Tribunal Supremo de Puerto Rico
AMPARO FUENTES GONZALEZ V. RAMON BADILLO Y OTROS
2003 TSPR 146
Poder Judicial de Puerto Rico
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AMPARO FUENTES GONZALEZ V. RAMON BADILLO Y OTROS
CC-2000-0939
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Amparo Fuentes González
Demandante-Recurrente
Certiorari
v.
2003 TSPR 146
Ramón Badillo, Ada Padilla Aponte,
Sociedad de Bienes Gananciales
compuesta entre ambos y Félix
Padilla y otros
160 DPR ____
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-2000-939
Fecha: 30 de septiembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional II
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José A. Rivera Valencia
Materia: Nulidad de Compraventa y Daños y Perjuicios
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Amparo Fuentes González
Demandante-Recurrente
vs.
CC-2000-939
Certiorari
Ramón Badillo, Ada Padilla
Aponte, Sociedad de Bienes
Gananciales compuesta entre
ambos y Félix Padilla y otros
Demandados-Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2003
Hoy nos toca determinar si en el presente
caso
el
medidas
Tribunal
apropiadas
de
Primera
para
Instancia
garantizar
el
tomó
debido
proceso de ley a una parte demandada que padece
de
algún
grado
de
impedimento
auditivo,
en
el
acto del juicio.
I.
El 9 de agosto de 1995, la peticionaria, Sra.
Amparo
Fuentes
contra
los
González
recurridos,
presentó
el
Dr.
una
demanda
Ramón
Badillo
Santiago, su esposa, la Sra. Ada Padilla Aponte,
la sociedad de bienes gananciales compuesta por
ambos y al Sr. Félix Padilla, hermano de la Sra.
CC-2000-939
3
Padilla.
En ella solicitó la anulación del contrato de
compraventa de su residencia habido entre la peticionaria
demandante y los recurridos, más los daños y perjuicios.
La parte recurrida contestó la demanda el 25 de octubre de
1995, y posteriormente presentó una contestación enmendada
para incluir una reconvención en contra de la Sra. Amparo
Fuentes
González,
reclamando
recibido
por
y
alegadamente
ésta
una
sufridos
la
devolución
indemnización
por
la
parte
del
dinero
los
daños
recurrida
como
por
consecuencia de supuestos comentarios difamatorios hechos
por la Sra. Fuentes.
Durante el tercer día de la vista en su fondo, cuando
ya el recurrido, Dr. Badillo, había comenzado el desfile
de su prueba, su representación legal solicitó la nulidad
de la audiencia celebrada hasta entonces y un nuevo juicio
por
no
haberse
impedimento
with
provisto
acomodo
razonable
para
según
requerido
por
Americans
Act
of
(en
et
seq.
auditivo,
Disabilities
U.S.C.A.
un
§§
1201
1990
Adujo
el
su
adelante,
ADA),
42
éste
hasta
ese
que
momento, el Dr. Badillo no había podido entender la mayor
parte
del
juicio,
esto
en
violación
de
su
derecho
de
confrontación que requiere que el demandado pueda escuchar
la
prueba
para
poder
cooperar
con
el
abogado.
Como
evidencia de su impedimento auditivo presentó un informe
preparado por una audióloga clínica.
CC-2000-939
4
El foro primario se negó a anular el juicio llevado a
cabo hasta ese momento y dispuso que se le proveyera una
silla al demandado para ubicarla en cualquier lugar de la
sala,
instruyendo
al
Dr.
Badillo
que
podía
moverse
libremente a donde escuchara, que si no entendía se podía
levantar y avisar al Tribunal para que se repitiera.
El
juez explicó que los remedios eran de justicia sustancial
porque lo correcto hubiese sido la presentación de una
moción
con
suficiente
anticipación
al
juicio
para
minimizar el perjuicio a la parte demandante.
Posteriormente, el tribunal dictó sentencia en la que
declaró con lugar la demanda, ordenó la anulación de la
compraventa, la cancelación de la inscripción del inmueble
a favor de los demandados y el pago de veinte mil dólares
($20,000.00) por daños y perjuicios.
Inconformes, los demandados acudieron al Tribunal de
Circuito de Apelaciones señalando la comisión de varios
errores, entre ellos, que incidió el Tribunal de Primera
Instancia al no proveer acomodo razonable al Dr. Badillo
Santiago
para
su
impedimento
auditivo,
según
provee
el
Tribunal
de
ADA, 42 U.S.C.A. § 12101 et seq.
Mediante
Circuito
de
la
sentencia
Apelaciones
dictada,
dejó
sin
el
efecto
la
sentencia
apelada y ordenó la celebración de un nuevo juicio con un
acomodo razonable conforme al reglamento de ADA.
Concluyó
el
acomodo
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
que
el
CC-2000-939
5
ofrecido fue inadecuado de conformidad con lo requerido
por
el
ADA;
que
el
juez
sentenciador
debió
haber
paralizado los procedimientos y solicitado a la Oficina de
Administración
de
Tribunales
(OAT)
la
provisión
de
los
instrumentos auxiliares requeridos por el ADA.1
La parte demandante acude ante nos y aduce que erró
el
Tribunal
sentencia
de
del
Circuito
Tribunal
de
Apelaciones
de
Primera
al
anular
Instancia
la
por
el
fundamento de haber violentado los derechos del demandado
según reconocidos por el ADA; al sustituir su criterio por
las determinaciones del juez que presidió la vista sin que
mediara prejuicio o parcialidad; al anular una sentencia
sin concederles una audiencia adecuada para refutar dichas
alegaciones.
En
virtud
de
la
interrelación
entre
los
señalamientos de error, los discutiremos conjuntamente al
analizar si erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones
al declarar un nuevo juicio en el presente caso.
II.
Nuestro ordenamiento procesal permite al Tribunal de
Primera
Instancia
“conceder
un
nuevo
juicio
a
todas
o
cualesquiera de las partes y sobre todas o parte de las
1
Por su parte, la Hon. Jueza Cotto Vives emitió una
opinión disidente.
Argumentó que el TPI proveyó el
acomodo solicitado por la parte demandada durante el
juicio. Según la disidencia, el Dr. Badillo escuchó todo
el testimonio presentado, así como lo demás acontecido en
el juicio, pudiendo proveer para su defensa; concluyó que
el Dr. Badillo renunció en parte a cualquier acomodo
adicional por no solicitarlo a tiempo.
CC-2000-939
6
cuestiones litigiosas”, “[c]uando se descubriere evidencia
esencial”,
“[c]uando
no
fuere
posible
preparar
una
exposición en forma narrativa de la evidencia, obtener una
transcripción
de
muerte
taquígrafo...”
del
las
notas
taquigráficas
debido
y
la
“[c]uando
a
la
justicia
sustancial lo requiere”. Regla 48.1, Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III.
Véase, First Bank of P.R. v. Inmob.
Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Riley v. Rodríguez de
Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987).
Bajo el inciso (c) de
esta regla, el tribunal puede conceder un nuevo juicio por
cualquier razón no contemplada en los dos previos incisos,
siempre que se estime prudente y en bien de la justicia
sustancial.
Esta
disposición
es
igual
a
la
regla
federal
que
recoge viejos principios de[l] “common law” y que puede
resumirse en tres: (1) error manifiesto en la aplicación
del derecho; (2) error manifiesto en la apreciación de los
hechos; y (3) nueva evidencia recién descubierta’.
DR.
JOSÉ A. CUEVAS SEGARRA, II TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL
777 (2000).
Sin
embargo,
nuestra
Regla
48.1
reconoce
expresamente el fundamento de nueva evidencia y excluye
los otros dos fundamentos del ‘common law’, expresando que
sólo
procederá
un
nuevo
sustancial lo requiera.
un nuevo juicio,
juicio
cuando
la
justicia
Por ello, a los fines de conceder
es insuficiente demostrar únicamente la
comisión de un error en cualquier decisión u orden, o en
CC-2000-939
7
cualquier acto realizado u omitido por el tribunal.
Sólo
se concederá un nuevo juicio cuando tal error resulte ser
incompatible con una sana administración de justicia, que
impida
una
injusto.
L.P.R.A.
justa
adjudicación
o
Así
la
Regla
Procedimiento
III,
le
Ap.
50
de
niega
que
el
consecuencia
resultado
Civil,
alguna
a
sea
32
los
errores no perjudiciales cometidos durante el trámite de
un caso.
Véase, Alicea Álvarez v. Valle Bello, 111 D.P.R.
847, 852-853 (1982).
En ocasiones anteriores, este Tribunal ha resuelto
que “la concesión o denegación de un nuevo juicio descansa
en
la
sana
discreción
del
tribunal
sentenciador”
First
Bank of P.R. v. Inmob. Nac.,Inc., 144 D.P.R. 901, 911
(1998), citando Carrión v. Sanpedro, 74 D.P.R. 413, (1953)
nota al calce 1.
Véase además, Riley v. Rodríguez, 119
D.P.R. 762 (1987); Ruiz Pérez v. Tribunal Superior, 94
D.P.R. 416 (1967).
recurso
de
Por ello, en apelación o cualquier
revisión,
no
se
alterará
ni
revocará
la
sentencia apelada a menos que ello sea inconsistente con
la justicia sustancial.
Para poder sostener con éxito una
revisión de “una resolución denegatoria de nuevo juicio es
necesario demostrar que el tribunal abusó del ejercicio de
su facultad discrecional al denegar dicha moción, o que se
cometió una injusticia manifiesta al denegar la misma.”
First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, en la pág.
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8
912. Véase además, DR. JOSÉ A. CUEVAS SEGARRA, II TRATADO DE
DERECHO PROCESAL CIVIL 778 (2000).
Procede entonces, que determinamos si medió en este
caso
una
injusticia
de
tal
naturaleza
que
active
el
remedio provisto por la Regla 48.1 (c) supra, por razón
del
impedimento
¿violentó
procesal
el
el
auditivo
debido
del
proceso
Tribunal
de
recurrido.
de
Primera
ley
Esto
es,
en
su
vertiente
Instancia
al
no
tomar
otras medidas para preservar el derecho del recurrido a un
juicio
justo?
Para
contestar
esta
interrogante,
es
innecesario recurrir a las obligaciones impuestas por el
ADA
a
las
concebidas
entidades
en
públicas
nuestro
ya
que
ordenamiento
las
mismas
están
puertorriqueño
como
parte del debido proceso de ley.
III.
La cuestión presentada ante nos requiere efectuar un
balance de intereses para determinar si se ha violentado
el debido proceso de ley del recurrido al celebrar el
juicio
sin
proveerle
el
acomodo
para
su
la
etapa
que
el
en
en
supuesto
impedimento
auditivo
mismo
fue
solicitado.
El Art. II, § 7 de la Constitución del Estado
Libre Asociado, 1 L.P.R.A., al igual que la Enmienda XIV
de
la
Constitución
de
Estados
Unidos,
‘Ninguna
persona
será
debido
proceso
garantizan
que:
libertad
propiedad
o
sin
1
L.P.R.A.,
privada
de
de
ley.’
su
El
lenguaje de ambas disposiciones es idéntico, excepto que
CC-2000-939
9
en nuestra Constitución se eliminó la palabra “vida”, como
consecuencia
de
haberse
proscrito
la
pena
de
muerte.
Véase, Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, res. el 13 de mayo
de 2002, 2002 TSPR 31; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez,
res. 1 de marzo de 2002, 2002 TSPR 24; Rivera Rodríguez &
Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).
El
debido
proceso
de
ley
se
manifiesta
en
dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal.
dos
Bajo
el debido proceso sustantivo, los tribunales examinan la
validez
de
una
ley
a
la
luz
de
los
preceptos
constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger
los derechos fundamentales de las personas.
Bajo este
análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna
actuación,
no
puede
afectar
de
manera
irrazonable,
arbitraria o caprichosa –o sea sin adecuada justificación—
los
intereses
libertarios
individuo o grupo.
o
propietarios
de
algún
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130
D.P.R. 562 (1992); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda,
119 D.P.R. 265, 273 (1987).
Por otro lado, la vertiente
procesal del debido proceso de ley le impone al Estado la
obligación
de
garantizar
que
intereses
de
libertad
propiedad
y
la
interferencia
del
con
los
individuo
sólo
ocurra mediante un procedimiento justo y equitativo, que
respete la dignidad de los individuos afectados. U. Ind.
Emp.
A.E.P.
v.
A.E.P.,
146
D.P.R.
611,
616
(1998);
CC-2000-939
10
Rodríguez
Rodríguez
v.
E.L.A.,
supra;
López
Vives
v.
Policía de PR, 118 D.P.R. 219 (1987).
Para activar la protección que ofrece este derecho en
su
vertiente
procesal,
tiene
que
existir
individual de libertad o propiedad.
un
interés
Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, supra; Board of Regents v. Roth, 408
U.S.
564
(1972).
Cumplida
tal
exigencia,
hay
que
determinar cuál es el procedimiento exigido (“what process
is due”).
U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra; Rodríguez
Rodríguez v. E.L.A., supra; Rivera Santiago v. Srio. de
Hacienda, supra.
Si bien la característica medular es que
el proceso debe ser justo, éste no es rígido e inflexible;
se
ajusta
contexto.
a
las
exigencias
constitucionales
de
cada
Partido Acción Civil v. E.L.A., res. el 28 de
febrero de 2000, 2000 TSPR 29; Mathews v. Eldridge, 424
U.S. 319 (1976).
La jurisprudencia ha ido identificando
componentes básicos del debido proceso de ley, tales como
notificación adecuada y oportunidad de ser escuchado y de
defenderse.
U.
Ind.
Emp.
A.E.P.
v.
A.E.P.,
supra;
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra; Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, supra.
En
Mathews
v.
Eldridge,
424
U.S.
319
(1976),
el
Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció los tres (3)
criterios que deben sopesarse al determinar cuál es el
proceso
debido
para
derecho protegido.
privarle
a
un
individuo
de
algún
Estos factores son: (1) los intereses
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11
individuales
o
privados
que
se
verán
afectados
por
la
acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea
que prive a la persona del interés protegido mediante el
proceso
utilizado
y
el
valor
probable
de
garantías
adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental
protegido con la acción sumaria, inclusive la posibilidad
de
usar
trata
y
métodos
los
alternos
cargos
atendiendo
fiscales
y
la
función
que
administrativos
se
que
conllevaría la imposición de otras garantías procesales.
Vélez Ramírez v.
Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982)
(adopta criterios de Mathews).
Véase, U. Ind. Emp. A.E.P.
v. A.E.P., supra, 616-617.
A la luz de los criterios de Mathews v. Eldridge,
supra,
la
jurisprudencia
ha
establecido
diversos
requisitos que todo procedimiento adversativo debe cumplir
para satisfacer las exigencias mínimas del debido proceso,
a
saber:
(1)
notificación
adecuada
del
proceso;
(2)
proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser
oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar
la evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia
de abogado, y (6) que la decisión se base en la evidencia
presentada y admitida en el juicio.
Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, supra, en la pág. 274; Rivera Rodríguez
v. Lee Stowell, supra; Domínguez Talavera v.
Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974); Pueblo v.
Tribunal
Pérez
CC-2000-939
12
Santaliz,
105
D.P.R.
10,
23
(1976);
Pueblo
v.
Andréu
González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976).
El derecho de toda persona de ser oído antes de ser
despojado de algún interés protegido se ha consagrado como
principio fundamental del debido proceso; esta oportunidad
de
ser
oído
debe
ser
en:
“a
meaningful
time
and
a
Mathews v. Eldridge, supra, en la
meaningful manner.”
pág. 333; Antifascist Committee v. McGrath, 341 U.S. 123
(1951).
La
privación
notificación
u
defenderse,
se
de
la
oportunidad
ha
libertad
o
de
escuchado
y
ajeno
debido
considerado
ser
siempre
propiedad
al
sin
de
proceso y en ocasiones es fuente de responsabilidad civil.
Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, supra, en la pág. 889-90;
Lunar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922 (1982); Mullane
v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950).
Nuestra
jurisprudencia
ha
reconocido
en
la
esfera
penal, el derecho de un acusado a un intérprete durante
todo el procedimiento penal en virtud de la cláusula de
debido
proceso
de
ley,
para
que
entienda
procedimientos llevados a cabo en su contra.
los
En Pueblo v.
Moreno González, 115 D.P.R. 298, 301 (1984), determinamos
que violenta el principio de debido proceso de ley en su
vertiente
procesal
persona
que
dificultaban
otros.
tiene
el
no
proveer
graves
seriamente
el
oír
un
intérprete
problemas
y
poder
a
una
auditivos
que
comunicarse
con
Posteriormente, en Pueblo v. Branch, res. el 29 de
CC-2000-939
13
junio de 2001, 2001 TSPR 100, en el contexto de un acusado
que no hablaba el idioma español, concluimos que “para un
imputado
que
no
procedimiento
durante
entiende
judicial,
todo
el
las
incidencias
la
asistencia
proceso
adquiere
de
un
una
de
un
intérprete
importancia
tridimensional: primero, hace posible el interrogatorio de
los
testigos;
facilita
segundo,
a
los
demandados
o
acusados poder entender la conversación entre abogados,
testigos y el juez; y tercero, viabiliza la comunicación
entre abogado y cliente.”
juicio
civil,
impedimentos
es
Asimismo, entendemos que en un
necesario
auditivos
se
que
una
persona
con
en
condición
de
encuentre
entender el procedimiento que se lleva a cabo, ya que el
derecho a su propiedad o el disfrute de cualquier otro
derecho, según sea el objeto del pleito, está en juego y
una
apropiada
defensa
testimonios
que
juez,
partes
las
proceso.
La
se
y
requiere
presenten
sus
extensión
y
oír
las
y
entender
los
manifestaciones
del
través
el
abogados
a
de
derecho
este
de
todo
depende,
sin
embargo, de las circunstancias particulares presentes en
cada caso.
Una
usualmente
índole,
controversia
judicial
de
implica
disputa,
monetaria
o
ello
ordenamiento
entre
las
una
partes.
Por
naturaleza
su
de
civil
otra
procesal es más laxo que en los casos de naturaleza penal,
enfocado en la búsqueda de una “solución justa, rápida y
CC-2000-939
14
económica”
para
las
partes
envueltas
en
el
proceso.
Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 1.
Cuando
el
resultado
afectar
intereses
de
una
privados
litigación
únicamente,
civil
la
tiende
a
preocupación
social en su adjudicación final es mínima porque el riesgo
de
una
adjudicación
litigantes
en
la
errónea
misma
la
comparten
proporción,
las
partes
aproximadamente.
Véase, Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 D.P.R. 470, 530
nota al calce 17 (1996) (op. conformidad del Juez Asociado
Hernández Denton).
Por tratarse de intereses particulares los que están
en juego en los casos civiles, de ordinario se observa
menos rigurosidad en la revisión de tales procedimientos
que en los casos criminales bastando con que el resultado
final de la controversia sea justo.
Entendemos,
obligación
de
razonable
de
impedimento
posición
sin
los
embargo,
que
es
tribunales
de
proveer
cualquier
físico
equitativa
o
persona
mental
en
ineludible
el
la
acomodo
que
por
razón
de
un
se
encuentre
en
una
no
comparación
con
la
otra
parte.
Esto es, el acomodo procede cuando el litigante, por razón
de
su
impedimento,
no
puede
disfrutar
de
los
derechos
reconocidos bajo el debido proceso de ley en su vertiente
procesal
derecho
que
a
garantizan
estar
un
juicio
justo;
presente,
entender
los
a
saber,
el
procedimientos,
ayudar en su defensa, presentar prueba a su favor, entre
CC-2000-939
15
otros.
de
Por tanto, todos los jueces del Tribunal General
Justicia
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
vendrán obligadas a proveer el acomodo que razonablemente
sea menester para garantizar tal derecho.2
Definimos como acomodo razonable aquel que dentro del
contexto
de
los
servicios
prestados
por
el
sistema
de
tribunales, no conlleva modificaciones de tal grado que
alteran fundamentalmente la naturaleza del servicio, en
este caso, del juicio en su fondo.
El acomodo razonable
debe asegurar un acceso significativo a los beneficios,
derechos y garantías que conlleva la celebración de un
juicio
en
su
fondo,
sin
que
esto
se
confunda
con
la
creación o adición de beneficios sustantivos, distintos a
los
provistos
propósito
del
para
acomodo
personas
sin
razonable
es
impedimentos.
facilitar
el
El
uso
y
disfrute de los servicios y derechos reconocidos, de una
manera igual y equitativa entre todos los usuarios.
Por
ello, consideramos irrazonable aquél acomodo que imponga
una
desproporcionada
carga
económica
o
administrativa
sobre el sistema de tribunales y sobre los usuarios.
De lo anterior podemos colegir que en el contexto de
un
juicio,
la
determinación
de
tal
acomodo
exige
la
Actualmente la OAT cuenta con recursos para proveer los
acomodos mencionados en el Reglamento de ADA, como equipos
de sonido infrarrojo portátiles. Advertido con razonable
anticipación
de
la
limitación
auditiva
de
algún
participante, el Juez debe solicitar al Juez Administrador
la instalación del equipo en el salón de sesiones
correspondiente.
2
CC-2000-939
16
consideración
de
los
afectadas
el
proceso.
por
intereses
de
Así,
todas
al
las
determinar
partes
si
el
juicio en su fondo llevado a cabo en este caso fue uno
justo,
debemos
demandante
a
también
que
el
sopesar
caso
se
el
derecho
resuelva
de
la
parte
prontamente;
la
política judicial que persigue la economía procesal; si se
hizo justicia sustancial; el impacto económico a todas las
partes y al Estado.
Por ello es de vital importancia que
consideremos, además, el momento en que se presentó la
solicitud de acomodo, la calidad y el grado de evidencia
presentada
para
demostrar
el
grado
y
extensión
del
impedimento –cuyo peso probatorio recae sobre quien alega
el impedimento— a la luz de la apreciación de la evidencia
hecha por el tribunal sentenciador.
Estimamos de suma
relevancia para la procedencia de cualquier reclamación de
acomodo
por
una
persona
con
un
impedimento,
la
etapa
procesal en que se hace: de este factor dependen otros
factores esenciales para lograr un balance justo de los
intereses
envueltos.
Considerados
los
factores
antes
mencionados, concluimos que no procede declarar un nuevo
juicio en las circunstancias del presente caso.
Veamos.
IV.
El demandado, Dr. Badillo, hizo una referencia a su
impedimento auditivo en la contestación a la demanda, al
negar la alegación de la Sra. Amparo Fuentes de no haber
CC-2000-939
17
leído la escritura de compraventa.
El párrafo número 20
en la alegación responsiva reza así:
“Doña Amparo leyó cuidadosamente la escritura y
disfrutó de todo el tiempo que ella requirió.
El derecho a tener testigos y de ser leída en
voz alta fue declinado y especialmente por mi
que no oigo bien y dependo de audífonos.”
Posteriormente, el 28 de diciembre de 1995, se enmendó la
contestación
a
la
demanda,
para
afirmativas y una reconvención.
incluir
unas
defensas
La alegación respondiente
quedó pues alterada: esta vez el demandado simplemente se
limitó a negar las alegaciones 12 a la 23 por falta de
información y creencia, sin hacer referencia alguna a su
impedimento.
La
antes
citada
alegación
es
la
única
referencia de cualquier naturaleza, hecha con anterioridad
al juicio en su fondo, que consta en el expediente ante
nos sobre el mencionado impedimento.
demandada
sobre
este
extremo
Nada alegó la parte
durante
el
proceso
de
descubrimiento de prueba, ni durante la conferencia con
antelación al juicio.
No es hasta el 2 de septiembre de 1997, el primer día
de la vista en su fondo y dos años después de iniciado el
pleito,
que
la
representación
legal
del
Dr.
Badillo
informa al tribunal sobre su limitación auditiva.
Aún en
ese momento, sus abogados se limitaron a solicitar permiso
para que el Dr. Badillo se pudiera sentar cerca de los
testigos
durante
la
manifestaciones.
El
vista
para
tribunal
así
escuchar
concedió
el
mejor
sus
permiso
CC-2000-939
18
solicitado y se continuó con el interrogatorio directo de
la parte demandante.
Una vez terminado el examen de la
primer testigo, la Sra. Ada Padilla, esposa del demandado,
la
parte
demandante
sentó
demandado, el Dr. Badillo.
a
testificar
al
propio
Este comentó lo siguiente:
“...le voy a pedir de favor, que el licenciado se mantenga
en un solo sitio y no se esté moviendo, porque cuando él
se mueve ocho pies para allá, de donde yo estoy, yo no le
voy a oír, que se quede ahí en un solo sitio, aunque se
acabe el dramatismo”.
Como respuesta el tribunal ordenó
al abogado: “Desde el podio se dirige las preguntas. Vamos
a evitar ese problema que tiene.
Es un problema mecánico,
de que no puede oírlo, si usted va cambiando, pues el oído
de él no se ajusta.” El abogado de la parte demandante
accedió
a
lo
solicitado.
transcripciones,
Badillo
no
Según
en
muy
pocas
escuchar
las
preguntas.
observamos
en
las
el
Dr.
Ciertamente,
sus
ocasiones
adujo
contestaciones correspondieron perfectamente a la pregunta
en todas las ocasiones; en una ocasión solamente se le
repitió una pregunta.
El segundo día de la vista en su fondo testificaron
dos
personas
Durante
el
representación
y
la
demandante,
Sra.
Amparo
Fuentes.
interrogatorio
directo
de
ésta,
la
legal
Badillo
le
comentó
al
del
Dr.
tribunal que su representado no pudo escuchar bien los
testimonios vertidos.
El tribunal permitió que se sentara
CC-2000-939
19
con el abogado en todo momento, o más cerca de la silla de
testigos, si así lo deseaba.
Entonces el Dr. Badillo
expresó haber escuchado muy poco y el Tribunal mencionó
para el récord, en síntesis, que el comportamiento del Dr.
Badillo indicaba lo contrario.3
El lunes 8 de septiembre de 1997, antes que la parte
demandada
comenzara
el
desfile
de
su
evidencia,
la
representación legal del Dr. Badillo Santiago presentó una
solicitud
formal
sobre
nulidad
de
los
procedimientos
y
nuevo juicio por no haberse tramitado un acomodo razonable
para su impedimento auditivo, según requerido por el ADA,
supra.
La
moción
alegó
que
hasta
el
momento,
el
Dr.
Badillo
no
había
podido
entender
la
mayor
parte
del
juicio.
Como evidencia del impedimento, se adjuntó a la
moción los resultados de un análisis efectuado dos días
antes,
esto
es,
el
6
de
septiembre
de
1997,
por
una
audióloga clínica. El juez dio la moción por presentada y
decretó un breve receso.
Reanudada la vista, el Juez denegó la moción en corte
abierta.
Dispuso, no obstante, que se le proveyera una
silla al demandado para ubicarla en cualquier sitio dentro
de
3
la
sala;
indicó
que
el
Dr.
Badillo
podía
moverse
El juez expresó: “lo he visto hacer gesticulaciones de
aprobación y de negación al testimonio como si estuviese
entendiendo y cuando..., me sorprendió, porque me llamó la
atención, porque se había quejado de que no podía oír al
licenciado tan cerca que él estaba hablando ni a mí
tampoco, sin embargo, con lo bajito que hablaba ella, yo
podía notar que él aparentemente-desde; o que yo estaba
observando— sí entendía.”
CC-2000-939
20
libremente
a
donde
pudiera
escuchar
y
si
quería
la
repetición de algo, que avisara al Tribunal.
El Tribunal
expresó
provisto
que
hasta
el
momento
se
le
había
un
acomodo razonable, cónsono con sus solicitudes anteriores
durante el juicio.
Entendemos
correctamente.
prejuicio,
que
el
juez
sentenciador
actuó
No consta evidencia en el expediente de
arbitrariedad
o
capricho
por
parte
del
juez
sentenciador al hacer las determinaciones en torno a la
impresión
de
testimonio.
4
que
el
demandado
No
procede
escuchó
alterarlas.4
la
mayoría
Por
lo
del
tanto
La parte demandada presentó varias mociones al comienzo y
en el transcurso del juicio en su fondo que el tribunal
estimó tardías y frívolas, con la intención de dilatar los
procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia concluyó
que la representación legal de la parte demandada no fue
diligente en la tramitación del caso e intentaba dilatar
los procedimientos, antes de haber presentado la moción de
nuevo juicio y el demandado quejarse de su impedimento.
Durante le primer día del juicio se presentó una moción de
suspensión de vista por no haber obtenido las citaciones
de los testigos de defensa. El tribunal la denegó porque
la
parte
demandada
solicitó
la
expedición
de
las
citaciones tardíamente, sólo dos semanas antes de comenzar
el juicio.
Posteriormente, el notario autorizante de la
escritura de compraventa no pudo comparecer a la vista en
su fondo, por lo que la parte demandada volvió a solicitar
la suspensión de los procedimientos. El tribunal resolvió
en la negativa, señalando a la parte que estaba dilatando
los procedimientos por ser ésta igual a la moción relativa
a las citaciones. Esta moción se había presentado
inmediatamente después de una segunda moción de suspensión
presentada al ausentarse la señora esposa del demandado.
En ella el Tribunal había concluido que la sociedad legal
de gananciales quedaba debidamente representada por el Dr.
Badillo y adecuadamente defendida por sus dos abogados.
Comentó entender que “es una táctica que sólo traería
dilación. Una acción que sólo trae dilación innecesaria.”
Posteriormente, la parte demandada presentó su cuarta
CC-2000-939
21
evaluamos
la
racionalidad
del
acomodo
a
la
luz
de
la
evidencia documental presentada.
En su informe, la audióloga clínica manifestó que el
Dr. Badillo escucha a las personas hasta una distancia de
cuatro (4) pies y de frente a ellos porque utiliza labio
lectura.
De modo que tenemos que el impedimento auditivo
del demandado es uno parcial, sujeto a la distancia y
volumen con el cual le hablan.
El juez permitió en todo momento que el Dr. Badillo
estuviera cerca de los testigos, y éste aparentó estar
satisfecho con el acomodo por un tiempo.
Luego cuando
testificó, el tribunal sentenciador ordenó a los abogados
a hablar desde el podio únicamente en voz clara, para que
el
Dr.
Badillo
pudiera
entender
las
preguntas.
El
tribunal concluyó, en virtud de la conducta y gestos del
demandado, que éste escuchaba las incidencias del juicio
porque asentía o negaba con la cabeza al escuchar a los
testigos
y
testifical.
hasta
se
sonrojaba
ante
la
evidencia
Cuando el Dr. Badillo informó que no había
podido escuchar, y por primera vez requirió un acomodo
conforme el ADA, se le proveyó una silla con ruedas y se
le concedió libre movimiento por la sala para acomodarse
en cualquier lugar desde donde pudiera escuchar mejor a
los testigos, al juez o a los abogados.
Se le permitió,
moción, la de nuevo juicio por violentar los derechos del
impedido.
CC-2000-939
22
además,
interrumpir
los
procedimientos
cada
vez
que
no
escuchara.
Concluimos pues, que erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al determinar que el acomodo provisto para el
impedimento del Dr. Badillo era irrazonable.
la
incapacidad
auditiva
parcial
del
Sr.
En virtud de
Badillo,
este
acomodo fue razonable al ajustarse al grado de impedimento
del
cual
adolece.
Además,
al
analizar
el
proceso
íntegramente, se torna patente que no se cumplen con el
estándar de injusticia manifiesta, para declarar un nuevo
juicio.
Entendemos
que
el
proceso
fue
esencialmente
justo
para la parte demandada, considerados todos los intereses
en conflicto.
En el presente caso se presentó la demanda
durante el mes de agosto de 1995, se contestó en octubre y
ésta se enmendó en diciembre del mismo año.
No es hasta
comenzado
el
juicio
después
de
iniciada
la
reclamación,
presenta
una
en
su
fondo,
que
el
petición de acomodo especial.
dos
años
demandado
En los autos no consta
explicación alguna para esta tardanza.
La
parte
demandada
pretende
establecer
que
con
la
mención del impedimento en la contestación a la demanda
original,
el
impedimento
sustituida
tribunal
auditivo.
por
una
debió
tomar
Esta
conocimiento
demanda
posteriormente
de
original
enmendada.
En
su
fue
su
contestación a la misma nada se indica del impedimento ni
CC-2000-939
23
del grado de severidad del mismo.
Ni la contestación
original, ni la contestación a la demanda enmendada, eran
suficientes para advertir al Tribunal de la necesidad de
asistirle.
Es
más,
al
expresar
en
la
contestación
original que “no oigo bien y dependo de audífonos” el
demandado da la impresión que utiliza su propio equipo
auditivo.
Por tanto, es forzoso concluir que el Tribunal
no
en
estuvo
posición
para
determinar
la
necesidad
de
algún acomodo adicional.
La irracional tardanza en plantear la necesidad de un
acomodo
razonable
demandante.
La
afecta
adversamente
demandante
tramitación de su caso.
ha
sido
a
la
diligente
parte
en
la
Decretar un nuevo juicio por
fundamentos no imputables a ésta ni al tribunal, después
de los costos incurridos en la tramitación de este caso,
tanto por la demandante como por el Estado, es demasiado
oneroso,
especialmente
cuando
el
demandado
pudo
haber
hecho su reclamo a tiempo evitando así la necesidad de
celebrar un nuevo juicio.
Con su demora, el Dr. Badillo
renunció a reclamar tal derecho.
Por otro lado, estimamos que la celebración de un
nuevo juicio no alteraría significativamente el resultado
al
cual
ha
llegado
Entendemos
que
defensa;
tuvieron
descubrimiento
sus
de
el
Tribunal
abogados
le
oportunidad
prueba
que
de
Primera
proveyeron
de
una
realizar
garantizan
Instancia.
las
adecuada
todo
el
Reglas
de
CC-2000-939
24
Procedimiento Civil, el cual no se dificultó, trabó, ni
menoscabó
por
el
impedimento
auditivo
del
Dr.
Badillo.
Tampoco constan en el expediente problemas de comunicación
entre el demandado y su representación legal durante el
juicio o en los procedimientos preliminares.
En fin, concluimos que el acomodo dispuesto por el
tribunal sentenciador fue suficiente y razonable, a la luz
del
informe
de
la
audióloga,
de
las
circunstancias
particulares de este caso y de la apreciación que de la
peculiar situación presente en el mismo hizo el tribunal
sentenciador.
condujo
de
Por
manera
procedimiento
ello
justa
entendemos
y
razonable.
que
el
juicio
equitativa,
a
El
provisto
acomodo
través
se
de
un
por
el
Tribunal de Primera Instancia cumplió con las exigencias
del debido proceso de ley en este caso.
Erró el Tribunal
de
la
sentencia
juez
de
Circuito
declarar
un
de
Apelaciones
nuevo
juicio,
al
anular
cuando
el
y
primera
instancia no abusó de su discreción y tampoco cometió una
injusticia manifiesta en la denegación del mismo.
Por
sentencia
los
fundamentos
dictada
por
antes
el
expuestos,
Tribunal
de
se
revoca
la
Circuito
de
Apelaciones y se devuelve el caso a dicho foro para que
pase juicio sobre los demás errores señalados por los aquí
recurridos en su recurso de apelación.
CC-2000-939
25
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurre sin opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Corrada del Río disiente por entender que
el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones es
sustancialmente correcto.
El Juez Asociado señor Rivera
Pérez disiente con opinión escrita.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-2000-939
26
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Amparo Fuentes González
Peticionaria
v.
Ramón Badillo, Ada Padilla
Aponte, Sociedad de Bienes
Gananciales compuesta entre
ambos y Félix Padilla y
otros
CC-2000-939
Certiorari
Recurridos
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera
Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2003.
En el presente caso el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, a través de una mayoría de los miembros
del Panel compuesto por el Juez Sánchez Martínez, la
Jueza Cotto Vives (Disintió) y el Juez Urgell Cuebas
(Ponente),
dispuso
en
el
dictamen
recurrido
siguiente:
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de
2000.
Los demandados apelantes, Dr. Ramón
Badillo Santiago, su esposa, Sra. Ada
Padilla
y
la
sociedad
de
gananciales
compuesta por éstos, nos solicitan que
revoquemos la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón,
que ordenó la cancelación de la inscripción
de su titularidad sobre cierto inmueble y le
impuso el pago de veinte mil dólares
($20,000) en concepto de daños y perjuicios
a favor de la apelada, Sra. Amparo Fuentes
González, más las costas del litigio y
cuatro mil
lo
CC-2000-939
27
dólares ($4,000)
abogado.
en
concepto
de
honorarios
de
Señalan los apelantes, entre otros, que
incidió el tribunal a quo al no proveer un
acomodo razonable al Dr. Badillo Santiago debido
al impedimento auditivo de éste, según requerido
bajo el Americans with Disabilities Act of 1990,
42 U.S.C.A. secs. 12101 et seq.
Examinados los hechos particulares del caso
de autos, concluimos que los arreglos provistos
por el tribunal no constituyen, en forma alguna,
el acomodo razonable requerido en ley, por lo que
procedemos a dejar sin efecto la sentencia
apelada y ordenar se celebre nuevo juicio.
El 9 de agosto de 1995 la Sra. Amparo
Fuentes González presentó una demanda contra los
apelantes,
solicitando
que
se
declarase
la
nulidad de la escritura de compraventa de una
residencia,
adquirida
por
estos
últimos.
Solicitó de los apelantes, además, daños y
perjuicios por angustias y sufrimientos mentales.
Los
apelantes
contestaron
la
demanda
y
presentaron una reconvención contra la Sra.
Fuentes González.
En la vista en su fondo del caso, el
tribunal a quo denegó la solicitud formal del Dr.
Badillo Santiago y su esposa sobre nulidad de los
procedimientos y nuevo juicio.
Éstos reiteraron
que no se le había concedido el acomodo razonable
al Dr. Badillo Santiago debido a su impedimento
auditivo bajo el Americans with Disabilites (sic)
Act, supra.
Inconformes con la sentencia dictada, los
apelantes presentaron ante este Foro un escrito
de apelación en el cual reiteran su alegación de
que no se les proveyó el acomodo razonable al
cual tienen derecho en ley.5
Específicamente, señalan que el tribunal a
quo cometió los siguientes errores:
5
El Dr. Badillo Santiago presentó ante el
Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de
Puerto Rico una demanda civil contra varios
funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, caso Núm. 98-1993 (SEC), en la cual alega se
violaron sus derechos bajo el Americans with
Disabilites (sic) Act, supra, dado que no se le
proveyó el acomodo razonable aquí concernido.
CC-2000-939
28
1.
La
negativa
a
proveerle
al
[a]pelante Ramón Badillo un acomodo
razonable de acuerdo a su impedimento
auditivo y ante dicha negativa, a[l] no
detener
y/o
suspender
los
procedimientos
hasta
conseguir
el
acomodo solicitado. En la alternativa,
debió el Tribunal conceder la solicitud
del nuevo juicio.
2. Le violó el derecho de la [a]pelante
Ada Padilla a ser escuchada y en su
consecuencia
se
le
privó
de
su
propiedad sin el Debido Proceso de Ley.
La Apelante solicitó la posposición de
la continuación de la vista señalada
para el 8 de septiembre de 1997, ya que
episodio de alta presión le impedía
participar en los procedimientos según
la
opinión
de
un
facultativo,
especialista del corazón.
3. No le permitió al Apelante presentar
el testimonio del Notario Carlos L.
González
Alonso
aún
cuando
éste
solicitó al Tribunal un señalamiento
posterior ya que compromisos previos le
impedían asistir el día de la vista, 8
de septiembre de 1997.
En sustitución
del testimonio del Notario González
Alonso
el
tribunal
aceptó
la
transcripción de la deposición que se
le tomó el 4 de septiembre de 1996. El
tribunal
de
instancia
ignoró
por
completo el contenido de la deposición
y en particular el relato que hace el
notario del acto del otorgamiento de la
escritura número 20 de 19 de julio de
1995.
4. El Tribunal no tomó en consideración
el hecho de que la Apelada falsificó la
designación de beneficiarios en EDUCOOP
después de fallecida su hermana Amalia.
Éste hecho junto a otros pone de
manifiesto el carácter de la Apelada y
una propensidad a apartarse de la
verdad.
5. Al condenar a la Apelante al pago de
daños en ausencia de prueba y sin tomar
en
consideración
evidencia
en
CC-2000-939
29
contrario, que excluye la concesión de
daños.
Toda vez que el primer error fue claramente
cometido por el Tribunal de Primera Instancia, el
cual requiere que se revoque la sentencia y se
celebre nuevo juicio, no pasaremos a discutir y
resolver los restantes errores, los cuales van
dirigidos a aspectos procesales y evidenciarios.
A
Los
apelantes
aducen
en
el
primer
señalamiento de error que incidió el tribunal a
quo al no suministrar acomodo razonable al Dr.
Badillo Santiago para su impedimento auditivo,
según provee el "Americans with Disabilites (sic)
Act of 1990", supra.
Para dilucidar los méritos del señalamiento
es necesario que repasemos en detalle los hechos
pertinentes
a
la
controversia,
según
se
desprenden de la exposición narrativa de la
prueba y del expediente en apelación.
La vista en su fondo comenzó el 2 de
septiembre de 1997.
Luego de tomarse el
juramento a los testigos, pero antes de comenzar
el interrogatorio de éstos, el Lcdo. José A.
Rivera Valencia, representante legal de la parte
demandada, indicó que el Dr. Ramón Badillo
Santiago tenía problemas de audición, pero que a
pesar
de
ello,
le
interesaba
escuchar
el
testimonio vertido en el caso.6 El Juez le indicó
que no tenía problemas con que el Dr. Badillo
Santiago se sentara al lado de la primera
testigo, la codemandada, su esposa, para poder
escucharla desde más cerca. Exposición Narrativa
de la Prueba, página 1, en adelante, (ENP pág.
1).
El Dr. Badillo Santiago fue la segunda
persona
en
declarar
en
el
juicio,
siendo
interrogado por la parte demandante como testigo
hostil.7
Antes de comenzar a testificar, el Dr.
6
El Dr. Badillo Santiago es una persona de
edad avanzada, retirado, y residente en el Estado
de la Florida.
7
El Juez dictaminó que en el turno de la
parte demandante sólo se cubriría el testimonio
pertinente
a
las
alegaciones
de
la
parte
demandante.
Los testimonio del Dr. Badillo
CC-2000-939
30
Badillo Santiago formuló el siguiente pedido o
aclaración, (ENP págs. 5 a 6):
El Dr. Badillo indica que quiere hacer una
aclaración. Que él no oye y que a veces habla en
voz demasiado alta y le dicen "baja la voz", que
él mismo no se oye.
Le pide al Lcdo. Nelson
Rosario [abogado de la parte demandante] que se
mantenga en un solo sitio y que no se esté
moviendo porque cuando éste se mueve ocho pies
más allá de donde está no lo va a oír.
Indica que entonces quedaría de parte de la
corte proveerle un sistema de rayos infra-rojos
con un "transmitter" y que él tiene un "receiver"
y entonces le pueden hablar por micrófono y él lo
oye, pero que si él se mueve de sitio a sitio se
va a perder el tiempo y este es un caso bastante
complejo, una cuestión de principios y éstos no
se negocian. (Énfasis en el original.)
El Juez dice "Bueno, basta.
Del podio que
se dirija la pregunta.
Él tiene un problema
mecánico, de que no puede oírlo si usted va
caminando porque el oído de él no se ajusta."
DIRECTO:
El Lic. Nelson Rosario comienza a hacer sus
preguntas.
Le hace dos preguntas y el Dr.
Badillo indica que no oye.
El Dr. Badillo indica que si se puede hacer
la pregunta por escrito, sería perfecto.
El Lic. Nelson Rosario le pregunta su
nombre. El Dr. Badillo indica que la última parte
no la oyó.
El Juez le indica al Lcdo. Rosario: "Va a
tener que hablar, abrir la boca, ser claro porque
es evidente que tiene dificultad para escuchar".
Repite el Juez, "Tiene dificultad para escuchar."
(Énfasis en el original.)
Durante el interrogatorio directo del Lcdo.
Rosario, el Dr. Badillo Santiago "[e]xpresó que
escuchó el testimonio de su esposa [la Sra. Ada
Santiago y de su esposa, Sra. Ada Padilla, sobre
sus defensas a la demanda y su reconvención,
quedaron pendientes para ser presentados luego de
oírse todos los testigos de la parte demandante.
CC-2000-939
31
Padilla] pero que no lo pudo oír todo" (ENP pág.
7), a pesar de que, según antes indicado, se le
permitió sentarse al lado de la testigo durante
el interrogatorio.
Más tarde, "El Juez le hizo
varias preguntas que él no oyó." (ENP pág. 9).
El segundo día de la vista, a mitad del
testimonio de la demandante, Sra. Amparo Fuentes,
surgió la siguiente interacción entre el Lcdo.
Rivera Valencia, abogado de la parte demandada y
el juez. (ENP pág. 27).
El Lic. José A. Rivera Valencia indica que
quisiera presentarle una preocupación.
Que su
cliente le ha informado que no puede escuchar
bien lo que se ha dicho, el testimonio.
Que él
conoce de ninguna forma que tenga el Tribunal
para estos casos.
El Juez indica que se puede sentar con el
abogado, si quiere, para oír mejor.
El Lic. Rivera Valencia le dice al Dr.
Badillo que si quiere se puede venir a un sitio.
El Dr. Badillo expresa que anteriormente no
escuchó el testimonio de la ... (ininteligible)
que
ofrecieron
ellas.
Que
no
...
(ininteligible), no va a tener una oportunidad
... (ininteligible). (Énfasis en el original.)
El Lic. Rivera Valencia le pregunta dónde
sería mejor al Dr. Badillo.
Se escuchan
comentarios (ininteligible).
El Juez expresa que él no sabía si ha
escuchado o no, pero que quería hacer constar
para el registro que lo visto muy atento como si
escuchara,
y
lo
ha
oído
(¿visto?)
hacer
gesticulaciones y aprobación y de denegación al
testimonio como si estuviese entendiendo, lo cual
le sorprendió porque le llamó la atención porque
se había quejado de que no podía oír al
licenciado que le estaba hablando, ni a él. Que
sin embargo, con lo bajito que hablaba ella él
podía notar que él aparentemente de lo que estaba
observando, sí entendía.
Que eso era lo único
que podía decir.
Continúa diciendo el Juez que él no está
diciendo lo que él le informó.
Que dice para
récord lo que había observado. Que ahora que él
menciona que no ha escuchado, quiere mencionar
para récord que sí, que lo ha estado observando
durante todo el testimonio de los demás testigos
haciendo gestos de aprobación y de denegación,
CC-2000-939
32
tal como si estuviese entendiendo perfectamente
todo lo que está diciendo, para sorpresa de él
porque él había alegado que no oía bien.
Y que
claro ... (ininteligible) que muchos de los
testimonios han sido bien bajitos.
Durante el segundo día de la vista la parte
demandante
completó
la
presentación
de
sus
testigos. Para el final del segundo día la parte
demandada estaba comenzado el interrogatorio
directo del codemandado, Dr. Badillo Santiago.
Al reanudarse la vista el lunes, 8 de
septiembre,
pero
antes
de
reiniciarse
el
interrogatorio a los testigos, el Lcdo. Rivera
Valencia presentó en corte abierta el siguiente
planteamiento. (ENP págs. 47 a 48).
.... Procede a relatar que desde el primer día el
Dr. Badillo ha alegado que no puede escuchar
bien.
Que pudo escuchar porque se le permitió
alzar la voz. No podía escuchar la preguntas que
le hicieron a su esposa. Que pudo entender algo
cuando el Juez y los abogados hicieron preguntas
en tono alto y él pudo entender algo, aún cuando
tuvo dificultades para recibirlas y entenderlas,
que se ha mantenido en el juicio, pero la
distancia
entre
él
y
los
testigos
han
imposibilitado su entendimiento en el presente
caso.
Ha afectado su comunicación con los
abogados.
Que el día 3 de septiembre de 19977
[sic] solicitaron al Tribunal que indicara si
existía alguna forma de solucionar el problema.
El Tribunal indicó que desconocía e informó,
indicó en el récord que había notado al demandado
gesticulando lo que pasaba en el juicio. Que el
Dr. Badillo trata de prestar atención para poder
entender lo que dicen los testigos, pero que eso
no indica que esté recibiendo los mensajes, que a
veces reacciona al comportamiento no verbalizado
de las partes, aunque no percibe el mensaje
verbal, y que a veces hace gestos porque está
pensando en otras cosas.
Dice que expresamente rechaza cualquier
afirmación que pueda ser interpretada como que
está fingiendo no oír, y entiende que se están
afectando sus derechos en el juicio al ignorar su
impedimento auditivo. Para aclarar este aspecto,
se sometió el 6 de septiembre a un examen
auditivo con la audióloga clínica, que confirma
que el demandado necesita que le hablen a no más
de cuatro pies de distancia, aún cuando está
usando "otoamplífonos" y que se utilice labio
CC-2000-939
33
lectura. Que de tal evaluación se desprende que
el demandado no ha podido entender la mayoría del
presente juicio y se acompañó copia del resultado
de la evaluación y de las pruebas practicadas.
Que se están afectando su derecho constitucional
a la Confrontación de la Constitución de los
Estados Unidos de América y de Puerto Rico. Que
bajo
la
ley
ADA,
Ley
de
Americanos
con
Impedimentos, toda entidad pública o privada,
incluyendo la Administración de Tribunales, hay
que hacer un acomodo razonable, que no represente
una carga injusta, para que los ciudadanos con
incapacidad puedan tener igual oportunidad de
acceso a servicios públicos, y a limitar aquellos
impedimentos
que
puedan
resultar,
ser
discriminatorios,
o
tener
un
efecto
discriminatorio.
Que
entienden
que
las
facilidades del Tribunal no están preparadas para
bregar con problemas de personas con comunicación
auditiva para que puedan escuchar lo que dicen
las personas, y tampoco se le da a la persona un
equipo
amplificador
del
sonido,
o
una
transcripción de lo declarado, para él poder
entender lo que se dice aquí.
Que en otros
estados se brinda tal servicio. Que la realidad
es que no ha podido entender la mayoría del
juicio. Se solicitó que se anulara el juicio, y
se hiciera un señalamiento para nuevo juicio. Se
solicitó que la administración de Tribunales le
provea algún acomodo razonable a su impedimento y
de no concederse entenderían que se estaría
violando el debido proceso de ley, la igual
protección de las leyes, la cláusula sobre
inmunidad y privilegios a los ciudadanos no
residentes en Puerto Rico, al igual que las
disposiciones constitucionales mencionadas.
El Juez indica que la moción ha sido
radicada en esos momentos y que antes de
resolverla se decretaría un breve receso.
La referida moción señala, en esencia, que
el codemandado solicitó desde el primer día el
acomodo respecto a su impedimento auditivo; que
él se mantuvo presente en el juicio, pero que la
distancia entre él, los testigos y los abogados
imposibilitaron el entendimiento de lo vertido
por éstos, lo que a su vez afectó adversamente la
comunicación con su representante legal. En ésta
aduce también, que bajo el Americans With
Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C.A. secs. 12101
et seq, toda entidad pública tiene la obligación
de
proveer
un
acomodo
razonable
a
los
auditivamente impedidos para que éstos tengan
CC-2000-939
34
igual acceso a los servicios públicos. Señala en
su escrito, que no se le proveyó el equipo que le
permita oír o entender los procedimientos, u
oportuna transcripción de lo declarado tal como
por medio de un equipo "close-captioned". Indicó
que él estaba dispuesto a pagar el costo
razonable de dichos servicios. Finalmente, aduce
que ante la realidad de que no se le había
provisto el acomodo razonable, procedía que se
anulase el juicio y se señale una nueva vista
para que la Administración de los Tribunales le
provea un acomodo razonable para su impedimento
auditivo.
La moción fue acompañada con el informe del
audiólogo clínico, el cual incluye los datos
técnicos sobre las pruebas efectuadas.
El
audiólogo indicó, que "[e]sta dificultad en la
discriminación del habla dificulta el entender
[el] habla aún con el uso de otoamplífonos, por
lo cual el paciente necesita que le hablen de
cerca a una distancia no mas lejos de cuatro (4')
pies y utilizar labio lectura."
(Énfasis en el
original.)
Al reanudarse la vista el Juez emitió las
siguientes
directrices
y
resolvió
en
corte
abierta la moción, (ENP págs. 49 y 50.)
[El Juez le indicó al alguacil] que se le
provea al señor Badillo un asiento para que él se
siente dentro de la sala donde pueda oír.
El
Alguacil procede a buscar un sitio.
El Juez le
indica que Badillo se puede mover en la sala a
donde pueda escuchar libremente, que no hay
problemas con el Tribunal.
Que si no oye que
puede levantarse, que si quiere que se repita
algo, que se lo diga a él y él da órdenes.8
El Tribunal le indica que al Lic. Rosario
que continúe con su exposición.
Indica que lo
único sería lo de justicia sustancial.
Indica
que él tiene dos abogados que lo representan.
Que la demanda se radicó en el 1995 y ya para esa
fecha el señor era sordo, o tenía problemas
auditivos.
Que debieron radicar una Moción con
suficiente anticipación al juicio. Que sería una
violación al derecho de la demandante.
8
En esta ocasión, lo que proveyó el tribunal
a quo al Dr. Badillo Santiago fue una silla con
ruedas para que se pudiese mover de un lado hacia
otro de la sala.
CC-2000-939
35
El Juez expresa que ha estudiado bien la
Moción de Nuevo Juicio. Indica que no le asiste
la razón. Que el Tribunal le proveyó el acomodo
razonable consistente en que le interrogara el
abogado de la parte demandante desde un mismo
lugar, cerca de él.
Que posterior a eso no se
volvió a solicitar del Tribunal una medida
similar, por lo que no se proveyó, no solicitó el
mismo.
El otro acomodo fue permitirle sentarse
en el primer banquillo izquierdo de la sala,
cerca de donde se sientan los testigos a
declarar, a unos diez o doce pies. De esta forma
renunció a su derecho a estar sentado al lado de
su abogado.
Que ahora acaban de ordenar que se
le provea una silla con ruedas para que éste se
acomode donde entienda que puede oír mejor y si
no entiende, que haga una señal.
Indica el
Tribunal que le llamó la atención que al estar
sentado de diez a doce pies estuvo muy atento a
la declaración de todos los testigos, y respondió
instantáneamente de manera corporal y parcial al
contenido
de
dichos
testimonios
con
gesticulaciones y movimientos, incluyendo cambios
de color en su semblante. Además de otros tipos
de conducta. Finalmente el Tribunal entiende que
de haberle asistido la razón el derecho fue
renunciado por su propia conducta o no haber sido
reclamado oportunamente.
Se continuó con los procedimientos.
El Lic. Rivera Valencia hace una observación
de algo que se dijo el último día sobre las
órdenes del Tribunal.
El Lic. Rivera Valencia informa que ha
conversado con su cliente y que él entiende que
no debe continuar el directo que se estaba
llevando a cabo, que él no va a continuar
declarando. ... . (Énfasis en el original.)
En resumen, desde el mismo comienzo de la
vista el Dr. Badillo Santiago indicó que tenía
problemas auditivos, pero que le interesaba
escuchar los testimonios vertidos en el caso. Al
declarar
el
Dr.
Badillo
Santiago,
reiteró
personalmente
su
solicitud,
indicando
que
"quedaría de parte de la corte proveerle un
sistema
de
rayos
infrarrojos
con
un
'transmitter'".
El segundo y tercer día de la
vista, personalmente y a través de su abogado,
continuó solicitando "acomodo razonable".
Ante,
lo que desde su perspectiva fueron acomodos
inadecuados ofrecidos por el tribunal, al tercer
CC-2000-939
36
día presentó una extensa moción, reclamando
expresamente sus derechos bajo el Americans with
Disabilities Act y el debido proceso de ley.
Finalmente, ante la inatención o incapacidad del
tribunal para proporcionar el acomodo razonable
solicitado,
el
Dr.
Badillo
Santiago
rehusó
continuar declarando a su favor.
B
Los reclamos del Dr. Badillo Santiago para
que se le proveyese acomodo razonable están
fundamentados, entre otros, en lo provisto por el
estatuto federal "Americans With Disabilities Act
of 1990", 42 U.S.C.A. secs. 12101 et seq., en
adelante "ADA".
El propósito de dicho estatuto
está plasmado en el inciso (b) de su primera
sección, 42 U.S.C.A. sec. 12101(b), como sigue:
Sec. 12101. Findings and purposes
(a) ... .
(b) Purpose
It is the purpose of this chapter(1)
to
provide
a
clear
and
comprehensible national mandate for the
elimination of discrimination against
individuals with disabilities;
(2) to provide clear, strong,
consistent,
enforceable
standards
addressing
discrimination
against
individuals with disabilities;
(3) to ensure that the Federal
Government plays a central role in
enforcing the standards established in
this chapter on behalf of individuals
with disabilities; and
(4)
to
invoke
the
sweep
of
congressional authority, including the
power
to
enforce
the
fourteenth
amendment and to regulate commerce, in
order to address the major areas of
discrimination
faced
day-to-day
by
people with disabilities.
En vista de la naturaleza remedial de la Ley
ADA, la cual es un estatuto diseñado para
eliminar el discrimen contra las personas con
CC-2000-939
37
impedimentos en todas las esferas de la sociedad,
éste se ha de interpretar liberalmente para que
se logren sus propósitos.
Kinney v. Yerusalim,
812 F. Supp. 547, (E.D. Pa. 1993), aff'd 9 F.3d
1067 (3rd Cir. 1993), cert. denied 114 S. Ct.
1545, 128 L.Ed. 2d 196 (1994).
Las disposiciones de ADA son directamente
aplicables a Puerto Rico por disposición expresa
del Congreso. 42 U.S.C.A. sec. 12102(3).9
La Ley ADA consiste de una parte general y
cuatro subcapítulos.
De éstos, el Subcapítulo I
reglamenta
los
aspectos
de
empleo
y
el
Subcapítulo II cubre los servicios públicos
provistos
por
los
gobiernos
estatales
y
municipales,
incluyendo
sus
departamentos,
agencias y otras instrumentalidades, 42 U.S.C.A.
sec. 12131.
El Subcapítulo II establece como
norma central lo siguiente:
Sec. 12132 Discrimination
Subject to the provisions of this
subchapter,
no
qualified
individual
with a disability shall, by reason of
such
disability,
be
excluded
from
participation in or be denied the
benefits of the services, programs, or
activities of a public entity, or be
subjected to discrimination by any such
entity.
Éste provee las siguientes dos definiciones
para
delimitar
el
contenido
de
la
frase
"qualified individual with a disability", en
cuanto
a
los
servicios
provistos
por
los
gobiernos estatales y municipales.10
Sec. 12102. Definitions
As used in this chapter:
9
42 U.S.C.A. 12102(3) provee:
The term "State" means each of the several
States, the District of Columbia, the Commonwealth
of Puerto Rico,... (Énfasis en el original.)
10
El Subcapítulo I, en 42 U.S.C.A. 12111(8),
provee otra definición de "qualified individual
with a disability", a aplicarse a las situaciones
relacionadas a empleo.
CC-2000-939
38
(1) Auxiliary aids and services
The
term
"auxiliary
services" includes-
aids
and
(A) qualified interpreters or other
effective methods of making aurally
delivered
materials
available
to
individuals with hearing impairments;
(B) qualified readers, taped texts,
or other effective methods of making
visually delivered materials available
to individuals with visual impairments;
(C) acquisition or modification of
equipment or devices; and
(D)
actions.
other
similar
services
and
Sec. 12131. Definition
As used in this subchapter:
(1) ... .
(2) Qualified
disability
individual
with
a
The term "qualified individual with
a disability" means an individual with
a disability who, with or without
reasonable
modifications
to
rules,
policies, or practices, the removal of
architectural,
communication,
or
transportation
barriers,
or
the
provision
of
auxiliary
aids
and
services,
meets
the
essential
eligibility
requirements
for
the
receipt
of
services
or
the
participation in programs or activities
provided by a public entity.
(Énfasis
en el original.)
Finalmente, en 42 U.S.C.A. sec. 12134 el
Congreso proveyó para que el Procurador General
de los Estados Unidos promulgara un reglamento
que implementase el Subcapítulo II de ADA. Éste,
al cual nos referiremos en adelante como el
"Reglamento",
se
tituló:
"Part
35
Nondiscrimination on the Basis of Disability in
State and Local Government Services".
El mismo
fue efectivo el 26 de enero de 1992 y ha sido
CC-2000-939
39
codificado como 28 CFR Part 35.
La sección 28
CFR sec. 35.104 amplió el listado de "auxiliary
aids and services", de forma que ahora dicho
término incluye, entre otros, los siguientes:
(1)
Qualified
interpreters,
notetakers,
transcription
services,
written materials, telephone handset
amplifiers,
assistive
listening
devices, assistive listening systems,
telephones
compatible
with
hearing
aids, closed caption decoders, open and
closed
captioning,
telecommunication
devices
for
deaf
persons
(TDD's),
videotext displays, or other effective
methods of making aurally delivered
materials available to individuals with
hearing impairments;
... ; and
(4)
actions.
Other similar services
(Énfasis en el original.)
and
Al
interpretar
el
significado
de
la
prohibición contra la discriminación y los medios
requeridos para cumplir con ésta, el Reglamento
elaboró sustancialmente lo provisto por ADA. Por
ello, resulta necesario examinar el Reglamento
para determinar si la entidad pública está
cumpliendo con el requisito de no discriminar
contra las personas con impedimentos.
Las
siguientes partes del Reglamento, entre otras,
son pertinentes para evaluar la situación de
autos:
Subpart B - General Requirements
35.130
General
discrimination.
prohibitions
against
(a) No qualified individual with a
disability shall, on the basis of
disability,
be
excluded
from
participation in or be denied the
benefits of the services, programs, or
activities of a public entity, or be
subjected to discrimination by any
public entity.
(b)(1)
A
public
entity,
in
providing any aid, benefit, or service,
may
not,
directly
or
through
contractual,
licensing,
or
other
CC-2000-939
40
arrangements,
disability -
on
the
basis
of
(i) ... ;
(ii)
Afford
a
qualified
individual
with
a
disability
an
opportunity
to
participate
in
or
benefit from the aid, benefit, or
service that is not equal to that
afforded others;
... ;
(vii)
Otherwise
limit
a
qualified individual with a disability
in
the
enjoyment
of
any
right,
privilege, advantage, or opportunity
enjoyed by others receiving the aid,
benefit, or service.
(2) ... .
... .
(7) A public entity shall make
reasonable modifications in policies,
practices,
or
procedures
when
the
modifications are necessary to avoid
discrimination
on
the
basis
of
disability, unless the public entity
can
demonstrate
that
making
the
modifications would fundamentally alter
the nature of the service, program, or
activity. (Énfasis en el original).
(8) A public entity shall not impose
or apply eligibility criteria that
screen out or tend to screen out an
individual with a disability or any
class of individuals with disabilities
from fully and equally enjoying any
service, program, or activity, unless
such criteria can be shown to be
necessary for the provision of the
service, program, or activity being
offered.
... .
Subpart E -- Communications
35.160 General.
CC-2000-939
41
(a) A public entity shall take
appropriate
steps
to
ensure
that
communications
with
applicants,
participants, and members of the public
with disabilities are as effective as
communications with others.
(b)(1)
A
public
entity
shall
furnish appropriate auxiliary aids and
services where necessary to afford an
individual with a disability an equal
opportunity to participate in, and
enjoy the benefits of, a service,
program, or activity conducted by a
public
entity.11
(Énfasis
en
el
original.)
11
Entre otros, el Departamento de Justicia
Federal proveyó el siguiente comentario respecto a
la Regla 28 CFR 35.160:
Section 35.160 requires the public
entity to take such steps as may be
necessary to ensure that communications
with
applicants,
participants,
and
members of the public with disabilities
are as effective as communications with
others.
Paragraph
(b)(1)
requires
the
public entity to furnish appropriate
auxiliary
aids
and
services
when
necessary to afford an individual with
a disability an equal opportunity to
participate in, and enjoy the benefits
of,
the
public
entity's
service,
program, or activity.
The public
entity must provide an opportunity for
individuals
with
disabilities
to
request the auxiliary aids and services
of their choice. This expressed choice
shall be given primary consideration by
the public entity ({35.160(b)(2)). The
public entity shall honor the choice
unless it can demonstrate that another
effective means of communication exists
or that use of the means chosen would
not be required under {35.164.
Deference to the request of the
individual
with
a
disability
is
desirable because of the range of
disabilities, the variety of auxiliary
aids
and
services,
and
different
circumstances
requiring
effective
CC-2000-939
42
(2) In determining what type of
auxiliary aid and service is necessary,
a public entity shall give primary
consideration to the requests of the
individual with disabilities.
... .
35.164 Duties.
This subpart does not require a
public entity to take any action that
it can demonstrate would result in a
fundamental alteration in the nature of
a service, program, or activity or in
undue
financial
and
administrative
burdens.
In those circumstances where
personnel of the public entity believe
that
the
proposed
action
would
fundamentally
alter
the
service,
program, or activity or would result in
undue
financial
and
administrative
burdens, a public entity has the burden
of proving that compliance with this
subpart would result in such alteration
or
burdens.
The
decision
that
compliance
would
result
in
such
alteration or burdens must be made by
the head of the public entity or his or
her designee after considering all
resources available for use in the
funding and operation of the service,
program,
or
activity
and
must
be
accompanied by a written statement of
the
reasons
for
reaching
that
conclusion.
If an action required to
comply with this subpart would result
in such an alteration or such burdens,
a public entity shall take any other
action that would not result in such an
alteration or such burdens but would
nevertheless
ensure
that,
to
the
communication.
For instance, some
courtrooms
are
now
equipped
for
"computer-assisted transcripts," which
allow
virtually
instantaneous
transcripts of courtroom argument and
testimony to appear on displays. Such a
system might be an effective auxiliary
aid or service for a person who is deaf
or has a hearing loss who uses speech to
communicate, but may be useless for
someone who uses sign language.
CC-2000-939
43
maximum extent possible, individuals
with disabilities receive the benefits
or services provided by the public
entity. (Énfasis en el original.)
En resumen, el Subcapítulo II de ADA y el
Reglamento,
incluyen
en
la
definición
de
"qualified
individual
with
a
disability"
a
aquella persona que, si se le suplen los equipos
de ayuda auxiliares, puede participar en igualdad
de condiciones en los servicios que provee una
entidad
gubernamental.
Si
dicho
individuo
solicita que se le provea un acomodo razonable,
la
entidad
gubernamental
viene
obligada
a
proveérselo, preferiblemente mediante el tipo de
acomodo solicitado por el individuo.
La
entidad
gubernamental
no
tiene
que
proveer
el
acomodo
solicitado
si
proveerlo
conllevaría una alteración de la naturaleza
fundamental del servicio provisto o conllevaría
un "undue financial or administrative burden".
La decisión ha de ser hecha por el jefe de la
entidad gubernamental, o por la persona designada
por éste, y ha de estar acompañada de una
comunicación escrita donde exponga dichos hechos.
En tales casos, la entidad gubernamental ha de
proveer el mejor acomodo posible, que no altere
la naturaleza fundamental del servicio o cause
una carga financiera desmedida.
C
Por disposición expresa de la Ley ADA, ésta
rige en Puerto Rico y es de aplicación al
gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades,
incluyendo a la Oficina de Administración de los
Tribunales.
En lo que concierne al caso de
autos, el Subcapítulo II y su reglamento,
titulado "Nondiscrimination on the Basis of
Disability
in
State
and
Local
Government
Services"12,
requieren
que
las
entidades
gubernamentales no excluyan a las personas con
impedimentos físicos de participar o recibir sus
servicios.
De aquí surge la obligación de
proveer un acomodo razonable a éstas, de manera
que puedan participar y recibir los servicios que
se proveen.
Desde el comienzo del litigio, en el párrafo
veinte (20) de la contestación a la demanda, el
Dr.
Badillo
Santiago
indicó
su
impedimento
12
28 CFR Part 35.
CC-2000-939
44
auditivo.
Al inicio de la vista evidenciaria
éste volvió a traer a la atención del tribunal su
impedimento auditivo e indicó que "quedaría de
parte de la corte proveerle un sistema de rayos
infrarrojos con un ′transmitter′"13.
En caso que existiese cualquier duda sobre
la existencia o gravedad de su impedimento, el
informe
del
examen
audiológico
estableció
definitivamente
que,
aún
utilizando
su
otoamplífono y lectura de labios, lo más lejos
que el Dr. Badillo Santiago podía discernir lo
hablado era a cuatro (4) pies de distancia.
El primer día de la vista el juez aceptó la
existencia
del
impedimento
auditivo.
Éste
expresó, dos veces, que el Dr. Badillo Santiago
tenía dificultad para escuchar y ordenó que el
abogado que lo interrogaba lo hiciese desde el
podio, sin moverse del sitio, hablando en forma
clara y en volumen alto.
Ahora bien, el Dr. Badillo Santiago había
expresado
su
interés
de
poder
seguir
el
interrogatorio de los otros testigos, lo cual
incluye poder oír las preguntas, las respuestas
de los testigos y los comentarios de los otros
abogados y del juez.
Ello requería que se le
proveyese la utilización de equipos de ayuda
auxiliares
("auxiliary
aids"),
como
los
14
Además, su participación completa
solicitados.
requería el poder comunicarse en forma efectiva
con su abogado durante el transcurso del juicio,
para así poder ayudar en la presentación de su
caso.
El Dr. Badillo Santiago expresó claramente
que el acomodo que le fue provisto no le permitía
13
Aparentemente, el Dr. Badillo Santiago poseía audífonos con
recibidor de señal infrarroja que había utilizado en los tribunales del
estado de la Florida.
El equipo solicitado consistía de una
unidad capaz de conectarse a la señal que proviene
de
los
micrófonos
y
se
graba
en
cinta
magnetofónica en la sala de vistas.
La misma
sería transmitida utilizando luz infrarroja u
ondas de radio.
Ésta sería recibida por otra
unidad,
consistente
de
una
combinación
de
recibidor y audífonos, la cual es utilizada por la
persona con el impedimento auditivo. Esta última
es similar a la utilizada por una persona con
audición
normal,
conocida
como
un
audífono
inalámbrico.
14
CC-2000-939
45
seguir el interrogatorio de los otros testigos.
Además, los arreglos que sugirió y proveyó el
juez no le permitían estar sentado al lado de sus
abogados y así cooperar en la presentación de su
caso.
El acomodo ofrecido al Dr. Badillo Santiago
fue claramente inadecuado. Dada la limitación de
su percepción auditiva a la distancia de cuatro
(4) pies, aún en comunicación cara a cara, a éste
le era imposible seguir los interrogatorios.
El
arreglo propuesto por el tribunal el tercer día
tampoco solucionaba la situación, ni constituyó
un acomodo razonable.
Debido a la localización
física en la sala del tribunal de los testigos,
el abogado que interroga y el abogado de la parte
contraria, así como el juez, era físicamente
imposible para el Dr. Badillo Santiago estar
simultáneamente, a cuatro pies de distancia y
cara a cara con cada uno de ellos, para escuchar
lo dicho por éstos.
El acomodo provisto fue
insuficiente,
pues
éste
hubiese
tenido
que
moverse continuamente en la silla de ruedas, de
un lado hacia otro para poder escuchar lo que los
abogados, el juez y los testigos decían, sobre
todo en un escenario donde el diálogo se lleva a
cabo con mucha fluidez y rapidez. También, ello
requería que tuviese la habilidad inconcebible de
predecir quién era el próximo que haría uso de la
palabra, para así colocarse cara a cara y
escucharlo. Basta tomar conocimiento judicial de
la ubicación del personal en la sala del
tribunal, para comprender que este acomodo era
logísticamente
ineficaz, además de ser gravoso
para el apelante, quien era una persona de edad
avanzada, o para cualquier otra en condiciones
similares.
Cabe señalar, que fue un error de sano
juicio del juez que presidió la vista decidir
continuar los procedimientos judiciales bajo las
circunstancias
expuestas.
Ante
el
reclamo
genuino del apelante, al cual tenía pleno
derecho,
el
juez
debió
paralizar
los
procedimientos para solicitar que la Oficina de
Administración
de
los
Tribunales
(OAT)
le
proveyese los "auxiliary aids" necesarios, según
descritos en 28 CFR sec. 35.104. De esta manera
se le hubiese brindado la oportunidad a la OAT de
cumplir con su deber afirmativo de proveer
igualdad de acceso al apelante.
También, si no
contaba con los recursos o resultaba muy oneroso
proveer
el
acomodo
solicitado,
denegarlo
exponiendo sus fundamentos.
CC-2000-939
46
Es evidente que el juez trató de la mejor
buena fe de remediar o resolver la situación
planteada ante su consideración con los recursos
que tenía en ese momento disponibles.
También,
no perdemos de vista de que se trataba de una
situación
novel
suscitada
en
nuestra
jurisdicción, aunque reconocemos que la Ley ADA y
su reglamentación llevan más de ocho años de
vigencia.
Como expresamos anteriormente, tan
pronto surgió la petición del Dr. Badillo
Santiago,
lo
procedente
era
paralizar
los
procedimientos judiciales y requerir de las
autoridades pertinentes de la OAT que evaluasen
la misma. Después de todo, no le corresponde al
juez que preside una vista, ni está dentro de su
competencia, proveer el equipo solicitado por el
Dr. Badillo Santiago.
Es función de los
administradores de la OAT realizar las gestiones
para adquirir y proveer el equipo que sea
necesario para cumplir con las disposiciones de
la Ley ADA.
En
resumen,
concluimos
que
el
acomodo
ofrecido no fue razonable.
Es evidente que el
Dr. Badillo Santiago, mediante la utilización de
los "auxiliary aids", descritos en 28 CFR sec.
35.104
como
"assistive
listening
devices
o
assistive listening systems", hubiese podido
participar, como todo litigante, en igualdad de
condiciones, en los procedimientos judiciales que
se condujeron ante el tribunal.
Se cometió el primer error señalado, por lo
que procede la revocación de la sentencia.
Finalmente, el caso de marras debe servir
para reflexionar y crear consciencia en todos
nosotros, los jueces, los administradores y el
personal
de
la
OAT,
sobre
la
necesidad
imprescindible
de
atender
y
resolver
con
prontitud y adecuacidad los reclamos legítimos de
las personas con impedimentos físicos que acuden
a la Rama Judicial.
Estimamos que resulta
altamente deseable que se establezcan unas normas
o procedimientos administrativos adecuados y
efectivos para responder a solicitudes de esta
naturaleza, y se oriente sobre éstos a todo el
personal, incluyendo a los jueces.
Ciertamente,
ésta no será la primera ni la última vez que nos
confrontemos con situaciones iguales o similares.
D
CC-2000-939
47
En atención a lo antes discutido, se deja
sin efecto la sentencia apelada y se ordena la
celebración de un nuevo juicio.
La Oficina de
Administración de los Tribunales evaluará la
petición del Dr. Badillo Santiago y le proveerá
el acomodo razonable solicitado, salvo que tenga
razones válidas para denegarlo, conforme la
reglamentación aplicable.
Notifíquese con copia a las partes y a la
Directora Administrativa de los Tribunales.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo
certifica la Secretaria General.
La Jueza Cotto
opinión escrita.
Vives
disiente
mediante
(fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria General
CC-2000-939
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Concluimos
que
la
anterior
Sentencia
emitida
por
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso es
JUSTA
y
CORRECTA
en
derecho,
por
actuado por la Mayoría al revocarla.
en todos sus extremos.
lo
que
DISENTIMOS
de
lo
Suscribimos su contenido
Entendemos que la norma jurisprudencial
aquí formulada es contraria a los derechos dispuestos a favor
de las personas impedidas, por virtud de la política pública
formulada por el Congreso de Estados Unidos en el estatuto
conocido como "American with Disabilities Act of 1990", supra.
Atenta,
además,
contra
la
dignidad
humana
de
este
tipo
de
personas impedidas, y es violatorio de su derecho a un debido
proceso de ley, a tenor con la Constitución de Estados Unidos y
la de Puerto Rico.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado