LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

CARLOS CINTRON JACOME, ET AL. V. GENERAL EMILIO DIAZ COLON

2003 TSPR 65

Poder Judicial de Puerto Rico

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CARLOS CINTRON JACOME, ET AL. V. GENERAL EMILIO DIAZ COLON

CC-2001-0868

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Cintrón Jácome, et al.

Recurrido

Certiorari

v.

General Emilio Díaz Colón

2003 TSPR 65

159 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2001-868

Fecha: 24 de abril de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Fiol Matta, la

Jueza Rodríguez de Oronoz y el Juez González Román

Oficina del Procurador General:

Lcda. Leticia Casalduc Rabell

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry

Lcdo. Iván Crespo Arroyo

Materia: Injunction Permanente, Sentencia Declaratoria, Daños y

Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Cintrón Jácome, et al.

Recurrido

vs.

CC-2001-868

Certiorari

General Emilio Díaz Colón

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER

BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.

Nos toca decidir si los tribunales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción

para entender en una acción de restitución al empleo

y de daños y perjuicios por despido discriminatorio,

incoada por un trabajador de la Guardia Nacional de

Puerto Rico en contra de su patrono y el E.L.A.

respectivamente.

I

Carlos Cintrón Jácome (en adelante, “Cintrón”)

se desempeñaba como técnico de equipo pesado (“heavy

machinery technician”) para la Guardia Nacional de

Puerto Rico. El 19 de agosto de 1996, el patrono le

notificó

a

Cintrón

disciplinaria

alegadamente

en

en

que

su

la

se

proponía

tomar

una

participado

contra

por

haber

desaparición

de

un

acción

vehículo

de

la

Guardia Nacional. Se le formularon cargos a Cintrón por

haber

mutilado

y

haber

hecho

uso

indebido

de

dicha

propiedad, y por haber emitido declaraciones juradas falsas

sobre el particular. Luego de brindársele oportunidad para

contestar las referidas imputaciones por escrito, el 18 de

noviembre de 1996 la Guardia Nacional le notificó a Cintrón

su despido del puesto que ocupaba allí, efectivo el 8 de

enero de 1997, y se le advirtió sobre su derecho a apelar

ante el Ayudante General de dicho cuerpo.

El 25 de agosto de 1997, Cintrón presentó la demanda

que aquí nos concierne contra el Ayudante General de la

Guardia Nacional, el General Emilio González, y el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

alegó

se

desempeñaba

que

de

Ponce.

como

En

esencia,

empleado

en

regular

ella

y

de

carrera, realizando tareas de civil en la Guardia Nacional

de Puerto Rico; que había sido despedido de su puesto sin

que se explicaran las razones de dicho despido; que las

acciones de la parte demandada violentaban lo dispuesto en

el acuerdo obrero-patronal que regía la conducta entre el

patrono

y

los

empleados;

que

la

actuación

de

los

co-

demandados era nula e ilegal por ser contraria a la Ley

Orgánica de la Guardia Nacional y a la Ley de Personal de

Puerto Rico; que las actuaciones ilegales y negligentes de

los

co-demandados

eran

inconstitucionales

debido

a

que

siendo él miembro del Partido Popular Democrático, había

sido

despedido

por

motivaciones

político-partidistas

por

CC-2001-868

4

ser el Ayudante General de la Guardia Nacional miembro del

Partido Nuevo Progresista.

Cintrón solicitó al foro de instancia que declarara

que su despido había sido ilegal y en violación de sus

derechos

constitucionales,

que

ordenara

su

inmediata

restitución al puesto que ocupaba, y que prohibiera a los

codemandados y a sus sucesores interferir con el goce y

disfrute

de

su

empleo.

También

solicitó

que

se

le

indemnizara a él y a su familia co-demandante por los daños

sufridos por razón del referido despido. En apoyo de su

reclamo, Cintrón alegó que la Guardia Nacional lo había

usado como chivo expiatorio, y que su despido se había

realizado sin celebrar la vista administrativa a que tenía

derecho.

Alegó, además, que intentar agotar los remedios

administrativos hubiera sido inefectivo y no proveería un

remedio adecuado al agravio planteado.

El 11 de agosto de 1998, los demandados solicitaron al

tribunal de instancia que dictara una sentencia sumaria a

su favor. Alegaron que dicho foro carecía de jurisdicción

sobre la materia, que no se habían agotado los remedios

administrativos, que no se había planteado una causa de

acción que ameritara un remedio y que faltaba una parte

indispensable.

Alegaron

también

que

Cintrón

era

un

empleado federal, por lo que no tenía a su alcance la

acción civil que había entablado, y que el gobierno de los

Estados Unidos tenía que ser traído al pleito.

Cintrón se

opuso a dicha solicitud el 6 de abril de 1999. Alegó que la

CC-2001-868

Guardia

5

Nacional

de

Puerto

Rico

lo

había

despedido

sin

consultar al gobierno federal, y que él era un empleado del

E.L.A.

En

cuanto

al

adujo

que

administrativos,

agotamiento

había

de

remedios

solicitado

una

vista

administrativa el 4 de junio de 1997 pero no se le había

concedido.

Solicitó

que

no

se

concediera

la

sentencia

sumaria porque su condición de empleado estatal o federal

estaba

en

controversia,

lo

cual

requería

una

vista

evidenciaria.

El 26 de agosto de 1999, el E.L.A. sometió una moción

en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria, con la que

acompañó una declaración jurada de Benjamín Colón Lara,

Oficial

Ejecutivo

de

Asuntos

Estatales

de

la

Guardia

Nacional, mediante la cual el declarante aseguraba que el

puesto

de

Cintrón

respondía

directamente

al

gobierno

federal, quien era custodio exclusivo de su expediente.

Acompañó

también

Oficina

Federal

una

de

copia

del

Administración

formulario

de

50-B

Personal,

de

la

titulado

“Notification of Personnel Action”, que describía el puesto

de

Cintrón

como

“Heavy

Mobile

Equipment

Repairer”

e

indicaba que el departamento o agencia empleadora era el

Departamento del Ejército.

El 15 de diciembre de 1999, el tribunal de instancia

dictó

una

sentencia

sumaria

a

favor

de

los

demandados.

Determinó que los promoventes habían probado que Cintrón

era un empleado federal y que éste no había presentado

evidencia en contrario.

Además, resolvió que carecía de

CC-2001-868

6

jurisdicción

sobre

la

materia

porque

la

facultad

del

Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico para

contratar

y

despedir

Cintrón

solicitó

a

Cintrón

había

emanado

de

normas

federales.

la

reconsideración

del

dictamen

referido, la cual fue denegada el 21 de enero de 2000.

Cintrón entonces apeló la sentencia ante el Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones.

El

29

de

junio

de

2001

dicho

tribunal revocó el dictamen del foro de instancia, y le

devolvió el caso para que continuaran los procedimientos

allí. Resolvió que el caso de autos trataba de una acción

de daños por despido injustificado y discriminatorio, sobre

la cual los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción,

independientemente de que Cintrón fuese un empleado federal

y de que aplicaran al caso tanto leyes como jurisprudencia

federal.

El 29 de octubre de 2001, luego que se denegara su

solicitud de reconsideración, el E.L.A. recurrió de dicha

determinación

ante

nos,

señalando

que

el

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones había errado al contravenir una

alegada doctrina federal que prohíbe las causas de acción

contra

oficiales

militares

que

surjan

en

el

curso

del

servicio militar.

El 14 de diciembre de 2001 expedimos el recurso de

certiorari

solicitado

por

el

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, a los fines de revisar la sentencia emitida

por el foro apelativo el 29 de junio de 2001. Luego de

CC-2001-868

7

concedérseles

sendas

prórrogas,

el

Procurador

General

sometió su alegato el 11 de abril de 2002; y la parte

recurrida sometió el suyo el 17 de julio de 2002. Pasamos a

resolver.

II

El E.L.A. en su alegato ante nos ha admitido que los

tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre las

controversias que se plantean al amparo de leyes federales,

pero

toma

excepción

específicamente

bajo

en

cuanto

a

aquellas

surgidas

las

leyes

de

administración

de

personal militar, aduciendo que el personal militar carece

totalmente

de

alguna

causa

de

acción

en

contra

de

un

superior. El Procurador General representando al Estado ha

argumentado que el aspecto militar del puesto de Cintrón

era inseparable del aspecto civil porque se le consideraba

un integrante del departamento militar correspondiente y

estaba

sujeto

a

sus

reglamentos.

Adujo,

además,

que

empleados como Cintrón no tienen una causa de acción contra

oficiales militares por incidentes que surjan en el curso

del servicio militar, aún cuando el reclamante invoque una

violación a sus derechos civiles. Alegó, por ende, que en

el caso de autos los tribunales de Puerto Rico carecen de

jurisdicción para adjudicar la acción de los demandantes.

No tiene razón el E.L.A. Veamos.

A. La Jurisdicción Concurrente

CC-2001-868

8

Como se sabe, el principio fundamental que rige lo

relativo al poder de los foros judiciales para resolver las

cuestiones federales es el de la jurisdicción concurrente.

Los

tribunales

tienen

federales

jurisdicción

y

los

estatales

concurrente

para

de

ordinario

entender

en

las

controversias sobre derecho federal. Yellow Freight Sys.

Inc. v. Donnelly, 494 US 820 (1990); Golf Offshore Company

v.

Mobil

Oil

453

Corp.,

US

473

(1981).

Así

lo

hemos

reconocido claramente antes. Roberts v. U.S.O. Council of

P.R., 145 D.P.R. 58, 69 (1998).

En

virtud

estatales,

del

incluyendo

referido

principio,

los

Puerto

de

los

Rico,

tribunales

carecen

de

jurisdicción sobre algún asunto federal únicamente cuando

la exclusividad de la jurisdicción federal sobre tal asunto

ha sido dispuesta expresamente por el Congreso de Estado

Unidos, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

en

situaciones

en

que

la

intención del Congreso de privar a los tribunales estatales

de jurisdicción sobre dicho asunto federal es palmariamente

clara. Véase, Wright-Miller and Cooper, Federal Practice

and

Procedure,

jurisdicción

Vol.

federal

XIII,

págs.

241-247

exclusiva

es

un

autos

claro

asunto

(1984).

en

La

extremo

excepcional.

En

el

caso

de

es

que

el

Congreso

de

Estados Unidos no ha dispuesto que reclamaciones como la

que aquí nos concierne de personas empleadas por la Guardia

Nacional

están

excluidas

de

la

jurisdicción

de

los

CC-2001-868

9

tribunales estatales. No hay legislación federal a tales

efectos.

Más

aun,

es

patente

también

que

el

Tribunal

Supremo de Estados Unidos no ha resuelto que el tipo de

acción

que

aquí

nos

concierne

está

excluida

de

la

jurisdicción de los tribunales estatales.

El máximo foro judicial federal se ha expresado en

varias ocasiones en que soldados de las fuerzas armadas de

Estados Unidos demandaron a sus superiores militares en

acciones federales de daños y perjuicios conocidas como

Se

trata

“Bivens

actions”.

reclamar

una

indemnización

Unidos

por

los

daños

de

del

acciones

gobierno

ocasionados

civiles

de

por

los

para

Estados

funcionarios

federales, que se incoa directamente al amparo de la propia

constitución federal, conforme a lo resuelto en Bivens v.

Six Unknown Federal Narcotics Agents, 408 US 388 (1971). En

los casos aludidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

coincidió

en

que

las

acciones

tipo

Bivens

no

son

procedentes cuando se trata de reclamaciones monetarias de

soldados contra sus superiores militares. Véase, U.S. v.

Stanley, 483 US 669 (1987); Chappell v. Wallace, 462 US 296

(1983). Dicho Tribunal también se ha expresado en cuanto a

la improcedencia de acciones civiles federales incoadas por

soldados de las fuerzas armadas de Estados Unidos en contra

del gobierno federal al amparo del Federal Tort Claims Act,

por

conducta

alegadamente

negligente

de

dichas

fuerzas

armadas o de militares de alto rango. Véase, Feres v. U.S.,

340 US 135 (1950). Pero el Tribunal Supremo federal no se

CC-2001-868

10

ha expresado en torno a acciones como la que aquí nos

concierne, que es esencialmente una reclamación no de un

soldado sino de un mero empleado de la Guardia Nacional, en

contra

no

del

gobierno

federal

sino

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico.

Ausente una legislación federal que ocupe el campo en

casos como el de autos, y ausente también alguna decisión

del

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

que

disponga

concretamente que en casos como el de autos la jurisdicción

federal es exclusiva, es claro que conforme al fundamental

principio federal sobre la jurisdicción concurrente, los

tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre el caso

de autos.

No puede concluirse que los tribunales de Puerto Rico

carecen de jurisdicción sobre el asunto en cuestión, como

alega el Procurador General de Puerto Rico en este caso,

sólo a base de interpolar distintas opiniones del Tribunal

Supremo federal sobre otras materias análogas, por lógica

que sea esa interpolación. La doctrina de la jurisdicción

concurrente no nos requiere conjeturar sobre lo que hubiese

hecho

dicho

autos.

Tribunal

Tampoco

puede

de

habérsele

planteado

fundamentarse

una

el

caso

decisión

de

tan

excepcional, como también alega el Procurador General, sólo

en el hecho de que la Corte de Apelaciones de Estados

Unidos para el Primer Circuito supuestamente haya resuelto

un

caso

análogo

del

modo

que

el

Estado

nos

pide

que

adjudiquemos el de autos. Ello debido a que la naturaleza y

CC-2001-868

funciones

de

11

ese

distinguido

foro

son

distintas

de

la

nuestras, y sus dictámenes no nos obligan.1

En resumen, pues, no debe este Tribunal declarar que

el

poder

sobre

judicial

algún

de

asunto,

a

Puerto

Rico

no

tiene

menos

que

ello

sea

jurisdicción

patentemente

claro, cosa que aquí no sucede, tratándose este caso de un

mero empleado de la Guardia Nacional de Puerto Rico que

reclama

una

indemnización

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, en lo que aquí nos concierne.

B. La acción en el caso de autos

Es

menester

precisar

también

la

naturaleza

de

la

acción entablada por Cintrón en el caso de autos. Aunque su

demanda aquí dista mucho de tener una redacción adecuada,

un

análisis

cuidadoso

de

ésta

revela

que

se

trata

primordialmente de una acción estatal, es decir, una acción

al amparo de derechos y remedios que surgen mayormente del

ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Veamos.

Cintrón alegó en su demanda dos hechos medulares, a

saber, 1) que fue despedido de su empleo en la Guardia

Nacional; y 2) que ese despido le había ocasionado graves

daños personales a él y a sus familiares. Cintrón alegó

también que el despido había sido ilegal por ser contrario:

1) al convenio colectivo que los empleados de la Guardia

Nacional tienen con su patrono; 2) a la Ley de Personal de

Puerto Rico; 3) a la Ley de la Guardia Nacional de Puerto

1

Véase, 28 U.S.C.A. 1258.

CC-2001-868

12

Rico, 25 L.P.R.A. sec. 2053 et seq y sec. 2911 et seq; 4) y

a las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Con arreglo a lo anterior, Cintrón reclamó en esencia

dos

remedio,

a

saber:

1)

que

se

le

ordenara

a

la

co-

demandada Guardia Nacional que lo reinstalara en su empleo

y lo mantuviese allí; 2) que ordenara al Ayudante General y

al E.L.A. al pago de los daños y perjuicios que habían

sufrido los demandantes.

Como

parte

de

sus

alegaciones,

Cintrón

también

solicitó que se declarara inconstitucional la actuación de

los

co-demandados

Procedimiento

e

Civil

invocó

de

para

Puerto

ello

la

Regla

59

de

Rico,

que

trata

sobre

sentencias declaratorias, y la sección 1983 del título 42

del U.S.C. También invocó la Ley General de Injunctions de

Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 3521 et seq.

Como puede apreciarse de todo lo anterior, la acción

de

Cintrón

se

instó

al

amparo

primordialmente

del

ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Su carácter esencial

como

una

acción

estatal

se

resalta

precisamente

por

el

hecho de que no se trajo de ningún modo a Estados Unidos o

a las fuerzas armadas de Estados Unidos como parte en el

pleito.

En

ningún

lugar

se

solicitó

tampoco

que

la

indemnización reclamada fuese pagada por el gobierno de

Estados Unidos. No se invocó el Federal Torts Claims Act ni

se aludió a las reclamaciones tipo Bivens. El mero hecho de

que

la

General,

Guardia

una

Nacional

entidad

sea,

como

híbrida

admite

estatal

el

y

Procurador

federal

no

CC-2001-868

13

“federaliza” de ningún modo la acción de Cintrón. Tampoco

lo hace el mero hecho de que Cintrón fuese un empleado

civil

del

Ejercito.

Lo

medular

para

determinar

la

naturaleza de la acción en cuestión es identificar cuáles

son los derechos y remedios reclamados.2 Los del caso de

autos son primordialmente derechos y remedios que surgen

del

ordenamiento

jurídico

de

Puerto

Rico.

Se

trata

esencialmente de una acción al amparo de la Constitución y

las leyes de Puerto Rico, sobre la cual los tribunales del

país no sólo tienen jurisdicción sino que deben ejercerla.

Véase, Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R.

223, 234 (1994).

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

dictará

una

sentencia para confirmar la del foro apelativo del 29 de

junio de 2001.3

JAIME B.FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

2

A pesar de que la cuestión puede en ocasiones convertirse

en un asunto complejo, la norma más clara sobre el

particular es la famosa expresión del Juez Holmes de que “a

suit arises under the law that creates the action”.

American Well Works Co. v. Layne, 241 US 257, 260 (1916).

3

No nos pronunciamos aquí sobre la controversia de si

Cintrón cumplió con el requisito de agotar los remedios

administrativos pertinentes, o sobre cualquier otro asunto

que no sea estrictamente la cuestión jurisdiccional que se

discute en la opinión, que ha sido el único asunto objeto

de litigación en el caso de autos hasta este momento.

CC-2001-868

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Cintrón Jácome, et al.

Recurrido

vs.

CC-2001-868

Certiorari

General Emilio Díaz Colón

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente, se confirma la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V, Ponce

y Aibonito, emitida el 29 de junio de 2001.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Corrada del Río emitió opinión disidente a la

cual se unieron los Jueces Asociados señores

Rebollo López y Rivera Pérez.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2001-868

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Cintrón Jácome, et al.

Recurrido

v.

CC-2001-868

Certiorari

General Emilio Díaz Colón

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR

CORRADA DEL RÍO a la cual se unen los Jueces Asociados

señores Rebollo López y Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.

Nos corresponde determinar si existe una

causa de acción en daños y perjuicios a favor

de un miembro de la Guardia Nacional de Puerto

Rico

contra

sus

oficiales

superiores

por

actuaciones incidentales al servicio militar.

Dado que la mayoría se enfoca en discutir

asuntos

relacionados

a

la

jurisdicción

concurrente entre el foro estatal y federal

para entender en el caso, sin considerar la

doctrina enunciada por el Tribunal Supremo de

Estados

Unidos

prohibiendo

las

causas

de

acción por daños ocurridos dentro del curso

del servicio militar, disentimos.

I

A principios del año 1996, la Guardia Nacional comenzó

una

investigación

hechos

con

relacionados

a

gobierno

el

propósito

la

desaparición

federal,

de

esclarecer

de

asignado

un

a

los

vehículo

propiedad

del

este

cuerpo

militar.

Como parte de la pesquisa, en febrero y marzo de

ese año se le tomaron dos declaraciones juradas al Sr.

Carlos

Cintrón

Jácome

(en

adelante

recurrido” o “Sr. Cintrón Jácome”).

“el

demandante-

Este último ocupaba

el cargo de reparador de equipo militar en el referido

cuerpo.

En ambas ocasiones, el demandante-recurrido negó tener

conocimiento sobre lo que se le preguntaba.

Sin embargo,

el

una

15

de

marzo

de

1996

éste

la

cual

declaración

jurada,

en

referentes

a

desaparición

la

ofreció

relató

los

del

vehículo

tercera

incidentes

y

su

participación en los hechos.

Como resultado de la investigación, el 19 de agosto de

1996 la Guardia Nacional notificó al demandante-recurrido,

mediante

carta

firmada

por

el

Coronel

Francisco

A.

Márquez,4 que se proponía tomar acción disciplinaria en su

contra.

Se le informó que se le formularían cargos por

mutilación de propiedad del gobierno federal, uso indebido

de

ésta,

y

por

deliberadamente

ofrecer

declaraciones

juradas falsas.

Además, se le advirtió que tenía derecho

a

la

estudiar

recibir

toda

prueba

explicaciones

relacionada

adicionales

a

sobre

su

caso

la

y

a

acción

propuesta.

4

Para ese entonces, el Coronel Márquez

ocupaba el puesto de “Surface Maintenence Manager”

de la Guardia Nacional.

Luego de ofrecérsele una oportunidad para expresar por

escrito su posición respecto a los cargos imputados, el 18

de noviembre de 1996, mediante memorando suscrito por el

Coronel Carlos A. Córdova, la Guardia Nacional notificó al

demandante-recurrido que sería despedido de su puesto como

reparador de equipo pesado en este cuerpo militar.

notificación

advertía,

además,

sobre

los

La

procedimientos

mediante los cuales podría apelar esta decisión.5

5

Anejo a esta notificación, la Guardia

Nacional incluyó un documento intitulado Adverse

Action Appeal Rights-Original Decision, el cual

expresa:

If you consider this adverse

action improper, you may appeal

the decision by requesting an

appellate review by the Adjutant

General

or

an

administrative

hearing

but

not

both.

The

appellate

review

involves

an

overall review of the official

adverse

action

case

file

maintained in the Human Resources

Office (HRO), together with any

additional

information

you

may

provide.

An

administrative

hearing

affords

you

the

opportunity to have a National

Guard Hearing Examiner gather all

available

facts

through

an

administrative hearing and then

provide

findings

and

recommendations to the Adjutant

General who will then issue the

appellate decision.

Should you

elect to appeal the decision, you

have the right to be represented

by

an

attorney

or

other

representative of your choosing.

....

continúa...

... 2 continuación

Así las cosas, el 25 de agosto de 1997 el Sr. Cintrón

Jácome presentó una demanda ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, “TPI”), al

amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R. 59, y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42

U.S.C. § 1983.

La misma fue presentada contra el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, la Guardia Nacional, y el

General Emilio Díaz Colón (en adelante, “los demandadospeticionarios”),

solicitando

interdicto

permanente,

sentencia declaratoria y daños y perjuicios. En síntesis,

alegó que dado que era un miembro reconocido y activo del

Partido

Popular

motivaciones

General

Democrático,

claramente

Emilio

Díaz

había

sido

despedido

político-partidistas,

Colón

era

miembro

ya

que

reconocido

por

el

del

Partido Nuevo Progresista.

Los demandados-peticionarios

contestaron

negando

la

demanda

las

alegaciones

relacionadas al despido.

Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto

de 1998, los demandados-peticionarios solicitaron al TPI

que dictara sentencia sumaria a su favor, basándose en los

The

Adjutant

General

will

render the appellate decision as

soon

as

possible

after

the

appellate review has concluded or

after

review

of

the

hearing

examiner´s

report

and

recommendation.

An

appellate

decision by the Adjutant General

will cancel the adverse action ,

sustain it, or substitute a less

severe penalty.

The right to

appeal extends no further than the

Adjutant General of Puerto Rico.

Véase Apéndice, a la pág. 75.

siguientes argumentos: 1) que éste carecía de jurisdicción

sobre

la

materia,

administrativos,

2)

3)

falta

falta

de

de

agotamiento

una

causa

de

de

remedios

acción

que

justificara la concesión de un remedio, y 4) falta de

parte indispensable.

En esencia, los demandados-peticionarios trajeron a la

atención del TPI la situación del demandante-recurrido como

empleado federal, alegando en consecuencia que tenía que

acumularse

como

parte

al

Gobierno

de

Estados

Unidos.

Igualmente, apuntaron a que sus labores como técnico de la

Guardia Nacional eran incidentales al servicio militar y,

por tanto, no justiciables en cualquier foro civil.

El

15

de

noviembre

de

1999,

se

celebró

una

vista

evidenciaria en la cual se presentó como único testigo al

Sr. Juan Marrero, quien en ese momento fungía como Oficial

de

Personal

Federal

de

la

Guardia

Nacional.

En

su

testimonio, Marrero explicó que, a tenor con el “National

Guard Technicians Act”, 32 U.S.C. § 709,6 el recurrido era

empleado del Ejército de Estados Unidos.

6

Esta ley dispone lo siguiente:

§ 709. Technicians: employment, use, status

(a)

Under regulations prescribed by

the

Department

of

the

Army...persons may be employed as

technicians in

(1) the

administration

and

training of the National

Guard....

(2) the maintenance and repair

of supplies issued to the

National

Guard

or

the

Armed Forces.

El 15 de diciembre de 1999, el TPI dictó sentencia

sumaria a favor de los demandados-peticionarios.

Dicho

foro expresó que éstos habían probado satisfactoriamente

que el Sr. Cintrón Jácome era un empleado federal y que

éste no había provisto evidencia en contrario.

También

resolvió que carecía de jurisdicción sobre la materia, ya

que la facultad del Ayudante General de la Guardia Nacional

para contratar y despedir al recurrido emanaba de normas

federales.

El Sr. Cintrón Jácome solicitó reconsideración, la cual

fue denegada el 21 de enero de 2000.

Luego, el 15 de

febrero de 2000, éste presentó apelación ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”).

Mediante

sentencia emitida el 29 de junio de 2001, el TCA resolvió

que el foro estatal tenía jurisdicción sobre la materia,

basándose en nuestra decisión en Roberts v. USO Council of

P.R., 145 D.P.R. 58 (1998).

foro

de

instancia

y

le

En consecuencia, revocó al

devolvió

el

caso

para

la

continuación de los procedimientos.

Inconformes,

los

peticionarios

recurren

ante

este

Tribunal, y señalan lo siguiente:

....

continúa...

... 3 continuación

(d)

A technician employed under subsection

(a) is an employee of

the

Department

of

the

Army

or

the

Department of the Air Force as the

case may be, and an employee of the

United States.(énfasis suplido).

A.

Erró el Honorable Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones

al

determinar que el Tribunal de

Instancia

tiene

jurisdicción

para adjudicar la causa de

acción

de

autos[,]

en

contravención a la doctrina del

Tribunal Supremo de los Estados

Unidos que prohíbe las causas

de

acción

contra

oficiales

militares que surgen en el

curso

del

servicio

militar

rendido.

Expedimos auto de Certiorari mediante Resolución de 14

de diciembre de 2001.

cometió.

Entendemos que el error señalado se

Veamos.

II

A. Ausencia de causa de acción en

reclamaciones

intramilitares

por

daños

incidentales

al

servicio: Doctrina Feres

En el año 1950, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

resolvió el normativo caso de Feres v. United States, 340

U.S. 135 (1950).

En esa ocasión, el Supremo Federal tuvo

ante su consideración una demanda incoada por unos soldados

bajo el Federal Tort Claims Act (en adelante “FTCA”), 28

U.S.C.

§§

1346(b)(1),

2671-2680,

por

alegados

daños

causados a éstos dentro del ámbito de la actividad militar.

El Tribunal Supremo resolvió que el gobierno federal no

está sujeto a demandas bajo la FTCA por daños ocurridos a

empleados

militares

en

actos

incidentales

al

servicio

militar.

Fundamentó su decisión en dos argumentos principales.

Primero,

que

las

disposiciones

de

la

FTCA

son

inconsistentes con la naturaleza única de la relación entre

el gobierno y las Fuerzas Armadas.

143.

Id., a las págs. 142-

Segundo, explicando que el Congreso, al aprobar la

referida ley, no creó nuevas causas de acción, sino que

meramente extendió responsabilidad al gobierno federal bajo

circunstancias

que

conllevarían

Id., a la pág. 141.

responsabilidad

privada.

Por tanto, al considerar que bajo los

hechos en controversia no existiría una causa de acción

contra una persona privada, estimó el Tribunal que tampoco

la había contra el gobierno.7

El

alcance

de

la

doctrina

tomó

un

giro

importante

varias décadas después con el caso Chappell v. Wallace, 462

U.S. 296 (1983).

En Chappell, el Supremo Federal entendió

en un reclamo de tipo Bivens8 por discrimen racial dentro

del

ámbito

oficiales

no

7

del

servicio

comisionados

Se expresó

siguiente manera:

militar,

instado

(“enlisted

personnel”)

el

Supremo

por

Federal

de

cinco

de

la

la

[o]ne obvious shortcoming in

these claims is that plaintiffs

can point to no liability of a

“private individual” even remotely

analogous to that which they are

asserting

against

the

United

States...Nor

is

there

any

liability

“under

like

circumstances,”

for

no

private

individual has power to conscript

or mobilize a private army with

such authorities over persons as

the Government vests in echelons

of command. Feres v. U.S., supra,

a las págs. 141-142.

8

Bivens v. Six Unknown Federal Narcotics

Agents, 403 U.S. 388 (1971). Este caso resuelve que

una violación de derechos constitucionales por

parte de funcionarios federales puede dar lugar a

una acción en daños contra estos, aun en ausencia

de una ley que autorice tal remedio.

Marina de Estados Unidos.

Basándose en el razonamiento de

Feres, supra, el Tribunal resolvió que el personal militar

no tiene derecho a una causa de acción en daños contra sus

superiores.

Chappell,

supra,

a

la

pág.

300.

Al

así

concluir, de forma unánime, expresó el Supremo federal que

esta prohibición responde a la estructura única que rige

las fuerzas armadas y la injerencia exclusiva del Congreso

en el campo militar.

Id., a la pág. 301.

Además, tomó en

consideración el hecho de que el Congreso ha legislado para

establecer sistemas de compensación por muerte y accidente,

así

como

procedimientos

de

quejas

y

agravios

internos

disponibles

al

personal

militar.

Para

sustentar

anterior,

hizo

alusión

al

Code

of

“Uniform

lo

Military

Justice”, 10 U.S.C. § 938,9 y a la sección 1552 del título

10 del U.S. Code, la cual crea una comisión para atender

quejas presentadas por miembros de las fuerzas armadas, y

le otorga facultades para ordenar promociones de rango y el

pago de sueldos de manera retroactiva.

9

§ 938. Art. 138. Complaints of wrongs

Any member of the armed forces who believes

himself wronged by his commanding officer, and who,

upon due application to that commanding officer, is

refused redress, may complain to any superior

commissioned

officer,

who

shall

forward

the

complaint to the officer exercising general courtmartial jurisdiction over the officer against whom

it is made. The officer exercising general courtmartial

jurisdiction

shall

examine

into

the

complaint and take proper measures for redressing

the wrong complained of; and he shall, as soon as

possible, send to the Secretary concerned a true

statement of that complaint, with the proceedings

had thereon.

Posteriormente, con la decisión de

United States v.

Stanley, 483 U.S. 296 (1987), la doctrina Feres se concretó

y

definió

de

modo

decisivo.

En

este

caso,

un

militar

retirado demandó al gobierno por los daños que le ocasionó

el habérsele administrado la droga LSD, sin su conocimiento

o consentimiento, como parte de un experimento llevado a

cabo por el Ejército.

recurso

por

entender

El máximo foro federal expidió el

que

debía

aclarar

su

decisión

en

Chappell, ya que la confusión imperante al respecto había

producido

resultados

tribunales de circuito.

inconsistentes

entre

diferentes

U.S. v. Stanley, supra, a la pág.

676.

Así

pues,

Estados Unidos

con

esta

opinión

aprovechó para

el

Tribunal

Supremo

de

armonizar a Feres con su

progenie, aclarando que la relación oficial-subordinado no

es el fundamento crucial de la doctrina, sino el aspecto de

“incidental al servicio militar.” U.S. v. Stanley, supra, a

la pág. 680.10

Asimismo, la decisión no consideró determinante la ley

bajo

la

cual

se

reclaman

los

remedios,

redondeando

la

doctrina a base de la prohibición de causas de acción en

daños

que

surjan

10

de

actos

“incidentales

al

servicio

Establece Stanley, supra, a la pág. 680, que

“since

Feres

did

not

consider

the

officersubordinate relationship crucial, but established

instead an ‘incident to service’ test, it is plain

that our reasoning in Chappell does not support the

distinction Stanley would rely on.” (énfasis

suplido).

militar.”11

Explicó

el

Tribunal

que,

dado

que

la

Constitución otorga jurisdicción exclusiva al Congreso para

reglamentar los asuntos de disciplina militar, la intrusión

judicial en esos menesteres sería inapropiada.

Al analizar

el texto de la Constitución, ese alto foro expresó:

[w]hat is distinctive here is

the

specificity

of

that

technically superfluous grant of

power, and the insistence (evident

from the number of Clauses devoted

to the subject) with which the

Constitution

confers

authority

over the Army, Navy, and militia

upon de political branches.

All

this counsels hesitation in our

creation of damages remedies in

this field.

U.S. v. Stanley,

supra, a la pág. 682 (énfasis

suplido).

Así pues, la conclusión que puede colegirse de Feres,

Chappell, y Stanley, leídos en conjunto, es que se prohíbe

11

A pesar de que los casos que la Corte citó

para ilustrar la inconsistencia en la doctrina se

resolvieron a base de diferentes leyes, la mayoría

en Stanley, supra, no fundamenta su ratio decidendi

a base de ley específica. Es decir, no auscultó

los propósitos y

continúa...

... 8 continuación

peculiaridades de la ley bajo la cual se reclamaba

para así concluir que las acciones en daños

incidentales al servicio militar no se permitían

específicamente bajo esa fuente legal.

Los casos que citó la opinión para señalar la

inconsistencia de los tribunales de circuito fueron

los siguientes: Jorden v. National Guard Bureau,

799 F.2d 99 (3rd Cir. 1986) (caso al amparo de 42

U.S.C. § 1983); Trerice v. Summons, 755 F.2d 1081

(4th Cir. 1985)(42 U.S.C. §§ 1985, 1986); Mollnow

v. Carlton, 716 F.2d 627 (9th Cir. 1983) (Bivens y

42 U.S.C. §§ 1985, 1986); y Gaspard v. U.S., 713

F.2d 1097 (5th Cir. 1983)(Bivens y “FTCA”). Véase

Stanley, supra, a la pág. 676.

toda

causa

de

acción

en

daños

que

surja

de

actos

incidentales al servicio militar, independientemente de la

relación entre las partes en controversia.

Ello toda vez

que, los tribunales civiles deben prestar deferencia a las

decisiones militares, dada la peculiaridad de su estructura

y disciplina.

Por

tanto,

el

asunto

medular

del

caso

de

autos

es

determinar si los daños que alega el demandante-recurrido

ocurrieron dentro del ámbito del servicio militar, para de

ese modo dilucidar propiamente si éste tiene una causa de

acción disponible.

B. Extensión de la doctrina Feres a

casos

dentro

del

contexto

del

servicio

civil

en

la

Guardia

Nacional

La

figura

reglamentada

de

la

Guardia

expresamente

en

el

Nacional

texto

se

de

encuentra

la

Segunda

Enmienda a la Constitución de Estados Unidos,12 a través de

su precursor histórico: la “milicia”.13

Tribe,

la

propósito

Guardia

llamada

de

“cláusula

preservar

Nacional.

la

Véase

de

Según el profesor

la

milicia”

tiene

el

autonomía

estatal

sobre

la

Laurence

Constitutional Law 900 (3d. Ed. 2000).

H.

Tribe,

American

Por tal razón, se

12

Siendo necesaria para la seguridad de un

Estado libre una milicia bien organizada, no se

coartará el derecho del pueblo a tener y portar

armas. Const. E.U.A., Enm. II.

13

Véase E. Roy Hawkins, The Justiciability of

Claims Brought by National Guardsmen Under the

Civil Rights Statutes for Injuries Suffered in the

Course of Military Service, 125 Mil. L. Rev. 99,

102 (1989).

tiende

a

caracterizar

a

la

Guardia

Nacional

como

una

entidad completamente estatal.

Sin embargo, a pesar de que parte de la responsabilidad

sobre este cuerpo militar es providencia de los estados, la

Constitución federal confiere al Congreso control exclusivo

sobre ciertos aspectos de su funcionamiento.

De este modo,

la Constitución federal dispone:

El Congreso tendrá facultad:...

Para dictar reglas para llamar la

milicia a fin de hacer cumplir las

leyes

de

la

Unión,

sofocar

insurrecciones y repeler invasiones;

Para proveer para la organización,

armamento y disciplina de la milicia y

el gobierno de aquella parte de ella

que estuviere al servicio de los

Estados

Unidos,

reservando

a

los

estados respectivos el nombramiento de

los oficiales y la autoridad para

adiestrar a la milicia de acuerdo con

la

disciplina

prescrita

por

el

Congreso. Const. E.U.A., Art. I, § 8,

cls. 15,16 (énfasis suplido).

Como

agencia

se

puede

híbrida

pertinente

a

observar,

Nacional

es

una

federal.

Mientras

que

lo

administrativos

tales

como

el

estatal

asuntos

y

la

Guardia

nombramiento de oficiales y el entrenamiento de éstos es

responsabilidad

estatal,

el

prescribir

normas

para

reglamentar todo lo referente a los procesos disciplinarios

de las tropas es materia exclusiva del Congreso.14

14

Esta

Al amparo de esta autoridad, el Congreso ha

aprobado legislación con el propósito de prescribir

normas de disciplina en la Guardia Nacional, además

de crear el “National Guard Bureau”, cuerpo adjunto

a los Departamentos del Ejército y de la Fuerza

Aérea, cuya responsabilidad principal es

el

asegurarse

de

que

la Guardia Nacional de cada

estado o territorio cumpla con la reglamentación

jurisdicción exclusiva se explica por la peculiaridad de la

relación oficial-subordinado, y los efectos perniciosos que

podrían

resultar

si

se

permitiera

a

los

tribunales

involucrarse en asuntos de disciplina militar.

E. Roy

Hawkins, supra, a la pág. 109.

Igualmente, el carácter “sui generis” de los empleados

de la Guardia Nacional refleja esta hibridez. La Guardia

Nacional combina personal militar y civil.

Los empleados

civiles

“técnicos”

se

conocen

comúnmente

como

o

“technicians”, término que surge directamente del National

Guard Technicians Act, supra.15

Sin embargo, aunque las

funciones

corresponden

del

personal

civil

a

las

de

cualquier empleado civil en otra organización estatal o

privada,

su

militar.

De hecho, se ha resuelto que el trabajo de un

técnico

de

función

la

se

Guardia

da

en

el

Nacional

es

particular

una

contexto

combinación

de

militar y civil, pero que estos dos aspectos del trabajo

son inseparables.

Wright v. Park, 5 F.3d. 586, 589 (1st

Cir. 1993)(énfasis suplido).

Además, estos técnicos tienen

que simultáneamente ser miembros de la Guardia Nacional en

el rango especificado por el Secretario de la rama militar

pertinente.

Por

32 U.S.C. § 709 (b).

ende,

funciones

dado

civiles

y

el

carácter

militares

de

“inseparable”

estos

de

las

técnicos,

las

funciones de estos empleados civiles de la Guardia Nacional

federal referente a la disciplina y preparación de

las tropas. Véase 10 U.S.C. §§ 10501 et seq.

son incidentales al servicio militar, y como tal, cubiertas

por la doctrina resultante de Feres, Chappell y Stanley.

A esos efectos, nos parece ilustrativo el citado caso

de

Wright

v.

Park,

Apelaciones

de

Estados

En

supra.

ante

nuestra

consideración: la procedencia de una acción de

daños y

la

el

de

Circuito,

precisamente

para

Corte

Primer

atendió

Unidos

la

Wright,

controversia

perjuicios por alegada violación a los derechos civiles

contra

oficiales

empleada

con

la

militares

superiores,

Guardia

Nacional

por

a

una

tenor

persona

de

las

disposiciones del National Guard Technicians Act, supra.

El Primer Circuito concluyó que la naturaleza dual pero

indivisible

del

trabajo

de

los

técnicos

de

la

Guardia

Nacional hacen que cualquier acción dirigida a la función

civil del técnico sea una incidental al servicio militar,

por lo que estaría proscrita por Feres y su progenie.16

15

32 U.S.C. § 709. Este estatuto proveyó

específicamente para que este personal se considere

como empleados federales. Véase escolio 3, supra.

16

Explicó dicho foro:

While a technician´s job is a

composite containing both civilian

and military pieces, the job´s

dual aspects are inseparable; they

are like Chang and Eng joined at

the chest.

....

Since

a

technician´s

dual

roles are too tightly imbricated

to be pried apart at a litigant´s

whim,

appellant

necessarily

suffered the injury of which he

complains

in

his

military

capacity. Wright, supra, a las

págs. 589,591.

A

base

de

este

estado

de

Derecho,

procedemos

a

suscitó

mientras

el

dilucidar la controversia de autos.

III

La

controversia

de

autos

se

demandante-recurrido se desempeñaba como “técnico” de la

Guardia Nacional de Puerto Rico, cuerpo militar del cual

era

miembro

enlistado.

Además,

las

labores

que

éste

realizaba, y de las cuales surgen los actos que dan base a

la reclamación de autos, eran incidentales a su membresía

en dicho cuerpo, tanto por su naturaleza como por la forma

en que están descritas en la ley que las crea.17

modo,

el

proceso

disciplinario

al

que

el

De igual

demandante-

recurrido fue sometido se produjo dentro de la cadena de

mando

inherente

a

la

actividad

militar.

Así

pues,

entendemos que en ausencia de un mandato legislativo en

contrario, no existe base racional para no extender al caso

de autos los postulados de la doctrina Feres.

Ciertamente,

premisa

básica

entiéndase,

asuntos

la

en

el

que

sustenta

no

intervención

incidentales

singularidad

de

fuerzas armadas.

la

a

presente

la

a

caso

está

Feres

y

de

los

actividad

estructura

y

la

presente

su

la

progenie,

tribunales

con

militar

dada

la

disciplina

de

las

Este postulado es tan fundamental que el

Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aplicado la doctrina

Feres indistintamente de la ley por la cual se reclama, y

17

Véase escolio 3, supra.

de

la

identidad

y

relación

entre

las

partes

en

controversia.18

Por consiguiente, sostenemos que la Guardia Nacional es

un

cuerpo

militar

exclusivamente

cuya

sobre

el

jurisdicción

disciplinaria

Congreso,

diferenciándose

no

esto de las ramas militares tradicionales.

recae

en

Similarmente,

la capacidad en que se emplean los técnicos de este cuerpo,

a pesar de ser híbrida, es preponderantemente militar, y

por

ello

los

actos

de

estos

empleados

incidentales al servicio militar.

se

consideran

Por tanto, aplicaríamos

al caso de autos la doctrina Feres.

Por el contrario, la opinión mayoritaria se centra en

discutir la presunción de jurisdicción concurrente de los

tribunales

estatales

y

federales

para

surgidos al amparo del derecho federal.

atender

casos

Explica además que

la excepción a este principio es que haya una determinación

expresa

Tribunal

en

contrario

Supremo

por

Federal

parte

lo

del

haya

Congreso,

declarado

o

así

que

el

cuando

entienda que la intención del Congreso a esos efectos es

palmariamente clara.

Así, concluye que ninguna de esas dos

circunstancias ocurren en el caso de autos, por lo que

podemos entender en el caso de marras.

No estamos de

acuerdo.

El presente recurso no requiere que determinemos a qué

foro le corresponde atender el caso, sino determinar si

18

Recordemos que Stanley, supra, aclaró que

el elemento fundamental de la doctrina Feres es que

el daño por el cual se reclama sea uno incidental

existe una causa de acción en daños a favor del demandanterecurrido.

En relación con la controversia que nos atañe,

el máximo foro federal resolvió clara y expresamente la

inexistencia de causas de acción por daños y perjuicios

dimanantes de actos ocurridos dentro del ámbito militar

(“incident to military service”).

U.S. v. Stanley, supra,

a las págs. 680-681; Chappell v. Wallace, supra, a la pág.

300.

A esos efectos, el Supremo Federal expresó que la

razón para dicha postura responde a que:

[c]enturies of experience have

developed a hierarchical structure

of discipline and obedience to

command, unique in its application

to the military establishment and

wholly

different

from

civilian

patterns.

Civilian courts must,

at the very least, hesitate long

before entertaining a suit which

asks the court to tamper with the

established relationship between

enlisted military personnel and

their

superior

officers;

that

relationship is at the heart of

the necessarily unique structure

of

the

Military

Establishment.

Chappell v. Wallace, supra, a la

pág. 300. (énfasis suplido).

Por tanto, la discusión de si debe ser el foro federal

o el estatal el que atienda el caso es irrelevante, ya que

lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Federal es que las

controversias por daños incidentales al servicio militar se

tienen que resolver dentro de las estructuras de justicia

militar pertinentes, de acuerdo a la reglamentación que el

Congreso,

como

cuerpo

con

jurisdicción

exclusiva

para

reglamentar la disciplina de la Guardia Nacional, apruebe

al

servicio

militar,

y

no

la

identidad

o

la

al respecto.

Así pues, no existen causas de acción por

actos de esa naturaleza en los tribunales civiles.

Del

mismo

modo,

la

mayoría

expresa

que

el

Tribunal

Supremo de Estados Unidos no se ha expresado en torno a

acciones como la de autos, caracterizando la controversia

ante nos como una entre un “mero empleado de la Guardia

Nacional”

y

el

E.L.A.

Reiteramos

controversia medular del caso.19

que

esa

no

A la luz de

es

la

Stanley,

supra, el asunto jurisdiccional de umbral es determinar si

la controversia surge de hechos incidentales al servicio

militar.

En consecuencia, la pregunta de rigor para los

tribunales al evaluar la existencia de una causa de acción

en asuntos como el de autos no es ¿cúales son las partes en

controversia?, o ¿bajo el palio de que ley surge la causa

de

acción?;

sino,

¿es

la

controversia

incidental

al

servicio militar?

Por ende, al resolver como lo hizo, la mayoría al menos

debió

explicar

por

qué

entiende

que

los

hechos

en

controversia no se suscitaron dentro del ámbito militar.20

capacidad de las partes.

19

Expresó la mayoría en Stanley, supra, a la

pág. 684, que:

[t]he

availability

of

a

damages

action

under

the

Constitution

for

particular

injuries (those incurred in the

course of military service) is a

question logically distinct from

immunity to such an action on the

part

of

particular

defendants.

(énfasis en el original).

20

Los tribunales han aplicado este estándar

liberalmente. Por ejemplo, el máximo foro federal

ha extendido la doctrina a casos en que los

demandantes eran personas no militares subrogadas

Más importante aún, debió explicar por qué entiende que

debemos separarnos de lo establecido por el más alto foro

federal,

en

el

sentido

de

que

no

se

fomenta

que

los

tribunales civiles entren a evaluar la sabiduría de las

decisiones tomadas dentro de la esfera militar, dada la

peculiar

naturaleza

y

estructura

disciplinaria

de

las

fuerzas armadas.21

en

los

derechos

de

militares,

Stencel

Aero

Engineering Corp. v. United States, 431 U.S. 666

(1977); a reclamaciones por personal militar franco

de servicio al momento de sufrir los daños, United

States v. Shearer, 473 U.S. 52 (1985); y a

reclamaciones de empleados militares por daños

causados por empleados federales no militares,

United States v. Johnson, 481 U.S. 681 (1987).

21

Además de Feres y su progenie, que se limita

a pautar la ausencia de causas de acción por daños

ocasionados dentro del ámbito del servicio militar,

el Tribunal Supremo federal resolvió Gilligan v.

Morgan, 413 U.S. 1 (1973).

En ese caso, se

cuestionó si el poder congresional sobre la milicia

se socavaría de permitírsele a una corte de

distrito

federal

examinar

el

patrón

de

entrenamiento, de armamento y órdenes en general de

la Guardia Nacional, para así determinar si éste

fue apropiado a la luz de unos hechos específicos.

Resolviendo en la afirmativa, el Supremo federal

expresó:

It would be difficult to think of a

clearer example of the type of governmental

action

that

was

intended

by

the

Constitution to be left to the political

branches

directly

responsible—as

the

Judicial Branch is not-- to the electoral

process.

Moreover, it is difficult to

conceive

of

an

area

of

governmental

activity in which the courts have less

competence.

The complex, subtle, and

professional

decisions

as

to

the

composition,

training,

equipping,

and

control

of

the

military

force

are

essentially

professional

military

judgments, subject always to civilian

continúa...

... 18 continuación

IV

En conclusión, sostenemos que si bien el TPI, ante los

hechos del caso de epígrafe, concluyó correctamente que

carecía de autoridad para adjudicar daños sobre el despido

del demandante recurrido, se fundamentó equivocadamente en

que el foro estatal no tiene jurisdicción para dilucidar

asuntos en que son de aplicación leyes y jurisprudencia

federal.

De

igual

modo,

el

TCA

correctamente

revocó

este

del

TPI

al

resolver

como

regla

pronunciamiento

que,

general, los tribunales de Puerto Rico pueden dilucidar y

adjudicar

controversias

tomando

como

base

el

derecho

federal.

Sin embargo, tanto dicho foro como la mayoría de

este Tribunal se equivocan al concluir que existe una causa

de

acción

en

los

tribunales

incidentales

al

servicio

estatales

militar,

sin

por

daños

considerar

la

doctrina Feres, explicada detalladamente en esta opinión.

Al así decidir, obviaron que es mediante los procedimientos

internos de justicia militar establecidos por el Congreso

para reglamentar el quehacer de las tropas, que un empleado

militar

puede

reclamar

daños

y

perjuicios

contra

superiores.

Por no resolver de este modo la mayoría, disentimos.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

JUEZ ASOCIADO

control of

Branches.

suplido).

the Legislative and Executive

Id., a la pág. 10 (énfasis

sus