LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

AMPARO FUENTES GONZALEZ V. RAMON BADILLO Y OTROS

2003 TSPR 146

Poder Judicial de Puerto Rico

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AMPARO FUENTES GONZALEZ V. RAMON BADILLO Y OTROS

CC-2000-0939

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Amparo Fuentes González

Demandante-Recurrente

Certiorari

v.

2003 TSPR 146

Ramón Badillo, Ada Padilla Aponte,

Sociedad de Bienes Gananciales

compuesta entre ambos y Félix

Padilla y otros

160 DPR ____

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-2000-939

Fecha: 30 de septiembre de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Juez Ponente:

Hon. Héctor Urgell Cuebas

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José A. Rivera Valencia

Materia: Nulidad de Compraventa y Daños y Perjuicios

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Amparo Fuentes González

Demandante-Recurrente

vs.

CC-2000-939

Certiorari

Ramón Badillo, Ada Padilla

Aponte, Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos y Félix Padilla y otros

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2003

Hoy nos toca determinar si en el presente

caso

el

medidas

Tribunal

apropiadas

de

Primera

para

Instancia

garantizar

el

tomó

debido

proceso de ley a una parte demandada que padece

de

algún

grado

de

impedimento

auditivo,

en

el

acto del juicio.

I.

El 9 de agosto de 1995, la peticionaria, Sra.

Amparo

Fuentes

contra

los

González

recurridos,

presentó

el

Dr.

una

demanda

Ramón

Badillo

Santiago, su esposa, la Sra. Ada Padilla Aponte,

la sociedad de bienes gananciales compuesta por

ambos y al Sr. Félix Padilla, hermano de la Sra.

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3

Padilla.

En ella solicitó la anulación del contrato de

compraventa de su residencia habido entre la peticionaria

demandante y los recurridos, más los daños y perjuicios.

La parte recurrida contestó la demanda el 25 de octubre de

1995, y posteriormente presentó una contestación enmendada

para incluir una reconvención en contra de la Sra. Amparo

Fuentes

González,

reclamando

recibido

por

y

alegadamente

ésta

una

sufridos

la

devolución

indemnización

por

la

parte

del

dinero

los

daños

recurrida

como

por

consecuencia de supuestos comentarios difamatorios hechos

por la Sra. Fuentes.

Durante el tercer día de la vista en su fondo, cuando

ya el recurrido, Dr. Badillo, había comenzado el desfile

de su prueba, su representación legal solicitó la nulidad

de la audiencia celebrada hasta entonces y un nuevo juicio

por

no

haberse

impedimento

with

provisto

acomodo

razonable

para

según

requerido

por

Americans

Act

of

(en

et

seq.

auditivo,

Disabilities

U.S.C.A.

un

§§

1201

1990

Adujo

el

su

adelante,

ADA),

42

éste

hasta

ese

que

momento, el Dr. Badillo no había podido entender la mayor

parte

del

juicio,

esto

en

violación

de

su

derecho

de

confrontación que requiere que el demandado pueda escuchar

la

prueba

para

poder

cooperar

con

el

abogado.

Como

evidencia de su impedimento auditivo presentó un informe

preparado por una audióloga clínica.

CC-2000-939

4

El foro primario se negó a anular el juicio llevado a

cabo hasta ese momento y dispuso que se le proveyera una

silla al demandado para ubicarla en cualquier lugar de la

sala,

instruyendo

al

Dr.

Badillo

que

podía

moverse

libremente a donde escuchara, que si no entendía se podía

levantar y avisar al Tribunal para que se repitiera.

El

juez explicó que los remedios eran de justicia sustancial

porque lo correcto hubiese sido la presentación de una

moción

con

suficiente

anticipación

al

juicio

para

minimizar el perjuicio a la parte demandante.

Posteriormente, el tribunal dictó sentencia en la que

declaró con lugar la demanda, ordenó la anulación de la

compraventa, la cancelación de la inscripción del inmueble

a favor de los demandados y el pago de veinte mil dólares

($20,000.00) por daños y perjuicios.

Inconformes, los demandados acudieron al Tribunal de

Circuito de Apelaciones señalando la comisión de varios

errores, entre ellos, que incidió el Tribunal de Primera

Instancia al no proveer acomodo razonable al Dr. Badillo

Santiago

para

su

impedimento

auditivo,

según

provee

el

Tribunal

de

ADA, 42 U.S.C.A. § 12101 et seq.

Mediante

Circuito

de

la

sentencia

Apelaciones

dictada,

dejó

sin

el

efecto

la

sentencia

apelada y ordenó la celebración de un nuevo juicio con un

acomodo razonable conforme al reglamento de ADA.

Concluyó

el

acomodo

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

que

el

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5

ofrecido fue inadecuado de conformidad con lo requerido

por

el

ADA;

que

el

juez

sentenciador

debió

haber

paralizado los procedimientos y solicitado a la Oficina de

Administración

de

Tribunales

(OAT)

la

provisión

de

los

instrumentos auxiliares requeridos por el ADA.1

La parte demandante acude ante nos y aduce que erró

el

Tribunal

sentencia

de

del

Circuito

Tribunal

de

Apelaciones

de

Primera

al

anular

Instancia

la

por

el

fundamento de haber violentado los derechos del demandado

según reconocidos por el ADA; al sustituir su criterio por

las determinaciones del juez que presidió la vista sin que

mediara prejuicio o parcialidad; al anular una sentencia

sin concederles una audiencia adecuada para refutar dichas

alegaciones.

En

virtud

de

la

interrelación

entre

los

señalamientos de error, los discutiremos conjuntamente al

analizar si erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al declarar un nuevo juicio en el presente caso.

II.

Nuestro ordenamiento procesal permite al Tribunal de

Primera

Instancia

“conceder

un

nuevo

juicio

a

todas

o

cualesquiera de las partes y sobre todas o parte de las

1

Por su parte, la Hon. Jueza Cotto Vives emitió una

opinión disidente.

Argumentó que el TPI proveyó el

acomodo solicitado por la parte demandada durante el

juicio. Según la disidencia, el Dr. Badillo escuchó todo

el testimonio presentado, así como lo demás acontecido en

el juicio, pudiendo proveer para su defensa; concluyó que

el Dr. Badillo renunció en parte a cualquier acomodo

adicional por no solicitarlo a tiempo.

CC-2000-939

6

cuestiones litigiosas”, “[c]uando se descubriere evidencia

esencial”,

“[c]uando

no

fuere

posible

preparar

una

exposición en forma narrativa de la evidencia, obtener una

transcripción

de

muerte

taquígrafo...”

del

las

notas

taquigráficas

debido

y

la

“[c]uando

a

la

justicia

sustancial lo requiere”. Regla 48.1, Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. III.

Véase, First Bank of P.R. v. Inmob.

Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Riley v. Rodríguez de

Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987).

Bajo el inciso (c) de

esta regla, el tribunal puede conceder un nuevo juicio por

cualquier razón no contemplada en los dos previos incisos,

siempre que se estime prudente y en bien de la justicia

sustancial.

Esta

disposición

es

igual

a

la

regla

federal

que

recoge viejos principios de[l] “common law” y que puede

resumirse en tres: (1) error manifiesto en la aplicación

del derecho; (2) error manifiesto en la apreciación de los

hechos; y (3) nueva evidencia recién descubierta’.

DR.

JOSÉ A. CUEVAS SEGARRA, II TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL

777 (2000).

Sin

embargo,

nuestra

Regla

48.1

reconoce

expresamente el fundamento de nueva evidencia y excluye

los otros dos fundamentos del ‘common law’, expresando que

sólo

procederá

un

nuevo

sustancial lo requiera.

un nuevo juicio,

juicio

cuando

la

justicia

Por ello, a los fines de conceder

es insuficiente demostrar únicamente la

comisión de un error en cualquier decisión u orden, o en

CC-2000-939

7

cualquier acto realizado u omitido por el tribunal.

Sólo

se concederá un nuevo juicio cuando tal error resulte ser

incompatible con una sana administración de justicia, que

impida

una

injusto.

L.P.R.A.

justa

adjudicación

o

Así

la

Regla

Procedimiento

III,

le

Ap.

50

de

niega

que

el

consecuencia

resultado

Civil,

alguna

a

sea

32

los

errores no perjudiciales cometidos durante el trámite de

un caso.

Véase, Alicea Álvarez v. Valle Bello, 111 D.P.R.

847, 852-853 (1982).

En ocasiones anteriores, este Tribunal ha resuelto

que “la concesión o denegación de un nuevo juicio descansa

en

la

sana

discreción

del

tribunal

sentenciador”

First

Bank of P.R. v. Inmob. Nac.,Inc., 144 D.P.R. 901, 911

(1998), citando Carrión v. Sanpedro, 74 D.P.R. 413, (1953)

nota al calce 1.

Véase además, Riley v. Rodríguez, 119

D.P.R. 762 (1987); Ruiz Pérez v. Tribunal Superior, 94

D.P.R. 416 (1967).

recurso

de

Por ello, en apelación o cualquier

revisión,

no

se

alterará

ni

revocará

la

sentencia apelada a menos que ello sea inconsistente con

la justicia sustancial.

Para poder sostener con éxito una

revisión de “una resolución denegatoria de nuevo juicio es

necesario demostrar que el tribunal abusó del ejercicio de

su facultad discrecional al denegar dicha moción, o que se

cometió una injusticia manifiesta al denegar la misma.”

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, en la pág.

CC-2000-939

8

912. Véase además, DR. JOSÉ A. CUEVAS SEGARRA, II TRATADO DE

DERECHO PROCESAL CIVIL 778 (2000).

Procede entonces, que determinamos si medió en este

caso

una

injusticia

de

tal

naturaleza

que

active

el

remedio provisto por la Regla 48.1 (c) supra, por razón

del

impedimento

¿violentó

procesal

el

el

auditivo

debido

del

proceso

Tribunal

de

recurrido.

de

Primera

ley

Esto

es,

en

su

vertiente

Instancia

al

no

tomar

otras medidas para preservar el derecho del recurrido a un

juicio

justo?

Para

contestar

esta

interrogante,

es

innecesario recurrir a las obligaciones impuestas por el

ADA

a

las

concebidas

entidades

en

públicas

nuestro

ya

que

ordenamiento

las

mismas

están

puertorriqueño

como

parte del debido proceso de ley.

III.

La cuestión presentada ante nos requiere efectuar un

balance de intereses para determinar si se ha violentado

el debido proceso de ley del recurrido al celebrar el

juicio

sin

proveerle

el

acomodo

para

su

la

etapa

que

el

en

en

supuesto

impedimento

auditivo

mismo

fue

solicitado.

El Art. II, § 7 de la Constitución del Estado

Libre Asociado, 1 L.P.R.A., al igual que la Enmienda XIV

de

la

Constitución

de

Estados

Unidos,

‘Ninguna

persona

será

debido

proceso

garantizan

que:

libertad

propiedad

o

sin

1

L.P.R.A.,

privada

de

de

ley.’

su

El

lenguaje de ambas disposiciones es idéntico, excepto que

CC-2000-939

9

en nuestra Constitución se eliminó la palabra “vida”, como

consecuencia

de

haberse

proscrito

la

pena

de

muerte.

Véase, Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, res. el 13 de mayo

de 2002, 2002 TSPR 31; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez,

res. 1 de marzo de 2002, 2002 TSPR 24; Rivera Rodríguez &

Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).

El

debido

proceso

de

ley

se

manifiesta

en

dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal.

dos

Bajo

el debido proceso sustantivo, los tribunales examinan la

validez

de

una

ley

a

la

luz

de

los

preceptos

constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger

los derechos fundamentales de las personas.

Bajo este

análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna

actuación,

no

puede

afectar

de

manera

irrazonable,

arbitraria o caprichosa –o sea sin adecuada justificación—

los

intereses

libertarios

individuo o grupo.

o

propietarios

de

algún

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130

D.P.R. 562 (1992); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda,

119 D.P.R. 265, 273 (1987).

Por otro lado, la vertiente

procesal del debido proceso de ley le impone al Estado la

obligación

de

garantizar

que

intereses

de

libertad

propiedad

y

la

interferencia

del

con

los

individuo

sólo

ocurra mediante un procedimiento justo y equitativo, que

respete la dignidad de los individuos afectados. U. Ind.

Emp.

A.E.P.

v.

A.E.P.,

146

D.P.R.

611,

616

(1998);

CC-2000-939

10

Rodríguez

Rodríguez

v.

E.L.A.,

supra;

López

Vives

v.

Policía de PR, 118 D.P.R. 219 (1987).

Para activar la protección que ofrece este derecho en

su

vertiente

procesal,

tiene

que

existir

individual de libertad o propiedad.

un

interés

Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, supra; Board of Regents v. Roth, 408

U.S.

564

(1972).

Cumplida

tal

exigencia,

hay

que

determinar cuál es el procedimiento exigido (“what process

is due”).

U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra; Rodríguez

Rodríguez v. E.L.A., supra; Rivera Santiago v. Srio. de

Hacienda, supra.

Si bien la característica medular es que

el proceso debe ser justo, éste no es rígido e inflexible;

se

ajusta

contexto.

a

las

exigencias

constitucionales

de

cada

Partido Acción Civil v. E.L.A., res. el 28 de

febrero de 2000, 2000 TSPR 29; Mathews v. Eldridge, 424

U.S. 319 (1976).

La jurisprudencia ha ido identificando

componentes básicos del debido proceso de ley, tales como

notificación adecuada y oportunidad de ser escuchado y de

defenderse.

U.

Ind.

Emp.

A.E.P.

v.

A.E.P.,

supra;

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra; Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, supra.

En

Mathews

v.

Eldridge,

424

U.S.

319

(1976),

el

Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció los tres (3)

criterios que deben sopesarse al determinar cuál es el

proceso

debido

para

derecho protegido.

privarle

a

un

individuo

de

algún

Estos factores son: (1) los intereses

CC-2000-939

11

individuales

o

privados

que

se

verán

afectados

por

la

acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea

que prive a la persona del interés protegido mediante el

proceso

utilizado

y

el

valor

probable

de

garantías

adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental

protegido con la acción sumaria, inclusive la posibilidad

de

usar

trata

y

métodos

los

alternos

cargos

atendiendo

fiscales

y

la

función

que

administrativos

se

que

conllevaría la imposición de otras garantías procesales.

Vélez Ramírez v.

Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982)

(adopta criterios de Mathews).

Véase, U. Ind. Emp. A.E.P.

v. A.E.P., supra, 616-617.

A la luz de los criterios de Mathews v. Eldridge,

supra,

la

jurisprudencia

ha

establecido

diversos

requisitos que todo procedimiento adversativo debe cumplir

para satisfacer las exigencias mínimas del debido proceso,

a

saber:

(1)

notificación

adecuada

del

proceso;

(2)

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser

oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar

la evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia

de abogado, y (6) que la decisión se base en la evidencia

presentada y admitida en el juicio.

Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, supra, en la pág. 274; Rivera Rodríguez

v. Lee Stowell, supra; Domínguez Talavera v.

Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974); Pueblo v.

Tribunal

Pérez

CC-2000-939

12

Santaliz,

105

D.P.R.

10,

23

(1976);

Pueblo

v.

Andréu

González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976).

El derecho de toda persona de ser oído antes de ser

despojado de algún interés protegido se ha consagrado como

principio fundamental del debido proceso; esta oportunidad

de

ser

oído

debe

ser

en:

“a

meaningful

time

and

a

Mathews v. Eldridge, supra, en la

meaningful manner.”

pág. 333; Antifascist Committee v. McGrath, 341 U.S. 123

(1951).

La

privación

notificación

u

defenderse,

se

de

la

oportunidad

ha

libertad

o

de

escuchado

y

ajeno

debido

considerado

ser

siempre

propiedad

al

sin

de

proceso y en ocasiones es fuente de responsabilidad civil.

Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, supra, en la pág. 889-90;

Lunar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922 (1982); Mullane

v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950).

Nuestra

jurisprudencia

ha

reconocido

en

la

esfera

penal, el derecho de un acusado a un intérprete durante

todo el procedimiento penal en virtud de la cláusula de

debido

proceso

de

ley,

para

que

entienda

procedimientos llevados a cabo en su contra.

los

En Pueblo v.

Moreno González, 115 D.P.R. 298, 301 (1984), determinamos

que violenta el principio de debido proceso de ley en su

vertiente

procesal

persona

que

dificultaban

otros.

tiene

el

no

proveer

graves

seriamente

el

oír

un

intérprete

problemas

y

poder

a

una

auditivos

que

comunicarse

con

Posteriormente, en Pueblo v. Branch, res. el 29 de

CC-2000-939

13

junio de 2001, 2001 TSPR 100, en el contexto de un acusado

que no hablaba el idioma español, concluimos que “para un

imputado

que

no

procedimiento

durante

entiende

judicial,

todo

el

las

incidencias

la

asistencia

proceso

adquiere

de

un

una

de

un

intérprete

importancia

tridimensional: primero, hace posible el interrogatorio de

los

testigos;

facilita

segundo,

a

los

demandados

o

acusados poder entender la conversación entre abogados,

testigos y el juez; y tercero, viabiliza la comunicación

entre abogado y cliente.”

juicio

civil,

impedimentos

es

Asimismo, entendemos que en un

necesario

auditivos

se

que

una

persona

con

en

condición

de

encuentre

entender el procedimiento que se lleva a cabo, ya que el

derecho a su propiedad o el disfrute de cualquier otro

derecho, según sea el objeto del pleito, está en juego y

una

apropiada

defensa

testimonios

que

juez,

partes

las

proceso.

La

se

y

requiere

presenten

sus

extensión

y

oír

las

y

entender

los

manifestaciones

del

través

el

abogados

a

de

derecho

este

de

todo

depende,

sin

embargo, de las circunstancias particulares presentes en

cada caso.

Una

usualmente

índole,

controversia

judicial

de

implica

disputa,

monetaria

o

ello

ordenamiento

entre

las

una

partes.

Por

naturaleza

su

de

civil

otra

procesal es más laxo que en los casos de naturaleza penal,

enfocado en la búsqueda de una “solución justa, rápida y

CC-2000-939

14

económica”

para

las

partes

envueltas

en

el

proceso.

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 1.

Cuando

el

resultado

afectar

intereses

de

una

privados

litigación

únicamente,

civil

la

tiende

a

preocupación

social en su adjudicación final es mínima porque el riesgo

de

una

adjudicación

litigantes

en

la

errónea

misma

la

comparten

proporción,

las

partes

aproximadamente.

Véase, Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 D.P.R. 470, 530

nota al calce 17 (1996) (op. conformidad del Juez Asociado

Hernández Denton).

Por tratarse de intereses particulares los que están

en juego en los casos civiles, de ordinario se observa

menos rigurosidad en la revisión de tales procedimientos

que en los casos criminales bastando con que el resultado

final de la controversia sea justo.

Entendemos,

obligación

de

razonable

de

impedimento

posición

sin

los

embargo,

que

es

tribunales

de

proveer

cualquier

físico

equitativa

o

persona

mental

en

ineludible

el

la

acomodo

que

por

razón

de

un

se

encuentre

en

una

no

comparación

con

la

otra

parte.

Esto es, el acomodo procede cuando el litigante, por razón

de

su

impedimento,

no

puede

disfrutar

de

los

derechos

reconocidos bajo el debido proceso de ley en su vertiente

procesal

derecho

que

a

garantizan

estar

un

juicio

justo;

presente,

entender

los

a

saber,

el

procedimientos,

ayudar en su defensa, presentar prueba a su favor, entre

CC-2000-939

15

otros.

de

Por tanto, todos los jueces del Tribunal General

Justicia

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

vendrán obligadas a proveer el acomodo que razonablemente

sea menester para garantizar tal derecho.2

Definimos como acomodo razonable aquel que dentro del

contexto

de

los

servicios

prestados

por

el

sistema

de

tribunales, no conlleva modificaciones de tal grado que

alteran fundamentalmente la naturaleza del servicio, en

este caso, del juicio en su fondo.

El acomodo razonable

debe asegurar un acceso significativo a los beneficios,

derechos y garantías que conlleva la celebración de un

juicio

en

su

fondo,

sin

que

esto

se

confunda

con

la

creación o adición de beneficios sustantivos, distintos a

los

provistos

propósito

del

para

acomodo

personas

sin

razonable

es

impedimentos.

facilitar

el

El

uso

y

disfrute de los servicios y derechos reconocidos, de una

manera igual y equitativa entre todos los usuarios.

Por

ello, consideramos irrazonable aquél acomodo que imponga

una

desproporcionada

carga

económica

o

administrativa

sobre el sistema de tribunales y sobre los usuarios.

De lo anterior podemos colegir que en el contexto de

un

juicio,

la

determinación

de

tal

acomodo

exige

la

Actualmente la OAT cuenta con recursos para proveer los

acomodos mencionados en el Reglamento de ADA, como equipos

de sonido infrarrojo portátiles. Advertido con razonable

anticipación

de

la

limitación

auditiva

de

algún

participante, el Juez debe solicitar al Juez Administrador

la instalación del equipo en el salón de sesiones

correspondiente.

2

CC-2000-939

16

consideración

de

los

afectadas

el

proceso.

por

intereses

de

Así,

todas

al

las

determinar

partes

si

el

juicio en su fondo llevado a cabo en este caso fue uno

justo,

debemos

demandante

a

también

que

el

sopesar

caso

se

el

derecho

resuelva

de

la

parte

prontamente;

la

política judicial que persigue la economía procesal; si se

hizo justicia sustancial; el impacto económico a todas las

partes y al Estado.

Por ello es de vital importancia que

consideremos, además, el momento en que se presentó la

solicitud de acomodo, la calidad y el grado de evidencia

presentada

para

demostrar

el

grado

y

extensión

del

impedimento –cuyo peso probatorio recae sobre quien alega

el impedimento— a la luz de la apreciación de la evidencia

hecha por el tribunal sentenciador.

Estimamos de suma

relevancia para la procedencia de cualquier reclamación de

acomodo

por

una

persona

con

un

impedimento,

la

etapa

procesal en que se hace: de este factor dependen otros

factores esenciales para lograr un balance justo de los

intereses

envueltos.

Considerados

los

factores

antes

mencionados, concluimos que no procede declarar un nuevo

juicio en las circunstancias del presente caso.

Veamos.

IV.

El demandado, Dr. Badillo, hizo una referencia a su

impedimento auditivo en la contestación a la demanda, al

negar la alegación de la Sra. Amparo Fuentes de no haber

CC-2000-939

17

leído la escritura de compraventa.

El párrafo número 20

en la alegación responsiva reza así:

“Doña Amparo leyó cuidadosamente la escritura y

disfrutó de todo el tiempo que ella requirió.

El derecho a tener testigos y de ser leída en

voz alta fue declinado y especialmente por mi

que no oigo bien y dependo de audífonos.”

Posteriormente, el 28 de diciembre de 1995, se enmendó la

contestación

a

la

demanda,

para

afirmativas y una reconvención.

incluir

unas

defensas

La alegación respondiente

quedó pues alterada: esta vez el demandado simplemente se

limitó a negar las alegaciones 12 a la 23 por falta de

información y creencia, sin hacer referencia alguna a su

impedimento.

La

antes

citada

alegación

es

la

única

referencia de cualquier naturaleza, hecha con anterioridad

al juicio en su fondo, que consta en el expediente ante

nos sobre el mencionado impedimento.

demandada

sobre

este

extremo

Nada alegó la parte

durante

el

proceso

de

descubrimiento de prueba, ni durante la conferencia con

antelación al juicio.

No es hasta el 2 de septiembre de 1997, el primer día

de la vista en su fondo y dos años después de iniciado el

pleito,

que

la

representación

legal

del

Dr.

Badillo

informa al tribunal sobre su limitación auditiva.

Aún en

ese momento, sus abogados se limitaron a solicitar permiso

para que el Dr. Badillo se pudiera sentar cerca de los

testigos

durante

la

manifestaciones.

El

vista

para

tribunal

así

escuchar

concedió

el

mejor

sus

permiso

CC-2000-939

18

solicitado y se continuó con el interrogatorio directo de

la parte demandante.

Una vez terminado el examen de la

primer testigo, la Sra. Ada Padilla, esposa del demandado,

la

parte

demandante

sentó

demandado, el Dr. Badillo.

a

testificar

al

propio

Este comentó lo siguiente:

“...le voy a pedir de favor, que el licenciado se mantenga

en un solo sitio y no se esté moviendo, porque cuando él

se mueve ocho pies para allá, de donde yo estoy, yo no le

voy a oír, que se quede ahí en un solo sitio, aunque se

acabe el dramatismo”.

Como respuesta el tribunal ordenó

al abogado: “Desde el podio se dirige las preguntas. Vamos

a evitar ese problema que tiene.

Es un problema mecánico,

de que no puede oírlo, si usted va cambiando, pues el oído

de él no se ajusta.” El abogado de la parte demandante

accedió

a

lo

solicitado.

transcripciones,

Badillo

no

Según

en

muy

pocas

escuchar

las

preguntas.

observamos

en

las

el

Dr.

Ciertamente,

sus

ocasiones

adujo

contestaciones correspondieron perfectamente a la pregunta

en todas las ocasiones; en una ocasión solamente se le

repitió una pregunta.

El segundo día de la vista en su fondo testificaron

dos

personas

Durante

el

representación

y

la

demandante,

Sra.

Amparo

Fuentes.

interrogatorio

directo

de

ésta,

la

legal

Badillo

le

comentó

al

del

Dr.

tribunal que su representado no pudo escuchar bien los

testimonios vertidos.

El tribunal permitió que se sentara

CC-2000-939

19

con el abogado en todo momento, o más cerca de la silla de

testigos, si así lo deseaba.

Entonces el Dr. Badillo

expresó haber escuchado muy poco y el Tribunal mencionó

para el récord, en síntesis, que el comportamiento del Dr.

Badillo indicaba lo contrario.3

El lunes 8 de septiembre de 1997, antes que la parte

demandada

comenzara

el

desfile

de

su

evidencia,

la

representación legal del Dr. Badillo Santiago presentó una

solicitud

formal

sobre

nulidad

de

los

procedimientos

y

nuevo juicio por no haberse tramitado un acomodo razonable

para su impedimento auditivo, según requerido por el ADA,

supra.

La

moción

alegó

que

hasta

el

momento,

el

Dr.

Badillo

no

había

podido

entender

la

mayor

parte

del

juicio.

Como evidencia del impedimento, se adjuntó a la

moción los resultados de un análisis efectuado dos días

antes,

esto

es,

el

6

de

septiembre

de

1997,

por

una

audióloga clínica. El juez dio la moción por presentada y

decretó un breve receso.

Reanudada la vista, el Juez denegó la moción en corte

abierta.

Dispuso, no obstante, que se le proveyera una

silla al demandado para ubicarla en cualquier sitio dentro

de

3

la

sala;

indicó

que

el

Dr.

Badillo

podía

moverse

El juez expresó: “lo he visto hacer gesticulaciones de

aprobación y de negación al testimonio como si estuviese

entendiendo y cuando..., me sorprendió, porque me llamó la

atención, porque se había quejado de que no podía oír al

licenciado tan cerca que él estaba hablando ni a mí

tampoco, sin embargo, con lo bajito que hablaba ella, yo

podía notar que él aparentemente-desde; o que yo estaba

observando— sí entendía.”

CC-2000-939

20

libremente

a

donde

pudiera

escuchar

y

si

quería

la

repetición de algo, que avisara al Tribunal.

El Tribunal

expresó

provisto

que

hasta

el

momento

se

le

había

un

acomodo razonable, cónsono con sus solicitudes anteriores

durante el juicio.

Entendemos

correctamente.

prejuicio,

que

el

juez

sentenciador

actuó

No consta evidencia en el expediente de

arbitrariedad

o

capricho

por

parte

del

juez

sentenciador al hacer las determinaciones en torno a la

impresión

de

testimonio.

4

que

el

demandado

No

procede

escuchó

alterarlas.4

la

mayoría

Por

lo

del

tanto

La parte demandada presentó varias mociones al comienzo y

en el transcurso del juicio en su fondo que el tribunal

estimó tardías y frívolas, con la intención de dilatar los

procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia concluyó

que la representación legal de la parte demandada no fue

diligente en la tramitación del caso e intentaba dilatar

los procedimientos, antes de haber presentado la moción de

nuevo juicio y el demandado quejarse de su impedimento.

Durante le primer día del juicio se presentó una moción de

suspensión de vista por no haber obtenido las citaciones

de los testigos de defensa. El tribunal la denegó porque

la

parte

demandada

solicitó

la

expedición

de

las

citaciones tardíamente, sólo dos semanas antes de comenzar

el juicio.

Posteriormente, el notario autorizante de la

escritura de compraventa no pudo comparecer a la vista en

su fondo, por lo que la parte demandada volvió a solicitar

la suspensión de los procedimientos. El tribunal resolvió

en la negativa, señalando a la parte que estaba dilatando

los procedimientos por ser ésta igual a la moción relativa

a las citaciones. Esta moción se había presentado

inmediatamente después de una segunda moción de suspensión

presentada al ausentarse la señora esposa del demandado.

En ella el Tribunal había concluido que la sociedad legal

de gananciales quedaba debidamente representada por el Dr.

Badillo y adecuadamente defendida por sus dos abogados.

Comentó entender que “es una táctica que sólo traería

dilación. Una acción que sólo trae dilación innecesaria.”

Posteriormente, la parte demandada presentó su cuarta

CC-2000-939

21

evaluamos

la

racionalidad

del

acomodo

a

la

luz

de

la

evidencia documental presentada.

En su informe, la audióloga clínica manifestó que el

Dr. Badillo escucha a las personas hasta una distancia de

cuatro (4) pies y de frente a ellos porque utiliza labio

lectura.

De modo que tenemos que el impedimento auditivo

del demandado es uno parcial, sujeto a la distancia y

volumen con el cual le hablan.

El juez permitió en todo momento que el Dr. Badillo

estuviera cerca de los testigos, y éste aparentó estar

satisfecho con el acomodo por un tiempo.

Luego cuando

testificó, el tribunal sentenciador ordenó a los abogados

a hablar desde el podio únicamente en voz clara, para que

el

Dr.

Badillo

pudiera

entender

las

preguntas.

El

tribunal concluyó, en virtud de la conducta y gestos del

demandado, que éste escuchaba las incidencias del juicio

porque asentía o negaba con la cabeza al escuchar a los

testigos

y

testifical.

hasta

se

sonrojaba

ante

la

evidencia

Cuando el Dr. Badillo informó que no había

podido escuchar, y por primera vez requirió un acomodo

conforme el ADA, se le proveyó una silla con ruedas y se

le concedió libre movimiento por la sala para acomodarse

en cualquier lugar desde donde pudiera escuchar mejor a

los testigos, al juez o a los abogados.

Se le permitió,

moción, la de nuevo juicio por violentar los derechos del

impedido.

CC-2000-939

22

además,

interrumpir

los

procedimientos

cada

vez

que

no

escuchara.

Concluimos pues, que erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al determinar que el acomodo provisto para el

impedimento del Dr. Badillo era irrazonable.

la

incapacidad

auditiva

parcial

del

Sr.

En virtud de

Badillo,

este

acomodo fue razonable al ajustarse al grado de impedimento

del

cual

adolece.

Además,

al

analizar

el

proceso

íntegramente, se torna patente que no se cumplen con el

estándar de injusticia manifiesta, para declarar un nuevo

juicio.

Entendemos

que

el

proceso

fue

esencialmente

justo

para la parte demandada, considerados todos los intereses

en conflicto.

En el presente caso se presentó la demanda

durante el mes de agosto de 1995, se contestó en octubre y

ésta se enmendó en diciembre del mismo año.

No es hasta

comenzado

el

juicio

después

de

iniciada

la

reclamación,

presenta

una

en

su

fondo,

que

el

petición de acomodo especial.

dos

años

demandado

En los autos no consta

explicación alguna para esta tardanza.

La

parte

demandada

pretende

establecer

que

con

la

mención del impedimento en la contestación a la demanda

original,

el

impedimento

sustituida

tribunal

auditivo.

por

una

debió

tomar

Esta

conocimiento

demanda

posteriormente

de

original

enmendada.

En

su

fue

su

contestación a la misma nada se indica del impedimento ni

CC-2000-939

23

del grado de severidad del mismo.

Ni la contestación

original, ni la contestación a la demanda enmendada, eran

suficientes para advertir al Tribunal de la necesidad de

asistirle.

Es

más,

al

expresar

en

la

contestación

original que “no oigo bien y dependo de audífonos” el

demandado da la impresión que utiliza su propio equipo

auditivo.

Por tanto, es forzoso concluir que el Tribunal

no

en

estuvo

posición

para

determinar

la

necesidad

de

algún acomodo adicional.

La irracional tardanza en plantear la necesidad de un

acomodo

razonable

demandante.

La

afecta

adversamente

demandante

tramitación de su caso.

ha

sido

a

la

diligente

parte

en

la

Decretar un nuevo juicio por

fundamentos no imputables a ésta ni al tribunal, después

de los costos incurridos en la tramitación de este caso,

tanto por la demandante como por el Estado, es demasiado

oneroso,

especialmente

cuando

el

demandado

pudo

haber

hecho su reclamo a tiempo evitando así la necesidad de

celebrar un nuevo juicio.

Con su demora, el Dr. Badillo

renunció a reclamar tal derecho.

Por otro lado, estimamos que la celebración de un

nuevo juicio no alteraría significativamente el resultado

al

cual

ha

llegado

Entendemos

que

defensa;

tuvieron

descubrimiento

sus

de

el

Tribunal

abogados

le

oportunidad

prueba

que

de

Primera

proveyeron

de

una

realizar

garantizan

Instancia.

las

adecuada

todo

el

Reglas

de

CC-2000-939

24

Procedimiento Civil, el cual no se dificultó, trabó, ni

menoscabó

por

el

impedimento

auditivo

del

Dr.

Badillo.

Tampoco constan en el expediente problemas de comunicación

entre el demandado y su representación legal durante el

juicio o en los procedimientos preliminares.

En fin, concluimos que el acomodo dispuesto por el

tribunal sentenciador fue suficiente y razonable, a la luz

del

informe

de

la

audióloga,

de

las

circunstancias

particulares de este caso y de la apreciación que de la

peculiar situación presente en el mismo hizo el tribunal

sentenciador.

condujo

de

Por

manera

procedimiento

ello

justa

entendemos

y

razonable.

que

el

juicio

equitativa,

a

El

provisto

acomodo

través

se

de

un

por

el

Tribunal de Primera Instancia cumplió con las exigencias

del debido proceso de ley en este caso.

Erró el Tribunal

de

la

sentencia

juez

de

Circuito

declarar

un

de

Apelaciones

nuevo

juicio,

al

anular

cuando

el

y

primera

instancia no abusó de su discreción y tampoco cometió una

injusticia manifiesta en la denegación del mismo.

Por

sentencia

los

fundamentos

dictada

por

antes

el

expuestos,

Tribunal

de

se

revoca

la

Circuito

de

Apelaciones y se devuelve el caso a dicho foro para que

pase juicio sobre los demás errores señalados por los aquí

recurridos en su recurso de apelación.

CC-2000-939

25

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri concurre sin opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Corrada del Río disiente por entender que

el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones es

sustancialmente correcto.

El Juez Asociado señor Rivera

Pérez disiente con opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2000-939

26

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Amparo Fuentes González

Peticionaria

v.

Ramón Badillo, Ada Padilla

Aponte, Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos y Félix Padilla y

otros

CC-2000-939

Certiorari

Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera

Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2003.

En el presente caso el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, a través de una mayoría de los miembros

del Panel compuesto por el Juez Sánchez Martínez, la

Jueza Cotto Vives (Disintió) y el Juez Urgell Cuebas

(Ponente),

dispuso

en

el

dictamen

recurrido

siguiente:

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de

2000.

Los demandados apelantes, Dr. Ramón

Badillo Santiago, su esposa, Sra. Ada

Padilla

y

la

sociedad

de

gananciales

compuesta por éstos, nos solicitan que

revoquemos la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón,

que ordenó la cancelación de la inscripción

de su titularidad sobre cierto inmueble y le

impuso el pago de veinte mil dólares

($20,000) en concepto de daños y perjuicios

a favor de la apelada, Sra. Amparo Fuentes

González, más las costas del litigio y

cuatro mil

lo

CC-2000-939

27

dólares ($4,000)

abogado.

en

concepto

de

honorarios

de

Señalan los apelantes, entre otros, que

incidió el tribunal a quo al no proveer un

acomodo razonable al Dr. Badillo Santiago debido

al impedimento auditivo de éste, según requerido

bajo el Americans with Disabilities Act of 1990,

42 U.S.C.A. secs. 12101 et seq.

Examinados los hechos particulares del caso

de autos, concluimos que los arreglos provistos

por el tribunal no constituyen, en forma alguna,

el acomodo razonable requerido en ley, por lo que

procedemos a dejar sin efecto la sentencia

apelada y ordenar se celebre nuevo juicio.

El 9 de agosto de 1995 la Sra. Amparo

Fuentes González presentó una demanda contra los

apelantes,

solicitando

que

se

declarase

la

nulidad de la escritura de compraventa de una

residencia,

adquirida

por

estos

últimos.

Solicitó de los apelantes, además, daños y

perjuicios por angustias y sufrimientos mentales.

Los

apelantes

contestaron

la

demanda

y

presentaron una reconvención contra la Sra.

Fuentes González.

En la vista en su fondo del caso, el

tribunal a quo denegó la solicitud formal del Dr.

Badillo Santiago y su esposa sobre nulidad de los

procedimientos y nuevo juicio.

Éstos reiteraron

que no se le había concedido el acomodo razonable

al Dr. Badillo Santiago debido a su impedimento

auditivo bajo el Americans with Disabilites (sic)

Act, supra.

Inconformes con la sentencia dictada, los

apelantes presentaron ante este Foro un escrito

de apelación en el cual reiteran su alegación de

que no se les proveyó el acomodo razonable al

cual tienen derecho en ley.5

Específicamente, señalan que el tribunal a

quo cometió los siguientes errores:

5

El Dr. Badillo Santiago presentó ante el

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de

Puerto Rico una demanda civil contra varios

funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, caso Núm. 98-1993 (SEC), en la cual alega se

violaron sus derechos bajo el Americans with

Disabilites (sic) Act, supra, dado que no se le

proveyó el acomodo razonable aquí concernido.

CC-2000-939

28

1.

La

negativa

a

proveerle

al

[a]pelante Ramón Badillo un acomodo

razonable de acuerdo a su impedimento

auditivo y ante dicha negativa, a[l] no

detener

y/o

suspender

los

procedimientos

hasta

conseguir

el

acomodo solicitado. En la alternativa,

debió el Tribunal conceder la solicitud

del nuevo juicio.

2. Le violó el derecho de la [a]pelante

Ada Padilla a ser escuchada y en su

consecuencia

se

le

privó

de

su

propiedad sin el Debido Proceso de Ley.

La Apelante solicitó la posposición de

la continuación de la vista señalada

para el 8 de septiembre de 1997, ya que

episodio de alta presión le impedía

participar en los procedimientos según

la

opinión

de

un

facultativo,

especialista del corazón.

3. No le permitió al Apelante presentar

el testimonio del Notario Carlos L.

González

Alonso

aún

cuando

éste

solicitó al Tribunal un señalamiento

posterior ya que compromisos previos le

impedían asistir el día de la vista, 8

de septiembre de 1997.

En sustitución

del testimonio del Notario González

Alonso

el

tribunal

aceptó

la

transcripción de la deposición que se

le tomó el 4 de septiembre de 1996. El

tribunal

de

instancia

ignoró

por

completo el contenido de la deposición

y en particular el relato que hace el

notario del acto del otorgamiento de la

escritura número 20 de 19 de julio de

1995.

4. El Tribunal no tomó en consideración

el hecho de que la Apelada falsificó la

designación de beneficiarios en EDUCOOP

después de fallecida su hermana Amalia.

Éste hecho junto a otros pone de

manifiesto el carácter de la Apelada y

una propensidad a apartarse de la

verdad.

5. Al condenar a la Apelante al pago de

daños en ausencia de prueba y sin tomar

en

consideración

evidencia

en

CC-2000-939

29

contrario, que excluye la concesión de

daños.

Toda vez que el primer error fue claramente

cometido por el Tribunal de Primera Instancia, el

cual requiere que se revoque la sentencia y se

celebre nuevo juicio, no pasaremos a discutir y

resolver los restantes errores, los cuales van

dirigidos a aspectos procesales y evidenciarios.

A

Los

apelantes

aducen

en

el

primer

señalamiento de error que incidió el tribunal a

quo al no suministrar acomodo razonable al Dr.

Badillo Santiago para su impedimento auditivo,

según provee el "Americans with Disabilites (sic)

Act of 1990", supra.

Para dilucidar los méritos del señalamiento

es necesario que repasemos en detalle los hechos

pertinentes

a

la

controversia,

según

se

desprenden de la exposición narrativa de la

prueba y del expediente en apelación.

La vista en su fondo comenzó el 2 de

septiembre de 1997.

Luego de tomarse el

juramento a los testigos, pero antes de comenzar

el interrogatorio de éstos, el Lcdo. José A.

Rivera Valencia, representante legal de la parte

demandada, indicó que el Dr. Ramón Badillo

Santiago tenía problemas de audición, pero que a

pesar

de

ello,

le

interesaba

escuchar

el

testimonio vertido en el caso.6 El Juez le indicó

que no tenía problemas con que el Dr. Badillo

Santiago se sentara al lado de la primera

testigo, la codemandada, su esposa, para poder

escucharla desde más cerca. Exposición Narrativa

de la Prueba, página 1, en adelante, (ENP pág.

1).

El Dr. Badillo Santiago fue la segunda

persona

en

declarar

en

el

juicio,

siendo

interrogado por la parte demandante como testigo

hostil.7

Antes de comenzar a testificar, el Dr.

6

El Dr. Badillo Santiago es una persona de

edad avanzada, retirado, y residente en el Estado

de la Florida.

7

El Juez dictaminó que en el turno de la

parte demandante sólo se cubriría el testimonio

pertinente

a

las

alegaciones

de

la

parte

demandante.

Los testimonio del Dr. Badillo

CC-2000-939

30

Badillo Santiago formuló el siguiente pedido o

aclaración, (ENP págs. 5 a 6):

El Dr. Badillo indica que quiere hacer una

aclaración. Que él no oye y que a veces habla en

voz demasiado alta y le dicen "baja la voz", que

él mismo no se oye.

Le pide al Lcdo. Nelson

Rosario [abogado de la parte demandante] que se

mantenga en un solo sitio y que no se esté

moviendo porque cuando éste se mueve ocho pies

más allá de donde está no lo va a oír.

Indica que entonces quedaría de parte de la

corte proveerle un sistema de rayos infra-rojos

con un "transmitter" y que él tiene un "receiver"

y entonces le pueden hablar por micrófono y él lo

oye, pero que si él se mueve de sitio a sitio se

va a perder el tiempo y este es un caso bastante

complejo, una cuestión de principios y éstos no

se negocian. (Énfasis en el original.)

El Juez dice "Bueno, basta.

Del podio que

se dirija la pregunta.

Él tiene un problema

mecánico, de que no puede oírlo si usted va

caminando porque el oído de él no se ajusta."

DIRECTO:

El Lic. Nelson Rosario comienza a hacer sus

preguntas.

Le hace dos preguntas y el Dr.

Badillo indica que no oye.

El Dr. Badillo indica que si se puede hacer

la pregunta por escrito, sería perfecto.

El Lic. Nelson Rosario le pregunta su

nombre. El Dr. Badillo indica que la última parte

no la oyó.

El Juez le indica al Lcdo. Rosario: "Va a

tener que hablar, abrir la boca, ser claro porque

es evidente que tiene dificultad para escuchar".

Repite el Juez, "Tiene dificultad para escuchar."

(Énfasis en el original.)

Durante el interrogatorio directo del Lcdo.

Rosario, el Dr. Badillo Santiago "[e]xpresó que

escuchó el testimonio de su esposa [la Sra. Ada

Santiago y de su esposa, Sra. Ada Padilla, sobre

sus defensas a la demanda y su reconvención,

quedaron pendientes para ser presentados luego de

oírse todos los testigos de la parte demandante.

CC-2000-939

31

Padilla] pero que no lo pudo oír todo" (ENP pág.

7), a pesar de que, según antes indicado, se le

permitió sentarse al lado de la testigo durante

el interrogatorio.

Más tarde, "El Juez le hizo

varias preguntas que él no oyó." (ENP pág. 9).

El segundo día de la vista, a mitad del

testimonio de la demandante, Sra. Amparo Fuentes,

surgió la siguiente interacción entre el Lcdo.

Rivera Valencia, abogado de la parte demandada y

el juez. (ENP pág. 27).

El Lic. José A. Rivera Valencia indica que

quisiera presentarle una preocupación.

Que su

cliente le ha informado que no puede escuchar

bien lo que se ha dicho, el testimonio.

Que él

conoce de ninguna forma que tenga el Tribunal

para estos casos.

El Juez indica que se puede sentar con el

abogado, si quiere, para oír mejor.

El Lic. Rivera Valencia le dice al Dr.

Badillo que si quiere se puede venir a un sitio.

El Dr. Badillo expresa que anteriormente no

escuchó el testimonio de la ... (ininteligible)

que

ofrecieron

ellas.

Que

no

...

(ininteligible), no va a tener una oportunidad

... (ininteligible). (Énfasis en el original.)

El Lic. Rivera Valencia le pregunta dónde

sería mejor al Dr. Badillo.

Se escuchan

comentarios (ininteligible).

El Juez expresa que él no sabía si ha

escuchado o no, pero que quería hacer constar

para el registro que lo visto muy atento como si

escuchara,

y

lo

ha

oído

(¿visto?)

hacer

gesticulaciones y aprobación y de denegación al

testimonio como si estuviese entendiendo, lo cual

le sorprendió porque le llamó la atención porque

se había quejado de que no podía oír al

licenciado que le estaba hablando, ni a él. Que

sin embargo, con lo bajito que hablaba ella él

podía notar que él aparentemente de lo que estaba

observando, sí entendía.

Que eso era lo único

que podía decir.

Continúa diciendo el Juez que él no está

diciendo lo que él le informó.

Que dice para

récord lo que había observado. Que ahora que él

menciona que no ha escuchado, quiere mencionar

para récord que sí, que lo ha estado observando

durante todo el testimonio de los demás testigos

haciendo gestos de aprobación y de denegación,

CC-2000-939

32

tal como si estuviese entendiendo perfectamente

todo lo que está diciendo, para sorpresa de él

porque él había alegado que no oía bien.

Y que

claro ... (ininteligible) que muchos de los

testimonios han sido bien bajitos.

Durante el segundo día de la vista la parte

demandante

completó

la

presentación

de

sus

testigos. Para el final del segundo día la parte

demandada estaba comenzado el interrogatorio

directo del codemandado, Dr. Badillo Santiago.

Al reanudarse la vista el lunes, 8 de

septiembre,

pero

antes

de

reiniciarse

el

interrogatorio a los testigos, el Lcdo. Rivera

Valencia presentó en corte abierta el siguiente

planteamiento. (ENP págs. 47 a 48).

.... Procede a relatar que desde el primer día el

Dr. Badillo ha alegado que no puede escuchar

bien.

Que pudo escuchar porque se le permitió

alzar la voz. No podía escuchar la preguntas que

le hicieron a su esposa. Que pudo entender algo

cuando el Juez y los abogados hicieron preguntas

en tono alto y él pudo entender algo, aún cuando

tuvo dificultades para recibirlas y entenderlas,

que se ha mantenido en el juicio, pero la

distancia

entre

él

y

los

testigos

han

imposibilitado su entendimiento en el presente

caso.

Ha afectado su comunicación con los

abogados.

Que el día 3 de septiembre de 19977

[sic] solicitaron al Tribunal que indicara si

existía alguna forma de solucionar el problema.

El Tribunal indicó que desconocía e informó,

indicó en el récord que había notado al demandado

gesticulando lo que pasaba en el juicio. Que el

Dr. Badillo trata de prestar atención para poder

entender lo que dicen los testigos, pero que eso

no indica que esté recibiendo los mensajes, que a

veces reacciona al comportamiento no verbalizado

de las partes, aunque no percibe el mensaje

verbal, y que a veces hace gestos porque está

pensando en otras cosas.

Dice que expresamente rechaza cualquier

afirmación que pueda ser interpretada como que

está fingiendo no oír, y entiende que se están

afectando sus derechos en el juicio al ignorar su

impedimento auditivo. Para aclarar este aspecto,

se sometió el 6 de septiembre a un examen

auditivo con la audióloga clínica, que confirma

que el demandado necesita que le hablen a no más

de cuatro pies de distancia, aún cuando está

usando "otoamplífonos" y que se utilice labio

CC-2000-939

33

lectura. Que de tal evaluación se desprende que

el demandado no ha podido entender la mayoría del

presente juicio y se acompañó copia del resultado

de la evaluación y de las pruebas practicadas.

Que se están afectando su derecho constitucional

a la Confrontación de la Constitución de los

Estados Unidos de América y de Puerto Rico. Que

bajo

la

ley

ADA,

Ley

de

Americanos

con

Impedimentos, toda entidad pública o privada,

incluyendo la Administración de Tribunales, hay

que hacer un acomodo razonable, que no represente

una carga injusta, para que los ciudadanos con

incapacidad puedan tener igual oportunidad de

acceso a servicios públicos, y a limitar aquellos

impedimentos

que

puedan

resultar,

ser

discriminatorios,

o

tener

un

efecto

discriminatorio.

Que

entienden

que

las

facilidades del Tribunal no están preparadas para

bregar con problemas de personas con comunicación

auditiva para que puedan escuchar lo que dicen

las personas, y tampoco se le da a la persona un

equipo

amplificador

del

sonido,

o

una

transcripción de lo declarado, para él poder

entender lo que se dice aquí.

Que en otros

estados se brinda tal servicio. Que la realidad

es que no ha podido entender la mayoría del

juicio. Se solicitó que se anulara el juicio, y

se hiciera un señalamiento para nuevo juicio. Se

solicitó que la administración de Tribunales le

provea algún acomodo razonable a su impedimento y

de no concederse entenderían que se estaría

violando el debido proceso de ley, la igual

protección de las leyes, la cláusula sobre

inmunidad y privilegios a los ciudadanos no

residentes en Puerto Rico, al igual que las

disposiciones constitucionales mencionadas.

El Juez indica que la moción ha sido

radicada en esos momentos y que antes de

resolverla se decretaría un breve receso.

La referida moción señala, en esencia, que

el codemandado solicitó desde el primer día el

acomodo respecto a su impedimento auditivo; que

él se mantuvo presente en el juicio, pero que la

distancia entre él, los testigos y los abogados

imposibilitaron el entendimiento de lo vertido

por éstos, lo que a su vez afectó adversamente la

comunicación con su representante legal. En ésta

aduce también, que bajo el Americans With

Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C.A. secs. 12101

et seq, toda entidad pública tiene la obligación

de

proveer

un

acomodo

razonable

a

los

auditivamente impedidos para que éstos tengan

CC-2000-939

34

igual acceso a los servicios públicos. Señala en

su escrito, que no se le proveyó el equipo que le

permita oír o entender los procedimientos, u

oportuna transcripción de lo declarado tal como

por medio de un equipo "close-captioned". Indicó

que él estaba dispuesto a pagar el costo

razonable de dichos servicios. Finalmente, aduce

que ante la realidad de que no se le había

provisto el acomodo razonable, procedía que se

anulase el juicio y se señale una nueva vista

para que la Administración de los Tribunales le

provea un acomodo razonable para su impedimento

auditivo.

La moción fue acompañada con el informe del

audiólogo clínico, el cual incluye los datos

técnicos sobre las pruebas efectuadas.

El

audiólogo indicó, que "[e]sta dificultad en la

discriminación del habla dificulta el entender

[el] habla aún con el uso de otoamplífonos, por

lo cual el paciente necesita que le hablen de

cerca a una distancia no mas lejos de cuatro (4')

pies y utilizar labio lectura."

(Énfasis en el

original.)

Al reanudarse la vista el Juez emitió las

siguientes

directrices

y

resolvió

en

corte

abierta la moción, (ENP págs. 49 y 50.)

[El Juez le indicó al alguacil] que se le

provea al señor Badillo un asiento para que él se

siente dentro de la sala donde pueda oír.

El

Alguacil procede a buscar un sitio.

El Juez le

indica que Badillo se puede mover en la sala a

donde pueda escuchar libremente, que no hay

problemas con el Tribunal.

Que si no oye que

puede levantarse, que si quiere que se repita

algo, que se lo diga a él y él da órdenes.8

El Tribunal le indica que al Lic. Rosario

que continúe con su exposición.

Indica que lo

único sería lo de justicia sustancial.

Indica

que él tiene dos abogados que lo representan.

Que la demanda se radicó en el 1995 y ya para esa

fecha el señor era sordo, o tenía problemas

auditivos.

Que debieron radicar una Moción con

suficiente anticipación al juicio. Que sería una

violación al derecho de la demandante.

8

En esta ocasión, lo que proveyó el tribunal

a quo al Dr. Badillo Santiago fue una silla con

ruedas para que se pudiese mover de un lado hacia

otro de la sala.

CC-2000-939

35

El Juez expresa que ha estudiado bien la

Moción de Nuevo Juicio. Indica que no le asiste

la razón. Que el Tribunal le proveyó el acomodo

razonable consistente en que le interrogara el

abogado de la parte demandante desde un mismo

lugar, cerca de él.

Que posterior a eso no se

volvió a solicitar del Tribunal una medida

similar, por lo que no se proveyó, no solicitó el

mismo.

El otro acomodo fue permitirle sentarse

en el primer banquillo izquierdo de la sala,

cerca de donde se sientan los testigos a

declarar, a unos diez o doce pies. De esta forma

renunció a su derecho a estar sentado al lado de

su abogado.

Que ahora acaban de ordenar que se

le provea una silla con ruedas para que éste se

acomode donde entienda que puede oír mejor y si

no entiende, que haga una señal.

Indica el

Tribunal que le llamó la atención que al estar

sentado de diez a doce pies estuvo muy atento a

la declaración de todos los testigos, y respondió

instantáneamente de manera corporal y parcial al

contenido

de

dichos

testimonios

con

gesticulaciones y movimientos, incluyendo cambios

de color en su semblante. Además de otros tipos

de conducta. Finalmente el Tribunal entiende que

de haberle asistido la razón el derecho fue

renunciado por su propia conducta o no haber sido

reclamado oportunamente.

Se continuó con los procedimientos.

El Lic. Rivera Valencia hace una observación

de algo que se dijo el último día sobre las

órdenes del Tribunal.

El Lic. Rivera Valencia informa que ha

conversado con su cliente y que él entiende que

no debe continuar el directo que se estaba

llevando a cabo, que él no va a continuar

declarando. ... . (Énfasis en el original.)

En resumen, desde el mismo comienzo de la

vista el Dr. Badillo Santiago indicó que tenía

problemas auditivos, pero que le interesaba

escuchar los testimonios vertidos en el caso. Al

declarar

el

Dr.

Badillo

Santiago,

reiteró

personalmente

su

solicitud,

indicando

que

"quedaría de parte de la corte proveerle un

sistema

de

rayos

infrarrojos

con

un

'transmitter'".

El segundo y tercer día de la

vista, personalmente y a través de su abogado,

continuó solicitando "acomodo razonable".

Ante,

lo que desde su perspectiva fueron acomodos

inadecuados ofrecidos por el tribunal, al tercer

CC-2000-939

36

día presentó una extensa moción, reclamando

expresamente sus derechos bajo el Americans with

Disabilities Act y el debido proceso de ley.

Finalmente, ante la inatención o incapacidad del

tribunal para proporcionar el acomodo razonable

solicitado,

el

Dr.

Badillo

Santiago

rehusó

continuar declarando a su favor.

B

Los reclamos del Dr. Badillo Santiago para

que se le proveyese acomodo razonable están

fundamentados, entre otros, en lo provisto por el

estatuto federal "Americans With Disabilities Act

of 1990", 42 U.S.C.A. secs. 12101 et seq., en

adelante "ADA".

El propósito de dicho estatuto

está plasmado en el inciso (b) de su primera

sección, 42 U.S.C.A. sec. 12101(b), como sigue:

Sec. 12101. Findings and purposes

(a) ... .

(b) Purpose

It is the purpose of this chapter(1)

to

provide

a

clear

and

comprehensible national mandate for the

elimination of discrimination against

individuals with disabilities;

(2) to provide clear, strong,

consistent,

enforceable

standards

addressing

discrimination

against

individuals with disabilities;

(3) to ensure that the Federal

Government plays a central role in

enforcing the standards established in

this chapter on behalf of individuals

with disabilities; and

(4)

to

invoke

the

sweep

of

congressional authority, including the

power

to

enforce

the

fourteenth

amendment and to regulate commerce, in

order to address the major areas of

discrimination

faced

day-to-day

by

people with disabilities.

En vista de la naturaleza remedial de la Ley

ADA, la cual es un estatuto diseñado para

eliminar el discrimen contra las personas con

CC-2000-939

37

impedimentos en todas las esferas de la sociedad,

éste se ha de interpretar liberalmente para que

se logren sus propósitos.

Kinney v. Yerusalim,

812 F. Supp. 547, (E.D. Pa. 1993), aff'd 9 F.3d

1067 (3rd Cir. 1993), cert. denied 114 S. Ct.

1545, 128 L.Ed. 2d 196 (1994).

Las disposiciones de ADA son directamente

aplicables a Puerto Rico por disposición expresa

del Congreso. 42 U.S.C.A. sec. 12102(3).9

La Ley ADA consiste de una parte general y

cuatro subcapítulos.

De éstos, el Subcapítulo I

reglamenta

los

aspectos

de

empleo

y

el

Subcapítulo II cubre los servicios públicos

provistos

por

los

gobiernos

estatales

y

municipales,

incluyendo

sus

departamentos,

agencias y otras instrumentalidades, 42 U.S.C.A.

sec. 12131.

El Subcapítulo II establece como

norma central lo siguiente:

Sec. 12132 Discrimination

Subject to the provisions of this

subchapter,

no

qualified

individual

with a disability shall, by reason of

such

disability,

be

excluded

from

participation in or be denied the

benefits of the services, programs, or

activities of a public entity, or be

subjected to discrimination by any such

entity.

Éste provee las siguientes dos definiciones

para

delimitar

el

contenido

de

la

frase

"qualified individual with a disability", en

cuanto

a

los

servicios

provistos

por

los

gobiernos estatales y municipales.10

Sec. 12102. Definitions

As used in this chapter:

9

42 U.S.C.A. 12102(3) provee:

The term "State" means each of the several

States, the District of Columbia, the Commonwealth

of Puerto Rico,... (Énfasis en el original.)

10

El Subcapítulo I, en 42 U.S.C.A. 12111(8),

provee otra definición de "qualified individual

with a disability", a aplicarse a las situaciones

relacionadas a empleo.

CC-2000-939

38

(1) Auxiliary aids and services

The

term

"auxiliary

services" includes-

aids

and

(A) qualified interpreters or other

effective methods of making aurally

delivered

materials

available

to

individuals with hearing impairments;

(B) qualified readers, taped texts,

or other effective methods of making

visually delivered materials available

to individuals with visual impairments;

(C) acquisition or modification of

equipment or devices; and

(D)

actions.

other

similar

services

and

Sec. 12131. Definition

As used in this subchapter:

(1) ... .

(2) Qualified

disability

individual

with

a

The term "qualified individual with

a disability" means an individual with

a disability who, with or without

reasonable

modifications

to

rules,

policies, or practices, the removal of

architectural,

communication,

or

transportation

barriers,

or

the

provision

of

auxiliary

aids

and

services,

meets

the

essential

eligibility

requirements

for

the

receipt

of

services

or

the

participation in programs or activities

provided by a public entity.

(Énfasis

en el original.)

Finalmente, en 42 U.S.C.A. sec. 12134 el

Congreso proveyó para que el Procurador General

de los Estados Unidos promulgara un reglamento

que implementase el Subcapítulo II de ADA. Éste,

al cual nos referiremos en adelante como el

"Reglamento",

se

tituló:

"Part

35

Nondiscrimination on the Basis of Disability in

State and Local Government Services".

El mismo

fue efectivo el 26 de enero de 1992 y ha sido

CC-2000-939

39

codificado como 28 CFR Part 35.

La sección 28

CFR sec. 35.104 amplió el listado de "auxiliary

aids and services", de forma que ahora dicho

término incluye, entre otros, los siguientes:

(1)

Qualified

interpreters,

notetakers,

transcription

services,

written materials, telephone handset

amplifiers,

assistive

listening

devices, assistive listening systems,

telephones

compatible

with

hearing

aids, closed caption decoders, open and

closed

captioning,

telecommunication

devices

for

deaf

persons

(TDD's),

videotext displays, or other effective

methods of making aurally delivered

materials available to individuals with

hearing impairments;

... ; and

(4)

actions.

Other similar services

(Énfasis en el original.)

and

Al

interpretar

el

significado

de

la

prohibición contra la discriminación y los medios

requeridos para cumplir con ésta, el Reglamento

elaboró sustancialmente lo provisto por ADA. Por

ello, resulta necesario examinar el Reglamento

para determinar si la entidad pública está

cumpliendo con el requisito de no discriminar

contra las personas con impedimentos.

Las

siguientes partes del Reglamento, entre otras,

son pertinentes para evaluar la situación de

autos:

Subpart B - General Requirements

35.130

General

discrimination.

prohibitions

against

(a) No qualified individual with a

disability shall, on the basis of

disability,

be

excluded

from

participation in or be denied the

benefits of the services, programs, or

activities of a public entity, or be

subjected to discrimination by any

public entity.

(b)(1)

A

public

entity,

in

providing any aid, benefit, or service,

may

not,

directly

or

through

contractual,

licensing,

or

other

CC-2000-939

40

arrangements,

disability -

on

the

basis

of

(i) ... ;

(ii)

Afford

a

qualified

individual

with

a

disability

an

opportunity

to

participate

in

or

benefit from the aid, benefit, or

service that is not equal to that

afforded others;

... ;

(vii)

Otherwise

limit

a

qualified individual with a disability

in

the

enjoyment

of

any

right,

privilege, advantage, or opportunity

enjoyed by others receiving the aid,

benefit, or service.

(2) ... .

... .

(7) A public entity shall make

reasonable modifications in policies,

practices,

or

procedures

when

the

modifications are necessary to avoid

discrimination

on

the

basis

of

disability, unless the public entity

can

demonstrate

that

making

the

modifications would fundamentally alter

the nature of the service, program, or

activity. (Énfasis en el original).

(8) A public entity shall not impose

or apply eligibility criteria that

screen out or tend to screen out an

individual with a disability or any

class of individuals with disabilities

from fully and equally enjoying any

service, program, or activity, unless

such criteria can be shown to be

necessary for the provision of the

service, program, or activity being

offered.

... .

Subpart E -- Communications

35.160 General.

CC-2000-939

41

(a) A public entity shall take

appropriate

steps

to

ensure

that

communications

with

applicants,

participants, and members of the public

with disabilities are as effective as

communications with others.

(b)(1)

A

public

entity

shall

furnish appropriate auxiliary aids and

services where necessary to afford an

individual with a disability an equal

opportunity to participate in, and

enjoy the benefits of, a service,

program, or activity conducted by a

public

entity.11

(Énfasis

en

el

original.)

11

Entre otros, el Departamento de Justicia

Federal proveyó el siguiente comentario respecto a

la Regla 28 CFR 35.160:

Section 35.160 requires the public

entity to take such steps as may be

necessary to ensure that communications

with

applicants,

participants,

and

members of the public with disabilities

are as effective as communications with

others.

Paragraph

(b)(1)

requires

the

public entity to furnish appropriate

auxiliary

aids

and

services

when

necessary to afford an individual with

a disability an equal opportunity to

participate in, and enjoy the benefits

of,

the

public

entity's

service,

program, or activity.

The public

entity must provide an opportunity for

individuals

with

disabilities

to

request the auxiliary aids and services

of their choice. This expressed choice

shall be given primary consideration by

the public entity ({35.160(b)(2)). The

public entity shall honor the choice

unless it can demonstrate that another

effective means of communication exists

or that use of the means chosen would

not be required under {35.164.

Deference to the request of the

individual

with

a

disability

is

desirable because of the range of

disabilities, the variety of auxiliary

aids

and

services,

and

different

circumstances

requiring

effective

CC-2000-939

42

(2) In determining what type of

auxiliary aid and service is necessary,

a public entity shall give primary

consideration to the requests of the

individual with disabilities.

... .

35.164 Duties.

This subpart does not require a

public entity to take any action that

it can demonstrate would result in a

fundamental alteration in the nature of

a service, program, or activity or in

undue

financial

and

administrative

burdens.

In those circumstances where

personnel of the public entity believe

that

the

proposed

action

would

fundamentally

alter

the

service,

program, or activity or would result in

undue

financial

and

administrative

burdens, a public entity has the burden

of proving that compliance with this

subpart would result in such alteration

or

burdens.

The

decision

that

compliance

would

result

in

such

alteration or burdens must be made by

the head of the public entity or his or

her designee after considering all

resources available for use in the

funding and operation of the service,

program,

or

activity

and

must

be

accompanied by a written statement of

the

reasons

for

reaching

that

conclusion.

If an action required to

comply with this subpart would result

in such an alteration or such burdens,

a public entity shall take any other

action that would not result in such an

alteration or such burdens but would

nevertheless

ensure

that,

to

the

communication.

For instance, some

courtrooms

are

now

equipped

for

"computer-assisted transcripts," which

allow

virtually

instantaneous

transcripts of courtroom argument and

testimony to appear on displays. Such a

system might be an effective auxiliary

aid or service for a person who is deaf

or has a hearing loss who uses speech to

communicate, but may be useless for

someone who uses sign language.

CC-2000-939

43

maximum extent possible, individuals

with disabilities receive the benefits

or services provided by the public

entity. (Énfasis en el original.)

En resumen, el Subcapítulo II de ADA y el

Reglamento,

incluyen

en

la

definición

de

"qualified

individual

with

a

disability"

a

aquella persona que, si se le suplen los equipos

de ayuda auxiliares, puede participar en igualdad

de condiciones en los servicios que provee una

entidad

gubernamental.

Si

dicho

individuo

solicita que se le provea un acomodo razonable,

la

entidad

gubernamental

viene

obligada

a

proveérselo, preferiblemente mediante el tipo de

acomodo solicitado por el individuo.

La

entidad

gubernamental

no

tiene

que

proveer

el

acomodo

solicitado

si

proveerlo

conllevaría una alteración de la naturaleza

fundamental del servicio provisto o conllevaría

un "undue financial or administrative burden".

La decisión ha de ser hecha por el jefe de la

entidad gubernamental, o por la persona designada

por éste, y ha de estar acompañada de una

comunicación escrita donde exponga dichos hechos.

En tales casos, la entidad gubernamental ha de

proveer el mejor acomodo posible, que no altere

la naturaleza fundamental del servicio o cause

una carga financiera desmedida.

C

Por disposición expresa de la Ley ADA, ésta

rige en Puerto Rico y es de aplicación al

gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades,

incluyendo a la Oficina de Administración de los

Tribunales.

En lo que concierne al caso de

autos, el Subcapítulo II y su reglamento,

titulado "Nondiscrimination on the Basis of

Disability

in

State

and

Local

Government

Services"12,

requieren

que

las

entidades

gubernamentales no excluyan a las personas con

impedimentos físicos de participar o recibir sus

servicios.

De aquí surge la obligación de

proveer un acomodo razonable a éstas, de manera

que puedan participar y recibir los servicios que

se proveen.

Desde el comienzo del litigio, en el párrafo

veinte (20) de la contestación a la demanda, el

Dr.

Badillo

Santiago

indicó

su

impedimento

12

28 CFR Part 35.

CC-2000-939

44

auditivo.

Al inicio de la vista evidenciaria

éste volvió a traer a la atención del tribunal su

impedimento auditivo e indicó que "quedaría de

parte de la corte proveerle un sistema de rayos

infrarrojos con un ′transmitter′"13.

En caso que existiese cualquier duda sobre

la existencia o gravedad de su impedimento, el

informe

del

examen

audiológico

estableció

definitivamente

que,

aún

utilizando

su

otoamplífono y lectura de labios, lo más lejos

que el Dr. Badillo Santiago podía discernir lo

hablado era a cuatro (4) pies de distancia.

El primer día de la vista el juez aceptó la

existencia

del

impedimento

auditivo.

Éste

expresó, dos veces, que el Dr. Badillo Santiago

tenía dificultad para escuchar y ordenó que el

abogado que lo interrogaba lo hiciese desde el

podio, sin moverse del sitio, hablando en forma

clara y en volumen alto.

Ahora bien, el Dr. Badillo Santiago había

expresado

su

interés

de

poder

seguir

el

interrogatorio de los otros testigos, lo cual

incluye poder oír las preguntas, las respuestas

de los testigos y los comentarios de los otros

abogados y del juez.

Ello requería que se le

proveyese la utilización de equipos de ayuda

auxiliares

("auxiliary

aids"),

como

los

14

Además, su participación completa

solicitados.

requería el poder comunicarse en forma efectiva

con su abogado durante el transcurso del juicio,

para así poder ayudar en la presentación de su

caso.

El Dr. Badillo Santiago expresó claramente

que el acomodo que le fue provisto no le permitía

13

Aparentemente, el Dr. Badillo Santiago poseía audífonos con

recibidor de señal infrarroja que había utilizado en los tribunales del

estado de la Florida.

El equipo solicitado consistía de una

unidad capaz de conectarse a la señal que proviene

de

los

micrófonos

y

se

graba

en

cinta

magnetofónica en la sala de vistas.

La misma

sería transmitida utilizando luz infrarroja u

ondas de radio.

Ésta sería recibida por otra

unidad,

consistente

de

una

combinación

de

recibidor y audífonos, la cual es utilizada por la

persona con el impedimento auditivo. Esta última

es similar a la utilizada por una persona con

audición

normal,

conocida

como

un

audífono

inalámbrico.

14

CC-2000-939

45

seguir el interrogatorio de los otros testigos.

Además, los arreglos que sugirió y proveyó el

juez no le permitían estar sentado al lado de sus

abogados y así cooperar en la presentación de su

caso.

El acomodo ofrecido al Dr. Badillo Santiago

fue claramente inadecuado. Dada la limitación de

su percepción auditiva a la distancia de cuatro

(4) pies, aún en comunicación cara a cara, a éste

le era imposible seguir los interrogatorios.

El

arreglo propuesto por el tribunal el tercer día

tampoco solucionaba la situación, ni constituyó

un acomodo razonable.

Debido a la localización

física en la sala del tribunal de los testigos,

el abogado que interroga y el abogado de la parte

contraria, así como el juez, era físicamente

imposible para el Dr. Badillo Santiago estar

simultáneamente, a cuatro pies de distancia y

cara a cara con cada uno de ellos, para escuchar

lo dicho por éstos.

El acomodo provisto fue

insuficiente,

pues

éste

hubiese

tenido

que

moverse continuamente en la silla de ruedas, de

un lado hacia otro para poder escuchar lo que los

abogados, el juez y los testigos decían, sobre

todo en un escenario donde el diálogo se lleva a

cabo con mucha fluidez y rapidez. También, ello

requería que tuviese la habilidad inconcebible de

predecir quién era el próximo que haría uso de la

palabra, para así colocarse cara a cara y

escucharlo. Basta tomar conocimiento judicial de

la ubicación del personal en la sala del

tribunal, para comprender que este acomodo era

logísticamente

ineficaz, además de ser gravoso

para el apelante, quien era una persona de edad

avanzada, o para cualquier otra en condiciones

similares.

Cabe señalar, que fue un error de sano

juicio del juez que presidió la vista decidir

continuar los procedimientos judiciales bajo las

circunstancias

expuestas.

Ante

el

reclamo

genuino del apelante, al cual tenía pleno

derecho,

el

juez

debió

paralizar

los

procedimientos para solicitar que la Oficina de

Administración

de

los

Tribunales

(OAT)

le

proveyese los "auxiliary aids" necesarios, según

descritos en 28 CFR sec. 35.104. De esta manera

se le hubiese brindado la oportunidad a la OAT de

cumplir con su deber afirmativo de proveer

igualdad de acceso al apelante.

También, si no

contaba con los recursos o resultaba muy oneroso

proveer

el

acomodo

solicitado,

denegarlo

exponiendo sus fundamentos.

CC-2000-939

46

Es evidente que el juez trató de la mejor

buena fe de remediar o resolver la situación

planteada ante su consideración con los recursos

que tenía en ese momento disponibles.

También,

no perdemos de vista de que se trataba de una

situación

novel

suscitada

en

nuestra

jurisdicción, aunque reconocemos que la Ley ADA y

su reglamentación llevan más de ocho años de

vigencia.

Como expresamos anteriormente, tan

pronto surgió la petición del Dr. Badillo

Santiago,

lo

procedente

era

paralizar

los

procedimientos judiciales y requerir de las

autoridades pertinentes de la OAT que evaluasen

la misma. Después de todo, no le corresponde al

juez que preside una vista, ni está dentro de su

competencia, proveer el equipo solicitado por el

Dr. Badillo Santiago.

Es función de los

administradores de la OAT realizar las gestiones

para adquirir y proveer el equipo que sea

necesario para cumplir con las disposiciones de

la Ley ADA.

En

resumen,

concluimos

que

el

acomodo

ofrecido no fue razonable.

Es evidente que el

Dr. Badillo Santiago, mediante la utilización de

los "auxiliary aids", descritos en 28 CFR sec.

35.104

como

"assistive

listening

devices

o

assistive listening systems", hubiese podido

participar, como todo litigante, en igualdad de

condiciones, en los procedimientos judiciales que

se condujeron ante el tribunal.

Se cometió el primer error señalado, por lo

que procede la revocación de la sentencia.

Finalmente, el caso de marras debe servir

para reflexionar y crear consciencia en todos

nosotros, los jueces, los administradores y el

personal

de

la

OAT,

sobre

la

necesidad

imprescindible

de

atender

y

resolver

con

prontitud y adecuacidad los reclamos legítimos de

las personas con impedimentos físicos que acuden

a la Rama Judicial.

Estimamos que resulta

altamente deseable que se establezcan unas normas

o procedimientos administrativos adecuados y

efectivos para responder a solicitudes de esta

naturaleza, y se oriente sobre éstos a todo el

personal, incluyendo a los jueces.

Ciertamente,

ésta no será la primera ni la última vez que nos

confrontemos con situaciones iguales o similares.

D

CC-2000-939

47

En atención a lo antes discutido, se deja

sin efecto la sentencia apelada y se ordena la

celebración de un nuevo juicio.

La Oficina de

Administración de los Tribunales evaluará la

petición del Dr. Badillo Santiago y le proveerá

el acomodo razonable solicitado, salvo que tenga

razones válidas para denegarlo, conforme la

reglamentación aplicable.

Notifíquese con copia a las partes y a la

Directora Administrativa de los Tribunales.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo

certifica la Secretaria General.

La Jueza Cotto

opinión escrita.

Vives

disiente

mediante

(fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria General

CC-2000-939

48

Concluimos

que

la

anterior

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso es

JUSTA

y

CORRECTA

en

derecho,

por

actuado por la Mayoría al revocarla.

en todos sus extremos.

lo

que

DISENTIMOS

de

lo

Suscribimos su contenido

Entendemos que la norma jurisprudencial

aquí formulada es contraria a los derechos dispuestos a favor

de las personas impedidas, por virtud de la política pública

formulada por el Congreso de Estados Unidos en el estatuto

conocido como "American with Disabilities Act of 1990", supra.

Atenta,

además,

contra

la

dignidad

humana

de

este

tipo

de

personas impedidas, y es violatorio de su derecho a un debido

proceso de ley, a tenor con la Constitución de Estados Unidos y

la de Puerto Rico.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado