LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. V. EDWARD ROSARIO ORANGEL

2003 TSPR 158

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE P.R. V. EDWARD ROSARIO ORANGEL

CC-2001-1025

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2003 TSPR 158

Edward Rosario Orangel

160 DPR ____

Acusado-recurrido

Número del Caso: CC-2001-1025

Fecha: 5 de noviembre de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Rosa I. Ward Cid

Materia: Asesinato en Segundo Grado y Otros

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2001-1025

CERTIORARI

Edward Rosario Orangel

Acusado-recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico 5 de noviembre de 2003

El 29 de enero de 1999 el recurrido Edward

Rosario

Orangel

Asesinato

en

fue

acusado

Primer

Grado,

del

en

delito

de

violación

al

Artículo 83 del Código Penal de Puerto Rico,1 y por

infracciones a los Artículos 5 y 8A de la Ley de

Armas de Puerto Rico;2 ello en relación con hechos

acaecidos

el

7

de

diciembre

de

1998,

donde

fallecieron dos personas.

El

juicio

se

celebró

ante

jurado

en

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan. Luego de desfilada la prueba de cargo,

la defensa de Rosario Orangel solicitó del Juez

1

33 L.P.R.A. sec. 4002.

2

25 L.P.R.A. secs. 415 y 418a.

3

CC-2001-1025

que

presidió

los

procedimientos

que

impartiera

instrucciones sobre el delito de Homicidio Voluntario, por

entender que ello se justificaba a la luz de la prueba

presentada por el ministerio público y admitida por el

tribunal. El tribunal de instancia se negó a impartir las

referidas instrucciones.

Sometido el caso por las partes3, el jurado rindió

veredictos

de

delito

Asesinato

de

culpabilidad

en

contra

Segundo

el

recurrido

Grado

y

por

por

el

las

dos

infracciones a la Ley de Armas que le fueron imputadas.

Mediante sentencias dictadas el 28 de septiembre de 1999

el tribunal de instancia condenó al recurrido a pena de

reclusión de 22 años por el delito de Asesinato en Segundo

Grado, 15 años por la infracción al Artículo 5 de la Ley

de Armas y 32 años por la infracción al Artículo 8A de la

referida Ley.4

Inconforme con dicha determinación, Rosario Orangel

acudió mediante recurso de apelación ante el

Tribunal de

Circuito de Apelaciones señalando varios errores, entre

ellos,

3

4

la

actuación

del

foro

primario

“al

negarse

a

La defensa presentó un solo testigo.

Las penas impuestas, conforme determinó el tribunal de

instancia al amparo de la Ley de Armas, serían cumplidas

concurrentemente entre sí, pero de manera consecutiva con

la pena impuesta por Asesinato en Segundo Grado. Asimismo,

las

cumpliría

consecutivamente

con

relación

a

una

sentencia dictada por el Estado de Texas el 17 de

diciembre de 1997 en la que se condenó al recurrido a

cumplir diez años de probatoria por la comisión del delito

grave de posesión de marihuana.

4

CC-2001-1025

impartir

al

jurado

instrucciones

sobre

el

delito

de

homicidio”. Mediante sentencia de 26 de octubre de 2001,

archivada en autos el 31 de octubre del mismo año, el

Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó la sentencia

impuesta por la violación del Artículo 5 de la Ley de

Armas;

modificó

la

pena

de

32

años

impuesta

por

la

infracción al Artículo 8A de dicha Ley, reduciéndola a 25

años; y revocó la sentencia de convicción por el delito de

Asesinato en Segundo Grado, devolviendo el caso para la

celebración de un nuevo juicio en cuanto a ese delito.

Al

así

resolver

el

tribunal

apelativo

intermedio

concluyó que el foro primario había errado al negarse a

impartir al jurado las instrucciones sobre el delito de

Homicidio Voluntario, toda vez que la prueba presentada, y

admitida durante el juicio, permitía al jurado inferir los

elementos de la súbita pendencia o arrebato de cólera. El

foro apelativo intermedio entendió que, ante los ojos del

jurado,

el

conocimiento

de

la

muerte

de

un

familiar

cercano, podía constituir provocación suficiente capaz de

llevarlo a concluir que lo ocurrido fue un homicidio en

vez de un asesinato.

Inconforme con la actuación del tribunal apelativo

intermedio, el Procurador General acudió

-vía certiorari-

ante este Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia

emitida por el tribunal apelativo debido a que dicho foro

incidió:

5

CC-2001-1025

... al revocar la sentencia y convicción por el

delito de asesinato en segundo grado cuando el

foro de instancia actuó correctamente al no

impartir instrucción de homicidio porque la

prueba de ninguna manera lo justificaba al no

haber evidencia alguna de que el acusado fue

objeto de provocación alguna ni de que,

objetivamente, existía razón alguna para que el

acusado se sintiera provocado.

El

8

de

febrero

de

2002

expedimos

el

recurso.

Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando

en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a

así hacerlo. Revocamos en parte y confirmamos en parte.

I

A

la

luz

de

los

hechos

particulares

del

presente

caso, ¿procedía impartirle al jurado instrucciones sobre

el delito de homicidio? Para contestar esta interrogante

es menester examinar los hechos acontecidos según surgen

de la “Exposición Narrativa de la Prueba Oral” estipulada

por las partes y aprobada por el Tribunal de Instancia.5

Veamos.

El 7 de diciembre de 1998 a eso de las 3:30 de la

tarde la agente de la policía Milagros Agosto Pérez visitó

5

Según se desprende de la “Exposición Narrativa de la

Prueba Oral” sometida por la parte peticionaria en su

escrito ante nos, la prueba presentada por el Ministerio

Público consistió en el testimonio de Myrna López Cruz,

Luis Dávila Rivera, Marielinda Ortiz Martínez, Yaritza

Pérez Otero, María Cedeño Pérez, Samuel Morales, Robert

Figueroa, Dr. Francisco Cortés Rodríguez y Juan Ortiz

Brioni; mientras que la prueba de defensa sólo consistió

en el testimonio de Manuel Hiram Camareno Colón.

6

CC-2001-1025

--vistiendo de civil6-- la casa de una amiga que residía en

la calle Francia de la Barriada Israel en Hato Rey, para

que ésta le entallara unos pantalones de su uniforme de

policía.7

Cerca

saludaban

y

de

las

4:00

charlaban,

de

la

oyeron

tarde,

mientras

se

unas

detonaciones

provenientes de la calle. Inmediatamente, Milagros Agosto

Pérez salió de la casa y, en cumplimiento con su deber

como oficial de la policía, corrió hacia la calle Texidor

con el arma de reglamento en su mano derecha. Una vez

llegó a dicha calle se encontró con el cadáver del joven

José Peña tendido en el pavimento frente a la casa del

recurrido, Rosario Orangel. El occiso era, alegadamente,

un

pariente

del

recurrido.8

Luego

de

transcurridos

alrededor de diez minutos desde la primera ráfaga de tiros

6

Ibid. a la pág. 2. Resulta importante recalcar que al

momento en que la agente acude al lugar de los hechos no

llevaba puesto su uniforme de policía ni distintivo alguno

que la identificara como tal. De la evidencia fotográfica,

así como del Informe Médico-Forense que hemos tenido la

oportunidad de examinar, surge que la occisa vestía una

camiseta sin mangas color marrón con diseños blancos, un

mahón azul y unas chancletas negras. Informe MédicoForense, Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico,

preparado el 19 de enero de 1999, pág. 1.

7

Testimonio de la testigo Myrna López Cruz, vecina de la

calle Francia en la Barriada Israel, Exposición Narrativa

de la Prueba, E.N.P., pág. 2.

8

Sin embargo, de la “Exposición Narrativa de la Prueba”

surgen serias dudas e inconsistencias en cuanto al

verdadero parentesco, si alguno, entre ambos ya que se

hace referencia a Peña como hermano (E.N.P., pág. 20);

sobrino (E.N.P., págs. 10, 13); y primo (E.N.P., pág. 17)

del recurrido. Asimismo, el alegato presentado por la

defensa no nos permite afirmar con certeza si realmente

existía entre ellos una verdadera relación familiar.

7

CC-2001-1025

se escucharon otras detonaciones provenientes del frente

de la casa de Rosario Orangel.9

Por su parte, Yaritza Pérez Otero, declaró que se

encontraba ese día caminando por la calle Texidor a eso de

las 4:00 de la tarde cuando vio a José Peña en la acera de

la

esquina

de

la

calle

Francia

contigua

a

la

calle

Texidor. Según expuso, tan pronto como él la miró ella

volteó

su

cara

y

miró

hacia

la

acera

contraria

donde

observó que una guagua se había detenido. Detrás de la

guagua

salió

un

muchacho

que

le

apuntó

a

Peña

con

un

rifle. Al ver esto la testigo corrió hacia su casa y, al

no poder abrir la puerta, decidió ir a la casa de un

vecino en la calle Francia. Durante este trayecto oyó las

detonaciones que causaron la muerte de José Peña.10

Pérez Otero, luego, salió al balcón y vio a José Peña

tirado en el pavimento en la calle Francia. A los cinco o

diez minutos después de las primeras detonaciones, vio al

recurrido Rosario Orangel salir de su casa con un rifle en

la mano gritando “mi hermano, mi hermano” y caminando en

dirección

hacia

donde

yacía

el

cadáver

de

José

Peña.11

Declaró, que escuchó otras detonaciones de arma de fuego,

por lo que entró a la casa y se agachó. Cuando culminaron

9

Véase, E.N.P., pág. 3.

10

Testimonio de la testigo Yaritza Pérez Otero, vecina de

la calle Texidor en la Barriada Israel, E.N.P., pág. 19.

11

Ibid. a las págs. 19-20.

8

CC-2001-1025

los tiros oyó un chillido de gomas de carro proveniente de

la casa del recurrido. Una vez se levantó, salió de nuevo

al balcón y observó que al lado de donde se encontraba el

cuerpo del joven José Peña estaba tirado el cuerpo de una

mujer que resultó ser el cadáver de la agente Milagros

Agosto Pérez.12

De otra parte, Marielinda Ortiz Martínez declaró que

conocía al recurrido Rosario Orangel porque era tío de su

novio Rubén Torres Rondón. Atestiguó que a eso de las 6:00

a 6:30 de la tarde del 9 de diciembre de 1998 --esto es,

dos días luego de la ocurrencia de los hechos-- llegaron a

su casa su novio Rubén y el recurrido Rosario Orangel.

Declaró

que

Rosario

Orangel

le

dijo

“dame

cloro

pa’

lavarme las manos” y que ella se lo dio. Luego de lavarse

las manos Rosario Orangel se marchó.13

Declaró

Ortiz

Martínez,

además,

que

el

recurrido

visitó nuevamente su casa el 11 de diciembre de 1998. En

esa ocasión ella le preguntó a Rosario Orangel por qué se

había lavado las manos con cloro días antes, a lo que éste

respondió que era para borrar la evidencia de la pólvora

del

arma

que

utilizó

para

matar

a

la

mujer.

Continuó

declarando que Rosario Orangel le dijo que “había matado a

la mujer policía, porque él creía que ella había matado a

12

13

Ibid.

Testimonio de

E.N.P., pág. 10.

la

testigo

Marielinda

Ortiz

Martínez,

9

CC-2001-1025

su sobrino Peña. Que cuando llegó al sitio que encontró a

la muchacha con el arma de reglamento en la mano y ahí él

actuó porque él creía que había matado a su sobrino.”14

Testificó, además, que el recurrido regresó el sábado 12

de

diciembre

de

1998

a

su

casa

y

se

quedó

hasta

el

domingo. Manifestó que alrededor de la 1:00 a 1:30 de la

tarde el recurrido se levantó, se vistió y se fue y que a

los veinte minutos regresó detenido por la policía. La

testigo declaró que a solicitud de la policía ésta los

acompañó voluntariamente.15

Por otra parte, del Informe Médico-Forense estipulado

por las partes, así como del testimonio del médico que

14

Ibid. a la pág. 10.

15

Ibid. a las págs. 10-11. A preguntas de la defensa, la

testigo admitió que había prestado una declaración jurada

el 13 de diciembre de 1998 ante el fiscal. A solicitud de

éste la testigo leyó en voz alta la declaración jurada

que, en lo pertinente, decía:

El viernes 11 de diciembre regresa Edward a mi

casa, ahí yo le pregunto a Edward que porque [sic]

se lavó las manos con cloro, refiriéndose al

miércoles 9 de diciembre, Edward me dijo que para

que no hubiera evidencia de la pólvora. Como yo no

sé que [sic] era la pólvora le pregunté que [sic]

era eso y él me dijo que era de la misma arma. Me

dijo, además, “chacho estoy encojonao porque

mataron a mi primo inocentemente”. Edward me dijo

que ese día habían dejado al sobrino en la

barriada porque se iba a recortar. Que cuando

ellos regresan a recoger el sobrino, se encuentran

con una mujer policía con el arma de reglamento en

su mano y el sobrino estaba tirado en el piso.

Edward me dice “yo bregué con la mujer policía

porque yo pensé que había matado a Peña”, y me

dijo que usó algo de 47. Ibid. a la pág. 17

(énfasis nuestro).

10

CC-2001-1025

realizó la autopsia de la occisa, Dr. Francisco Cortés

Rodríguez, surge que ésta recibió seis heridas de bala en

diferentes partes del cuerpo y tenía un “área de quemazón”

en la parte posterior del brazo derecho.16

En cuanto a lo que se describe en el protocolo de

autopsia como la herida de bala “A” se explica que la

misma

tuvo

su

orificio

de

entrada

en

el

lado

derecho

frontal de la cabeza con trayectoria de abajo hacia arriba

y de derecha a izquierda. La misma le ocasionó a la joven

fractura en el cráneo causando contusiones cerebrales y

hemorragia cerebral.17 Se explica que la herida de bala “B”

entró por la región toráxica izquierda a 50 pulgadas por

encima del talón con trayectoria de arriba hacia abajo, de

delante hacia atrás y de izquierda a derecha. La misma

contusionó

el

pulmón

izquierdo,

perforó

el

corazón,

lacerando la aorta y el pulmón derecho.18

Por su parte, la herida de bala “C” estaba localizada

en la región supra inguinal derecha a 32 pulgadas por

encima del talón con trayectoria de abajo hacia arriba, de

adelante

penetró

16

hacia

la

atrás

cavidad

y

de

pélvica

Testimonio del testigo

E.N.P., págs. 41-42.

17

derecha

y

la

a

izquierda.

abdominal,

Francisco

Cortés

Ésta

impactó

el

Rodríguez,

Ibid. a la pág. 42; Informe Médico-Forense, Instituto de

Ciencias Forenses de Puerto Rico, preparado el 19 de enero

de 1999, pág. 1.

18

Ibid.

11

CC-2001-1025

intestino, el mesenterio, el hígado y penetró la columna

vertebral.19 En cuanto a la herida de bala “D”, la misma

impactó el cuarto dígito de la palma de la mano izquierda.

La herida de bala “E” fue un surco que sólo hizo contacto

con la piel y la herida de bala “F” entró por la parte

posterior del hombro derecho; esto es, por la espalda.20

Por último, el patólogo forense manifestó que pudo

observar partículas de pólvora en la piel del antebrazo

izquierdo y en la cara; éstas relacionadas con, al menos,

dos de la heridas sufridas, en particular, la que produjo

la bala “B”.21 Concluyó, que ello evidencia que la víctima

recibió esas dos heridas a sólo dos pies de distancia de

la boca del cañón del arma de fuego utilizada.22

II

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico consagra el derecho a juicio por jurado que tiene toda

persona que sea acusada por la comisión de delito grave.

Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; véase,

19

Informe Médico-Forense, ante, a la pág. 2. De acuerdo

con el testimonio del Dr. Cortés Rodríguez las heridas de

bala “A”, “B” y “C” fueron las más graves, en particular,

la ocasionada por la “B”, y que la combinación de éstas

fue la causante de la muerte de la joven. Véase, E.N.P.,

págs. 43-44.

20

Véase, Testimonio del Dr. Cortés Rodríguez, E.N.P.,

págs. 42-43; Informe Médico Forense, ante, a la pág. 2.

21

Véase, Testimonio

págs. 43-45.

22

Ibid. a la pág. 45.

del

Dr.

Cortés

Rodríguez,

E.N.P.,

12

CC-2001-1025

además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-39

(1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988).

Igualmente, la Regla 111, de las de Procedimiento Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

R.

111

reconoce

el

derecho

a

ser

juzgado por sus pares a todo acusado de delito grave e

inclusive, en ciertas circunstancias, al acusado de delito

menos grave. Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722,

727

(1994);

Pueblo

v.

Cruz

Correa,

ante;

E.L.

Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273.

Dentro de este esquema le corresponde al jurado, como

encomienda principal, ser el juzgador de los hechos. Véase:

Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992) citando

a Pueblo v. Cruz Correa, ante, a las págs. 276-78; Pueblo

v. Bonilla, ante, a la pág. 439. Ello implica que tendrá la

última

palabra

inocencia

del

no

sólo

imputado,

en

cuanto

sino

que,

a

la

culpabilidad

además,

será

el

o

que

determine –-en caso de entender que el acusado incurrió en

responsabilidad

en

relación

con

los

hechos

que

se

le

imputan-- el delito específico, o el grado del mismo, por

el cual éste debe responderle a la sociedad. Pueblo v. Cruz

Correa, ante, a la pág. 277; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante,

a la pág. 439. En resumen, su función comprende evaluar la

evidencia que sea presentada y admitida por el tribunal

durante el juicio y llegar a las conclusiones de hechos

correspondientes. Luego, aplicando el derecho, según le es

instruido

por

el

juez

que

preside

el

proceso,

deberá

13

CC-2001-1025

emitir un veredicto. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a las págs. 319-320.

Es

también

el

jurado

el

llamado

a

aquilatar

la

prueba

desfilada y a quien le corresponde decidir si le da crédito

o no a la misma. Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a las págs.

727-29.

Ahora bien, en vista de que el jurado está compuesto

de personas desconocedoras del ordenamiento jurídico, para

que

éstos

puedan

desempeñar

su

función

a

cabalidad

se

requiere que sea correctamente instruido sobre el derecho

aplicable por el juez que presida el proceso. Pueblo v.

Lorio Ormsby, ante, a la pág. 727; Pueblo v. Bonilla Ortiz,

ante, a la pág. 439; Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág.

277; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150 (1986).

De este modo, las instrucciones al jurado son el mecanismo

procesal a través del cual el jurado tomará conocimiento

del derecho aplicable al caso.23 Pueblo v. Landmark, 100

D.P.R. 73, 79 (1971).

En varias ocasiones hemos enfatizado la importancia de

las instrucciones que el juez debe transmitir al jurado.

Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968); Pueblo v.

Burgos Dávila, 76 D.P.R. 199, 202 (1954); Pueblo v. Méndez,

74 D.P.R. 913 (1953). En términos generales, el acusado

tiene derecho a que se le transmita al jurado todos los

23

Véase, además: Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la pág. 330.

14

CC-2001-1025

aspectos de derecho que, bajo cualquier teoría razonable,

pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, ello aunque

la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa

credibilidad. Pueblo v. Acevedo Estrada, res. el 19 de

enero de 2000, 2000 TSPR 8; Pueblo v. Miranda Santiago, 130

D.P.R. 507, 518 (1992); Pueblo v. Tufiño Cruz, ante. Esto

es así ya que “corresponde al jurado y no al tribunal

rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del

caso,

según

aquél

aquilate

la

prueba

y

determine

los

hechos.” Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815

(1981).

Las

instrucciones

deben

incluir

los

elementos

del

delito imputado,24 haciendo hincapié en que el ministerio

fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los

elementos del mismo más allá de duda razonable. También

debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad

exigida para ese delito, es decir, sobre la intención o

negligencia

criminal

requerida.

Véase,

Chiesa

Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

ante, a las págs. 331-32. Ello en vista de que el estado

mental

o

“mens

rea”

es

un

elemento

subjetivo

que

le

corresponde determinar al jurado a la luz de los hechos.

Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a las págs. 441-42.

24

Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a la pág. 727;

Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 439; Pueblo v.

González Colón, ante, a la pág. 815.

15

CC-2001-1025

Además, las instrucciones deben cubrir los elementos

de aquellos delitos inferiores al imputado o comprendidos

dentro de éste; ello siempre y cuando la prueba así lo

justifique. Véase: Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R.

860, 886 (1998); Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a la pág.

727; Pueblo v. González Colón, ante, a la pág. 815.25 Esto

es, una instrucción sobre delitos inferiores no le será

transmitida al jurado de forma automática, sino que, es

necesario que exista evidencia de la cual el jurado pueda

razonablemente

inferir

que

el

acusado

es

culpable

del

delito inferior. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, 53 D.P.R.

893, 910 (1938).

Vemos

pues,

que

el

fundamento

para

impartirle

al

jurado una instrucción sobre delito inferior es que la

misma

esté

problema

es

apoyada

en

determinar

prueba

qué

que

la

justifique.

implica

el

que

“la

El

prueba

justifica las instrucciones”. Sobre este particular se ha

expresado que:

[E]sto sólo puede significar que haya evidencia

admitida, que de ser creída por el jurado, sería

suficiente

como

cuestión

de

derecho

penal

sustantivo, para que el acusado prevalezca. El

juez no debe aquí hacer juicio de credibilidad

alguno para no impartir la instrucción, pues

estaría

usurpando

funciones

del

jurado,

en

25

Véase, además: Pueblo v. López Guzmán, ante, a la pág.

887, citando a Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág. 277;

Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 439; Pueblo v.

Tufiño Cruz, ante, a la pág. 229; Pueblo v. Burgos Dávila,

ante, a la pág. 202.

16

CC-2001-1025

violación del derecho constitucional del acusado

a juicio por jurado. . . . 26

Ahora bien, la facultad que la ley le concede al

jurado

no

puede

ser

ejercitada

caprichosa

o

arbitrariamente. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, ante, a

la pág. 910. A esos efectos hemos expresado que:

El veredicto que reduzca el grado de delito debe

estar fundado en evidencia tendente a demostrar o

capaz de producir duda razonable sobre la

existencia

del

delito

inferior;

y

si

esa

evidencia no existe, ni el juez puede transmitir

instrucciones sobre el delito inferior, ni el

jurado puede traer un veredicto reduciendo el

grado del imputado en la acusación. Ibid (énfasis

suplido).

Es

por

ello

que

un

juez

actúa

correctamente

al

denegar una instrucción sobre un delito menor incluido si

estima que la evidencia, aun pudiendo ser creída por el

jurado, resulta insuficiente en derecho para establecer

la comisión del referido delito.27 Chiesa Aponte, Derecho

26

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, ante, a la págs. 332; véase, además:

Pueblo v. Tufiño Cruz, ante, a la pág. 230.

27

A conclusión similar se ha llegado en la jurisdicción

norteamericana y a esos efectos se ha sostenido que:

For the trial court to give such a charge under

those circumstances is inappropriately to invite

the jury to exercise a degree of mercy by finding

defendant guilty of a lesser crime, when the

proof truly justified conviction as charged. When

there is no evidentiary basis for the lesser

charge, a judge is not required to charge the

jury on that offense. . . . This rule assumes

that

the

defendant

has

no

constitutionally

protected right to present to the jury the option

of nullification in the form of a lesser included

(Continúa ...)

17

CC-2001-1025

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la

pág. 332.

Refiriéndonos, específicamente, a la procedencia de

una

instrucción

sobre

el

delito

de

homicidio

en

un

procedimiento seguido contra un acusado por el delito de

asesinato

hemos

expresado,

desde

Pueblo

v.

Galarza,

71

D.P.R. 557, 561-62 (1950), que:

No es necesario que la prueba de homicidio

resulte incontrovertida o concluyente sobre la

cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a

ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar

la misma. De haber alguna evidencia tendiente a

demostrar un estado de hechos que haga caer el

caso dentro de la definición de homicidio ... es

al jurado que incumbe determinar si tal prueba es

cierta o no, y si la misma demuestra que el

delito

cometido

fue

homicidio

...

y

no

asesinato.28

No obstante lo anterior, hemos sido enfáticos en que

el tribunal sentenciador no debe transmitir instrucciones

de

homicidio

si

los

autos

carecen

de

evidencia

que

justifique tal veredicto. Véase: Pueblo v. Moreno Morales

I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v. Torres Rodríguez,

119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. Padros García, 99

_______________________

offense.

LaFave,

Israel

&

King,

Criminal

Procedure, 2da. ed., West Group, 1999, Vol. 5,

sec. 24.8(f), pág. 587 y casos allí citados

(énfasis nuestro y notas al calce omitidas).

28

(Énfasis nuestro y citando con aprobación a Stevenson v.

U.S., 162 U.S. 313, 314 (1896). Véase, además: Pueblo v.

Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v.

López Guzmán, ante, a la pág. 888; Pueblo v. Cruz Correa,

ante, a la pág. 277; Pueblo v. González Colón, ante, a las

págs. 815-16; Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730,

741-42 (1987).

18

CC-2001-1025

D.P.R. 384, 395 (1970); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394,

398 (1953). Fomentar dicha práctica equivaldría a autorizar

al jurado a que imponga un castigo diferente al prescrito

para el delito que de hecho se cometió. Ibid.

En

el

caso

de

autos,

el

recurrido

plantea

que

la

prueba presentada en el juicio no sostiene el veredicto de

asesinato en segundo grado, sino que la misma justificaba

plenamente que se transmitiera al jurado una instrucción

sobre el delito de homicidio voluntario. Argumenta que

la

muerte de la joven fue producto de un alegado arrebato de

cólera al éste advenir en conocimiento de la muerte de su

supuesto pariente y que en su actuación no hubo malicia ni

premeditación que justificara la denegatoria de la referida

instrucción. No le asiste la razón; veamos por qué.

III

Como es sabido el Artículo 85 del Código Penal de

Puerto

Rico

dispone

que

comete

el

delito

de

homicidio

“[t]oda persona que matare a otra en ocasión de súbita

pendencia o arrebato de cólera...” 33 L.P.R.A. sec. 4004.

Los elementos de este delito son: dar muerte a un ser

humano, como consecuencia de una pendencia súbita o de un

arrebato de cólera, causado por una provocación adecuada de

parte de la víctima. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R.

37, 46 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág. 279.

Se trata de un acto intencional e ilegal que causa la

muerte,

pero

por

existir

circunstancias

atenuantes

la

19

CC-2001-1025

calificación del delito y la pena varían en beneficio del

acusado.29 La circunstancia atenuante consiste en que el

acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional,

súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona

actuando con ésta. Ibid.

El

homicidio

se

comete

sin

que

medie

reflexión

y

premeditación; esto es, sin un previo plan para matar.

Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 284. Del mismo

modo, el elemento de maldad o malicia está ausente en este

delito. Pueblo v. Negrón Caldero, res. el 28 de junio de

2002, 2002 TSPR 95. Estas características son las que,

precisamente, diferencian al homicidio del asesinato en

primer y segundo grado. Véase, Pueblo v. Gómez Nazario,

121 D.P.R. 66, 73 (1988); Pueblo v. Orlando González, 120

D.P.R. 684, 689 (1988).

El

actuó

homicidio

movido

presupone

por

una

que

el

autor

provocación

de

adecuada

la

muerte

de

tal

naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su

dominio

y

cólera,

pendencia

29

actuar

bajo

o

impulsos

emoción

mentales

violenta.

causados

Véase:

Pueblo

por

v.

A esos efectos se ha reconocido en la jurisdicción

norteamericana que “[i]t is not the purpose of the law to

unbridle human passions. On the contrary, one very

important aim of the criminal law is to induce persons to

keep their passions under proper control. At the same time

the law does not ignore the weaknesses of human nature.

Hence as a matter of common law an unlawful killing may

even be intentional and yet of a lower grade than murder”.

Perkins & Boyce, Criminal Law, 3ra. ed., New York,

Foundation Press, Inc., 1982, pág. 84 (nota al calce

omitida).

20

CC-2001-1025

Negrón Caldero, ante; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a

las págs. 283-84; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág.

46;

Pueblo

v.

Cruz

Correa,

ante,

a

la

pág.

279.

Sin

embargo, la sed de venganza nunca será suficiente para

catalogar el delito como un homicidio. La Fave & Scott,

Substantive Criminal Law, Minnesota, West Publishing Co.,

1986, Vol. 2, sec. 7.10(a), pág. 255; Witkin & Epstein,

California Criminal Law, 2da. ed., California, BancroftWhitney Co., 1988, Vol. 1, sec. 515, pág. 582. Asimismo,

hemos sostenido que “[s]i no existe esa provocación o si

habiendo

existido

grave

la

y

[la

actuación

misma]

del

no

es

matador

lo

está

suficientemente

fuera

de

toda

proporción con el grado de la provocación, el acto de dar

muerte constituye asesinato aunque el acusado no hubiese

preconcebido la idea.” Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657,

667 (1943)(énfasis nuestro).

De lo anterior se desprende que para determinar la

posible

comisión

del

delito

de

homicidio

hay

que

identificar, al menos, tres factores. Éstos son: (i) que

la muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en

un

arrebato

de

cólera

o

pendencia

súbita

(“heat

of

passion”); (ii) que la muerte estuviere precedida de una

provocación adecuada; y (iii) que la muerte haya ocurrido

antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor

razonablemente

se

hubiere

enfriado

(“cooling

off

21

CC-2001-1025

period”).30 Perkins & Boyce, Criminal Law, 3ra. ed., New

York, Foundation Press, Inc., 1982, pág. 85; La Fave &

Scott, Criminal Law, Minnesota, West Publishing Co., 1982,

pág. 573; Torcia, Wharton’s Criminal Law, 15ta. ed., New

York, Clark Boardman Callaghan, 1994, sec. 166, págs. 36769.

Ahora bien, cuando hablamos del delito de asesinato

nos referimos a un solo delito consistente, el mismo, en

“dar

muerte

a

un

ser

humano

con

malicia

premeditada.”

Véase, Artículo 82 del Código Penal de Puerto Rico, 33

L.P.R.A. sec. 4001. Éste, a su vez, se divide en grados

atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al

cometer el acto y al sólo efecto de la imposición de la

pena. Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 44; Pueblo

v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961). El asesinato

es un delito que, por su definición y naturaleza, conlleva

un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores

éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o

condición

en

el

actor,

compuesto

por

una

deficiencia

inherente en su sentido de moral y rectitud, ello como

resultado de haber dejado de preocuparse por el respeto y

la seguridad de la vida humana. Rivera Pagán v. Supte. de

la Policía, 135 D.P.R. 789, 800 (1994).

30

Sobre este último factor, véase, Pueblo v. Reyes Lara,

100 D.P.R. 676 (1975); Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R.

796 (1968).

22

CC-2001-1025

En cuanto a los grados de asesinato observamos que la

diferencia

radica

en

que

el

asesinato

en

primer

grado

requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de

la deliberación; mientras que en el asesinato en segundo

grado

la

muerte

es

maliciosa

y

premeditada,

pero

la

deliberación está ausente. Véase, Artículo 83 del Código

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4002; Pueblo v. Gómez Nazario,

ante, a la pág. 73; Pueblo v. González Pagán, ante, a la

pág.

689.

Esto

es,

el

asesinato

en

primer

grado

se

caracteriza por la deliberación y la intención específica

de matar. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 926 (1953). Ello

a diferencia del asesinato en segundo grado en el cual

basta la malicia premeditada, sin intención específica para

matar; es decir, se refiere a la intención de realizar un

acto

o

producir

un

grave

daño

corporal

que

con

toda

probabilidad resultará en la muerte de una persona. Pueblo

v.

Méndez,

ante;

Pueblo

v.

Blanco,

77

D.P.R.

767,

que

el

elemento

775

(1954).

La

malicia

premeditada,

es

mental

requerido en el delito genérico de asesinato, implica la

ausencia de justa causa o excusa y conciencia al ocasionar

la muerte de un semejante. Pueblo v. Carmona, Rivera, 143

D.P.R. 907, 914 (1997); Pueblo v. Robles González, 132

D.P.R. 554, 563 (1993); Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a

la

pág.

45.

Por

otro

lado,

la

deliberación

es

la

resolución o decisión de matar, después de darle alguna

23

CC-2001-1025

consideración. Véase: Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371,

375 (1967).

Ello no obstante, cualquier período de tiempo, por

corto que sea, será suficiente para que pueda tener lugar

la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso

puede ser tan rápido como el pensamiento. Véase: Pueblo v.

Echevarría Rodríguez I, ante, a la pág. 368 n. 59; Pueblo

v. Rosario, ante. Esto es, tanto la deliberación como la

malicia premeditada no requieren necesariamente de un plan

previo ni que se conciban con mucho tiempo de antelación a

los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R.

299,

368

(1991).

tiene

No

que

transcurrir

determinado

período de tiempo entre la intención de matar y la muerte

misma

ya

que

ambos

elementos

pueden

concebirse

en

el

momento mismo del ataque. Véase: Pueblo v. González Pagán,

ante, a la pág. 689; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R.

897, 899 (1974). A esos efectos hemos expresado que “la

premeditación [y la deliberación] puede[n] formarse en un

instante

antes

del

acto,

y

puede[n]

existir

...

no

obstante la rapidez con que el acto se haya realizado.”

Pueblo v. Méndez, ante, a la pág. 921.

Por

otra

parte,

la

deliberación

y

la

malicia

son

elementos subjetivos que, de ordinario, no pueden probarse

con evidencia directa por lo que, en ocasiones, es preciso

recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos

razonablemente

pueden

inferirse.

Pueblo

v.

López

Rodríguez, ante, a las págs. 898-99; Pueblo v. Rosario,

24

CC-2001-1025

ante, a la pág. 375. Estos elementos pueden deducirse a

base de los actos y las circunstancias que rodearon la

muerte; la relación entre las partes; la capacidad mental,

motivación, manifestaciones y conducta del acusado; así

como de los hechos anteriores, concomitantes y posteriores

al

crimen.

Véase,

Artículo

14

del

Código

Penal,

33

L.P.R.A. sec. 3061; Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a las

págs. 914-15; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág.

287; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 45; Pueblo

v. López Rodríguez, ante, a la pág. 899. “‘Una intención

maliciosa y criminal se presume por la manera ... [en] que

...

se

comet[e]

un

acto

ilegal

con

el

propósito

de

perjudicar a otro.’” Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a la

pág. 915 citando a Pueblo v. Santiago, 54 D.P.R. 167, 171

(1939) (énfasis nuestro).

Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha reconocido

varias instancias en las que fácilmente se puede inferir

la

malicia

premeditada

y/o

la

deliberación.

A

modo

de

ejemplo, podemos señalar: el acto de atacar a una persona

con una arma mortífera ya que, del uso de la misma, puede

inferirse

la

intención

de

matar

o

causar

daños

cuya

consecuencia probable es la muerte;31 atacar con una arma a

31

Véase, Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a la pág. 915;

Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 442; Pueblo v.

Colón Soto, 109 D.P.R. 545, 548 (1980); Pueblo v. Méndez,

ante, a la pág. 931.

25

CC-2001-1025

una persona desarmada;32 dispararle a la víctima en más de

una ocasión, a corta distancia y alcanzándola en la cara;33

dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego y

luego acercársele para dispararle tres veces más mientras

le dice “para acabar contigo”;34 ultimar a balazos a la

víctima luego de que ésta retrocediera y rogara para que

no le disparara;35 cuando sin mediar palabras el acusado le

dispara a unos jóvenes y mata a uno de ellos;36 cuando sin

mediar palabras el acusado le dispara tres tiros a un

policía

que

le

ordenó

detenerse;37

inferirle

numerosas

heridas punzantes a la víctima atacándola por la espalda;38

apuñalar al occiso mientras otro lo agarra.39

Como

expresáramos

antes,

son

precisamente

los

elementos de malicia y deliberación los que distinguen un

asesinato de un homicidio. Para determinar si, en casos

como

el

presente,

instrucción

sobre

la

prueba

homicidio

justificaba

debemos,

en

impartir

primer

la

lugar,

32

Véase, Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 287;

Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 45.

33

Véase, Pueblo v. Rivera Alicea, ante.

34

Véase, Pueblo v. Guzmán Toro, 107 D.P.R. 700 (1978).

35

Véase, Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125 (1977).

36

Véase, Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369

(1980).

37

Véase, Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R. 127

(1979).

38

Véase, Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1974).

39

Véase, Pueblo v. Garay, 105 D.P.R. 86 (1976).

26

CC-2001-1025

examinar la misma para ver si en la actuación del acusado,

al momento de matar a la joven, hubo elementos de malicia

y/o deliberación, característicos del delito de asesinato,

y,

en

segundo

término,

para

determinar

si,

independientemente del hecho de la existencia de malicia y

premeditación, se presentó prueba que justificaba, o hacia

mandatoria, la instrucción al jurado sobre el delito de

homicidio voluntario.

IV

- A Un análisis objetivo, y sereno, de la evidencia que

desfilara

ante

el

juzgador

de

los

hechos

a

nivel

de

instancia nos convence del hecho de que el Estado presentó

prueba, más allá de duda razonable, de todos y cada uno de

los

elementos

recurrido

del

Rosario

delito

por

Orangel;

el

cual

fue

convicto

el

esto

es,

del

delito

de

asesinato en segundo grado.40

Como se recordará, el testimonio de los testigos fue

a los efectos de que el 7 de diciembre de 1998 la agente

Milagros Agosto Pérez, de veintitrés años, se encontraba

en la casa de una amiga en la Barriada Israel en Hato Rey

entallándose unos pantalones de su uniforme. Estando allí

se escucharon unas detonaciones por lo que, inmediatamente

40

De hecho, somos del criterio que, incluso, existe prueba

suficiente en derecho para sostener una convicción por el

delito de asesinato en primer grado, de éste haber sido el

veredicto rendido por el jurado.

27

CC-2001-1025

y en cumplimiento de su deber, la joven salió a investigar

lo ocurrido con su arma de reglamento en la mano derecha,

vestida

de

civil.

aproximadamente

diez

Conforme

minutos

más

a

dichos

tarde,

se

testimonios,

escuchó

una

segunda ráfaga de disparos --hechos por Rosario Orangel-que causaron la muerte de la joven policía.

Este lapso de tiempo, ocurrido entre las dos rondas

de disparos, obviamente fue utilizado por Rosario Orangel

para apoderarse o armarse del rifle con el cual ultimó a

la joven; lapso de tiempo más que suficiente para poder

configurarse, en la mente de Rosario Orangel, la intención

de matar o, al menos, la de producir grave daño corporal y

la

malicia

premeditada

requeridas

en

el

delito

de

asesinato en segundo grado.

Por

otra

parte,

la

malicia

premeditada

en

la

actuación del recurrido claramente puede deducirse de la

forma y manera en que perpetró el crimen, según ello surge

del Informe Médico-Forense y del testimonio del patólogo

forense que realizó la autopsia. Fueron seis las heridas

de bala recibidas por la occisa. Algunas de ellas --las

más graves-- fueron disparadas a corta distancia. Es de

notar que éstas --una de las cuales le alcanzó la cabeza-eran “de contacto” y tenían una trayectoria de abajo hacia

arriba, compatibles con la situación de que la víctima

estuviera ya tirada en el piso o en proceso de caer al

mismo al momento de recibirlas. Otras le fueron inferidas

por la espalda; en particular, una entró precisamente por

28

CC-2001-1025

la parte posterior del hombro derecho en cuya mano tenía,

la occisa, agarrada su arma.

Si

a

ello

posterioridad

a

le

añadimos

el

hecho

la

comisión

del

acto

de

que

con

delictivo,

el

recurrido Rosario Orangel huyó del lugar y luego trató de

borrar evidencia incriminatoria, al lavarse las manos con

cloro, no hay duda de que nos enfrentamos a una persona,

actuando de forma calculada y fría, con corazón perverso y

la mente culposa. Todas las anteriores circunstancias son,

a

nuestro

juicio,

claramente

incompatibles

con

la

existencia de un estado de arrebato de cólera que nubla el

entendimiento

e

inhibe

la

razón,

característico

de

la

persona que comete el delito de homicidio voluntario.41

- B Ahora

bien,

e

independientemente

de

lo

antes

expresado, ¿existe prueba en el récord que justifique, o

hiciera

mandatoria,

la

instrucción

al

jurado

sobre

el

delito de homicidio voluntario en el presente caso?

El

Entiende

recurrido

que

de

Rosario

las

meras

Orangel

sostiene

expresiones

“mi

que

sí.

hermano,

mi

hermano”, que una de las testigos alegó que él profirió,

así como de la declaración de la novia de un sobrino suyo,

41

Desde hace ya varias décadas, incluso, expresamos que

“cuando claramente aparece demostrado por la prueba que no

se trata de un delito de homicidio, sino de un asesinato,

no tiene necesidad el juez de dar instrucciones referentes

al delito de homicidio.” Véase: Pueblo v. Rodríguez, 34

D.P.R. 464, 466 (1925) (énfasis nuestro).

29

CC-2001-1025

a

los

efectos

de

que

él

le

comentó

que

“est[aba]

encojonao” y que “breg[ó] con la mujer policía porque ...

pens[ó]

que

había

matado

a

Peña”,

podía

inferirse

el

arrebato de cólera que requiere el delito de homicidio

para

configurarse.

No

estamos

de

acuerdo.

Somos

del

criterio que dichas expresiones no hacen mandatoria una

instrucción al jurado sobre el referido delito.

Entendemos

que

estas

manifestaciones

son

insuficientes para que razonablemente se pueda inferir que

el recurrido pudo haber cometido el delito de homicidio.

El mero hecho de gritar “mi hermano, mi hermano” y que,

cuatro

días

con

posterioridad

hechos,

haya

manifestado

que

a

la

ocurrencia

de

los

estaba

“encojonao”

no

son

suficientes para reflejar el arrebato colérico, súbito y

pasional que, como vimos, son elementos constitutivos y

necesarios del referido delito. De ellas tampoco surge la

reacción impulsiva e irreflexiva característica del mismo.

Esas

manifestaciones

nos

recuerdan

las

expresiones

que

hizo el acusado en Pueblo v. Calderón, 50 D.P.R. 336, 342

(1943) al exclamar “Lo hice porque me traía molesto; tuve

que hacerlo porque me traía molesto”. En aquella ocasión

este Tribunal concluyó que de esa prueba no se desprendía

la existencia del arrebato de cólera que la ley considera

suficiente

para

disminuir

el

delito

de

asesinato

a

homicidio. Ibid. a la pág. 344.

Por otro lado, la defensa del recurrido sostiene que

la

actuación

de

éste

fue

producto

de

haber

visto

y/o

30

CC-2001-1025

advenido en conocimiento de la muerte del joven José Peña,

quien

supuestamente

evento

constituyó

era

una

pariente

suyo.

provocación

Alega

adecuada

que

que

este

permite

catalogar el delito como un homicidio.

Ciertamente, es posible que, en ocasiones, el evento

de ver o conocer de la muerte de un familiar cercano pueda

constituir una provocación adecuada capaz de producir un

arrebato de cólera que justifique reducir el delito de

asesinato a homicidio.42 Ahora bien, ello nunca podría ser,

o convertirse en, una norma absoluta que implique que en

todo caso en que el acusado presencie o se enteré de la

muerte

de

un

pariente

el

delito

de

asesinato

quedará

automáticamente reducido a homicidio; ello sin examinar el

resto de las circunstancias que rodearon la muerte. No hay

duda, repetimos, de que habrán ocasiones en que un evento

de

esa

índole,

constituirá

unido

provocación

al

resto

adecuada

de

las

capaz

circunstancias,

de

producir

un

arrebato de cólera, pero habrá otras en que no lo será.

Como consecuencia, no podemos adoptar, como pretende la

representación legal del recurrido, una norma para que en

todo caso de esta naturaleza los tribunales de instancia

vengan obligados a transmitirle al jurado instrucciones

pertinentes al delito de homicidio.

42

Véase, Pueblo v. Arroyo, 61 D.P.R. 411, 415 (1943);

Perkins & Boyce, Criminal Law, ante, a la pág. 97; Torcia,

Wharton’s Criminal Law, ante, sec. 163, pág. 363; Witkin &

Epstein, California Criminal Law, ante, sec. 513, pág.

580; La Fave & Scott, Substantive Criminal Law, ante, sec.

7.10(b), pág. 256.

31

CC-2001-1025

De

todos

modos,

en

el

presente

caso,

ni

siquiera

existe certeza del verdadero parentesco, si alguno, entre

el recurrido y el joven José Peña. Como señalamos, de la

prueba

surgen

relación

inconsistencias

entre

ambos

ya

y

dudas

que

en

en

cuanto

ocasiones

a

se

la

hace

referencia a Peña como hermano, en otras como sobrino y,

en otras, como primo del aquí recurrido. Por otro lado, en

los

alegatos

presentados

por

las

partes

tampoco

se

ha

clarificado este aspecto. En vista de que la defensa no

nos

ha

seguros

puesto

en

una

posición

que

de

relación

familiar

existente,

la

nos

permita

si

estar

alguna,

entre Peña y el recurrido, resulta innecesario examinar si

el evento de ver y conocer de la muerte de Peña era capaz

de producir en el recurrido un arrebato de cólera tal que

justificara impartir la instrucción de homicidio.43

En resumen, somos del criterio que los hechos hoy

ante

nuestra

persona

43

consideración

actuando

bajo

los

no

son

efectos

indicativos

de

un

de

una

arrebato

de

Además, la declaración hecha por la novia de un sobrino

del recurrido a los efectos de que éste le dijo que mató a

la mujer policía porque creía que ella había matado a su

pariente es de dudosa confiabilidad y requiere ser

examinada con cautela porque aparenta ser una declaración

“self-serving”, sino en todo, al menos en parte. Como es

sabido, las declaraciones que son totalmente en beneficio

del acusado o “self-serving” deben ser excluidas y si sólo

son beneficiosas en parte, dicha porción de la declaración

también debe excluirse. Pueblo v. Mendoza Lozano, 120

D.P.R. 815 (1988); Pueblo v. Tirado de Santos, 91 D.P.R.

210 (1964); véase, además: E.L.Chiesa Aponte, Tratado de

Derecho Probatorio, 2000, T.II, págs. 748-52. No obstante

lo anterior, no indagaremos sobre este aspecto en vista de

que las partes no lo han cuestionado ni se opusieron

oportunamente a la admisibilidad de dicha declaración.

32

CC-2001-1025

cólera.

Por

el

contrario,

entendemos

que

los

mismos

claramente demuestran que estamos ante una muerte causada

por una persona que actuó, fría y calculadamente, y con

sed de venganza; sentimiento que nunca podrá justificar

una instrucción por el delito de homicidio voluntario.

En vista de lo antes expuesto, la única instrucción

que realmente estaba justificada por la prueba fue la que,

precisamente, se le transmitió al jurado: la del delito de

asesinato

y

sus

distintos

grados.

Por

tanto,

actuó

correctamente el juez de instancia al negarse a impartirle

al jurado una instrucción sobre el delito de homicidio

voluntario.

Procede

sentencia

en

consecuencia,

emitida

por

el

modificar

Tribunal

de

y

revocar

la

Circuito

de

Apelaciones únicamente en cuanto la misma dejó sin efecto

la convicción del recurrido Rosario Orangel por el delito

de

asesinato

en

segundo

grado,

reinstalándose

dicha

convicción y confirmándose la referida sentencia en cuanto

a los otros extremos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Presidente Interino

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2001-1025

CERTIORARI

Edward Rosario Orangel

Acusado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico 5 de noviembre de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se dicta Sentencia modificatoria

de la emitida en el presente caso por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones, únicamente en cuanto

la misma dejó sin efecto la convicción del

recurrido Rosario Orangel por el delito de

asesinato en segundo grado, reinstalándose dicha

convicción y confirmándose la referida sentencia

en cuanto a los otros extremos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los

Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor

Rivera Pérez disienten sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo