LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: DAVID CASTILLO HERRERA

2003 TSPR 59

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: DAVID CASTILLO HERRERA

AB-2002-0246

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2003 TSPR 59

David Castillo Herrera

158 DPR ____

Número del Caso: AB-2002-246

Fecha: 16 de abril de 2003

Oficina del Hon. Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

David Castillo Herrera

AB-2002-246

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2003

La compañía Radio Shack Corporation para

Puerto

Rico

se

querelló,

por

medio

Oficina

director

regional,

ante

la

Procurador

General

contra

el

Castillo

Herrera.

En

su

de

su

del

abogado

David

querella,

dicha

Corporación expuso, en síntesis, que el Lcdo.

Castillo Herrera, quien representaba a ocho

ex-empleados de la misma que alegaban haber

sido

despedidos

sin

justa

causa,

le

había

enviado a prácticamente todos los empleados de

dicha

Corporación

en

Puerto

Rico

una

comunicación respecto a las reclamaciones por

él

radicadas,

Corporación,

en

contra

de

la

referida

en

AB-2002-246

3

representación de dichos empleados; ello a pesar de que el

Lcdo.

Castillo

Herrera

tenía

conocimiento

de

que

la

Corporación estaba representada por abogado.

La referida Corporación alegó que la acción, de parte

del Lcdo. Castillo Herrera, causó ansiedad y confusión en

los empleados de la empresa, afectándose de esa forma la

atmósfera de trabajo en la misma. Se adujo, además, que no

obstante la representación legal de la Corporación haberle

advertido al Lcdo. Castillo Herrera que consideraba que la

conducta

en

mencionado

que

había

abogado

incurrido

incurrió,

era

una

nuevamente,

antiética,

en

el

acciones

similares.

El Procurador General, luego de obtener la versión de

los hechos de parte del Lcdo. Castillo Herrera, rindió su

informe ante este Tribunal. En el mismo expresó que, a su

juicio,

el

Lcdo.

Castillo

Herrera,

al

incurrir

en

la

conducta antes mencionada, había violado las disposiciones

del Canon 28 de los de Ética Profesional, en el cual se

establece que:

El

abogado

no

debe

en

forma

alguna,

comunicarse, negociar ni transigir con una parte

representada por otro abogado en ausencia de

éste.

Particularmente,

debe

abstenerse

de

aconsejar o incurrir en conducta que pueda

inducir a error a una parte que no está a su vez

representada por abogado. 4 L.P.R.A. Ap. IX C.28.

Por otro lado, el Procurador General expresó en dicho

informe

que,

en

su

criterio,

no

existía

suficiente

evidencia para poder concluir que el Lcdo. Castillo Herrera

AB-2002-246

4

había violentado las disposiciones de los Cánones 8, 29,

34, 35 y 39 de los de Ética Profesional.1

Le concedimos término al Lcdo. Castillo Herrera para

que se expresara sobre el informe del Procurador General,

lo cual hizo mediante comparecencia de fecha 16 de octubre

de

2003.

En

la

misma

éste

sostiene

que

no

violó

las

disposiciones del Canon 28 ya que, según alegó, lo único

que

el

abogado

mismo

a

prohíbe

partes,

es

el

acercamiento

representadas

por

personal

abogados,

con

del

el

propósito de obtener ventaja y que, no existiendo prueba de

que él hizo los acercamientos a los empleados de la empresa

con

el

propósito

de

obtener

ventaja,

no

hay

violación

alguna de su parte. Mediante Resolución, de fecha 17 de

enero

de

2003,

le

concedimos

término

al

abogado

en

controversia “para que nos indique si da por sometido el

asunto sin ulterior trámite”. Así lo hizo el Lcdo. Castillo

Herrera, mediante escrito a esos efectos. Resolvemos.

I

La

conducta

incurrida

por

el

Lcdo.

David

Castillo

Herrera --a saber, enviar copias de las querellas que él

radicara contra la Corporación a prácticamente todos los

empleados de Radio Shack en Puerto Rico y comunicarse con

supervisores y ejecutivos de dicha Corporación, luego de

1

Canon 8 - Actos Impropios de los Clientes

Canon 29 - Cuestiones Personales entre Abogados

Canon 34 - Instigación o Gestión de Pleitos

Canon 35 - Sinceridad y Honradez

Canon 38 - Preservación del Honor y Dignidad de la

Profesión

AB-2002-246

5

ser apercibido de que podría estar incurriendo en conducta

antiética-- no tiene, en nuestro criterio, mucha lógica ni

sentido.

En

este

aspecto

tendemos

posición

de

Radio

Shack

los

a

a

coincidir

efectos

de

que

con

con

la

toda

probabilidad el propósito perseguido por el Lcdo. Castillo

Herrera necesariamente tenía que ser el causar desasosiego,

ganar adeptos entre los empleados de dicha Corporación y/o

exhortarlos a que demandaran a la misma.

Dicha conducta, cuando menos, resulta ser una impropia

y

poco

profesional

de

parte

de

un

abogado

admitido

a

ejercer la profesión en nuestra jurisdicción, conducta que

no estamos en disposición de avalar ni permitir.

Por otro lado, y en lo referente al Canon 28 de Ética

Profesional, debe recordarse lo expresado por este Tribunal

en In re Andréu Ramírez, res. el 20 de diciembre de 1999,

99 TSPR 188, a los efectos de que:

El propósito del Canon 28 es evitar que los

abogados

de

una

parte

hagan

acercamientos

inapropiados y antiéticos a personas debidamente

representadas legalmente para obtener ventaja.

También tiene por finalidad prevenir que los

abogados induzcan a error a personas que carecen

de representación legal. De esa manera se

salvaguarda tanto el derecho de los litigantes a

obtener representación legal adecuada como el

privilegio abogado cliente. (énfasis suplido).

No hay duda que las comunicaciones, enviadas por el

Lcdo.

Castillo

empleados

de

Herrera,

Radio

podían

Shack,

inducir

los

a

cuales

a

los

carecían

de

error

representación legal. In re: Andréu Ramírez, ante. Por otro

lado, y en lo referente al término “parte”, debe mantenerse

AB-2002-246

6

bien presente lo expresado por este Tribunal en el citado

caso de In re: Andréu Ramírez, ante, a los efectos de que:

“a pesar de que constituye un principio

básico

del

derecho

corporativo

que

las

corporaciones

poseen

personalidad

jurídica

separada

de

sus

directores,

accionistas

y

oficiales, resulta innegable que la realidad

funcional de éstas les impide transigir pleitos,

comunicarse o hacer negocios si no es pro

conducto de las personas naturales que dirigen

sus negocios. Por lo tanto, el hecho de que una

entidad corporativa sea la parte nominal en una

acción judicial, no excluye la posibilidad de que

existen personas, por ejemplo, empleados de la

corporación, quienes por razón de las funciones

que desempeñan y por su autoridad para vincular y

para hablar en nombre de la corporación, deban

considerarse parte del pleito. Por ende, están

incluidos en la prohibición establecida por el

Canon 28”. (énfasis suplido).

Concluimos, en consecuencia, que la conducta incurrida

por

el

Lcdo.

David

Castillo

Herrera

violentó

las

disposiciones del Canon 28 de Ética Profesional. Atendidas

las

circunstancias

entendemos

adecuado

y

hechos

particulares

únicamente

amonestar

abogado.

Se dictará Sentencia de conformidad.

del

al

caso,

referido

AB-2002-246

7

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

David Castillo Herrera

AB-2002-246

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2003

Por los fundamentos expuestos en la anterior

Opinión Per Curiam, la cual se hace formar parte

íntegra

de

la

presente,

se

dicta

Sentencia

amonestando al Lcdo. David Castillo Herrera por

incurrir en conducta violatoria del Canon 28 de

Ética Profesional.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Andréu García no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo