LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RICARDO NAZARIO ACOSTA, ET AL. V. E.L.A. DE P.R., ET AL.

2003 TSPR 116

Poder Judicial de Puerto Rico

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RICARDO NAZARIO ACOSTA, ET AL. V. E.L.A. DE P.R., ET AL.

CC-1998-1033

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ricardo Nazario Acosta, et al.

Demandantes-Peticionarios

Certiorari

v.

2003 TSPR 116

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, et al.

159 DPR ____

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-1998-1033

Fecha: 30 de junio de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Ramón Negrón Soto

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan R. Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Vannessa Ramírez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ricardo Nazario Acosta,

et al.

Demandantes- Peticionarios

v.

CC-1998-1033

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003.

En el presente recurso nos corresponde dilucidar

si prescribió la demandada incoada por un ex miembro

de la Policía contra el Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico

negligencia

unas

por

al

alegadas

despido

injustificado

investigar,

por

por

su

indefinido,

por

él

mientras dirigía una división de la uniformada.

Por

entender

como

que

irregularidades

tiempo

y

algunos

de

los

cometidas

daños

sufridos

consecuencia de las actuaciones del Estado no han

prescritos, confirmamos al Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

CC-1998-1033

3

I

En 1981, Ricardo Nazario Acosta (en adelante Nazario

Acosta) fue nombrado director de la División de Drogas y

Narcóticos

de

Ponce.

Posteriormente

el

señor

Juan

A.

González Hernández (en adelante, el agente González) fue

asignado

como

agente

encubierto

a

dicha

División.

Ese

mismo año, Nazario Acosta, en el desempeño de sus funciones

directivas, comenzó una investigación en contra del agente

González por alegadas irregularidades cometidas por éste.

Poco

tiempo

después

de

comenzada

la

investigación

antes mencionada, el agente González alegó ser agredido por

narcotraficantes,

versión

que

luego

alteró

señalando

a

agentes de la División como los presuntos agresores como

parte de una conspiración para matarlo.

Dichas expresiones

fueron publicadas en varios periódicos del país1.

Los reportajes publicados provocaron el inicio de una

investigación en contra de Nazario Acosta y el traslado de

éste, en el 1984, al Negociado de Asunto Criminales en San

Juan,

relevándolo

de

su

puesto

como

Director

con

el

traslado,

Nazario

de

la

División.

Inconforme

solicitó

reconsideración

denegada.

Dicha determinación no fue apelada ante la Junta

de

la

decisión,

la

Acosta

cual

fue

de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal

El Vocero publicó noticias sobre las imputaciones hechas a

Nazario Acosta en sus ediciones del 16, 17, 19, 21, de

noviembre de 1984; 6 de diciembre de 1984; 28 de febrero de

1987 y; 2 de octubre de 1987. El Mundo publicó una noticia

sobre estos hechos el 17 de noviembre de 1984.

El Nuevo

Día publicó noticias, relacionadas a los mismos hechos, el

21 y 22 de noviembre de 1984.

1

CC-1998-1033

4

(en adelante J.A.S.A.P.)

Consecuentemente, se le informó

que su traslado era permanente.

En mayo de 1985, Nazario Acosta presentó su renuncia a

la

Policía

por

haber

sido

relevado

de

sus

funciones

sometido a una investigación administrativa.

y

No obstante

como había una investigación pendiente, su renuncia no fue

aceptada.

En octubre de 1986, más de un año después de su

renuncia, y en vista de que ésta nunca había sido aceptada,

Nazario

Acosta

solicitó

el

retiro

de

la

consecuentemente, su reingreso a la Policía.

misma

y

Esta petición

no fue contestada, a pesar de haberse solicitado en varias

ocasiones

una

determinación

en

cuanto

a

la

misma.

A

petición de Nazario Acosta, en julio de 1989, la División

de

Nombramientos

y

Cambios

de

la

Policía

emitió

una

Certificación en la cual se indicó que la renuncia todavía

no

había

sido

aceptada

“por

tener

una

investigación

pendiente en la Oficina de Asuntos Legales”.

De hecho, la

Policía nunca concluyó la investigación iniciada en contra

de Nazario Acosta.

Tampoco se sometieron cargos en su

contra ni se le contestaron sus requerimientos sobre el

estado de la misma.

La Policía sí solicitó una prórroga

para poder concluir la investigación y someter cargos la

cual

fue

concedida

Procesamiento

y

por

Apelación

la

(en

Comisión

adelante

de

Investigación,

C.I.P.A.).

Dicha

prórroga le extendió el término para concluir la susodicha

investigación hasta el 21 de febrero de 1985.

CC-1998-1033

5

En 1984, Nazario Acosta solicitó admisión a la Escuela

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto

Rico.

Sin embargo, el 21 de noviembre de ese mismo año,

fue informado que su solicitud no podía ser considerada

hasta

tanto

terminara

dicha

investigación.

En

mayo

de

1985, éste solicitó una licencia para tener y poseer arma

de fuego, a lo que la Policía presentó objeción debido a la

investigación mencionada. En consecuencia, dicha licencia

fue denegada.

En una segunda ocasión, cuando solicitó la

licencia de portación de arma de fuego, fue el Departamento

de Justicia el que objetó por el mismo fundamento.

No

obstante, Nazario Acosta impugnó estas determinaciones ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

logrando

que

ambas

licencias fueran otorgadas.

En 1989, mientras todavía desconocía los resultados de

la investigación y de la renuncia sometida, Nazario Acosta

solicitó

la

liquidación

de

ahorros

y

dividendos

de

la

Asociación de Empleados del E.L.A., el importe del dinero

correspondiente al Fondo de Retiro de los Empleados del

Gobierno y el correspondiente a las vacaciones acumuladas.

Esta petición fue denegada, por el fundamento de que aún

estaba pendiente la susodicha investigación.

Ese mismo año

también solicitó una licencia de detective privado la cual

fue denegada, por idéntico fundamento.

misma fue concedida en febrero de 1993.

Eventualmente la

CC-1998-1033

6

El 15 de diciembre de 1988, Nazario Acosta, su esposa

y la sociedad de bienes gananciales2 compuesta por ambos,

demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre

otros3,

solicitando

daños

sufridos

como

consecuencia

de

haber sido discriminado ilegalmente por razones políticas.

Alegó además que la Policía fue negligente al mantener una

investigación en su contra de forma indefinida la cual tuvo

como consecuencia la denegación de una serie de solicitudes

y, que el comportamiento de esta agencia fue contrario al

Reglamento de la Policía, la Ley de Personal, la Ley de

Derechos

Civiles

Federal

y

Rico y de los Estados Unidos.

las

Constituciones

de

Puerto

En la demanda sostuvo que la

actuación negligente del Estado al mantener inconclusa una

investigación en su contra, le ha ocasionado daños a su

reputación y a su vida personal además de sufrimientos y

angustias mentales. Alegó además que se le privó de su

derecho a reingresar a la Policía y disfrutar de todos los

derechos y beneficios marginales y económicos, acumulados

luego

de

dieciséis

años

de

Servicio

Público.

De

igual

forma, alegó que su esposa sufrió angustias y sufrimientos

Los codemandantes Ricardo Nazario Acosta e Irene Pomales

Franco estuvieron casados desde el 22 de noviembre de 1985

hasta el 28 de marzo de 1989.

El 26 de mayo de 1990,

Ricardo Nazario Acosta se casó con Lilliam J. Hernández

Meléndez y, a estos efectos, la demanda fue enmendada para

incluir a la Sra. Hernández y a la sociedad de ganaciales

Nazario Acosta-Hernández Meléndez.

3

Incluyeron a las tres personas que habían ocupado el puesto

de Superintendente de la Policía hasta la fecha de la

presentación de la demanda tanto en su carácter personal

como oficial. También se demandó al agente Juan A. González

Hernández

de

quien

los

demandantes

posteriormente

desistieron sin perjuicio.

2

CC-1998-1033

7

al ver a su esposo desprovisto de su empleo y humillado

ante su comunidad.

Finalmente expuso que la sociedad de

gananciales

daños

sufrió

por

los

sueldos

dejados

de

percibir por Nazario Acosta a consecuencia del discrimen

ilegal del cual fue objeto el cual culminó con su salida de

la Policía.

El E.L.A., por su parte, replicó que la acción estaba

prescrita, razón por la cual solicitó la desestimación de

la

demanda.

Luego

de

varios

incidentes

procesales

el

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de

Nazario Acosta por entender que éste había sido víctima de

discrimen político que lo forzó a presentar su renuncia, lo

que constituye un despido constructivo.

Dicho foro ordenó

el

daños,

pago

de

una

suma

en

concepto

acumuladas

por

concepto

de

enfermedad,

las

aportaciones

de

licencia

al

de

Retiro,

las

sumas

vacaciones

y

de

la

y

el

mesada

salario dejado de percibir.

Por no estar de acuerdo con dicho dictamen el E.L.A.

acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones quién revocó

la

sentencia

apelada

por

entender

que

prescrita

revocando,

discrimen

político

estaba

modo,

concesión

de

la

daños

por

la

motivo

acción

de

de

por

este

discrimen

político, los salarios dejados de percibir y la mesada.

También dejó sin efecto la concesión de daños causados como

consecuencia de la negligencia por parte del Estado al no

archivar la investigación en contra de Nazario Acosta.

Sin

embargo,

de

le

ordenó

al

E.L.A.

el

pago

en

concepto

CC-1998-1033

licencia

8

de

vacaciones

y

enfermedad

acumuladas,

la

devolución de las aportaciones al Retiro y a las cuotas a

la Asociación de Empleados del E.L.A.

Por último, devolvió

el recurso al foro de instancia para que se determinaran

aquellos daños sufridos por los demandantes, al amparo del

Art. 1802, que no habían prescritos, y fuesen producto de

la

investigación

administrativa

de

la

cual

fue

objeto

Nazario Acosta.

Inconforme, Nazario Acosta acude ante nos alegando que

incidió

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

al

determinar que la acción por discrimen político y la acción

por despido ilegal estaban prescritas y, consecuentemente,

revocar la partida de daños concedida por el Tribunal de

Primera Instancia en concepto de mesada y salario dejado de

percibir.

Luego de expedir el auto solicitado y examinar

las comparecencias de las partes, resolvemos.

II

En

síntesis,

la

controversia

del

caso

de

autos

se

circunscribe a determinar si las acciones por discrimen por

razones

políticas

y

Debemos

examinar

además

ocasionados

inconclusa

por

una

la

despido

ilegal

si

la

negligencia

investigación

están

prescritas.

reclamación

del

Estado

administrativa

de

al

daños

mantener

también

está

prescrita.

La

prescripción

es

una

institución

de

derecho

sustantivo, regulada por el Código Civil, que constituye

una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en

CC-1998-1033

9

ejercer el mismo durante un término determinado. Santiago

Rivera v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de 2002, 2002

T.S.P.R.

15,

Galib

Frangie

v.

El

Vocero,

138

DPR

560,

(1995).

La misma castiga la inercia en el ejercicio de los

derechos y, a la misma vez, evita los litigios difíciles de

adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones, hecho que

podría dejar a una de las partes en estado de indefensión.

Culebra

Enterprises

Corp.

v.

E.L.A.,

127

D.P.R.

943,

(1991); Cintrón v. ELA, 127 D.P.R. 582, (1990).

El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141,

provee una causa de acción a favor de toda persona que

sufra

daño

por

la

culpa

o

negligencia

de

otro.

Por

su

parte, el Art. 1858 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5298, dispone que las acciones para exigir responsabilidad

por culpa o negligencia, al amparo del Art. 1802, supra,

tienen

un

término

prescriptivo

de

un

año.

El

periodo

prescriptivo de esta acción comienza a transcurrir desde

el momento en que el agraviado tiene conocimiento del daño

sufrido y de quien es el autor del mismo, ya que es en este

momento en que conoce los elementos necesarios para poder

ejercitar

efectivamente

su

causa

de

acción.

Cualquier

disposición que exija a los demandantes instar su causa de

acción antes de que éstos advengan en conocimiento de que

tal acción les asiste, viola su debido proceso de ley.

Alicea v. Córdova, 117 DPR 676, (1986).

Cuando nos encontramos ante una reclamación de este

tipo y debemos determinar si dicho término ha transcurrido,

CC-1998-1033

10

uno de los aspectos que debemos analizar es el tipo de daño

ocasionado.

El inicio del término prescriptivo con el cual

cuenta

perjudicado

el

para

vindicar

su

derecho

varía

dependiendo de si ha sido víctima de un daño continuado o

si,

por

el

contrario,

ha

sufrido

daños

sucesivos

a

consecuencia de la actuación del demandado.

Ya

anteriormente

habíamos

definido

a

los

daños

continuados como “aquéllos producidos por uno o más actos

culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no,

que

resultan

en

consecuencias

lesivas

ininterrumpidas,

sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí,

las cuales al ser conocidas hacen también que se conozcan,

por ser previsible, el carácter continuado e ininterrumpido

de sus efectos, convirtiéndose, en ese momento, en un daño

cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que

ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y, por tanto,

cierto.” Santiago Rivera v. Ríos Alonso, supra, a la pág.

4;

Galib

citando

a

Frangie

v.

El

Vocero,

H.M.

Brau

del

Toro,

supra,

Los

a

la

pág.

575,

daños

y

perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, 2nda Ed.,Publicaciones

J.T.S., San Juan (1986), pág 648.

En otras palabras, son

aquellos daños producidos por uno o más actos imputables al

actor

en

donde

el

daño

posterior,

acaecido

como

consecuencia del acto culposo o negligente, es previsible

por lo que constituye una sola causa de acción.

Es, por

tanto, determinante para poder clasificar los daños como

continuados que los daños futuros sean previsibles.

CC-1998-1033

11

Lo determinante para establecer el inicio del término

prescriptivo, en los daños continuados, es el momento en

que comienza la producción del daño.

Es a partir de este

momento que comienza a transcurrir el término de un año que

tiene

el

perjudicado

para

hacer

valer

su

derecho,

suponiendo, claro está, que éste tiene conocimiento, desde

entonces, de quién es la persona responsable de los mismos.

Esto

debido

a

que

lo

característico

de

los

continuados es que los mismos son previsibles.

previsibles

se

entiende

que

el

término

daños

Al ser

prescriptivo

comienza a transcurrir cuando el perjudicado conoce, por

primera vez, el daño y quién es el responsable del mismo y

que

dicho

daño

“comprende

posibles sean de prever.

todas

sus

consecuencias

como

Es decir, que la inseguridad

sobre el volumen y la cuantía de los daños no excluyen el

comienzo de la prescripción”. H.M. Brau del Toro, Los daños

y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág

648, citando a J. Santos Briz, La responsabilidad civil:

Derecho

Sustantivo

Montecorvo,

Briz,

Madrid,

La

y

Derecho

(1977),

responsabilidad

Procesal,

pág.

836.

civil:

2da

Véase,

Derecho

Ed.,

J.

Ed.

Santos

Sustantivo

y

Derecho Procesal, 7ma Ed., Ed. Montecorvo, Madrid, (1993),

pág. 1187.

En síntesis, en los daños continuados, precisamente

por

ser

de

carácter

todos

aquellos

Debido

a

su

daños

previsible,

el

daño

cierto

incluye

futuros

que

se

puedan

prever.

previsibilidad,

el

carácter

continuado

e

CC-1998-1033

12

ininterrumpido de sus efectos se convierte en daño cierto

que incluye el daño acaecido y el daño futuro previsible.

Por

ser

dichos

daños

futuros

previsibles,

ciertos

y

conocidos, el término prescriptivo para instar la acción

para su resarcimiento comienza a transcurrir

desde que el

agraviado tuvo conocimiento del primer daño cierto y puede

predecir

la

ocurrencia

de

los

daños

subsiguientes.

H.M.

Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en

Puerto Rico, supra, pág. 643.

En

otras

palabras,

en

el

caso

de

los

daños

continuados, el daño original se conoce en un momento dado

y desde ese momento se pueden prever consecuencias lesivas

que continuarán ocurriendo en el futuro de forma incesante

y sostenidamente a causa de la actuación del demandado.

Dicha previsibilidad convierte a dichas consecuencias

un

daño

cierto

original.

H.M.

coetáneo,

o

en

una

ampliación

Brau

Toro,

Los

daños

del

y

del

en

daño

perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág. 647. Y es

debido

a

que

dichos

daños

son

previsibles

que

podemos

considerarlos, junto al daño acaecido, en daños ciertos,

razón por la cual el término prescriptivo puede comenzar a

transcurrir.

De otro modo, tendríamos la situación donde en casos

de

daños

continuados

mientras

persista

el

daño

el

perjudicado puede retrasar el inicio de la acción y cobrar

retroactivamente por daños ocurridos años y quien sabe si

décadas atrás. Dicho resultado sería contrario al propósito

CC-1998-1033

13

de los términos precriptivos que precisamente castigan la

inercia en el ejercicio de los derechos, y evitan que el

poder público proteja por tiempo indefinido los derechos no

reclamados

por

su

titular.

Culebra

Enterprises

Corp.

v.

E.L.A., supra. Como es sabido, los estatutos prescriptivos

fomentan

la

estabilidad

tráfico

jurídico.

Los

jurídica

mismos

y

la

promueven

seguridad

la

en

el

justicia

al

evitar la resucitación de causas viejas y las consecuencias

inevitables de paso del tiempo. Culebra Enterprises Corp.

v. E.L.A., supra.

Por otro lado, los daños sucesivos son “una secuencia

de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del

perjudicado,

las

periódicamente,

pero

que

se

que

se

producen

van

y

manifiestan

conociendo

en

momentos

distintos entre los que media un lapso de tiempo finito,

sin

que

en

momento

subsiguientes,

diligencia

ni

alguno

sea

razonable.”

sean

posible

Santiago

previsibles

los

descubrirlos

empleando

Rivera

v.

Ríos

daños

Alonso,

supra, a la pág. 4, citando a H.M. Brau del Toro, Los daños

y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág.

643. Énfasis nuestro.

Es decir, son aquellos daños que se

repiten sin que sea necesario que los mismos sean iguales

en magnitud y cuya sucesión no es previsible.

previsibles, a diferencia

Por no ser

de los daños continuados, no

podemos incluir como daño cierto, tanto al daño acaecido

como

a

todos

los

posibles

daños

futuros

que

podrían

acaecer. Consecuentemente, en vez de tanto el daño acaecido

CC-1998-1033

14

como los daños futuros formar una sola causa de acción con

un sólo término prescriptivo que comienza a transcurrir tan

pronto se tiene conocimiento del daño acaecido, cada daño

constituye

una

causa

de

acción

distinta,

y

cada

una

contiene un término prescriptivo distinto, el cual comienza

en

momentos

distintos

a

partir

del

reconocimiento

del

perjudicado de cada daño individual y de quién fue el autor

de

los

mismos.

En

síntesis,

en

el

caso

de

los

daños

sucesivos, debido a que cada daño constituye una causa de

acción

independiente

cada

una

de

por

éstas

los

mismos

no

ser

tiene

un

término

previsibles,

prescriptivo

independiente cuyo inicio depende del momento en que el

perjudicado sufrió cada uno de los daños.

Como es sabido, cuando la ley no especifica un término

prescriptivo

para

una

acción

civil,

término de una acción análoga.

debe

utilizarse

el

Siguiendo este principio

del derecho, nuestra jurisprudencia ha establecido que el

término prescriptivo aplicable a las acciones civiles en

daños

y

perjuicios

que

surgen

al

amparo

de

la

Ley

de

Derechos Civiles es de un año. Olmo v. Young & Rubicam of

P.R.,Inc., 110 D.P.R. 740, 742 (1981).

Entre las distintas acciones que están amparadas por

esta

ley

se

discriminada

encuentra

ilegalmente

aquélla

por

donde

parte

del

una

persona

Estado.

Por

es

lo

tanto, la causa de acción que surge como consecuencia de un

acto de discrimen ilegal, tienen un término prescriptivo de

un año. Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 D.P.R.

CC-1998-1033

347,

15

(1988)

En

tales

casos,

el

término

prescriptivo

comienza a transcurrir a partir de la notificación de la

acción arbitraria o ilegal.

Este término aplica cuando un

empleado público es objeto de una acción discriminatoria,

arbitraria e ilegal la cual podría ser, pero no se limita

a,

un

despido,

incluyendo

un

traslado

o

reclasificación

entre otras. Cintrón v. ELA, supra.

En

aquellas

ocasione

un

comienza

a

ocasiones

despido

transcurrir

en

las

cuales

el

ilegal,

el

término

prescriptivo

a

partir

del

momento

empleado es notificado de la cesantía.

discrimen

en

que

el

Delgado Rodríguez

v. Nazario Ferrer, supra.

Ello es así debido a que es a

partir

que

el

agraviado

que

le

ocasionó

de

conocimiento

este

de

momento

los

daños

adviene

la

en

actuación

arbitraria. Ríos Quiñónes v. Administración de Servicios

Agrícolas, 140 D.P.R. 868, a la pág 872, (1996).

De igual

forma ocurre cuando estamos ante un traslado.

En este

caso, el término comienza a transcurrir desde el momento en

que

se

le

notifica

al

perjudicado

decretando el traslado, es final.

que

la

decisión,

Dicho término no queda

interrumpido por un recurso de revisión ante J.A.S.A.P.,

debido a que el perjudicado tiene conocimiento del daño

desde que se le notifica el traslado. Cintrón v. E.L.A.,

supra; Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, supra.

El

acción

término

por

es

despido

igualmente

aplicable

constructivo.

a

Existe

una

un

causa

de

despido

constructivo cuando un empleado se ve forzado a presentar

CC-1998-1033

16

su renuncia debido a las condiciones de trabajo onerosas

impuestas por el patrono.

un

despido

En otras palabras, estamos ante

constructivo

cuando

los

actos

voluntarios

e

injustificados de un patrono tienen el propósito de obligar

a

un

empleado

a

dejar

su

cargo

siendo

ésta

alternativa razonable que le queda al empleado.

la

única

Hernández

v. Trans Oceanic Life Insurance, res. el 30 de junio de

2000, 2000 T.S.P.R. 115; Vélez de Reilova v. Ramírez Palmer

Bros. Inc., 94 D.P.R. 175, a la pág. 178, (1967).

casos

de

despido

constructivo,

el

empleado

En los

tiene

conocimiento del daño al momento de notificar su renuncia

por lo que es a partir de ese momento, y no desde que la

misma

es

efectiva,

que

comienza

a

decursar

el

término

prescriptivo.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la

situación que tenemos ante nos.

III

La

causa

de

acción

por

los

daños

ocasionados

por

actuaciones discriminatorias por motivos políticos, por las

actuaciones

término

negligentes

prescriptivo

despido

un

del

momento

a

adviene

conocimiento

responsable del mismo.

por

de

transcurrir

en

partir

o

del

año,

el

en

daño

ilegal

tienen

un

cual

comienza

a

que

y

de

el

perjudicado

quién

es

el

No está en controversia si Nazario

Acosta fue discriminado por razones políticas.

Lo que nos

corresponde resolver es si dicha acción está prescrita.

CC-1998-1033

Según

acción

17

señaláramos,

de

daños

el

por

término

discrimen

prescriptivo

político

de

la

comenzó

a

transcurrir desde el momento en que Nazario Acosta advino

en

conocimiento

del

daño

arbitraria del Estado.

ocasionado

por

la

actuación

En el caso de autos, el término

prescriptivo comenzó a transcurrir desde el momento en que

el Estado ejecutó la acción arbitraria en contra de Nazario

Acosta, a saber, el traslado del cual éste fue objeto.

traslado se notificó el 16 de noviembre de 1984.

El

El 26 de

noviembre Nazario Acosta solicitó reconsideración, la cual

fue denegada el 15 de abril de 1985.4

Como

acudir

mencionáramos

ante

el

foro

anteriormente,

judicial

el

término

a

transcurrir

comienza

para

a

partir de que el agraviado por la actuación discriminatoria

es notificado de la misma.

En el caso de autos, el término

comenzó a transcurrir el 16 de noviembre de 1984.

En este

momento, la determinación del traslado fue final y es desde

esta fecha, cuando Nazario Acosta adviene en conocimiento

del

daño

causado,

que

comenzó

a

contar

el

término

prescriptivo de un año para la acción de discrimen ilegal.

Al momento en que se insta la demanda, el 15 de diciembre

de

1988,

Nazario

ya

habían

Acosta

pasado

advino

en

sobre

cuatro

conocimiento

años

de

la

desde

que

actuación

Debemos señalar que según nuestro ordenamiento la moción de

reconsideración en el foro administrativo tiene que ser

resuelta en el término de 15 días luego de ser presentada,

de no emitir una determinación se entenderá que la misma

fue rechazada de plano. Por tanto, la determinación,

emitida

el

15

de

abril

de

1986,

denegando

la

reconsideración fue emitida sin jurisdicción.

4

CC-1998-1033

18

discriminatoria y del daño ocasionado por la misma por lo

que nos es forzoso concluir que la acción está prescrita.

Por otro lado, Nazario Acosta alega que fue víctima de

actuaciones discriminatorias que lo obligaron a renunciar

configurándose, de esta forma, un despido constructivo y

una causa de acción por despido ilegal.

Si en efecto le

asiste dicha causa de acción, para determinar si la misma

está prescrita debemos analizar el momento en que éste tuvo

conocimiento del daño sufrido.

Desde ese momento comenzó

a transcurrir el término prescriptivo de un año para esta

causa de acción.

Nazario Acosta presentó su renuncia el 13 de mayo de

1985 haciéndola efectiva el 31 de mayo de ese mismo año.

Independientemente de que la misma fuese efectiva el 31 de

mayo o del hecho de que la misma nunca fue aceptada, la

realidad sigue siendo la misma.

de

presentar

su

renuncia,

Nazario Acosta, al momento

conocía

del

daño

causado

en

virtud de la actuación discriminatoria por parte del Estado

y

estaba

en

posición

de

ejercer

su

causa

de

acción.

Nazario Acosta advino en conocimiento del daño sufrido y de

la causa del mismo el día en que notificó su renuncia.

Debido

a

ello,

el

término

transcurrir el 13 de mayo de 1985.

prescriptivo

comenzó

a

La demanda se presentó,

tres años y siete meses después de haberse notificado la

renuncia, o si se quiere, desde el despido constructivo.

Esta

causa

prescrita.

de

acción

por

despido

ilegal

también

está

CC-1998-1033

Sin

19

embargo,

la

causa

de

acción

en

virtud

de

la

actuación negligente y discriminatoria por parte del Estado

al mantener inconclusa la investigación administrativa en

contra de Nazario Acosta, en violación del Reglamento de la

Policía5, y los daños ocasionados por esta negligencia, no

están

del

todo

negligencia

por

sucesivos

cuyos

prescritos.

parte

del

Esto

Estado

términos

es

debido

la

a

causa

prescriptivos

que

de

la

daños

comienzan

a

transcurrir en momentos distintos.

Esta

investigación,

la

cual

debió

concluir

en

1985

cuando se expiró la prórroga concedida por la C.I.P.A.,6 fue

la

causa

de

una

serie

de

daños

los

cuales

no

hubiesen

podido ser previstos por el más diligente de los hombres

prudentes y razonables. Esto implica que los daños causados

por

la

susodicha

investigación

constituyen

una

serie

de

daños sucesivos con términos prescriptivos independientes.

La

investigación

comenzó

en

noviembre

de

1984,

se

mantuvo abierta indefinidamente luego de transcurrida la

prórroga

dada

por

la

C.I.P.A.

la

cual

venció

el

21

de

Véase Reglamentos de Puerto Rico, Policía de Puerto, 25

L.P.R.A. sec 1602 (C )(2)(c). Dicha disposición exige que

la misma sea realizada dentro de un tiempo razonable.

6

Debemos señalar que no sólo se mantuvo abierta luego de

haber concluido el término otorgado por la C.I.P.A. para

radicar cargos o en su defecto desistir de la misma, sino

que desde mayo de 1985 la Policía tuvo conocimiento de que

el

agente

González,

había

sido

diagnosticado

con

esquizofrenia por el Fondo de Seguro del Estado. Este

conocimiento, sin más, era razón suficiente para desistir

de

una

investigación

que

se

había

iniciado

como

consecuencia de las imputaciones hechas por el agente y

publicadas en los medios. Ello debido a que las mismas son

un reflejo de delirios de persecución, uno de los síntomas

más conocidos de la condición diagnosticada.

5

CC-1998-1033

20

febrero de 1985.

Hasta este momento el Estado estaba en

pleno derecho de investigar a uno de sus empleados.

Una

vez

la

pasa

el

término

dispuesto

para

concluir

investigación y la subsiguiente radicación de cargos, el

Estado tenía dos opciones; o presentaba cargos para que de

esta forma el empleado tuviese la oportunidad de ser oído,

garantizándole

su

debido

proceso

de

ley

o,

contrario, daba por terminada la investigación.

por

el

El Estado

fue negligente al no actuar en una de las dos formas antes

descritas.

Es entonces a partir de este momento, el 21 de

febrero de 1985, que comienza la negligencia por parte del

Estado

al

abierta,

sin

justificación alguna y de forma contraria a derecho.

Su

negligencia

mantener

desencadenó

la

una

investigación

serie

de

eventos

causándole

daños a Nazario Acosta que, por la imprevisibilidad de los

mismos,

constituyen

daños

sucesivos

por

lo

que

tienen

términos prescriptivos distintos y, consecuentemente, deben

ser analizados individualmente.

Bajo este razonamiento, es forzoso concluir que todas

aquellas

circunstancias

en

las

cuales

la

investigación

administrativa tuvo efecto negativo para el demandante pero

que sucedieron durante el término en que la Policía tenía

abierta la investigación legítimamente no le proveen una

causa de acción al demandante ya que, en esos momentos, el

tener la investigación abierta no constituyó una actuación

negligente por parte del Estado.

Entre éstas se encuentran

CC-1998-1033

21

la denegatoria enviada, por la Escuela de Derecho, el 21 de

noviembre de 1984.

Por

cuales

otro

la

negativos

lado,

tenemos

investigación

para

el

aquellas

situaciones

administrativa

demandante,

y

ya

en

en

las

tuvo

efectos

ese

momento

constituía negligencia del Estado mantener la investigación

abierta

pues

habían

transcurrido

los

términos

para

la

radicación de cargos o en su defecto la clausura de la

investigación. Cada uno de estos daños constituye una causa

de acción diferente, con un término prescriptivo distinto.

En primer lugar, nos encontramos ante la denegación de

licencia de tener y poseer arma de fuego. Esta licencia fue

denegada el 5 de abril de 1986.

Es en esa fecha que

Nazario Acosta se entera de la denegatoria, el daño sufrido

y

que

la

causa

del

mismo

fue

la

investigación

que

la

Policía mantenía inconclusa, siendo ésta la responsable del

daño. Por consiguiente, es en este momento en que comenzó a

transcurrir el término prescriptivo.

Al momento de instar

la acción, el 15 de diciembre de 1988, habían pasado dos

años y ocho meses, desde el inicio del término.

Nos es

forzoso concluir que la acción en daños como consecuencia

de la denegatoria de la licencia de tener y poseer un arma

de fuego está prescrita. De igual forma, está prescrita la

acción en daños a consecuencia de la denegatoria de la

licencia de portación de armas.

En cambio la denegación de la Licencia de Detective

Privado,

fue

notificada

el

23

de

abril

de

1992.

CC-1998-1033

22

Evidentemente, la causa de acción por los daños ocasionados

por esta denegatoria no está prescrita. Aunque la licencia

fue

eventualmente

concedida,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia debe determinar los daños sufridos a consecuencia

de la

denegatoria, la cual, al igual que las anteriores,

se fundamentó en la investigación que pendía en contra de

Nazario Acosta.

Nazario Acosta tiene también una causa de acción a su

favor, la cual no está prescrita, por los daños ocasionados

por la denegatoria notificada el 28 de septiembre de 1989

de su solicitud para liquidar los ahorros y dividendos de

la Asociación de Empleados del ELA, el importe del Fondo de

Retiro, y el correspondiente a las vacaciones acumuladas.

Por años la Policía le impidió a las agencias encargadas de

administrar

conducta

de

eternamente

fondos,

a

estos

fondos

que

se

la

Policía

de

mantener

abierta

los

que

impidió

tenía

que

los

se

derecho,

reembolsaran.

la

le

y

investigación

devolvieran

se

La

le

unos

pagaran

las

vacaciones que tenía acumuladas. No fue hasta el día del

juicio, en 1996, que los demandados aceptaron compensar la

cantidad adeudada en cuanto a esta solicitud. El Tribunal

de

Primera

ocasionados

Instancia

por

la

deberá

actuación

determinar

negligente

los

daños

del

Estado

que

al

mantener

la

provocó la dilación de este pago.

En

el

caso

investigación

existía

un

de

autos,

inconclusa

proceso

de

y

la

Policía,

divulgar

constantemente

que

investigación

administrativa

en

CC-1998-1033

23

contra de Nazario Acosta, interfirió con distintos aspectos

de su vida.

La actuación negligente del Estado al mantener

la investigación en contra de Nazario Acosta inconclusa, le

ocasionó daños a su reputación y a su vida personal además

de sufrimientos y angustias mentales.

Se le ha privado,

además, de su derecho a reingresar a la Policía y disfrutar

de todos los beneficios marginales y económicos acompañados

a sus privilegios y derechos acumulados luego de dieciséis

años

de

servicio.

De

igual

forma,

su

esposa

sufrió

angustias y sufrimientos como consecuencias de la situación

enfrentada por Nazario Acosta. Todo por una investigación

en contra de éste que la Policía mantuvo discriminada e

injustificadamente inconclusa por más de doce años.

Debido a que los daños ocasionados por la actuación

negligente

del

Estado

son

daños

sucesivos,

por

lo

que

constituyen causas de acción independientes cuyos términos

prescriptivos inician en distintos momentos, no todas las

causas

de

acción

prescritas.

Tribunal

En

de

presentadas

vista

Primera

de

ello,

por

el

se

devuelve

Instancia

demandante

para

el

que

están

caso

haga

al

una

determinación sobre la cuantía correspondiente a aquellos

daños, sufrimientos y angustias mentales que sufrieron los

demandantes como consecuencia de la actuación del Estado al

mantener abierta, de forma discriminatoria e ilegal, una

investigación

aquellos

en

causados

contra

de

por

denegatoria

la

Nazario

Acosta.

de

la

A

saber,

licencia

de

detective, impedir su reingreso a la Policía, la negativa

CC-1998-1033

24

por parte del Estado a liquidar los ahorros y dividendos de

la Asociación Empleados E.L.A., el importe del Fondo de

Retiro, y el pago de las vacaciones acumuladas. En fin,

todos

aquellos

daños

ocasionados

por

la

actuación

negligente del Estado al mantener la investigación abierta,

que no estuviesen prescritos.

Es decir, aquellos ocurridos

a partir del 15 de diciembre de 1987, un año antes la

interposición

de

la

demanda.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia deberá hacer esa determinación y, en caso de que

sea necesario para ello, señalar una vista para oír la

prueba y argumentación de las partes.

Por

lo

antes

expuesto,

se

confirma

el

dictamen

apelativo y se devuelve el recurso al Tribunal de Primera

Instancia para que resuelva según lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Corrada del Río emitió Opinión Disidente a la cual se unió

el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

señor Rebollo López no interviene.

El Juez Asociado

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1998-1033

25

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ricardo Nazario Acosta, et al.

Demandantes-Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

CC-1998-1033

Demandados-Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada

del Río a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.

Una mayoría de este Tribunal entiende que

los daños sufridos por el Sr. Ricardo Nazario

Acosta,

a

consecuencia

de

la

investigación

ilegal que en su contra llevara el Estado, son

de carácter sucesivo, por lo que algunos de

estos

no

son

recobrables

por

razón

de

prescripción.

Por entender que los referidos daños son

de

naturaleza

aspecto

de

la

continua,

disiento

Sentencia

que

de

suscribe

ese

la

mayoría.

I

Ricardo Nazario Acosta (en adelante, “el

peticionario”) trabajó en la Policía de Puerto

Rico (en adelante, “la Policía”) desde 1968

hasta

el

31

CC-1998-1033

26

de mayo de 1985.

Durante ese período, ocupó varios cargos

y su labor fue catalogada como excelente.

varios

premios

y

galardones

por

sus

Incluso, recibió

ejecutorias

en

el

servicio y en el cumplimiento de su deber.

Entre septiembre y octubre de 1978, el peticionario

formó parte de la escolta del entonces gobernador, Hon.

Carlos Romero Barceló, razón por la cual se le identificó

como afiliado al Partido Nuevo Progresista (en adelante,

“P.N.P.”).

Posteriormente,

en

agosto

de

1981,

el

peticionario

fungió como Director de la División de Drogas y Narcóticos

de Ponce (en adelante, “la División”), posición desde la

cual dirigió varias investigaciones internas.

Entre éstas,

el peticionario intervino en una investigación que se llevó

contra el señor Carlos J. López Feliciano –miembro activo

del

Partido

Popular

Democrático-

a

quien

posteriormente

designaron Superintendente de la Policía.7

Asimismo, en

agosto de 1984, promovió una investigación relacionada a la

conducta del agente encubierto Juan A. González Hernández,

a quien se le imputaba que “fabricaba” casos.

Luego

de

advenir

en

conocimiento

de

la

referida

investigación, el agente González Hernández alegó que el 11

de

septiembre

de

1984,

fue

asaltado

y

agredido

por

narcotraficantes. Sin embargo, éste luego cambió su versión

de los hechos y adujo que quienes lo agredieron fueron unos

7

Según el peticionario, el señor López Feliciano, una vez designado

Superintendente, aprovechó la oportunidad para actuar discriminadamente contra su

persona por motivos políticos y personales.

CC-1998-1033

agentes

de

27

la

peticionario.

División,

entonces

dirigida

por

el

Dicho incidente se publicó en los medios

noticiosos del país, lo que provocó que la Policía iniciara

una investigación en contra del peticionario.

A

raíz

de

ello,

el

16

de

noviembre

de

1984,

el

Comandante del Área de Ponce, siguiendo instrucciones del

señor Jorge L. Collazo Torres, entonces Superintendente de

la Policía, relevó al peticionario de sus funciones y lo

trasladó al Negociado de Asuntos Criminales en el Cuartel

General de Hato Rey en San Juan, hasta tanto concluyera la

investigación sobre lo publicado en los medios.8

Luego del

traslado, el peticionario no retuvo ni sus funciones ni su

puesto.

El

peticionario

reconsideración

de

la

presentó

dos

(2)

mociones

de

referida

orden

de

traslado,

las

cuales fueron denegadas el 12 de diciembre de 1984 y el 15

de abril de 1985.

El Negociado de Servicios de Inspección

y Asuntos Disciplinarios explicó que su negativa respondía

a

que

había

comenzado

una

investigación

en

contra

del

peticionario en relación con la información publicada en

los medios.

En el ínterin, el peticionario recibió una carta de la

Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto

Rico, fechada el 21 de noviembre de 1984, mediante la cual

8

Nótese que el traslado se ordenó pocos días después de

celebrarse las elecciones generales en Puerto Rico, pero

transcurridos dos (2) meses desde el alegado incidente que

lo provocó.

CC-1998-1033

28

le notificaron la suspensión de todo trámite relacionado

con

su

solicitud

de

admisión

hasta

tanto

culminara

la

investigación que la Policía llevaba en su contra.

Vencido el término original conferido para realizar la

susodicha investigación, el 8 de enero de 1985, la Policía

solicitó una prórroga ante la Comisión de Investigación,

Procesamiento y Apelación (en adelante, “C.I.P.A.”).

La

C.I.P.A. le concedió a la Policía hasta el 21 de febrero de

1985 para concluir la misma.

prórroga,

y

en

vista

de

Transcurrido el término de la

que

se

mantenía

inconclusa

la

investigación administrativa en su contra, el peticionario

se vio forzado a presentar su renuncia el 13 de mayo de

1985, efectiva el día 31.

El peticionario alegó que el

motivo de su renuncia fue el haber sido relevado de sus

funciones,

degradado,

marginado

y

sometido

a

una

investigación

administrativa

durante

nueve

(9)

meses,

situación

incertidumbre

que

afectó

su

estado

de

le

emocional y personal.9

En vista de que su renuncia aún no había sido aceptada,

a pesar de haber transcurrido más de dos (2) meses desde su

efectividad, el 8 de agosto de 1985, el peticionario le

solicitó

por

Policía,

Lcdo.

renuncia.

escrito

Andrés

al

entonces

García

Superintendente

Arache,

que

de

la

aceptara

su

El 28 del mismo mes, éste le informó que la

misma había sido referida a la Oficina de Asuntos Legales

9

Véase Apéndice, a la pág. 26.

CC-1998-1033

de

la

29

Policía.

No

obstante,

su

renuncia

nunca

fue

1985,

el

aceptada.10

Así

las

cosas,

el

9

de

septiembre

de

peticionario le notificó al Superintendente que se había

mudado

al

estado

de

Alaska,

de

donde

regresó

al

año

siguiente.

De vuelta en Puerto Rico, el peticionario solicitó una

licencia para tener y poseer armas de fuego, la cual fue

denegada por el Superintendente el 5 de abril de 1986.

Dicho funcionario fundamentó su denegatoria en la pendencia

de la investigación administrativa en contra de aquél.

No

obstante, el 6 de octubre de ese mismo año, el Tribunal de

Primera

Instancia

Superintendente

solicitada.

(en

adelante,

otorgarle

al

“TPI”)

peticionario

le

ordenó

la

al

licencia

Posteriormente, éste solicitó la expedición de

una licencia de portación de armas, la cual también le fue

concedida por ese tribunal mediante Resolución de 26 de

junio de 1987.11

Finalmente, el 15 de octubre de 1986, el peticionario

le solicitó formalmente al entonces Superintendente –Carlos

López Feliciano- el retiro de su renuncia para reingresar a

la Policía, pero su solicitud tampoco fue contestada.12

10

11

Véase Apéndice, a la pág. 68.

Id.

En 1989, con posterioridad a la presentación de la

demanda, el peticionario le solicitó a la Policía la

expedición de una licencia de detective privado. El 23 de

abril de 1992, aproximadamente tres (3) años más tarde y

12

CC-1998-1033

Así

30

las

cosas,

el

15

de

diciembre

de

1988,

el

peticionario, su esposa Irene Pomales Franco y la sociedad

legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante “los

demandantes”) incoaron pleito en daños y perjuicios ante el

TPI contra, entre otros, el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico (Cuerpo de la Policía de Puerto Rico) y varios de sus

funcionarios –incluyendo las tres (3) personas que ocuparon

el

puesto

de

presentación

demandados”).13

Superintendente

de

la

demanda-

hasta

(en

la

fecha

adelante,

de

la

“los

Alegaron que los demandados actuaron ilegal

_____________________________

luego de múltiples gestiones sobre el estado de su

solicitud, le denegaron la misma debido a la referida

investigación y a que el peticionario aún figuraba como

miembro activo de la Policía. No obstante, dicha licencia

le fue concedida el 4 de febrero de 1993.

Además, en 1989, el peticionario solicitó de la

Asociación de Empleados del E.L.A. la liquidación de sus

ahorros y dividendos; el dinero perteneciente al Sistema de

Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus

instrumentalidades (en adelante “Retiro”); y la liquidación

de las licencias de vacaciones y enfermedad acumuladas. El

28 de septiembre de 1989, dicha entidad le denegó el

reembolso solicitado, debido a la susodicha investigación

administrativa. Véase Apéndice, a la pág. 68.

13

Nótese, que los demandantes actuaron correctamente al

acudir directamente al foro judicial reclamando daños y

perjuicios por violación a sus derechos civiles. La Ley

Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como la Ley de

Personal del Servicio Público de Puerto Rico (en adelante

“Ley de Personal”), 3 L.P.R.A. sec. 1301, no faculta a la

Junta de Apelaciones del Sistema de Personal (en adelante

continúa...

7

...continuación

“J.A.S.A.P.”) a responsabilizar civilmente a las agencias

administrativas que violen los derechos estatutarios o

constitucionales de empleados públicos. La sección 7.17 de

la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 1397, sólo le concede a

J.A.S.A.P. la facultad de ordenar la reinstalación y el

CC-1998-1033

31

e inconstitucionalmente, motivados por el hecho de que el

peticionario

estaba

afiliado

al

P.N.P.;

que

éstos

se

negaron a aceptar su renuncia y el retiro de la misma; que

la Policía fue negligente al extender indefinidamente la

investigación administrativa en su contra; que son objeto

de

persecución

e

investigación

ocasionándoles

un

daño

continuo; que como resultado de dichos actos se le negó al

peticionario el ingreso a instituciones educativas; y que

los actos de los demandados infringieron el Reglamento de

la Policía, la Ley de Personal, la Ley de Derechos Civiles

Federal

y

las

Constituciones

de

Puerto

Rico

y

Estados

Unidos.

El E.L.A. presentó una moción de desestimación alegando

que la demanda estaba prescrita, la cual fue denegada por

el

TPI.

Tras

la

presentación

de

varios

escritos,

y

escuchada la prueba testifical, dicho foro dictó sentencia

estableciendo

razones

voluntad.

que

el

peticionario

fue

políticas

y

obligado

renunciar

a

discriminado

contra

por

su

Concluyó, además, que el peticionario permaneció

en un “limbo administrativo” durante más de doce (12) años,

_____________________________

pago de los haberes dejados de percibir por los empleados

públicos.

Además, como excepción a la regla general de que

J.A.S.A.P. posee jurisdicción primaria en asuntos relativos

al principio de mérito, este Tribunal ha reconocido que

ante una violación de derechos civiles de un empleado, éste

no tendrá que acudir en primera instancia ante el foro

administrativo. Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 594-595

(1990); Delgado Rodríguez v. Nazario De Ferrer, 121 D.P.R.

347, 356-357 (1988).

CC-1998-1033

32

lo que le impidió disfrutar de los beneficios e ingresos a

los

cuales

situación

tenía

le

y

tiene

derecho.

Añadió

que

al

peticionario

“daños

continuos

ocasionó

esta

[sic] y permanentes a su reputación y vida personal”14 y que

los

demandados

indefinidamente

fueron

la

negligentes

investigación

al

extender

administrativa.

Como

resultado, condenó a los demandados, en su carácter oficial

y personal, a pagarle solidariamente a los demandantes la

suma de $75,000.00 por los daños sufridos, más las sumas

acumuladas

por

concepto

de

licencia

de

vacaciones

y

enfermedad, aportaciones al Retiro, la mesada y el salario

dejado de percibir.

Inconforme,

Circuito

de

el

E.L.A.

Apelaciones

recurrió

(en

ante

adelante,

el

Tribunal

“TCA”).

El

de

TCA

revocó la sentencia del TPI por entender que la acción por

despido injustificado estaba prescrita, revocando así la

concesión de daños por motivo de discrimen político, los

salarios dejados de percibir y la mesada.

También dejó sin

efecto la concesión de daños causados como consecuencia de

la negligencia del Estado al no archivar la investigación

en contra del peticionario.

Sin embargo, le ordenó al

E.L.A. el pago en concepto de licencia de vacaciones y

enfermedad acumuladas, la devolución de las aportaciones al

Retiro y a las cuotas a la Asociación de Empleados del

E.L.A.

14

Por último, devolvió el caso al TPI para que se

Véase Apéndice, a la pág.28.

CC-1998-1033

33

determinaran aquellos daños sufridos por los demandantes,

al amparo del Art. 1802, que no habían prescrito, y que

fuesen producto de la investigación administrativa de la

cual fue objeto el peticionario.

De

ese

dictamen,

los

demandantes

recurren

ante

nos

haciendo los siguientes señalamientos, a saber:

1. Si

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

cometió

error

al

determinar que la causa de accion

[sic] presentada por los demandantes–

peticionarios está prescrita.

2. Si

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones cometió error al revocar

la concesión [sic] de daños por razón

del discrimen político y la perdida

[sic]

de

ingresos

mas

[sic]

la

cantidad concedida por concepto de

mesada y el pago del salario dejado de

de [sic] recibir por el demandante –

peticionario, Ricardo Nazario Acosta.”

Expedimos auto de certiorari mediante Resolución de 26

de febrero de 1999.

II

A.

Prescripción y la acción torticera

El propósito de la prescripción de las acciones es

fomentar

el

pronto

reclamo

procurar

la

tranquilidad

del

de

los

derechos,

obligado

contra

pendencia de una acción civil en su contra.

E.L.A., 127 D.P.R 582, 588 (1990).

así

la

como

eterna

Cintrón v.

Del mismo modo, la

prescripción es un derecho sustantivo que opera para evitar

litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las

reclamaciones.

Culebra

Enterprises

Corp.

v.

E.L.A.,

127

D.P.R. 943, 950 (1991). Sin embargo, hemos reiterado que

CC-1998-1033

ninguno

34

de

aquilatados

estos

por

intereses

los

es

tribunales

absoluto,

en

su

debiendo

justa

ser

proyección.

Santiago v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de 2002, 156

D.P.R. ___(2002), 2002 T.S.P.R. 15, 2002 J.T.S. 21 (énfasis

suplido);

Colón

Prieto

v.

Geigel,

115

D.P.R

232,

243

(1984).

Conforme al artículo 1868 del Código Civil de Puerto

Rico,

31

L.P.R.A.

responsabilidad

§

civil

5298,

las

acciones

extracontractual

para

al

exigir

amparo

del

artículo 1802, 31 L.P.R.A.§ 5141, prescriben al año desde

que el agraviado conoce de la existencia del daño.15

Véase

De León Crespo et al. v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797

(1999).

En cuanto al momento en que se comienza a computar

dicho término, el citado artículo 1868, supra, dispone que

“el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones,

cuando

no

determine,

haya

se

ejercitarse.”

disposición

contará

desde

especial

el

día

que

en

otra

que

cosa

pudieran

A tenor con este articulado, hemos adoptado

en nuestra jurisdicción la teoría cognoscitiva del daño, la

15

Igualmente, en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc.,

110 D.P.R. 740, 742 (1981), establecimos que las acciones

instadas en virtud de la Ley Núm. 100, supra, y aquéllas en

las que se reclaman daños y perjuicios al amparo de la Ley

de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. § 13, tienen

un término prescriptivo de un (1) año.

Resolvimos de ese

modo por entender que, al igual que las acciones

indemnizatorias de tipo general, las acciones por violación

de derechos humanos deben incoarse y dilucidarse con

prontitud. Ello debido a que no sólo existe un interés de

la parte agraviada, sino que también existe un vital

interés público de que este tipo de pleitos se ventilen

prontamente, en beneficio del bienestar colectivo.

CC-1998-1033

cual

35

postula

decursar

que

cuando

el

el

término

prescriptivo

reclamante

tuvo

comienza

conocimiento

a

del

agravio, pues es entonces cuando surte efectos jurídicos,

ya

que

puede

alegarse

correspondiente.

y

reclamarse

la

indemnización

Allende Pérez et al. v. Agustín García et

al., res. el 28 de abril de 2000, 150 D.P.R. ___ (2000),

2000 T.S.P.R. 66, 2000 J.T.S. 78, p. 1072.

Sin embargo, hemos pautado una trayectoria flexible en

cuanto al cómputo de dicho término, reconociendo que éste

debe

comenzar

conocimiento

a

del

contarse

daño)

(además

cuando

el

de

cuando

reclamante

se

tiene

conoce

los

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa

de acción.

Santiago v. Ríos Alonso, supra, a la pág. 8;

Padín Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial, res. el

25 de febrero de 2000, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 T.S.P.R.

32, 2000 J.T.S. 44; Vega Lozada v. J. Pérez & Cía., 135

D.P.R. 746 (1994).

Asimismo, hemos establecido que “la

prescripción no es una figura rígida sino que la misma

admite

ajustes

judiciales,

según

sea

requerido

por

las

circunstancias particulares de los casos y la noción de lo

que es justo.”

Santiago v. Ríos Alonso, supra, a la pág.

9; Maldonado v. Russe, res. el 8 de febrero de 2001, 153

D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R. 14, 2001 J.T.S. 17; Padín

Espinosa

v.

Compañía

de

Fomento

Industrial,

supra;

Vega

Lozada v. J.Pérez & Cía, supra.

Ahora

bien,

la

prescripción

toma

unos

contornos

particulares cuando se trata de casos en los cuales se han

CC-1998-1033

36

causado daños continuados.

Por su pertinencia al caso de

autos, es menester definir y discutir dicho tipo de daños,

así

como

computa

determinar

el

término

cómo

se

afecta

prescriptivo

de

el

modo

la

acción

en

que

se

torticera

aplicable.

B. Término prescriptivo y daños continuados

Al dilucidar el concepto de “daños continuados”, hemos

adoptado la definición que los identifica como:

aquellos producidos por uno o más actos

culposos o negligentes imputables al actor,

coetáneos o no, que resultan en consecuencias

lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas

sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al

ser conocidas hacen que también se conozca –por

ser

previsibleel

carácter

continuado

e

ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en

ese momento en un daño cierto compuesto por

elementos de daño actual (aquel [sic] que ya ha

acaecido), y de daño futuro previsible y por

tanto cierto.” Santiago v. Ríos Alonso, supra;

Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560

(1995).

Al analizar esta definición, podemos identificar tres

elementos prominentes y distintivos de este tipo de daño.

Primeramente, que la serie de daños tienen que derivarse de

un acto culposo (o varios) imputable(s) a un mismo actor.16

Este primer elemento coloca dentro del concepto de daños

continuados

la

situación

en

la

que

un

acto

culposo

atribuible a cierta persona o entidad es la causa próxima

de una serie de daños resultantes.

En otras palabras, que

los daños en cuestión tienen una causa común.

16

Sobre este aspecto véase Agosto Ortiz v. Municipio de

Río Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997).

CC-1998-1033

37

En segundo lugar, además de ser el resultado de una

causa

común,

los

daños

continuados

se

manifiestan

Mientras

ininterrumpidamente y tienen “unidad entre sí.”

que el elemento de no-interrupción se explica por si mismo,

el requisito de unidad supone inexorablemente que cada daño

esté

relacionado

al

otro,

independientes de cada uno.

que

tiene

que

existir

no

pudiendo

ser

éstos

Según la doctrina, la relación

entre

dichos

daños

naturaleza que de rasgo, grado o calidad.

es

más

de

Por tanto, si

una serie de daños se derivan de un mismo acto, tiene que

concluirse que están unidos, y se relacionan, por ser la

consecuencia de una misma conducta o acto lesivo.

Tercero, el daño continuado supone la existencia de

daños

“actuales”

junto

a

otros

que,

aunque

aún

no

se

verifican, son “previsibles”; es decir, que todos los daños

en cuestión son “ciertos.”

expresa

que

es

conoce

o

posible

fijar

es

valoración.”

“cierto”

Al explicar esto, la doctrina

aquél

daño

“cuya

razonablemente

previsible,

con

su

exactitud

existencia

aunque

extensión,

no

magnitud,

se

sea

y

Herminio Brau de Toro, Los daños y perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs.

J.T.S.

1986,

suplido).17

Vol.

II,

Cap.

X,

a

la

pág.

642

(énfasis

Por tanto, los daños son ciertos si al conocer

17

El citado tratadista habla de que el daño tenga una

existencia real, o al menos, una probabilidad suficiente

continúa...

11

...continuación

de que exista. Herminio Brau del Toro, supra, a la pág. 642

(énfasis suplido).

CC-1998-1033

la

parte

38

afectada

experimentados,

patrón,

que

la

naturaleza

y

constatar

éstos

están

que

unidos

de

los

agravios

ya

los

mismos

tienen

un

entre

sí

por

ser

el

resultado de una misma causa, la víctima comprende y puede

razonablemente

prever

que

de

mantenerse

vigente

dicha

causa, continuará sufriendo daños de la misma naturaleza

hasta tanto no cese la misma.18

Esta conclusión, basada en la interrelación de los tres

elementos

discutidos,

precedentes.

es

consistente

con

nuestros

A esos efectos, en Capella v. Carreras, 57

D.P.R. 258 (1940), reconocimos que la obstrucción de una

vía pública, generada por la construcción de una verja,

representaba un daño continuado.

Resolvimos así toda vez

que “se trata de daños y perjuicios causados por actos

continuos que están latentes hasta que cesa la causa que

los genera.”

Id., a la pág. 266 (énfasis suplido).19

Asimismo, en Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 837-838

(1955),

al

reconocer

como

continuos

aquellos

daños

generados por los ruidos y pestes que producía una planta

pasteurizadora, expresamos que “ese principio [continuidad

del daño] no descansa en

_____________________________

la

naturaleza

intrínseca

del

18

Por ende, si los daños futuros no son previsibles,

éstos pueden ser sucesivos, mas no continuados.

19

En este caso el Tribunal distingue a Colls v.

Municipio de Lares, 23 D.P.R. 866 (1916), expresando que

“[a]quí los daños reclamados resultaron no sólo de la

construcción de la cerca suprimiendo la calle si que [sic]

del mantenimiento de la cerca que prácticamente arruinó la

propiedad de las demandantes.

Se trata, como dijimos, de

una perturbación continuada” (énfasis suplido).

CC-1998-1033

perjuicio

39

ocasionado

por

la

perturbación,

y

sí

en

el

carácter continuo o progresivo de la causa que lo origina,

que

renueva

suplido).

Miranda

constantemente

Empleamos

Hnos.

&

este

Co.,

88

la

mismo

acción

dañosa

raciocinio

D.P.R.

355

en

(énfasis

Seda

(1963),

v.

cuando

reconocimos la naturaleza continua de los daños ocasionados

por una fábrica que despedía humos y ruidos.

Del mismo modo, en Santiago v. Ríos Alonso, supra,

concluimos que “una causa de acción fundamentada en unos

incidentes repetidos, de maltrato físico y emocional, que

provocan alegados daños y perjuicios reclamados constituye

una modalidad de daños continuados.”

Apoyamos lo resuelto

bajo el razonamiento de que:

[e]ste tipo de daños es provocado por

una serie de actos cuyo efecto neto es

precisamente mantener a la víctima en un

círculo vicioso de maltrato. Es por ello

que

los

actos

de

maltrato

físico,

emocional y sicológico componen un cuadro

de daños que, unidos, van encadenándose

para producir el efecto neto del maltrato

y así, en dicha circunstancia, el último

daño acaecido forma parte de ese ciclo de

maltrato y genera la causa de acción por

éste

y

por

los

actos

de

maltrato

anteriores componentes del referido patrón

de violencia.

Santiago v. Ríos Alonso,

supra, a la pág. 13.

Resulta evidente de los casos citados que, al hacer la

determinación de daños continuados, nos enfocamos más en la

causa de los daños-- y el estado psicológico y anímico que

la misma generó sostenidamente a lo largo de su existencia- que en cada evento dañoso en particular.

CC-1998-1033

Por

otro

40

lado,

en

cuanto

al

cómputo

del

término

prescriptivo en casos de daños continuados, hemos apuntado

a que la postura más aceptada por la doctrina es aquella

que “ha declarado con carácter general que... el plazo de

prescripción comienza en el momento de la producción del

resultado definitivo.”

Véase e.g. Sánchez v. A.E.E., 142

D.P.R. 880, 921 (1997)20 (citando a Fernando Reglero Campos,

20

En el citado caso, que atendía una situación de

discrimen en el empleo en modalidad de hostigamiento

sexual, la Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada

señora Naveira de Rodón también reconoció los principios

que aquí establecemos, al expresar, a la pág. 913, que:

[e]n

estos

casos

[patrón

de

hostigamiento

sexual]

la

atención

principal debe recaer sobre el ambiente

que ha producido la conducta y no sobre

cada acto por separado.

El término

prescriptivo en acciones por la creación

de un ambiente hostil de trabajo debe

comenzar a decursar desde que cese dicho

ambiente.

Esta norma reconoce que el

término prescriptivo por lo creación de un

ambiente hostil debe comenzar a decursar

cuando se disipan las circunstancias que

podrían entorpecer el ejercicio de la

acción.

La

norma

tampoco

perjudica

indebidamente al patrono, puesto que en la

medida en que esté presente el ambiente

hostil éste tendrá la oportunidad de

conocer los hechos y tratar de remediarlos

(énfasis suplido).

Véase además Carlos Irizarry Yunqué, Responsabilidad

Civil Extracontractual, 4ta Ed., 2000, a la pág. 730,

quien al discutir el caso de Sánchez v. A.E.E., supra,

expresa que”:

[a] mi juicio se crea un ambiente

hostil en el empleo mediante hostigamiento

sexual que constituye a su vez un patrón

de conducta continua, se crea en el

empleado

la

aprehensión

de

que

en

cualquier momento puede ser objeto de

continúa...

CC-1998-1033

en

M.

41

Albaladejo,

Comentarios

al

Código

Civil

y

compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1994, T. XXV,

Vol. 2, págs. 454-464)(énfasis suplido).

Ello nos lleva a cuestionarnos, ¿cuándo se verifica el

llamado resultado definitivo?

daños

continuados

Entendemos que por estar los

inexorablemente

atados

a

su

causa

originadora, el conocimiento definitivo de los quebrantos

ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de los

mismos,

ya

que

mientras

ésta

exista,

y

por

ende

sean

previsibles más daños relacionados a ella, no cabe hablar

de “resultado definitivo.”

Vigente aún la causa de los

daños, el afectado solo puede conocer los daños ciertos ya

verificados, mas no aquellos que, aunque previsibles, no

son todavía propiamente evaluables en toda su extensión,

magnitud y valoración.21

_____________________________

14

...continuación

esa conducta ofensiva...No me parece que

cada

acto

de

hostigamiento

deba

considerarse como un acto aislado y que

por tanto surja una causa de acción

separada con cada acto de hostigamiento.

21

Esta posición es la predominante en España. A modo

de comparación, véase lo expresado por Reglero Campos,

citando distintas sentencias del Tribunal Supremo español,

a los efectos de que:

no

resultando

siempre

fácil

determinar

en

la

práctica

cuándo

se

produce o ha producido ese ‘definitivo

resultado’ que en relación con el concepto

de daños continuados se nos ofrece como

algo

vivo,

latente

y

conectado

precisamente a la causa originadora y

determinante de los mismos, que subsiste y

se

mantiene

hasta

su

adecuada

corrección...ha de entenderse

CC-1998-1033

42

Resolvimos de ese modo en Santiago v. Ríos Alonso,

supra, a la pág. 13, opinión en la que concluimos que el

cese definitivo de la conducta culposa, generadora de la

serie de daños, es el momento en que se comienza a contar

el término prescriptivo de la causa de acción.

Atemperando

el raciocinio a la situación de violencia doméstica que se

dilucidaba, expresamos que:

los

actos

de

maltrato

físico,

emocional y sicológico componen un cuadro

de daños que, unidos, van encadenándose

para producir el efecto neto del maltrato y

así, en dicha circunstancia, el último daño

acaecido forma parte de ese ciclo de

maltrato y genera la causa de acción por

éste y por los actos de maltrato anteriores

componentes

del

referido

patrón

de

violencia (énfasis suplido).

_____________________________

15

continúa...

...continuación

que en estos casos el dies a quo del plazo

de la prescripción no es el de la fecha de

la ocurrencia del accidente, sino aquel

momento en que se alcanza el conocimiento

por

modo

cierto

de

los

quebrantos

definitivamente

ocasionados.

M.

Albaladejo, supra, a la pág. 460 (énfasis

suplido).

Puig Brutau también discute la teoría del “resultado

definitivo,”

citando

sentencias

del

Tribunal

Supremo

español que lo definen como el momento en que se conoce

cuantitativamente el resultado total del daño.

Véase J.

Puig Brutau, Caducidad, Precripción Extintiva y Usucapión,

3ra Ed., Barcelona, Bosch, 1996, a la pág. 79 (énfasis

suplido).

Véase además Sentencia de 24 de junio de 1993

(Rep. Ar. 5.381); Sentencia de 24 de mayo de 1993 (Rep.Ar.

3.727); Sentencia de 27 de junio de 1990 (Rep. Ar. 4.900);

Sentencia de 25 de junio de 1990 (Rep. Ar. 889); Sentencia

de 24 de octubre de 1988 (Rep. Ar. 7.636); Sentencia de 29

de noviembre de 1982 (Rep. Ar. 6.936).

CC-1998-1033

43

Esa

conclusión

también

es

consistente

con

lo

resuelto en Capella v. Carreras, supra, ocasión en la que

rechazamos un planteamiento de prescripción, por haberse

instado

la

demanda

pasado

el

año

del

comienzo

de

la

conducta lesiva, “toda vez que en la fecha que se inició el

pleito, todavía existía el obstáculo o perturbación que dio

lugar a la causa de acción.”

Por

derivados

tanto,

del

mientras

sean

acto

culposo

descontinuado

aún

dicha

definitivo

el

término

a

este

y

Id., a la pág. 265.

en

previsibles

cuestión,

conducta,

no

por

más

daños

no

haberse

existe

prescriptivo

no

resultado

comienza

a

transcurrir.

Conforme

marco

jurídico,

resolvemos

la

controversia de autos.

III

La investigación que el Estado condujera en contra del

peticionario comenzó en noviembre de 1984.

Ésta se mantuvo

abierta indefinidamente luego de transcurrida la prórroga

otorgada por la C.I.P.A., la cual venció el 21 de febrero

de 1985.

Entendemos que hasta ese momento el Estado estaba

en

derecho

pleno

de

investigar

al

peticionario.

Sin

embargo, una vez vencido el plazo y la prórroga, el Estado

tenía dos cursos a seguir: 1) presentar cargos; o 2) dar

por terminada la investigación.

al

mantener

inconclusa

investigación,

más

Así pues, concluimos que

de

manera

allá

de

indefinida

los

plazos

la

referida

legalmente

conferidos, el Estado incurrió en conducta culposa.

CC-1998-1033

La

44

mayoría

investigación

ilegal.22

de

la

reconoce

que

representó

una

el

mantener

instancia

inconclusa

de

la

discrimen

Sin embargo, conceptualiza los daños dimanantes

misma

como

sucesivos,

por

lo

que

aquellos

que

ocurrieron antes del año anterior a que el peticionario

presentara su demanda están prescritos.

Diferimos de esa

conclusión.

Nos

encontramos

ante

un

caso

de

daños

continuados.

Entendemos que la situación de autos no presenta una serie

de daños aislados e independientes.

Por el contrario, los

agravios

peticionario

sufridos

interconectados,

por

el

teniendo

como

denominador

están

común

la

investigación que el Estado mantuvo abierta, de forma ultra

vires,

por

alrededor

de

doce

(12)

largos

años.

Las

angustias que generó en el peticionario la mera pendencia

de

una

investigación

ininterrumpido

abierta.

en

mientras

su

contra

fueron

de

carácter

ésta

se

mantuvo

ilegalmente

Su sola existencia indefinida, ya vencidos los

términos legalmente conferidos para finiquitarla, provocó

en éste inquietud y aprehensión.23

22

La mayoría expresa, a la pág. 13 de su ponencia, que

“[n]o

está

en

controversia

si

Nazario

Acosta

fue

discriminado por razones políticas. Lo que nos corresponde

resolver es si dicha acción está prescrita.”

23

De hecho, el codemandado Jorge L. Collazo Torres

expresó que “para un

policía

estar bajo investigación

administrativa

era un San

Benito, o sea, algo

sumamenteoneroso contra la persona investigada.”

Véase

Apéndice, a la pág. 67.

CC-1998-1033

45

Ese continuo desasosiego en ocasiones se combinó con

otras

consecuencias

más

tangibles,

como

lo

fueron

las

situaciones en que el peticionario no pudo tener acceso a

servicios,

puestos,

cualificaba.

La

licencias

mayoría,

y

por

derechos

el

para

contrario,

los

que

consideró

únicamente como daños estas instancias en que la conducta

culposa

del

Estado

particularizables,

resultó

en

consecuencias

obviando

los

daños

lesivas

dimanantes

de

más

las

angustias mentales sostenidas que generó la mera existencia

indefinida de la investigación.

daños

que

generó

en

el

De este modo, todos los

peticionario

la

investigación

indefinida tienen que considerarse como una unidad, ya que

la

conducta

ilegal

del

Estado

fue

la

causa

próxima

de

ellos. El resolver que éstos son independientes entre sí es

obviar que todos son el resultado de la misma conducta.

Al igual que una cloaca pestilente, una chimenea que

despide

gases

relación

constante

caracterizada

e

ininterrumpidamente,

por

un

círculo

de

y

una

abusos

y

vejámenes, el patrón de discrimen por parte del Estado,

proyectado

y

manifiesto

a

través

de

una

investigación

ilegal de vigencia indefinida, es un daño continuo que se

va

renovando

reiteradamente.

Por

ende,

los

daños

que

genera con su apertura solo pueden conocerse, cualificarse

y cuantificarse de manera definitiva al cesar de manera

concluyente la misma.

conoce

todos

los

Es en ese momento que el reclamante

elementos

necesarios

para

llevar

adecuadamente su acción, ya que es entonces cuando conoce

CC-1998-1033

46

el “resultado definitivo” del proceso investigativo ilegal

al que fue sujeto.

Por consiguiente, el peticionario presentó su demanda a

tiempo, toda vez que a la fecha en que tomó dicha acción la

Policía aún mantenía vigente su conducta ilegal,24 por lo

que todavía no se podía conocer el “resultado definitivo”

de la acción discriminatoria del Estado.

Al presentar su

demanda, el peticionario solo conocía que sus daños tenían

un patrón, y que a base del mismo, podía prever que, de

continuar

pendiente

posibilidad

razonable

la

investigación,

existía

de

sufrir

de

daños

la

una

misma

naturaleza.

El tribunal recurrido aplicó de manera muy restrictiva

el término prescriptivo, no reconociendo que los actos ante

sí eran de carácter continuado.

Al así actuar, obvió que

los postulados que regulan a dicha figura no son absolutos,

debiendo

aplicarse

ésta

en

su

justa

atención a los propósitos que persigue.25

proyección

y

en

Como expresáramos

24

De hecho, el Estado mantuvo abierta la investigación

hasta mucho después de presentada la demanda, lo que nos

parece insólito.

Su contumacia provocó

angustias e

inestabilidad

en el peticionario por más de una década,

además de que resultó en que la Policía no le concediera a

éste la licencia de detective privado, y que la Asociación

de Empleados del E.L.A. le denegara el desembolso del

dinero perteneciente a las aportaciones al retiro y la

liquidación tanto de sus ahorros y dividendos, como de las

licencias de vacaciones y enfermedad.

Véase escolio 4,

supra.

25

Si uno de los propósitos de la prescripción es

procurar la tranquilidad del obligado ante la eterna

pendencia de una acción su contra, Cintrón v E.L.A., supra,

CC-1998-1033

47

en Santiago v. Ríos Alonso, supra, al hacer un señalamiento

a esos mismos efectos:

el tribunal de instancia le imprimió

un criterio extremadamente objetivo al

cómputo del término prescriptivo[,] ya que

solo consideró la fecha en que, según una

deposición, la agraviada alegadamente supo

que el demandado le había causado un daño,

considerando exclusivamente la fecha de

los alegados actos de agresión.

Sin

embargo,

no

consideró

el

patrón

de

conducta de daño emocional o sicológico

alegado en la causa de acción.

En suma, la investigación del Estado, que se mantuvo

vigente indefinida e ilegalmente, constituyó una espada de

Damocles para el peticionario.

En consecuencia, los daños

que de ella se derivaron son continuados.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que los

daños sufridos por el peticionario son continuados, toda

vez

que

éstos

exhibían

unidad

entre

sí

en

cuanto

se

derivaban de un acto culposo en común; acto que se sostuvo

ininterrumpida

e

indefinidamente

por

doce

(12)

produciendo consecuencias lesivas de igual naturaleza.

años,

Por

tanto, resultaba previsible que mientras no se corrigiera

_____________________________

a la pág. 588, no veo la razón para proteger a los

demandados en este caso, ya que si éstos mantuvieron

abierta la investigación incluso luego de presentada la

demanda del peticionario, se entiende que éstos provocaron

su propia inestabilidad al reafirmarse en su conducta

ilegal.

Del mismo modo, por mantenerse vigente dicha

conducta, no existía el riesgo de que se dificultase la

adjudicación por la antigüedad de las reclamaciones, como

tampoco el de que los obligados advinieran en estado de

indefensión. Ciertamente, en la medida en que se mantenía

vigente la conducta ilegal, los demandados tenían la

oportunidad de conocer los hechos y tratar de remediarlos.

Véase Sánchez v. A.E.E., supra, a las págs. 913-914.

CC-1998-1033

la

causa

de

48

los

daños,

ésta

continuaría

ocasionándole

perjuicios al peticionario.

Asimismo, que mientras existía la posibilidad de daños

futuros

atribuibles

a

dicha

causa,

y

los

mismos

eran

previsibles, no cabía hablar de “resultado definitivo,” por

lo que no comenzó a transcurrir el término prescriptivo de

la causa de acción del peticionario.

En atención a ello, modificaría la sentencia del TCA

para puntualizar que la causa de acción en daños por la

investigación

que

en

contra

del

peticionario

Policía por doce (12) años, no está prescrita.

llevara

la

Por no ser

este el criterio de la mayoría, disiento.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado