Tribunal Supremo de Puerto Rico
CARLOS CINTRON JACOME, ET AL. V. GENERAL EMILIO DIAZ COLON
2003 TSPR 65
Poder Judicial de Puerto Rico
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CARLOS CINTRON JACOME, ET AL. V. GENERAL EMILIO DIAZ COLON
CC-2001-0868
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Cintrón Jácome, et al.
Recurrido
Certiorari
v.
General Emilio Díaz Colón
2003 TSPR 65
159 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2001-868
Fecha: 24 de abril de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional V
Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Fiol Matta, la
Jueza Rodríguez de Oronoz y el Juez González Román
Oficina del Procurador General:
Lcda. Leticia Casalduc Rabell
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry
Lcdo. Iván Crespo Arroyo
Materia: Injunction Permanente, Sentencia Declaratoria, Daños y
Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Cintrón Jácome, et al.
Recurrido
vs.
CC-2001-868
Certiorari
General Emilio Díaz Colón
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER
BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.
Nos toca decidir si los tribunales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción
para entender en una acción de restitución al empleo
y de daños y perjuicios por despido discriminatorio,
incoada por un trabajador de la Guardia Nacional de
Puerto Rico en contra de su patrono y el E.L.A.
respectivamente.
I
Carlos Cintrón Jácome (en adelante, “Cintrón”)
se desempeñaba como técnico de equipo pesado (“heavy
machinery technician”) para la Guardia Nacional de
Puerto Rico. El 19 de agosto de 1996, el patrono le
notificó
a
Cintrón
disciplinaria
alegadamente
en
en
que
su
la
se
proponía
tomar
una
participado
contra
por
haber
desaparición
de
un
acción
vehículo
de
la
Guardia Nacional. Se le formularon cargos a Cintrón por
haber
mutilado
y
haber
hecho
uso
indebido
de
dicha
propiedad, y por haber emitido declaraciones juradas falsas
sobre el particular. Luego de brindársele oportunidad para
contestar las referidas imputaciones por escrito, el 18 de
noviembre de 1996 la Guardia Nacional le notificó a Cintrón
su despido del puesto que ocupaba allí, efectivo el 8 de
enero de 1997, y se le advirtió sobre su derecho a apelar
ante el Ayudante General de dicho cuerpo.
El 25 de agosto de 1997, Cintrón presentó la demanda
que aquí nos concierne contra el Ayudante General de la
Guardia Nacional, el General Emilio González, y el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
Superior
alegó
se
desempeñaba
que
de
Ponce.
como
En
esencia,
empleado
en
regular
ella
y
de
carrera, realizando tareas de civil en la Guardia Nacional
de Puerto Rico; que había sido despedido de su puesto sin
que se explicaran las razones de dicho despido; que las
acciones de la parte demandada violentaban lo dispuesto en
el acuerdo obrero-patronal que regía la conducta entre el
patrono
y
los
empleados;
que
la
actuación
de
los
co-
demandados era nula e ilegal por ser contraria a la Ley
Orgánica de la Guardia Nacional y a la Ley de Personal de
Puerto Rico; que las actuaciones ilegales y negligentes de
los
co-demandados
eran
inconstitucionales
debido
a
que
siendo él miembro del Partido Popular Democrático, había
sido
despedido
por
motivaciones
político-partidistas
por
CC-2001-868
4
ser el Ayudante General de la Guardia Nacional miembro del
Partido Nuevo Progresista.
Cintrón solicitó al foro de instancia que declarara
que su despido había sido ilegal y en violación de sus
derechos
constitucionales,
que
ordenara
su
inmediata
restitución al puesto que ocupaba, y que prohibiera a los
codemandados y a sus sucesores interferir con el goce y
disfrute
de
su
empleo.
También
solicitó
que
se
le
indemnizara a él y a su familia co-demandante por los daños
sufridos por razón del referido despido. En apoyo de su
reclamo, Cintrón alegó que la Guardia Nacional lo había
usado como chivo expiatorio, y que su despido se había
realizado sin celebrar la vista administrativa a que tenía
derecho.
Alegó, además, que intentar agotar los remedios
administrativos hubiera sido inefectivo y no proveería un
remedio adecuado al agravio planteado.
El 11 de agosto de 1998, los demandados solicitaron al
tribunal de instancia que dictara una sentencia sumaria a
su favor. Alegaron que dicho foro carecía de jurisdicción
sobre la materia, que no se habían agotado los remedios
administrativos, que no se había planteado una causa de
acción que ameritara un remedio y que faltaba una parte
indispensable.
Alegaron
también
que
Cintrón
era
un
empleado federal, por lo que no tenía a su alcance la
acción civil que había entablado, y que el gobierno de los
Estados Unidos tenía que ser traído al pleito.
Cintrón se
opuso a dicha solicitud el 6 de abril de 1999. Alegó que la
CC-2001-868
Guardia
5
Nacional
de
Puerto
Rico
lo
había
despedido
sin
consultar al gobierno federal, y que él era un empleado del
E.L.A.
En
cuanto
al
adujo
que
administrativos,
agotamiento
había
de
remedios
solicitado
una
vista
administrativa el 4 de junio de 1997 pero no se le había
concedido.
Solicitó
que
no
se
concediera
la
sentencia
sumaria porque su condición de empleado estatal o federal
estaba
en
controversia,
lo
cual
requería
una
vista
evidenciaria.
El 26 de agosto de 1999, el E.L.A. sometió una moción
en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria, con la que
acompañó una declaración jurada de Benjamín Colón Lara,
Oficial
Ejecutivo
de
Asuntos
Estatales
de
la
Guardia
Nacional, mediante la cual el declarante aseguraba que el
puesto
de
Cintrón
respondía
directamente
al
gobierno
federal, quien era custodio exclusivo de su expediente.
Acompañó
también
Oficina
Federal
una
de
copia
del
Administración
formulario
de
50-B
Personal,
de
la
titulado
“Notification of Personnel Action”, que describía el puesto
de
Cintrón
como
“Heavy
Mobile
Equipment
Repairer”
e
indicaba que el departamento o agencia empleadora era el
Departamento del Ejército.
El 15 de diciembre de 1999, el tribunal de instancia
dictó
una
sentencia
sumaria
a
favor
de
los
demandados.
Determinó que los promoventes habían probado que Cintrón
era un empleado federal y que éste no había presentado
evidencia en contrario.
Además, resolvió que carecía de
CC-2001-868
6
jurisdicción
sobre
la
materia
porque
la
facultad
del
Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico para
contratar
y
despedir
Cintrón
solicitó
a
Cintrón
había
emanado
de
normas
federales.
la
reconsideración
del
dictamen
referido, la cual fue denegada el 21 de enero de 2000.
Cintrón entonces apeló la sentencia ante el Tribunal de
Circuito
de
Apelaciones.
El
29
de
junio
de
2001
dicho
tribunal revocó el dictamen del foro de instancia, y le
devolvió el caso para que continuaran los procedimientos
allí. Resolvió que el caso de autos trataba de una acción
de daños por despido injustificado y discriminatorio, sobre
la cual los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción,
independientemente de que Cintrón fuese un empleado federal
y de que aplicaran al caso tanto leyes como jurisprudencia
federal.
El 29 de octubre de 2001, luego que se denegara su
solicitud de reconsideración, el E.L.A. recurrió de dicha
determinación
ante
nos,
señalando
que
el
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones había errado al contravenir una
alegada doctrina federal que prohíbe las causas de acción
contra
oficiales
militares
que
surjan
en
el
curso
del
servicio militar.
El 14 de diciembre de 2001 expedimos el recurso de
certiorari
solicitado
por
el
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico, a los fines de revisar la sentencia emitida
por el foro apelativo el 29 de junio de 2001. Luego de
CC-2001-868
7
concedérseles
sendas
prórrogas,
el
Procurador
General
sometió su alegato el 11 de abril de 2002; y la parte
recurrida sometió el suyo el 17 de julio de 2002. Pasamos a
resolver.
II
El E.L.A. en su alegato ante nos ha admitido que los
tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre las
controversias que se plantean al amparo de leyes federales,
pero
toma
excepción
específicamente
bajo
en
cuanto
a
aquellas
surgidas
las
leyes
de
administración
de
personal militar, aduciendo que el personal militar carece
totalmente
de
alguna
causa
de
acción
en
contra
de
un
superior. El Procurador General representando al Estado ha
argumentado que el aspecto militar del puesto de Cintrón
era inseparable del aspecto civil porque se le consideraba
un integrante del departamento militar correspondiente y
estaba
sujeto
a
sus
reglamentos.
Adujo,
además,
que
empleados como Cintrón no tienen una causa de acción contra
oficiales militares por incidentes que surjan en el curso
del servicio militar, aún cuando el reclamante invoque una
violación a sus derechos civiles. Alegó, por ende, que en
el caso de autos los tribunales de Puerto Rico carecen de
jurisdicción para adjudicar la acción de los demandantes.
No tiene razón el E.L.A. Veamos.
A. La Jurisdicción Concurrente
CC-2001-868
8
Como se sabe, el principio fundamental que rige lo
relativo al poder de los foros judiciales para resolver las
cuestiones federales es el de la jurisdicción concurrente.
Los
tribunales
tienen
federales
jurisdicción
y
los
estatales
concurrente
para
de
ordinario
entender
en
las
controversias sobre derecho federal. Yellow Freight Sys.
Inc. v. Donnelly, 494 US 820 (1990); Golf Offshore Company
v.
Mobil
Oil
453
Corp.,
US
473
(1981).
Así
lo
hemos
reconocido claramente antes. Roberts v. U.S.O. Council of
P.R., 145 D.P.R. 58, 69 (1998).
En
virtud
estatales,
del
incluyendo
referido
principio,
los
Puerto
de
los
Rico,
tribunales
carecen
de
jurisdicción sobre algún asunto federal únicamente cuando
la exclusividad de la jurisdicción federal sobre tal asunto
ha sido dispuesta expresamente por el Congreso de Estado
Unidos, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
en
situaciones
en
que
la
intención del Congreso de privar a los tribunales estatales
de jurisdicción sobre dicho asunto federal es palmariamente
clara. Véase, Wright-Miller and Cooper, Federal Practice
and
Procedure,
jurisdicción
Vol.
federal
XIII,
págs.
241-247
exclusiva
es
un
autos
claro
asunto
(1984).
en
La
extremo
excepcional.
En
el
caso
de
es
que
el
Congreso
de
Estados Unidos no ha dispuesto que reclamaciones como la
que aquí nos concierne de personas empleadas por la Guardia
Nacional
están
excluidas
de
la
jurisdicción
de
los
CC-2001-868
9
tribunales estatales. No hay legislación federal a tales
efectos.
Más
aun,
es
patente
también
que
el
Tribunal
Supremo de Estados Unidos no ha resuelto que el tipo de
acción
que
aquí
nos
concierne
está
excluida
de
la
jurisdicción de los tribunales estatales.
El máximo foro judicial federal se ha expresado en
varias ocasiones en que soldados de las fuerzas armadas de
Estados Unidos demandaron a sus superiores militares en
acciones federales de daños y perjuicios conocidas como
Se
trata
“Bivens
actions”.
reclamar
una
indemnización
Unidos
por
los
daños
de
del
acciones
gobierno
ocasionados
civiles
de
por
los
para
Estados
funcionarios
federales, que se incoa directamente al amparo de la propia
constitución federal, conforme a lo resuelto en Bivens v.
Six Unknown Federal Narcotics Agents, 408 US 388 (1971). En
los casos aludidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
coincidió
en
que
las
acciones
tipo
Bivens
no
son
procedentes cuando se trata de reclamaciones monetarias de
soldados contra sus superiores militares. Véase, U.S. v.
Stanley, 483 US 669 (1987); Chappell v. Wallace, 462 US 296
(1983). Dicho Tribunal también se ha expresado en cuanto a
la improcedencia de acciones civiles federales incoadas por
soldados de las fuerzas armadas de Estados Unidos en contra
del gobierno federal al amparo del Federal Tort Claims Act,
por
conducta
alegadamente
negligente
de
dichas
fuerzas
armadas o de militares de alto rango. Véase, Feres v. U.S.,
340 US 135 (1950). Pero el Tribunal Supremo federal no se
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10
ha expresado en torno a acciones como la que aquí nos
concierne, que es esencialmente una reclamación no de un
soldado sino de un mero empleado de la Guardia Nacional, en
contra
no
del
gobierno
federal
sino
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico.
Ausente una legislación federal que ocupe el campo en
casos como el de autos, y ausente también alguna decisión
del
Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
que
disponga
concretamente que en casos como el de autos la jurisdicción
federal es exclusiva, es claro que conforme al fundamental
principio federal sobre la jurisdicción concurrente, los
tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre el caso
de autos.
No puede concluirse que los tribunales de Puerto Rico
carecen de jurisdicción sobre el asunto en cuestión, como
alega el Procurador General de Puerto Rico en este caso,
sólo a base de interpolar distintas opiniones del Tribunal
Supremo federal sobre otras materias análogas, por lógica
que sea esa interpolación. La doctrina de la jurisdicción
concurrente no nos requiere conjeturar sobre lo que hubiese
hecho
dicho
autos.
Tribunal
Tampoco
puede
de
habérsele
planteado
fundamentarse
una
el
caso
decisión
de
tan
excepcional, como también alega el Procurador General, sólo
en el hecho de que la Corte de Apelaciones de Estados
Unidos para el Primer Circuito supuestamente haya resuelto
un
caso
análogo
del
modo
que
el
Estado
nos
pide
que
adjudiquemos el de autos. Ello debido a que la naturaleza y
CC-2001-868
funciones
de
11
ese
distinguido
foro
son
distintas
de
la
nuestras, y sus dictámenes no nos obligan.1
En resumen, pues, no debe este Tribunal declarar que
el
poder
sobre
judicial
algún
de
asunto,
a
Puerto
Rico
no
tiene
menos
que
ello
sea
jurisdicción
patentemente
claro, cosa que aquí no sucede, tratándose este caso de un
mero empleado de la Guardia Nacional de Puerto Rico que
reclama
una
indemnización
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico, en lo que aquí nos concierne.
B. La acción en el caso de autos
Es
menester
precisar
también
la
naturaleza
de
la
acción entablada por Cintrón en el caso de autos. Aunque su
demanda aquí dista mucho de tener una redacción adecuada,
un
análisis
cuidadoso
de
ésta
revela
que
se
trata
primordialmente de una acción estatal, es decir, una acción
al amparo de derechos y remedios que surgen mayormente del
ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Veamos.
Cintrón alegó en su demanda dos hechos medulares, a
saber, 1) que fue despedido de su empleo en la Guardia
Nacional; y 2) que ese despido le había ocasionado graves
daños personales a él y a sus familiares. Cintrón alegó
también que el despido había sido ilegal por ser contrario:
1) al convenio colectivo que los empleados de la Guardia
Nacional tienen con su patrono; 2) a la Ley de Personal de
Puerto Rico; 3) a la Ley de la Guardia Nacional de Puerto
1
Véase, 28 U.S.C.A. 1258.
CC-2001-868
12
Rico, 25 L.P.R.A. sec. 2053 et seq y sec. 2911 et seq; 4) y
a las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos.
Con arreglo a lo anterior, Cintrón reclamó en esencia
dos
remedio,
a
saber:
1)
que
se
le
ordenara
a
la
co-
demandada Guardia Nacional que lo reinstalara en su empleo
y lo mantuviese allí; 2) que ordenara al Ayudante General y
al E.L.A. al pago de los daños y perjuicios que habían
sufrido los demandantes.
Como
parte
de
sus
alegaciones,
Cintrón
también
solicitó que se declarara inconstitucional la actuación de
los
co-demandados
Procedimiento
e
Civil
invocó
de
para
Puerto
ello
la
Regla
59
de
Rico,
que
trata
sobre
sentencias declaratorias, y la sección 1983 del título 42
del U.S.C. También invocó la Ley General de Injunctions de
Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 3521 et seq.
Como puede apreciarse de todo lo anterior, la acción
de
Cintrón
se
instó
al
amparo
primordialmente
del
ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Su carácter esencial
como
una
acción
estatal
se
resalta
precisamente
por
el
hecho de que no se trajo de ningún modo a Estados Unidos o
a las fuerzas armadas de Estados Unidos como parte en el
pleito.
En
ningún
lugar
se
solicitó
tampoco
que
la
indemnización reclamada fuese pagada por el gobierno de
Estados Unidos. No se invocó el Federal Torts Claims Act ni
se aludió a las reclamaciones tipo Bivens. El mero hecho de
que
la
General,
Guardia
una
Nacional
entidad
sea,
como
híbrida
admite
estatal
el
y
Procurador
federal
no
CC-2001-868
13
“federaliza” de ningún modo la acción de Cintrón. Tampoco
lo hace el mero hecho de que Cintrón fuese un empleado
civil
del
Ejercito.
Lo
medular
para
determinar
la
naturaleza de la acción en cuestión es identificar cuáles
son los derechos y remedios reclamados.2 Los del caso de
autos son primordialmente derechos y remedios que surgen
del
ordenamiento
jurídico
de
Puerto
Rico.
Se
trata
esencialmente de una acción al amparo de la Constitución y
las leyes de Puerto Rico, sobre la cual los tribunales del
país no sólo tienen jurisdicción sino que deben ejercerla.
Véase, Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R.
223, 234 (1994).
Por
los
fundamentos
expuestos,
se
dictará
una
sentencia para confirmar la del foro apelativo del 29 de
junio de 2001.3
JAIME B.FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
2
A pesar de que la cuestión puede en ocasiones convertirse
en un asunto complejo, la norma más clara sobre el
particular es la famosa expresión del Juez Holmes de que “a
suit arises under the law that creates the action”.
American Well Works Co. v. Layne, 241 US 257, 260 (1916).
3
No nos pronunciamos aquí sobre la controversia de si
Cintrón cumplió con el requisito de agotar los remedios
administrativos pertinentes, o sobre cualquier otro asunto
que no sea estrictamente la cuestión jurisdiccional que se
discute en la opinión, que ha sido el único asunto objeto
de litigación en el caso de autos hasta este momento.
CC-2001-868
14
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Cintrón Jácome, et al.
Recurrido
vs.
CC-2001-868
Certiorari
General Emilio Díaz Colón
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente, se confirma la sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V, Ponce
y Aibonito, emitida el 29 de junio de 2001.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Corrada del Río emitió opinión disidente a la
cual se unieron los Jueces Asociados señores
Rebollo López y Rivera Pérez.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-2001-868
15
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Cintrón Jácome, et al.
Recurrido
v.
CC-2001-868
Certiorari
General Emilio Díaz Colón
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR
CORRADA DEL RÍO a la cual se unen los Jueces Asociados
señores Rebollo López y Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.
Nos corresponde determinar si existe una
causa de acción en daños y perjuicios a favor
de un miembro de la Guardia Nacional de Puerto
Rico
contra
sus
oficiales
superiores
por
actuaciones incidentales al servicio militar.
Dado que la mayoría se enfoca en discutir
asuntos
relacionados
a
la
jurisdicción
concurrente entre el foro estatal y federal
para entender en el caso, sin considerar la
doctrina enunciada por el Tribunal Supremo de
Estados
Unidos
prohibiendo
las
causas
de
acción por daños ocurridos dentro del curso
del servicio militar, disentimos.
I
A principios del año 1996, la Guardia Nacional comenzó
una
investigación
hechos
con
relacionados
a
gobierno
el
propósito
la
desaparición
federal,
de
esclarecer
de
asignado
un
a
los
vehículo
propiedad
del
este
cuerpo
militar.
Como parte de la pesquisa, en febrero y marzo de
ese año se le tomaron dos declaraciones juradas al Sr.
Carlos
Cintrón
Jácome
(en
adelante
recurrido” o “Sr. Cintrón Jácome”).
“el
demandante-
Este último ocupaba
el cargo de reparador de equipo militar en el referido
cuerpo.
En ambas ocasiones, el demandante-recurrido negó tener
conocimiento sobre lo que se le preguntaba.
Sin embargo,
el
una
15
de
marzo
de
1996
éste
la
cual
declaración
jurada,
en
referentes
a
desaparición
la
ofreció
relató
los
del
vehículo
tercera
incidentes
y
su
participación en los hechos.
Como resultado de la investigación, el 19 de agosto de
1996 la Guardia Nacional notificó al demandante-recurrido,
mediante
carta
firmada
por
el
Coronel
Francisco
A.
Márquez,4 que se proponía tomar acción disciplinaria en su
contra.
Se le informó que se le formularían cargos por
mutilación de propiedad del gobierno federal, uso indebido
de
ésta,
y
por
deliberadamente
ofrecer
declaraciones
juradas falsas.
Además, se le advirtió que tenía derecho
a
la
estudiar
recibir
toda
prueba
explicaciones
relacionada
adicionales
a
sobre
su
caso
la
y
a
acción
propuesta.
4
Para ese entonces, el Coronel Márquez
ocupaba el puesto de “Surface Maintenence Manager”
de la Guardia Nacional.
Luego de ofrecérsele una oportunidad para expresar por
escrito su posición respecto a los cargos imputados, el 18
de noviembre de 1996, mediante memorando suscrito por el
Coronel Carlos A. Córdova, la Guardia Nacional notificó al
demandante-recurrido que sería despedido de su puesto como
reparador de equipo pesado en este cuerpo militar.
notificación
advertía,
además,
sobre
los
La
procedimientos
mediante los cuales podría apelar esta decisión.5
5
Anejo a esta notificación, la Guardia
Nacional incluyó un documento intitulado Adverse
Action Appeal Rights-Original Decision, el cual
expresa:
If you consider this adverse
action improper, you may appeal
the decision by requesting an
appellate review by the Adjutant
General
or
an
administrative
hearing
but
not
both.
The
appellate
review
involves
an
overall review of the official
adverse
action
case
file
maintained in the Human Resources
Office (HRO), together with any
additional
information
you
may
provide.
An
administrative
hearing
affords
you
the
opportunity to have a National
Guard Hearing Examiner gather all
available
facts
through
an
administrative hearing and then
provide
findings
and
recommendations to the Adjutant
General who will then issue the
appellate decision.
Should you
elect to appeal the decision, you
have the right to be represented
by
an
attorney
or
other
representative of your choosing.
....
continúa...
... 2 continuación
Así las cosas, el 25 de agosto de 1997 el Sr. Cintrón
Jácome presentó una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, “TPI”), al
amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III, R. 59, y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42
U.S.C. § 1983.
La misma fue presentada contra el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la Guardia Nacional, y el
General Emilio Díaz Colón (en adelante, “los demandadospeticionarios”),
solicitando
interdicto
permanente,
sentencia declaratoria y daños y perjuicios. En síntesis,
alegó que dado que era un miembro reconocido y activo del
Partido
Popular
motivaciones
General
Democrático,
claramente
Emilio
Díaz
había
sido
despedido
político-partidistas,
Colón
era
miembro
ya
que
reconocido
por
el
del
Partido Nuevo Progresista.
Los demandados-peticionarios
contestaron
negando
la
demanda
las
alegaciones
relacionadas al despido.
Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto
de 1998, los demandados-peticionarios solicitaron al TPI
que dictara sentencia sumaria a su favor, basándose en los
The
Adjutant
General
will
render the appellate decision as
soon
as
possible
after
the
appellate review has concluded or
after
review
of
the
hearing
examiner´s
report
and
recommendation.
An
appellate
decision by the Adjutant General
will cancel the adverse action ,
sustain it, or substitute a less
severe penalty.
The right to
appeal extends no further than the
Adjutant General of Puerto Rico.
Véase Apéndice, a la pág. 75.
siguientes argumentos: 1) que éste carecía de jurisdicción
sobre
la
materia,
administrativos,
2)
3)
falta
falta
de
de
agotamiento
una
causa
de
de
remedios
acción
que
justificara la concesión de un remedio, y 4) falta de
parte indispensable.
En esencia, los demandados-peticionarios trajeron a la
atención del TPI la situación del demandante-recurrido como
empleado federal, alegando en consecuencia que tenía que
acumularse
como
parte
al
Gobierno
de
Estados
Unidos.
Igualmente, apuntaron a que sus labores como técnico de la
Guardia Nacional eran incidentales al servicio militar y,
por tanto, no justiciables en cualquier foro civil.
El
15
de
noviembre
de
1999,
se
celebró
una
vista
evidenciaria en la cual se presentó como único testigo al
Sr. Juan Marrero, quien en ese momento fungía como Oficial
de
Personal
Federal
de
la
Guardia
Nacional.
En
su
testimonio, Marrero explicó que, a tenor con el “National
Guard Technicians Act”, 32 U.S.C. § 709,6 el recurrido era
empleado del Ejército de Estados Unidos.
6
Esta ley dispone lo siguiente:
§ 709. Technicians: employment, use, status
(a)
Under regulations prescribed by
the
Department
of
the
Army...persons may be employed as
technicians in
(1) the
administration
and
training of the National
Guard....
(2) the maintenance and repair
of supplies issued to the
National
Guard
or
the
Armed Forces.
El 15 de diciembre de 1999, el TPI dictó sentencia
sumaria a favor de los demandados-peticionarios.
Dicho
foro expresó que éstos habían probado satisfactoriamente
que el Sr. Cintrón Jácome era un empleado federal y que
éste no había provisto evidencia en contrario.
También
resolvió que carecía de jurisdicción sobre la materia, ya
que la facultad del Ayudante General de la Guardia Nacional
para contratar y despedir al recurrido emanaba de normas
federales.
El Sr. Cintrón Jácome solicitó reconsideración, la cual
fue denegada el 21 de enero de 2000.
Luego, el 15 de
febrero de 2000, éste presentó apelación ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”).
Mediante
sentencia emitida el 29 de junio de 2001, el TCA resolvió
que el foro estatal tenía jurisdicción sobre la materia,
basándose en nuestra decisión en Roberts v. USO Council of
P.R., 145 D.P.R. 58 (1998).
foro
de
instancia
y
le
En consecuencia, revocó al
devolvió
el
caso
para
la
continuación de los procedimientos.
Inconformes,
los
peticionarios
recurren
ante
este
Tribunal, y señalan lo siguiente:
....
continúa...
... 3 continuación
(d)
A technician employed under subsection
(a) is an employee of
the
Department
of
the
Army
or
the
Department of the Air Force as the
case may be, and an employee of the
United States.(énfasis suplido).
A.
Erró el Honorable Tribunal de
Circuito
de
Apelaciones
al
determinar que el Tribunal de
Instancia
tiene
jurisdicción
para adjudicar la causa de
acción
de
autos[,]
en
contravención a la doctrina del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos que prohíbe las causas
de
acción
contra
oficiales
militares que surgen en el
curso
del
servicio
militar
rendido.
Expedimos auto de Certiorari mediante Resolución de 14
de diciembre de 2001.
cometió.
Entendemos que el error señalado se
Veamos.
II
A. Ausencia de causa de acción en
reclamaciones
intramilitares
por
daños
incidentales
al
servicio: Doctrina Feres
En el año 1950, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
resolvió el normativo caso de Feres v. United States, 340
U.S. 135 (1950).
En esa ocasión, el Supremo Federal tuvo
ante su consideración una demanda incoada por unos soldados
bajo el Federal Tort Claims Act (en adelante “FTCA”), 28
U.S.C.
§§
1346(b)(1),
2671-2680,
por
alegados
daños
causados a éstos dentro del ámbito de la actividad militar.
El Tribunal Supremo resolvió que el gobierno federal no
está sujeto a demandas bajo la FTCA por daños ocurridos a
empleados
militares
en
actos
incidentales
al
servicio
militar.
Fundamentó su decisión en dos argumentos principales.
Primero,
que
las
disposiciones
de
la
FTCA
son
inconsistentes con la naturaleza única de la relación entre
el gobierno y las Fuerzas Armadas.
143.
Id., a las págs. 142-
Segundo, explicando que el Congreso, al aprobar la
referida ley, no creó nuevas causas de acción, sino que
meramente extendió responsabilidad al gobierno federal bajo
circunstancias
que
conllevarían
Id., a la pág. 141.
responsabilidad
privada.
Por tanto, al considerar que bajo los
hechos en controversia no existiría una causa de acción
contra una persona privada, estimó el Tribunal que tampoco
la había contra el gobierno.7
El
alcance
de
la
doctrina
tomó
un
giro
importante
varias décadas después con el caso Chappell v. Wallace, 462
U.S. 296 (1983).
En Chappell, el Supremo Federal entendió
en un reclamo de tipo Bivens8 por discrimen racial dentro
del
ámbito
oficiales
no
7
del
servicio
comisionados
Se expresó
siguiente manera:
militar,
instado
(“enlisted
personnel”)
el
Supremo
por
Federal
de
cinco
de
la
la
[o]ne obvious shortcoming in
these claims is that plaintiffs
can point to no liability of a
“private individual” even remotely
analogous to that which they are
asserting
against
the
United
States...Nor
is
there
any
liability
“under
like
circumstances,”
for
no
private
individual has power to conscript
or mobilize a private army with
such authorities over persons as
the Government vests in echelons
of command. Feres v. U.S., supra,
a las págs. 141-142.
8
Bivens v. Six Unknown Federal Narcotics
Agents, 403 U.S. 388 (1971). Este caso resuelve que
una violación de derechos constitucionales por
parte de funcionarios federales puede dar lugar a
una acción en daños contra estos, aun en ausencia
de una ley que autorice tal remedio.
Marina de Estados Unidos.
Basándose en el razonamiento de
Feres, supra, el Tribunal resolvió que el personal militar
no tiene derecho a una causa de acción en daños contra sus
superiores.
Chappell,
supra,
a
la
pág.
300.
Al
así
concluir, de forma unánime, expresó el Supremo federal que
esta prohibición responde a la estructura única que rige
las fuerzas armadas y la injerencia exclusiva del Congreso
en el campo militar.
Id., a la pág. 301.
Además, tomó en
consideración el hecho de que el Congreso ha legislado para
establecer sistemas de compensación por muerte y accidente,
así
como
procedimientos
de
quejas
y
agravios
internos
disponibles
al
personal
militar.
Para
sustentar
anterior,
hizo
alusión
al
Code
of
“Uniform
lo
Military
Justice”, 10 U.S.C. § 938,9 y a la sección 1552 del título
10 del U.S. Code, la cual crea una comisión para atender
quejas presentadas por miembros de las fuerzas armadas, y
le otorga facultades para ordenar promociones de rango y el
pago de sueldos de manera retroactiva.
9
§ 938. Art. 138. Complaints of wrongs
Any member of the armed forces who believes
himself wronged by his commanding officer, and who,
upon due application to that commanding officer, is
refused redress, may complain to any superior
commissioned
officer,
who
shall
forward
the
complaint to the officer exercising general courtmartial jurisdiction over the officer against whom
it is made. The officer exercising general courtmartial
jurisdiction
shall
examine
into
the
complaint and take proper measures for redressing
the wrong complained of; and he shall, as soon as
possible, send to the Secretary concerned a true
statement of that complaint, with the proceedings
had thereon.
Posteriormente, con la decisión de
United States v.
Stanley, 483 U.S. 296 (1987), la doctrina Feres se concretó
y
definió
de
modo
decisivo.
En
este
caso,
un
militar
retirado demandó al gobierno por los daños que le ocasionó
el habérsele administrado la droga LSD, sin su conocimiento
o consentimiento, como parte de un experimento llevado a
cabo por el Ejército.
recurso
por
entender
El máximo foro federal expidió el
que
debía
aclarar
su
decisión
en
Chappell, ya que la confusión imperante al respecto había
producido
resultados
tribunales de circuito.
inconsistentes
entre
diferentes
U.S. v. Stanley, supra, a la pág.
676.
Así
pues,
Estados Unidos
con
esta
opinión
aprovechó para
el
Tribunal
Supremo
de
armonizar a Feres con su
progenie, aclarando que la relación oficial-subordinado no
es el fundamento crucial de la doctrina, sino el aspecto de
“incidental al servicio militar.” U.S. v. Stanley, supra, a
la pág. 680.10
Asimismo, la decisión no consideró determinante la ley
bajo
la
cual
se
reclaman
los
remedios,
redondeando
la
doctrina a base de la prohibición de causas de acción en
daños
que
surjan
10
de
actos
“incidentales
al
servicio
Establece Stanley, supra, a la pág. 680, que
“since
Feres
did
not
consider
the
officersubordinate relationship crucial, but established
instead an ‘incident to service’ test, it is plain
that our reasoning in Chappell does not support the
distinction Stanley would rely on.” (énfasis
suplido).
militar.”11
Explicó
el
Tribunal
que,
dado
que
la
Constitución otorga jurisdicción exclusiva al Congreso para
reglamentar los asuntos de disciplina militar, la intrusión
judicial en esos menesteres sería inapropiada.
Al analizar
el texto de la Constitución, ese alto foro expresó:
[w]hat is distinctive here is
the
specificity
of
that
technically superfluous grant of
power, and the insistence (evident
from the number of Clauses devoted
to the subject) with which the
Constitution
confers
authority
over the Army, Navy, and militia
upon de political branches.
All
this counsels hesitation in our
creation of damages remedies in
this field.
U.S. v. Stanley,
supra, a la pág. 682 (énfasis
suplido).
Así pues, la conclusión que puede colegirse de Feres,
Chappell, y Stanley, leídos en conjunto, es que se prohíbe
11
A pesar de que los casos que la Corte citó
para ilustrar la inconsistencia en la doctrina se
resolvieron a base de diferentes leyes, la mayoría
en Stanley, supra, no fundamenta su ratio decidendi
a base de ley específica. Es decir, no auscultó
los propósitos y
continúa...
... 8 continuación
peculiaridades de la ley bajo la cual se reclamaba
para así concluir que las acciones en daños
incidentales al servicio militar no se permitían
específicamente bajo esa fuente legal.
Los casos que citó la opinión para señalar la
inconsistencia de los tribunales de circuito fueron
los siguientes: Jorden v. National Guard Bureau,
799 F.2d 99 (3rd Cir. 1986) (caso al amparo de 42
U.S.C. § 1983); Trerice v. Summons, 755 F.2d 1081
(4th Cir. 1985)(42 U.S.C. §§ 1985, 1986); Mollnow
v. Carlton, 716 F.2d 627 (9th Cir. 1983) (Bivens y
42 U.S.C. §§ 1985, 1986); y Gaspard v. U.S., 713
F.2d 1097 (5th Cir. 1983)(Bivens y “FTCA”). Véase
Stanley, supra, a la pág. 676.
toda
causa
de
acción
en
daños
que
surja
de
actos
incidentales al servicio militar, independientemente de la
relación entre las partes en controversia.
Ello toda vez
que, los tribunales civiles deben prestar deferencia a las
decisiones militares, dada la peculiaridad de su estructura
y disciplina.
Por
tanto,
el
asunto
medular
del
caso
de
autos
es
determinar si los daños que alega el demandante-recurrido
ocurrieron dentro del ámbito del servicio militar, para de
ese modo dilucidar propiamente si éste tiene una causa de
acción disponible.
B. Extensión de la doctrina Feres a
casos
dentro
del
contexto
del
servicio
civil
en
la
Guardia
Nacional
La
figura
reglamentada
de
la
Guardia
expresamente
en
el
Nacional
texto
se
de
encuentra
la
Segunda
Enmienda a la Constitución de Estados Unidos,12 a través de
su precursor histórico: la “milicia”.13
Tribe,
la
propósito
Guardia
llamada
de
“cláusula
preservar
Nacional.
la
Véase
de
Según el profesor
la
milicia”
tiene
el
autonomía
estatal
sobre
la
Laurence
Constitutional Law 900 (3d. Ed. 2000).
H.
Tribe,
American
Por tal razón, se
12
Siendo necesaria para la seguridad de un
Estado libre una milicia bien organizada, no se
coartará el derecho del pueblo a tener y portar
armas. Const. E.U.A., Enm. II.
13
Véase E. Roy Hawkins, The Justiciability of
Claims Brought by National Guardsmen Under the
Civil Rights Statutes for Injuries Suffered in the
Course of Military Service, 125 Mil. L. Rev. 99,
102 (1989).
tiende
a
caracterizar
a
la
Guardia
Nacional
como
una
entidad completamente estatal.
Sin embargo, a pesar de que parte de la responsabilidad
sobre este cuerpo militar es providencia de los estados, la
Constitución federal confiere al Congreso control exclusivo
sobre ciertos aspectos de su funcionamiento.
De este modo,
la Constitución federal dispone:
El Congreso tendrá facultad:...
Para dictar reglas para llamar la
milicia a fin de hacer cumplir las
leyes
de
la
Unión,
sofocar
insurrecciones y repeler invasiones;
Para proveer para la organización,
armamento y disciplina de la milicia y
el gobierno de aquella parte de ella
que estuviere al servicio de los
Estados
Unidos,
reservando
a
los
estados respectivos el nombramiento de
los oficiales y la autoridad para
adiestrar a la milicia de acuerdo con
la
disciplina
prescrita
por
el
Congreso. Const. E.U.A., Art. I, § 8,
cls. 15,16 (énfasis suplido).
Como
agencia
se
puede
híbrida
pertinente
a
observar,
Nacional
es
una
federal.
Mientras
que
lo
administrativos
tales
como
el
estatal
asuntos
y
la
Guardia
nombramiento de oficiales y el entrenamiento de éstos es
responsabilidad
estatal,
el
prescribir
normas
para
reglamentar todo lo referente a los procesos disciplinarios
de las tropas es materia exclusiva del Congreso.14
14
Esta
Al amparo de esta autoridad, el Congreso ha
aprobado legislación con el propósito de prescribir
normas de disciplina en la Guardia Nacional, además
de crear el “National Guard Bureau”, cuerpo adjunto
a los Departamentos del Ejército y de la Fuerza
Aérea, cuya responsabilidad principal es
el
asegurarse
de
que
la Guardia Nacional de cada
estado o territorio cumpla con la reglamentación
jurisdicción exclusiva se explica por la peculiaridad de la
relación oficial-subordinado, y los efectos perniciosos que
podrían
resultar
si
se
permitiera
a
los
tribunales
involucrarse en asuntos de disciplina militar.
E. Roy
Hawkins, supra, a la pág. 109.
Igualmente, el carácter “sui generis” de los empleados
de la Guardia Nacional refleja esta hibridez. La Guardia
Nacional combina personal militar y civil.
Los empleados
civiles
“técnicos”
se
conocen
comúnmente
como
o
“technicians”, término que surge directamente del National
Guard Technicians Act, supra.15
Sin embargo, aunque las
funciones
corresponden
del
personal
civil
a
las
de
cualquier empleado civil en otra organización estatal o
privada,
su
militar.
De hecho, se ha resuelto que el trabajo de un
técnico
de
función
la
se
Guardia
da
en
el
Nacional
es
particular
una
contexto
combinación
de
militar y civil, pero que estos dos aspectos del trabajo
son inseparables.
Wright v. Park, 5 F.3d. 586, 589 (1st
Cir. 1993)(énfasis suplido).
Además, estos técnicos tienen
que simultáneamente ser miembros de la Guardia Nacional en
el rango especificado por el Secretario de la rama militar
pertinente.
Por
32 U.S.C. § 709 (b).
ende,
funciones
dado
civiles
y
el
carácter
militares
de
“inseparable”
estos
de
las
técnicos,
las
funciones de estos empleados civiles de la Guardia Nacional
federal referente a la disciplina y preparación de
las tropas. Véase 10 U.S.C. §§ 10501 et seq.
son incidentales al servicio militar, y como tal, cubiertas
por la doctrina resultante de Feres, Chappell y Stanley.
A esos efectos, nos parece ilustrativo el citado caso
de
Wright
v.
Park,
Apelaciones
de
Estados
En
supra.
ante
nuestra
consideración: la procedencia de una acción de
daños y
la
el
de
Circuito,
precisamente
para
Corte
Primer
atendió
Unidos
la
Wright,
controversia
perjuicios por alegada violación a los derechos civiles
contra
oficiales
empleada
con
la
militares
superiores,
Guardia
Nacional
por
a
una
tenor
persona
de
las
disposiciones del National Guard Technicians Act, supra.
El Primer Circuito concluyó que la naturaleza dual pero
indivisible
del
trabajo
de
los
técnicos
de
la
Guardia
Nacional hacen que cualquier acción dirigida a la función
civil del técnico sea una incidental al servicio militar,
por lo que estaría proscrita por Feres y su progenie.16
15
32 U.S.C. § 709. Este estatuto proveyó
específicamente para que este personal se considere
como empleados federales. Véase escolio 3, supra.
16
Explicó dicho foro:
While a technician´s job is a
composite containing both civilian
and military pieces, the job´s
dual aspects are inseparable; they
are like Chang and Eng joined at
the chest.
....
Since
a
technician´s
dual
roles are too tightly imbricated
to be pried apart at a litigant´s
whim,
appellant
necessarily
suffered the injury of which he
complains
in
his
military
capacity. Wright, supra, a las
págs. 589,591.
A
base
de
este
estado
de
Derecho,
procedemos
a
suscitó
mientras
el
dilucidar la controversia de autos.
III
La
controversia
de
autos
se
demandante-recurrido se desempeñaba como “técnico” de la
Guardia Nacional de Puerto Rico, cuerpo militar del cual
era
miembro
enlistado.
Además,
las
labores
que
éste
realizaba, y de las cuales surgen los actos que dan base a
la reclamación de autos, eran incidentales a su membresía
en dicho cuerpo, tanto por su naturaleza como por la forma
en que están descritas en la ley que las crea.17
modo,
el
proceso
disciplinario
al
que
el
De igual
demandante-
recurrido fue sometido se produjo dentro de la cadena de
mando
inherente
a
la
actividad
militar.
Así
pues,
entendemos que en ausencia de un mandato legislativo en
contrario, no existe base racional para no extender al caso
de autos los postulados de la doctrina Feres.
Ciertamente,
premisa
básica
entiéndase,
asuntos
la
en
el
que
sustenta
no
intervención
incidentales
singularidad
de
fuerzas armadas.
la
a
presente
la
a
caso
está
Feres
y
de
los
actividad
estructura
y
la
presente
su
la
progenie,
tribunales
con
militar
dada
la
disciplina
de
las
Este postulado es tan fundamental que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aplicado la doctrina
Feres indistintamente de la ley por la cual se reclama, y
17
Véase escolio 3, supra.
de
la
identidad
y
relación
entre
las
partes
en
controversia.18
Por consiguiente, sostenemos que la Guardia Nacional es
un
cuerpo
militar
exclusivamente
cuya
sobre
el
jurisdicción
disciplinaria
Congreso,
diferenciándose
no
esto de las ramas militares tradicionales.
recae
en
Similarmente,
la capacidad en que se emplean los técnicos de este cuerpo,
a pesar de ser híbrida, es preponderantemente militar, y
por
ello
los
actos
de
estos
empleados
incidentales al servicio militar.
se
consideran
Por tanto, aplicaríamos
al caso de autos la doctrina Feres.
Por el contrario, la opinión mayoritaria se centra en
discutir la presunción de jurisdicción concurrente de los
tribunales
estatales
y
federales
para
surgidos al amparo del derecho federal.
atender
casos
Explica además que
la excepción a este principio es que haya una determinación
expresa
Tribunal
en
contrario
Supremo
por
Federal
parte
lo
del
haya
Congreso,
declarado
o
así
que
el
cuando
entienda que la intención del Congreso a esos efectos es
palmariamente clara.
Así, concluye que ninguna de esas dos
circunstancias ocurren en el caso de autos, por lo que
podemos entender en el caso de marras.
No estamos de
acuerdo.
El presente recurso no requiere que determinemos a qué
foro le corresponde atender el caso, sino determinar si
18
Recordemos que Stanley, supra, aclaró que
el elemento fundamental de la doctrina Feres es que
el daño por el cual se reclama sea uno incidental
existe una causa de acción en daños a favor del demandanterecurrido.
En relación con la controversia que nos atañe,
el máximo foro federal resolvió clara y expresamente la
inexistencia de causas de acción por daños y perjuicios
dimanantes de actos ocurridos dentro del ámbito militar
(“incident to military service”).
U.S. v. Stanley, supra,
a las págs. 680-681; Chappell v. Wallace, supra, a la pág.
300.
A esos efectos, el Supremo Federal expresó que la
razón para dicha postura responde a que:
[c]enturies of experience have
developed a hierarchical structure
of discipline and obedience to
command, unique in its application
to the military establishment and
wholly
different
from
civilian
patterns.
Civilian courts must,
at the very least, hesitate long
before entertaining a suit which
asks the court to tamper with the
established relationship between
enlisted military personnel and
their
superior
officers;
that
relationship is at the heart of
the necessarily unique structure
of
the
Military
Establishment.
Chappell v. Wallace, supra, a la
pág. 300. (énfasis suplido).
Por tanto, la discusión de si debe ser el foro federal
o el estatal el que atienda el caso es irrelevante, ya que
lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Federal es que las
controversias por daños incidentales al servicio militar se
tienen que resolver dentro de las estructuras de justicia
militar pertinentes, de acuerdo a la reglamentación que el
Congreso,
como
cuerpo
con
jurisdicción
exclusiva
para
reglamentar la disciplina de la Guardia Nacional, apruebe
al
servicio
militar,
y
no
la
identidad
o
la
al respecto.
Así pues, no existen causas de acción por
actos de esa naturaleza en los tribunales civiles.
Del
mismo
modo,
la
mayoría
expresa
que
el
Tribunal
Supremo de Estados Unidos no se ha expresado en torno a
acciones como la de autos, caracterizando la controversia
ante nos como una entre un “mero empleado de la Guardia
Nacional”
y
el
E.L.A.
Reiteramos
controversia medular del caso.19
que
esa
no
A la luz de
es
la
Stanley,
supra, el asunto jurisdiccional de umbral es determinar si
la controversia surge de hechos incidentales al servicio
militar.
En consecuencia, la pregunta de rigor para los
tribunales al evaluar la existencia de una causa de acción
en asuntos como el de autos no es ¿cúales son las partes en
controversia?, o ¿bajo el palio de que ley surge la causa
de
acción?;
sino,
¿es
la
controversia
incidental
al
servicio militar?
Por ende, al resolver como lo hizo, la mayoría al menos
debió
explicar
por
qué
entiende
que
los
hechos
en
controversia no se suscitaron dentro del ámbito militar.20
capacidad de las partes.
19
Expresó la mayoría en Stanley, supra, a la
pág. 684, que:
[t]he
availability
of
a
damages
action
under
the
Constitution
for
particular
injuries (those incurred in the
course of military service) is a
question logically distinct from
immunity to such an action on the
part
of
particular
defendants.
(énfasis en el original).
20
Los tribunales han aplicado este estándar
liberalmente. Por ejemplo, el máximo foro federal
ha extendido la doctrina a casos en que los
demandantes eran personas no militares subrogadas
Más importante aún, debió explicar por qué entiende que
debemos separarnos de lo establecido por el más alto foro
federal,
en
el
sentido
de
que
no
se
fomenta
que
los
tribunales civiles entren a evaluar la sabiduría de las
decisiones tomadas dentro de la esfera militar, dada la
peculiar
naturaleza
y
estructura
disciplinaria
de
las
fuerzas armadas.21
en
los
derechos
de
militares,
Stencel
Aero
Engineering Corp. v. United States, 431 U.S. 666
(1977); a reclamaciones por personal militar franco
de servicio al momento de sufrir los daños, United
States v. Shearer, 473 U.S. 52 (1985); y a
reclamaciones de empleados militares por daños
causados por empleados federales no militares,
United States v. Johnson, 481 U.S. 681 (1987).
21
Además de Feres y su progenie, que se limita
a pautar la ausencia de causas de acción por daños
ocasionados dentro del ámbito del servicio militar,
el Tribunal Supremo federal resolvió Gilligan v.
Morgan, 413 U.S. 1 (1973).
En ese caso, se
cuestionó si el poder congresional sobre la milicia
se socavaría de permitírsele a una corte de
distrito
federal
examinar
el
patrón
de
entrenamiento, de armamento y órdenes en general de
la Guardia Nacional, para así determinar si éste
fue apropiado a la luz de unos hechos específicos.
Resolviendo en la afirmativa, el Supremo federal
expresó:
It would be difficult to think of a
clearer example of the type of governmental
action
that
was
intended
by
the
Constitution to be left to the political
branches
directly
responsible—as
the
Judicial Branch is not-- to the electoral
process.
Moreover, it is difficult to
conceive
of
an
area
of
governmental
activity in which the courts have less
competence.
The complex, subtle, and
professional
decisions
as
to
the
composition,
training,
equipping,
and
control
of
the
military
force
are
essentially
professional
military
judgments, subject always to civilian
continúa...
... 18 continuación
IV
En conclusión, sostenemos que si bien el TPI, ante los
hechos del caso de epígrafe, concluyó correctamente que
carecía de autoridad para adjudicar daños sobre el despido
del demandante recurrido, se fundamentó equivocadamente en
que el foro estatal no tiene jurisdicción para dilucidar
asuntos en que son de aplicación leyes y jurisprudencia
federal.
De
igual
modo,
el
TCA
correctamente
revocó
este
del
TPI
al
resolver
como
regla
pronunciamiento
que,
general, los tribunales de Puerto Rico pueden dilucidar y
adjudicar
controversias
tomando
como
base
el
derecho
federal.
Sin embargo, tanto dicho foro como la mayoría de
este Tribunal se equivocan al concluir que existe una causa
de
acción
en
los
tribunales
incidentales
al
servicio
estatales
militar,
sin
por
daños
considerar
la
doctrina Feres, explicada detalladamente en esta opinión.
Al así decidir, obviaron que es mediante los procedimientos
internos de justicia militar establecidos por el Congreso
para reglamentar el quehacer de las tropas, que un empleado
militar
puede
reclamar
daños
y
perjuicios
contra
superiores.
Por no resolver de este modo la mayoría, disentimos.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
JUEZ ASOCIADO
control of
Branches.
suplido).
the Legislative and Executive
Id., a la pág. 10 (énfasis
sus