LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: ANGEL M. ROSADO NIEVES

2003 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: ANGEL M. ROSADO NIEVES

CP-2000-0014

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Querella

In re:

2003 TSPR 125

Ángel M. Rosado Nieves

159 DPR ____

Número del Caso: CP-2000-14

Fecha: 30 de junio de 2003

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Vanessa Lugo Flores

Subprocuradora General

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Héctor A. Sostre Narváez

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva una vez advenga final y

firme la Sentencia, conforme la Regla 45 del Reglamento

del Tribunal Supremo sobre reconsideración).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso

de

compilación

y

publicación

oficial

de

las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Ángel M. Rosado Nieves

CP-2000-14

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.

En

el

presente

recurso

dilucidar

si

el

Ángel

Lic.

nos

M.

corresponde

Rosado

Nieves

incurrió en conducta violatoria de los Cánones 12

y

23

de

los

de

Ética

Profesional,

representación

legal

de

señora

procedimientos

relacionados

una

de

sentencia

la

en

su

Quiñones

en

de

con

la

ejecución

liquidación

de

una

sociedad

ganancial y otros procedimientos posteriores.

I

El

25

de

octubre

de

1999

el

Juez

Rafael

Vissepó Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia

de Carolina, mediante resolución, ordenó que se

elevara

el

expediente

del

caso

de

Guillermina

CP-2000-14

3

Quiñones

Rosario

v.

Tribunal

examinara

Cruz

el

Betancourt

Ruiz

para

que

este

comportamiento

del

Lic.

Ángel

M.

Rosado Nieves (en adelante licenciado Rosado Nieves) a la

luz de los postulados éticos que rigen la profesión legal.

A esos efectos, este Tribunal ordenó al Procurador General

la investigación correspondiente.

Oportunamente,

Informe.

En

el

el

mismo,

Procurador

sostuvo

General

que

el

rindió

licenciado

su

Rosado

Nieves incurrió en violación al Canon 12 de los de Ética

Profesional al desplegar una conducta la cual fue causante

de

dilaciones

innecesarias

durante

la

impugnación

de

subasta en el caso Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz

Betancourt Ruiz. En dicho caso, el licenciado Rosado Nieves

no cumplió con varios señalamientos del tribunal ni con

órdenes emitidas por el mismo. Por otro lado, el Procurador

señaló

que

el

licenciado

Rosado

Nieves

incurrió

en

violación del Canon 23 al haber adquirido un interés y

participación personal en el dinero obtenido por su cliente

en la venta de una propiedad de ésta.

Examinado

el

Informe

del

Procurador

General

se

le

instruyó que presentase los cargos correspondientes. Una

vez

el

licenciado

Rosado

presentada,

nombramos

recibiera

aquilatara

rigor,

y

éste

nos

ha

un

la

Nieves

contestó

Comisionado

prueba.

sometido

su

la

Especial

Luego

Informe

del

del

desprende el siguiente trasfondo fáctico y legal.

querella

para

que

examen

de

cual

se

CP-2000-14

4

En 1989 se dictó sentencia en el caso de Guillermina

Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz poniendo fin a un

pleito

de

compuesta

liquidación

por

de

la

Guillermina

sociedad

Quiñones

de

gananciales

Rosario

y

Cruz

Betancourt Ruiz (en adelante, la señora Quiñones y el señor

Betancourt). En dicha sentencia se dispuso lo referente a

la adjudicación y liquidación de los bienes de la referida

sociedad ganancial. Luego de darle su respectivo valor a

los

bienes

pertenecientes

a

la

sociedad

ganancial

y

de

acreditar los créditos correspondientes a cada uno de los

ex

cónyuges,

el

tribunal

de

instancia

determinó

que

la

parte correspondiente al señor Betancourt era la mitad del

valor total de los bienes1, el cual ascendió a setenta y

cinco mil setecientos setenta y cinco dólares ($75,775.00),

menos un crédito a favor de la señora Quiñones por doce mil

ochocientos cuarenta y siete dólares con cincuenta centavos

($12,847.50).2

En

síntesis,

el

señor

Betancourt

tendría

derecho a obtener la cantidad de veinticinco mil cuarenta

dólares ($25,040.00) de la venta de la propiedad, mientras

que

la

señora

Quiñones

tendría

derecho

a

obtener

la

Consiste en un solar de mil trescientos metros cuadrados

con estructura que consiste en casa principal con cuatro

dormitorios, terraza, marquesina y anexo consistente en

casa de madera techada en zinc con dos dormitorios y

balcón.

2

La mitad del valor de la propiedad sería $37,887.50. A

dicha cantidad se le restaría el crédito por la cantidad de

$12,847.50. Por lo que el señor Betancourt tendría derecho

a $25,040.00.

1

CP-2000-14

cantidad

5

de

cincuenta

mil

setecientos

treinta

y

cinco

dólares ($50,735.00).

El

señora

licenciado

Quiñones

representara

en

Rosado

Nieves

fue

contratado

por

la

el

13

mayo

de

1993

que

la

los

procedimientos

de

la

de

de

para

ejecución

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en

la cual se liquidó la sociedad de gananciales BetancourtQuiñones.

Éste

se

desempeñó

como

abogado

de

la

señora

Quiñones hasta el 23 de septiembre de 1996.3

En 1993, la señora Quiñones solicitó la ejecución de

la referida sentencia. A esos efectos, el tribunal expidió

un mandamiento al Alguacil Ángel L. Hernández Benítez (en

adelante el alguacil) para que se efectuara la venta en

pública subasta del único inmueble de la extinta sociedad

ganancial.

Luego

de

la

celebración

del

correspondiente

procedimiento de subasta, la misma fue declarada desierta4

razón

por

la

cual

se

le

adjudicó

el

bien

a

la

señora

Quiñones por la suma de cincuenta mil setecientos treinta y

cinco dólares ($50,735.00).5 En vista de ello, el 13 de

octubre de 1993 se otorgó la correspondiente escritura de

El licenciado Rosado Nieves presentó la renuncia a la

representación el 4 de septiembre de 1996 la cual fue

aceptada por el tribunal el 23 de septiembre de 1996.

4

No surge del expediente que se haya celebrado una segunda

y una tercera subasta que hayan sido declaradas desiertas

antes de adjudicarle la propiedad a la señora Quiñones por

el valor de su acreencia.

5

Dicha cantidad es la correspondiente a ésta como resultado

de la división de la sociedad ganancial luego de sumado el

crédito adjudicado por el tribunal en la sentencia de

liquidación de la sociedad ganancial. Nada se dispuso sobre

la participación del señor Betancourt.

3

CP-2000-14

6

Adjudicación

licenciado

Judicial

Rosado

la

Nieves.

cual

fue

En

misma,

la

autorizada

por

el

comparecieron

el

alguacil y la señora Quiñones traspasándole el primero a

esta última el dominio absoluto de la propiedad.

En

1995,

compraventa

dicha

en

la

propiedad

fue

la

Quiñones

cual

señora

objeto

dominio de la referida finca a un tercero.

de

traspasó

una

el

Dicha escritura

fue también autorizada por el licenciado Rosado Nieves.

Esta transacción fue financiada por Doral Mortgage (en

adelante

Doral).

A

estos

efectos,

Doral

emitió

diversos

cheques entre los cuales se encuentra uno por veintiséis

mil

dólares

($26,000.00)

a

favor

del

licenciado

Rosado

Nieves. Esto ocurrió en presencia de la señora Quiñones y

con su aquiescencia.

Así las cosas, en octubre de 1995, el señor Betancourt

solicitó del Tribunal de Primera Instancia que se declarara

nula la subasta o, en la alternativa, que se le ordenara a

su ex esposa

mil

consignar en el tribunal la cantidad de doce

quinientos

cantidad

a

participación

veinte

la

que

en

la

dólares

tenía

($12,520.00)

derecho

extinta

en

sociedad

a

su

virtud

de

favor,

de

su

gananciales,

propietaria de la referida finca, según dispuesto por la

sentencia

emitida,

en

1989,

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.6

En dicha sentencia en donde se valoró la propiedad en

$76,775.00, éste tenía derecho a la mitad de esta cantidad

menos el crédito de $12,847.50 adjudicado por el Tribunal

6

CP-2000-14

A

7

estos

efectos

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

señaló una vista el 8 de diciembre de 1995. A esta vista el

licenciado

Rosado

Nieves

no

compareció.

Sin

embargo,

se

desprende del expediente que éste no fue citado para la

misma. Por esta razón, el tribunal la reseñaló para el 27

de febrero de 1996.

De

la

minuta

de

la

vista

del

8

de

diciembre

se

desprende que el licenciado que fue notificado de la vista

señalada para el 27 de febrero del 1996 fue el antecesor

del querellado quien había renunciado en 1993 y a quien el

licenciado Rosado Nieves sustituyó en mayo de ese mismo

año. A esta vista el licenciado Rosado Nieves, como es de

esperarse,

tampoco

compareció.

En

vista

de

su

incomparecencia, el tribunal expidió una orden de mostrar

causa por la cual no debieran ser encontrados incursos en

desacato

1996,

por

el

sus

incomparecencias

licenciado

representación

legal

de

Rosado

la

señora

del

27

de

Nieves,

febrero

la

Quiñones

y

de

anterior

la

propia

señora Quiñones. El tribunal señaló vista para el 28 de

marzo de 1996.

El 28 de marzo de 1996 compareció el licenciado Rosado

Nieves

y

localizar

le

a

indicó

la

al

señora

tribunal

Quiñones.

que

no

Informó

había

además

podido

que

la

___________________________

de Primera Instancia a la señora Quiñones. Al adjudicársele

a ésta la finca por el valor de $50,735.00, el Tribunal de

Primera Instancia sostuvo que el señor Betancourt tiene

derecho a la mitad de esa cantidad menos el crédito de

$12,847.00 antes descrito para un total $12,520.00.

CP-2000-14

propiedad

8

cuya

subasta

es

impugnada

fue

vendida

a

una

tercera persona. Ese día se señaló vista para el 27 de

junio

de

1996

y

se

expidió,

en

contra

de

la

señora

Quiñones, una orden de mostrar causa por la cual no debiese

ser

encontrada

además

el

incursa

pago

de

en

doce

desacato

mil

civil.

quinientos

Se

le

veinte

ordenó

dólares

($12,520.00) en o antes de la vista señalada para el 27 de

junio.

A

dicha

vista

el

licenciado

Rosado

Nieves

compareció. En ésta el tribunal ratificó la orden expedida

en cuanto a la señora Quiñones para el pago de los $12,520

más intereses.

Luego de varios incidentes procesales ante el Tribunal

de Primera Instancia, el 13 de marzo de 1997, se ordenó a

la

señora

Quiñones

el

pago

de

la

referida

suma

en

un

término de cinco días bajo apercibimiento de desacato y la

posibilidad de ordenar su arresto por su incumplimiento.7 No

se

desprende

de

la

minuta

que

se

haya

notificado

al

licenciado Rosado Nieves. Dicha orden se volvió a notificar

el 6 de mayo de 1998 esta vez con acuse de recibo.

El 5 de mayo de 1998 se celebró una vista sobre el

estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado

Nieves ni su clienta comparecieron. Según el Informe del

Comisionado Especial, el querellado no fue citado. Debemos

Se ordenó la notificación de dicha orden a través de un

abogado que residía en la misma jurisdicción que la señora

Quiñones debido a que ésta reside fuera de la jurisdicción

del Tribunal. El 5 de mayo de 1998 el tribunal ordenó que

dicha orden fuese notificada a la última dirección conocida

en Worchester, Massachussets.

7

CP-2000-14

9

aclarar que ya para esta fecha el querellado no ostentaba

la

representación

de

la

señora

Quiñones,

que

como

mencionáramos anteriormente, culminó el 23 de septiembre de

1996

cuando

el

tribunal

le

aceptó

la

renuncia

a

la

representación, esto notificado el 30 de septiembre de ese

mismo año. No obstante, el tribunal procedió a citar al

querellado para el 11 de junio de 1998 bajo apercibimiento

de desacato. Dicha orden fue diligenciada el 21 de mayo de

1998.

Aunque el licenciado Rosado Nieves ya no ostentaba la

representación de la señora Quiñones, al día siguiente de

la notificación de la orden antes mencionada, éste presentó

una

moción

informativa

señalando

que

para

la

fecha

que

había sido citado éste se iba a encontrar fuera de Puerto

Rico y señaló varias fechas hábiles.

Dicha moción fue

radicada el 22 de mayo a las 8:53 AM según evidencia el

sello del tribunal. Debido a que no recibió comunicación

alguna

del

secretaria

tribunal,

para

que

el

día

de

la

vista

informara

al

tribunal

envió

que

a

su

éste

se

encontraba fuera de Puerto Rico. Recalcamos que para esta

fecha hacía año y medio que el licenciado Rosado Nieves no

ostentaba la representación legal de la señora Quiñones.

En vista de la incomparecencia del licenciado

Rosado

Nieves el Tribunal de Primera Instancia ordenó su arresto

el 12 de junio de 1998. Dicha orden fue diligenciada, se

trajo al querellado ante el tribunal pero éste sufrió una

CP-2000-14

10

caída en el propio tribunal y fue excusado para que fuese

llevado

al

hospital.

Sin

embargo,

el

licenciado

Rosado

Nieves en vez de acudir al hospital se fue a su casa.

Debido a que el tribunal sólo autorizó la ida al hospital,

consideró

que

el

que

éste

se

hubiese

ido

a

su

casa

constituyó un incumplimiento de las órdenes del tribunal.

Por esta razón, el tribunal lo declaró incurso en desacato

civil

ordenó

su

encarcelamiento

inmediato

fijándole

una

fianza de diez mil dólares y señaló una vista para el 29 de

junio “a los fines de considerar la conveniencia de la

continuación de su reclusión”.

El 22 de junio se llamó el caso fuera de calendario y

comparecieron el querellado y el fiscal de distrito.

Allí

se explicó lo sucedido el 15 de junio, en cuanto a su caída

y que la razón para irse a su casa en vez de al hospital

fue la tardanza de la ambulancia y la persistencia de su

dolor. El tribunal dejó sin efecto la orden de arresto del

15 de junio. Sobre la vista señalada para el 29 de junio de

1998 no tenemos minuta.

En vista de lo anterior, el 24 de junio de 1998, el

licenciado Rosado Nieves radicó una querella en contra del

Hon. Rafael L. Vissepó Vázquez8 por actuaciones indebidas.

La Oficina de Administración de Tribunales no encontró que

el

Juez

hubiese

incurrido

en

conducta

impropia

que

Juez del Tribunal de Primera Instancia que posteriormente

elevó los autos del caso ante el Tribunal Supremo para que

se ejerciera nuestra jurisdicción disciplinaria.

8

CP-2000-14

11

justificase

la

elevación

de

la

investigación

para

la

consideración del Tribunal Supremo.

El licenciado Rosado Nieves fue citado para una vista

el 9 de diciembre de 1998 a la que éste, a pesar de que ya

no

fungía

como

Quiñones,

la

representación

compareció

y

entregó

legal

unos

de

la

señora

documentos

que

le

habían sido requeridos. Ese día se le dio un término de

treinta

días

defensas

que

presentara

que

estimase

pertinente.

En

dicha

le

recordó

al

que

no

querellado

para

un

tribunal

memorando

con

las

vista,

el

ostentaba

la

representación de la señora Quiñones desde 1996, que no

tenía ningún tipo de comunicación con su ex cliente y no

conocía de su paradero.

No

obstante,

el

28

de

enero

de

1999

mediante

una

moción informativa, el licenciado Rosado Nieves le informó

al Tribunal que la señora Quiñones estaba de acuerdo en

pagar la cantidad adeudada a su ex esposo ($12,520.00).9 El

25 de octubre de 1999 el Tribunal de Primera Instancia

emitió

una

resolución

en

que

le

ordenó

cantidad

de

doce

Quiñones

satisfacer

la

dólares

($12,520.00)

más

la

los

intereses

a

mil

la

señora

quinientos

devengados

desde

octubre de 1993 hasta que la totalidad del dinero fuera

consignado.10

Primero envió seis mil dólares ($6,000.00) y luego envió

dos mil dólares ($2,000.00). Se solicitó del tribunal

autorización para consignar este dinero.

10

Para esta consignación se concedió un plazo de treinta y

cinco días. El tribunal autorizó la consignación de los

9

CP-2000-14

12

II

En

síntesis

circunscribe

la

a

controversia

determinar

si

el

que

nos

ocupa

se

con

su

querellado,

conducta, incurrió en violación de los Cánones de Ética

Profesional. En primer lugar, se le imputan violaciones al

Canon

12

producidos

debido

a

por

sus

señalamientos

del

las

dilaciones

repetidas

tribunal.

En

en

los

procedimientos

incomparecencias

a

segundo

debemos

término,

los

determinar si incurrió en conducta violatoria del Canon 23

al adquirir interés en el dinero obtenido como producto de

la

venta

de

una

propiedad

de

su

clienta.

Por

último,

debemos determinar si la participación del querellado en el

otorgamiento de las escrituras referentes al bien de su

clienta

atentan

contra

los

postulados

éticos

que

rigen

nuestra profesión.

A

Los abogados son una parte esencial del proceso de

impartir

justicia

y

como

tal

tienen

la

ineludible

encomienda de desempeñar su labor con la mayor diligencia,

responsabilidad e integridad. In re Ortiz Velásquez, 145

D.P.R. 308 (1998); In re Córdova González, 135 D.P.R. 260

___________________________

ocho mil dólares $8,000.00 enviados anteriormente como pago

parcial de lo adeudado. Surge del expediente que el señor

Betancourt presentó una moción informativa donde sostiene

que recibió un cheque por dos mil dólares adicionales a los

ya consignados. No surge del Informe que se haya presentado

prueba adicional en cuanto al saldo de la deuda pero

tampoco se presentó prueba en contrario. Debemos señalar

que no surge que el señor Betancourt haya reclamado nada

más ante el Tribunal.

CP-2000-14

13

(1994). El Canon 12 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

AP. IX, C.12, le impone la obligación a la profesión togada

de ser entes diligentes y responsables en la tramitación de

los

casos

evitando

así

dilaciones

innecesarias

que

entorpezcan la resolución de los mismos. Así pues, se le

impone

el

deber

a

todo

abogado

a

ser

puntual

en

su

asistencia y conciso y diligente en la presentación de sus

causas.

Ello

desplegar

implica

todas

las

que

tienen

diligencias

la

responsabilidad

necesarias

para

de

evitar

indebidas dilaciones en su tramitación y solución de los

casos. Canon 12 de los de Ética Profesional, supra. Por

tanto,

la

incomparecencia

injustificada

a

las

vistas

señaladas por el tribunal, ocasionando la suspensión de las

mismas,

dilatando

así

la

tramitación

de

las

de

los

causas,

es

violatorio del Canon 12.

B

Por

otro

lado,

el

Canon

23

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.23, prohíbe, en primer

lugar, que el abogado adquiera interés o participación en

el litigio que le haya sido encomendado. El mismo también

dispone que la relación entre un abogado y su cliente es de

naturaleza

fiduciaria

por

lo

que

ésta

tiene

que

estar

fundada en la honradez absoluta. Resalta además que cuando

el

letrado

advenga

en

posesión

de

bienes

o

dinero

del

cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y

nunca debe mezclar dichos bienes con los suyos propios.

CP-2000-14

14

Como mencionáramos, el Canon 23, supra, prohíbe que el

abogado adquiera interés o participación en el asunto en

litigio que le fue encomendado. No obstante, el carácter

litigioso del bien tiene que coincidir en tiempo con la

intervención

del

abogado

en

el

litigio

en

relación

con

dicho bien. Una vez concluido el litigio, el Canon 23 no es

impedimento para que, en pago de los honorarios, se le

otorgue una participación en el bien del cliente. In re

Castro Mesa, 131 D.P.R. 1037 (1992).

Además, en virtud de lo dispuesto por el Canon 23,

supra, los abogados deben velar porque la relación entre el

abogado

y

el

cliente

sea

transparente.

La

naturaleza

fiduciaria de la relación entre el abogado y el cliente

exige que exista una confianza absoluta entre ambos. Esta

transparencia es de vital importancia en los asuntos de

carácter económico.

Por

último,

el

Canon

23

claramente

prohíbe

la

retención y disposición inapropiada de cualquier suma de

dinero

pertenecientes

a

los

clientes.

In

re

Gorbea

Martínez, res. el 1ro de diciembre de 1999, 99 T.S.P.R.

190;

In

re

Fernández

Paoli,

141

D.P.R.

10

(1996).

La

retención de fondos pertenecientes a sus clientes por parte

de un abogado amerita sanción aunque los hubiere devuelto o

no hubiese tenido la intención de apropiárselos. Por esto,

reiteradamente

autorizada,

hemos

sumas

de

expresado

dinero

que

retener,

en

forma

no

pertenecientes

al

cliente

o

CP-2000-14

disponer

15

de

gravemente

ellas

impropiamente,

impermisible

de

un

constituye

abogado.

In

conducta

re

Marrero

Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Vázquez O’Neill,

121 D.P.R. 623 (1988).

Hemos expresado que aún en circunstancias en que un

cliente acuerde pagar honorarios tan pronto reciba dinero

en

su

caso,

no

se

justifica

que

el

abogado,

sin

consentimiento del cliente, endose los cheques y se apropie

de

los

mismos.

In

re

Pereira

Estévez,

147

D.P.R.

147

(1998); In re Fernández Paoli, supra; In re Báez Torres,

108 D.P.R. 358 (1979). En fin, el letrado no puede, aunque

se le adeuden honorarios, cobrar los mismos por su cuenta.

In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

En síntesis, la transparencia de las relaciones entre

abogado

cliente

y

la

naturaleza

fiduciaria

de

dicha

relación basada en honestidad absoluta es piedra angular

para

nuestro

sistema

jurídico.

Por

esta

razón,

reiteradamente hemos establecido que los abogados no deben

cobrar indebidamente los honorarios de abogado, retener sin

autorización dinero de sus clientes, ni disponer de éstos

impropiamente.

C

La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de

julio de 1987, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., le impone al

notario una función dual. Por un lado, sirve como agente

instrumental del documento notarial, por el otro, es un

CP-2000-14

16

profesional

del

Derecho

con

el

deber

de

asesorar

y

aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón Ramery,

133 D.P.R. 555 (1993).

El abogado notario representa la fe pública. Es el

testigo por excelencia que da forma al convenio entre las

partes. Como parte de su función tiene el deber de asesorar

y advertir sobre los aspectos legales del instrumento que

ante él se otorgan y que éste autoriza. El abogado notario

tiene

que

ser

imparcial

incluso

cuando

éste

haya

representado a uno de los otorgantes anteriormente. Éste

tiene

la

obligación

de

asesorar

por

igual

a

ambos

otorgantes.

El notario no es un simple observador de un negocio

que

ante

él

cerciorarse

de

se

la

otorga.

Su

identidad

función

no

de

partes

las

se

limita

a

y

la

de

autenticidad de sus fincas. El notario ostenta una función

pública que “trasciende la de un autómata legalizador de

firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción

que ante él se concreta.” In re Colón Ramery, supra.

La labor notarial debe ser ejercida con sumo esmero,

cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la

Ley Notarial y los Cánones de Ética Profesional. In re

Pizarro Colón, res. el 25 de mayo de 2000, 2000 T.S.P.R.

106; In re Vera Vélez, res. el 5 de abril de 1999, 99

T.S.P.R. 46.

CP-2000-14

17

La buena observancia de las responsabilidades de la

profesión, tanto de abogado como en su función notarial,

imponen al notario el deber de realizar las averiguaciones

mínimas

pertinentes

requeridas

por

las

normas

más

elementales de la profesión. El notario tiene además el

deber

de

hacer

las

advertencias,

aclaraciones

y

explicaciones necesarias en el otorgamiento de determinado

negocio, asegurándose pues de que las partes presten un

consentimiento informado. In re Pizarro Colón, supra; In re

Jiménez Brackel, res. 11 de mayo de 1999, 99 T.S.P.R. 73.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la

situación que tenemos ante nos.

III

A

El Procurador sostuvo que el licenciado Rosado Nieves

violó el Canon 12 de los de Ética Profesional al desplegar

una

conducta

la

cual

fue

causante

de

dilaciones

innecesarias durante la impugnación de subasta en el caso

Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz. En

dicho

caso,

sostuvo

el

Procurador,

el

licenciado

Rosado

Nieves no cumplió con varios señalamientos del tribunal ni

con órdenes emitidas por el mismo. Sin embargo, del Informe

del Comisionado se desprende que a las únicas vistas a las

que el querellado no compareció fueron aquéllas de las que

no fue notificado. Cabe señalar que mientras fue notificado

CP-2000-14

18

acudió a todas, incluso cuando ya no era abogado de la

señora Quiñones. Veamos.

La

primera

vista

para

el

caso

de

impugnación

de

subasta fue señalada para el 8 de diciembre de 1995. Aunque

a esta vista el licenciado Rosado Nieves no compareció, no

se desprende del expediente que el querellado hubiese sido

citado

para

la

misma.

No

podemos,

por

tanto,

responsabilizar al querellado por esta ausencia.

El Tribunal señaló la vista para el 27 de febrero de

1996.

Al estudiar la minuta de la vista del 8 de diciembre

en la cual se señaló esta segunda vista, concluimos que de

la misma no se desprende que el licenciado Rosado Nieves

fuese notificado. De hecho, se desprende de dicha minuta

que quien fue notificado de la vista fue el abogado que

había

ostentado

la

representación

de

la

señora

Quiñones

antes que el licenciado Rosado Nieves asumiera la misma.

Como

mencionáramos,

el

letrado

que

fue

notificado

había

renunciado en 1993, y ese mismo año fue sustituido por el

licenciado Rosado Nieves. A la vista del 27 de febrero el

querellado, como era de esperarse, tampoco compareció. El

tribunal señaló vista para el 28 de marzo de 1996.11

El

23

de

septiembre

de

1996

la

renuncia

a

la

representación legal de la señora Quiñones, presentada por

el licenciado Rosado Nieves, fue aceptada por el tribunal.

El 28 de marzo de 1996 compareció el querellado pero como

no se había localizado a la señora Quiñones se señaló vista

para el 27 de junio de 1996. El 27 de junio de 1996 el

querellado compareció a la vista señalada.

11

CP-2000-14

19

El 5 de mayo de 1998 se celebró una vista sobre el

estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado

Nieves ni su clienta comparecieron. Según se desprende del

Informe

del

Comisionado

Especial,

el

licenciado

Rosado

Nieves no fue citado para la misma. Además ya para esa

fecha

éste

señora

no

ostentaba

Quiñones.

No

la

representación

obstante,

el

legal

tribunal

de

la

procedió

a

citarlo para el 11 de junio de 1998 bajo apercibimiento de

desacato.

Un día después del diligenciamiento de esta citación,

el licenciado Rosado Nieves presentó una moción informando

que para esa fecha se encontraría fuera de Puerto Rico y

ofreció ocho fechas hábiles para señalamiento las cuales

implicaban sólo 4 días de demora. No olvidemos que para

esta

fecha

el

licenciado

Rosado

Nieves

no

ostentaba

la

representación legal de la señora Quiñones. Debido a que no

recibió

comunicación

alguna

del

tribunal,

el

día

de

la

vista compareció su secretaria para informar al tribunal

que éste se encontraba fuera de Puerto Rico. Considerando

que éste ya no era abogado de la señora Quiñones, que envió

con tiempo una moción en la que propuso ocho fechas hábiles

para el traslado, el Comisionado concluyó, conclusión que

acogemos, que el licenciado Rosado Nieves fue diligente al

enviar a su secretaria a excusarlo el día de la vista.

Por último, el querellado, a pesar de que ya no fungía

como

la

representación

legal

de

la

señora

Quiñones,

CP-2000-14

20

compareció respondiendo a una orden dada por el Tribunal a

una vista el 9 de diciembre de 1998. Llevó consigo ciertos

documentos que le habían sido requeridos. Ese día se le dio

un

término

defensas

Nieves

para

que

le

que

presentara

estimase

recordó

un

memorando

con

pertinente.

El

licenciado

tribunal

que

no

al

las

Rosado

ostentaba

la

representación de la señora Quiñones desde 1996, y que no

tenía ningún tipo de comunicación con su ex cliente. El

licenciado

Rosado

Nieves

no

cumplió

con

someter

el

memorando de derecho. Siendo esta actuación la única orden

emitida por el tribunal con la que no cumplió el querellado

a pesar de tener conocimiento de la misma. Sin embargo, al

analizar este incumplimiento tomamos en consideración que

el

licenciado

Rosado

Nieves

había

sido

relevado

de

la

representación legal de la señora Quiñones por el tribunal

de instancia en septiembre de 1996, que así reiteradamente

lo

informó

al

señalamientos

tribunal

y

entregas

de

y

que

no

obstante

documentos

cumplió

con

solicitados,

que

eventualmente consiguió a la señora Quiñones que se había

mudado fuera de Puerto Rico y que logró que ésta pagara lo

debido al señor Betancourt.

A

tenor

con

lo

antes

cuanto

al

primer

cargo,

el

puede

ser

responsabilizado

expuesto,

entendemos

licenciado

Rosado

por

su

que

en

Nieves

no

incomparecencia

al

tribunal a vistas para las cuales no había sido citado.

Además, el licenciado Rosado Nieves fue diligente en su

CP-2000-14

21

actuación en el tribunal, incluso cuando ya no era abogado

de la señora Quiñones. Consiguió a su antigua clienta y

logró

un

acuerdo

comprometió

a

entre

pagar

las

la

partes

deuda

en

el

reclamada

cual

por

ésta

el

se

señor

Betancourt. El letrado sólo dejó de cumplir con la orden de

someter el memorando de derecho sin solicitar que se le

excusara de dicha diligencia. Por considerar que para ese

momento éste ya no era abogado de la señora Quiñones y que

así lo hizo constar al tribunal, y que entregó al tribunal

todo documento que le fuere solicitado, entendemos que no

procede sancionarlo por dicho cargo.

B

Por otro lado, el Procurador General sostuvo que el

licenciado Rosado Nieves incurrió en violación del Canon 23

al haber adquirido un interés y participación personal en

el

dinero

obtenido

por

su

cliente

en

la

venta

de

una

propiedad de ésta. Por dicha transacción, en la cual el

licenciado Rosado Nieves fungió como notario, éste recibió

un

cheque

por

($26,000.00)

de

la

cantidad

parte

de

de

Doral,

veintiséis

entidad

que

mil

dólares

ofreció

el

financiamiento del negocio. De la cantidad recibida por el

licenciado

Rosado

Nieves,

once

mil

dólares

($11,000.00)

correspondían al pago de una deuda personal que tenía la

señora Quiñones con éste. El resto del dinero correspondió

CP-2000-14

22

al pago de gastos y sus honorarios por distintas gestiones

realizadas en beneficio de la señora Quiñones.12

De la prueba presentada ante el Comisionado surge que

la

señora

relacionada

Quiñones

nunca

se

con

trabajo

legal

el

querelló

del

de

la

conducta

licenciado

Rosado

Nieves ni con la retención de los $26,000.00, al contrario

estuvo conforme. Dicha retención fue hecha en su presencia

y con su anuencia.

El

Canon

participación

23

en

prohíbe

el

asunto

la

adquisición

de

en

litigio.

estos

A

interés

o

efectos

hemos establecido que el carácter litigioso del bien tiene

que coincidir en tiempo con la intervención del abogado en

el litigio en relación con dicho bien. Como mencionáramos,

nada impide que una vez concluido el litigio, en pago de

los honorarios, se le otorgue una participación en el bien

del cliente. In re Castro Mesa, supra.

En el caso de autos, el licenciado Rosado Nieves fue

contratado

para

ejecutar

una

sentencia

de

un

pleito

de

liquidación de una sociedad de gananciales. El bien objeto

de liquidación fue vendido en pública subasta donde se le

El Procurador General solicitó del querellado un desglose

de los honorarios cobrados por éste que ascendieron a

veintiséis mil dólares ($26,000.00). En dicho desglose el

licenciado Rosado Nieves alegó que de los veintiséis mil

dólares ($26,000.00) que éste recibió por conducto de un

cheque emitido por Doral, once mil dólares ($11,000.00)

eran de una deuda que tenía la señora Quiñones con éste por

la venta de un Toyota propiedad del querellado; $1,814.57

corresponden a costos de tres escrituras y; $13,185.43

corresponden a honorarios por servicios legales ofrecidos a

la señora Quiñones.

12

CP-2000-14

23

adjudicó a su clienta. Eventualmente, la clienta vendió el

inmueble a un tercero y es de esta venta que el querellado

recibió $ 26,000.00. Debemos señalar que dicho inmueble ya

no era objeto de litigio alguno por lo que es perfectamente

válido que con la venta del mismo se paguen los honorarios

del abogado o cualquier otra deuda que se tuviere con éste.

El Canon 23 también obliga al letrado a dar pronta

cuenta del dinero o bienes del cliente recibidos por el

abogado y proscribe que éste mezcle dichos bienes con los

suyos propios. A estos efectos, hemos dicho que es conducta

contraria a los cánones el que un abogado, aunque se le

adeuden honorarios, cobre los mismos por su cuenta. In re

Morales Soto, supra. Sin embargo, la conducta que se quiere

evitar es que el abogado cobre indebidamente los honorarios

de abogado que se le adeuden, sin el conocimiento y la

autorización de sus clientes, al momento de recibir dinero

o bienes pertenecientes a sus clientes.

En el caso de autos, la transacción en la cual se le

hizo un cheque por veintiséis mil dólares ($26,000.00) a

favor

del

licenciado

Rosado

Nieves

se

hizo

con

pleno

conocimiento y aprobación de la clienta. Nótese que Doral

financió la compraventa entregando tres cheques diferentes

entre

los

querellado.

que

se

Dicha

encontraba

entrega

se

el

hecho

a

favor

hizo

frente

a

la

del

señora

Quiñones en el otorgamiento de la escritura de compraventa

de la propiedad con el tercero.

Además, la señora Quiñones

CP-2000-14

24

reconoció la deuda personal que tenía con el licenciado

Rosado

Nieves

por

la

venta

del

auto

y

por

honorarios

debidos.

A tenor con lo expuesto anteriormente concluimos que

el

licenciado

Rosado

Nieves

no

incurrió

en

conducta

contraria al Canon 23 de Ética Profesional al recibir un

cheque

producto

de

la

compraventa

de

un

inmueble

perteneciente a la señora Quiñones en concepto de pago por

deuda previa y honorarios devengados debido a que dicho

pago fue con el consentimiento de la clienta.

Además dicho

bien no constituía un bien litigioso al momento en que se

realizó la venta del inmueble pues el mismo había sido

adjudicado por venta judicial a la señora Quiñones.

Por su parte, el negocio del automóvil fue uno aparte

del caso de liquidación de la sociedad de gananciales y de

las propiedades envueltas en la misma. Ese negocio nada

tenía que ver con el inmueble objeto de la venta judicial,

que luego fue vendido a un tercero y, por consiguiente, no

tenía

relación

querellado.

En

con

las

fin,

la

escrituras

venta

del

otorgadas

auto

tampoco

por

el

es

una

violación del Canon 23 debido a que el mismo nunca fue

parte de litigio alguno.13

13

Por otro lado, desde In re Toro Cubergé, 140 D.P.R.

523 (1996), advertimos que al amparo del Canon 21, 4

L.P.R.A. Ap. IX C.21, las relaciones comerciales entre los

abogados y sus clientes son desfavorecidas. La norma que

allí establecimos va dirigida a prohibir, de ordinario, las

transacciones comerciales entre un abogado y su cliente

cuando las mismas tienen el potencial de afectar el juicio

CP-2000-14

25

C

En adición al señalamiento de la posible violación al

deber de imparcialidad que debe guardar todo notario al

autorizar un negocio jurídico, el Comisionado

atención

en

cuanto

a

una

violación

nos llama la

incurrida

por

el

licenciado Rosado Nieves tanto al autorizar la escritura de

adjudicación

judicial

escritura

compraventa

de

como

en

del

la

autorización

inmueble

con

el

de

la

tercero.

Expone que según la sentencia emitida en la liquidación de

la sociedad de gananciales surgía que ambos ex cónyuges

tenían

derechos

consiguiente,

propietarios

señala

el

sobre

Comisionado,

el

si

bien.

alguno

de

Por

los

propietarios tramitaba la venta en pública subasta tenía

que honrarle su participación al otro propietario o hacer

___________________________

profesional independiente del abogado o cuando éstas puedan

afectar el deber de lealtad y fidelidad que se le debe al

cliente.

Dichas

transacciones

comerciales

son

inherentemente sospechosas debido a que no sólo el juicio

profesional independiente del abogado puede ser seriamente

afectado por sus intereses personales en la transacción,

sino que la naturaleza desigual de la relación abogadocliente la hace susceptible de múltiples abusos. In re

Morell, res. el 5 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 34.

Aunque las transacciones comerciales entre abogado y

cliente son de ordinario desfavorecidas, en el caso de

autos la venta del carro no tuvo el efecto de afectar el

juicio profesional independiente del abogado ni el deber de

lealtad y fidelidad que éste le debía a la señora Quiñones.

De hecho la señora Quiñones jamás de quejó del desempeño de

su letrado y ratificó en varias ocasiones su conformidad

con dicha venta.

CP-2000-14

26

constar dicha participación en las escrituras autorizadas.14

Por su parte, el licenciado Rosado Nieves alegó que no

podía

hacer

constar

la

suma

reclamada

por

el

señor

Betancourt porque la misma no surgía de la sentencia. Esto,

debido a que la suma que se desprende de la sentencia está

basada en la valoración del bien en setenta y cinco mil

setecientos setenta y cinco dólares ($75,775.00) mientras

que la suma reclamada está basada en el valor en que se

adjudicó finalmente el bien.

Estos

señalamientos

nos

obligan

a

examinar

el

desempeño como notario del licenciado Rosado Nieves en los

procedimientos

relacionados

a

la

autorización

de

las

escrituras relacionadas a la venta judicial del inmueble y

su

subsiguiente

compraventa.

En

primer

lugar,

debemos

analizar si su interés en el producto de la compraventa que

éste

autorizó

tuvo

el

efecto

de

violentar

el

deber

de

imparcialidad que debe ejercer todo notario en el ejercicio

de su función. Por otro lado, debemos estudiar el cuidado

ejercido por el licenciado Rosado Nieves en la autorización

de

tanto

la

escritura

de

venta

judicial

como

en

la

de

como

un

compraventa.

Hemos

afirmado

que

el

notario

se

destaca

“funcionario imparcial, que recibe, expone y legitima la

voluntad de los que ante él comparecen sin tomar bando, sin

Aunque en la Querella presentada no se le imputa ningún

cargo relacionado con éste señalamiento, en el Informe

presentado por el Procurador, al cuál el licenciado Rosado

Nieves reaccionó, sí se discute.

14

CP-2000-14

inclinarse

27

a

un

lado

u

otro”.

D.P.R.

386,

396

(1977).

advertir

ha

de

desplegarse

Su

In

re

Cancio

Sifre,

106

de

orientar

y

por

igual,

con

obligación

para

todos

imparcialidad. Incluso, hemos precisado que no basta ser

imparcial,

Sepúlveda

también

Girón,

hay

res.

que

el

24

aparentarlo.

Véase,

de

de

octubre

In

2001,

re

2001

T.S.P.R. 153; In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 102 (1992); In

re Cancio Sifre, supra.

El licenciado Rosado Nieves, al fungir como notario en

la escritura de compraventa otorgada por la señora Quiñones

y un tercero, debía guardar la imparcialidad requerida en

el ejercicio del notariado. En el caso de autos, parte del

dinero

obtenido

querellado

ya

en

la

compraventa

beneficiaría

al

con

el

producto

la

le

que

de

misma

se

pagarían tanto los honorarios devengados por éste en sus

funciones como abogado de la cliente en el procedimiento de

ejecución de la sentencia, como los costos del otorgamiento

de

ambas

escrituras

cliente con éste.

y

una

deuda

anterior

que

tenía

la

En el caso de autos, nos es forzoso

concluir que al autorizar la escritura de compraventa el

querellado

jurídico

haber

tenía

que

un

interés

autorizaba.

afectado

el

particular

Dicho

carácter

de

interés

sobre

el

negocio

particular

imparcialidad

que

pudo

debe

observar todo notario y su deber de orientar por igual y

con el mismo esmero y rectitud a las partes envueltas en el

CP-2000-14

28

negocio ya que ninguna de ellas es su “cliente” para estos

fines.

Por lo antes expuesto, concluimos que el licenciado

Rosado

Nieves

actuó

pronunciamientos

en

en

contravención

cuanto

a

la

con

nuestros

imparcialidad

que

debe

guardar todo notario.

Por otro lado, debemos analizar el cuidado ejercido

por el licenciado Rosado Nieves al autorizar la escritura

de

venta

judicial

y

posteriormente

la

de

compraventa.

Llama la atención que en ninguna de las dos escrituras se

señaló que el señor Betancourt tenía una participación en

dicha propiedad. El licenciado Rosado Nieves no sólo tuvo

ante sí la sentencia de 1989 sino que estuvo encargado de

solicitar

la

ejecución

de

dicha

sentencia

por

lo

que

necesariamente debió tener conocimiento de la participación

del señor Betancourt en el inmueble. Sin embargo, no se

desprende

cuando

que

éste

haya

último

hecho

advertencia

adjudicó

el

alguna

inmueble

al

a

la

alguacil

señora

Quiñones por el valor de su acreencia sin tan siquiera

mencionar la acreencia del señor Betancourt. El licenciado

Rosado Nieves debió haber hecho constar lo expresado en la

sentencia en cuanto a la participación del señor Betancourt

en ambas escrituras. Era su deber también advertir a las

partes otorgantes en los distintos negocios acerca de la

participación del señor Betancourt en el inmueble.

CP-2000-14

La

29

falta

siendo

éste

de

el

cuidado

del

abogado

de

licenciado

la

señora

Rosado

Quiñones

Nieves

en

la

ejecución de la sentencia, teniendo conocimiento de que el

bien objeto de venta judicial era un bien ganancial donde

tanto

su

cliente

como

el

ex

esposo

participación

es

inexcusable.

La

contravención

con

el

cuidado

deber

de

de

misma

ésta

va

tenían

en

exigido

clara

a

todo

notario.

Por todo lo antes expuesto, concluimos que en cuanto a

este último aspecto el licenciado Rosado Nieves no desplegó

la

diligencia

profesión.

Él

y

cuidado

dejó

de

exigido

cumplir

por

con

la

las

práctica

de

la

obligaciones

más

básicas de diligencia y cuidado que se le exigen a los

letrados

al

no

asegurarse

que

tanto

los

documentos

que

dieron lugar a la venta en pública subasta como en los

trámites

posteriores

conducentes

a

la

compraventa

del

inmueble se salvaguardara el derecho del señor Betancourt a

que

se

incurrió

reconociera

en

su

violación

interés

en

la

al

de

cuidado

deber

propiedad.

al

Además,

dejar

de

advertir a los otorgantes y no consignar en las escrituras

lo relativo al interés del señor Betancourt en la propiedad

objeto de compraventa.

Por los fundamentos anteriores se dictará sentencia

mediante la cual se suspenderá al Lic. Ángel M. Rosado

Nieves del ejercicio de la notaría por el término de nueve

(9) meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Se

CP-2000-14

ordena

a

30

la

Oficina

del

Alguacil

que

incaute

su

obra

notarial para el trámite de rigor correspondiente por la

Directora de Inspección de Notarías.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Ángel M. Rosado Nieves

CP 2000-14

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace

formar parte integral de la presente, se dicta

Sentencia y se suspende al Lic. Ángel M. Rosado

Nieves del ejercicio de la notaría por el término

de nueve (9) meses, contados desde la notificación

de la presente.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que

incaute la obra notarial del licenciado para que

sea remitida y examinada y oportunamente objeto de

un Informe por parte de la Oficina de Inspección

de Notarías.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El

Juez Presidente señor Andréu García no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo