Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE P.R. V. EDWARD ROSARIO ORANGEL
2003 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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EL PUEBLO DE P.R. V. EDWARD ROSARIO ORANGEL
CC-2001-1025
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2003 TSPR 158
Edward Rosario Orangel
160 DPR ____
Acusado-recurrido
Número del Caso: CC-2001-1025
Fecha: 5 de noviembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. Rafael Ortiz Carrión
Oficina del Procurador General:
Lcda. Rose Mary Corchado Lorent
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Rosa I. Ward Cid
Materia: Asesinato en Segundo Grado y Otros
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2001-1025
CERTIORARI
Edward Rosario Orangel
Acusado-recurrido
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO
SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico 5 de noviembre de 2003
El 29 de enero de 1999 el recurrido Edward
Rosario
Orangel
Asesinato
en
fue
acusado
Primer
Grado,
del
en
delito
de
violación
al
Artículo 83 del Código Penal de Puerto Rico,1 y por
infracciones a los Artículos 5 y 8A de la Ley de
Armas de Puerto Rico;2 ello en relación con hechos
acaecidos
el
7
de
diciembre
de
1998,
donde
fallecieron dos personas.
El
juicio
se
celebró
ante
jurado
en
el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan. Luego de desfilada la prueba de cargo,
la defensa de Rosario Orangel solicitó del Juez
1
33 L.P.R.A. sec. 4002.
2
25 L.P.R.A. secs. 415 y 418a.
3
CC-2001-1025
que
presidió
los
procedimientos
que
impartiera
instrucciones sobre el delito de Homicidio Voluntario, por
entender que ello se justificaba a la luz de la prueba
presentada por el ministerio público y admitida por el
tribunal. El tribunal de instancia se negó a impartir las
referidas instrucciones.
Sometido el caso por las partes3, el jurado rindió
veredictos
de
delito
Asesinato
de
culpabilidad
en
contra
Segundo
el
recurrido
Grado
y
por
por
el
las
dos
infracciones a la Ley de Armas que le fueron imputadas.
Mediante sentencias dictadas el 28 de septiembre de 1999
el tribunal de instancia condenó al recurrido a pena de
reclusión de 22 años por el delito de Asesinato en Segundo
Grado, 15 años por la infracción al Artículo 5 de la Ley
de Armas y 32 años por la infracción al Artículo 8A de la
referida Ley.4
Inconforme con dicha determinación, Rosario Orangel
acudió mediante recurso de apelación ante el
Tribunal de
Circuito de Apelaciones señalando varios errores, entre
ellos,
3
4
la
actuación
del
foro
primario
“al
negarse
a
La defensa presentó un solo testigo.
Las penas impuestas, conforme determinó el tribunal de
instancia al amparo de la Ley de Armas, serían cumplidas
concurrentemente entre sí, pero de manera consecutiva con
la pena impuesta por Asesinato en Segundo Grado. Asimismo,
las
cumpliría
consecutivamente
con
relación
a
una
sentencia dictada por el Estado de Texas el 17 de
diciembre de 1997 en la que se condenó al recurrido a
cumplir diez años de probatoria por la comisión del delito
grave de posesión de marihuana.
4
CC-2001-1025
impartir
al
jurado
instrucciones
sobre
el
delito
de
homicidio”. Mediante sentencia de 26 de octubre de 2001,
archivada en autos el 31 de octubre del mismo año, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó la sentencia
impuesta por la violación del Artículo 5 de la Ley de
Armas;
modificó
la
pena
de
32
años
impuesta
por
la
infracción al Artículo 8A de dicha Ley, reduciéndola a 25
años; y revocó la sentencia de convicción por el delito de
Asesinato en Segundo Grado, devolviendo el caso para la
celebración de un nuevo juicio en cuanto a ese delito.
Al
así
resolver
el
tribunal
apelativo
intermedio
concluyó que el foro primario había errado al negarse a
impartir al jurado las instrucciones sobre el delito de
Homicidio Voluntario, toda vez que la prueba presentada, y
admitida durante el juicio, permitía al jurado inferir los
elementos de la súbita pendencia o arrebato de cólera. El
foro apelativo intermedio entendió que, ante los ojos del
jurado,
el
conocimiento
de
la
muerte
de
un
familiar
cercano, podía constituir provocación suficiente capaz de
llevarlo a concluir que lo ocurrido fue un homicidio en
vez de un asesinato.
Inconforme con la actuación del tribunal apelativo
intermedio, el Procurador General acudió
-vía certiorari-
ante este Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia
emitida por el tribunal apelativo debido a que dicho foro
incidió:
5
CC-2001-1025
... al revocar la sentencia y convicción por el
delito de asesinato en segundo grado cuando el
foro de instancia actuó correctamente al no
impartir instrucción de homicidio porque la
prueba de ninguna manera lo justificaba al no
haber evidencia alguna de que el acusado fue
objeto de provocación alguna ni de que,
objetivamente, existía razón alguna para que el
acusado se sintiera provocado.
El
8
de
febrero
de
2002
expedimos
el
recurso.
Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando
en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a
así hacerlo. Revocamos en parte y confirmamos en parte.
I
A
la
luz
de
los
hechos
particulares
del
presente
caso, ¿procedía impartirle al jurado instrucciones sobre
el delito de homicidio? Para contestar esta interrogante
es menester examinar los hechos acontecidos según surgen
de la “Exposición Narrativa de la Prueba Oral” estipulada
por las partes y aprobada por el Tribunal de Instancia.5
Veamos.
El 7 de diciembre de 1998 a eso de las 3:30 de la
tarde la agente de la policía Milagros Agosto Pérez visitó
5
Según se desprende de la “Exposición Narrativa de la
Prueba Oral” sometida por la parte peticionaria en su
escrito ante nos, la prueba presentada por el Ministerio
Público consistió en el testimonio de Myrna López Cruz,
Luis Dávila Rivera, Marielinda Ortiz Martínez, Yaritza
Pérez Otero, María Cedeño Pérez, Samuel Morales, Robert
Figueroa, Dr. Francisco Cortés Rodríguez y Juan Ortiz
Brioni; mientras que la prueba de defensa sólo consistió
en el testimonio de Manuel Hiram Camareno Colón.
6
CC-2001-1025
--vistiendo de civil6-- la casa de una amiga que residía en
la calle Francia de la Barriada Israel en Hato Rey, para
que ésta le entallara unos pantalones de su uniforme de
policía.7
Cerca
saludaban
y
de
las
4:00
charlaban,
de
la
oyeron
tarde,
mientras
se
unas
detonaciones
provenientes de la calle. Inmediatamente, Milagros Agosto
Pérez salió de la casa y, en cumplimiento con su deber
como oficial de la policía, corrió hacia la calle Texidor
con el arma de reglamento en su mano derecha. Una vez
llegó a dicha calle se encontró con el cadáver del joven
José Peña tendido en el pavimento frente a la casa del
recurrido, Rosario Orangel. El occiso era, alegadamente,
un
pariente
del
recurrido.8
Luego
de
transcurridos
alrededor de diez minutos desde la primera ráfaga de tiros
6
Ibid. a la pág. 2. Resulta importante recalcar que al
momento en que la agente acude al lugar de los hechos no
llevaba puesto su uniforme de policía ni distintivo alguno
que la identificara como tal. De la evidencia fotográfica,
así como del Informe Médico-Forense que hemos tenido la
oportunidad de examinar, surge que la occisa vestía una
camiseta sin mangas color marrón con diseños blancos, un
mahón azul y unas chancletas negras. Informe MédicoForense, Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico,
preparado el 19 de enero de 1999, pág. 1.
7
Testimonio de la testigo Myrna López Cruz, vecina de la
calle Francia en la Barriada Israel, Exposición Narrativa
de la Prueba, E.N.P., pág. 2.
8
Sin embargo, de la “Exposición Narrativa de la Prueba”
surgen serias dudas e inconsistencias en cuanto al
verdadero parentesco, si alguno, entre ambos ya que se
hace referencia a Peña como hermano (E.N.P., pág. 20);
sobrino (E.N.P., págs. 10, 13); y primo (E.N.P., pág. 17)
del recurrido. Asimismo, el alegato presentado por la
defensa no nos permite afirmar con certeza si realmente
existía entre ellos una verdadera relación familiar.
7
CC-2001-1025
se escucharon otras detonaciones provenientes del frente
de la casa de Rosario Orangel.9
Por su parte, Yaritza Pérez Otero, declaró que se
encontraba ese día caminando por la calle Texidor a eso de
las 4:00 de la tarde cuando vio a José Peña en la acera de
la
esquina
de
la
calle
Francia
contigua
a
la
calle
Texidor. Según expuso, tan pronto como él la miró ella
volteó
su
cara
y
miró
hacia
la
acera
contraria
donde
observó que una guagua se había detenido. Detrás de la
guagua
salió
un
muchacho
que
le
apuntó
a
Peña
con
un
rifle. Al ver esto la testigo corrió hacia su casa y, al
no poder abrir la puerta, decidió ir a la casa de un
vecino en la calle Francia. Durante este trayecto oyó las
detonaciones que causaron la muerte de José Peña.10
Pérez Otero, luego, salió al balcón y vio a José Peña
tirado en el pavimento en la calle Francia. A los cinco o
diez minutos después de las primeras detonaciones, vio al
recurrido Rosario Orangel salir de su casa con un rifle en
la mano gritando “mi hermano, mi hermano” y caminando en
dirección
hacia
donde
yacía
el
cadáver
de
José
Peña.11
Declaró, que escuchó otras detonaciones de arma de fuego,
por lo que entró a la casa y se agachó. Cuando culminaron
9
Véase, E.N.P., pág. 3.
10
Testimonio de la testigo Yaritza Pérez Otero, vecina de
la calle Texidor en la Barriada Israel, E.N.P., pág. 19.
11
Ibid. a las págs. 19-20.
8
CC-2001-1025
los tiros oyó un chillido de gomas de carro proveniente de
la casa del recurrido. Una vez se levantó, salió de nuevo
al balcón y observó que al lado de donde se encontraba el
cuerpo del joven José Peña estaba tirado el cuerpo de una
mujer que resultó ser el cadáver de la agente Milagros
Agosto Pérez.12
De otra parte, Marielinda Ortiz Martínez declaró que
conocía al recurrido Rosario Orangel porque era tío de su
novio Rubén Torres Rondón. Atestiguó que a eso de las 6:00
a 6:30 de la tarde del 9 de diciembre de 1998 --esto es,
dos días luego de la ocurrencia de los hechos-- llegaron a
su casa su novio Rubén y el recurrido Rosario Orangel.
Declaró
que
Rosario
Orangel
le
dijo
“dame
cloro
pa’
lavarme las manos” y que ella se lo dio. Luego de lavarse
las manos Rosario Orangel se marchó.13
Declaró
Ortiz
Martínez,
además,
que
el
recurrido
visitó nuevamente su casa el 11 de diciembre de 1998. En
esa ocasión ella le preguntó a Rosario Orangel por qué se
había lavado las manos con cloro días antes, a lo que éste
respondió que era para borrar la evidencia de la pólvora
del
arma
que
utilizó
para
matar
a
la
mujer.
Continuó
declarando que Rosario Orangel le dijo que “había matado a
la mujer policía, porque él creía que ella había matado a
12
13
Ibid.
Testimonio de
E.N.P., pág. 10.
la
testigo
Marielinda
Ortiz
Martínez,
9
CC-2001-1025
su sobrino Peña. Que cuando llegó al sitio que encontró a
la muchacha con el arma de reglamento en la mano y ahí él
actuó porque él creía que había matado a su sobrino.”14
Testificó, además, que el recurrido regresó el sábado 12
de
diciembre
de
1998
a
su
casa
y
se
quedó
hasta
el
domingo. Manifestó que alrededor de la 1:00 a 1:30 de la
tarde el recurrido se levantó, se vistió y se fue y que a
los veinte minutos regresó detenido por la policía. La
testigo declaró que a solicitud de la policía ésta los
acompañó voluntariamente.15
Por otra parte, del Informe Médico-Forense estipulado
por las partes, así como del testimonio del médico que
14
Ibid. a la pág. 10.
15
Ibid. a las págs. 10-11. A preguntas de la defensa, la
testigo admitió que había prestado una declaración jurada
el 13 de diciembre de 1998 ante el fiscal. A solicitud de
éste la testigo leyó en voz alta la declaración jurada
que, en lo pertinente, decía:
El viernes 11 de diciembre regresa Edward a mi
casa, ahí yo le pregunto a Edward que porque [sic]
se lavó las manos con cloro, refiriéndose al
miércoles 9 de diciembre, Edward me dijo que para
que no hubiera evidencia de la pólvora. Como yo no
sé que [sic] era la pólvora le pregunté que [sic]
era eso y él me dijo que era de la misma arma. Me
dijo, además, “chacho estoy encojonao porque
mataron a mi primo inocentemente”. Edward me dijo
que ese día habían dejado al sobrino en la
barriada porque se iba a recortar. Que cuando
ellos regresan a recoger el sobrino, se encuentran
con una mujer policía con el arma de reglamento en
su mano y el sobrino estaba tirado en el piso.
Edward me dice “yo bregué con la mujer policía
porque yo pensé que había matado a Peña”, y me
dijo que usó algo de 47. Ibid. a la pág. 17
(énfasis nuestro).
10
CC-2001-1025
realizó la autopsia de la occisa, Dr. Francisco Cortés
Rodríguez, surge que ésta recibió seis heridas de bala en
diferentes partes del cuerpo y tenía un “área de quemazón”
en la parte posterior del brazo derecho.16
En cuanto a lo que se describe en el protocolo de
autopsia como la herida de bala “A” se explica que la
misma
tuvo
su
orificio
de
entrada
en
el
lado
derecho
frontal de la cabeza con trayectoria de abajo hacia arriba
y de derecha a izquierda. La misma le ocasionó a la joven
fractura en el cráneo causando contusiones cerebrales y
hemorragia cerebral.17 Se explica que la herida de bala “B”
entró por la región toráxica izquierda a 50 pulgadas por
encima del talón con trayectoria de arriba hacia abajo, de
delante hacia atrás y de izquierda a derecha. La misma
contusionó
el
pulmón
izquierdo,
perforó
el
corazón,
lacerando la aorta y el pulmón derecho.18
Por su parte, la herida de bala “C” estaba localizada
en la región supra inguinal derecha a 32 pulgadas por
encima del talón con trayectoria de abajo hacia arriba, de
adelante
penetró
16
hacia
la
atrás
cavidad
y
de
pélvica
Testimonio del testigo
E.N.P., págs. 41-42.
17
derecha
y
la
a
izquierda.
abdominal,
Francisco
Cortés
Ésta
impactó
el
Rodríguez,
Ibid. a la pág. 42; Informe Médico-Forense, Instituto de
Ciencias Forenses de Puerto Rico, preparado el 19 de enero
de 1999, pág. 1.
18
Ibid.
11
CC-2001-1025
intestino, el mesenterio, el hígado y penetró la columna
vertebral.19 En cuanto a la herida de bala “D”, la misma
impactó el cuarto dígito de la palma de la mano izquierda.
La herida de bala “E” fue un surco que sólo hizo contacto
con la piel y la herida de bala “F” entró por la parte
posterior del hombro derecho; esto es, por la espalda.20
Por último, el patólogo forense manifestó que pudo
observar partículas de pólvora en la piel del antebrazo
izquierdo y en la cara; éstas relacionadas con, al menos,
dos de la heridas sufridas, en particular, la que produjo
la bala “B”.21 Concluyó, que ello evidencia que la víctima
recibió esas dos heridas a sólo dos pies de distancia de
la boca del cañón del arma de fuego utilizada.22
II
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico consagra el derecho a juicio por jurado que tiene toda
persona que sea acusada por la comisión de delito grave.
Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; véase,
19
Informe Médico-Forense, ante, a la pág. 2. De acuerdo
con el testimonio del Dr. Cortés Rodríguez las heridas de
bala “A”, “B” y “C” fueron las más graves, en particular,
la ocasionada por la “B”, y que la combinación de éstas
fue la causante de la muerte de la joven. Véase, E.N.P.,
págs. 43-44.
20
Véase, Testimonio del Dr. Cortés Rodríguez, E.N.P.,
págs. 42-43; Informe Médico Forense, ante, a la pág. 2.
21
Véase, Testimonio
págs. 43-45.
22
Ibid. a la pág. 45.
del
Dr.
Cortés
Rodríguez,
E.N.P.,
12
CC-2001-1025
además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-39
(1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988).
Igualmente, la Regla 111, de las de Procedimiento Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II,
R.
111
reconoce
el
derecho
a
ser
juzgado por sus pares a todo acusado de delito grave e
inclusive, en ciertas circunstancias, al acusado de delito
menos grave. Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722,
727
(1994);
Pueblo
v.
Cruz
Correa,
ante;
E.L.
Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273.
Dentro de este esquema le corresponde al jurado, como
encomienda principal, ser el juzgador de los hechos. Véase:
Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992) citando
a Pueblo v. Cruz Correa, ante, a las págs. 276-78; Pueblo
v. Bonilla, ante, a la pág. 439. Ello implica que tendrá la
última
palabra
inocencia
del
no
sólo
imputado,
en
cuanto
sino
que,
a
la
culpabilidad
además,
será
el
o
que
determine –-en caso de entender que el acusado incurrió en
responsabilidad
en
relación
con
los
hechos
que
se
le
imputan-- el delito específico, o el grado del mismo, por
el cual éste debe responderle a la sociedad. Pueblo v. Cruz
Correa, ante, a la pág. 277; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante,
a la pág. 439. En resumen, su función comprende evaluar la
evidencia que sea presentada y admitida por el tribunal
durante el juicio y llegar a las conclusiones de hechos
correspondientes. Luego, aplicando el derecho, según le es
instruido
por
el
juez
que
preside
el
proceso,
deberá
13
CC-2001-1025
emitir un veredicto. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a las págs. 319-320.
Es
también
el
jurado
el
llamado
a
aquilatar
la
prueba
desfilada y a quien le corresponde decidir si le da crédito
o no a la misma. Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a las págs.
727-29.
Ahora bien, en vista de que el jurado está compuesto
de personas desconocedoras del ordenamiento jurídico, para
que
éstos
puedan
desempeñar
su
función
a
cabalidad
se
requiere que sea correctamente instruido sobre el derecho
aplicable por el juez que presida el proceso. Pueblo v.
Lorio Ormsby, ante, a la pág. 727; Pueblo v. Bonilla Ortiz,
ante, a la pág. 439; Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág.
277; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150 (1986).
De este modo, las instrucciones al jurado son el mecanismo
procesal a través del cual el jurado tomará conocimiento
del derecho aplicable al caso.23 Pueblo v. Landmark, 100
D.P.R. 73, 79 (1971).
En varias ocasiones hemos enfatizado la importancia de
las instrucciones que el juez debe transmitir al jurado.
Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968); Pueblo v.
Burgos Dávila, 76 D.P.R. 199, 202 (1954); Pueblo v. Méndez,
74 D.P.R. 913 (1953). En términos generales, el acusado
tiene derecho a que se le transmita al jurado todos los
23
Véase, además: Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la pág. 330.
14
CC-2001-1025
aspectos de derecho que, bajo cualquier teoría razonable,
pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, ello aunque
la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa
credibilidad. Pueblo v. Acevedo Estrada, res. el 19 de
enero de 2000, 2000 TSPR 8; Pueblo v. Miranda Santiago, 130
D.P.R. 507, 518 (1992); Pueblo v. Tufiño Cruz, ante. Esto
es así ya que “corresponde al jurado y no al tribunal
rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del
caso,
según
aquél
aquilate
la
prueba
y
determine
los
hechos.” Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815
(1981).
Las
instrucciones
deben
incluir
los
elementos
del
delito imputado,24 haciendo hincapié en que el ministerio
fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los
elementos del mismo más allá de duda razonable. También
debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad
exigida para ese delito, es decir, sobre la intención o
negligencia
criminal
requerida.
Véase,
Chiesa
Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
ante, a las págs. 331-32. Ello en vista de que el estado
mental
o
“mens
rea”
es
un
elemento
subjetivo
que
le
corresponde determinar al jurado a la luz de los hechos.
Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a las págs. 441-42.
24
Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a la pág. 727;
Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 439; Pueblo v.
González Colón, ante, a la pág. 815.
15
CC-2001-1025
Además, las instrucciones deben cubrir los elementos
de aquellos delitos inferiores al imputado o comprendidos
dentro de éste; ello siempre y cuando la prueba así lo
justifique. Véase: Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R.
860, 886 (1998); Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a la pág.
727; Pueblo v. González Colón, ante, a la pág. 815.25 Esto
es, una instrucción sobre delitos inferiores no le será
transmitida al jurado de forma automática, sino que, es
necesario que exista evidencia de la cual el jurado pueda
razonablemente
inferir
que
el
acusado
es
culpable
del
delito inferior. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, 53 D.P.R.
893, 910 (1938).
Vemos
pues,
que
el
fundamento
para
impartirle
al
jurado una instrucción sobre delito inferior es que la
misma
esté
problema
es
apoyada
en
determinar
prueba
qué
que
la
justifique.
implica
el
que
“la
El
prueba
justifica las instrucciones”. Sobre este particular se ha
expresado que:
[E]sto sólo puede significar que haya evidencia
admitida, que de ser creída por el jurado, sería
suficiente
como
cuestión
de
derecho
penal
sustantivo, para que el acusado prevalezca. El
juez no debe aquí hacer juicio de credibilidad
alguno para no impartir la instrucción, pues
estaría
usurpando
funciones
del
jurado,
en
25
Véase, además: Pueblo v. López Guzmán, ante, a la pág.
887, citando a Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág. 277;
Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 439; Pueblo v.
Tufiño Cruz, ante, a la pág. 229; Pueblo v. Burgos Dávila,
ante, a la pág. 202.
16
CC-2001-1025
violación del derecho constitucional del acusado
a juicio por jurado. . . . 26
Ahora bien, la facultad que la ley le concede al
jurado
no
puede
ser
ejercitada
caprichosa
o
arbitrariamente. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, ante, a
la pág. 910. A esos efectos hemos expresado que:
El veredicto que reduzca el grado de delito debe
estar fundado en evidencia tendente a demostrar o
capaz de producir duda razonable sobre la
existencia
del
delito
inferior;
y
si
esa
evidencia no existe, ni el juez puede transmitir
instrucciones sobre el delito inferior, ni el
jurado puede traer un veredicto reduciendo el
grado del imputado en la acusación. Ibid (énfasis
suplido).
Es
por
ello
que
un
juez
actúa
correctamente
al
denegar una instrucción sobre un delito menor incluido si
estima que la evidencia, aun pudiendo ser creída por el
jurado, resulta insuficiente en derecho para establecer
la comisión del referido delito.27 Chiesa Aponte, Derecho
26
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, ante, a la págs. 332; véase, además:
Pueblo v. Tufiño Cruz, ante, a la pág. 230.
27
A conclusión similar se ha llegado en la jurisdicción
norteamericana y a esos efectos se ha sostenido que:
For the trial court to give such a charge under
those circumstances is inappropriately to invite
the jury to exercise a degree of mercy by finding
defendant guilty of a lesser crime, when the
proof truly justified conviction as charged. When
there is no evidentiary basis for the lesser
charge, a judge is not required to charge the
jury on that offense. . . . This rule assumes
that
the
defendant
has
no
constitutionally
protected right to present to the jury the option
of nullification in the form of a lesser included
(Continúa ...)
17
CC-2001-1025
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la
pág. 332.
Refiriéndonos, específicamente, a la procedencia de
una
instrucción
sobre
el
delito
de
homicidio
en
un
procedimiento seguido contra un acusado por el delito de
asesinato
hemos
expresado,
desde
Pueblo
v.
Galarza,
71
D.P.R. 557, 561-62 (1950), que:
No es necesario que la prueba de homicidio
resulte incontrovertida o concluyente sobre la
cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a
ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar
la misma. De haber alguna evidencia tendiente a
demostrar un estado de hechos que haga caer el
caso dentro de la definición de homicidio ... es
al jurado que incumbe determinar si tal prueba es
cierta o no, y si la misma demuestra que el
delito
cometido
fue
homicidio
...
y
no
asesinato.28
No obstante lo anterior, hemos sido enfáticos en que
el tribunal sentenciador no debe transmitir instrucciones
de
homicidio
si
los
autos
carecen
de
evidencia
que
justifique tal veredicto. Véase: Pueblo v. Moreno Morales
I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v. Torres Rodríguez,
119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. Padros García, 99
_______________________
offense.
LaFave,
Israel
&
King,
Criminal
Procedure, 2da. ed., West Group, 1999, Vol. 5,
sec. 24.8(f), pág. 587 y casos allí citados
(énfasis nuestro y notas al calce omitidas).
28
(Énfasis nuestro y citando con aprobación a Stevenson v.
U.S., 162 U.S. 313, 314 (1896). Véase, además: Pueblo v.
Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v.
López Guzmán, ante, a la pág. 888; Pueblo v. Cruz Correa,
ante, a la pág. 277; Pueblo v. González Colón, ante, a las
págs. 815-16; Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730,
741-42 (1987).
18
CC-2001-1025
D.P.R. 384, 395 (1970); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394,
398 (1953). Fomentar dicha práctica equivaldría a autorizar
al jurado a que imponga un castigo diferente al prescrito
para el delito que de hecho se cometió. Ibid.
En
el
caso
de
autos,
el
recurrido
plantea
que
la
prueba presentada en el juicio no sostiene el veredicto de
asesinato en segundo grado, sino que la misma justificaba
plenamente que se transmitiera al jurado una instrucción
sobre el delito de homicidio voluntario. Argumenta que
la
muerte de la joven fue producto de un alegado arrebato de
cólera al éste advenir en conocimiento de la muerte de su
supuesto pariente y que en su actuación no hubo malicia ni
premeditación que justificara la denegatoria de la referida
instrucción. No le asiste la razón; veamos por qué.
III
Como es sabido el Artículo 85 del Código Penal de
Puerto
Rico
dispone
que
comete
el
delito
de
homicidio
“[t]oda persona que matare a otra en ocasión de súbita
pendencia o arrebato de cólera...” 33 L.P.R.A. sec. 4004.
Los elementos de este delito son: dar muerte a un ser
humano, como consecuencia de una pendencia súbita o de un
arrebato de cólera, causado por una provocación adecuada de
parte de la víctima. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R.
37, 46 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, ante, a la pág. 279.
Se trata de un acto intencional e ilegal que causa la
muerte,
pero
por
existir
circunstancias
atenuantes
la
19
CC-2001-1025
calificación del delito y la pena varían en beneficio del
acusado.29 La circunstancia atenuante consiste en que el
acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional,
súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona
actuando con ésta. Ibid.
El
homicidio
se
comete
sin
que
medie
reflexión
y
premeditación; esto es, sin un previo plan para matar.
Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 284. Del mismo
modo, el elemento de maldad o malicia está ausente en este
delito. Pueblo v. Negrón Caldero, res. el 28 de junio de
2002, 2002 TSPR 95. Estas características son las que,
precisamente, diferencian al homicidio del asesinato en
primer y segundo grado. Véase, Pueblo v. Gómez Nazario,
121 D.P.R. 66, 73 (1988); Pueblo v. Orlando González, 120
D.P.R. 684, 689 (1988).
El
actuó
homicidio
movido
presupone
por
una
que
el
autor
provocación
de
adecuada
la
muerte
de
tal
naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su
dominio
y
cólera,
pendencia
29
actuar
bajo
o
impulsos
emoción
mentales
violenta.
causados
Véase:
Pueblo
por
v.
A esos efectos se ha reconocido en la jurisdicción
norteamericana que “[i]t is not the purpose of the law to
unbridle human passions. On the contrary, one very
important aim of the criminal law is to induce persons to
keep their passions under proper control. At the same time
the law does not ignore the weaknesses of human nature.
Hence as a matter of common law an unlawful killing may
even be intentional and yet of a lower grade than murder”.
Perkins & Boyce, Criminal Law, 3ra. ed., New York,
Foundation Press, Inc., 1982, pág. 84 (nota al calce
omitida).
20
CC-2001-1025
Negrón Caldero, ante; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a
las págs. 283-84; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág.
46;
Pueblo
v.
Cruz
Correa,
ante,
a
la
pág.
279.
Sin
embargo, la sed de venganza nunca será suficiente para
catalogar el delito como un homicidio. La Fave & Scott,
Substantive Criminal Law, Minnesota, West Publishing Co.,
1986, Vol. 2, sec. 7.10(a), pág. 255; Witkin & Epstein,
California Criminal Law, 2da. ed., California, BancroftWhitney Co., 1988, Vol. 1, sec. 515, pág. 582. Asimismo,
hemos sostenido que “[s]i no existe esa provocación o si
habiendo
existido
grave
la
y
[la
actuación
misma]
del
no
es
matador
lo
está
suficientemente
fuera
de
toda
proporción con el grado de la provocación, el acto de dar
muerte constituye asesinato aunque el acusado no hubiese
preconcebido la idea.” Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657,
667 (1943)(énfasis nuestro).
De lo anterior se desprende que para determinar la
posible
comisión
del
delito
de
homicidio
hay
que
identificar, al menos, tres factores. Éstos son: (i) que
la muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en
un
arrebato
de
cólera
o
pendencia
súbita
(“heat
of
passion”); (ii) que la muerte estuviere precedida de una
provocación adecuada; y (iii) que la muerte haya ocurrido
antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor
razonablemente
se
hubiere
enfriado
(“cooling
off
21
CC-2001-1025
period”).30 Perkins & Boyce, Criminal Law, 3ra. ed., New
York, Foundation Press, Inc., 1982, pág. 85; La Fave &
Scott, Criminal Law, Minnesota, West Publishing Co., 1982,
pág. 573; Torcia, Wharton’s Criminal Law, 15ta. ed., New
York, Clark Boardman Callaghan, 1994, sec. 166, págs. 36769.
Ahora bien, cuando hablamos del delito de asesinato
nos referimos a un solo delito consistente, el mismo, en
“dar
muerte
a
un
ser
humano
con
malicia
premeditada.”
Véase, Artículo 82 del Código Penal de Puerto Rico, 33
L.P.R.A. sec. 4001. Éste, a su vez, se divide en grados
atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al
cometer el acto y al sólo efecto de la imposición de la
pena. Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 44; Pueblo
v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961). El asesinato
es un delito que, por su definición y naturaleza, conlleva
un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores
éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o
condición
en
el
actor,
compuesto
por
una
deficiencia
inherente en su sentido de moral y rectitud, ello como
resultado de haber dejado de preocuparse por el respeto y
la seguridad de la vida humana. Rivera Pagán v. Supte. de
la Policía, 135 D.P.R. 789, 800 (1994).
30
Sobre este último factor, véase, Pueblo v. Reyes Lara,
100 D.P.R. 676 (1975); Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R.
796 (1968).
22
CC-2001-1025
En cuanto a los grados de asesinato observamos que la
diferencia
radica
en
que
el
asesinato
en
primer
grado
requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de
la deliberación; mientras que en el asesinato en segundo
grado
la
muerte
es
maliciosa
y
premeditada,
pero
la
deliberación está ausente. Véase, Artículo 83 del Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4002; Pueblo v. Gómez Nazario,
ante, a la pág. 73; Pueblo v. González Pagán, ante, a la
pág.
689.
Esto
es,
el
asesinato
en
primer
grado
se
caracteriza por la deliberación y la intención específica
de matar. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 926 (1953). Ello
a diferencia del asesinato en segundo grado en el cual
basta la malicia premeditada, sin intención específica para
matar; es decir, se refiere a la intención de realizar un
acto
o
producir
un
grave
daño
corporal
que
con
toda
probabilidad resultará en la muerte de una persona. Pueblo
v.
Méndez,
ante;
Pueblo
v.
Blanco,
77
D.P.R.
767,
que
el
elemento
775
(1954).
La
malicia
premeditada,
es
mental
requerido en el delito genérico de asesinato, implica la
ausencia de justa causa o excusa y conciencia al ocasionar
la muerte de un semejante. Pueblo v. Carmona, Rivera, 143
D.P.R. 907, 914 (1997); Pueblo v. Robles González, 132
D.P.R. 554, 563 (1993); Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a
la
pág.
45.
Por
otro
lado,
la
deliberación
es
la
resolución o decisión de matar, después de darle alguna
23
CC-2001-1025
consideración. Véase: Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371,
375 (1967).
Ello no obstante, cualquier período de tiempo, por
corto que sea, será suficiente para que pueda tener lugar
la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso
puede ser tan rápido como el pensamiento. Véase: Pueblo v.
Echevarría Rodríguez I, ante, a la pág. 368 n. 59; Pueblo
v. Rosario, ante. Esto es, tanto la deliberación como la
malicia premeditada no requieren necesariamente de un plan
previo ni que se conciban con mucho tiempo de antelación a
los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R.
299,
368
(1991).
tiene
No
que
transcurrir
determinado
período de tiempo entre la intención de matar y la muerte
misma
ya
que
ambos
elementos
pueden
concebirse
en
el
momento mismo del ataque. Véase: Pueblo v. González Pagán,
ante, a la pág. 689; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R.
897, 899 (1974). A esos efectos hemos expresado que “la
premeditación [y la deliberación] puede[n] formarse en un
instante
antes
del
acto,
y
puede[n]
existir
...
no
obstante la rapidez con que el acto se haya realizado.”
Pueblo v. Méndez, ante, a la pág. 921.
Por
otra
parte,
la
deliberación
y
la
malicia
son
elementos subjetivos que, de ordinario, no pueden probarse
con evidencia directa por lo que, en ocasiones, es preciso
recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos
razonablemente
pueden
inferirse.
Pueblo
v.
López
Rodríguez, ante, a las págs. 898-99; Pueblo v. Rosario,
24
CC-2001-1025
ante, a la pág. 375. Estos elementos pueden deducirse a
base de los actos y las circunstancias que rodearon la
muerte; la relación entre las partes; la capacidad mental,
motivación, manifestaciones y conducta del acusado; así
como de los hechos anteriores, concomitantes y posteriores
al
crimen.
Véase,
Artículo
14
del
Código
Penal,
33
L.P.R.A. sec. 3061; Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a las
págs. 914-15; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág.
287; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 45; Pueblo
v. López Rodríguez, ante, a la pág. 899. “‘Una intención
maliciosa y criminal se presume por la manera ... [en] que
...
se
comet[e]
un
acto
ilegal
con
el
propósito
de
perjudicar a otro.’” Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a la
pág. 915 citando a Pueblo v. Santiago, 54 D.P.R. 167, 171
(1939) (énfasis nuestro).
Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha reconocido
varias instancias en las que fácilmente se puede inferir
la
malicia
premeditada
y/o
la
deliberación.
A
modo
de
ejemplo, podemos señalar: el acto de atacar a una persona
con una arma mortífera ya que, del uso de la misma, puede
inferirse
la
intención
de
matar
o
causar
daños
cuya
consecuencia probable es la muerte;31 atacar con una arma a
31
Véase, Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a la pág. 915;
Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a la pág. 442; Pueblo v.
Colón Soto, 109 D.P.R. 545, 548 (1980); Pueblo v. Méndez,
ante, a la pág. 931.
25
CC-2001-1025
una persona desarmada;32 dispararle a la víctima en más de
una ocasión, a corta distancia y alcanzándola en la cara;33
dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego y
luego acercársele para dispararle tres veces más mientras
le dice “para acabar contigo”;34 ultimar a balazos a la
víctima luego de que ésta retrocediera y rogara para que
no le disparara;35 cuando sin mediar palabras el acusado le
dispara a unos jóvenes y mata a uno de ellos;36 cuando sin
mediar palabras el acusado le dispara tres tiros a un
policía
que
le
ordenó
detenerse;37
inferirle
numerosas
heridas punzantes a la víctima atacándola por la espalda;38
apuñalar al occiso mientras otro lo agarra.39
Como
expresáramos
antes,
son
precisamente
los
elementos de malicia y deliberación los que distinguen un
asesinato de un homicidio. Para determinar si, en casos
como
el
presente,
instrucción
sobre
la
prueba
homicidio
justificaba
debemos,
en
impartir
primer
la
lugar,
32
Véase, Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 287;
Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 45.
33
Véase, Pueblo v. Rivera Alicea, ante.
34
Véase, Pueblo v. Guzmán Toro, 107 D.P.R. 700 (1978).
35
Véase, Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125 (1977).
36
Véase, Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369
(1980).
37
Véase, Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R. 127
(1979).
38
Véase, Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1974).
39
Véase, Pueblo v. Garay, 105 D.P.R. 86 (1976).
26
CC-2001-1025
examinar la misma para ver si en la actuación del acusado,
al momento de matar a la joven, hubo elementos de malicia
y/o deliberación, característicos del delito de asesinato,
y,
en
segundo
término,
para
determinar
si,
independientemente del hecho de la existencia de malicia y
premeditación, se presentó prueba que justificaba, o hacia
mandatoria, la instrucción al jurado sobre el delito de
homicidio voluntario.
IV
- A Un análisis objetivo, y sereno, de la evidencia que
desfilara
ante
el
juzgador
de
los
hechos
a
nivel
de
instancia nos convence del hecho de que el Estado presentó
prueba, más allá de duda razonable, de todos y cada uno de
los
elementos
recurrido
del
Rosario
delito
por
Orangel;
el
cual
fue
convicto
el
esto
es,
del
delito
de
asesinato en segundo grado.40
Como se recordará, el testimonio de los testigos fue
a los efectos de que el 7 de diciembre de 1998 la agente
Milagros Agosto Pérez, de veintitrés años, se encontraba
en la casa de una amiga en la Barriada Israel en Hato Rey
entallándose unos pantalones de su uniforme. Estando allí
se escucharon unas detonaciones por lo que, inmediatamente
40
De hecho, somos del criterio que, incluso, existe prueba
suficiente en derecho para sostener una convicción por el
delito de asesinato en primer grado, de éste haber sido el
veredicto rendido por el jurado.
27
CC-2001-1025
y en cumplimiento de su deber, la joven salió a investigar
lo ocurrido con su arma de reglamento en la mano derecha,
vestida
de
civil.
aproximadamente
diez
Conforme
minutos
más
a
dichos
tarde,
se
testimonios,
escuchó
una
segunda ráfaga de disparos --hechos por Rosario Orangel-que causaron la muerte de la joven policía.
Este lapso de tiempo, ocurrido entre las dos rondas
de disparos, obviamente fue utilizado por Rosario Orangel
para apoderarse o armarse del rifle con el cual ultimó a
la joven; lapso de tiempo más que suficiente para poder
configurarse, en la mente de Rosario Orangel, la intención
de matar o, al menos, la de producir grave daño corporal y
la
malicia
premeditada
requeridas
en
el
delito
de
asesinato en segundo grado.
Por
otra
parte,
la
malicia
premeditada
en
la
actuación del recurrido claramente puede deducirse de la
forma y manera en que perpetró el crimen, según ello surge
del Informe Médico-Forense y del testimonio del patólogo
forense que realizó la autopsia. Fueron seis las heridas
de bala recibidas por la occisa. Algunas de ellas --las
más graves-- fueron disparadas a corta distancia. Es de
notar que éstas --una de las cuales le alcanzó la cabeza-eran “de contacto” y tenían una trayectoria de abajo hacia
arriba, compatibles con la situación de que la víctima
estuviera ya tirada en el piso o en proceso de caer al
mismo al momento de recibirlas. Otras le fueron inferidas
por la espalda; en particular, una entró precisamente por
28
CC-2001-1025
la parte posterior del hombro derecho en cuya mano tenía,
la occisa, agarrada su arma.
Si
a
ello
posterioridad
a
le
añadimos
el
hecho
la
comisión
del
acto
de
que
con
delictivo,
el
recurrido Rosario Orangel huyó del lugar y luego trató de
borrar evidencia incriminatoria, al lavarse las manos con
cloro, no hay duda de que nos enfrentamos a una persona,
actuando de forma calculada y fría, con corazón perverso y
la mente culposa. Todas las anteriores circunstancias son,
a
nuestro
juicio,
claramente
incompatibles
con
la
existencia de un estado de arrebato de cólera que nubla el
entendimiento
e
inhibe
la
razón,
característico
de
la
persona que comete el delito de homicidio voluntario.41
- B Ahora
bien,
e
independientemente
de
lo
antes
expresado, ¿existe prueba en el récord que justifique, o
hiciera
mandatoria,
la
instrucción
al
jurado
sobre
el
delito de homicidio voluntario en el presente caso?
El
Entiende
recurrido
que
de
Rosario
las
meras
Orangel
sostiene
expresiones
“mi
que
sí.
hermano,
mi
hermano”, que una de las testigos alegó que él profirió,
así como de la declaración de la novia de un sobrino suyo,
41
Desde hace ya varias décadas, incluso, expresamos que
“cuando claramente aparece demostrado por la prueba que no
se trata de un delito de homicidio, sino de un asesinato,
no tiene necesidad el juez de dar instrucciones referentes
al delito de homicidio.” Véase: Pueblo v. Rodríguez, 34
D.P.R. 464, 466 (1925) (énfasis nuestro).
29
CC-2001-1025
a
los
efectos
de
que
él
le
comentó
que
“est[aba]
encojonao” y que “breg[ó] con la mujer policía porque ...
pens[ó]
que
había
matado
a
Peña”,
podía
inferirse
el
arrebato de cólera que requiere el delito de homicidio
para
configurarse.
No
estamos
de
acuerdo.
Somos
del
criterio que dichas expresiones no hacen mandatoria una
instrucción al jurado sobre el referido delito.
Entendemos
que
estas
manifestaciones
son
insuficientes para que razonablemente se pueda inferir que
el recurrido pudo haber cometido el delito de homicidio.
El mero hecho de gritar “mi hermano, mi hermano” y que,
cuatro
días
con
posterioridad
hechos,
haya
manifestado
que
a
la
ocurrencia
de
los
estaba
“encojonao”
no
son
suficientes para reflejar el arrebato colérico, súbito y
pasional que, como vimos, son elementos constitutivos y
necesarios del referido delito. De ellas tampoco surge la
reacción impulsiva e irreflexiva característica del mismo.
Esas
manifestaciones
nos
recuerdan
las
expresiones
que
hizo el acusado en Pueblo v. Calderón, 50 D.P.R. 336, 342
(1943) al exclamar “Lo hice porque me traía molesto; tuve
que hacerlo porque me traía molesto”. En aquella ocasión
este Tribunal concluyó que de esa prueba no se desprendía
la existencia del arrebato de cólera que la ley considera
suficiente
para
disminuir
el
delito
de
asesinato
a
homicidio. Ibid. a la pág. 344.
Por otro lado, la defensa del recurrido sostiene que
la
actuación
de
éste
fue
producto
de
haber
visto
y/o
30
CC-2001-1025
advenido en conocimiento de la muerte del joven José Peña,
quien
supuestamente
evento
constituyó
era
una
pariente
suyo.
provocación
Alega
adecuada
que
que
este
permite
catalogar el delito como un homicidio.
Ciertamente, es posible que, en ocasiones, el evento
de ver o conocer de la muerte de un familiar cercano pueda
constituir una provocación adecuada capaz de producir un
arrebato de cólera que justifique reducir el delito de
asesinato a homicidio.42 Ahora bien, ello nunca podría ser,
o convertirse en, una norma absoluta que implique que en
todo caso en que el acusado presencie o se enteré de la
muerte
de
un
pariente
el
delito
de
asesinato
quedará
automáticamente reducido a homicidio; ello sin examinar el
resto de las circunstancias que rodearon la muerte. No hay
duda, repetimos, de que habrán ocasiones en que un evento
de
esa
índole,
constituirá
unido
provocación
al
resto
adecuada
de
las
capaz
circunstancias,
de
producir
un
arrebato de cólera, pero habrá otras en que no lo será.
Como consecuencia, no podemos adoptar, como pretende la
representación legal del recurrido, una norma para que en
todo caso de esta naturaleza los tribunales de instancia
vengan obligados a transmitirle al jurado instrucciones
pertinentes al delito de homicidio.
42
Véase, Pueblo v. Arroyo, 61 D.P.R. 411, 415 (1943);
Perkins & Boyce, Criminal Law, ante, a la pág. 97; Torcia,
Wharton’s Criminal Law, ante, sec. 163, pág. 363; Witkin &
Epstein, California Criminal Law, ante, sec. 513, pág.
580; La Fave & Scott, Substantive Criminal Law, ante, sec.
7.10(b), pág. 256.
31
CC-2001-1025
De
todos
modos,
en
el
presente
caso,
ni
siquiera
existe certeza del verdadero parentesco, si alguno, entre
el recurrido y el joven José Peña. Como señalamos, de la
prueba
surgen
relación
inconsistencias
entre
ambos
ya
y
dudas
que
en
en
cuanto
ocasiones
a
se
la
hace
referencia a Peña como hermano, en otras como sobrino y,
en otras, como primo del aquí recurrido. Por otro lado, en
los
alegatos
presentados
por
las
partes
tampoco
se
ha
clarificado este aspecto. En vista de que la defensa no
nos
ha
seguros
puesto
en
una
posición
que
de
relación
familiar
existente,
la
nos
permita
si
estar
alguna,
entre Peña y el recurrido, resulta innecesario examinar si
el evento de ver y conocer de la muerte de Peña era capaz
de producir en el recurrido un arrebato de cólera tal que
justificara impartir la instrucción de homicidio.43
En resumen, somos del criterio que los hechos hoy
ante
nuestra
persona
43
consideración
actuando
bajo
los
no
son
efectos
indicativos
de
un
de
una
arrebato
de
Además, la declaración hecha por la novia de un sobrino
del recurrido a los efectos de que éste le dijo que mató a
la mujer policía porque creía que ella había matado a su
pariente es de dudosa confiabilidad y requiere ser
examinada con cautela porque aparenta ser una declaración
“self-serving”, sino en todo, al menos en parte. Como es
sabido, las declaraciones que son totalmente en beneficio
del acusado o “self-serving” deben ser excluidas y si sólo
son beneficiosas en parte, dicha porción de la declaración
también debe excluirse. Pueblo v. Mendoza Lozano, 120
D.P.R. 815 (1988); Pueblo v. Tirado de Santos, 91 D.P.R.
210 (1964); véase, además: E.L.Chiesa Aponte, Tratado de
Derecho Probatorio, 2000, T.II, págs. 748-52. No obstante
lo anterior, no indagaremos sobre este aspecto en vista de
que las partes no lo han cuestionado ni se opusieron
oportunamente a la admisibilidad de dicha declaración.
32
CC-2001-1025
cólera.
Por
el
contrario,
entendemos
que
los
mismos
claramente demuestran que estamos ante una muerte causada
por una persona que actuó, fría y calculadamente, y con
sed de venganza; sentimiento que nunca podrá justificar
una instrucción por el delito de homicidio voluntario.
En vista de lo antes expuesto, la única instrucción
que realmente estaba justificada por la prueba fue la que,
precisamente, se le transmitió al jurado: la del delito de
asesinato
y
sus
distintos
grados.
Por
tanto,
actuó
correctamente el juez de instancia al negarse a impartirle
al jurado una instrucción sobre el delito de homicidio
voluntario.
Procede
sentencia
en
consecuencia,
emitida
por
el
modificar
Tribunal
de
y
revocar
la
Circuito
de
Apelaciones únicamente en cuanto la misma dejó sin efecto
la convicción del recurrido Rosario Orangel por el delito
de
asesinato
en
segundo
grado,
reinstalándose
dicha
convicción y confirmándose la referida sentencia en cuanto
a los otros extremos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Presidente Interino
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2001-1025
CERTIORARI
Edward Rosario Orangel
Acusado-recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico 5 de noviembre de 2003
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se dicta Sentencia modificatoria
de la emitida en el presente caso por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones, únicamente en cuanto
la misma dejó sin efecto la convicción del
recurrido Rosario Orangel por el delito de
asesinato en segundo grado, reinstalándose dicha
convicción y confirmándose la referida sentencia
en cuanto a los otros extremos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor
Rivera Pérez disienten sin opinión escrita.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo