Tribunal Supremo de Puerto Rico
JULIO RODRIGUEZ PLANELL V. OVERSEAS MILITARY SALES CORP. Y OTROS
2003 TSPR 140
Poder Judicial de Puerto Rico
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JULIO RODRIGUEZ PLANELL V. OVERSEAS MILITARY SALES CORP. Y OTROS
CC-2002-0888
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Julio Rodríguez Planell
Recurrido
Certiorari
v.
2003 TSPR 140
Overseas Military Sales Corp.;
Scotiabank de Puerto Rico;
Alberic Colón; Chrysler
Internacional Services S.A.
160 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2002-888
Fecha: 18 de septiembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional II
Juez Ponente:
Hon.
Néstor S. Aponte Hernández
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sylvia Roger-Stefani
Procuradora General Auxiliar
Abogados de Overseas Military Sales Corp.:
Lcda. Myriam Y. Fernández González
Lcdo. Edgar Cartagena Santiago
Materia: Revisión Administrativa de Resolución Interlocutoria
Dictada por el Departamento de Asuntos del Consumidor
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Julio Rodríguez Planell
Recurrido
v.
CC-2002-0888
Certiorari
Overseas Military Sales Corp.;
Scotiabank de Puerto Rico;
Alberic Colón; Chrysler
International Services S.A.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA
DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2003.
Nos corresponde resolver si un residente de
Puerto Rico puede solicitar los remedios que le
provee el Reglamento de Garantías de Vehículos de
Motor, aprobado por el Departamento de Asuntos del
Consumidor (en adelante, “DACO”), para reclamar por
los
alegados
adquirió
de
desperfectos
un
de
distribuidor
un
automóvil
autorizado
a
que
hacer
negocios exclusivamente dentro de bases militares.
Por
los
fundamentos
que
se
exponen
a
continuación, resolvemos en la afirmativa.
I
El 1 de marzo de 2001, el Sr. Julio Rodríguez
Planell (en adelante, “Sr. Rodríguez Planell” o “el
CC-2002-888
3
recurrido”) compró a Overseas Military Sales Corp. (en
adelante,
“Overseas”)
Cherokee Sport 2000.
un
automóvil
marca
Jeep,
modelo
Según se desprende del expediente,
el vehículo adquirido por el recurrido pagó arbitrios
locales, licencia de vehículo de motor, y su adquisición
fue
para
propósitos
de
transitar
dentro
de
la
jurisdicción estatal de Puerto Rico.
Luego de tomar posesión del vehículo, el recurrido
notó que éste presentaba defectos en su pintura, por lo
que acudió al establecimiento automotriz Alberic Colón—
representante autorizado del fabricante en Puerto Rico—
con el propósito de reparar el desperfecto conforme a la
garantía.
el
Sin embargo, Alberic Colón se negó a reparar
automóvil,
alegando
que
el
recurrido
lo
examinó
e
inspeccionó al momento de la compra, adquiriéndolo “as
is”
(tal
tenía
como
estaba),
con
en
pintura.
defectos
precisamente
por
la
ese
pleno
defecto
el
conocimiento
Alegó,
de
que
además,
que
recurrido
negoció
y
recibió un descuento de $1,600.00 al comprar la unidad,
entendiendo y aceptando que dicha cantidad sería la única
compensación
que
recibiría
por
la
condición
del
vehículo.1
Así trabada la controversia, el 21 de junio de 2001,
el Sr. Rodríguez Planell presentó ante DACO una querella
contra Overseas, Scotiabank de Puerto Rico, Alberic Colón
1
Véase “Release and Acknowledgement of Disclosure
by Overseas Military Sales Corporation of Damage to Motor
Vehicle”, Apéndice, a la pág. 50.
CC-2002-888
4
y Chrysler International Services S.A., en la cual alegó
que el vehículo adquirido presentaba problemas de fábrica
en
pintura.2
su
Como
remedio,
éste
solicitó
la
reparación del automóvil, así como transportación alterna
mientras se tramitaba dicha gestión.3
Overseas compareció ante DACO el 6 de julio de 2001
y,
haciendo
la
salvedad
jurisdicción
de
dicha
de
que
agencia,
no
se
sometía
presentó
una
a
la
moción
mediante la cual solicitó que se desestimara la querella
en su contra.
foránea
que
Adujo, en síntesis, que es una corporación
tiene
sus
facilidades
localizadas
en
el
Fuerte Buchanan, y que se dedica a vender vehículos de
motor exclusivamente en bases militares de Puerto Rico.
Indicó, además, que sus negocios los realiza únicamente
con
miembros
privilegios
de
las
fuerzas
armadas
bajo
la
Directiva
que
Número
gozan
1330.9
de
del
Departamento de Estado, conforme al programa denominado
“The New Car Sales Program” del Departamento de Defensa
de Estados Unidos.4
Sostuvo, pues, que debido a esas
circunstancias particulares, no le aplicaba el derecho
local,
estando
sujeta
conocida
como
Comission
Improvement
únicamente
“Magnuson-Moss
Act,”
Warranty
15
2
Véase Apéndice, a la pág. 39.
3
Véase Apéndice, a la pág. 40.
4
a
la
ley
federal
Federal
Trade
U.S.C.A.
§
2301
et
La referida Directiva incluye dentro de los
beneficiarios del Programa a personal militar, veteranos
y empleados civiles federales autorizados.
Véase
Apéndice, a la pág. 43.
CC-2002-888
5
adelante,
seq.,(en
Magnuson-Moss”).5
“Ley
En
consecuencia, Overseas señaló la falta de jurisdicción de
DACO para entender en la controversia, apuntando a que la
Ley
Orgánica
de
dicha
agencia
limita
su
autoridad
a
proveer remedios exclusivamente al amparo de las leyes de
Puerto Rico.6
Tras varios trámites procesales, el 1 de abril de
2002,
DACO
emitió
una
declarando
sin
lugar
presentada
por
Overseas.
denegatoria
en
que
la
la
Resolución
solicitud
La
Ley
interlocutoria
de
agencia
desestimación
fundamentó
Magnuson-Moss,
supra,
su
no
desplazaba a la Ley de DACO, 3 L.P.R.A. § 341 et seq.
Además, señaló que si dejara de asumir jurisdicción sobre
el asunto en cuestión, se produciría la anomalía de que
un grupo de consumidores de vehículos de motor en Puerto
Rico
ostentaría
menos
derechos
que
otros,
pues
5
no
La Ley Magnuson-Moss, supra, aplica a Puerto Rico
en virtud de su sección 101, que establece que “the term
State means a State, the District of Columbia, the
Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam,
the Canal Zone, or American Samoa.”
15 U.S.C.A. §
2301(15).
6
El Artículo 15 de la Ley de DACO dispone que:
[c]ualquier consumidor podrá radicar una
querella en el Departamento [DACO] para
vindicar los derechos que le conceden las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. En caso de que la querella radicada por
el consumidor no plantee ninguna controversia
adjudicable, el Departamento asesorará al
consumidor con respecto a la solución de su
querella y/o [sic] referirá la misma a
cualesquiera agencia pertinente del Estado
Libre Asociado o de los Estados Unidos...3
L.P.R.A. § 341n (énfasis suplido).
CC-2002-888
6
tendrían acceso al foro más económico, rápido y con mayor
peritaje sobre dicha materia.7
Inconforme con dicho dictamen, Overseas presentó un
recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de
Circuito
de
evaluar
el
Apelaciones
recurso,8
interlocutoria
(en
dicho
recurrida,
cuanto a Overseas.9
adelante,
foro
“TCA”).
revocó
desestimando
la
la
Tras
resolución
querella
en
Sostuvo el TCA que DACO no podía
entender en el asunto, toda vez que la jurisdicción de
los foros locales sobre hechos o controversias ocurridas
en alguna base militar de los Estados Unidos sita en
Puerto Rico está limitada a aquellos casos en los que no
hay derecho federal aplicable y, por tanto, no aplicar el
derecho
local
Puntualizó,
judicial,
resultaría
además,
limitada
que
a
en
dicha
una
laguna
jurídica.10
jurisdicción
controversias
que
es
una
puedan
ser
ventiladas ante los tribunales locales.11
7
Véase Apéndice, a la pág. 145. El 22 de abril de
2002, Overseas procedió a solicitar reconsideración, la
cual fue denegada mediante resolución de 7 de mayo de
2002.
8
A
pesar
de
que
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq.,
limita la jurisdicción revisora del TCA a órdenes y
resoluciones finales de las agencias, dicho foro razonó
que procedía entender en el caso toda vez que “la agencia
claramente no [tenía] jurisdicción.” Véase Apéndice, a la
pág. 15.
9
Véase Sentencia
Apéndice, a la pág. 3.
de
23
de
10
Véase Apéndice, a la pág. 10.
11
Id.
octubre
de
2002,
CC-2002-888
7
En desacuerdo con lo resuelto, DACO acudió ante nos
el
25
de
noviembre
de
2002,
formulando
el
siguiente
señalamiento de error:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones al determinar que la Ley Federal
Magnuson-Moss desplaza la ley estatal y al
resolver que DACO carece de jurisdicción sobre
los hechos y que, en consecuencia, no aplica
el Reglamento de Garantías de Vehículos de
Motor de Puerto Rico, cuando la propia ley
federal dispone que los remedios bajo las
leyes locales y estatales estarán disponibles
al reclamante.
Expedimos el auto solicitado mediante Resolución de
7 de febrero de 2003.
Atendidos los planteamientos de
las partes, resolvemos.
II
Sabido es que el concepto “jurisdicción” se refiere
al
poder
o
autoridad
que
ostenta
un
tribunal
considerar y decidir casos o controversias.
Haskell, 87 D.P.R. 57, 61 (1963).
para
Gearheart v.
Conforme a la Ley de
la Judicatura de 1994, según enmendada, 4 L.P.R.A. § 22
et
los
seq.,
jurisdicción
tribunales
general,
por
de
lo
Puerto
que
de
Rico
son
ordinario
de
éstos
pueden entender en toda clase de controversia justiciable
que surja dentro de nuestra extensión territorial, al
amparo
de
nuestras
leyes
estatales.
Asimismo,
los
tribunales de Puerto Rico tienen, como regla general,
jurisdicción
concurrente
con
los
tribunales
federales
para atender asuntos que surjan bajo el palio de las
leyes federales.
494
U.S.
820
Yellow Freight Sys., Inc. v. Donnelly,
(1990);
Gulf
Offshore
Co.
v.
Mobil
Oil
CC-2002-888
Corp.,
8
453
U.S.
473
(1981).
Por
el
contrario,
la
jurisdicción exclusiva de los tribunales federales sobre
algún asunto de derecho federal procede únicamente cuando
el Congreso de Estados Unidos dispone expresamente para
ello, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal
Supremo
de
intención
Estados
del
Unidos
Congreso
en
de
situaciones
privar
a
en
los
que
la
tribunales
estatales de jurisdicción sobre dicho asunto federal es
patentemente clara.
Id.
Ahora bien, cuando los hechos en controversia se
suscitan
dentro
de
una
Unidos,
hemos
resuelto
adoptando
la
doctrina
base
militar
el
conflicto
de
“enclave
de
los
Estados
jurisdiccional
federal.”
De
este
modo, en Roberts v. U.S.O. Council of P.R., 145 D.P.R. 58
(1998),
supra,
deriva
del
Constitución
explicamos
Art.
que
dicha
doctrina—
I,
sección
8,
cláusula
federal—
postula
que
el
17,
Congreso
que
se
de
la
federal
posee jurisdicción exclusiva para establecer el derecho
que
regirá
dentro
de
las
bases
militares
de
Estados
Unidos.12 No obstante, aclaramos que dicho poder plenario
12
La mencionada disposición constitucional establece
que el Congreso tendrá facultad para:
[e]jercer el derecho exclusivo a legislar
en todas las materias concernientes a aquél
distrito (cuya superficie no excederá de diez
millas cuadradas) que, por cesión de algunos
estados
y
aceptación
del
Congreso,
se
convirtiere en la sede del Gobierno de los
Estados Unidos; y para ejercer igual autoridad
sobre aquellas tierras adquiridas con el
consentimiento de la Asamblea Legislativa del
continúa...
CC-2002-888
9
no se extiende, sin más, a conferirle a los tribunales
federales
jurisdicción
exclusiva
para
controversias que allí se produzcan.
dilucidar
las
Es decir, según la
norma enunciada en Roberts, supra, dentro de las bases
militares de Estados Unidos el gobierno federal tiene
jurisdicción exclusiva en el ámbito legislativo, mas no
en el judicial.
Sobre el particular, hemos expresado que el concepto
de “jurisdicción legislativa” se refiere a quién tiene la
facultad para regular, mediante legislación, determinada
materia, hecho o situación.
P.R.,
supra,
a
la
pág.
Roberts v. U.S.O. Council of
67.
Dicho
de
otro
modo,
la
“jurisdicción legislativa” se refiere a “qué ley aplica”
a determinada controversia.
Id., a la pág. 68.
Mientras
que, por otro lado, la “jurisdicción judicial” se refiere
a cuál tribunal (estatal o federal) está autorizado para
entender en las controversias que se susciten dentro del
enclave.
Id, a la pág. 68.
_________________________
... 12 continuación
estado en que radicaren, con el fin de
construir
fuertes,
almacenes,
arsenales,
astilleros y otras edificaciones que fueren
necesarias.” Const. E.U., 1 L.P.R.A., Art. I, §
8, Cl. 17 (énfasis suplido).
A pesar de que dicha disposición constitucional no aplica
directamente a Puerto Rico, hemos resuelto que conforme a
lo establecido por la Ley de 16 de febrero de 1903— ley
mediante la cual Puerto Rico autorizó al Congreso a
adquirir terrenos de la Isla para fines navales y
militares— su mandato se impone en nuestra jurisdicción.
Véase Roberts v. U.S.O. Council of P.R., supra, a la pág.
66; Moore v. Corte, 59 D.P.R. 620, 623 (1941).
La
referida ley de 1903 fue sustituida por la Ley Núm. 62 de
10 de junio de 1955, 28 L.P.R.A. § 54 et seq.
CC-2002-888
10
La esencia y extensión de la referida “jurisdicción
legislativa” fueron desarrolladas por este Tribunal en
Quiles
vda.
(1999).
de
Fonte
v.
Colsa,
147
Inc.,
D.P.R.
360
En esa ocasión expresamos que, a pesar de que de
ordinario
la
legislación
aplicable
a
una
controversia
originada en una base militar es el derecho federal, ello
supone que el Congreso efectivamente haya legislado sobre
la materia que se dilucida.
Id., a la pág. 365.
O sea,
que la aplicación del derecho federal a tales situaciones
está condicionada a que el Congreso, en virtud del poder
plenario que ostenta para regular las actividades de la
base
militar,
haya
legislado
sobre
Id.
específicamente
en
controversia.
resolvimos
en
casos
que
en
que
el
la
materia
Por
tanto,
Congreso
no
haya
legislado para la base sobre un asunto en particular,
procede aplicar el derecho privado estatal que no sea
inconsistente con el federal . Id., a la pág. 366; véase
además
Gearheart
v.
Haskell,
supra,
a
la
pág.
62.
Conforme a ello, concluimos en esa ocasión que, en vista
de
que
no
había
legislación
federal
que
atendiera
la
controversia específicamente, procedía aplicar el derecho
local de daños y perjuicios.13
Id.
13
Añadimos, a la pág. 367 de la referida opinión,
que tal “conclusión se refuerza, no solo porque no existe
derecho federal sustantivo aplicable al caso de autos,
sino porque aun bajo procedimientos tramitados al amparo
del ‘Federal Tort [Claims] Act’, 28 U.S.C. secs. 1346,
2671 et seq., el derecho que rige las reclamaciones por
actos u omisiones negligentes es el derecho sustantivo
continúa...
CC-2002-888
11
A pesar de que en Quiles, supra, la aplicación del
derecho puertorriqueño respondió a que no existía derecho
federal aplicable, igualmente hemos resuelto que existen
situaciones
en
las
cuales
procede
aplicar
las
leyes
locales aunque también exista derecho federal pertinente
a la controversia.
v.
Tribunal
Por ejemplo, en Nolla, Galib & Cía.
Superior,
93
D.P.R.
646
(1966)—
citado
favorablemente en Quiles, supra, y cuya controversia se
desarrolló
dentro
de
un
militar,14—
enclave
aunque
reconocimos que a los obreros reclamantes les cobijaba
principalmente la Ley Federal de Normas Razonables de
Trabajo, resolvimos que también los protegían las leyes
laborales locales en todo aquello que les resultara más
beneficioso que las disposiciones de la ley federal. Id.,
a la pág. 648.
Dicha conclusión no es inconsistente con
lo
en
establecido
Roberts,
supra,
a
la
pág.70,
donde
apuntamos a que aun en enclaves federales, los estados
pueden
sobre
cuando
reservarse
las
cuales
dicho
determinadas
pueden
ejercicio
áreas
legislar
no
sea
o
o
controversias
actuar,
siempre
inconsistente
con
y
los
propósitos federales del enclave.
_________________________
... 13 continuación
del
estado
en
donde
ocurre
el
acto
u
negligente...aun cuando tal acto u omisión
ocurrido en un enclave militar federal.”
14
omisión
hubiese
En dicho caso se trataba de unos obreros que
contrataron su mano de obra con el Gobierno de Estados
Unidos para la construcción de unas edificaciones en la
base naval de Roosevelt Roads.
CC-2002-888
12
Por tanto, puede decirse que a pesar de que lo usual
en controversias originadas en un enclave federal es que
se
aplique
la
legislación
que
apruebe
el
Congreso
de
Estados Unidos, dicha operación no es automática.15
Así
pues,
hay
procede
legislación
aplicar
federal
la
ley
que
estatal
atienda
cuando
la
no
controversia
directamente, o cuando la primera no es desplazada por la
segunda expresa o implícitamente.
En
atención
primeramente
cuál
a
lo
es
anterior,
el
debemos
derecho
determinar
aplicable
a
la
controversia de autos, toda vez que si se trata de una
ley federal, debemos dilucidar si dicha ley desplaza la
aplicación del derecho local (“pre-emption”/jurisdicción
legislativa)
o
tribunales
federales
(jurisdicción
federal
Esto
es
afirmativa
si
dispone
pueden
de
que
entender
exclusiva/jurisdicción
fundamental,
uno
expresamente
los
ya
que
de
supuestos,
los
en
ella
judicial).
contestarse
DACO
en
la
carecería
de
jurisdicción para entender en la controversia.16
15
sólo
Veamos.
Véase Kleppe v. New Mexico, 426 U.S. 529, 544
(1976), donde se expresa que “without more, federal
ownership of lands within a State does not withdraw those
lands from jurisdiction of the State” (énfasis suplido);
Véase además Surplus Trading Co. v. Cook, 281 U.S. 647
(1930).
Asimismo, véase Laurence H. Tribe, American
Constitutional Law, Third Ed., Vol. I (2000), p. 1224,
quien expresa que “[c]ongressional jurisdiction over
federal enclaves is exclusive only if excersiced”
(énfasis suplido).
16
Véase escolio 5, supra.
CC-2002-888
13
III
Overseas alega que en virtud de la norma establecida
en
Roberts
v.
controversias
tienen
que
U.S.O.
ocurridas
dilucidar
of
P.R.,
supra,
las
del
Fuerte
Buchanan
se
Council
dentro
a
la
luz
del
derecho
federal.
Asimismo, ésta sostiene que lo establecido por Quiles
vda. de Fonte, supra, limita la aplicación del derecho
estatal a casos en los que el Congreso no ha legislado
sobre una materia específica, para subsanar una laguna
jurídica.
Por consiguiente, aduce que habiendo aprobado
el Congreso la Ley Magnuson-Moss, supra, no existe laguna
que suplir, por lo que es forzoso resolver a la luz del
derecho federal.17
Como
Diferimos de esa interpretación.
expresáramos
en
la
sección
anterior,
es
indiscutible que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva
para legislar sobre las bases militares que el gobierno
federal
ocupa
territorios.
a
través
de
los
diferentes
estados
y
Ahora bien, el Congreso puede ejercer dicha
jurisdicción de diversas formas, a saber: 1) legislando
expresamente sobre una materia particular, desplazando la
aplicación del derecho estatal; 2) no legislando sobre un
aspecto y, por tanto, aceptando la aplicación del derecho
estatal;
3)
legislando
sobre
un
área
determinada
desplazar la aplicación del derecho estatal.
17
sin
Por tanto,
Sin embargo, Overseas reconoció que “sería
aplicable una ley estatal si el Congreso expresamente lo
permite o si existe un vacío legislativo, o sea, cuando
el Congreso de Estados Unidos nada dijo sobre determinada
materia.” Véase Alegato de Overseas Military Auto Sales,
a la pág. 11 (énfasis suplido).
CC-2002-888
14
habiendo
aprobado
el
Congreso
la
Ley
Magnuson-Moss,
supra,
lo que debemos resolver es si en el caso de
marras, el Congreso utilizó su jurisdicción legislativa
exclusiva con el propósito de desplazar la aplicación del
derecho
de
Puerto
Rico.
Adviértase
que,
según
antes
señalado, el Congreso decidió tratar a Puerto Rico como
un
estado
para
fines
de
esta
legislación.
Véase
15
U.S.C.A. § 2301(15), escolio 5, supra.
Sobre la doctrina de desplazamiento u ocupación de
campo,
hemos
federal
tendrá
cuando
la
establecido
supremacía
primera
Hernández
anteriormente
no
Villanueva
sobre
pueda
v.
las
una
ley
leyes
estatales
con
la
segunda.
Division
of
Comstar
coexistir
I.P.C.
que
International, Inc., res. el 27 de enero de 2000, 150
D.P.R.
___
(2000);
2000
T.S.P.R.
14,
2000
J.T.S.
26;
Cotto Morales v. Calo Ríos, 140 D.P.R 604 (1996).
De
este modo, se entenderá que el campo está ocupado cuando
el
Congreso
expresamente
lo
dispone
al
aprobar
determinada ley, o si al reglamentar un área específica,
lo hace de una forma tan abarcadora que no cabe duda que
la intención federal fue reglamentar la totalidad del
área.
Hernández Villanueva v. I.P.C. Division of Comstar
International, Inc, supra, a la pág. 10; Cotto Morales v.
Calo Ríos, supra, a la pág. 613.
hay
desplazamiento
federal
es
reglamentación
tan
cuando
cierto
dominante
estatal,
o
También se entiende que
interés
que
cuando
o
propósito
debe
existir
normativa
estatal
no
la
CC-2002-888
podría
15
producir
un
objetivos
federales
Lockheed
Air
resultado
en
inconsistente
determinada
Terminal,
411
U.S.
área.
624,
con
los
Burbank
v.
633
(1973).
Finalmente, hemos reiterado que no se presumirá que la
legislación federal sustituye a la estatal por el hecho
de que el Congreso reglamente un área de forma limitada,
siendo necesario que la ley del Congreso interpretada
razonablemente esté en conflicto real con la ley estatal.
Villanueva v. I.P.C. Division of Comstar International,
Inc, supra, a la pág. 11; Cotto Morales v. Calo Ríos,
supra, a la pág. 613; Bordas v. Srio. de Agricultura, 87
D.P.R. 534, 552-553 (1963).
Por ende, en ausencia de una
prohibición específica en la ley federal contra la ley
local, la legislación estatal que complementa a la ley
federal es válida siempre y cuando que la primera no está
sustancialmente en conflicto con la segunda.
Id.
Atendidos estos preceptos, y tras evaluar la Ley
Magnuson-Moss,
supra,
en
toda
su
extensión,
podemos
constatar que no existe en la letra o propósitos de dicho
estatuto
ánimo
alguno
de
desplazar
la
legislación
estatal.
Por el contrario, la misma ley federal provee
para su co-existencia con leyes estatales, al disponer
que:
[n]othing in this title [15 U.S.C.S. §
2301 et seq.] shall invalidate or restrict any
right or remedy of any consumer under State law
or any other Federal law.
15 U.S.C.S. §
2311(b)(1) (énfasis suplido).
CC-2002-888
16
Colegimos,
supra,
por
establece
tanto,
unas
que
la
Ley
Magnuson-Moss,
normas
y
procedimientos
que
constituyen la protección mínima que todo estado, según
definido
en
dicha
consumidores.
concurrente
ley,
le
debe
proveer
a
sus
Sin embargo, ésta no excluye la aplicación
de
legislación
estatal
que
se
adhiera
o
supere beneficiosamente a la protección federal mínima.
Así pues, al estudiar el Reglamento de Garantías de
Vehículo
de
septiembre
Motor,
de
1992
Reglamento
(en
4797
adelante,
(DACO)
“el
de
30
de
Reglamento”),
aprobado conforme a la Ley de DACO, supra, observamos que
éste obedece las garantías mínimas establecidas por la
Ley
Magnuson-Moss,
No
supra.
obstante,
el
referido
Reglamento no solo se adhiere a los mínimos federales,
sino
que
contiene
detalladas
que
la
unas
disposiciones
más
ley
del
ofreciendo
Congreso,
mayores protecciones al consumidor.
precisas
y
así
Más aún, provee unas
garantías que abarcan en un mismo instrumento toda una
extensa
gama
compraventa
18
de
situaciones
automotriz,18
inherentes
desarrollando
al
negocio
de
favorablemente
Entre los derechos y deberes que se establecen en
el Reglamento se encuentran, a saber: el deber del
vendedor de entregar el certificado de garantía al
comprador; deber del vendedor
de un vehículo de motor
nuevo, que no tenga las facilidades necesarias para
honrar la garantía, de que el distribuidor de fábrica o
autorizado honre la misma; deber de todo distribuidor
autorizado o concesionario, representante de fábrica,
distribuidor de fábrica, distribuidor independiente, y
vendedor de, a nombre y en representación del fabricante
o manufacturero, de honrar la garantía que concede dicho
fabricante o manufacturero en el país de origen; deber de
continúa...
CC-2002-888
sobre
los
17
postulados
generales
que
contiene
la
Ley
Magnuson-Moss, supra.19
Por tanto, concluimos que el Reglamento no conflige
con los remedios que provee la Ley Magnuson-Moss, supra,
para casos como el de marras, siendo éste consistente con
las garantías mínimas establecidas en la ley federal.
De
hecho, esta conclusión es similar a la expresada por el
Secretario de Justicia en su opinión de 11 de marzo de
1986, en la cual éste concluyó que “la reglamentación
local
[sobre
vehículos
de
derechos
motor]
del
consumidor
guarda
estrecha
en
el
similitud
área
de
con
la
_________________________
... 18 continuación
todo
fabricante
o
manufacturero,
concesionario,
distribuidor o representante de fábrica, distribuidor
autorizado, distribuidor independiente o vendedor de un
vehículo de motor nuevo de hacer efectiva una garantía no
menor de dos (2) años o veinticuatro mil (24,000) millas,
lo que ocurra primero, a partir de la fecha en que el
vehículo sea entregado al consumidor; contenido de la
garantía mínima; forma de redacción de la garantía;
obligación del manufacturero, distribuidor autorizado o
concesionario o vendedor de proveer transportación; deber
del fabricante de honrar garantía en ausencia del
distribuidor de fábrica; obligaciones del fabricante o
distribuidor de fábrica, distribuidor autorizado o
vendedor al proveer servicio de reparación en garantía;
obligaciones de mantenimiento y reparación ordinaria de
la unidad; deber del fabricante o distribuidor de
mantener un inventario de piezas de repuesto en
proporción a sus niveles de distribución en Puerto Rico;
y disposiciones como las anteriores, pero referentes a
vehículos usados, motocicletas, entre otras.
19
Por su parte, la Ley Magnuson-Moss, supra, cubre
los siguientes aspectos, a saber: las reglas que deben
regir el contenido de toda garantía; designación de
garantías escritas; estándares federales mínimos para
garantías; reglas que regirán los contratos de servicio
de garantía; deberes de los representantes de la entidad
garantizadora; garantías implícitas; remedios aplicables
a disputas de consumidores; función de la Federal Trade
Commission, entre otros.
CC-2002-888
18
reglamentación federal y va dirigida hacia el mismo fin.”
Op. Sec. Just. Núm. 1986-11, a la pág. 73.
Asimismo,
indicó que “el referido reglamento [DACO] contiene una
serie
de
disposiciones
que
garantizan
una
protección
igual o mayor que la reglamentación federal,” razón por
la cual “no debe entenderse que la reglamentación federal
tiene el efecto de impedir reglamentación local sobre la
venta de vehículos de motor....” Id., a la pág. 75.
Del mismo modo, entendemos que el aplicar el derecho
estatal tampoco conflige con la misión militar del Fuerte
o con algún interés federal de envergadura,20 y que si
posterior a la vigencia de ambos estatutos (Ley MagnusonMoss y el Reglamento) el Congreso hubiese entendido lo
contrario, éste hubiese optado por excluir la aplicación
de dichas leyes dentro de dicho enclave federal, lo que
no ha hecho.
Nótese, además, que el vehículo en cuestión
no
para
es
uno
exclusivamente
uso
dentro
militar
de
los
ni
tampoco
predios
del
transita
“enclave
militar”, sino que transita por las avenidas y calles de
Puerto Rico.
con
esta
20
En consecuencia, resolvemos que en relación
área
del
derecho
privado
dentro
del
Fuerte
Véase Paul v. U.S., supra, a la pág.274, “state
law
cannot
be
allowed
to
impair
fulfillment
of
appropriate federal functions, be they civil or military;
similarly, state measures contrary to national policy
cannot be allowed to bind or inhibit federal activities”;
Howard v. Com’rs of Sinking Fund of City of Louisville,
344 U.S. 624 (1953), “state can excercise its power over
federal area within its boundaries, so long as there is
no interference with jurisdiction asserted by Federal
Government”; véase además Knickerbocker Ice Co. v.
Stewart, 253 U.S. 149 (1920).
CC-2002-888
19
Buchanan, el Congreso ejerció su jurisdicción legislativa
permitiendo
la
aplicación
del
derecho
estatal
que
no
fuese inconsistente con las normas federales.21
De conformidad, no siendo la Ley de DACO, supra, ni
el Reglamento inconsistentes con la Ley Magnuson-Moss,
supra,
ni
con
significativo,
algún
procede
interés
que
el
federal
recurrido
o
militar
Sr.
Rodríguez
Planell utilice los remedios que le provee la Ley de
DACO, supra.
Por ende, dicha agencia puede entender en
la controversia de autos.
IV
Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que, a
tenor con la doctrina de “enclave federal”, el Congreso
de
Estados
Unidos
ejerció
su
jurisdicción
exclusiva
dentro del Fuerte Buchanan permitiendo expresamente la
aplicación de las leyes estatales en pro del consumidor
que no fuesen inconsistentes con las disposiciones de la
Ley Magnuson-Moss, supra.
Toda vez que el Reglamento de
Garantías de Vehículos de Motor, supra, no conflige con
la
citada
ley
federal,
el
recurrido
tiene
a
su
disposición los remedios que le provee el derecho local
para reclamar por los alegados desperfectos que exhibe el
vehículo que adquirió de Overseas.
21
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido
la aplicación del derecho estatal en casos suscitados en
enclaves federales cuando, como en el caso de autos, el
Congreso expresamente lo permite.
Véase Paul v. U.S.,
supra, a la pág. 263; Environmental Protection Agency v.
California, 426 U.S. 200 (1976); U.S. v. Sharpnack, 355
U.S. 286 (1958).
CC-2002-888
20
Por todo lo cual, concluimos que incidió el TCA al
decidir que la Ley Magnuson-Moss, supra, era el único
derecho aplicable a la controversia, y al privarle acceso
al recurrido al foro de DACO.
Se revoca el dictamen
recurrido y se devuelve el caso al foro administrativo
para
que
continúen
los
procedimientos
de
manera
consistente con esta opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
Juez Asociado
CC-2002-888
21
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Julio Rodríguez Planell
Recurrido
v.
CC-2002-0888
Certiorari
Overseas Military Sales Corp.;
Scotiabank de Puerto Rico;
Alberic Colón; Chrysler
International Services S.A.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2003.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se
devuelve el caso al foro administrativo para que
continúen los procedimientos de manera consistente
con lo dispuesto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado
sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu
García no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo