LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

HERNAN TENORIO BETANCOURT Y OTROS V. HOSPITAL DR. PILA DE PONCE Y OTROS

2003 TSPR 112

Poder Judicial de Puerto Rico

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HERNAN TENORIO BETANCOURT Y OTROS V. HOSPITAL DR. PILA DE PONCE Y OTROS

CC-2002-0611

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hernán Tenorio Betancourt y otros

Certiorari

Peticionarios

2003 TSPR 112

v.

159 DPR ____

Hospital Dr. Pila de Ponce y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2002-611

Fecha: 30 de junio de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan R. Rodríguez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Dennis J. Cruz Pérez

Materia: Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hernán Tenorio Betancourt

y otros

Peticionarios

v.

CC-2002-611

Hospital Dr. Pila de Ponce

y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

NAVEIRA DE RODÓN

San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003

El

19

de

septiembre

de

2000,

Hernán

Tenorio

Betancourt, Sonia Conesa Alfonso y Kristal Idali Colón

Tenorio

presentaron

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce, una demanda contra el

Hospital

Dr.

Pila

de

Ponce,

Sala

de

Emergencia

del

Hospital Dr. Pila, el Dr. Juan Yordán Frau y su esposa y

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.1

Reclamaron

daños

y

perjuicios

por

impericia

médica

relacionada con el tratamiento recibido el 3 de enero de

1998

1

por

la

menor

Dinayra

Tenorio

Conesa

en

las

También incluyeron en la demanda a John Doe y Richard

Roe, compañías aseguradoras de nombres desconocidos de la

parte demandada.

CC-2002-611

2

facilidades del Hospital Dr. Pila de Ponce.2

Alegaron

que dicha menor murió el mismo 3 de enero de 1998 debido

al tratamiento médico inadecuado que le brindaron los

demandados en las facilidades del Hospital Dr. Pila.

Luego

de

una

serie

de

trámites

procesales,

incluyendo varias enmiendas a la demanda, los demandados

presentaron

tres

(3)

mociones

de

sentencia

sumaria

basadas en la defensa de prescripción. Los demandantes

oportunamente se opusieron a éstas.

mociones

de

sentencia

En la última de las

sumaria,

los

demandados

plantearon, por primera vez, que por los mismos hechos

los

demandantes,

previamente,

el

30

de

diciembre

de

1998, habían presentado otra demanda reclamando daños,

Civil JDP1998-0556.

que

supuestamente

En cuanto a los actos negligentes

causaron

los

daños,

específicamente

alegaron lo siguiente:

CUARTO: El día 3 de enero del pasado año 1998

la joven Dinayra Tenorio Conesa fue llevada

por su padre al Hospital Dr. Pila la cual

[sic] fue atendida en la Sala de Emergencia de

dicha institución.

En esa ocasión presentaba

un dolor abdominal, acudió para solicitar

servicios de dicha institución hospitalaria.

QUINTO: Cuando estaba siendo atendida en la

Sala de Emergencia del Hospital Dr. Pila, bajo

los servicios del demandado DR. JUAN YORDAN

FRAU la menor Dinayra Tenorio Conesa falleció

porque

el

médico

demandado,

los

agentes

ostensibles

o

personal

autorizado

de

la

institución y/o del contratista independiente

de la Sala de Emergencia y/o el personal que

directamente atendió a la menor no le brindó

un

tratamiento

adecuado

o

de

excelencia

2

La menor Dinayra Tenorio Conesa era la hija de los

demandantes Hernán Tenorio Betancourt y Sonia Conesa

Alfonso y la madre de Idalia Colón Tenorio. A la fecha

de su muerte Dinayra tenía diecinueve (19) años.

CC-2002-611

3

profesional, y/o no supo manejar a la menor

como paciente.

SEXTO:

Como

resultado

de

la

negligencia

imputable a las personas naturales y jurídicas

antes referidas la menor Tenorio Conesa de 19

años de edad falleció, siendo la causa directa

las actuaciones negligentes de las personas

antes indicadas.

SÉPTIMO: La menor Dinayra Tenorio Conesa

estuvo bajo el control y cuidado absoluto de

los

demandados

experimentando

sufrimientos

físicos en el tratamiento inadecuados [sic]

que experimentó antes de morir y de los cuales

tienen derecho a suceder en dichos daños los

demandantes. (Énfasis suplido.)3

Con

relación

a

esta

primera

demanda,

el

7

de

septiembre de 1999 los demandantes presentaron una moción

de desistimiento sin perjuicio, al amparo de la Regla

39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.4

Del

expediente

de

este

primer

caso

no

surge

que

se

hubiera emplazado a los demandados, ni que a éstos se les

hubiese notificado documento alguno o que éstos hubiesen

comparecido mediante contestación o la presentación de

una moción de sentencia sumaria.

El 17 de septiembre de

1999 el tribunal de instancia dictó sentencia dando a los

demandantes por desistidos sin perjuicio.

La mencionada

sentencia fue notificada el 28 de octubre de 1999. En

vista de lo anterior, y basándose en las alegaciones de

3

4

Recurso de certiorari, Apéndice XXII.

Del

expediente

surge

que

el

primer

abogado

contratado

por

los

demandantes

después

de

haber

presentado la demanda consultó informalmente con la

doctora Claudio Lorenzo.

Ella le informó que examinó

los récords médicos del caso y no encontró que hubiese

algo incorrecto.

CC-2002-611

4

la primera demanda, presentada el 30 de diciembre de

1998, el foro de instancia emitió una sentencia sumaria

parcial desestimando por prescripción las reclamaciones

de los demandantes mayores de edad.

determinación, los demandantes

Inconformes con esta

afectados por la misma

apelaron ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en

adelante Tribunal de Circuito).

El

28

de

junio de

2002

el foro

sentencia confirmando la apelada.5

apelativo

dictó

Resolvió que:

La fecha a partir de la cual comienza

nuevamente

a

transcurrir

el

término

prescriptivo de un (1) año dispuesto por el

Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico,

cuando el demandante desiste voluntariamente,

sin perjuicio y con anterioridad a que la

parte

adversa

notifique

su

alegación

responsiva o su moción en la que solicite

sentencia sumaria es la presentación ante el

tribunal del aviso de desistimiento.

Este

aviso pone fin al pleito y constituye, por lo

tanto, la fecha a partir de la cual comienza

el transcurso del nuevo término prescriptivo.

(Énfasis suplido.)6

Entendió

el

foro

apelativo

que

la

fecha

para

determinar cuándo los demandantes tuvieron conocimiento

de que el daño había sido causado por un acto negligente

de los demandados fue el 30 de diciembre de 1998, cuando

radicaron la primera demanda reclamándole a éstos los

daños causados por dichos actos.

De esta forma rechazó

la

de

teoría

de

los

demandantes

que

el

término

prescriptivo comenzó a transcurrir nuevamente el 24 de

5

La

sentencia

del

Tribunal

notificada el 12 de julio de 2000.

6

de

Recurso de certiorari, Apéndice I.

Circuito

fue

CC-2002-611

5

agosto de 2000, fecha en que el perito contratado por su

segundo abogado, el Lcdo. Juan R. Rodríguez, rindió el

informe

pericial.

además,

la

El

contención

Tribunal

de

los

de

Circuito

demandantes

rechazó,

de

que

la

declaración jurada prestada por el codemandante Hernán

Tenorio Betancourt y el informe del perito contratado

por el licenciado Rodríguez pusieron en controversia el

hecho de que los demandantes tenían conocimiento de los

actos

negligentes

al

momento

de

presentar

la

primera

demanda el 30 de diciembre de 1998 y que, por lo tanto,

no se podía dictar sentencia sumaria en el caso de autos

ya que existía controversia sobre un hecho material.

El 7 de agosto de 2002 los demandantes recurrieron

de

esta

determinación

ante

nos

planteando

como

único

error que el Tribunal de Circuito incidió al determinar

que la segunda demanda estaba prescrita cuando se radicó

el 19 de septiembre de 2000.

El 4 de octubre de 2002 le

concedimos término a los demandados recurridos para que

se expresaran y con el beneficio de la comparecencia de

ambas

partes,

procedemos

a

resolver

sin

ulteriores

procedimientos.

II

Reiteradamente

hemos

resuelto

“que

el

plazo

prescriptivo para el ejercicio de las acciones de daños

y

perjuicios

no

comienza

en

el

instante

cuando

se

CC-2002-611

6

produce la acción u omisión culposa o negligente, sino

en

el

momento

sufrido

un

en

que

daño,

y

el

perjudicado

sepa,

además,

conozca

que

ha

quien

es

el

responsable”.

Ojeda v. El Vocero, 137 D.P.R. 315, 325

(1994);

Colón

Prieto

(1984).

Este Tribunal ha enfatizado la importancia de

la

etapa

v.

Geigel,

cognoscitiva

del

115

daño

D.P.R.

232,

indicando

que

246

es

necesario distinguir entre el momento en que ocurre la

consecuencia lesiva y aquel en que el perjudicado la

reconozca,

ya

que

la

diferencia

conlleva

efectos

jurídicos distintos de vital importancia, como lo es el

momento cuando empieza a decursar el plazo hábil durante

el cual el perjudicado puede iniciar su causa de acción

reclamando

los

daños

sufridos.

v.

Ojeda

El

Vocero,

supra, Herminio M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios

extracontractuales

en

Puerto

Rico,

Vol

I,

San

Juan,

Pubs. J.T.S., 2da ed., 1986, págs. 423-427, 439-442 y

567-572.

La Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra,

permite

a

un

demandante

desistir

sin

perjuicio,

sin

orden del tribunal, simplemente mediante la presentación

de un aviso de desistimiento “en cualquier fecha antes

de

la

notificación

contestación

o

de

por

una

la

moción

parte

adversa

solicitando

de

la

sentencia

sumaria, cualesquiera de estas cosas que se notifique

primero”.

Bajo

estas

circunstancias,

“[e]l

tribunal

ordenará obligatoriamente el archivo y sobreseimiento de

CC-2002-611

la

acción

7

sin

discreción

Rafael

Hernández

Colón,

Rico,

San

Michie,

Juan,

(Énfasis suplido.)

para

obrar

Práctica

1997,

de

otra

forma.”

jurídica

de

Puerto

§

pág.

275.

3904,

La Regla 23C para la Administración

del Tribunal de Primera Instancia, a su vez, dispone que

“[e]l Secretario o la Secretaria Regional procederá a

archivar

cualquier

acción

en

que

la

parte

demandante

desista antes de la notificación por la parte adversa de

la contestación o de una moción solicitando sentencia

suma[ria]....”

la

Regla

4 L.P.R.A. Ap. II-B (Supl. 2002).

39.1(a)(1),

supra,

el

comentarista

Sobre

Cuevas

Segarra indica que el aviso de desistimiento causa la

inmediata terminación del litigio que inició el actor

desistente,

pero

la

causa

de

acción

o

reclamación

ejercitada no se extingue; puede reclamarla una vez más.

“Su

completa

presenta

en

voluntad

de

efectividad

el

desestimatoria

tribunal

se

adquiere

el

aviso

desistir;

toda

resulta

superflua”.

tan

pronto

declarativo

orden

o

José

de

se

la

resolución

A.

Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho procesal civil, T. II, San

Juan, Pubs. J.T.S., 2000, pág. 638.

7

(Énfasis suplido.)7

Cabe señalar que aún no hemos tenido la oportunidad

de interpretar y armonizar las disposiciones de la Regla

39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, con las

disposiciones de la Regla 4.3(b), supra, que, con

relación al término de seis (6) meses para emplazar,

dispone específicamente que “[t]ranscurrido el término

original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere

sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por

desistida, con perjuicio”. (Énfasis suplido.)

CC-2002-611

8

Sobre este particular, en García Aponte et al. v.

E.L.A.,

135

D.P.R.

137,

145

(1994),

resolvimos

lo

siguiente:

[L]a presentación del aviso de desistimiento

ante el tribunal pone fin al pleito y

constituye, por lo tanto, la fecha a partir de

la cual comienza el transcurso del nuevo

término prescriptivo. La expresión inequívoca

de la voluntad de desistir es el momento

determinante

de

que

cesó

el

efecto

interruptivo de la acción judicial.

Los

eventos posteriores a tal manifestación de

voluntad, como la fecha en que el tribunal

dicta sentencia, la archiva y notifica o ésta

adviene final y firme, nada tienen que ver con

que surta efecto dicha expresión de voluntad

y, por consiguiente, resultan impertinentes.

(Énfasis suplido.)

En cuanto a las alegaciones en la demanda, éstas

tienen

el

propósito

de

bosquejar

la

controversia

a

grandes rasgos para así notificarle a la parte demandada

la reclamación que se está aduciendo en su contra, de

manera que pueda comparecer a defenderse de la misma si

así lo desea.

Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, supra; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573

(1972);

Sierra

v.

Tribunal

Superior,

81

D.P.R.

554

(1959).

En la etapa inicial de un caso, al presentar la

demanda el demandante no está obligado a alegar hechos

probatorios, o sea, “no tiene que exponer con detalle

todos los hechos en que basa su reclamación.

Basta con

una alegación corta, clara, simple, concisa y directa”.

Cuevas Segarra, supra, en la pág. 206.

Las alegaciones

presentan al tribunal sólo los hechos esenciales para la

CC-2002-611

9

aplicación del derecho.

“Basta con alegar el último

hecho, o el hecho que produce las consecuencias jurídicas

relevantes al proceso....

En una demanda lo único que

hay

hechos

que

alegar

reclamación”.

son

los

que

dan

lugar

a

la

Hernández Colón, supra, en la § 2301, pág.

179.

De otra parte, la Regla 9 de Procedimiento Civil,

supra, dispone que “[la] firma de un abogado equivale a

certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo a

su mejor conocimiento, información y creencia está bien

fundado; y que no ha sido interpuesto para causar demora

u opresión”.

Esta responsabilidad se hace extensiva a

la parte que comparece.

Cabe señalar que en repetidas

ocasiones hemos reconocido y hecho hincapié sobre las

responsabilidades y deberes del abogado no sólo para con

sus clientes, sino también para con el sistema judicial.

Comentario a la Regla 9, supra; In re: Siverio Orta, 117

D.P.R. 14 (1986).

La responsabilidad que le impone la

Regla 9, supra, a un abogado es una no sólo de carácter

procesal,

sino

que

también

constituye

una

norma

de

carácter ético.

Reiteradamente

hemos

resuelto

que

como

“regla

general y en ausencia de circunstancias que justifiquen

lo contrario, todo litigante que escoge libremente un

abogado para que lo represente en un litigio no puede

evitar las consecuencias de los actos u omisiones de tal

agente”.

Srio. Del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc.,

CC-2002-611

10

119 D.P.R. 660, 671 (1987).

Debe “considerarse que [el

litigante] ha tenido aviso de todos los hechos y actos

que le han sido notificados a su abogado”.

Díaz v.

Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966); Maldonado v.

Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 497 (1982);

Méndez v. Pérez, Tribunal Superior, 101 D.P.R. 87, 93

(1973).

Pasemos ahora a aplicar las normas de derecho antes

reseñadas a los hechos del caso de autos.

III

En el caso que tenemos ante nuestra consideración

los

actos

de

reclamación

impericia

ocurrieron

Oportunamente,

el

30

médica

que

dan

lugar

a

la

el

3

de

enero

de

1998.

de

diciembre

de

1998,

los

demandantes presentaron una reclamación en daños ante el

Tribunal de Primera Instancia.

Sin lugar a dudas, esta

acción

interrumpir

tuvo

el

efecto

de

el

término

prescriptivo de la acción en daños de los reclamantes

mayores de edad.

A tenor con las normas procesales

antes

este

expuestas,

término

comenzó

a

decursar

nuevamente el 7 de septiembre de 1999, fecha en que los

demandantes

presentaron

ante

el

foro

de

instancia

un

aviso de desistimiento sin perjuicio.

A

la

luz

de

las

normas

de

derecho

previamente

citadas, no podemos avalar la teoría de los demandantes

CC-2002-611

11

peticionarios de que tuvieron conocimiento de que se les

había causado un daño por un acto negligente de los

demandados el 24 de agosto de 2000, cuando el perito

contratado

por

su

segundo

abogado,

Rodríguez, rindió su informe.

el

licenciado

El codemandante Tenorio

Betancourt expresó mediante declaración jurada que fue

el 24 de agosto de 2000, cuando leyó el informe pericial

del Dr. Miguel A. López Napoleoni, el perito contratado

por su segundo abogado, que se enteró que los daños

sufridos fueron causados por un acto negligente de los

demandados.

Sin embargo, esta declaración no puso en

controversia

el

obtuvieron

momento

conocimiento

en

que

sobre

quién

sido los causantes del daño.

los

o

demandantes

quiénes

habían

Ya desde la presentación

de la primera demanda, el 30 de diciembre de 1998, en la

cual alegaron específicamente que los daños ocasionados

a la menor Dinayra Tenorio Conesa fueron producto de la

negligencia

de

peticionarios

los

demandados,

los

demandantes

tenían

conocimiento

de

que

podían

ejercitar una acción reclamando los daños causados.

entonces

firmó

la

abogado,

el

Lcdo.

Francisco

demanda

y

los

demandantes

Toro

Su

González,

peticionarios,

habiendo escogido libremente a dicho abogado para que

los

representara,

ahora

no

pueden

evitar

las

consecuencias de sus actos u omisiones.

A tenor con las normas jurisprudenciales previamente

reseñadas, debemos considerar que los demandantes han

CC-2002-611

12

tenido aviso de todos los hechos y actos que su abogado

realizara

en

notificados

este

caso

su

abogado.

a

y

aquellos

Esto

que

le

significa

fueron

que

los

demandantes tenían conocimiento de las alegaciones de la

primera

demanda

y

de

la

consulta

informal

que

el

licenciado Toro González le hiciera a la doctora Claudio

Lorenzo sobre la posible negligencia de los demandados

en relación con el tratamiento que le ofrecieron a la

menor Dinayra Tenorio Conesa.

No podemos presumir que

la primera demanda, radicada el 30 de diciembre de 1998,

fue

presentada

reclamación.

interrumpió

sin

Al

el

tener

radicar

término

base

esta

para

reclamando los daños sufridos.

alguna

primera

presentar

para

la

demanda

se

una

acción

Dicho término comenzó a

decursar nuevamente cuando los demandantes presentaron,

el 7 de septiembre de 1999, el aviso de desistimiento

sin perjuicio ante el foro de instancia.

La segunda

demanda se presentó el 19 de septiembre de 2000, pasado

el término de un año (1) que establece el Art. 1868 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, para presentar las

acciones

para

obligaciones

exigir

derivadas

responsabilidad

civil

de

negligencia

la

culpa

o

por

las

en

virtud del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5141.

Bajo

las

circunstancias

específicas

del

caso

de

marras es forzoso concluir que por lo menos desde el 30

de diciembre de 1998 los demandantes tenían conocimiento

CC-2002-611

13

tanto de los daños causados como de cuándo y quién los

causó.

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la

sentencia del Tribunal de Circuito y devolvemos el caso

para que continúen los procedimientos de forma compatible

con lo aquí resuelto.

MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN

Jueza Asociada

CC-2002-611

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hernán Tenorio Betancourt

y otros

Peticionarios

v.

CC-2002-611

Hospital Dr. Pila de Ponce

y otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se confirma la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso para que

continúen los procedimientos de forma compatible con lo

aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente por entender que no procedía

que se dictase sentencia sumaria aquí. Más bien, debió

dilucidarse mediante vista evidenciaria la cuestión de

cuándo tuvieron los demandantes conocimiento real de la

impericia.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo