LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

JULIO RODRIGUEZ PLANELL V. OVERSEAS MILITARY SALES CORP. Y OTROS

2003 TSPR 140

Poder Judicial de Puerto Rico

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JULIO RODRIGUEZ PLANELL V. OVERSEAS MILITARY SALES CORP. Y OTROS

CC-2002-0888

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Rodríguez Planell

Recurrido

Certiorari

v.

2003 TSPR 140

Overseas Military Sales Corp.;

Scotiabank de Puerto Rico;

Alberic Colón; Chrysler

Internacional Services S.A.

160 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2002-888

Fecha: 18 de septiembre de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional II

Juez Ponente:

Hon.

Néstor S. Aponte Hernández

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sylvia Roger-Stefani

Procuradora General Auxiliar

Abogados de Overseas Military Sales Corp.:

Lcda. Myriam Y. Fernández González

Lcdo. Edgar Cartagena Santiago

Materia: Revisión Administrativa de Resolución Interlocutoria

Dictada por el Departamento de Asuntos del Consumidor

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Rodríguez Planell

Recurrido

v.

CC-2002-0888

Certiorari

Overseas Military Sales Corp.;

Scotiabank de Puerto Rico;

Alberic Colón; Chrysler

International Services S.A.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA

DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2003.

Nos corresponde resolver si un residente de

Puerto Rico puede solicitar los remedios que le

provee el Reglamento de Garantías de Vehículos de

Motor, aprobado por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (en adelante, “DACO”), para reclamar por

los

alegados

adquirió

de

desperfectos

un

de

distribuidor

un

automóvil

autorizado

a

que

hacer

negocios exclusivamente dentro de bases militares.

Por

los

fundamentos

que

se

exponen

a

continuación, resolvemos en la afirmativa.

I

El 1 de marzo de 2001, el Sr. Julio Rodríguez

Planell (en adelante, “Sr. Rodríguez Planell” o “el

CC-2002-888

3

recurrido”) compró a Overseas Military Sales Corp. (en

adelante,

“Overseas”)

Cherokee Sport 2000.

un

automóvil

marca

Jeep,

modelo

Según se desprende del expediente,

el vehículo adquirido por el recurrido pagó arbitrios

locales, licencia de vehículo de motor, y su adquisición

fue

para

propósitos

de

transitar

dentro

de

la

jurisdicción estatal de Puerto Rico.

Luego de tomar posesión del vehículo, el recurrido

notó que éste presentaba defectos en su pintura, por lo

que acudió al establecimiento automotriz Alberic Colón—

representante autorizado del fabricante en Puerto Rico—

con el propósito de reparar el desperfecto conforme a la

garantía.

el

Sin embargo, Alberic Colón se negó a reparar

automóvil,

alegando

que

el

recurrido

lo

examinó

e

inspeccionó al momento de la compra, adquiriéndolo “as

is”

(tal

tenía

como

estaba),

con

en

pintura.

defectos

precisamente

por

la

ese

pleno

defecto

el

conocimiento

Alegó,

de

que

además,

que

recurrido

negoció

y

recibió un descuento de $1,600.00 al comprar la unidad,

entendiendo y aceptando que dicha cantidad sería la única

compensación

que

recibiría

por

la

condición

del

vehículo.1

Así trabada la controversia, el 21 de junio de 2001,

el Sr. Rodríguez Planell presentó ante DACO una querella

contra Overseas, Scotiabank de Puerto Rico, Alberic Colón

1

Véase “Release and Acknowledgement of Disclosure

by Overseas Military Sales Corporation of Damage to Motor

Vehicle”, Apéndice, a la pág. 50.

CC-2002-888

4

y Chrysler International Services S.A., en la cual alegó

que el vehículo adquirido presentaba problemas de fábrica

en

pintura.2

su

Como

remedio,

éste

solicitó

la

reparación del automóvil, así como transportación alterna

mientras se tramitaba dicha gestión.3

Overseas compareció ante DACO el 6 de julio de 2001

y,

haciendo

la

salvedad

jurisdicción

de

dicha

de

que

agencia,

no

se

sometía

presentó

una

a

la

moción

mediante la cual solicitó que se desestimara la querella

en su contra.

foránea

que

Adujo, en síntesis, que es una corporación

tiene

sus

facilidades

localizadas

en

el

Fuerte Buchanan, y que se dedica a vender vehículos de

motor exclusivamente en bases militares de Puerto Rico.

Indicó, además, que sus negocios los realiza únicamente

con

miembros

privilegios

de

las

fuerzas

armadas

bajo

la

Directiva

que

Número

gozan

1330.9

de

del

Departamento de Estado, conforme al programa denominado

“The New Car Sales Program” del Departamento de Defensa

de Estados Unidos.4

Sostuvo, pues, que debido a esas

circunstancias particulares, no le aplicaba el derecho

local,

estando

sujeta

conocida

como

Comission

Improvement

únicamente

“Magnuson-Moss

Act,”

Warranty

15

2

Véase Apéndice, a la pág. 39.

3

Véase Apéndice, a la pág. 40.

4

a

la

ley

federal

Federal

Trade

U.S.C.A.

§

2301

et

La referida Directiva incluye dentro de los

beneficiarios del Programa a personal militar, veteranos

y empleados civiles federales autorizados.

Véase

Apéndice, a la pág. 43.

CC-2002-888

5

adelante,

seq.,(en

Magnuson-Moss”).5

“Ley

En

consecuencia, Overseas señaló la falta de jurisdicción de

DACO para entender en la controversia, apuntando a que la

Ley

Orgánica

de

dicha

agencia

limita

su

autoridad

a

proveer remedios exclusivamente al amparo de las leyes de

Puerto Rico.6

Tras varios trámites procesales, el 1 de abril de

2002,

DACO

emitió

una

declarando

sin

lugar

presentada

por

Overseas.

denegatoria

en

que

la

la

Resolución

solicitud

La

Ley

interlocutoria

de

agencia

desestimación

fundamentó

Magnuson-Moss,

supra,

su

no

desplazaba a la Ley de DACO, 3 L.P.R.A. § 341 et seq.

Además, señaló que si dejara de asumir jurisdicción sobre

el asunto en cuestión, se produciría la anomalía de que

un grupo de consumidores de vehículos de motor en Puerto

Rico

ostentaría

menos

derechos

que

otros,

pues

5

no

La Ley Magnuson-Moss, supra, aplica a Puerto Rico

en virtud de su sección 101, que establece que “the term

State means a State, the District of Columbia, the

Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam,

the Canal Zone, or American Samoa.”

15 U.S.C.A. §

2301(15).

6

El Artículo 15 de la Ley de DACO dispone que:

[c]ualquier consumidor podrá radicar una

querella en el Departamento [DACO] para

vindicar los derechos que le conceden las

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. En caso de que la querella radicada por

el consumidor no plantee ninguna controversia

adjudicable, el Departamento asesorará al

consumidor con respecto a la solución de su

querella y/o [sic] referirá la misma a

cualesquiera agencia pertinente del Estado

Libre Asociado o de los Estados Unidos...3

L.P.R.A. § 341n (énfasis suplido).

CC-2002-888

6

tendrían acceso al foro más económico, rápido y con mayor

peritaje sobre dicha materia.7

Inconforme con dicho dictamen, Overseas presentó un

recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de

Circuito

de

evaluar

el

Apelaciones

recurso,8

interlocutoria

(en

dicho

recurrida,

cuanto a Overseas.9

adelante,

foro

“TCA”).

revocó

desestimando

la

la

Tras

resolución

querella

en

Sostuvo el TCA que DACO no podía

entender en el asunto, toda vez que la jurisdicción de

los foros locales sobre hechos o controversias ocurridas

en alguna base militar de los Estados Unidos sita en

Puerto Rico está limitada a aquellos casos en los que no

hay derecho federal aplicable y, por tanto, no aplicar el

derecho

local

Puntualizó,

judicial,

resultaría

además,

limitada

que

a

en

dicha

una

laguna

jurídica.10

jurisdicción

controversias

que

es

una

puedan

ser

ventiladas ante los tribunales locales.11

7

Véase Apéndice, a la pág. 145. El 22 de abril de

2002, Overseas procedió a solicitar reconsideración, la

cual fue denegada mediante resolución de 7 de mayo de

2002.

8

A

pesar

de

que

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq.,

limita la jurisdicción revisora del TCA a órdenes y

resoluciones finales de las agencias, dicho foro razonó

que procedía entender en el caso toda vez que “la agencia

claramente no [tenía] jurisdicción.” Véase Apéndice, a la

pág. 15.

9

Véase Sentencia

Apéndice, a la pág. 3.

de

23

de

10

Véase Apéndice, a la pág. 10.

11

Id.

octubre

de

2002,

CC-2002-888

7

En desacuerdo con lo resuelto, DACO acudió ante nos

el

25

de

noviembre

de

2002,

formulando

el

siguiente

señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al determinar que la Ley Federal

Magnuson-Moss desplaza la ley estatal y al

resolver que DACO carece de jurisdicción sobre

los hechos y que, en consecuencia, no aplica

el Reglamento de Garantías de Vehículos de

Motor de Puerto Rico, cuando la propia ley

federal dispone que los remedios bajo las

leyes locales y estatales estarán disponibles

al reclamante.

Expedimos el auto solicitado mediante Resolución de

7 de febrero de 2003.

Atendidos los planteamientos de

las partes, resolvemos.

II

Sabido es que el concepto “jurisdicción” se refiere

al

poder

o

autoridad

que

ostenta

un

tribunal

considerar y decidir casos o controversias.

Haskell, 87 D.P.R. 57, 61 (1963).

para

Gearheart v.

Conforme a la Ley de

la Judicatura de 1994, según enmendada, 4 L.P.R.A. § 22

et

los

seq.,

jurisdicción

tribunales

general,

por

de

lo

Puerto

que

de

Rico

son

ordinario

de

éstos

pueden entender en toda clase de controversia justiciable

que surja dentro de nuestra extensión territorial, al

amparo

de

nuestras

leyes

estatales.

Asimismo,

los

tribunales de Puerto Rico tienen, como regla general,

jurisdicción

concurrente

con

los

tribunales

federales

para atender asuntos que surjan bajo el palio de las

leyes federales.

494

U.S.

820

Yellow Freight Sys., Inc. v. Donnelly,

(1990);

Gulf

Offshore

Co.

v.

Mobil

Oil

CC-2002-888

Corp.,

8

453

U.S.

473

(1981).

Por

el

contrario,

la

jurisdicción exclusiva de los tribunales federales sobre

algún asunto de derecho federal procede únicamente cuando

el Congreso de Estados Unidos dispone expresamente para

ello, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal

Supremo

de

intención

Estados

del

Unidos

Congreso

en

de

situaciones

privar

a

en

los

que

la

tribunales

estatales de jurisdicción sobre dicho asunto federal es

patentemente clara.

Id.

Ahora bien, cuando los hechos en controversia se

suscitan

dentro

de

una

Unidos,

hemos

resuelto

adoptando

la

doctrina

base

militar

el

conflicto

de

“enclave

de

los

Estados

jurisdiccional

federal.”

De

este

modo, en Roberts v. U.S.O. Council of P.R., 145 D.P.R. 58

(1998),

supra,

deriva

del

Constitución

explicamos

Art.

que

dicha

doctrina—

I,

sección

8,

cláusula

federal—

postula

que

el

17,

Congreso

que

se

de

la

federal

posee jurisdicción exclusiva para establecer el derecho

que

regirá

dentro

de

las

bases

militares

de

Estados

Unidos.12 No obstante, aclaramos que dicho poder plenario

12

La mencionada disposición constitucional establece

que el Congreso tendrá facultad para:

[e]jercer el derecho exclusivo a legislar

en todas las materias concernientes a aquél

distrito (cuya superficie no excederá de diez

millas cuadradas) que, por cesión de algunos

estados

y

aceptación

del

Congreso,

se

convirtiere en la sede del Gobierno de los

Estados Unidos; y para ejercer igual autoridad

sobre aquellas tierras adquiridas con el

consentimiento de la Asamblea Legislativa del

continúa...

CC-2002-888

9

no se extiende, sin más, a conferirle a los tribunales

federales

jurisdicción

exclusiva

para

controversias que allí se produzcan.

dilucidar

las

Es decir, según la

norma enunciada en Roberts, supra, dentro de las bases

militares de Estados Unidos el gobierno federal tiene

jurisdicción exclusiva en el ámbito legislativo, mas no

en el judicial.

Sobre el particular, hemos expresado que el concepto

de “jurisdicción legislativa” se refiere a quién tiene la

facultad para regular, mediante legislación, determinada

materia, hecho o situación.

P.R.,

supra,

a

la

pág.

Roberts v. U.S.O. Council of

67.

Dicho

de

otro

modo,

la

“jurisdicción legislativa” se refiere a “qué ley aplica”

a determinada controversia.

Id., a la pág. 68.

Mientras

que, por otro lado, la “jurisdicción judicial” se refiere

a cuál tribunal (estatal o federal) está autorizado para

entender en las controversias que se susciten dentro del

enclave.

Id, a la pág. 68.

_________________________

... 12 continuación

estado en que radicaren, con el fin de

construir

fuertes,

almacenes,

arsenales,

astilleros y otras edificaciones que fueren

necesarias.” Const. E.U., 1 L.P.R.A., Art. I, §

8, Cl. 17 (énfasis suplido).

A pesar de que dicha disposición constitucional no aplica

directamente a Puerto Rico, hemos resuelto que conforme a

lo establecido por la Ley de 16 de febrero de 1903— ley

mediante la cual Puerto Rico autorizó al Congreso a

adquirir terrenos de la Isla para fines navales y

militares— su mandato se impone en nuestra jurisdicción.

Véase Roberts v. U.S.O. Council of P.R., supra, a la pág.

66; Moore v. Corte, 59 D.P.R. 620, 623 (1941).

La

referida ley de 1903 fue sustituida por la Ley Núm. 62 de

10 de junio de 1955, 28 L.P.R.A. § 54 et seq.

CC-2002-888

10

La esencia y extensión de la referida “jurisdicción

legislativa” fueron desarrolladas por este Tribunal en

Quiles

vda.

(1999).

de

Fonte

v.

Colsa,

147

Inc.,

D.P.R.

360

En esa ocasión expresamos que, a pesar de que de

ordinario

la

legislación

aplicable

a

una

controversia

originada en una base militar es el derecho federal, ello

supone que el Congreso efectivamente haya legislado sobre

la materia que se dilucida.

Id., a la pág. 365.

O sea,

que la aplicación del derecho federal a tales situaciones

está condicionada a que el Congreso, en virtud del poder

plenario que ostenta para regular las actividades de la

base

militar,

haya

legislado

sobre

Id.

específicamente

en

controversia.

resolvimos

en

casos

que

en

que

el

la

materia

Por

tanto,

Congreso

no

haya

legislado para la base sobre un asunto en particular,

procede aplicar el derecho privado estatal que no sea

inconsistente con el federal . Id., a la pág. 366; véase

además

Gearheart

v.

Haskell,

supra,

a

la

pág.

62.

Conforme a ello, concluimos en esa ocasión que, en vista

de

que

no

había

legislación

federal

que

atendiera

la

controversia específicamente, procedía aplicar el derecho

local de daños y perjuicios.13

Id.

13

Añadimos, a la pág. 367 de la referida opinión,

que tal “conclusión se refuerza, no solo porque no existe

derecho federal sustantivo aplicable al caso de autos,

sino porque aun bajo procedimientos tramitados al amparo

del ‘Federal Tort [Claims] Act’, 28 U.S.C. secs. 1346,

2671 et seq., el derecho que rige las reclamaciones por

actos u omisiones negligentes es el derecho sustantivo

continúa...

CC-2002-888

11

A pesar de que en Quiles, supra, la aplicación del

derecho puertorriqueño respondió a que no existía derecho

federal aplicable, igualmente hemos resuelto que existen

situaciones

en

las

cuales

procede

aplicar

las

leyes

locales aunque también exista derecho federal pertinente

a la controversia.

v.

Tribunal

Por ejemplo, en Nolla, Galib & Cía.

Superior,

93

D.P.R.

646

(1966)—

citado

favorablemente en Quiles, supra, y cuya controversia se

desarrolló

dentro

de

un

militar,14—

enclave

aunque

reconocimos que a los obreros reclamantes les cobijaba

principalmente la Ley Federal de Normas Razonables de

Trabajo, resolvimos que también los protegían las leyes

laborales locales en todo aquello que les resultara más

beneficioso que las disposiciones de la ley federal. Id.,

a la pág. 648.

Dicha conclusión no es inconsistente con

lo

en

establecido

Roberts,

supra,

a

la

pág.70,

donde

apuntamos a que aun en enclaves federales, los estados

pueden

sobre

cuando

reservarse

las

cuales

dicho

determinadas

pueden

ejercicio

áreas

legislar

no

sea

o

o

controversias

actuar,

siempre

inconsistente

con

y

los

propósitos federales del enclave.

_________________________

... 13 continuación

del

estado

en

donde

ocurre

el

acto

u

negligente...aun cuando tal acto u omisión

ocurrido en un enclave militar federal.”

14

omisión

hubiese

En dicho caso se trataba de unos obreros que

contrataron su mano de obra con el Gobierno de Estados

Unidos para la construcción de unas edificaciones en la

base naval de Roosevelt Roads.

CC-2002-888

12

Por tanto, puede decirse que a pesar de que lo usual

en controversias originadas en un enclave federal es que

se

aplique

la

legislación

que

apruebe

el

Congreso

de

Estados Unidos, dicha operación no es automática.15

Así

pues,

hay

procede

legislación

aplicar

federal

la

ley

que

estatal

atienda

cuando

la

no

controversia

directamente, o cuando la primera no es desplazada por la

segunda expresa o implícitamente.

En

atención

primeramente

cuál

a

lo

es

anterior,

el

debemos

derecho

determinar

aplicable

a

la

controversia de autos, toda vez que si se trata de una

ley federal, debemos dilucidar si dicha ley desplaza la

aplicación del derecho local (“pre-emption”/jurisdicción

legislativa)

o

tribunales

federales

(jurisdicción

federal

Esto

es

afirmativa

si

dispone

pueden

de

que

entender

exclusiva/jurisdicción

fundamental,

uno

expresamente

los

ya

que

de

supuestos,

los

en

ella

judicial).

contestarse

DACO

en

la

carecería

de

jurisdicción para entender en la controversia.16

15

sólo

Veamos.

Véase Kleppe v. New Mexico, 426 U.S. 529, 544

(1976), donde se expresa que “without more, federal

ownership of lands within a State does not withdraw those

lands from jurisdiction of the State” (énfasis suplido);

Véase además Surplus Trading Co. v. Cook, 281 U.S. 647

(1930).

Asimismo, véase Laurence H. Tribe, American

Constitutional Law, Third Ed., Vol. I (2000), p. 1224,

quien expresa que “[c]ongressional jurisdiction over

federal enclaves is exclusive only if excersiced”

(énfasis suplido).

16

Véase escolio 5, supra.

CC-2002-888

13

III

Overseas alega que en virtud de la norma establecida

en

Roberts

v.

controversias

tienen

que

U.S.O.

ocurridas

dilucidar

of

P.R.,

supra,

las

del

Fuerte

Buchanan

se

Council

dentro

a

la

luz

del

derecho

federal.

Asimismo, ésta sostiene que lo establecido por Quiles

vda. de Fonte, supra, limita la aplicación del derecho

estatal a casos en los que el Congreso no ha legislado

sobre una materia específica, para subsanar una laguna

jurídica.

Por consiguiente, aduce que habiendo aprobado

el Congreso la Ley Magnuson-Moss, supra, no existe laguna

que suplir, por lo que es forzoso resolver a la luz del

derecho federal.17

Como

Diferimos de esa interpretación.

expresáramos

en

la

sección

anterior,

es

indiscutible que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva

para legislar sobre las bases militares que el gobierno

federal

ocupa

territorios.

a

través

de

los

diferentes

estados

y

Ahora bien, el Congreso puede ejercer dicha

jurisdicción de diversas formas, a saber: 1) legislando

expresamente sobre una materia particular, desplazando la

aplicación del derecho estatal; 2) no legislando sobre un

aspecto y, por tanto, aceptando la aplicación del derecho

estatal;

3)

legislando

sobre

un

área

determinada

desplazar la aplicación del derecho estatal.

17

sin

Por tanto,

Sin embargo, Overseas reconoció que “sería

aplicable una ley estatal si el Congreso expresamente lo

permite o si existe un vacío legislativo, o sea, cuando

el Congreso de Estados Unidos nada dijo sobre determinada

materia.” Véase Alegato de Overseas Military Auto Sales,

a la pág. 11 (énfasis suplido).

CC-2002-888

14

habiendo

aprobado

el

Congreso

la

Ley

Magnuson-Moss,

supra,

lo que debemos resolver es si en el caso de

marras, el Congreso utilizó su jurisdicción legislativa

exclusiva con el propósito de desplazar la aplicación del

derecho

de

Puerto

Rico.

Adviértase

que,

según

antes

señalado, el Congreso decidió tratar a Puerto Rico como

un

estado

para

fines

de

esta

legislación.

Véase

15

U.S.C.A. § 2301(15), escolio 5, supra.

Sobre la doctrina de desplazamiento u ocupación de

campo,

hemos

federal

tendrá

cuando

la

establecido

supremacía

primera

Hernández

anteriormente

no

Villanueva

sobre

pueda

v.

las

una

ley

leyes

estatales

con

la

segunda.

Division

of

Comstar

coexistir

I.P.C.

que

International, Inc., res. el 27 de enero de 2000, 150

D.P.R.

___

(2000);

2000

T.S.P.R.

14,

2000

J.T.S.

26;

Cotto Morales v. Calo Ríos, 140 D.P.R 604 (1996).

De

este modo, se entenderá que el campo está ocupado cuando

el

Congreso

expresamente

lo

dispone

al

aprobar

determinada ley, o si al reglamentar un área específica,

lo hace de una forma tan abarcadora que no cabe duda que

la intención federal fue reglamentar la totalidad del

área.

Hernández Villanueva v. I.P.C. Division of Comstar

International, Inc, supra, a la pág. 10; Cotto Morales v.

Calo Ríos, supra, a la pág. 613.

hay

desplazamiento

federal

es

reglamentación

tan

cuando

cierto

dominante

estatal,

o

También se entiende que

interés

que

cuando

o

propósito

debe

existir

normativa

estatal

no

la

CC-2002-888

podría

15

producir

un

objetivos

federales

Lockheed

Air

resultado

en

inconsistente

determinada

Terminal,

411

U.S.

área.

624,

con

los

Burbank

v.

633

(1973).

Finalmente, hemos reiterado que no se presumirá que la

legislación federal sustituye a la estatal por el hecho

de que el Congreso reglamente un área de forma limitada,

siendo necesario que la ley del Congreso interpretada

razonablemente esté en conflicto real con la ley estatal.

Villanueva v. I.P.C. Division of Comstar International,

Inc, supra, a la pág. 11; Cotto Morales v. Calo Ríos,

supra, a la pág. 613; Bordas v. Srio. de Agricultura, 87

D.P.R. 534, 552-553 (1963).

Por ende, en ausencia de una

prohibición específica en la ley federal contra la ley

local, la legislación estatal que complementa a la ley

federal es válida siempre y cuando que la primera no está

sustancialmente en conflicto con la segunda.

Id.

Atendidos estos preceptos, y tras evaluar la Ley

Magnuson-Moss,

supra,

en

toda

su

extensión,

podemos

constatar que no existe en la letra o propósitos de dicho

estatuto

ánimo

alguno

de

desplazar

la

legislación

estatal.

Por el contrario, la misma ley federal provee

para su co-existencia con leyes estatales, al disponer

que:

[n]othing in this title [15 U.S.C.S. §

2301 et seq.] shall invalidate or restrict any

right or remedy of any consumer under State law

or any other Federal law.

15 U.S.C.S. §

2311(b)(1) (énfasis suplido).

CC-2002-888

16

Colegimos,

supra,

por

establece

tanto,

unas

que

la

Ley

Magnuson-Moss,

normas

y

procedimientos

que

constituyen la protección mínima que todo estado, según

definido

en

dicha

consumidores.

concurrente

ley,

le

debe

proveer

a

sus

Sin embargo, ésta no excluye la aplicación

de

legislación

estatal

que

se

adhiera

o

supere beneficiosamente a la protección federal mínima.

Así pues, al estudiar el Reglamento de Garantías de

Vehículo

de

septiembre

Motor,

de

1992

Reglamento

(en

4797

adelante,

(DACO)

“el

de

30

de

Reglamento”),

aprobado conforme a la Ley de DACO, supra, observamos que

éste obedece las garantías mínimas establecidas por la

Ley

Magnuson-Moss,

No

supra.

obstante,

el

referido

Reglamento no solo se adhiere a los mínimos federales,

sino

que

contiene

detalladas

que

la

unas

disposiciones

más

ley

del

ofreciendo

Congreso,

mayores protecciones al consumidor.

precisas

y

así

Más aún, provee unas

garantías que abarcan en un mismo instrumento toda una

extensa

gama

compraventa

18

de

situaciones

automotriz,18

inherentes

desarrollando

al

negocio

de

favorablemente

Entre los derechos y deberes que se establecen en

el Reglamento se encuentran, a saber: el deber del

vendedor de entregar el certificado de garantía al

comprador; deber del vendedor

de un vehículo de motor

nuevo, que no tenga las facilidades necesarias para

honrar la garantía, de que el distribuidor de fábrica o

autorizado honre la misma; deber de todo distribuidor

autorizado o concesionario, representante de fábrica,

distribuidor de fábrica, distribuidor independiente, y

vendedor de, a nombre y en representación del fabricante

o manufacturero, de honrar la garantía que concede dicho

fabricante o manufacturero en el país de origen; deber de

continúa...

CC-2002-888

sobre

los

17

postulados

generales

que

contiene

la

Ley

Magnuson-Moss, supra.19

Por tanto, concluimos que el Reglamento no conflige

con los remedios que provee la Ley Magnuson-Moss, supra,

para casos como el de marras, siendo éste consistente con

las garantías mínimas establecidas en la ley federal.

De

hecho, esta conclusión es similar a la expresada por el

Secretario de Justicia en su opinión de 11 de marzo de

1986, en la cual éste concluyó que “la reglamentación

local

[sobre

vehículos

de

derechos

motor]

del

consumidor

guarda

estrecha

en

el

similitud

área

de

con

la

_________________________

... 18 continuación

todo

fabricante

o

manufacturero,

concesionario,

distribuidor o representante de fábrica, distribuidor

autorizado, distribuidor independiente o vendedor de un

vehículo de motor nuevo de hacer efectiva una garantía no

menor de dos (2) años o veinticuatro mil (24,000) millas,

lo que ocurra primero, a partir de la fecha en que el

vehículo sea entregado al consumidor; contenido de la

garantía mínima; forma de redacción de la garantía;

obligación del manufacturero, distribuidor autorizado o

concesionario o vendedor de proveer transportación; deber

del fabricante de honrar garantía en ausencia del

distribuidor de fábrica; obligaciones del fabricante o

distribuidor de fábrica, distribuidor autorizado o

vendedor al proveer servicio de reparación en garantía;

obligaciones de mantenimiento y reparación ordinaria de

la unidad; deber del fabricante o distribuidor de

mantener un inventario de piezas de repuesto en

proporción a sus niveles de distribución en Puerto Rico;

y disposiciones como las anteriores, pero referentes a

vehículos usados, motocicletas, entre otras.

19

Por su parte, la Ley Magnuson-Moss, supra, cubre

los siguientes aspectos, a saber: las reglas que deben

regir el contenido de toda garantía; designación de

garantías escritas; estándares federales mínimos para

garantías; reglas que regirán los contratos de servicio

de garantía; deberes de los representantes de la entidad

garantizadora; garantías implícitas; remedios aplicables

a disputas de consumidores; función de la Federal Trade

Commission, entre otros.

CC-2002-888

18

reglamentación federal y va dirigida hacia el mismo fin.”

Op. Sec. Just. Núm. 1986-11, a la pág. 73.

Asimismo,

indicó que “el referido reglamento [DACO] contiene una

serie

de

disposiciones

que

garantizan

una

protección

igual o mayor que la reglamentación federal,” razón por

la cual “no debe entenderse que la reglamentación federal

tiene el efecto de impedir reglamentación local sobre la

venta de vehículos de motor....” Id., a la pág. 75.

Del mismo modo, entendemos que el aplicar el derecho

estatal tampoco conflige con la misión militar del Fuerte

o con algún interés federal de envergadura,20 y que si

posterior a la vigencia de ambos estatutos (Ley MagnusonMoss y el Reglamento) el Congreso hubiese entendido lo

contrario, éste hubiese optado por excluir la aplicación

de dichas leyes dentro de dicho enclave federal, lo que

no ha hecho.

Nótese, además, que el vehículo en cuestión

no

para

es

uno

exclusivamente

uso

dentro

militar

de

los

ni

tampoco

predios

del

transita

“enclave

militar”, sino que transita por las avenidas y calles de

Puerto Rico.

con

esta

20

En consecuencia, resolvemos que en relación

área

del

derecho

privado

dentro

del

Fuerte

Véase Paul v. U.S., supra, a la pág.274, “state

law

cannot

be

allowed

to

impair

fulfillment

of

appropriate federal functions, be they civil or military;

similarly, state measures contrary to national policy

cannot be allowed to bind or inhibit federal activities”;

Howard v. Com’rs of Sinking Fund of City of Louisville,

344 U.S. 624 (1953), “state can excercise its power over

federal area within its boundaries, so long as there is

no interference with jurisdiction asserted by Federal

Government”; véase además Knickerbocker Ice Co. v.

Stewart, 253 U.S. 149 (1920).

CC-2002-888

19

Buchanan, el Congreso ejerció su jurisdicción legislativa

permitiendo

la

aplicación

del

derecho

estatal

que

no

fuese inconsistente con las normas federales.21

De conformidad, no siendo la Ley de DACO, supra, ni

el Reglamento inconsistentes con la Ley Magnuson-Moss,

supra,

ni

con

significativo,

algún

procede

interés

que

el

federal

recurrido

o

militar

Sr.

Rodríguez

Planell utilice los remedios que le provee la Ley de

DACO, supra.

Por ende, dicha agencia puede entender en

la controversia de autos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que, a

tenor con la doctrina de “enclave federal”, el Congreso

de

Estados

Unidos

ejerció

su

jurisdicción

exclusiva

dentro del Fuerte Buchanan permitiendo expresamente la

aplicación de las leyes estatales en pro del consumidor

que no fuesen inconsistentes con las disposiciones de la

Ley Magnuson-Moss, supra.

Toda vez que el Reglamento de

Garantías de Vehículos de Motor, supra, no conflige con

la

citada

ley

federal,

el

recurrido

tiene

a

su

disposición los remedios que le provee el derecho local

para reclamar por los alegados desperfectos que exhibe el

vehículo que adquirió de Overseas.

21

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido

la aplicación del derecho estatal en casos suscitados en

enclaves federales cuando, como en el caso de autos, el

Congreso expresamente lo permite.

Véase Paul v. U.S.,

supra, a la pág. 263; Environmental Protection Agency v.

California, 426 U.S. 200 (1976); U.S. v. Sharpnack, 355

U.S. 286 (1958).

CC-2002-888

20

Por todo lo cual, concluimos que incidió el TCA al

decidir que la Ley Magnuson-Moss, supra, era el único

derecho aplicable a la controversia, y al privarle acceso

al recurrido al foro de DACO.

Se revoca el dictamen

recurrido y se devuelve el caso al foro administrativo

para

que

continúen

los

procedimientos

de

manera

consistente con esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado

CC-2002-888

21

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio Rodríguez Planell

Recurrido

v.

CC-2002-0888

Certiorari

Overseas Military Sales Corp.;

Scotiabank de Puerto Rico;

Alberic Colón; Chrysler

International Services S.A.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2003.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se

devuelve el caso al foro administrativo para que

continúen los procedimientos de manera consistente

con lo dispuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado

sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu

García no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo