María M. Molina Torres

Peticionaria

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003

¿Tiene jurisdicción el Tribunal de Circuito

de Apelaciones para revisar una decisión emitida

por

la

Comisión

Servicio

Público

Comisión

se

querella

de

mediante

negó

por

Relaciones

a

la

atender,

alegadas

del

Trabajo

cual

o

la

referida

tramitar,

prácticas

del

una

ilícitas?

Contestamos en la negativa. Veamos por qué.

I

El 27 de septiembre de 2000 la señora María

M. Molina Torres, quien se desempeña como maestra

del Departamento de Educación del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

radicó

un

cargo

de

3

CC-2001-961

práctica ilícita contra la Federación de Maestros de Puerto

Rico

ante

Servicio

la

Comisión

Público.

En

de

Relaciones

dicho

cargo

del

ésta

Trabajo

alegó

que

del

la

Federación había violado la Sección 9.2(a) de la Ley Núm.

45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 1452 (b),1 al

coartarle

su

derecho

a

no

estar

afiliada

ni

ser

representada por la Federación, derecho que reconocía la

mencionada Ley en su Sección 4.2,2 3 L.P.R.A. sec. 1451

(c).3

Al explicar en detalle el cargo imputado, la señora

Molina Torres señaló que, a pesar de que ésta no pertenecía

a la Federación, el 11 de agosto de 2000, recibió la visita

del Director de la Oficina de Quejas y Agravios de la

referida

indicó

1

organización,

que

la

el

señor

organización

que

Armando

Soto,

quien

le

éste

dirigía

era

su

Esta Sección dispone, en lo aquí pertinente, que:

Será práctica ilícita el que una organización de

empleados o alguno de sus miembros, actuando

individualmente

o

en

concierto

con

otros,

realice o intente realizar cualesquiera de los

siguientes actos:

(a) Intervenir, coartar o restringir a uno o

más empleados en relación con su decisión

de ejercer o no los derechos reconocidos en

este capítulo.

....

2

Esta sección fue derogada por la Ley Núm. 96 de 7 de

julio de 2001. En su lugar fueron incorporadas las

secciones 17.1, 3 L.P.R.A. sec. 1454 y 17.2, 3 L.P.R.A.

sec. 1454(a).

3

La Federación de Maestros de Puerto Rico fue certificada

como representante exclusivo de la Unidad Apropiada de

maestros y personal docente del Departamento de Educación

el 29 de noviembre de 1999.

4

CC-2001-961

representante exclusivo y que estaba obligada por ley a

representarla en una reunión que se llevaría a cabo en la

Oficina Regional de Ponce del Departamento de Educación el

14 de agosto de 2000;4 según sostuvo, el señor Soto le

indicó

que

ésta

debía

pagar

por

los

servicios

que

la

Federación le prestaría durante el referido proceso.

La

señora

representación

Molina

por

Torres

entender

se

negó

a

recibir

tal

que

ello

contravenía

lo

dispuesto en la Ley Núm. 45, ante, en cuanto al derecho de

los empleados del Departamento a la no afiliación. Según

sostuvo la peticionaria, esta fue la única ocasión en que

un miembro de la Federación se comunicó con ella a los

fines de ofrecerle los servicios de representación de la

referida organización obrera. Molina Torres, además, señaló

que: “[a] pesar de que el Sr. Soto ha[bía] visitado la

Escuela Ana Valldejuly en las mañanas de los días 15 de

agosto de 2000 y 15 de septiembre de 2000, no se ha[bía]

comunicado [con ella, por lo que] ent[endía] que ni el Sr.

Soto,

ni

su

organización

ha[bían]

tenido

interés

en

representar[la].” (énfasis suplido).

La reunión pautada para el 14 de agosto de 2000 fue

suspendida, por lo que la señora Molina Torres fue citada

a una segunda reunión, la cual se llevaría a cabo el 18 de

septiembre

4

de

2000.

Ese

día,

cuando

Molina

Torres

se

En dicha reunión se dilucidaría una controversia surgida

entre la señora Molina Torres y su compañera, la maestra

Elizabeth Bermúdez; esta última sí estaba afiliada a la

Federación de Maestros.

5

CC-2001-961

presentó a la Oficina Regional de Ponce, se le notificó

que la referida reunión había sido nuevamente suspendida.

De acuerdo a las alegaciones de la peticionaria, a ésta se

le informó que un representante de la Federación había

notificado que “las maestras” no comparecerían. También se

le

informó

que

la

Federación

había

solicitado

la

cancelación de la reunión, alegando que la situación debía

ser

discutida

Finalmente,

se

y

aclarada

en

el

le

indicó

la

señora

que

plantel

García

escolar.

Crespo,

Directora de la Escuela Valldejuly, había recibido ciertas

directrices y que ésta se estaría reuniendo con las partes

para comunicarle sobre las mismas. Según se le informó, si

luego de celebrada la reunión alguna de las partes quedaba

inconforme, dicha parte debía someter su querella ante el

Director de la Oficina de Asuntos Laborales.5

Ante

tales

circunstancias,

la

peticionaria

radicó

ante la Comisión los cargos antes descritos, alegando que

la Federación pretendía representarla sin su autorización,

violando así lo dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley Núm.

45, ante.6 La Comisión refirió el asunto a uno de sus

agentes

quien,

luego

de

realizar

la

correspondiente

5

Este era el procedimiento que disponía en ese momento la

Sección 10.04 del convenio colectivo para la resolución de

quejas y agravios.

6

Además, señaló que mantenía una relación contractual con

la Asociación de Maestros de Puerto Rico quien le

proveería representación legal para asistirla en este

proceso.

6

CC-2001-961

investigación,

emitió

un

informe

recomendando

la

desestimación del cargo imputado.

Al

fundamentar

investigador

sostuvo

indicativa

que

de

su

que

la

determinación,

no

existía

Federación

el

ninguna

hubiese

agente

evidencia

solicitado

la

suspensión de la reunión del 18 de septiembre de 2000 con

la intención de violar los derechos de la querellante. De

este modo, dio entero crédito a las alegaciones de la

Federación

a

los

efectos

de

que

la

referida

solicitud

había sido hecha en beneficio de la maestra unionada ya

que ésta no había sido notificada con tiempo suficiente

como

para

que

pudiera

estar

debidamente

representada,

concluyendo que la solicitud de suspensión hecha por la

Federación no constituía base suficiente para sustentar

una alegación de violación a la Ley Núm. 45, ante.

Refiriéndose

específicamente

al

hecho

de

que

un

miembro de la Federación le hubiese informado a la señora

Molina

que

exclusivo,

su

el

organización

investigador

sería

su

representante

expresó

que

existía

la

posibilidad de que la Federación hubiese así actuado en el

entendido

de

que

se

trataba

de

un

procedimiento

para

ventilar quejas y agravios, en cuyo caso la organización

tenía

derecho

a

participar

en

todas

las

etapas

del

procedimiento.7

7

Al fundamentar su contención el investigador citó lo

dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley Núm. 45, 3 L.P.R.A.

sec. 1451(c), la cual en ese momento establecía que todos

los

empleados

que

no

estuviesen

afiliados

a

la

(Continúa...)

7

CC-2001-961

Acogiendo la recomendación del agente investigador,

la

Comisión

notificó

a

de

emitir

determinación

no

desestimar

el

cargo

peticionaria

que

la

la

señora

querella

incoado,

evidencia

Molina

y

Torres

su

procedió

a

informándosele

presentada

no

a

la

constituía

base suficiente para emitir una querella por los cargos

alegados

y

solicitado

que

el

hecho

la

suspensión

de

que

de

la

la

Federación

reunión

del

hubiese

18

de

septiembre de 2000 no implicaba la existencia de violación

alguna. Al fundamentar su determinación la Comisión citó

lo

dispuesto

en

la

Sección

16.7

de

la

Ley

Núm

45,

3

L.P.R.A. sec. 1453(j), al sostener que la Federación tenía

derecho a solicitar la suspensión de la reunión aquí en

controversia.8

Insatisfecha con tal determinación, la peticionaria

presentó

una

solicitud

de

reconsideración

la

cual

fue

declarada “No Ha Lugar”. En la resolución emitida a tales

efectos, la Comisión determinó que el cargo presentado por

______________________

organización

obrera

certificada

como

representante

exclusivo debían observar las disposiciones del convenio

colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar

quejas y agravios y arbitraje; y que les serían aplicables

para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo

en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y

términos y condiciones de empleo.

8

Esta Sección dispone que “cualquier empleado p[uede]

presentar querella contra su agencia directamente a ésta

cuando

su

representante

exclusivo

se

haya

negado

manifiesta

o

implícitamente

a

hacerlo,

pero

el

representante exclusivo tendrá derecho a ser notificado y

a estar presente e intervenir en la discusión de la

querella....” (énfasis suplido).

8

CC-2001-961

Molina Torres no guardaba relación alguna con lo dispuesto

en la Sección 9.2(a), ante, de la Ley, como en efecto

alegaba la peticionaria, sino con la Sección 16.7, ante.

Por esta razón limitó la discusión del asunto planteado a

lo relativo a la Sección 16.7, ante, negándose a evaluar

el asunto bajo el prisma de la Sección 9.2(a), ante, de la

Ley.

La señora Molina Torres, alegando que la Comisión no

había resuelto la verdadera controversia planteada, acudió

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

mediante

recurso de revisión. Adujo que el asunto de la suspensión

de la reunión –-atendido por la Sección 16.7 de la Ley-no constituía la controversia medular del caso, sino el

reclamo

de

que

la

Federación

pretendía

coartarle

su

derecho a no afiliarse ni ser representada por la referida

organización

obrera,

asunto

contemplado

en

la

Sección

9.2(a) de la Ley. Según alegó, en la evaluación que hizo

la Comisión a los efectos de determinar si emitía o no una

querella en contra de la Federación no se consideró el

asunto principal allí planteado que era precisamente la

violación de esta Sección 9.2(a).

Mediante resolución a esos efectos, el 19 de octubre

de 2001, el foro apelativo intermedio denegó la expedición

del auto solicitado concluyendo que la determinación de

emitir

o

no

una

querella

por

práctica

ilícita

es

una

decisión que realiza la Comisión en el ejercicio de su

función investigativa y que, por no ser el resultado de un

9

CC-2001-961

procedimiento adjudicativo formal, no está sujeta a ser

revisada por los tribunales.

Inconforme, la señora Molina Torres recurrió –-vía

certiorari-- ante este Tribunal, alegando que incidió el

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

... al denegar la expedición del auto de

revisión por falta de jurisdicción y no revisar

la determinación de la Comisión de Relaciones

del Trabajo del Servicio Público de no emitir

querella contra la Federación de Maestros por

violación a la Sección 9.2 (a) de la Ley Núm. 45

de 25 de febrero de 1998.

Expedimos

el

recurso

y

concedimos

término

a

ambas

partes para que se expresaran en torno a sus respectivas

posiciones. La parte peticionaria compareció, no así la

parte recurrida.9 Resolvemos, por tanto, sin el beneficio

de su comparecencia.

II

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.

sec. 1451 et seq., conocida como “Ley de Relaciones del

Trabajo

para

el

Servicio

Público

de

Puerto

Rico”,

fue

aprobada con el propósito de conferirle a los empleados

públicos que no estén cubiertos por la Ley Núm. 130 de 8

9

Mediante Resolución a esos efectos, el 22 de julio de

2002, le concedimos a la Federación un término de veinte

(20) días para presentar su alegato, apercibiéndole que de

no recibirse el mismo dentro del término indicado, el caso

quedaría sometido sin el beneficio de su comparecencia.

10

CC-2001-961

de mayo de 1945,10 29 L.P.R.A. sec. 62 et seq., el derecho

a la organización sindical y a la negociación colectiva,

siempre que se observen los parámetros establecidos en la

Ley. Estos parámetros se circunscriben a tres criterios

esenciales,

a

saber:

(i)

acomodar,

dentro

de

las

realidades fiscales en que se desenvuelve el Gobierno, el

costo correspondiente al mejoramiento de las condiciones

de

trabajo

de

los

empleados

públicos;

(ii)

evitar

interrupciones en los servicios que prestan las agencias

gubernamentales; y (iii) promover la productividad en el

servicio público. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 45

de 25 de febrero de 1998, Leyes de Puerto Rico, pág. 148.

Mediante la aprobación de esta pieza legislativa se

creó la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio

Público, entidad encargada de interpretar, aplicar y hacer

cumplir las disposiciones de la Ley en todo lo relativo a

procesos de organización, certificación, descertificación

de organizaciones sindicales, procedimientos relacionados

con

la

convenios

conciliación

y

colectivos,

arbitraje

de

procedimientos

negociaciones

de

relacionados

con

prácticas ilícitas y en todos aquellos aspectos que la Ley

le haya delegado alguna actuación en particular. Entre las

muchas facultades conferidas por la Ley a esta Comisión

10

Conocida como

Puerto Rico”.

la

“Ley

de

Relaciones

del

Trabajo

de

11

CC-2001-961

está

la

de

resolver

controversias

relativas

a

la

aplicación de su estatuto.11

En lo que respecta a la controversia ante nuestra

consideración, debemos señalar que esta pieza legislativa

estableció el procedimiento a seguir en situaciones en que

una

agencia,

persona

representante

interesada

desee

exclusivo

radicar

o

ante

cualquier

la

otra

Comisión

una

querella imputando la existencia de una práctica ilícita.

Sobre este particular la Sección 9.3(a) la Ley, 3 L.P.R.A.

sec. 1452(c), dispone, en lo aquí pertinente, que siempre

que

una

persona

radique

una

querella

imputando

la

existencia de una práctica ilícita, la Comisión “llevará a

cabo una investigación de los cargos imputados y preparará

un informe sobre la misma.” A continuación esta Sección

establece que “[s]i la Comisión determina que no hay base

para imputación de prácticas ilícitas, cerrará y archivará

el caso mediante orden a esos efectos.” Ibid.

Por su parte, el Reglamento Núm. 6385 de la Comisión

de

Relaciones

del

Trabajo

del

Servicio

Público,

en

su

Sección 408, dispone, en lo pertinente, que:

si la determinación de la Comisión es que no

existe causa probable para encontrar que se

violó la Ley, se le notificará a la parte que

radicó el caso y se le dará la opción de retirar

el mismo. Si la parte retira el caso será sin

perjuicio. Si la parte no retira el caso se

desestimará el mismo por escrito y con copia a

las otras partes. En aquellos casos en que el

11

Para otras facultades, deberes y responsabilidades de la

Comisión, véase la Sección 1452(t) del Título 3 de Leyes

de Puerto Rico Anotadas.

12

CC-2001-961

promovente

no

esté

de

acuerdo

con

la

determinación de desestimar todas o alguna de

las

alegaciones,

tendrá

siete

días

para

solicitar reconsideración a la Comisión. El

escrito de reconsideración deberá especificar

todos los puntos en controversia; describir la

evidencia que se alega sostiene las alegaciones;

e ilustrar a la Comisión sobre porqué debe

existir causa probable para encontrar que se ha

violado la Ley.

Finalmente, procede que se enfatice que el Inciso (d)

de esta Sección establece que “[l]as determinaciones de

emitir o no una querella no serán revisables ante ningún

tribunal” Ibid.

Contrario a lo antes expuesto, si de la investigación

inicial que realiza la Comisión, la cual podemos catalogar

como “preliminar”, surge que probablemente el imputado ha

incurrido en una práctica ilícita, entonces la Comisión

deberá ordenarle a uno de sus abogados que redacte una

querella

de

conformidad

con

la

determinación

de

causa

probable.12 Es a partir de este momento en que comienza el

proceso adjudicativo ante la Comisión.13

12

En estos casos no se emitirá querella hasta que haya

pasado el período de reconsideración que corresponde a las

desestimaciones parciales o hasta que la Comisión haya

decidido dicha reconsideración, de haber sido sometida.

Sección 409(b) del Reglamento Núm. 6385 de la Comisión de

Relaciones del Trabajo del Servicio Público de 28 de

diciembre de 2001.

13

La Secretaría notificará esta querella, además del aviso

de audiencia, a las partes. La vista ante el oficial

examinador deberá celebrarse en los próximos treinta (30)

días. La parte contra quien se expidió la querella tendrá

diez (10) días a partir de su notificación, para contestar

las alegaciones de la misma de conformidad con el Artículo

9, Sección 9.3 (e), de la Ley.

13

CC-2001-961

Como vemos, el procedimiento para ventilar cargos por

prácticas ilícitas consta de dos fases. En la primera de

ellas se realiza una investigación “preliminar” con el fin

de determinar si existe causa probable para creer que el

imputado ha incurrido en una práctica ilícita. La propia

Ley,

en

su

Sección

9.3(a),

ante,

hay

Comisión

determina

que

sostener

los

imputados,

cargos

no

establece

base

deberá

que

si

la

suficiente

para

emitir

orden

una

cerrando y archivando el caso. Adviértase que la única

alternativa que se le brinda al querellante, en esta etapa

de

los

procedimientos,

surge

de

lo

dispuesto

en

la

precitada Sección 408 del Reglamento de la Comisión, donde

se

reconoce

el

reconsideración

derecho

ante

la

del

querellante

Comisión.

Es

de

a

solicitar

notar

que

el

propio Reglamento, en su Sección 408(d), dispone que en

esta

etapa

de

los

procedimientos

no

existirá

revisión

judicial alguna.

Por su parte, la segunda fase del procedimiento surge

tan pronto como se emite la querella correspondiente. Es

en este momento en que se activan los derechos que dispone

la Ley en cuanto al proceso adjudicativo que habrá de

celebrarse

ante

el

organismo

administrativo.

Entre

los

derechos que le asisten a las partes, en esta etapa de los

procedimientos,

está

la

revisión

judicial

de

la

“orden

final” que emite la Comisión. A tales efectos, la Sección

9.3(j) de la Ley, 3 L.P.R.A. sec. 1452(c), dispone, en lo

pertinente, que “cualquier parte adversamente afectada por

14

CC-2001-961

una orden final de la Comisión podrá solicitar revisión de

la

misma

ante

el

radicando

ante

Tribunal

dicho

de

Circuito

Tribunal

una

de

Apelaciones,

petición

escrita

solicitando que la orden de la Comisión sea modificada o

revocada....” (énfasis suplido).

Somos los primeros en admitir que podría surgir una

interrogante en cuanto a si esta revisión que permite la

Ley, en esta etapa de los procedimientos, debe aplicar de

igual

forma

en

aquellos

casos

en

que

se

trate

de

una

determinación de no emitir querella por práctica ilícita.

Esto

es,

si

luego

de

denegando

la

expedición

que

la

Comisión

emite

la

orden

de

la

querella

–-en

la

etapa

preliminar del procedimiento-- y luego de que la misma se

convierta en una “orden final”, por haber sido denegada su

reconsideración, existe la posibilidad de revisar dicha

orden ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Esta interrogante fue contestada en la negativa por

este Tribunal en Luce & Company v. Junta de Relaciones del

Trabajo

de

Puerto

Rico,

82

D.P.R.

96

(1961),

donde

interpretamos una disposición idéntica a la que hoy ocupa

nuestra atención, que contiene la Ley Núm. 130 de 8 de

mayo

de

1945,

ante.14

En

aquella

ocasión

teníamos

14

Ésta dispone, en lo pertinente, que:

Cualquier persona perjudicada por una orden

final de la Junta concediendo o negando, en todo

o en parte, el remedio que se interesa, podrá

obtener la revisión de dicha orden en el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, radicando en

dicho tribunal una petición escrita suplicando

(Continúa...)

ante

15

CC-2001-961

nuestra consideración una controversia muy similar a la

que hoy nos ocupa, pues se nos solicitó la revisión de una

resolución dictada por la Junta de Relaciones del Trabajo,

mediante

la

cual

se

confirmó

la

determinación

de

su

Presidente de no dar inicio a una querella por prácticas

ilícitas.

A

pesar

de

que

se

trata

de

dos

estatutos

diferentes, por considerar que la ley que creó la Junta de

Relaciones del Trabajo, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945,

ante,

y

Reglamento,15

su

contienen

disposiciones

muy

similares a las que hoy nos ocupan y que las funciones y

deberes de la Junta comparan sustancialmente con las de la

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público,

somos

del

criterio

que

lo

allí

resuelto

resulta

de

particular pertinencia a nuestro caso.

En

Luce

&

Company,

ante,

refiriéndonos

específicamente al asunto de si la decisión de la Junta de

Relaciones del Trabajo al resolver si inicia o no una

querella

por

alegadas

considerada

como

revisar

misma

la

una

prácticas

“orden

ante

el

ilícitas

final”

Tribunal

a

los

de

puede

ser

efectos

de

Circuito

de

Apelaciones, señalamos que esta determinación depende en

su totalidad de la discreción de la agencia y que, por tal

razón, se ubica fuera del ámbito de la revisión judicial.16

______________________

que la orden de la Junta sea

revocada. 29 L.P.R.A. sec. 70.

modificada

o

15

Reglamento Núm. 2 de 2 de abril de 1946.

Adviértase que estamos ante una excepción a la norma

general de que la revisión judicial de las determinaciones

16

(Continúa...)

16

CC-2001-961

En

tal

virtud,

concluimos

en

dicho

caso

que

esta

determinación no es revisable como una “orden final” de la

Junta y que lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de

Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. sec. 70, --idéntico a

lo que dispone la Sección 9.3(j) de la Ley de Relaciones

del Trabajo para el Servicio Público hoy bajo análisis-no es de aplicación a aquellos casos en que lo que se

intenta revisar es la denegatoria de la Comisión en cuanto

a expedir querella por prácticas ilícitas.17

Ciertamente,

la

razón

principal

que

llevó

a

este

Tribunal a decidir, como lo hicimos en Luce & Company,

ante,

descansa

entendimos

en

que,

al

gran

medida

considerar

en

el

cargos

hecho

por

de

que

prácticas

ilícitas, la Junta ejercita su discreción administrativa.

Ello,

como

norma

general,

impide

la

revisión

judicial,

pues, según expresamos, el curso de acción que sigue el

______________________

administrativas se presume siempre que no haya sido

prohibida por la Asamblea Legislativa en forma expresa y

clara. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum

(1993), a las págs. 414-415. Véase, además: Bonilla v.

Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987); Santos Rodríguez v.

Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964); Medina v.

Pons, 81 D.P.R. 1 (1959); López Luiggi v. Muñoz Marín, 80

D.P.R. 4 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377

(1952).

17

Esta norma fue reiterada por este Tribunal años más

tarde en Martínez Rodríguez v. Autoridad de Energía

Eléctrica, 133 D.P.R. 986 (1993).

17

CC-2001-961

organismo

administrativo

“responde

a

su

política

administrativa especializada.”18 A tales efectos señalamos:

Resulta claro que, al considerar cargos de

prácticas ilícitas, la Junta puede ejercitar su

discreción administrativa al resolver si inicia

o no la querella correspondiente. Como se dijo

en Jacobsen et al. v. N.L.R.B., 120 F.2d 96

(C.A. 3 1941), ‘el curso de acción a seguirse

descansa en la sana discreción de la Junta y

responde

a

su

política

administrativa

especializada. No se trata de discreción legal,

al menos de aquella que daría margen a los

tribunales de circuito de apelaciones para

ordenar a la Junta a expedir una querella’.

Parece obvio que si la decisión de la Junta de

negarse a expedir una querella a base de la

presentación de cargos por prácticas ilícitas

estuviera sujeta a revisión judicial, no sólo se

inundarían los tribunales con recursos de esta

clase,

sino

que

en

efecto

se

estaría

sustituyendo la práctica administrativa uniforme

18

La jurisprudencia federal ha reconocido, como norma

general, que existe una presunción de no revisibilidad con

relación a las determinaciones administrativas que han

sido encomendadas a la discreción de la agencia. Bowen v.

Michigan Academy of Family Physicians, 467 U.S. 106,

(1986); Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136

(1967) y Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401

U.S. 401 (1971). Véase, además: 5 U.S.C. sec. 701(a)(2);

Richard J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed.,

New York, Ed. Aspen Law & Bussiness, V. III, págs. 125869.

En

cuanto

a

las

razones

que

sustentan

esta

presunción, se ha señalado lo siguiente:

First,

without

benefit

of

a

statutory

delineation of the limits of discretion it would

be very difficult for courts to decide in

particular cases whether there had been an abuse

of discretion . . . . A second reason for

judicial reluctance to review discretionary

decisions is that exercises of broad discretion

will only infrequently violate the standard of

abuse of discretion, and it would be wasteful to

entertain numerous suits, many surely frivolous,

in order to correct the occasional abuse. Harvey

Saferstein,

Nonreviewability:

A

Functional

Analisis of “Committed to Agengy Discretion”, 82

HAR. L. REV. 367, 380-81 (1968).

18

CC-2001-961

establecida, desarrollada y orientada de un

organismo

especializado

por

el

criterio

judicial.

Y

esto

nos

llevaría

con

toda

probabilidad a la incertidumbre en el campo del

derecho obrero-patronal debido a las diferencias

entre las distintas filosofías socio-económicas

de los jueces. (citas omitidas y énfasis

suplido).19

Entre los casos citados en apoyo de la determinación

a

la

que

llegáramos

en

Luce

&

Company,

ante,

debemos

resaltar uno resuelto por el Tribunal de Apelaciones del

Primer

Circuito,

Lincourt

v.

National

Labor

Relations

Board, 170 F.2d 307 (1er Cir. 1948), donde se resolvió que

en los procedimientos de prácticas ilícitas la radicación

de

la

querella

era

una

materia

de

discreción

administrativa y que la negativa de la agencia a iniciar

la misma no era revisable por las cortes de circuito. Esta

norma fue ratificada años más tarde en Saez v. Goslee, 463

F.2d 214 (1er Cir. 1972), cert. den. 409 U.S. 1024 (1972),

donde ese mismo tribunal sostuvo que “this situation seems

paradigmatic

of

one

which

is

‘committed

to

agency

discretion’...”

Son

innumerables

las

decisiones

emitidas

por

los

diferentes tribunales de la jurisdicción norteamericana en

torno a este tema. N.L.R.B. v. Sears, Roebuck & Co., 421

19

A esta conclusión llegamos tras adoptar las expresiones

de varios tribunales de la jurisdicción norteamericana en

relación a lo dispuesto en la Ley Nacional de Relaciones

del Trabajo de 1935, conocida como Ley Wagner, (Ley de 5

de julio de 1935, cap. 372, 49 Stat. 449), y la Ley de

Relaciones Obrero-Patronales de 1947, conocida como Ley

Taft-Hartley (61 Stat. 136 (1947), 29 U.S.C. sec. 160

(1952),

legislaciones

que

contienen

disposiciones

similares a las contenidas en la Ley Núm. 130, ante.

19

CC-2001-961

U.S.

132

(1975);

Vaca

v.

Sipes,

386

U.S.

171

(1967);

Lincourt v. N.L.R.B., 170 F.2d 306, (1er Cir. 1948); Saez

v Goslee, 463 F2d 214, cert. den. 409 U.S. 1024 (1972);

United Electrical Contractors Asso. v. Ordman; 366 F.2d

776 (2do Cir. 1966), cert. den. 385 U.S. 1026 (1967);

National Maritime Union v. N.L.R.B., 423 F.2d 625 (2do

Cir. 1970);

Jacobsen v. N.L.R.B., 120 F.2d 96 (3er Cir.

1941); Contractors Asso. of Philadelphia v. N.L.R.B., 295

F.2d 526 (3er Cir. 1961), cert. den. 369 U.S. 813 (1962);

Quick v. N.L.R.B., 245 F.3d 231 (3er Cir. 2001); George

Banta Co. v. N.L.R.B., 626 F.2d 354 (4to Cir. 1980), cert.

den. 449 U.S. 1080 (1981); N.L.R.B. v. Bar-Brook Mfg. Co.,

220

F.2d

832

(5to

Cir.

1955);

Bova

v.

Pipefitters

&

Plumbers Local 60, 554 F.2d 226 (5to Cir. 1977); Rockford

Redi-Mix Co. v. Zipp, 632 F.2d 30 (7mo Cir. 1980), cert.

den. 450 U.S. 929 (1981); Braden v. Herman, 468 F.2d 592

(8vo Cir. 1972), cert. den. 411 U.S. 916 (1973); N.L.R.B.

v. International Brotherhood of Electrical Workers, 445

F.2d 1015 (9no Cir. 1971); Pacific Southwest Airlines v.

N.L.R.B.,

611

International

F.2d

1309

Alliance

of

(9no

Cir.

Theatrical

1980);

Stage

Baker

v.

Employees

&

Moving Picture Operators, 691 F.2d 1291 (9no Cir. 1982).

La norma reiterada en los mismos es a los efectos de

que la decisión de emitir o no una querella con relación a

prácticas ilícitas descansa en la sana discreción de la

agencia. Ibid. Basándose en ello los tribunales, una y

otra vez, han resuelto que la decisión de emitir o no una

20

CC-2001-961

querella por alegadas prácticas ilícitas es una que no

está sujeta a ser revisada judicialmente.

Ahora bien, y como era de esperarse, esta norma tiene

sus

excepciones.

Ello

ocurre

siempre

que

el

organismo

administrativo actúe de forma arbitraria o en abuso de su

facultad

discrecional,

constitucionales

o

afectando

estatutarios

de

las

así

derechos

partes.20

Rivera

Colón v. Director Administrativo de los Tribunales, ante,

a la pág. 821. Véase, además: Leedom v. Kyne, 358 U.S. 184

(1958). De ser así, el acceso a los tribunales sí estaría

disponible. Rivera Colón v. Director Administrativo de los

Tribunales, ante.

A

tono

con

lo

anterior,

varios

tribunales

de

la

jurisdicción

norteamericana

han

resuelto

–-a

modo

de

excepción--

que

la

revisión

judicial

de

la

Nacional

de

determinaciones

procede

emitidas

por

Junta

20

En el pasado hemos señalado que “cualquier delegación de

poder

legislativo

concediendo

discreción

absoluta,

resultaría inconstitucional, pues ello equivaldría a una

delegación in toto del poder legislativo, actuación

contraria

a

los

cánones

constitucionales

de

una

democracia.” Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197,

200 (1964). Ciertamente, “el concepto legal de la

discreción no significa poder para actuar en una forma u

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho, sino la

obligación

de

aplicar

las

reglas

del

conocimiento

distintivo a ciertos hechos jurídicos con el objeto de

mitigar los efectos adversos de la Ley, a veces

diferenciando unos efectos de otros.” Ibid.

Cónsono con lo anterior, en Rodríguez v. Srio. de

Obras Públicas, 86 D.P.R. 258, 265 (1962), señalamos que

“[l]a discreción administrativa no es absoluta” y que

“[n]ingún tribunal estaría dispuesto a convertir la

discreción administrativa en un término mágico que permita

una arbitrariedad.”

21

CC-2001-961

Relaciones del Trabajo, negándose a emitir querella por

prácticas ilícitas siempre que la Junta haya actuado en

exceso del poder delegado. Bova v. Pipefitters & Plumbers

Local 60, 554 F.2d 226 (5to Cir. 1977); Terminal Freight

Handling Co. v. Solien, 444 F.2d 699 (8vo Cir. 1971);

Véase, además: Leedom v. Kyne, ante. Se ha entendido que

dicho organismo administrativo ha actuado en exceso del

poder

delegado

en

aquellos

casos

en

que

ignora

una

prohibición expresa contenida en la ley. Ibid.

Otra instancia en que los tribunales han optado por

ignorar

la

norma

general

a

los

efectos

de

que

la

determinación de la agencia en cuanto a no expedir una

querella

por

prácticas

ilícitas

no

es

revisable

judicialmente, es en aquellos casos en que la actuación

administrativa

descansa

en

errores

de

derecho

o

interpretaciones erróneas de la ley. Associated Builders &

Contractors, Inc. v. Irving, 610 F.2d 1221 (4to Cir. 1979);

N.L.R.B.

v.

International

Workers,

445

F.2d

1015

Brotherhood

(9no

Cir.

of

Electrical

1971);

Southern

California Dist. Council of Laborers ect. v. Ordman, 318

F.Supp. 633 (CD Cal 1970).

De

lo

anterior

se

colige

que

ante

determinaciones

como las que hoy nos ocupa –-emitir o no querella por

práctica ilícita de trabajo-- la revisión judicial sólo

procede

en

expresara

en

circunstancias

Hennepin

de

excepción,

Broadcasting

pues

como

se

Associates,

Inc.

v.

N.L.R.B., 408 F.Supp. 932 (D.C. Minn. 1975), sólo en casos

22

CC-2001-961

extremos podría obligarse a la Comisión a emitir, o al

menos a reconsiderar, su negativa a expedir una querella

por prácticas ilícitas. Véase, además: Southern California

Dist. Council of Laborers ect. v. Ordman, ante; Glenn A.

Guarino, Refusal of National Labor Relations Board to File

Unfair Labor Practice Complaint as Subject to Review in

Independent Suit in Federal District Court, 69 A.L.R. Fed.

870 (1984).

III

En virtud de lo expuesto en el acápite que antecede,

y

considerando

que

las

disposiciones

de

la

Ley

de

Relaciones del Trabajo para el Servicio Público, Ley Núm.

45

de

25

de

febrero

de

1998,

que

hoy

nos

ocupan

son

idénticas a las contenidas en la Ley de Relaciones del

Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945,

--y su Reglamento-- y que los organismos administrativos

creados

por

ambas

leyes

ejercen

y

regulan

funciones

similares, ciertamente, no vemos razón alguna por la cual

no

podamos

establecer

en

el

presente

caso

la

misma

normativa que rige bajo la Ley de Relaciones del Trabajo

en torno a la revisión judicial de la determinación de la

agencia al resolver si emite o no querella por práctica

ilícita.21

21 Hemos de recordar que dicha norma ha sido avalada no

sólo por la jurisprudencia de este Tribunal, sino también

por la jurisprudencia de los tribunales federales.

23

CC-2001-961

Esto es, hoy resolvemos que la determinación que hace

la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio

Público

al

resolver

si

inicia

o

no

una

querella

por

prácticas ilícitas no constituye una “orden final” a los

efectos

de

revisar

la

misma

ante

el

foro

apelativo

intermedio. Dicha determinación depende en su totalidad de

la discreción de la Comisión y, por consiguiente, no está

sujeta

a

sujeto

a

ser

revisada

que

no

circunstancias

judicialmente.

estén

presentes

de

Ello,

claro

ninguna

excepción

está,

de

las

reconocidas

jurisprudencialmente. Éstas son: (i) que la determinación

de

la

Comisión

afecte

derechos

constitucionales

de

las

partes por haber actuado de forma arbitraria o en abuso de

su facultad administrativa; (ii) que la Comisión ignore

una prohibición expresa contenida en su Ley orgánica y

(iii)

que

la

actuación

administrativa

descanse

en

una

interpretación errónea de la Ley.

IV

Dentro del marco doctrinal previamente esbozado es

que debemos evaluar si procede la revisión judicial de una

determinación emitida por la Comisión de Relaciones del

Trabajo del Servicio Público negándose a emitir querella

por alegadas prácticas ilícitas. Por entender que estamos

ante

una

determinación

administrativa

que

ha

sido

encomendada a la discreción de la agencia y que no están

presentes

ninguna

de

las

excepciones

que

nos

permiten

24

CC-2001-961

asumir jurisdicción en este tipo de asunto, contestamos

dicha

interrogante

en

la

negativa

y,

por

consiguiente,

dictamen

emitido

por

el

Tribunal

a

este

confirmamos

el

Circuito

Apelaciones

de

en

cuanto

de

particular.

Veamos.

En el caso de autos la peticionaria radicó un cargo de

práctica ilícita contra la Federación de Maestros de Puerto

Rico, alegando que ésta había violado la Sección 9.2(a) de

la Ley Núm. 45, ante, al coartarle su derecho a no estar

afiliada ni ser representada por la referida organización

obrera. La Comisión, luego de realizar la correspondiente

investigación, determinó que la evidencia presentada no era

suficiente

para

sustentar

un

cargo

por

violación

a

lo

dispuesto en la Sección 9.2(a) de la Ley. A su entender la

prueba

presentada

evidenciaba

que

la

Federación,

en

representación de la maestra unionada, había solicitado la

suspensión de la reunión en controversia al amparo del

derecho que le reconoce la Sección 16.7 de la Ley a estar

presente siempre que se celebren reuniones de este tipo.

En su escrito ante nos la peticionaria sostiene que en

el

momento

en

que

la

Comisión

archivó

y

desestimó

su

solicitud de cargos, teniendo por resuelta una controversia

de derecho que quedó sin resolver, dio paso a que la misma

pueda ser revisada judicialmente. Aun cuando reconoce que

la Comisión tiene amplia discreción para investigar cargos

de práctica ilícita y determinar si va a emitir querella a

tenor con lo resuelto en los casos Luce & Company v. Junta

25

CC-2001-961

de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ante, y Martínez

Rodríguez v. Autoridad de Energía Eléctrica, 133 D.P.R. 986

(1993), ante, la peticionaria arguye que dicha discreción

debe

ceder

ante

alegadamente,

situaciones

las

como

la

de

autos

determinaciones

en

que,

resultan

ser

irrazonables, injustas e inconsistentes.

De este modo, y amparándose en que la Comisión actuó

de manera irrazonable e ilegal al emitir su determinación,

la

peticionaria

decisión

solicita

emitida

declarándose

sin

determinación

de

por

la

de

el

esta

Curia

que

foro

apelativo

revoque

intermedio

jurisdicción

para

revisar

Comisión

cuanto

a

en

la

no

la

emitir

querella en contra de la Federación de Maestros por la

alegada violación a la Sección 9.2(a) de la Ley Núm. 45,

ante.22

No podemos refrendar dicha posición.

Ya hemos señalado que la determinación preliminar que

hace la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio

Público a los efectos de emitir o no una querella por

prácticas ilícitas es una que ha sido encomendada a la

discreción de la Comisión. Dicha determinación cae fuera

22

Nos resulta sorprendente por demás el hecho de que la

peticionaria, en lugar de solicitar que ordenemos a la

Comisión que expida la correspondiente querella, nos

solicita que: (i) que declaremos inconstitucional el

requisito impuesto por ley de notificar la intención de no

ser afiliado, so pena de ser ingresado automáticamente a

las filas del representante exclusivo certificado; (ii)

declaremos ilegal y ultra vires el término de quince días

anunciado por la Comisión en su Resolución del 13 de enero

de 1999; y (iii) declaremos que todo descuento salarial de

empleado gubernamental debe ser autorizado por escrito,

debiendo devolver el Departamento de Educación todo

descuento hecho sin tal autorización.

26

CC-2001-961

del

ámbito

de

la

revisión

judicial

a

menos

que

pueda

demostrarse que la Comisión ha actuado de forma arbitraria

o en abuso de su discreción y que ha afectado derechos

constitucionales o estatutarios de las partes.

En el presente caso la señora Molina Torres no ha

alegado, ni los hechos lo demuestran, que al negarse a

emitir querella por prácticas ilícitas la Comisión haya

actuado

de

delegado.

manera

ultra

vires

Tampoco

surge

que

interpretación

errónea

de

determinación

que

sido

derecho.

y

Tal

haya

como

o

en

estemos

la

Ley

exceso

ante

del

poder

un

caso

de

Núm.

45

o

ante

una

sustentada

en

un

error

de

Rodríguez

v.

ocurrió

en

Martínez

Autoridad de Energía Eléctrica, ante, en el presente caso

la negativa de la Comisión a expedir querella respondió a

que no encontró que la Federación hubiese incurrido en la

práctica ilícita imputada. Dicha determinación ciertamente

descansa en la experiencia y pericia de la agencia, quien

posee el conocimiento especializado para entender en este

tipo de asunto.23 De forma alguna podemos concluir que en

el presente caso la Comisión ha abusado de su poder en el

proceso

decisional.

demuestran

que

la

Todo

lo

actuación

contrario,

de

la

los

agencia

hechos

fue

una

razonable, tomada en virtud de la evidencia que le fuera

presentada.

23

Véase: Demetrio Fernández Quiñones, La revisión judicial

de las decisiones administrativas, 69 REV. JUR. U.P.R. 1129

(2000).

27

CC-2001-961

Tampoco

podemos

avalar

la

contención

de

la

peticionaria a los efectos de que la Comisión se negó a

considerar la controversia medular del caso resolviendo el

mismo al amparo de un asunto secundario. Una mera lectura

del

informe

emitido

por

el

agente

investigador

en

el

presente caso evidencia que la Comisión sí consideró el

asunto

de

la

violación

a

la

Sección

9.2(a),

ante,

realizando la investigación y análisis correspondientes.

Fue luego de este proceso de análisis que el investigador

concluyó que el cargo debía ser desestimado, pues, a base

de su pericia y conocimiento especializado, entendió que

la Federación no había incurrido en la violación de la

referida sección. El hecho de que en su resolución la

Comisión

haya

señalado

que

el

cargo

presentado

por

la

peticionaria no guardaba relación alguna con lo dispuesto

en la Sección 9.2(a), sino con la Sección 16.7 de la Ley

Núm. 45, ante, no significa que no haya investigado o

atendido

el

cargo

presentado.

Es

evidente

que

dicha

determinación fue tomada luego de analizar a cabalidad los

hechos

del

presente

caso

y

entender

que

no

existía

evidencia suficiente para sustentar la alegación de Molina

Torres en cuanto a la violación de la referida sección.

La peticionaria no nos ha puesto en condiciones de

revisar esta determinación, por lo que estamos impedidos

de entender en la misma.

28

CC-2001-961

V

En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la

confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones en el presente caso.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Presidente Interino

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federación de Maestros de

Puerto Rico

Recurrida

v.

CC-2001-961

CERTIORARI

María M. Molina Torres

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria

de la emitida en el presente caso por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

Los

Jueces

Asociados señora Naveira de Rodón y señor Fuster

Berlingeri disienten sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo