Tribunal Supremo de Puerto Rico
FEDERACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO V. MARIA M. MOLINA TORRES
2003 TSPR 159
Poder Judicial de Puerto Rico
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FEDERACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO V. MARIA M. MOLINA TORRES
CC-2001-0961
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Federación de Maestros de Puerto Rico
Recurrida
Certiorari
v.
2003 TSPR 159
María M. Molina Torres
160 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-961
Fecha: 5 de noviembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional V
Juez Ponente:
Hon. Rafael Ortiz Carrión
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay
Lcda. Lynn M. Carey Félix
Abogado de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de
Puerto Rico:
Lcdo. Raymond E. Morales
Materia: Revisión resolución de la Comisión de Relaciones del
del Servicio Público
Trabajo
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Federación de Maestros de
Puerto Rico
Recurrida
v.
CC-2001-961
CERTIORARI
María M. Molina Torres
Peticionaria
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO
SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003
¿Tiene jurisdicción el Tribunal de Circuito
de Apelaciones para revisar una decisión emitida
por
la
Comisión
Servicio
Público
Comisión
se
querella
de
mediante
negó
por
Relaciones
a
la
atender,
alegadas
del
Trabajo
cual
o
la
referida
tramitar,
prácticas
del
una
ilícitas?
Contestamos en la negativa. Veamos por qué.
I
El 27 de septiembre de 2000 la señora María
M. Molina Torres, quien se desempeña como maestra
del Departamento de Educación del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
radicó
un
cargo
de
3
CC-2001-961
práctica ilícita contra la Federación de Maestros de Puerto
Rico
ante
Servicio
la
Comisión
Público.
En
de
Relaciones
dicho
cargo
del
ésta
Trabajo
alegó
que
del
la
Federación había violado la Sección 9.2(a) de la Ley Núm.
45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 1452 (b),1 al
coartarle
su
derecho
a
no
estar
afiliada
ni
ser
representada por la Federación, derecho que reconocía la
mencionada Ley en su Sección 4.2,2 3 L.P.R.A. sec. 1451
(c).3
Al explicar en detalle el cargo imputado, la señora
Molina Torres señaló que, a pesar de que ésta no pertenecía
a la Federación, el 11 de agosto de 2000, recibió la visita
del Director de la Oficina de Quejas y Agravios de la
referida
indicó
1
organización,
que
la
el
señor
organización
que
Armando
Soto,
quien
le
éste
dirigía
era
su
Esta Sección dispone, en lo aquí pertinente, que:
Será práctica ilícita el que una organización de
empleados o alguno de sus miembros, actuando
individualmente
o
en
concierto
con
otros,
realice o intente realizar cualesquiera de los
siguientes actos:
(a) Intervenir, coartar o restringir a uno o
más empleados en relación con su decisión
de ejercer o no los derechos reconocidos en
este capítulo.
....
2
Esta sección fue derogada por la Ley Núm. 96 de 7 de
julio de 2001. En su lugar fueron incorporadas las
secciones 17.1, 3 L.P.R.A. sec. 1454 y 17.2, 3 L.P.R.A.
sec. 1454(a).
3
La Federación de Maestros de Puerto Rico fue certificada
como representante exclusivo de la Unidad Apropiada de
maestros y personal docente del Departamento de Educación
el 29 de noviembre de 1999.
4
CC-2001-961
representante exclusivo y que estaba obligada por ley a
representarla en una reunión que se llevaría a cabo en la
Oficina Regional de Ponce del Departamento de Educación el
14 de agosto de 2000;4 según sostuvo, el señor Soto le
indicó
que
ésta
debía
pagar
por
los
servicios
que
la
Federación le prestaría durante el referido proceso.
La
señora
representación
Molina
por
Torres
entender
se
negó
a
recibir
tal
que
ello
contravenía
lo
dispuesto en la Ley Núm. 45, ante, en cuanto al derecho de
los empleados del Departamento a la no afiliación. Según
sostuvo la peticionaria, esta fue la única ocasión en que
un miembro de la Federación se comunicó con ella a los
fines de ofrecerle los servicios de representación de la
referida organización obrera. Molina Torres, además, señaló
que: “[a] pesar de que el Sr. Soto ha[bía] visitado la
Escuela Ana Valldejuly en las mañanas de los días 15 de
agosto de 2000 y 15 de septiembre de 2000, no se ha[bía]
comunicado [con ella, por lo que] ent[endía] que ni el Sr.
Soto,
ni
su
organización
ha[bían]
tenido
interés
en
representar[la].” (énfasis suplido).
La reunión pautada para el 14 de agosto de 2000 fue
suspendida, por lo que la señora Molina Torres fue citada
a una segunda reunión, la cual se llevaría a cabo el 18 de
septiembre
4
de
2000.
Ese
día,
cuando
Molina
Torres
se
En dicha reunión se dilucidaría una controversia surgida
entre la señora Molina Torres y su compañera, la maestra
Elizabeth Bermúdez; esta última sí estaba afiliada a la
Federación de Maestros.
5
CC-2001-961
presentó a la Oficina Regional de Ponce, se le notificó
que la referida reunión había sido nuevamente suspendida.
De acuerdo a las alegaciones de la peticionaria, a ésta se
le informó que un representante de la Federación había
notificado que “las maestras” no comparecerían. También se
le
informó
que
la
Federación
había
solicitado
la
cancelación de la reunión, alegando que la situación debía
ser
discutida
Finalmente,
se
y
aclarada
en
el
le
indicó
la
señora
que
plantel
García
escolar.
Crespo,
Directora de la Escuela Valldejuly, había recibido ciertas
directrices y que ésta se estaría reuniendo con las partes
para comunicarle sobre las mismas. Según se le informó, si
luego de celebrada la reunión alguna de las partes quedaba
inconforme, dicha parte debía someter su querella ante el
Director de la Oficina de Asuntos Laborales.5
Ante
tales
circunstancias,
la
peticionaria
radicó
ante la Comisión los cargos antes descritos, alegando que
la Federación pretendía representarla sin su autorización,
violando así lo dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley Núm.
45, ante.6 La Comisión refirió el asunto a uno de sus
agentes
quien,
luego
de
realizar
la
correspondiente
5
Este era el procedimiento que disponía en ese momento la
Sección 10.04 del convenio colectivo para la resolución de
quejas y agravios.
6
Además, señaló que mantenía una relación contractual con
la Asociación de Maestros de Puerto Rico quien le
proveería representación legal para asistirla en este
proceso.
6
CC-2001-961
investigación,
emitió
un
informe
recomendando
la
desestimación del cargo imputado.
Al
fundamentar
investigador
sostuvo
indicativa
que
de
su
que
la
determinación,
no
existía
Federación
el
ninguna
hubiese
agente
evidencia
solicitado
la
suspensión de la reunión del 18 de septiembre de 2000 con
la intención de violar los derechos de la querellante. De
este modo, dio entero crédito a las alegaciones de la
Federación
a
los
efectos
de
que
la
referida
solicitud
había sido hecha en beneficio de la maestra unionada ya
que ésta no había sido notificada con tiempo suficiente
como
para
que
pudiera
estar
debidamente
representada,
concluyendo que la solicitud de suspensión hecha por la
Federación no constituía base suficiente para sustentar
una alegación de violación a la Ley Núm. 45, ante.
Refiriéndose
específicamente
al
hecho
de
que
un
miembro de la Federación le hubiese informado a la señora
Molina
que
exclusivo,
su
el
organización
investigador
sería
su
representante
expresó
que
existía
la
posibilidad de que la Federación hubiese así actuado en el
entendido
de
que
se
trataba
de
un
procedimiento
para
ventilar quejas y agravios, en cuyo caso la organización
tenía
derecho
a
participar
en
todas
las
etapas
del
procedimiento.7
7
Al fundamentar su contención el investigador citó lo
dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley Núm. 45, 3 L.P.R.A.
sec. 1451(c), la cual en ese momento establecía que todos
los
empleados
que
no
estuviesen
afiliados
a
la
(Continúa...)
7
CC-2001-961
Acogiendo la recomendación del agente investigador,
la
Comisión
notificó
a
de
emitir
determinación
no
desestimar
el
cargo
peticionaria
que
la
la
señora
querella
incoado,
evidencia
Molina
y
Torres
su
procedió
a
informándosele
presentada
no
a
la
constituía
base suficiente para emitir una querella por los cargos
alegados
y
solicitado
que
el
hecho
la
suspensión
de
que
de
la
la
Federación
reunión
del
hubiese
18
de
septiembre de 2000 no implicaba la existencia de violación
alguna. Al fundamentar su determinación la Comisión citó
lo
dispuesto
en
la
Sección
16.7
de
la
Ley
Núm
45,
3
L.P.R.A. sec. 1453(j), al sostener que la Federación tenía
derecho a solicitar la suspensión de la reunión aquí en
controversia.8
Insatisfecha con tal determinación, la peticionaria
presentó
una
solicitud
de
reconsideración
la
cual
fue
declarada “No Ha Lugar”. En la resolución emitida a tales
efectos, la Comisión determinó que el cargo presentado por
______________________
organización
obrera
certificada
como
representante
exclusivo debían observar las disposiciones del convenio
colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar
quejas y agravios y arbitraje; y que les serían aplicables
para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo
en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y
términos y condiciones de empleo.
8
Esta Sección dispone que “cualquier empleado p[uede]
presentar querella contra su agencia directamente a ésta
cuando
su
representante
exclusivo
se
haya
negado
manifiesta
o
implícitamente
a
hacerlo,
pero
el
representante exclusivo tendrá derecho a ser notificado y
a estar presente e intervenir en la discusión de la
querella....” (énfasis suplido).
8
CC-2001-961
Molina Torres no guardaba relación alguna con lo dispuesto
en la Sección 9.2(a), ante, de la Ley, como en efecto
alegaba la peticionaria, sino con la Sección 16.7, ante.
Por esta razón limitó la discusión del asunto planteado a
lo relativo a la Sección 16.7, ante, negándose a evaluar
el asunto bajo el prisma de la Sección 9.2(a), ante, de la
Ley.
La señora Molina Torres, alegando que la Comisión no
había resuelto la verdadera controversia planteada, acudió
ante
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
mediante
recurso de revisión. Adujo que el asunto de la suspensión
de la reunión –-atendido por la Sección 16.7 de la Ley-no constituía la controversia medular del caso, sino el
reclamo
de
que
la
Federación
pretendía
coartarle
su
derecho a no afiliarse ni ser representada por la referida
organización
obrera,
asunto
contemplado
en
la
Sección
9.2(a) de la Ley. Según alegó, en la evaluación que hizo
la Comisión a los efectos de determinar si emitía o no una
querella en contra de la Federación no se consideró el
asunto principal allí planteado que era precisamente la
violación de esta Sección 9.2(a).
Mediante resolución a esos efectos, el 19 de octubre
de 2001, el foro apelativo intermedio denegó la expedición
del auto solicitado concluyendo que la determinación de
emitir
o
no
una
querella
por
práctica
ilícita
es
una
decisión que realiza la Comisión en el ejercicio de su
función investigativa y que, por no ser el resultado de un
9
CC-2001-961
procedimiento adjudicativo formal, no está sujeta a ser
revisada por los tribunales.
Inconforme, la señora Molina Torres recurrió –-vía
certiorari-- ante este Tribunal, alegando que incidió el
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
... al denegar la expedición del auto de
revisión por falta de jurisdicción y no revisar
la determinación de la Comisión de Relaciones
del Trabajo del Servicio Público de no emitir
querella contra la Federación de Maestros por
violación a la Sección 9.2 (a) de la Ley Núm. 45
de 25 de febrero de 1998.
Expedimos
el
recurso
y
concedimos
término
a
ambas
partes para que se expresaran en torno a sus respectivas
posiciones. La parte peticionaria compareció, no así la
parte recurrida.9 Resolvemos, por tanto, sin el beneficio
de su comparecencia.
II
La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.
sec. 1451 et seq., conocida como “Ley de Relaciones del
Trabajo
para
el
Servicio
Público
de
Puerto
Rico”,
fue
aprobada con el propósito de conferirle a los empleados
públicos que no estén cubiertos por la Ley Núm. 130 de 8
9
Mediante Resolución a esos efectos, el 22 de julio de
2002, le concedimos a la Federación un término de veinte
(20) días para presentar su alegato, apercibiéndole que de
no recibirse el mismo dentro del término indicado, el caso
quedaría sometido sin el beneficio de su comparecencia.
10
CC-2001-961
de mayo de 1945,10 29 L.P.R.A. sec. 62 et seq., el derecho
a la organización sindical y a la negociación colectiva,
siempre que se observen los parámetros establecidos en la
Ley. Estos parámetros se circunscriben a tres criterios
esenciales,
a
saber:
(i)
acomodar,
dentro
de
las
realidades fiscales en que se desenvuelve el Gobierno, el
costo correspondiente al mejoramiento de las condiciones
de
trabajo
de
los
empleados
públicos;
(ii)
evitar
interrupciones en los servicios que prestan las agencias
gubernamentales; y (iii) promover la productividad en el
servicio público. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 45
de 25 de febrero de 1998, Leyes de Puerto Rico, pág. 148.
Mediante la aprobación de esta pieza legislativa se
creó la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio
Público, entidad encargada de interpretar, aplicar y hacer
cumplir las disposiciones de la Ley en todo lo relativo a
procesos de organización, certificación, descertificación
de organizaciones sindicales, procedimientos relacionados
con
la
convenios
conciliación
y
colectivos,
arbitraje
de
procedimientos
negociaciones
de
relacionados
con
prácticas ilícitas y en todos aquellos aspectos que la Ley
le haya delegado alguna actuación en particular. Entre las
muchas facultades conferidas por la Ley a esta Comisión
10
Conocida como
Puerto Rico”.
la
“Ley
de
Relaciones
del
Trabajo
de
11
CC-2001-961
está
la
de
resolver
controversias
relativas
a
la
aplicación de su estatuto.11
En lo que respecta a la controversia ante nuestra
consideración, debemos señalar que esta pieza legislativa
estableció el procedimiento a seguir en situaciones en que
una
agencia,
persona
representante
interesada
desee
exclusivo
radicar
o
ante
cualquier
la
otra
Comisión
una
querella imputando la existencia de una práctica ilícita.
Sobre este particular la Sección 9.3(a) la Ley, 3 L.P.R.A.
sec. 1452(c), dispone, en lo aquí pertinente, que siempre
que
una
persona
radique
una
querella
imputando
la
existencia de una práctica ilícita, la Comisión “llevará a
cabo una investigación de los cargos imputados y preparará
un informe sobre la misma.” A continuación esta Sección
establece que “[s]i la Comisión determina que no hay base
para imputación de prácticas ilícitas, cerrará y archivará
el caso mediante orden a esos efectos.” Ibid.
Por su parte, el Reglamento Núm. 6385 de la Comisión
de
Relaciones
del
Trabajo
del
Servicio
Público,
en
su
Sección 408, dispone, en lo pertinente, que:
si la determinación de la Comisión es que no
existe causa probable para encontrar que se
violó la Ley, se le notificará a la parte que
radicó el caso y se le dará la opción de retirar
el mismo. Si la parte retira el caso será sin
perjuicio. Si la parte no retira el caso se
desestimará el mismo por escrito y con copia a
las otras partes. En aquellos casos en que el
11
Para otras facultades, deberes y responsabilidades de la
Comisión, véase la Sección 1452(t) del Título 3 de Leyes
de Puerto Rico Anotadas.
12
CC-2001-961
promovente
no
esté
de
acuerdo
con
la
determinación de desestimar todas o alguna de
las
alegaciones,
tendrá
siete
días
para
solicitar reconsideración a la Comisión. El
escrito de reconsideración deberá especificar
todos los puntos en controversia; describir la
evidencia que se alega sostiene las alegaciones;
e ilustrar a la Comisión sobre porqué debe
existir causa probable para encontrar que se ha
violado la Ley.
Finalmente, procede que se enfatice que el Inciso (d)
de esta Sección establece que “[l]as determinaciones de
emitir o no una querella no serán revisables ante ningún
tribunal” Ibid.
Contrario a lo antes expuesto, si de la investigación
inicial que realiza la Comisión, la cual podemos catalogar
como “preliminar”, surge que probablemente el imputado ha
incurrido en una práctica ilícita, entonces la Comisión
deberá ordenarle a uno de sus abogados que redacte una
querella
de
conformidad
con
la
determinación
de
causa
probable.12 Es a partir de este momento en que comienza el
proceso adjudicativo ante la Comisión.13
12
En estos casos no se emitirá querella hasta que haya
pasado el período de reconsideración que corresponde a las
desestimaciones parciales o hasta que la Comisión haya
decidido dicha reconsideración, de haber sido sometida.
Sección 409(b) del Reglamento Núm. 6385 de la Comisión de
Relaciones del Trabajo del Servicio Público de 28 de
diciembre de 2001.
13
La Secretaría notificará esta querella, además del aviso
de audiencia, a las partes. La vista ante el oficial
examinador deberá celebrarse en los próximos treinta (30)
días. La parte contra quien se expidió la querella tendrá
diez (10) días a partir de su notificación, para contestar
las alegaciones de la misma de conformidad con el Artículo
9, Sección 9.3 (e), de la Ley.
13
CC-2001-961
Como vemos, el procedimiento para ventilar cargos por
prácticas ilícitas consta de dos fases. En la primera de
ellas se realiza una investigación “preliminar” con el fin
de determinar si existe causa probable para creer que el
imputado ha incurrido en una práctica ilícita. La propia
Ley,
en
su
Sección
9.3(a),
ante,
hay
Comisión
determina
que
sostener
los
imputados,
cargos
no
establece
base
deberá
que
si
la
suficiente
para
emitir
orden
una
cerrando y archivando el caso. Adviértase que la única
alternativa que se le brinda al querellante, en esta etapa
de
los
procedimientos,
surge
de
lo
dispuesto
en
la
precitada Sección 408 del Reglamento de la Comisión, donde
se
reconoce
el
reconsideración
derecho
ante
la
del
querellante
Comisión.
Es
de
a
solicitar
notar
que
el
propio Reglamento, en su Sección 408(d), dispone que en
esta
etapa
de
los
procedimientos
no
existirá
revisión
judicial alguna.
Por su parte, la segunda fase del procedimiento surge
tan pronto como se emite la querella correspondiente. Es
en este momento en que se activan los derechos que dispone
la Ley en cuanto al proceso adjudicativo que habrá de
celebrarse
ante
el
organismo
administrativo.
Entre
los
derechos que le asisten a las partes, en esta etapa de los
procedimientos,
está
la
revisión
judicial
de
la
“orden
final” que emite la Comisión. A tales efectos, la Sección
9.3(j) de la Ley, 3 L.P.R.A. sec. 1452(c), dispone, en lo
pertinente, que “cualquier parte adversamente afectada por
14
CC-2001-961
una orden final de la Comisión podrá solicitar revisión de
la
misma
ante
el
radicando
ante
Tribunal
dicho
de
Circuito
Tribunal
una
de
Apelaciones,
petición
escrita
solicitando que la orden de la Comisión sea modificada o
revocada....” (énfasis suplido).
Somos los primeros en admitir que podría surgir una
interrogante en cuanto a si esta revisión que permite la
Ley, en esta etapa de los procedimientos, debe aplicar de
igual
forma
en
aquellos
casos
en
que
se
trate
de
una
determinación de no emitir querella por práctica ilícita.
Esto
es,
si
luego
de
denegando
la
expedición
que
la
Comisión
emite
la
orden
de
la
querella
–-en
la
etapa
preliminar del procedimiento-- y luego de que la misma se
convierta en una “orden final”, por haber sido denegada su
reconsideración, existe la posibilidad de revisar dicha
orden ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Esta interrogante fue contestada en la negativa por
este Tribunal en Luce & Company v. Junta de Relaciones del
Trabajo
de
Puerto
Rico,
82
D.P.R.
96
(1961),
donde
interpretamos una disposición idéntica a la que hoy ocupa
nuestra atención, que contiene la Ley Núm. 130 de 8 de
mayo
de
1945,
ante.14
En
aquella
ocasión
teníamos
14
Ésta dispone, en lo pertinente, que:
Cualquier persona perjudicada por una orden
final de la Junta concediendo o negando, en todo
o en parte, el remedio que se interesa, podrá
obtener la revisión de dicha orden en el
Tribunal Supremo de Puerto Rico, radicando en
dicho tribunal una petición escrita suplicando
(Continúa...)
ante
15
CC-2001-961
nuestra consideración una controversia muy similar a la
que hoy nos ocupa, pues se nos solicitó la revisión de una
resolución dictada por la Junta de Relaciones del Trabajo,
mediante
la
cual
se
confirmó
la
determinación
de
su
Presidente de no dar inicio a una querella por prácticas
ilícitas.
A
pesar
de
que
se
trata
de
dos
estatutos
diferentes, por considerar que la ley que creó la Junta de
Relaciones del Trabajo, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945,
ante,
y
Reglamento,15
su
contienen
disposiciones
muy
similares a las que hoy nos ocupan y que las funciones y
deberes de la Junta comparan sustancialmente con las de la
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público,
somos
del
criterio
que
lo
allí
resuelto
resulta
de
particular pertinencia a nuestro caso.
En
Luce
&
Company,
ante,
refiriéndonos
específicamente al asunto de si la decisión de la Junta de
Relaciones del Trabajo al resolver si inicia o no una
querella
por
alegadas
considerada
como
revisar
misma
la
una
prácticas
“orden
ante
el
ilícitas
final”
Tribunal
a
los
de
puede
ser
efectos
de
Circuito
de
Apelaciones, señalamos que esta determinación depende en
su totalidad de la discreción de la agencia y que, por tal
razón, se ubica fuera del ámbito de la revisión judicial.16
______________________
que la orden de la Junta sea
revocada. 29 L.P.R.A. sec. 70.
modificada
o
15
Reglamento Núm. 2 de 2 de abril de 1946.
Adviértase que estamos ante una excepción a la norma
general de que la revisión judicial de las determinaciones
16
(Continúa...)
16
CC-2001-961
En
tal
virtud,
concluimos
en
dicho
caso
que
esta
determinación no es revisable como una “orden final” de la
Junta y que lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de
Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. sec. 70, --idéntico a
lo que dispone la Sección 9.3(j) de la Ley de Relaciones
del Trabajo para el Servicio Público hoy bajo análisis-no es de aplicación a aquellos casos en que lo que se
intenta revisar es la denegatoria de la Comisión en cuanto
a expedir querella por prácticas ilícitas.17
Ciertamente,
la
razón
principal
que
llevó
a
este
Tribunal a decidir, como lo hicimos en Luce & Company,
ante,
descansa
entendimos
en
que,
al
gran
medida
considerar
en
el
cargos
hecho
por
de
que
prácticas
ilícitas, la Junta ejercita su discreción administrativa.
Ello,
como
norma
general,
impide
la
revisión
judicial,
pues, según expresamos, el curso de acción que sigue el
______________________
administrativas se presume siempre que no haya sido
prohibida por la Asamblea Legislativa en forma expresa y
clara. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo
y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum
(1993), a las págs. 414-415. Véase, además: Bonilla v.
Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987); Santos Rodríguez v.
Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964); Medina v.
Pons, 81 D.P.R. 1 (1959); López Luiggi v. Muñoz Marín, 80
D.P.R. 4 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377
(1952).
17
Esta norma fue reiterada por este Tribunal años más
tarde en Martínez Rodríguez v. Autoridad de Energía
Eléctrica, 133 D.P.R. 986 (1993).
17
CC-2001-961
organismo
administrativo
“responde
a
su
política
administrativa especializada.”18 A tales efectos señalamos:
Resulta claro que, al considerar cargos de
prácticas ilícitas, la Junta puede ejercitar su
discreción administrativa al resolver si inicia
o no la querella correspondiente. Como se dijo
en Jacobsen et al. v. N.L.R.B., 120 F.2d 96
(C.A. 3 1941), ‘el curso de acción a seguirse
descansa en la sana discreción de la Junta y
responde
a
su
política
administrativa
especializada. No se trata de discreción legal,
al menos de aquella que daría margen a los
tribunales de circuito de apelaciones para
ordenar a la Junta a expedir una querella’.
Parece obvio que si la decisión de la Junta de
negarse a expedir una querella a base de la
presentación de cargos por prácticas ilícitas
estuviera sujeta a revisión judicial, no sólo se
inundarían los tribunales con recursos de esta
clase,
sino
que
en
efecto
se
estaría
sustituyendo la práctica administrativa uniforme
18
La jurisprudencia federal ha reconocido, como norma
general, que existe una presunción de no revisibilidad con
relación a las determinaciones administrativas que han
sido encomendadas a la discreción de la agencia. Bowen v.
Michigan Academy of Family Physicians, 467 U.S. 106,
(1986); Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136
(1967) y Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401
U.S. 401 (1971). Véase, además: 5 U.S.C. sec. 701(a)(2);
Richard J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed.,
New York, Ed. Aspen Law & Bussiness, V. III, págs. 125869.
En
cuanto
a
las
razones
que
sustentan
esta
presunción, se ha señalado lo siguiente:
First,
without
benefit
of
a
statutory
delineation of the limits of discretion it would
be very difficult for courts to decide in
particular cases whether there had been an abuse
of discretion . . . . A second reason for
judicial reluctance to review discretionary
decisions is that exercises of broad discretion
will only infrequently violate the standard of
abuse of discretion, and it would be wasteful to
entertain numerous suits, many surely frivolous,
in order to correct the occasional abuse. Harvey
Saferstein,
Nonreviewability:
A
Functional
Analisis of “Committed to Agengy Discretion”, 82
HAR. L. REV. 367, 380-81 (1968).
18
CC-2001-961
establecida, desarrollada y orientada de un
organismo
especializado
por
el
criterio
judicial.
Y
esto
nos
llevaría
con
toda
probabilidad a la incertidumbre en el campo del
derecho obrero-patronal debido a las diferencias
entre las distintas filosofías socio-económicas
de los jueces. (citas omitidas y énfasis
suplido).19
Entre los casos citados en apoyo de la determinación
a
la
que
llegáramos
en
Luce
&
Company,
ante,
debemos
resaltar uno resuelto por el Tribunal de Apelaciones del
Primer
Circuito,
Lincourt
v.
National
Labor
Relations
Board, 170 F.2d 307 (1er Cir. 1948), donde se resolvió que
en los procedimientos de prácticas ilícitas la radicación
de
la
querella
era
una
materia
de
discreción
administrativa y que la negativa de la agencia a iniciar
la misma no era revisable por las cortes de circuito. Esta
norma fue ratificada años más tarde en Saez v. Goslee, 463
F.2d 214 (1er Cir. 1972), cert. den. 409 U.S. 1024 (1972),
donde ese mismo tribunal sostuvo que “this situation seems
paradigmatic
of
one
which
is
‘committed
to
agency
discretion’...”
Son
innumerables
las
decisiones
emitidas
por
los
diferentes tribunales de la jurisdicción norteamericana en
torno a este tema. N.L.R.B. v. Sears, Roebuck & Co., 421
19
A esta conclusión llegamos tras adoptar las expresiones
de varios tribunales de la jurisdicción norteamericana en
relación a lo dispuesto en la Ley Nacional de Relaciones
del Trabajo de 1935, conocida como Ley Wagner, (Ley de 5
de julio de 1935, cap. 372, 49 Stat. 449), y la Ley de
Relaciones Obrero-Patronales de 1947, conocida como Ley
Taft-Hartley (61 Stat. 136 (1947), 29 U.S.C. sec. 160
(1952),
legislaciones
que
contienen
disposiciones
similares a las contenidas en la Ley Núm. 130, ante.
19
CC-2001-961
U.S.
132
(1975);
Vaca
v.
Sipes,
386
U.S.
171
(1967);
Lincourt v. N.L.R.B., 170 F.2d 306, (1er Cir. 1948); Saez
v Goslee, 463 F2d 214, cert. den. 409 U.S. 1024 (1972);
United Electrical Contractors Asso. v. Ordman; 366 F.2d
776 (2do Cir. 1966), cert. den. 385 U.S. 1026 (1967);
National Maritime Union v. N.L.R.B., 423 F.2d 625 (2do
Cir. 1970);
Jacobsen v. N.L.R.B., 120 F.2d 96 (3er Cir.
1941); Contractors Asso. of Philadelphia v. N.L.R.B., 295
F.2d 526 (3er Cir. 1961), cert. den. 369 U.S. 813 (1962);
Quick v. N.L.R.B., 245 F.3d 231 (3er Cir. 2001); George
Banta Co. v. N.L.R.B., 626 F.2d 354 (4to Cir. 1980), cert.
den. 449 U.S. 1080 (1981); N.L.R.B. v. Bar-Brook Mfg. Co.,
220
F.2d
832
(5to
Cir.
1955);
Bova
v.
Pipefitters
&
Plumbers Local 60, 554 F.2d 226 (5to Cir. 1977); Rockford
Redi-Mix Co. v. Zipp, 632 F.2d 30 (7mo Cir. 1980), cert.
den. 450 U.S. 929 (1981); Braden v. Herman, 468 F.2d 592
(8vo Cir. 1972), cert. den. 411 U.S. 916 (1973); N.L.R.B.
v. International Brotherhood of Electrical Workers, 445
F.2d 1015 (9no Cir. 1971); Pacific Southwest Airlines v.
N.L.R.B.,
611
International
F.2d
1309
Alliance
of
(9no
Cir.
Theatrical
1980);
Stage
Baker
v.
Employees
&
Moving Picture Operators, 691 F.2d 1291 (9no Cir. 1982).
La norma reiterada en los mismos es a los efectos de
que la decisión de emitir o no una querella con relación a
prácticas ilícitas descansa en la sana discreción de la
agencia. Ibid. Basándose en ello los tribunales, una y
otra vez, han resuelto que la decisión de emitir o no una
20
CC-2001-961
querella por alegadas prácticas ilícitas es una que no
está sujeta a ser revisada judicialmente.
Ahora bien, y como era de esperarse, esta norma tiene
sus
excepciones.
Ello
ocurre
siempre
que
el
organismo
administrativo actúe de forma arbitraria o en abuso de su
facultad
discrecional,
constitucionales
o
afectando
estatutarios
de
las
así
derechos
partes.20
Rivera
Colón v. Director Administrativo de los Tribunales, ante,
a la pág. 821. Véase, además: Leedom v. Kyne, 358 U.S. 184
(1958). De ser así, el acceso a los tribunales sí estaría
disponible. Rivera Colón v. Director Administrativo de los
Tribunales, ante.
A
tono
con
lo
anterior,
varios
tribunales
de
la
jurisdicción
norteamericana
han
resuelto
–-a
modo
de
excepción--
que
la
revisión
judicial
de
la
Nacional
de
determinaciones
procede
emitidas
por
Junta
20
En el pasado hemos señalado que “cualquier delegación de
poder
legislativo
concediendo
discreción
absoluta,
resultaría inconstitucional, pues ello equivaldría a una
delegación in toto del poder legislativo, actuación
contraria
a
los
cánones
constitucionales
de
una
democracia.” Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197,
200 (1964). Ciertamente, “el concepto legal de la
discreción no significa poder para actuar en una forma u
otra, haciendo abstracción del resto del Derecho, sino la
obligación
de
aplicar
las
reglas
del
conocimiento
distintivo a ciertos hechos jurídicos con el objeto de
mitigar los efectos adversos de la Ley, a veces
diferenciando unos efectos de otros.” Ibid.
Cónsono con lo anterior, en Rodríguez v. Srio. de
Obras Públicas, 86 D.P.R. 258, 265 (1962), señalamos que
“[l]a discreción administrativa no es absoluta” y que
“[n]ingún tribunal estaría dispuesto a convertir la
discreción administrativa en un término mágico que permita
una arbitrariedad.”
21
CC-2001-961
Relaciones del Trabajo, negándose a emitir querella por
prácticas ilícitas siempre que la Junta haya actuado en
exceso del poder delegado. Bova v. Pipefitters & Plumbers
Local 60, 554 F.2d 226 (5to Cir. 1977); Terminal Freight
Handling Co. v. Solien, 444 F.2d 699 (8vo Cir. 1971);
Véase, además: Leedom v. Kyne, ante. Se ha entendido que
dicho organismo administrativo ha actuado en exceso del
poder
delegado
en
aquellos
casos
en
que
ignora
una
prohibición expresa contenida en la ley. Ibid.
Otra instancia en que los tribunales han optado por
ignorar
la
norma
general
a
los
efectos
de
que
la
determinación de la agencia en cuanto a no expedir una
querella
por
prácticas
ilícitas
no
es
revisable
judicialmente, es en aquellos casos en que la actuación
administrativa
descansa
en
errores
de
derecho
o
interpretaciones erróneas de la ley. Associated Builders &
Contractors, Inc. v. Irving, 610 F.2d 1221 (4to Cir. 1979);
N.L.R.B.
v.
International
Workers,
445
F.2d
1015
Brotherhood
(9no
Cir.
of
Electrical
1971);
Southern
California Dist. Council of Laborers ect. v. Ordman, 318
F.Supp. 633 (CD Cal 1970).
De
lo
anterior
se
colige
que
ante
determinaciones
como las que hoy nos ocupa –-emitir o no querella por
práctica ilícita de trabajo-- la revisión judicial sólo
procede
en
expresara
en
circunstancias
Hennepin
de
excepción,
Broadcasting
pues
como
se
Associates,
Inc.
v.
N.L.R.B., 408 F.Supp. 932 (D.C. Minn. 1975), sólo en casos
22
CC-2001-961
extremos podría obligarse a la Comisión a emitir, o al
menos a reconsiderar, su negativa a expedir una querella
por prácticas ilícitas. Véase, además: Southern California
Dist. Council of Laborers ect. v. Ordman, ante; Glenn A.
Guarino, Refusal of National Labor Relations Board to File
Unfair Labor Practice Complaint as Subject to Review in
Independent Suit in Federal District Court, 69 A.L.R. Fed.
870 (1984).
III
En virtud de lo expuesto en el acápite que antecede,
y
considerando
que
las
disposiciones
de
la
Ley
de
Relaciones del Trabajo para el Servicio Público, Ley Núm.
45
de
25
de
febrero
de
1998,
que
hoy
nos
ocupan
son
idénticas a las contenidas en la Ley de Relaciones del
Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945,
--y su Reglamento-- y que los organismos administrativos
creados
por
ambas
leyes
ejercen
y
regulan
funciones
similares, ciertamente, no vemos razón alguna por la cual
no
podamos
establecer
en
el
presente
caso
la
misma
normativa que rige bajo la Ley de Relaciones del Trabajo
en torno a la revisión judicial de la determinación de la
agencia al resolver si emite o no querella por práctica
ilícita.21
21 Hemos de recordar que dicha norma ha sido avalada no
sólo por la jurisprudencia de este Tribunal, sino también
por la jurisprudencia de los tribunales federales.
23
CC-2001-961
Esto es, hoy resolvemos que la determinación que hace
la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Público
al
resolver
si
inicia
o
no
una
querella
por
prácticas ilícitas no constituye una “orden final” a los
efectos
de
revisar
la
misma
ante
el
foro
apelativo
intermedio. Dicha determinación depende en su totalidad de
la discreción de la Comisión y, por consiguiente, no está
sujeta
a
sujeto
a
ser
revisada
que
no
circunstancias
judicialmente.
estén
presentes
de
Ello,
claro
ninguna
excepción
está,
de
las
reconocidas
jurisprudencialmente. Éstas son: (i) que la determinación
de
la
Comisión
afecte
derechos
constitucionales
de
las
partes por haber actuado de forma arbitraria o en abuso de
su facultad administrativa; (ii) que la Comisión ignore
una prohibición expresa contenida en su Ley orgánica y
(iii)
que
la
actuación
administrativa
descanse
en
una
interpretación errónea de la Ley.
IV
Dentro del marco doctrinal previamente esbozado es
que debemos evaluar si procede la revisión judicial de una
determinación emitida por la Comisión de Relaciones del
Trabajo del Servicio Público negándose a emitir querella
por alegadas prácticas ilícitas. Por entender que estamos
ante
una
determinación
administrativa
que
ha
sido
encomendada a la discreción de la agencia y que no están
presentes
ninguna
de
las
excepciones
que
nos
permiten
24
CC-2001-961
asumir jurisdicción en este tipo de asunto, contestamos
dicha
interrogante
en
la
negativa
y,
por
consiguiente,
dictamen
emitido
por
el
Tribunal
a
este
confirmamos
el
Circuito
Apelaciones
de
en
cuanto
de
particular.
Veamos.
En el caso de autos la peticionaria radicó un cargo de
práctica ilícita contra la Federación de Maestros de Puerto
Rico, alegando que ésta había violado la Sección 9.2(a) de
la Ley Núm. 45, ante, al coartarle su derecho a no estar
afiliada ni ser representada por la referida organización
obrera. La Comisión, luego de realizar la correspondiente
investigación, determinó que la evidencia presentada no era
suficiente
para
sustentar
un
cargo
por
violación
a
lo
dispuesto en la Sección 9.2(a) de la Ley. A su entender la
prueba
presentada
evidenciaba
que
la
Federación,
en
representación de la maestra unionada, había solicitado la
suspensión de la reunión en controversia al amparo del
derecho que le reconoce la Sección 16.7 de la Ley a estar
presente siempre que se celebren reuniones de este tipo.
En su escrito ante nos la peticionaria sostiene que en
el
momento
en
que
la
Comisión
archivó
y
desestimó
su
solicitud de cargos, teniendo por resuelta una controversia
de derecho que quedó sin resolver, dio paso a que la misma
pueda ser revisada judicialmente. Aun cuando reconoce que
la Comisión tiene amplia discreción para investigar cargos
de práctica ilícita y determinar si va a emitir querella a
tenor con lo resuelto en los casos Luce & Company v. Junta
25
CC-2001-961
de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ante, y Martínez
Rodríguez v. Autoridad de Energía Eléctrica, 133 D.P.R. 986
(1993), ante, la peticionaria arguye que dicha discreción
debe
ceder
ante
alegadamente,
situaciones
las
como
la
de
autos
determinaciones
en
que,
resultan
ser
irrazonables, injustas e inconsistentes.
De este modo, y amparándose en que la Comisión actuó
de manera irrazonable e ilegal al emitir su determinación,
la
peticionaria
decisión
solicita
emitida
declarándose
sin
determinación
de
por
la
de
el
esta
Curia
que
foro
apelativo
revoque
intermedio
jurisdicción
para
revisar
Comisión
cuanto
a
en
la
no
la
emitir
querella en contra de la Federación de Maestros por la
alegada violación a la Sección 9.2(a) de la Ley Núm. 45,
ante.22
No podemos refrendar dicha posición.
Ya hemos señalado que la determinación preliminar que
hace la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio
Público a los efectos de emitir o no una querella por
prácticas ilícitas es una que ha sido encomendada a la
discreción de la Comisión. Dicha determinación cae fuera
22
Nos resulta sorprendente por demás el hecho de que la
peticionaria, en lugar de solicitar que ordenemos a la
Comisión que expida la correspondiente querella, nos
solicita que: (i) que declaremos inconstitucional el
requisito impuesto por ley de notificar la intención de no
ser afiliado, so pena de ser ingresado automáticamente a
las filas del representante exclusivo certificado; (ii)
declaremos ilegal y ultra vires el término de quince días
anunciado por la Comisión en su Resolución del 13 de enero
de 1999; y (iii) declaremos que todo descuento salarial de
empleado gubernamental debe ser autorizado por escrito,
debiendo devolver el Departamento de Educación todo
descuento hecho sin tal autorización.
26
CC-2001-961
del
ámbito
de
la
revisión
judicial
a
menos
que
pueda
demostrarse que la Comisión ha actuado de forma arbitraria
o en abuso de su discreción y que ha afectado derechos
constitucionales o estatutarios de las partes.
En el presente caso la señora Molina Torres no ha
alegado, ni los hechos lo demuestran, que al negarse a
emitir querella por prácticas ilícitas la Comisión haya
actuado
de
delegado.
manera
ultra
vires
Tampoco
surge
que
interpretación
errónea
de
determinación
que
sido
derecho.
y
Tal
haya
como
o
en
estemos
la
Ley
exceso
ante
del
poder
un
caso
de
Núm.
45
o
ante
una
sustentada
en
un
error
de
Rodríguez
v.
ocurrió
en
Martínez
Autoridad de Energía Eléctrica, ante, en el presente caso
la negativa de la Comisión a expedir querella respondió a
que no encontró que la Federación hubiese incurrido en la
práctica ilícita imputada. Dicha determinación ciertamente
descansa en la experiencia y pericia de la agencia, quien
posee el conocimiento especializado para entender en este
tipo de asunto.23 De forma alguna podemos concluir que en
el presente caso la Comisión ha abusado de su poder en el
proceso
decisional.
demuestran
que
la
Todo
lo
actuación
contrario,
de
la
los
agencia
hechos
fue
una
razonable, tomada en virtud de la evidencia que le fuera
presentada.
23
Véase: Demetrio Fernández Quiñones, La revisión judicial
de las decisiones administrativas, 69 REV. JUR. U.P.R. 1129
(2000).
27
CC-2001-961
Tampoco
podemos
avalar
la
contención
de
la
peticionaria a los efectos de que la Comisión se negó a
considerar la controversia medular del caso resolviendo el
mismo al amparo de un asunto secundario. Una mera lectura
del
informe
emitido
por
el
agente
investigador
en
el
presente caso evidencia que la Comisión sí consideró el
asunto
de
la
violación
a
la
Sección
9.2(a),
ante,
realizando la investigación y análisis correspondientes.
Fue luego de este proceso de análisis que el investigador
concluyó que el cargo debía ser desestimado, pues, a base
de su pericia y conocimiento especializado, entendió que
la Federación no había incurrido en la violación de la
referida sección. El hecho de que en su resolución la
Comisión
haya
señalado
que
el
cargo
presentado
por
la
peticionaria no guardaba relación alguna con lo dispuesto
en la Sección 9.2(a), sino con la Sección 16.7 de la Ley
Núm. 45, ante, no significa que no haya investigado o
atendido
el
cargo
presentado.
Es
evidente
que
dicha
determinación fue tomada luego de analizar a cabalidad los
hechos
del
presente
caso
y
entender
que
no
existía
evidencia suficiente para sustentar la alegación de Molina
Torres en cuanto a la violación de la referida sección.
La peticionaria no nos ha puesto en condiciones de
revisar esta determinación, por lo que estamos impedidos
de entender en la misma.
28
CC-2001-961
V
En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la
confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones en el presente caso.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Presidente Interino
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Federación de Maestros de
Puerto Rico
Recurrida
v.
CC-2001-961
CERTIORARI
María M. Molina Torres
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria
de la emitida en el presente caso por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
Los
Jueces
Asociados señora Naveira de Rodón y señor Fuster
Berlingeri disienten sin opinión escrita.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo