Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: ANGEL M. ROSADO NIEVES
2003 TSPR 125
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: ANGEL M. ROSADO NIEVES
CP-2000-0014
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Querella
In re:
2003 TSPR 125
Ángel M. Rosado Nieves
159 DPR ____
Número del Caso: CP-2000-14
Fecha: 30 de junio de 2003
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Vanessa Lugo Flores
Subprocuradora General
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Héctor A. Sostre Narváez
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva una vez advenga final y
firme la Sentencia, conforme la Regla 45 del Reglamento
del Tribunal Supremo sobre reconsideración).
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso
de
compilación
y
publicación
oficial
de
las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Ángel M. Rosado Nieves
CP-2000-14
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.
En
el
presente
recurso
dilucidar
si
el
Ángel
Lic.
nos
M.
corresponde
Rosado
Nieves
incurrió en conducta violatoria de los Cánones 12
y
23
de
los
de
Ética
Profesional,
representación
legal
de
señora
procedimientos
relacionados
una
de
sentencia
la
en
su
Quiñones
en
de
con
la
ejecución
liquidación
de
una
sociedad
ganancial y otros procedimientos posteriores.
I
El
25
de
octubre
de
1999
el
Juez
Rafael
Vissepó Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia
de Carolina, mediante resolución, ordenó que se
elevara
el
expediente
del
caso
de
Guillermina
CP-2000-14
3
Quiñones
Rosario
v.
Tribunal
examinara
Cruz
el
Betancourt
Ruiz
para
que
este
comportamiento
del
Lic.
Ángel
M.
Rosado Nieves (en adelante licenciado Rosado Nieves) a la
luz de los postulados éticos que rigen la profesión legal.
A esos efectos, este Tribunal ordenó al Procurador General
la investigación correspondiente.
Oportunamente,
Informe.
En
el
el
mismo,
Procurador
sostuvo
General
que
el
rindió
licenciado
su
Rosado
Nieves incurrió en violación al Canon 12 de los de Ética
Profesional al desplegar una conducta la cual fue causante
de
dilaciones
innecesarias
durante
la
impugnación
de
subasta en el caso Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz
Betancourt Ruiz. En dicho caso, el licenciado Rosado Nieves
no cumplió con varios señalamientos del tribunal ni con
órdenes emitidas por el mismo. Por otro lado, el Procurador
señaló
que
el
licenciado
Rosado
Nieves
incurrió
en
violación del Canon 23 al haber adquirido un interés y
participación personal en el dinero obtenido por su cliente
en la venta de una propiedad de ésta.
Examinado
el
Informe
del
Procurador
General
se
le
instruyó que presentase los cargos correspondientes. Una
vez
el
licenciado
Rosado
presentada,
nombramos
recibiera
aquilatara
rigor,
y
éste
nos
ha
un
la
Nieves
contestó
Comisionado
prueba.
sometido
su
la
Especial
Luego
Informe
del
del
desprende el siguiente trasfondo fáctico y legal.
querella
para
que
examen
de
cual
se
CP-2000-14
4
En 1989 se dictó sentencia en el caso de Guillermina
Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz poniendo fin a un
pleito
de
compuesta
liquidación
por
de
la
Guillermina
sociedad
Quiñones
de
gananciales
Rosario
y
Cruz
Betancourt Ruiz (en adelante, la señora Quiñones y el señor
Betancourt). En dicha sentencia se dispuso lo referente a
la adjudicación y liquidación de los bienes de la referida
sociedad ganancial. Luego de darle su respectivo valor a
los
bienes
pertenecientes
a
la
sociedad
ganancial
y
de
acreditar los créditos correspondientes a cada uno de los
ex
cónyuges,
el
tribunal
de
instancia
determinó
que
la
parte correspondiente al señor Betancourt era la mitad del
valor total de los bienes1, el cual ascendió a setenta y
cinco mil setecientos setenta y cinco dólares ($75,775.00),
menos un crédito a favor de la señora Quiñones por doce mil
ochocientos cuarenta y siete dólares con cincuenta centavos
($12,847.50).2
En
síntesis,
el
señor
Betancourt
tendría
derecho a obtener la cantidad de veinticinco mil cuarenta
dólares ($25,040.00) de la venta de la propiedad, mientras
que
la
señora
Quiñones
tendría
derecho
a
obtener
la
Consiste en un solar de mil trescientos metros cuadrados
con estructura que consiste en casa principal con cuatro
dormitorios, terraza, marquesina y anexo consistente en
casa de madera techada en zinc con dos dormitorios y
balcón.
2
La mitad del valor de la propiedad sería $37,887.50. A
dicha cantidad se le restaría el crédito por la cantidad de
$12,847.50. Por lo que el señor Betancourt tendría derecho
a $25,040.00.
1
CP-2000-14
cantidad
5
de
cincuenta
mil
setecientos
treinta
y
cinco
dólares ($50,735.00).
El
señora
licenciado
Quiñones
representara
en
Rosado
Nieves
fue
contratado
por
la
el
13
mayo
de
1993
que
la
los
procedimientos
de
la
de
de
para
ejecución
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en
la cual se liquidó la sociedad de gananciales BetancourtQuiñones.
Éste
se
desempeñó
como
abogado
de
la
señora
Quiñones hasta el 23 de septiembre de 1996.3
En 1993, la señora Quiñones solicitó la ejecución de
la referida sentencia. A esos efectos, el tribunal expidió
un mandamiento al Alguacil Ángel L. Hernández Benítez (en
adelante el alguacil) para que se efectuara la venta en
pública subasta del único inmueble de la extinta sociedad
ganancial.
Luego
de
la
celebración
del
correspondiente
procedimiento de subasta, la misma fue declarada desierta4
razón
por
la
cual
se
le
adjudicó
el
bien
a
la
señora
Quiñones por la suma de cincuenta mil setecientos treinta y
cinco dólares ($50,735.00).5 En vista de ello, el 13 de
octubre de 1993 se otorgó la correspondiente escritura de
El licenciado Rosado Nieves presentó la renuncia a la
representación el 4 de septiembre de 1996 la cual fue
aceptada por el tribunal el 23 de septiembre de 1996.
4
No surge del expediente que se haya celebrado una segunda
y una tercera subasta que hayan sido declaradas desiertas
antes de adjudicarle la propiedad a la señora Quiñones por
el valor de su acreencia.
5
Dicha cantidad es la correspondiente a ésta como resultado
de la división de la sociedad ganancial luego de sumado el
crédito adjudicado por el tribunal en la sentencia de
liquidación de la sociedad ganancial. Nada se dispuso sobre
la participación del señor Betancourt.
3
CP-2000-14
6
Adjudicación
licenciado
Judicial
Rosado
la
Nieves.
cual
fue
En
misma,
la
autorizada
por
el
comparecieron
el
alguacil y la señora Quiñones traspasándole el primero a
esta última el dominio absoluto de la propiedad.
En
1995,
compraventa
dicha
en
la
propiedad
fue
la
Quiñones
cual
señora
objeto
dominio de la referida finca a un tercero.
de
traspasó
una
el
Dicha escritura
fue también autorizada por el licenciado Rosado Nieves.
Esta transacción fue financiada por Doral Mortgage (en
adelante
Doral).
A
estos
efectos,
Doral
emitió
diversos
cheques entre los cuales se encuentra uno por veintiséis
mil
dólares
($26,000.00)
a
favor
del
licenciado
Rosado
Nieves. Esto ocurrió en presencia de la señora Quiñones y
con su aquiescencia.
Así las cosas, en octubre de 1995, el señor Betancourt
solicitó del Tribunal de Primera Instancia que se declarara
nula la subasta o, en la alternativa, que se le ordenara a
su ex esposa
mil
consignar en el tribunal la cantidad de doce
quinientos
cantidad
a
participación
veinte
la
que
en
la
dólares
tenía
($12,520.00)
derecho
extinta
en
sociedad
a
su
virtud
de
favor,
de
su
gananciales,
propietaria de la referida finca, según dispuesto por la
sentencia
emitida,
en
1989,
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia.6
En dicha sentencia en donde se valoró la propiedad en
$76,775.00, éste tenía derecho a la mitad de esta cantidad
menos el crédito de $12,847.50 adjudicado por el Tribunal
6
CP-2000-14
A
7
estos
efectos
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
señaló una vista el 8 de diciembre de 1995. A esta vista el
licenciado
Rosado
Nieves
no
compareció.
Sin
embargo,
se
desprende del expediente que éste no fue citado para la
misma. Por esta razón, el tribunal la reseñaló para el 27
de febrero de 1996.
De
la
minuta
de
la
vista
del
8
de
diciembre
se
desprende que el licenciado que fue notificado de la vista
señalada para el 27 de febrero del 1996 fue el antecesor
del querellado quien había renunciado en 1993 y a quien el
licenciado Rosado Nieves sustituyó en mayo de ese mismo
año. A esta vista el licenciado Rosado Nieves, como es de
esperarse,
tampoco
compareció.
En
vista
de
su
incomparecencia, el tribunal expidió una orden de mostrar
causa por la cual no debieran ser encontrados incursos en
desacato
1996,
por
el
sus
incomparecencias
licenciado
representación
legal
de
Rosado
la
señora
del
27
de
Nieves,
febrero
la
Quiñones
y
de
anterior
la
propia
señora Quiñones. El tribunal señaló vista para el 28 de
marzo de 1996.
El 28 de marzo de 1996 compareció el licenciado Rosado
Nieves
y
localizar
le
a
indicó
la
al
señora
tribunal
Quiñones.
que
no
Informó
había
además
podido
que
la
___________________________
de Primera Instancia a la señora Quiñones. Al adjudicársele
a ésta la finca por el valor de $50,735.00, el Tribunal de
Primera Instancia sostuvo que el señor Betancourt tiene
derecho a la mitad de esa cantidad menos el crédito de
$12,847.00 antes descrito para un total $12,520.00.
CP-2000-14
propiedad
8
cuya
subasta
es
impugnada
fue
vendida
a
una
tercera persona. Ese día se señaló vista para el 27 de
junio
de
1996
y
se
expidió,
en
contra
de
la
señora
Quiñones, una orden de mostrar causa por la cual no debiese
ser
encontrada
además
el
incursa
pago
de
en
doce
desacato
mil
civil.
quinientos
Se
le
veinte
ordenó
dólares
($12,520.00) en o antes de la vista señalada para el 27 de
junio.
A
dicha
vista
el
licenciado
Rosado
Nieves
compareció. En ésta el tribunal ratificó la orden expedida
en cuanto a la señora Quiñones para el pago de los $12,520
más intereses.
Luego de varios incidentes procesales ante el Tribunal
de Primera Instancia, el 13 de marzo de 1997, se ordenó a
la
señora
Quiñones
el
pago
de
la
referida
suma
en
un
término de cinco días bajo apercibimiento de desacato y la
posibilidad de ordenar su arresto por su incumplimiento.7 No
se
desprende
de
la
minuta
que
se
haya
notificado
al
licenciado Rosado Nieves. Dicha orden se volvió a notificar
el 6 de mayo de 1998 esta vez con acuse de recibo.
El 5 de mayo de 1998 se celebró una vista sobre el
estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado
Nieves ni su clienta comparecieron. Según el Informe del
Comisionado Especial, el querellado no fue citado. Debemos
Se ordenó la notificación de dicha orden a través de un
abogado que residía en la misma jurisdicción que la señora
Quiñones debido a que ésta reside fuera de la jurisdicción
del Tribunal. El 5 de mayo de 1998 el tribunal ordenó que
dicha orden fuese notificada a la última dirección conocida
en Worchester, Massachussets.
7
CP-2000-14
9
aclarar que ya para esta fecha el querellado no ostentaba
la
representación
de
la
señora
Quiñones,
que
como
mencionáramos anteriormente, culminó el 23 de septiembre de
1996
cuando
el
tribunal
le
aceptó
la
renuncia
a
la
representación, esto notificado el 30 de septiembre de ese
mismo año. No obstante, el tribunal procedió a citar al
querellado para el 11 de junio de 1998 bajo apercibimiento
de desacato. Dicha orden fue diligenciada el 21 de mayo de
1998.
Aunque el licenciado Rosado Nieves ya no ostentaba la
representación de la señora Quiñones, al día siguiente de
la notificación de la orden antes mencionada, éste presentó
una
moción
informativa
señalando
que
para
la
fecha
que
había sido citado éste se iba a encontrar fuera de Puerto
Rico y señaló varias fechas hábiles.
Dicha moción fue
radicada el 22 de mayo a las 8:53 AM según evidencia el
sello del tribunal. Debido a que no recibió comunicación
alguna
del
secretaria
tribunal,
para
que
el
día
de
la
vista
informara
al
tribunal
envió
que
a
su
éste
se
encontraba fuera de Puerto Rico. Recalcamos que para esta
fecha hacía año y medio que el licenciado Rosado Nieves no
ostentaba la representación legal de la señora Quiñones.
En vista de la incomparecencia del licenciado
Rosado
Nieves el Tribunal de Primera Instancia ordenó su arresto
el 12 de junio de 1998. Dicha orden fue diligenciada, se
trajo al querellado ante el tribunal pero éste sufrió una
CP-2000-14
10
caída en el propio tribunal y fue excusado para que fuese
llevado
al
hospital.
Sin
embargo,
el
licenciado
Rosado
Nieves en vez de acudir al hospital se fue a su casa.
Debido a que el tribunal sólo autorizó la ida al hospital,
consideró
que
el
que
éste
se
hubiese
ido
a
su
casa
constituyó un incumplimiento de las órdenes del tribunal.
Por esta razón, el tribunal lo declaró incurso en desacato
civil
ordenó
su
encarcelamiento
inmediato
fijándole
una
fianza de diez mil dólares y señaló una vista para el 29 de
junio “a los fines de considerar la conveniencia de la
continuación de su reclusión”.
El 22 de junio se llamó el caso fuera de calendario y
comparecieron el querellado y el fiscal de distrito.
Allí
se explicó lo sucedido el 15 de junio, en cuanto a su caída
y que la razón para irse a su casa en vez de al hospital
fue la tardanza de la ambulancia y la persistencia de su
dolor. El tribunal dejó sin efecto la orden de arresto del
15 de junio. Sobre la vista señalada para el 29 de junio de
1998 no tenemos minuta.
En vista de lo anterior, el 24 de junio de 1998, el
licenciado Rosado Nieves radicó una querella en contra del
Hon. Rafael L. Vissepó Vázquez8 por actuaciones indebidas.
La Oficina de Administración de Tribunales no encontró que
el
Juez
hubiese
incurrido
en
conducta
impropia
que
Juez del Tribunal de Primera Instancia que posteriormente
elevó los autos del caso ante el Tribunal Supremo para que
se ejerciera nuestra jurisdicción disciplinaria.
8
CP-2000-14
11
justificase
la
elevación
de
la
investigación
para
la
consideración del Tribunal Supremo.
El licenciado Rosado Nieves fue citado para una vista
el 9 de diciembre de 1998 a la que éste, a pesar de que ya
no
fungía
como
Quiñones,
la
representación
compareció
y
entregó
legal
unos
de
la
señora
documentos
que
le
habían sido requeridos. Ese día se le dio un término de
treinta
días
defensas
que
presentara
que
estimase
pertinente.
En
dicha
le
recordó
al
que
no
querellado
para
un
tribunal
memorando
con
las
vista,
el
ostentaba
la
representación de la señora Quiñones desde 1996, que no
tenía ningún tipo de comunicación con su ex cliente y no
conocía de su paradero.
No
obstante,
el
28
de
enero
de
1999
mediante
una
moción informativa, el licenciado Rosado Nieves le informó
al Tribunal que la señora Quiñones estaba de acuerdo en
pagar la cantidad adeudada a su ex esposo ($12,520.00).9 El
25 de octubre de 1999 el Tribunal de Primera Instancia
emitió
una
resolución
en
que
le
ordenó
cantidad
de
doce
Quiñones
satisfacer
la
dólares
($12,520.00)
más
la
los
intereses
a
mil
la
señora
quinientos
devengados
desde
octubre de 1993 hasta que la totalidad del dinero fuera
consignado.10
Primero envió seis mil dólares ($6,000.00) y luego envió
dos mil dólares ($2,000.00). Se solicitó del tribunal
autorización para consignar este dinero.
10
Para esta consignación se concedió un plazo de treinta y
cinco días. El tribunal autorizó la consignación de los
9
CP-2000-14
12
II
En
síntesis
circunscribe
la
a
controversia
determinar
si
el
que
nos
ocupa
se
con
su
querellado,
conducta, incurrió en violación de los Cánones de Ética
Profesional. En primer lugar, se le imputan violaciones al
Canon
12
producidos
debido
a
por
sus
señalamientos
del
las
dilaciones
repetidas
tribunal.
En
en
los
procedimientos
incomparecencias
a
segundo
debemos
término,
los
determinar si incurrió en conducta violatoria del Canon 23
al adquirir interés en el dinero obtenido como producto de
la
venta
de
una
propiedad
de
su
clienta.
Por
último,
debemos determinar si la participación del querellado en el
otorgamiento de las escrituras referentes al bien de su
clienta
atentan
contra
los
postulados
éticos
que
rigen
nuestra profesión.
A
Los abogados son una parte esencial del proceso de
impartir
justicia
y
como
tal
tienen
la
ineludible
encomienda de desempeñar su labor con la mayor diligencia,
responsabilidad e integridad. In re Ortiz Velásquez, 145
D.P.R. 308 (1998); In re Córdova González, 135 D.P.R. 260
___________________________
ocho mil dólares $8,000.00 enviados anteriormente como pago
parcial de lo adeudado. Surge del expediente que el señor
Betancourt presentó una moción informativa donde sostiene
que recibió un cheque por dos mil dólares adicionales a los
ya consignados. No surge del Informe que se haya presentado
prueba adicional en cuanto al saldo de la deuda pero
tampoco se presentó prueba en contrario. Debemos señalar
que no surge que el señor Betancourt haya reclamado nada
más ante el Tribunal.
CP-2000-14
13
(1994). El Canon 12 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
AP. IX, C.12, le impone la obligación a la profesión togada
de ser entes diligentes y responsables en la tramitación de
los
casos
evitando
así
dilaciones
innecesarias
que
entorpezcan la resolución de los mismos. Así pues, se le
impone
el
deber
a
todo
abogado
a
ser
puntual
en
su
asistencia y conciso y diligente en la presentación de sus
causas.
Ello
desplegar
implica
todas
las
que
tienen
diligencias
la
responsabilidad
necesarias
para
de
evitar
indebidas dilaciones en su tramitación y solución de los
casos. Canon 12 de los de Ética Profesional, supra. Por
tanto,
la
incomparecencia
injustificada
a
las
vistas
señaladas por el tribunal, ocasionando la suspensión de las
mismas,
dilatando
así
la
tramitación
de
las
de
los
causas,
es
violatorio del Canon 12.
B
Por
otro
lado,
el
Canon
23
de
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.23, prohíbe, en primer
lugar, que el abogado adquiera interés o participación en
el litigio que le haya sido encomendado. El mismo también
dispone que la relación entre un abogado y su cliente es de
naturaleza
fiduciaria
por
lo
que
ésta
tiene
que
estar
fundada en la honradez absoluta. Resalta además que cuando
el
letrado
advenga
en
posesión
de
bienes
o
dinero
del
cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y
nunca debe mezclar dichos bienes con los suyos propios.
CP-2000-14
14
Como mencionáramos, el Canon 23, supra, prohíbe que el
abogado adquiera interés o participación en el asunto en
litigio que le fue encomendado. No obstante, el carácter
litigioso del bien tiene que coincidir en tiempo con la
intervención
del
abogado
en
el
litigio
en
relación
con
dicho bien. Una vez concluido el litigio, el Canon 23 no es
impedimento para que, en pago de los honorarios, se le
otorgue una participación en el bien del cliente. In re
Castro Mesa, 131 D.P.R. 1037 (1992).
Además, en virtud de lo dispuesto por el Canon 23,
supra, los abogados deben velar porque la relación entre el
abogado
y
el
cliente
sea
transparente.
La
naturaleza
fiduciaria de la relación entre el abogado y el cliente
exige que exista una confianza absoluta entre ambos. Esta
transparencia es de vital importancia en los asuntos de
carácter económico.
Por
último,
el
Canon
23
claramente
prohíbe
la
retención y disposición inapropiada de cualquier suma de
dinero
pertenecientes
a
los
clientes.
In
re
Gorbea
Martínez, res. el 1ro de diciembre de 1999, 99 T.S.P.R.
190;
In
re
Fernández
Paoli,
141
D.P.R.
10
(1996).
La
retención de fondos pertenecientes a sus clientes por parte
de un abogado amerita sanción aunque los hubiere devuelto o
no hubiese tenido la intención de apropiárselos. Por esto,
reiteradamente
autorizada,
hemos
sumas
de
expresado
dinero
que
retener,
en
forma
no
pertenecientes
al
cliente
o
CP-2000-14
disponer
15
de
gravemente
ellas
impropiamente,
impermisible
de
un
constituye
abogado.
In
conducta
re
Marrero
Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Vázquez O’Neill,
121 D.P.R. 623 (1988).
Hemos expresado que aún en circunstancias en que un
cliente acuerde pagar honorarios tan pronto reciba dinero
en
su
caso,
no
se
justifica
que
el
abogado,
sin
consentimiento del cliente, endose los cheques y se apropie
de
los
mismos.
In
re
Pereira
Estévez,
147
D.P.R.
147
(1998); In re Fernández Paoli, supra; In re Báez Torres,
108 D.P.R. 358 (1979). En fin, el letrado no puede, aunque
se le adeuden honorarios, cobrar los mismos por su cuenta.
In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).
En síntesis, la transparencia de las relaciones entre
abogado
cliente
y
la
naturaleza
fiduciaria
de
dicha
relación basada en honestidad absoluta es piedra angular
para
nuestro
sistema
jurídico.
Por
esta
razón,
reiteradamente hemos establecido que los abogados no deben
cobrar indebidamente los honorarios de abogado, retener sin
autorización dinero de sus clientes, ni disponer de éstos
impropiamente.
C
La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de
julio de 1987, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., le impone al
notario una función dual. Por un lado, sirve como agente
instrumental del documento notarial, por el otro, es un
CP-2000-14
16
profesional
del
Derecho
con
el
deber
de
asesorar
y
aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón Ramery,
133 D.P.R. 555 (1993).
El abogado notario representa la fe pública. Es el
testigo por excelencia que da forma al convenio entre las
partes. Como parte de su función tiene el deber de asesorar
y advertir sobre los aspectos legales del instrumento que
ante él se otorgan y que éste autoriza. El abogado notario
tiene
que
ser
imparcial
incluso
cuando
éste
haya
representado a uno de los otorgantes anteriormente. Éste
tiene
la
obligación
de
asesorar
por
igual
a
ambos
otorgantes.
El notario no es un simple observador de un negocio
que
ante
él
cerciorarse
de
se
la
otorga.
Su
identidad
función
no
de
partes
las
se
limita
a
y
la
de
autenticidad de sus fincas. El notario ostenta una función
pública que “trasciende la de un autómata legalizador de
firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción
que ante él se concreta.” In re Colón Ramery, supra.
La labor notarial debe ser ejercida con sumo esmero,
cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la
Ley Notarial y los Cánones de Ética Profesional. In re
Pizarro Colón, res. el 25 de mayo de 2000, 2000 T.S.P.R.
106; In re Vera Vélez, res. el 5 de abril de 1999, 99
T.S.P.R. 46.
CP-2000-14
17
La buena observancia de las responsabilidades de la
profesión, tanto de abogado como en su función notarial,
imponen al notario el deber de realizar las averiguaciones
mínimas
pertinentes
requeridas
por
las
normas
más
elementales de la profesión. El notario tiene además el
deber
de
hacer
las
advertencias,
aclaraciones
y
explicaciones necesarias en el otorgamiento de determinado
negocio, asegurándose pues de que las partes presten un
consentimiento informado. In re Pizarro Colón, supra; In re
Jiménez Brackel, res. 11 de mayo de 1999, 99 T.S.P.R. 73.
A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la
situación que tenemos ante nos.
III
A
El Procurador sostuvo que el licenciado Rosado Nieves
violó el Canon 12 de los de Ética Profesional al desplegar
una
conducta
la
cual
fue
causante
de
dilaciones
innecesarias durante la impugnación de subasta en el caso
Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz. En
dicho
caso,
sostuvo
el
Procurador,
el
licenciado
Rosado
Nieves no cumplió con varios señalamientos del tribunal ni
con órdenes emitidas por el mismo. Sin embargo, del Informe
del Comisionado se desprende que a las únicas vistas a las
que el querellado no compareció fueron aquéllas de las que
no fue notificado. Cabe señalar que mientras fue notificado
CP-2000-14
18
acudió a todas, incluso cuando ya no era abogado de la
señora Quiñones. Veamos.
La
primera
vista
para
el
caso
de
impugnación
de
subasta fue señalada para el 8 de diciembre de 1995. Aunque
a esta vista el licenciado Rosado Nieves no compareció, no
se desprende del expediente que el querellado hubiese sido
citado
para
la
misma.
No
podemos,
por
tanto,
responsabilizar al querellado por esta ausencia.
El Tribunal señaló la vista para el 27 de febrero de
1996.
Al estudiar la minuta de la vista del 8 de diciembre
en la cual se señaló esta segunda vista, concluimos que de
la misma no se desprende que el licenciado Rosado Nieves
fuese notificado. De hecho, se desprende de dicha minuta
que quien fue notificado de la vista fue el abogado que
había
ostentado
la
representación
de
la
señora
Quiñones
antes que el licenciado Rosado Nieves asumiera la misma.
Como
mencionáramos,
el
letrado
que
fue
notificado
había
renunciado en 1993, y ese mismo año fue sustituido por el
licenciado Rosado Nieves. A la vista del 27 de febrero el
querellado, como era de esperarse, tampoco compareció. El
tribunal señaló vista para el 28 de marzo de 1996.11
El
23
de
septiembre
de
1996
la
renuncia
a
la
representación legal de la señora Quiñones, presentada por
el licenciado Rosado Nieves, fue aceptada por el tribunal.
El 28 de marzo de 1996 compareció el querellado pero como
no se había localizado a la señora Quiñones se señaló vista
para el 27 de junio de 1996. El 27 de junio de 1996 el
querellado compareció a la vista señalada.
11
CP-2000-14
19
El 5 de mayo de 1998 se celebró una vista sobre el
estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado
Nieves ni su clienta comparecieron. Según se desprende del
Informe
del
Comisionado
Especial,
el
licenciado
Rosado
Nieves no fue citado para la misma. Además ya para esa
fecha
éste
señora
no
ostentaba
Quiñones.
No
la
representación
obstante,
el
legal
tribunal
de
la
procedió
a
citarlo para el 11 de junio de 1998 bajo apercibimiento de
desacato.
Un día después del diligenciamiento de esta citación,
el licenciado Rosado Nieves presentó una moción informando
que para esa fecha se encontraría fuera de Puerto Rico y
ofreció ocho fechas hábiles para señalamiento las cuales
implicaban sólo 4 días de demora. No olvidemos que para
esta
fecha
el
licenciado
Rosado
Nieves
no
ostentaba
la
representación legal de la señora Quiñones. Debido a que no
recibió
comunicación
alguna
del
tribunal,
el
día
de
la
vista compareció su secretaria para informar al tribunal
que éste se encontraba fuera de Puerto Rico. Considerando
que éste ya no era abogado de la señora Quiñones, que envió
con tiempo una moción en la que propuso ocho fechas hábiles
para el traslado, el Comisionado concluyó, conclusión que
acogemos, que el licenciado Rosado Nieves fue diligente al
enviar a su secretaria a excusarlo el día de la vista.
Por último, el querellado, a pesar de que ya no fungía
como
la
representación
legal
de
la
señora
Quiñones,
CP-2000-14
20
compareció respondiendo a una orden dada por el Tribunal a
una vista el 9 de diciembre de 1998. Llevó consigo ciertos
documentos que le habían sido requeridos. Ese día se le dio
un
término
defensas
Nieves
para
que
le
que
presentara
estimase
recordó
un
memorando
con
pertinente.
El
licenciado
tribunal
que
no
al
las
Rosado
ostentaba
la
representación de la señora Quiñones desde 1996, y que no
tenía ningún tipo de comunicación con su ex cliente. El
licenciado
Rosado
Nieves
no
cumplió
con
someter
el
memorando de derecho. Siendo esta actuación la única orden
emitida por el tribunal con la que no cumplió el querellado
a pesar de tener conocimiento de la misma. Sin embargo, al
analizar este incumplimiento tomamos en consideración que
el
licenciado
Rosado
Nieves
había
sido
relevado
de
la
representación legal de la señora Quiñones por el tribunal
de instancia en septiembre de 1996, que así reiteradamente
lo
informó
al
señalamientos
tribunal
y
entregas
de
y
que
no
obstante
documentos
cumplió
con
solicitados,
que
eventualmente consiguió a la señora Quiñones que se había
mudado fuera de Puerto Rico y que logró que ésta pagara lo
debido al señor Betancourt.
A
tenor
con
lo
antes
cuanto
al
primer
cargo,
el
puede
ser
responsabilizado
expuesto,
entendemos
licenciado
Rosado
por
su
que
en
Nieves
no
incomparecencia
al
tribunal a vistas para las cuales no había sido citado.
Además, el licenciado Rosado Nieves fue diligente en su
CP-2000-14
21
actuación en el tribunal, incluso cuando ya no era abogado
de la señora Quiñones. Consiguió a su antigua clienta y
logró
un
acuerdo
comprometió
a
entre
pagar
las
la
partes
deuda
en
el
reclamada
cual
por
ésta
el
se
señor
Betancourt. El letrado sólo dejó de cumplir con la orden de
someter el memorando de derecho sin solicitar que se le
excusara de dicha diligencia. Por considerar que para ese
momento éste ya no era abogado de la señora Quiñones y que
así lo hizo constar al tribunal, y que entregó al tribunal
todo documento que le fuere solicitado, entendemos que no
procede sancionarlo por dicho cargo.
B
Por otro lado, el Procurador General sostuvo que el
licenciado Rosado Nieves incurrió en violación del Canon 23
al haber adquirido un interés y participación personal en
el
dinero
obtenido
por
su
cliente
en
la
venta
de
una
propiedad de ésta. Por dicha transacción, en la cual el
licenciado Rosado Nieves fungió como notario, éste recibió
un
cheque
por
($26,000.00)
de
la
cantidad
parte
de
de
Doral,
veintiséis
entidad
que
mil
dólares
ofreció
el
financiamiento del negocio. De la cantidad recibida por el
licenciado
Rosado
Nieves,
once
mil
dólares
($11,000.00)
correspondían al pago de una deuda personal que tenía la
señora Quiñones con éste. El resto del dinero correspondió
CP-2000-14
22
al pago de gastos y sus honorarios por distintas gestiones
realizadas en beneficio de la señora Quiñones.12
De la prueba presentada ante el Comisionado surge que
la
señora
relacionada
Quiñones
nunca
se
con
trabajo
legal
el
querelló
del
de
la
conducta
licenciado
Rosado
Nieves ni con la retención de los $26,000.00, al contrario
estuvo conforme. Dicha retención fue hecha en su presencia
y con su anuencia.
El
Canon
participación
23
en
prohíbe
el
asunto
la
adquisición
de
en
litigio.
estos
A
interés
o
efectos
hemos establecido que el carácter litigioso del bien tiene
que coincidir en tiempo con la intervención del abogado en
el litigio en relación con dicho bien. Como mencionáramos,
nada impide que una vez concluido el litigio, en pago de
los honorarios, se le otorgue una participación en el bien
del cliente. In re Castro Mesa, supra.
En el caso de autos, el licenciado Rosado Nieves fue
contratado
para
ejecutar
una
sentencia
de
un
pleito
de
liquidación de una sociedad de gananciales. El bien objeto
de liquidación fue vendido en pública subasta donde se le
El Procurador General solicitó del querellado un desglose
de los honorarios cobrados por éste que ascendieron a
veintiséis mil dólares ($26,000.00). En dicho desglose el
licenciado Rosado Nieves alegó que de los veintiséis mil
dólares ($26,000.00) que éste recibió por conducto de un
cheque emitido por Doral, once mil dólares ($11,000.00)
eran de una deuda que tenía la señora Quiñones con éste por
la venta de un Toyota propiedad del querellado; $1,814.57
corresponden a costos de tres escrituras y; $13,185.43
corresponden a honorarios por servicios legales ofrecidos a
la señora Quiñones.
12
CP-2000-14
23
adjudicó a su clienta. Eventualmente, la clienta vendió el
inmueble a un tercero y es de esta venta que el querellado
recibió $ 26,000.00. Debemos señalar que dicho inmueble ya
no era objeto de litigio alguno por lo que es perfectamente
válido que con la venta del mismo se paguen los honorarios
del abogado o cualquier otra deuda que se tuviere con éste.
El Canon 23 también obliga al letrado a dar pronta
cuenta del dinero o bienes del cliente recibidos por el
abogado y proscribe que éste mezcle dichos bienes con los
suyos propios. A estos efectos, hemos dicho que es conducta
contraria a los cánones el que un abogado, aunque se le
adeuden honorarios, cobre los mismos por su cuenta. In re
Morales Soto, supra. Sin embargo, la conducta que se quiere
evitar es que el abogado cobre indebidamente los honorarios
de abogado que se le adeuden, sin el conocimiento y la
autorización de sus clientes, al momento de recibir dinero
o bienes pertenecientes a sus clientes.
En el caso de autos, la transacción en la cual se le
hizo un cheque por veintiséis mil dólares ($26,000.00) a
favor
del
licenciado
Rosado
Nieves
se
hizo
con
pleno
conocimiento y aprobación de la clienta. Nótese que Doral
financió la compraventa entregando tres cheques diferentes
entre
los
querellado.
que
se
Dicha
encontraba
entrega
se
el
hecho
a
favor
hizo
frente
a
la
del
señora
Quiñones en el otorgamiento de la escritura de compraventa
de la propiedad con el tercero.
Además, la señora Quiñones
CP-2000-14
24
reconoció la deuda personal que tenía con el licenciado
Rosado
Nieves
por
la
venta
del
auto
y
por
honorarios
debidos.
A tenor con lo expuesto anteriormente concluimos que
el
licenciado
Rosado
Nieves
no
incurrió
en
conducta
contraria al Canon 23 de Ética Profesional al recibir un
cheque
producto
de
la
compraventa
de
un
inmueble
perteneciente a la señora Quiñones en concepto de pago por
deuda previa y honorarios devengados debido a que dicho
pago fue con el consentimiento de la clienta.
Además dicho
bien no constituía un bien litigioso al momento en que se
realizó la venta del inmueble pues el mismo había sido
adjudicado por venta judicial a la señora Quiñones.
Por su parte, el negocio del automóvil fue uno aparte
del caso de liquidación de la sociedad de gananciales y de
las propiedades envueltas en la misma. Ese negocio nada
tenía que ver con el inmueble objeto de la venta judicial,
que luego fue vendido a un tercero y, por consiguiente, no
tenía
relación
querellado.
En
con
las
fin,
la
escrituras
venta
del
otorgadas
auto
tampoco
por
el
es
una
violación del Canon 23 debido a que el mismo nunca fue
parte de litigio alguno.13
13
Por otro lado, desde In re Toro Cubergé, 140 D.P.R.
523 (1996), advertimos que al amparo del Canon 21, 4
L.P.R.A. Ap. IX C.21, las relaciones comerciales entre los
abogados y sus clientes son desfavorecidas. La norma que
allí establecimos va dirigida a prohibir, de ordinario, las
transacciones comerciales entre un abogado y su cliente
cuando las mismas tienen el potencial de afectar el juicio
CP-2000-14
25
C
En adición al señalamiento de la posible violación al
deber de imparcialidad que debe guardar todo notario al
autorizar un negocio jurídico, el Comisionado
atención
en
cuanto
a
una
violación
nos llama la
incurrida
por
el
licenciado Rosado Nieves tanto al autorizar la escritura de
adjudicación
judicial
escritura
compraventa
de
como
en
del
la
autorización
inmueble
con
el
de
la
tercero.
Expone que según la sentencia emitida en la liquidación de
la sociedad de gananciales surgía que ambos ex cónyuges
tenían
derechos
consiguiente,
propietarios
señala
el
sobre
Comisionado,
el
si
bien.
alguno
de
Por
los
propietarios tramitaba la venta en pública subasta tenía
que honrarle su participación al otro propietario o hacer
___________________________
profesional independiente del abogado o cuando éstas puedan
afectar el deber de lealtad y fidelidad que se le debe al
cliente.
Dichas
transacciones
comerciales
son
inherentemente sospechosas debido a que no sólo el juicio
profesional independiente del abogado puede ser seriamente
afectado por sus intereses personales en la transacción,
sino que la naturaleza desigual de la relación abogadocliente la hace susceptible de múltiples abusos. In re
Morell, res. el 5 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 34.
Aunque las transacciones comerciales entre abogado y
cliente son de ordinario desfavorecidas, en el caso de
autos la venta del carro no tuvo el efecto de afectar el
juicio profesional independiente del abogado ni el deber de
lealtad y fidelidad que éste le debía a la señora Quiñones.
De hecho la señora Quiñones jamás de quejó del desempeño de
su letrado y ratificó en varias ocasiones su conformidad
con dicha venta.
CP-2000-14
26
constar dicha participación en las escrituras autorizadas.14
Por su parte, el licenciado Rosado Nieves alegó que no
podía
hacer
constar
la
suma
reclamada
por
el
señor
Betancourt porque la misma no surgía de la sentencia. Esto,
debido a que la suma que se desprende de la sentencia está
basada en la valoración del bien en setenta y cinco mil
setecientos setenta y cinco dólares ($75,775.00) mientras
que la suma reclamada está basada en el valor en que se
adjudicó finalmente el bien.
Estos
señalamientos
nos
obligan
a
examinar
el
desempeño como notario del licenciado Rosado Nieves en los
procedimientos
relacionados
a
la
autorización
de
las
escrituras relacionadas a la venta judicial del inmueble y
su
subsiguiente
compraventa.
En
primer
lugar,
debemos
analizar si su interés en el producto de la compraventa que
éste
autorizó
tuvo
el
efecto
de
violentar
el
deber
de
imparcialidad que debe ejercer todo notario en el ejercicio
de su función. Por otro lado, debemos estudiar el cuidado
ejercido por el licenciado Rosado Nieves en la autorización
de
tanto
la
escritura
de
venta
judicial
como
en
la
de
como
un
compraventa.
Hemos
afirmado
que
el
notario
se
destaca
“funcionario imparcial, que recibe, expone y legitima la
voluntad de los que ante él comparecen sin tomar bando, sin
Aunque en la Querella presentada no se le imputa ningún
cargo relacionado con éste señalamiento, en el Informe
presentado por el Procurador, al cuál el licenciado Rosado
Nieves reaccionó, sí se discute.
14
CP-2000-14
inclinarse
27
a
un
lado
u
otro”.
D.P.R.
386,
396
(1977).
advertir
ha
de
desplegarse
Su
In
re
Cancio
Sifre,
106
de
orientar
y
por
igual,
con
obligación
para
todos
imparcialidad. Incluso, hemos precisado que no basta ser
imparcial,
Sepúlveda
también
Girón,
hay
res.
que
el
24
aparentarlo.
Véase,
de
de
octubre
In
2001,
re
2001
T.S.P.R. 153; In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 102 (1992); In
re Cancio Sifre, supra.
El licenciado Rosado Nieves, al fungir como notario en
la escritura de compraventa otorgada por la señora Quiñones
y un tercero, debía guardar la imparcialidad requerida en
el ejercicio del notariado. En el caso de autos, parte del
dinero
obtenido
querellado
ya
en
la
compraventa
beneficiaría
al
con
el
producto
la
le
que
de
misma
se
pagarían tanto los honorarios devengados por éste en sus
funciones como abogado de la cliente en el procedimiento de
ejecución de la sentencia, como los costos del otorgamiento
de
ambas
escrituras
cliente con éste.
y
una
deuda
anterior
que
tenía
la
En el caso de autos, nos es forzoso
concluir que al autorizar la escritura de compraventa el
querellado
jurídico
haber
tenía
que
un
interés
autorizaba.
afectado
el
particular
Dicho
carácter
de
interés
sobre
el
negocio
particular
imparcialidad
que
pudo
debe
observar todo notario y su deber de orientar por igual y
con el mismo esmero y rectitud a las partes envueltas en el
CP-2000-14
28
negocio ya que ninguna de ellas es su “cliente” para estos
fines.
Por lo antes expuesto, concluimos que el licenciado
Rosado
Nieves
actuó
pronunciamientos
en
en
contravención
cuanto
a
la
con
nuestros
imparcialidad
que
debe
guardar todo notario.
Por otro lado, debemos analizar el cuidado ejercido
por el licenciado Rosado Nieves al autorizar la escritura
de
venta
judicial
y
posteriormente
la
de
compraventa.
Llama la atención que en ninguna de las dos escrituras se
señaló que el señor Betancourt tenía una participación en
dicha propiedad. El licenciado Rosado Nieves no sólo tuvo
ante sí la sentencia de 1989 sino que estuvo encargado de
solicitar
la
ejecución
de
dicha
sentencia
por
lo
que
necesariamente debió tener conocimiento de la participación
del señor Betancourt en el inmueble. Sin embargo, no se
desprende
cuando
que
éste
haya
último
hecho
advertencia
adjudicó
el
alguna
inmueble
al
a
la
alguacil
señora
Quiñones por el valor de su acreencia sin tan siquiera
mencionar la acreencia del señor Betancourt. El licenciado
Rosado Nieves debió haber hecho constar lo expresado en la
sentencia en cuanto a la participación del señor Betancourt
en ambas escrituras. Era su deber también advertir a las
partes otorgantes en los distintos negocios acerca de la
participación del señor Betancourt en el inmueble.
CP-2000-14
La
29
falta
siendo
éste
de
el
cuidado
del
abogado
de
licenciado
la
señora
Rosado
Quiñones
Nieves
en
la
ejecución de la sentencia, teniendo conocimiento de que el
bien objeto de venta judicial era un bien ganancial donde
tanto
su
cliente
como
el
ex
esposo
participación
es
inexcusable.
La
contravención
con
el
cuidado
deber
de
de
misma
ésta
va
tenían
en
exigido
clara
a
todo
notario.
Por todo lo antes expuesto, concluimos que en cuanto a
este último aspecto el licenciado Rosado Nieves no desplegó
la
diligencia
profesión.
Él
y
cuidado
dejó
de
exigido
cumplir
por
con
la
las
práctica
de
la
obligaciones
más
básicas de diligencia y cuidado que se le exigen a los
letrados
al
no
asegurarse
que
tanto
los
documentos
que
dieron lugar a la venta en pública subasta como en los
trámites
posteriores
conducentes
a
la
compraventa
del
inmueble se salvaguardara el derecho del señor Betancourt a
que
se
incurrió
reconociera
en
su
violación
interés
en
la
al
de
cuidado
deber
propiedad.
al
Además,
dejar
de
advertir a los otorgantes y no consignar en las escrituras
lo relativo al interés del señor Betancourt en la propiedad
objeto de compraventa.
Por los fundamentos anteriores se dictará sentencia
mediante la cual se suspenderá al Lic. Ángel M. Rosado
Nieves del ejercicio de la notaría por el término de nueve
(9) meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Se
CP-2000-14
ordena
a
30
la
Oficina
del
Alguacil
que
incaute
su
obra
notarial para el trámite de rigor correspondiente por la
Directora de Inspección de Notarías.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Ángel M. Rosado Nieves
CP 2000-14
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace
formar parte integral de la presente, se dicta
Sentencia y se suspende al Lic. Ángel M. Rosado
Nieves del ejercicio de la notaría por el término
de nueve (9) meses, contados desde la notificación
de la presente.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que
incaute la obra notarial del licenciado para que
sea remitida y examinada y oportunamente objeto de
un Informe por parte de la Oficina de Inspección
de Notarías.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El
Juez Presidente señor Andréu García no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo