Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: ALBERTO FOLCH DIEZ
2003 TSPR 74
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: ALBERTO FOLCH DIEZ
TS-00008073
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
2003 TSPR 74
In re:
159 DPR ____
Alberto Folch Diez
Número del Caso: TS-8073
Fecha: 7 de abril de 2003
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto
Oficina del Procurador General:
Lcda. Yvonne Casanova Pelosi
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión es efectiva a partir del 10 de abril
de 2003, fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.)
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
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TS-8073
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Alberto Folch Diez
TS-8073
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2003
Como consecuencia de una comunicación, de fecha 26
de julio de 2002, de la Lcda. Frances Ríos de Morán,
Secretaria
de
la
Corte
de
Distrito
Federal
para
el
Distrito de Puerto Rico, referente la misma a conducta
incurrida en dicho foro por el Lcdo. Alberto Folch Diez,
instruimos a la Oficina del Procurador General de Puerto
Rico para que realizara, y rindiera, la correspondiente
investigación, e informe al Tribunal.
El Procurador General rindió su informe con fecha
de 23 de enero de 2003. Del mismo surge que: el Lcdo.
Folch Diez fue objeto de un procedimiento disciplinario
ante el antes mencionado foro federal por alegadamente
haber cobrado indebidamente honorarios en exceso --la
TS-8073
suma
3
de
$17,642.88--
a
través
del
realizada
por
programa
de
representación de indigentes.1
De
la
investigación
el
Procurador
General surge que: el abogado aceptó, ante el foro federal,
los
hechos
que
le
fueron
imputados;
el
abogado
se
autoimpuso una sanción más severa que la que había sido
recomendada
por
el
comité
de
disciplina2;
y
el
abogado
reembolsó, sin cuestionar, la suma de $17,642.88 que el
comité de disciplina había determinado como facturado, y
cobrado, en exceso. Concluyó el Procurador General, en su
informe, que la conducta incurrida por el Lcdo. Folch Diez
violenta las disposiciones de los Cánones 24, 35 y 38 de
los Cánones de Ética Profesional.3
Le concedimos término al Lcdo. Folch Diez para que se
expresara sobre dicho informe. Así lo hizo el abogado. En
1
El comité de disciplina recomendó que el abogado
reembolsara
la
cantidad
cobrada
en
exceso;
se
le
suspendiera de la práctica de profesión legal ante el foro
federal por un período no menor de dos (2) años; se
separara permanentemente del privilegio de participar en el
panel de abogados del programa de indigentes; y que éste
debería de someter nuevas facturas por los servicios, si
algunos, que aún el abogado no había cobrado.
2
Ello así ya que el abogado aceptó renunciar a la práctica
de la profesión ante el mencionado foro federal a través
del procedimiento establecido en la Regla 211(6)(B) de las
reglas locales del mencionado foro, la cual establece el
desaforo por consentimiento.
3
Ello no obstante, resulta pertinente señalar que el
Procurador General señala en su informe, en relación con la
facturación excesiva realizada, que las “explicaciones del
abogado en torno a su conducta nos lleva a concluir que
éste fue mas bien negligente al no llevar un sistema de
facturación adecuado y minucioso lo cual redundó en
facturaciones erróneas de su parte, dando la impresión de
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4
su comparecencia, acepta la corrección del proceso al que
se sometió ante el foro federal; no impugna la suficiencia
de la prueba presentada en su caso; acepta haber incurrido
en negligencia al facturar, y expresa que restituyó, sin
cuestionar, la suma de dinero que se le señaló como cobrada
en exceso.
El
referido
abogado,
por
otro
lado,
“...tampoco
cuestiona el poder inherente que tiene este Tribunal para
imponer
sanción
por
los
hechos
cometidos
en
otra
jurisdicción, como lo es la Corte Federal para el Distrito
de Puerto Rico.”
I
Reiteradamente hemos resuelto que la separación del
ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción, al igual
que la admisión a ese ejercicio, es facultad inherente a
este Tribunal. In re Freites Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In
re Joaquín Peña Peña, res. el 27 de marzo de 2001, 2001
TSPR 49. A esos efectos, hemos expresado que siendo “...
inherente tal facultad, podemos ordenar la separación de un
abogado
por
motivos
distintos
de
aquellos
que
para
el
desaforo ha decretado por ley la Asamblea Legislativa [de
Puerto Rico]. La causa no tiene que ser necesariamente de
origen legislativo.” Colegio de Abogados de P.R. v. Barney,
109
D.P.R.
845,
848
(1980);
In
haciendo
falsas
representaciones.”
re
González
Blanes,
64
D.P.R. 381 (1945).
que estaba
suplido).
(énfasis
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5
Hemos resuelto, incluso, que si se demuestra que la
conducta del abogado no le hace digno de ser miembro de
este Foro, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo,
aun cuando las actuaciones del abogado hayan surgido por
causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión,
pues basta que tales actuaciones afecten las condiciones
morales del abogado querellado. In re Rivera Cintrón, 114
D.P.R. 481 (1983).
II
Coincidimos
con
el
Procurador
General
en
que
la
conducta en que incurriera el Lcdo. Folch Diez violenta las
disposiciones de los Cánones 24, 35 y 38 de los de Ética
Profesional. La determinación a esos efectos en tan clara y
palpable que la misma no amerita mayor discusión.
En atención a todo lo antes expuesto, procede decretar
la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión de
abogado y de la notaría en Puerto Rico de Alberto Folch
Diez por un término de treinta (30) días; contado el mismo
a partir de la fecha de notificación de la Opinión Per
Curiam, y Sentencia, emitida.
Le imponemos a éste el deber de notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos
e
informar oportunamente de su suspensión indefinida a los
foros
además,
judiciales
y
certificarnos
administrativos
dentro
del
del
término
País.
de
Deberá,
quince
(15)
días, a partir de su notificación, el cumplimiento de estos
deberes, notificando también al Procurador General.
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6
La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de
inmediato, a incautarse de la obra y sello notarial de
Alberto Folch Diez, luego de lo cual entregará la misma a
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
informe a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
para
su
examen
e
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Alberto Folch Diez
TS-8073
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2003
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia
decretando la separación inmediata del ejercicio
de la abogacía y de la notaría en Puerto Rico,
por un término de treinta (30) días, de Alberto
Folch Diez, a partir de la notificación de la
presente Opinión Per Curiam y Sentencia. Le
imponemos a éste el deber de notificar a todos
sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos e informar oportunamente de su
suspensión, por un término de treinta (30) días,
a los foros judiciales y administrativos del
País. Deberá, además, certificarnos dentro del
término de quince (15) días a partir de su
notificación el cumplimiento de estos deberes,
notificando también al Procurador General.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal
procederá, de inmediato, a incautarse de la obra
y sello notarial de Alberto Folch Diez, luego de
lo cual entregará la misma a la Oficina de
Inspección de Notarías para su examen e informe a
este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Andréu García y el Juez
Asociado señor Hernández Denton no intervinieron.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo