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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: ALBERTO FOLCH DIEZ

2003 TSPR 74

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: ALBERTO FOLCH DIEZ

TS-00008073

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

2003 TSPR 74

In re:

159 DPR ____

Alberto Folch Diez

Número del Caso: TS-8073

Fecha: 7 de abril de 2003

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto

Oficina del Procurador General:

Lcda. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión es efectiva a partir del 10 de abril

de 2003, fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

TS-8073

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Alberto Folch Diez

TS-8073

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2003

Como consecuencia de una comunicación, de fecha 26

de julio de 2002, de la Lcda. Frances Ríos de Morán,

Secretaria

de

la

Corte

de

Distrito

Federal

para

el

Distrito de Puerto Rico, referente la misma a conducta

incurrida en dicho foro por el Lcdo. Alberto Folch Diez,

instruimos a la Oficina del Procurador General de Puerto

Rico para que realizara, y rindiera, la correspondiente

investigación, e informe al Tribunal.

El Procurador General rindió su informe con fecha

de 23 de enero de 2003. Del mismo surge que: el Lcdo.

Folch Diez fue objeto de un procedimiento disciplinario

ante el antes mencionado foro federal por alegadamente

haber cobrado indebidamente honorarios en exceso --la

TS-8073

suma

3

de

$17,642.88--

a

través

del

realizada

por

programa

de

representación de indigentes.1

De

la

investigación

el

Procurador

General surge que: el abogado aceptó, ante el foro federal,

los

hechos

que

le

fueron

imputados;

el

abogado

se

autoimpuso una sanción más severa que la que había sido

recomendada

por

el

comité

de

disciplina2;

y

el

abogado

reembolsó, sin cuestionar, la suma de $17,642.88 que el

comité de disciplina había determinado como facturado, y

cobrado, en exceso. Concluyó el Procurador General, en su

informe, que la conducta incurrida por el Lcdo. Folch Diez

violenta las disposiciones de los Cánones 24, 35 y 38 de

los Cánones de Ética Profesional.3

Le concedimos término al Lcdo. Folch Diez para que se

expresara sobre dicho informe. Así lo hizo el abogado. En

1

El comité de disciplina recomendó que el abogado

reembolsara

la

cantidad

cobrada

en

exceso;

se

le

suspendiera de la práctica de profesión legal ante el foro

federal por un período no menor de dos (2) años; se

separara permanentemente del privilegio de participar en el

panel de abogados del programa de indigentes; y que éste

debería de someter nuevas facturas por los servicios, si

algunos, que aún el abogado no había cobrado.

2

Ello así ya que el abogado aceptó renunciar a la práctica

de la profesión ante el mencionado foro federal a través

del procedimiento establecido en la Regla 211(6)(B) de las

reglas locales del mencionado foro, la cual establece el

desaforo por consentimiento.

3

Ello no obstante, resulta pertinente señalar que el

Procurador General señala en su informe, en relación con la

facturación excesiva realizada, que las “explicaciones del

abogado en torno a su conducta nos lleva a concluir que

éste fue mas bien negligente al no llevar un sistema de

facturación adecuado y minucioso lo cual redundó en

facturaciones erróneas de su parte, dando la impresión de

TS-8073

4

su comparecencia, acepta la corrección del proceso al que

se sometió ante el foro federal; no impugna la suficiencia

de la prueba presentada en su caso; acepta haber incurrido

en negligencia al facturar, y expresa que restituyó, sin

cuestionar, la suma de dinero que se le señaló como cobrada

en exceso.

El

referido

abogado,

por

otro

lado,

“...tampoco

cuestiona el poder inherente que tiene este Tribunal para

imponer

sanción

por

los

hechos

cometidos

en

otra

jurisdicción, como lo es la Corte Federal para el Distrito

de Puerto Rico.”

I

Reiteradamente hemos resuelto que la separación del

ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción, al igual

que la admisión a ese ejercicio, es facultad inherente a

este Tribunal. In re Freites Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In

re Joaquín Peña Peña, res. el 27 de marzo de 2001, 2001

TSPR 49. A esos efectos, hemos expresado que siendo “...

inherente tal facultad, podemos ordenar la separación de un

abogado

por

motivos

distintos

de

aquellos

que

para

el

desaforo ha decretado por ley la Asamblea Legislativa [de

Puerto Rico]. La causa no tiene que ser necesariamente de

origen legislativo.” Colegio de Abogados de P.R. v. Barney,

109

D.P.R.

845,

848

(1980);

In

haciendo

falsas

representaciones.”

re

González

Blanes,

64

D.P.R. 381 (1945).

que estaba

suplido).

(énfasis

TS-8073

5

Hemos resuelto, incluso, que si se demuestra que la

conducta del abogado no le hace digno de ser miembro de

este Foro, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo,

aun cuando las actuaciones del abogado hayan surgido por

causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión,

pues basta que tales actuaciones afecten las condiciones

morales del abogado querellado. In re Rivera Cintrón, 114

D.P.R. 481 (1983).

II

Coincidimos

con

el

Procurador

General

en

que

la

conducta en que incurriera el Lcdo. Folch Diez violenta las

disposiciones de los Cánones 24, 35 y 38 de los de Ética

Profesional. La determinación a esos efectos en tan clara y

palpable que la misma no amerita mayor discusión.

En atención a todo lo antes expuesto, procede decretar

la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión de

abogado y de la notaría en Puerto Rico de Alberto Folch

Diez por un término de treinta (30) días; contado el mismo

a partir de la fecha de notificación de la Opinión Per

Curiam, y Sentencia, emitida.

Le imponemos a éste el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos

e

informar oportunamente de su suspensión indefinida a los

foros

además,

judiciales

y

certificarnos

administrativos

dentro

del

del

término

País.

de

Deberá,

quince

(15)

días, a partir de su notificación, el cumplimiento de estos

deberes, notificando también al Procurador General.

TS-8073

6

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de

inmediato, a incautarse de la obra y sello notarial de

Alberto Folch Diez, luego de lo cual entregará la misma a

la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

para

su

examen

e

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Alberto Folch Diez

TS-8073

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2003

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia

decretando la separación inmediata del ejercicio

de la abogacía y de la notaría en Puerto Rico,

por un término de treinta (30) días, de Alberto

Folch Diez, a partir de la notificación de la

presente Opinión Per Curiam y Sentencia. Le

imponemos a éste el deber de notificar a todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión, por un término de treinta (30) días,

a los foros judiciales y administrativos del

País. Deberá, además, certificarnos dentro del

término de quince (15) días a partir de su

notificación el cumplimiento de estos deberes,

notificando también al Procurador General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal

procederá, de inmediato, a incautarse de la obra

y sello notarial de Alberto Folch Diez, luego de

lo cual entregará la misma a la Oficina de

Inspección de Notarías para su examen e informe a

este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Andréu García y el Juez

Asociado señor Hernández Denton no intervinieron.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo