Tribunal Supremo de Puerto Rico
HERNAN TENORIO BETANCOURT Y OTROS V. HOSPITAL DR. PILA DE PONCE Y OTROS
2003 TSPR 112
Poder Judicial de Puerto Rico
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HERNAN TENORIO BETANCOURT Y OTROS V. HOSPITAL DR. PILA DE PONCE Y OTROS
CC-2002-0611
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hernán Tenorio Betancourt y otros
Certiorari
Peticionarios
2003 TSPR 112
v.
159 DPR ____
Hospital Dr. Pila de Ponce y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-2002-611
Fecha: 30 de junio de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional V
Juez Ponente:
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Juan R. Rodríguez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Dennis J. Cruz Pérez
Materia: Daños y Perjuicios
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hernán Tenorio Betancourt
y otros
Peticionarios
v.
CC-2002-611
Hospital Dr. Pila de Ponce
y otros
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003
El
19
de
septiembre
de
2000,
Hernán
Tenorio
Betancourt, Sonia Conesa Alfonso y Kristal Idali Colón
Tenorio
presentaron
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, Sala Superior de Ponce, una demanda contra el
Hospital
Dr.
Pila
de
Ponce,
Sala
de
Emergencia
del
Hospital Dr. Pila, el Dr. Juan Yordán Frau y su esposa y
la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.1
Reclamaron
daños
y
perjuicios
por
impericia
médica
relacionada con el tratamiento recibido el 3 de enero de
1998
1
por
la
menor
Dinayra
Tenorio
Conesa
en
las
También incluyeron en la demanda a John Doe y Richard
Roe, compañías aseguradoras de nombres desconocidos de la
parte demandada.
CC-2002-611
2
facilidades del Hospital Dr. Pila de Ponce.2
Alegaron
que dicha menor murió el mismo 3 de enero de 1998 debido
al tratamiento médico inadecuado que le brindaron los
demandados en las facilidades del Hospital Dr. Pila.
Luego
de
una
serie
de
trámites
procesales,
incluyendo varias enmiendas a la demanda, los demandados
presentaron
tres
(3)
mociones
de
sentencia
sumaria
basadas en la defensa de prescripción. Los demandantes
oportunamente se opusieron a éstas.
mociones
de
sentencia
En la última de las
sumaria,
los
demandados
plantearon, por primera vez, que por los mismos hechos
los
demandantes,
previamente,
el
30
de
diciembre
de
1998, habían presentado otra demanda reclamando daños,
Civil JDP1998-0556.
que
supuestamente
En cuanto a los actos negligentes
causaron
los
daños,
específicamente
alegaron lo siguiente:
CUARTO: El día 3 de enero del pasado año 1998
la joven Dinayra Tenorio Conesa fue llevada
por su padre al Hospital Dr. Pila la cual
[sic] fue atendida en la Sala de Emergencia de
dicha institución.
En esa ocasión presentaba
un dolor abdominal, acudió para solicitar
servicios de dicha institución hospitalaria.
QUINTO: Cuando estaba siendo atendida en la
Sala de Emergencia del Hospital Dr. Pila, bajo
los servicios del demandado DR. JUAN YORDAN
FRAU la menor Dinayra Tenorio Conesa falleció
porque
el
médico
demandado,
los
agentes
ostensibles
o
personal
autorizado
de
la
institución y/o del contratista independiente
de la Sala de Emergencia y/o el personal que
directamente atendió a la menor no le brindó
un
tratamiento
adecuado
o
de
excelencia
2
La menor Dinayra Tenorio Conesa era la hija de los
demandantes Hernán Tenorio Betancourt y Sonia Conesa
Alfonso y la madre de Idalia Colón Tenorio. A la fecha
de su muerte Dinayra tenía diecinueve (19) años.
CC-2002-611
3
profesional, y/o no supo manejar a la menor
como paciente.
SEXTO:
Como
resultado
de
la
negligencia
imputable a las personas naturales y jurídicas
antes referidas la menor Tenorio Conesa de 19
años de edad falleció, siendo la causa directa
las actuaciones negligentes de las personas
antes indicadas.
SÉPTIMO: La menor Dinayra Tenorio Conesa
estuvo bajo el control y cuidado absoluto de
los
demandados
experimentando
sufrimientos
físicos en el tratamiento inadecuados [sic]
que experimentó antes de morir y de los cuales
tienen derecho a suceder en dichos daños los
demandantes. (Énfasis suplido.)3
Con
relación
a
esta
primera
demanda,
el
7
de
septiembre de 1999 los demandantes presentaron una moción
de desistimiento sin perjuicio, al amparo de la Regla
39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.4
Del
expediente
de
este
primer
caso
no
surge
que
se
hubiera emplazado a los demandados, ni que a éstos se les
hubiese notificado documento alguno o que éstos hubiesen
comparecido mediante contestación o la presentación de
una moción de sentencia sumaria.
El 17 de septiembre de
1999 el tribunal de instancia dictó sentencia dando a los
demandantes por desistidos sin perjuicio.
La mencionada
sentencia fue notificada el 28 de octubre de 1999. En
vista de lo anterior, y basándose en las alegaciones de
3
4
Recurso de certiorari, Apéndice XXII.
Del
expediente
surge
que
el
primer
abogado
contratado
por
los
demandantes
después
de
haber
presentado la demanda consultó informalmente con la
doctora Claudio Lorenzo.
Ella le informó que examinó
los récords médicos del caso y no encontró que hubiese
algo incorrecto.
CC-2002-611
4
la primera demanda, presentada el 30 de diciembre de
1998, el foro de instancia emitió una sentencia sumaria
parcial desestimando por prescripción las reclamaciones
de los demandantes mayores de edad.
determinación, los demandantes
Inconformes con esta
afectados por la misma
apelaron ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en
adelante Tribunal de Circuito).
El
28
de
junio de
2002
el foro
sentencia confirmando la apelada.5
apelativo
dictó
Resolvió que:
La fecha a partir de la cual comienza
nuevamente
a
transcurrir
el
término
prescriptivo de un (1) año dispuesto por el
Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico,
cuando el demandante desiste voluntariamente,
sin perjuicio y con anterioridad a que la
parte
adversa
notifique
su
alegación
responsiva o su moción en la que solicite
sentencia sumaria es la presentación ante el
tribunal del aviso de desistimiento.
Este
aviso pone fin al pleito y constituye, por lo
tanto, la fecha a partir de la cual comienza
el transcurso del nuevo término prescriptivo.
(Énfasis suplido.)6
Entendió
el
foro
apelativo
que
la
fecha
para
determinar cuándo los demandantes tuvieron conocimiento
de que el daño había sido causado por un acto negligente
de los demandados fue el 30 de diciembre de 1998, cuando
radicaron la primera demanda reclamándole a éstos los
daños causados por dichos actos.
De esta forma rechazó
la
de
teoría
de
los
demandantes
que
el
término
prescriptivo comenzó a transcurrir nuevamente el 24 de
5
La
sentencia
del
Tribunal
notificada el 12 de julio de 2000.
6
de
Recurso de certiorari, Apéndice I.
Circuito
fue
CC-2002-611
5
agosto de 2000, fecha en que el perito contratado por su
segundo abogado, el Lcdo. Juan R. Rodríguez, rindió el
informe
pericial.
además,
la
El
contención
Tribunal
de
los
de
Circuito
demandantes
rechazó,
de
que
la
declaración jurada prestada por el codemandante Hernán
Tenorio Betancourt y el informe del perito contratado
por el licenciado Rodríguez pusieron en controversia el
hecho de que los demandantes tenían conocimiento de los
actos
negligentes
al
momento
de
presentar
la
primera
demanda el 30 de diciembre de 1998 y que, por lo tanto,
no se podía dictar sentencia sumaria en el caso de autos
ya que existía controversia sobre un hecho material.
El 7 de agosto de 2002 los demandantes recurrieron
de
esta
determinación
ante
nos
planteando
como
único
error que el Tribunal de Circuito incidió al determinar
que la segunda demanda estaba prescrita cuando se radicó
el 19 de septiembre de 2000.
El 4 de octubre de 2002 le
concedimos término a los demandados recurridos para que
se expresaran y con el beneficio de la comparecencia de
ambas
partes,
procedemos
a
resolver
sin
ulteriores
procedimientos.
II
Reiteradamente
hemos
resuelto
“que
el
plazo
prescriptivo para el ejercicio de las acciones de daños
y
perjuicios
no
comienza
en
el
instante
cuando
se
CC-2002-611
6
produce la acción u omisión culposa o negligente, sino
en
el
momento
sufrido
un
en
que
daño,
y
el
perjudicado
sepa,
además,
conozca
que
ha
quien
es
el
responsable”.
Ojeda v. El Vocero, 137 D.P.R. 315, 325
(1994);
Colón
Prieto
(1984).
Este Tribunal ha enfatizado la importancia de
la
etapa
v.
Geigel,
cognoscitiva
del
115
daño
D.P.R.
232,
indicando
que
246
es
necesario distinguir entre el momento en que ocurre la
consecuencia lesiva y aquel en que el perjudicado la
reconozca,
ya
que
la
diferencia
conlleva
efectos
jurídicos distintos de vital importancia, como lo es el
momento cuando empieza a decursar el plazo hábil durante
el cual el perjudicado puede iniciar su causa de acción
reclamando
los
daños
sufridos.
v.
Ojeda
El
Vocero,
supra, Herminio M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales
en
Puerto
Rico,
Vol
I,
San
Juan,
Pubs. J.T.S., 2da ed., 1986, págs. 423-427, 439-442 y
567-572.
La Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra,
permite
a
un
demandante
desistir
sin
perjuicio,
sin
orden del tribunal, simplemente mediante la presentación
de un aviso de desistimiento “en cualquier fecha antes
de
la
notificación
contestación
o
de
por
una
la
moción
parte
adversa
solicitando
de
la
sentencia
sumaria, cualesquiera de estas cosas que se notifique
primero”.
Bajo
estas
circunstancias,
“[e]l
tribunal
ordenará obligatoriamente el archivo y sobreseimiento de
CC-2002-611
la
acción
7
sin
discreción
Rafael
Hernández
Colón,
Rico,
San
Michie,
Juan,
(Énfasis suplido.)
para
obrar
Práctica
1997,
de
otra
forma.”
jurídica
de
Puerto
§
pág.
275.
3904,
La Regla 23C para la Administración
del Tribunal de Primera Instancia, a su vez, dispone que
“[e]l Secretario o la Secretaria Regional procederá a
archivar
cualquier
acción
en
que
la
parte
demandante
desista antes de la notificación por la parte adversa de
la contestación o de una moción solicitando sentencia
suma[ria]....”
la
Regla
4 L.P.R.A. Ap. II-B (Supl. 2002).
39.1(a)(1),
supra,
el
comentarista
Sobre
Cuevas
Segarra indica que el aviso de desistimiento causa la
inmediata terminación del litigio que inició el actor
desistente,
pero
la
causa
de
acción
o
reclamación
ejercitada no se extingue; puede reclamarla una vez más.
“Su
completa
presenta
en
voluntad
de
efectividad
el
desestimatoria
tribunal
se
adquiere
el
aviso
desistir;
toda
resulta
superflua”.
tan
pronto
declarativo
orden
o
José
de
se
la
resolución
A.
Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho procesal civil, T. II, San
Juan, Pubs. J.T.S., 2000, pág. 638.
7
(Énfasis suplido.)7
Cabe señalar que aún no hemos tenido la oportunidad
de interpretar y armonizar las disposiciones de la Regla
39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, con las
disposiciones de la Regla 4.3(b), supra, que, con
relación al término de seis (6) meses para emplazar,
dispone específicamente que “[t]ranscurrido el término
original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere
sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por
desistida, con perjuicio”. (Énfasis suplido.)
CC-2002-611
8
Sobre este particular, en García Aponte et al. v.
E.L.A.,
135
D.P.R.
137,
145
(1994),
resolvimos
lo
siguiente:
[L]a presentación del aviso de desistimiento
ante el tribunal pone fin al pleito y
constituye, por lo tanto, la fecha a partir de
la cual comienza el transcurso del nuevo
término prescriptivo. La expresión inequívoca
de la voluntad de desistir es el momento
determinante
de
que
cesó
el
efecto
interruptivo de la acción judicial.
Los
eventos posteriores a tal manifestación de
voluntad, como la fecha en que el tribunal
dicta sentencia, la archiva y notifica o ésta
adviene final y firme, nada tienen que ver con
que surta efecto dicha expresión de voluntad
y, por consiguiente, resultan impertinentes.
(Énfasis suplido.)
En cuanto a las alegaciones en la demanda, éstas
tienen
el
propósito
de
bosquejar
la
controversia
a
grandes rasgos para así notificarle a la parte demandada
la reclamación que se está aduciendo en su contra, de
manera que pueda comparecer a defenderse de la misma si
así lo desea.
Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, supra; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573
(1972);
Sierra
v.
Tribunal
Superior,
81
D.P.R.
554
(1959).
En la etapa inicial de un caso, al presentar la
demanda el demandante no está obligado a alegar hechos
probatorios, o sea, “no tiene que exponer con detalle
todos los hechos en que basa su reclamación.
Basta con
una alegación corta, clara, simple, concisa y directa”.
Cuevas Segarra, supra, en la pág. 206.
Las alegaciones
presentan al tribunal sólo los hechos esenciales para la
CC-2002-611
9
aplicación del derecho.
“Basta con alegar el último
hecho, o el hecho que produce las consecuencias jurídicas
relevantes al proceso....
En una demanda lo único que
hay
hechos
que
alegar
reclamación”.
son
los
que
dan
lugar
a
la
Hernández Colón, supra, en la § 2301, pág.
179.
De otra parte, la Regla 9 de Procedimiento Civil,
supra, dispone que “[la] firma de un abogado equivale a
certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo a
su mejor conocimiento, información y creencia está bien
fundado; y que no ha sido interpuesto para causar demora
u opresión”.
Esta responsabilidad se hace extensiva a
la parte que comparece.
Cabe señalar que en repetidas
ocasiones hemos reconocido y hecho hincapié sobre las
responsabilidades y deberes del abogado no sólo para con
sus clientes, sino también para con el sistema judicial.
Comentario a la Regla 9, supra; In re: Siverio Orta, 117
D.P.R. 14 (1986).
La responsabilidad que le impone la
Regla 9, supra, a un abogado es una no sólo de carácter
procesal,
sino
que
también
constituye
una
norma
de
carácter ético.
Reiteradamente
hemos
resuelto
que
como
“regla
general y en ausencia de circunstancias que justifiquen
lo contrario, todo litigante que escoge libremente un
abogado para que lo represente en un litigio no puede
evitar las consecuencias de los actos u omisiones de tal
agente”.
Srio. Del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc.,
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10
119 D.P.R. 660, 671 (1987).
Debe “considerarse que [el
litigante] ha tenido aviso de todos los hechos y actos
que le han sido notificados a su abogado”.
Díaz v.
Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966); Maldonado v.
Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 497 (1982);
Méndez v. Pérez, Tribunal Superior, 101 D.P.R. 87, 93
(1973).
Pasemos ahora a aplicar las normas de derecho antes
reseñadas a los hechos del caso de autos.
III
En el caso que tenemos ante nuestra consideración
los
actos
de
reclamación
impericia
ocurrieron
Oportunamente,
el
30
médica
que
dan
lugar
a
la
el
3
de
enero
de
1998.
de
diciembre
de
1998,
los
demandantes presentaron una reclamación en daños ante el
Tribunal de Primera Instancia.
Sin lugar a dudas, esta
acción
interrumpir
tuvo
el
efecto
de
el
término
prescriptivo de la acción en daños de los reclamantes
mayores de edad.
A tenor con las normas procesales
antes
este
expuestas,
término
comenzó
a
decursar
nuevamente el 7 de septiembre de 1999, fecha en que los
demandantes
presentaron
ante
el
foro
de
instancia
un
aviso de desistimiento sin perjuicio.
A
la
luz
de
las
normas
de
derecho
previamente
citadas, no podemos avalar la teoría de los demandantes
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peticionarios de que tuvieron conocimiento de que se les
había causado un daño por un acto negligente de los
demandados el 24 de agosto de 2000, cuando el perito
contratado
por
su
segundo
abogado,
Rodríguez, rindió su informe.
el
licenciado
El codemandante Tenorio
Betancourt expresó mediante declaración jurada que fue
el 24 de agosto de 2000, cuando leyó el informe pericial
del Dr. Miguel A. López Napoleoni, el perito contratado
por su segundo abogado, que se enteró que los daños
sufridos fueron causados por un acto negligente de los
demandados.
Sin embargo, esta declaración no puso en
controversia
el
obtuvieron
momento
conocimiento
en
que
sobre
quién
sido los causantes del daño.
los
o
demandantes
quiénes
habían
Ya desde la presentación
de la primera demanda, el 30 de diciembre de 1998, en la
cual alegaron específicamente que los daños ocasionados
a la menor Dinayra Tenorio Conesa fueron producto de la
negligencia
de
peticionarios
los
demandados,
los
demandantes
tenían
conocimiento
de
que
podían
ejercitar una acción reclamando los daños causados.
entonces
firmó
la
abogado,
el
Lcdo.
Francisco
demanda
y
los
demandantes
Toro
Su
González,
peticionarios,
habiendo escogido libremente a dicho abogado para que
los
representara,
ahora
no
pueden
evitar
las
consecuencias de sus actos u omisiones.
A tenor con las normas jurisprudenciales previamente
reseñadas, debemos considerar que los demandantes han
CC-2002-611
12
tenido aviso de todos los hechos y actos que su abogado
realizara
en
notificados
este
caso
su
abogado.
a
y
aquellos
Esto
que
le
significa
fueron
que
los
demandantes tenían conocimiento de las alegaciones de la
primera
demanda
y
de
la
consulta
informal
que
el
licenciado Toro González le hiciera a la doctora Claudio
Lorenzo sobre la posible negligencia de los demandados
en relación con el tratamiento que le ofrecieron a la
menor Dinayra Tenorio Conesa.
No podemos presumir que
la primera demanda, radicada el 30 de diciembre de 1998,
fue
presentada
reclamación.
interrumpió
sin
Al
el
tener
radicar
término
base
esta
para
reclamando los daños sufridos.
alguna
primera
presentar
para
la
demanda
se
una
acción
Dicho término comenzó a
decursar nuevamente cuando los demandantes presentaron,
el 7 de septiembre de 1999, el aviso de desistimiento
sin perjuicio ante el foro de instancia.
La segunda
demanda se presentó el 19 de septiembre de 2000, pasado
el término de un año (1) que establece el Art. 1868 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, para presentar las
acciones
para
obligaciones
exigir
derivadas
responsabilidad
civil
de
negligencia
la
culpa
o
por
las
en
virtud del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
5141.
Bajo
las
circunstancias
específicas
del
caso
de
marras es forzoso concluir que por lo menos desde el 30
de diciembre de 1998 los demandantes tenían conocimiento
CC-2002-611
13
tanto de los daños causados como de cuándo y quién los
causó.
Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la
sentencia del Tribunal de Circuito y devolvemos el caso
para que continúen los procedimientos de forma compatible
con lo aquí resuelto.
MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN
Jueza Asociada
CC-2002-611
14
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hernán Tenorio Betancourt
y otros
Peticionarios
v.
CC-2002-611
Hospital Dr. Pila de Ponce
y otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se confirma la sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso para que
continúen los procedimientos de forma compatible con lo
aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri disiente por entender que no procedía
que se dictase sentencia sumaria aquí. Más bien, debió
dilucidarse mediante vista evidenciaria la cuestión de
cuándo tuvieron los demandantes conocimiento real de la
impericia.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo