Tribunal Supremo de Puerto Rico
LUIS F. COSME, ETC. V. HOGAR CREA, COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE P.R. Y OTRO
2003 TSPR 38
Poder Judicial de Puerto Rico
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LUIS F. COSME, ETC. V. HOGAR CREA, COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE P.R. Y OTRO
CC-2001-0222
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis F. Cosme, etc.
Demandantes-Recurridos
Certiorari
v.
2003 TSPR 38
Hogar Crea, Cooperativa de Seguros
Múltiples de PR y Raúl Torres Morales
158 DPR ____
Demandados-Peticionarios
Número del Caso: CC-2001-222
Fecha: 11 de marzo de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VI
Juez Ponente:
Hon. Rafael Martínez Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro R. Cintrón Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Israel Delgado Ramos
Lcda. Waleska Delgado Marrero
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso
de
compilación
y
publicación
oficial
de
las
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como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis F. Cosme, Etc.
Demandantes-Recurridos
vs.
CC-2001-222
Certiorari
Hogar Crea, Cooperativa de
Seguros Múltiples de PR y
Raúl Torres Morales
Demandados-Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER
BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003.
Tenemos
juez
del
la
ocasión
Tribunal
de
para
resolver
Circuito
de
si
un
Apelaciones
puede intervenir en un caso pendiente ante el
foro
de
instancia
sentenciador
sólo
antes,
porque
cuando
fue
el
juez
era
parte
del
el
Tribunal
de
Tribunal de Primera Instancia.
I.
El
Primera
1
de
agosto
Instancia,
de
Sala
1997
Superior
de
Humacao,
dictó una sentencia mediante la cual declaró con
lugar la demanda por daños y perjuicios instada
por la familia Cosme Rivera (los demandantes)
contra el Hogar Crea, la Cooperativa de Seguros
Múltiples
y
otros
(los
CC-2001-222
3
peticionarios).
En
la
referida
sentencia
el
tribunal
le
impuso a los peticionarios la responsabilidad solidaria por
los daños causados durante un accidente de automóviles.1 De
dicha determinación acudieron ambas partes al Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Luego de consolidar los recursos,
el foro apelativo dictó una sentencia el 28 de junio de 1999
y resolvió devolver el caso al tribunal de instancia para
que:
(1)
determinara
y
concediera
correspondientes
bajo
Accidentes
Automóviles;
de
la
Ley
peticionarios
el
pago
temeridad,
(3)
celebrara
y
de
de
las
deducciones
Protección
(2)
le
Social
impusiera
por
a
los
honorarios
de
abogados
por
una
evidenciaria
para
vista
determinar una suma a serle concedida al menor perjudicado
en el accidente por concepto del menoscabo en su potencial
para
generar
ingresos.
Ambas
de
dictamen,
reconsideración
dicho
partes
por
solicitaron
lo
que
el
la
foro
apelativo modificó su sentencia, a los únicos fines de que
se determinara en el tribunal inferior la cuantía por el
referido
menoscabo
para
generar
ingresos
sin
que
se
celebrase una vista evidenciaria, y para deducir el propio
foro apelativo las cuantías correspondientes a lo dispuesto
en
la
Ley
de
Protección
Social
Automóviles.
En
la
sentencia
Circuito
Apelaciones
de
referida
también
por
señaló
Accidentes
de
el
Tribunal
de
motu
proprio
en
En dicho accidente él más afectado resultó ser el
hijo menor de edad de la familia Cosme Rivera quien sufrió
una desfiguración permanente en un lado de la cara y recibió
daños en uno de sus hombros.
1
CC-2001-222
cuanto
a
4
la
designación
de
un
juez
en
el
tribunal
de
instancia que:
Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento
del expediente del presente caso ante instancia,
sus pormenores y circunstancias como el Juez
Soler Aquino. Esto lo hace la persona idónea para
atender
los
diferentes
asuntos
que
hemos
expresado en la parte dispositiva de nuestra
sentencia por lo que preferiblemente, debe ser él
quien los atienda, salvo criterio en contrario.
Quedará a discreción del Juez Administrador del
referido foro designar a quien entienda para
atender nuestra sentencia.
De dicha determinación las partes no acudieron en revisión
ante este Tribunal.
Para aquel entonces el Juez Soler Aquino, quien había
atendido originalmente el caso de autos en el foro de
instancia,
Circuito
había
de
sido
nombrado
Apelaciones.
No
juez
del
Tribunal
de
obstante,
otro
juez
la
de
región judicial de Humacao refirió la aludida sentencia
del foro apelativo en este caso al Juez Soler Aquino para
que atendiese lo dispuesto allí. Ello, a pesar de que éste
no se desempeñaba ya como juez del foro de instancia. Los
demandantes se opusieron y solicitaron la reconsideración
de tal decisión. El juez que había referido el caso a
Soler Aquino señaló entonces una vista para dilucidar la
referida
controversia.
Sin
celebrara
tal
reconsideración,
vista
en
embargo,
antes
el
de
que
Juez
se
Soler
Aquino, haciendo las funciones de un juez del tribunal de
instancia,
atendió
el
mandato
del
foro
apelativo
y
procedió a dictar el 25 de enero de 2000 una resolución
que
modificaba
su
sentencia
anterior
conforme
a
lo
CC-2001-222
5
dispuesto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su
dictamen del 28 de junio de 1999.
Inconforme
con
la
resolución
de
Soler
Aquino,
los
peticionarios acudieron nuevamente al Tribunal de Circuito
de Apelaciones. Alegaron allí, inter alia, que el Juez Soler
Aquino
no
podía
atender
el
mandato
anterior
apelativo
hasta
tanto
se
resolviera
la
del
foro
moción
de
reconsideración sobre el particular que estaba pendiente en
el Tribunal de Primera Instancia.
Mediante una sentencia de 14 de febrero de 2001, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó el referido
dictamen
de
Soler
Aquino.
Resolvió
que
el
Tribunal
de
Primera Instancia retuvo siempre la facultad de dejar sin
efecto la vista para discutir la moción de reconsideración
aludida y para resolver definitivamente el asunto como se
hizo. Determinó que el hecho de que hubiese sido otro juez
del
foro
de
instancia
quien
acogió
la
moción
de
reconsideración no había privado al Juez Soler Aquino de
su facultad como juez sentenciador en el caso para atender
lo ordenado por el foro apelativo y dictar el dictamen
correspondiente. Determinó así mismo que el nuevo dictamen
de Soler Aquino había hecho académica la pendiente moción
de reconsideración presentada por los demandantes. También
resolvió
que
no
procedía
intervenir
con
las
determinaciones sobre si procedía una compensación por el
menoscabo
para
generar
ingresos
y
una
partida
por
honorarios de abogado ya que éstas habían sido resueltas
CC-2001-222
6
anteriormente por otro panel del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, por lo que eran finales y firmes.
No
conformes
con
el
anterior
dictamen
del
foro
apelativo los peticionarios acudieron oportunamente ante
nos el 23 de marzo de 2001 y formularon los siguientes
señalamientos de error:
1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler
Aquino, éste juez de apelaciones al emitir
dicha sentencia sin tener jurisdicción ni
competencia para ello pues el tribunal de
instancia había considerado y señalado para
vista una moción de reconsideración dirigida a
impugnar la participación de dicho juez en el
caso.
2. Incidió el Tribunal de Apelaciones al avalar
basándose en la doctrina de la ley del caso, la
sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler
Aquino
que
concede
una
indemnización
de
$150,000 por supuesto menoscabo para generar
ingresos, habiendo ausencia de pruebas sobre
grado de incapacidad permanente alguna y,
asimismo, al condenar a la parte demandada al
pago de $12,000 por concepto de honorarios de
abogados cuya suma es excesiva dado que la aquí
peticionaria admitió su negligencia aunque la
negó en su contestación a la demanda.
El 20 de abril de 2001 expedimos el auto de certiorari
para revisar la sentencia dictada por el foro apelativo el
14 de febrero de 2001. El 4 de septiembre de 2001, luego de
concedérsele
presentaron
una
su
peticionarios
prórroga
alegato.
presentaron
para
El
el
4
de
ello,
los
diciembre
suyo,
luego
peticionarios
de
de
2001
los
habérseles
concedido una prórroga a ellos también. Con la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver.
CC-2001-222
7
II
Como se sabe,
nuestro sistema judicial consiste de un
Tribunal General de Justicia al cual la Constitución y la
Ley de la Judicatura de 1994 le confieren el poder judicial
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico.
El
Tribunal
General de Justicia a su vez está integrado por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, como máximo foro judicial del país,
el
Tribunal
de
Circuito
apelativo
intermedio,
Instancia.
El
Estado
de
y
por
Libre
Apelaciones,
el
como
tribunal
de
Primera
Tribunal
Asociado
de
Puerto
Rico
está
constituido en un solo distrito judicial, sobre el cual el
Tribunal
General
de
Justicia
ejerce
su
autoridad
jurisdiccional. Véase Hernández Colón, Práctica Jurídica de
Puerto Rico-Derecho Procesal Civil, § 504
Michie de Puerto
Rico, (1997); Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada,
4 L.P.R.A. sec. 22c. Nuestra propia Constitución establece
que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema
judicial
unificado
en
lo
concerniente
a
jurisdicción,
funcionamiento y administración. Artículo V Sección 2 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Aunque
jurisdicción
nuestro
se
sistema
ejerce
judicial
concretamente
es
unificado,
la
distribuyendo
el
trabajo judicial entre los distintos tribunales y salas que
integran el Tribunal General de Justicia, de acuerdo con los
principios
normativos
de
competencia.
Véase,
Hernández
Colón, supra §505. La Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada, supra, establece la competencia de cada tribunal,
CC-2001-222
a
saber
8
la
del
Tribunal
de
Primera
Instancia,
la
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y la de éste Tribunal.
En el caso del Tribunal de Circuito de Apelaciones, su
competencia
aparece
establecida
de
modo
general
en
el
Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada,
supra.
El
artículo
4.001
de
la
referida
Ley
establece que el Tribunal Apelativo estará constituido por
una sola sección con sede en la ciudad de San Juan que se
compondrá
de
claramente
treinta
en
la
enmendada, supra,
que
componen
el
y
Ley
tres
de
jueces.
la
Aunque
Judicatura
se
de
establece
1994
según
la competencia de los paneles de jueces
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
el
Reglamento de dicho Tribunal señala que el Juez Presidente,
como
parte
asignar
de
jueces
sus
prerrogativas
apelativos
a
constitucionales,
llevar
a
cabo
puede
funciones
del
Tribunal de Primera Instancia. Véase, Regla 7 del Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
4
L.P.R.A.
Ap.
XXII-A R.7.
A la luz de la normativa antes reseñada pasamos a
examinar los hechos del caso de autos.
III
En esencia, en el caso de autos, un juez del Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
atendió
un
caso
que
le
fue
referido por el Tribunal de Primera Instancia y procedió a
enmendar una sentencia que dicho juez había dictado antes,
cuando era miembro del foro de instancia. El juez referido
CC-2001-222
9
actuó así a pesar de estar pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia una moción de reconsideración mediante la
cual
se
impugnaba
precisamente
la
nueva
intervención
de
dicho juez en el caso. En su dictamen impugnado ante nos, el
Tribunal
de
Circuito
proceder
del
juez
de
Apelaciones
referido
había
consideró
sido
válido.
que
tal
El
foro
apelativo hizo hincapié en una nota al calce de su sentencia
en que el juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones en
cuestión no había intervenido “en un caso en el Tribunal de
Primera Instancia” sino que sólo había seguido “la práctica
establecida
en
esta
jurisdicción
unificada
de
participar
hasta el final en los casos en los que él presidió el juicio
en el Tribunal de Primera Instancia.” Erró el foro apelativo
al resolver así. Veamos.
Nótese, en primer lugar, que el mero hecho de que el
juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro de
instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en el
caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar a
cabo
la
modificación
referida
cuando
dicho
juez
ya
no
pertenecía al Tribunal de Primera Instancia. El foro con
competencia para realizar la modificación de la sentencia
aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia del
cual el juez en cuestión no formaba parte ya. Ausente una
designación
expresa
para
tal
fin
de
parte
del
Juez
Presidente del Tribunal Supremo, el Juez Soler Aquino estaba
impedido de participar de nuevo en el caso como si aún fuese
un juez del foro de instancia. Sencillamente, ya no era juez
CC-2001-222
10
de ese foro. Su segunda intervención en el caso de autos
fue, pues, totalmente carente de la autorización necesaria
para ello. Si bien es cierto que Puerto Rico constituye un
solo distrito judicial para fines jurisdiccionales, existen
también
normas
claras
que
delimitan
las
distintas
competencias que tienen los varios foros y salas judiciales
del
país,
sin
las
cuales
el
funcionamiento
del
Tribunal
General de Justicia sería caótico e incoherente. El hecho de
que constitucionalmente se hayan eliminado las diferencias
jurisdiccionales
entre
los
distintos
componentes
del
Tribunal General de Justicia2, no significa de ningún modo
que cada juez de dicho Tribunal tiene carta blanca para
ejercer su ministerio en cualquier caso. El Tribunal General
de
Justicia
de
Puerto
Rico
tiene
un
entramado
propio,
conforme al cual unos foros ejercen una competencia general
en
casos
de
primera
instancia,
Rodríguez
v.
Registrador,
supra, y otros tienen una competencia apelativa, Depto. de
la
Familia
v.
Shrivers
Otero,
145
división
de
funciones
es
expedito
y
congruente
del
Tribunal
General
Tribunal
Superior,
97
Véase,
Colón
v.
esencial
D.P.R.
para
el
(1998).
Esta
funcionamiento
de
D.P.R.
Justicia.
106,
118
(1969). Por ello, la competencia propia de cada estrato del
sistema judicial de Puerto Rico de ordinario debe observarse
rigurosamente
2
como
condición
para
que
el
sistema
pueda
Véase, Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350
(1987); Ramírez v. Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Gómez
Hmos. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625 (1972); Pueblo v.
Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961); Rodríguez v.
Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953).
CC-2001-222
funcionar
11
cabalmente.
Los
cambios
en
las
tareas
que
de
ordinario le competen a cada juez sólo los puede ordenar el
Juez Presidente del Tribunal Supremo mediante designaciones
especiales
cuando
las
necesidades
y
la
buena
marcha
del
sistema lo requieran.3 En el caso de autos, el señor Juez
Presidente no le extendió designación alguna al Juez Soler
Aquino para actuar judicialmente como lo hizo.
Existe una segunda razón por la cual no procedía la
acción en cuestión del Juez Soler Aquino en el caso de
autos. Cuando éste intervino por segunda ocasión, estaba
pendiente
ante
el
foro
de
instancia
una
moción
de
reconsideración relativa precisamente al asunto de si era
procedente la nueva intervención de dicho juez en este
caso. Esa moción había sido acogida ya por el Tribunal de
Primera
Instancia
y
se
había
señalado
una
vista
para
dilucidarla. En esas circunstancias, el Juez Soler Aquino
debió esperar porque se resolviese la referida moción de
reconsideración antes de actuar.
Como se sabe, la moción que establece la Regla 47 de
Procedimiento
Civil
de
Puerto
Rico
es
el
mecanismo
que
provee nuestro ordenamiento procesal para que un tribunal de
instancia
pueda
principal
de
3
modificar
una
moción
algún
de
fallo
suyo.
El
objetivo
reconsideración
es
dar
una
Claro está, en el Tribunal de Primera Instancia pueden
obviarse los límites que establecen las normas sobre la
competencia de las distintas salas y secciones de ese
Tribunal si las partes y el juez correspondiente lo
consienten. Véase, Polanco v. Tribunal Superior, supra;
Ramírez v. Registrador, supra; Pueblo v. De Jesús Gómez, 100
D.P.R. 629 (1972); Ramírez v. Ramírez, 80 D.P.R. 518 (1958).
CC-2001-222
12
oportunidad
al
resolución
cuya
tribunal
que
reconsideración
dictó
la
se
pide,
sentencia
o
para
pueda
que
la
enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al
dictarla. Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc. res. el
22 de septiembre de 1999, 149 D.P.R___, 99 TSPR 143, 99 JTS
147; Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998). Los tribunales
de instancia, pues, tienen la facultad de enmendar o dejar
sin efecto algún dictamen suyo cuando éste no es final y
firme, y lo hacen de ordinario movidos por alguna moción de
reconsideración presentada a tiempo por la parte perjudicada
por dicho dictamen. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113
D.P.R. 406 (1982). El mecanismo de reconsideración es de tal
envergadura en nuestro ordenamiento procesal que una vez el
foro de instancia acoge la moción de reconsideración, se
interrumpe
el
término
para
apelar
o
para
procurar
la
revisión del dictamen en cuestión. Soc. de Gananciales v.
Sánchez, 148 D.P.R. ___, 99 TSPR 76, 99 JTS 82; Rodríguez
Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980). Se
estima que no debe procederse a la apelación o revisión del
fallo
bajo
reconsideración
definitivamente.
Por
hasta
razones
tanto
análogas,
esta
no
se
debió
resuelva
el
Juez
Soler Aquino precipitarse a intervenir por segunda vez en el
caso
de
autos
reconsideración
estando
sobre
tal
pendiente
una
moción
de
intervención
que
había
sido
acogida por el foro de instancia. Erró el foro apelativo al
resolver de otro modo. Aplica aquí lo que dijimos en otro
contexto
al
examinar
una
controversia
relativa
a
la
CC-2001-222
13
distribución de los asuntos litigiosos en los tribunales del
país:
“La norma generalmente aceptable de que
cuando
un
tribunal
asume
jurisdicción
primeramente sobre un asunto debe retenerla,
norma ésta que se origina con la existencia de
tribunales distintos y que no resulta ser
enteramente aplicable a la organización judicial
que nos rige de un solo tribunal unificado en
jurisdicción, no debe prevalecer en una situación
como la presente sobre la norma de mayor
propiedad,
ponderación
y
buen
juicio
del
magistrado
en
el
descargo
de
la
función
judicial.” Colón v. Tribunal Superior, supra,
pág. 122.
En conclusión, el Juez Soler Aquino no debió atender lo
ordenado el 28 de junio de 1999 en el caso de autos por el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
estando
acogida
y
pendiente una moción de reconsideración sobre el particular
en el foro de instancia. Más importante aun, como juez del
Tribunal de Circuito de Apelaciones al momento en que le fue
referido
el
funciones
que
caso,
Soler
no
fuesen
Aquino
no
de
competencia
la
podía
ejercer
del
otras
tribunal
apelativo a menos que el Juez Presidente, como parte de sus
prerrogativas
constitucionales,
se
las
hubiese
asignado
según lo dispone el Reglamento de dicho foro. Por ende,
habiendo
cesado
en
sus
funciones
como
juez
del
foro
de
instancia, no podía actuar como tal de nuevo en el caso de
autos aun cuando hubiese sido el juez que entendió en éste
en el foro de instancia originalmente.4
4
En vista de que resolvemos que el Juez Soler Aquino no
podía volver a intervenir en el caso de autos como lo hizo,
y a que ordenamos dejar sin efecto su resolución del 25 de
enero de 2000, no procede considerar el segundo error
CC-2001-222
Por
14
los
fundamentos
antes
expuestos,
procede
que
se
dicte sentencia para revocar el dictamen de 14 de febrero de
2001
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones.
Procede
también que se deje sin efecto el dictamen del Juez Soler
Aquino del 25 de enero de 2000 en el caso de autos, y que se
devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen los procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.
Se dictará una sentencia de conformidad.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
señalado por los peticionarios, que va a los méritos de lo
resuelto por Soler Aquino mediante dicha resolución.
CC-2001-222
15
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis F. Cosme, Etc.
Demandantes-Recurridos
vs.
CC-2001-222
Certiorari
Hogar Crea, Cooperativa de
Seguros Múltiples de PR y
Raúl Torres Morales
Demandados-Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se revoca el
dictamen de 14 de febrero de 2001 del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI
de Humacao.
Se deja sin efecto el dictamen del Juez
Carlos Soler Aquino del 25 de enero de 2000 en
el caso de autos, y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Humacao, para que continúen los procedimientos a
tenor con lo aquí resuelto.
Lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón
emitió Opinión de Conformidad, a la cual se une
el Juez Asociado señor Corrada del Río. El Juez
Asociado
señor
Rivera
Pérez
disiente
sin
opinión.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-2001-222
16
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis F. Cosme, etc.
Recurridos
v.
CC-2001-222
Hogar Crea y otros
Peticionarios
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora
Naveira de Rodón a la cual se une el Juez Asociado señor
Corrada del Río.
San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003
Este
caso
entrelazan
y
competencia,
permite
funcionan
analizar
como
se
conceptos
de
funcionamiento
y
los
jurisdicción,
administración
unificado.
nos
en
nuestro
sistema
Aunque
estamos
conformes
judicial
con
la
Opinión que hoy emite la mayoría, consideramos
conveniente
explicar
con
mayor
detalle
la
aplicación de estos conceptos procesales.
A
continuación
pertinentes
a
la
resumiremos
los
controversia
que
encuentra ante nuestra atención.
hechos
hoy
se
I.
LOS HECHOS
El 20 de julio de 1994, Luis F. Cosme, Madeline Rivera
y la sociedad de bienes gananciales compuesta por éstos y en
representación de sus hijos menores de edad Jorge Andrés y
Luis Fernando Cosme Rivera5 (en adelante Cosme) presentaron
una
demanda
contra
Seguros
Múltiples
Morales
(en
perjuicios
los
de
Puerto
adelante
sufridos
automovilístico.
Hogares
Rico
Hogares
como
Crea,
y
la
el
Crea)
Cooperativa
Sr.
Raúl
de
Torres
por
los
daños
de
un
accidente
consecuencia
y
La demanda se presentó en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao y el caso se vio
ante el entonces Juez Superior, Hon. Carlos Soler Aquino.
El 1 de agosto de 1997 el Juez Soler Aquino dictó
sentencia declarando con lugar la demanda.
La sentencia
fue oportunamente apelada ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito), tanto por
la parte demandante como por la parte demandada.
El 28 de
junio
sentencia
de
1999
el
Tribunal
de
Circuito
dictó
mediante la cual remitió el caso al foro de instancia para
que éste determinase y concediese el monto correspondiente
a las deducciones que se exigen por la Ley de Protección
Social
por
Accidentes
de
Automóviles;
le
impusiese
honorarios de abogado por temeridad a los demandados; y
celebrase “una vista evidenciaria para determinar la suma a
serle concedida a Jorge Andrés por concepto de menoscabo en
su potencial de generar ingresos.”
5
En cuanto a los demás
También se incluyó como demandante a Eugenia Santana
Negrón, abuela paterna de los menores Jorge Andrés y Luis
Fernando Cosme Rivera.
aspectos confirmó la sentencia recurrida.6
tanto
los
demandantes
reconsideración.
emitió
una
como
los
Oportunamente,
demandados
solicitaron
El 29 de octubre el Tribunal de Circuito
resolución
mediante
la
cual
reconsideró
la
sentencia que había emitido, a los únicos fines de indicar
que el tribunal de instancia no tenía que celebrar vista
evidenciaria para determinar la suma a serle concedida al
demandante Jorge Andrés por concepto del menoscabo en su
potencial de generar ingresos.
Además, redujo varias de
las cuantías concedidas por daños.
En la segunda página de esta Resolución el Tribunal de
Circuito hizo constar lo siguiente:
Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento
del expediente del presente caso ante instancia,
sus pormenores y circunstancias como el Juez
Soler Aquino.
Esto lo hace la persona idónea
para atender los diferentes asuntos que hemos
expresado en la parte dispositiva de nuestra
sentencia por lo que, preferiblemente, debe ser
él
quien
los
atienda,
salvo
criterio
en
contrario.
Quedará a discreción del Juez
Administrador del referido foro designar a quien
entienda
para
atender
nuestra
sentencia.
(Énfasis suplido.)
Así las cosas, el caso fue devuelto al Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, donde se le
asignó al Juez Superior Luis A. Amorós Álvarez.
El 30 de
noviembre de 1999, éste emitió la siguiente orden:
Se refiere a la atención del propio Juez Soler
Aquino por considerarlo de su competencia ya que
fue él el que entendió en el caso.
Copia de esta orden se le remitió al Juez Soler Aquino
quien
6
para
ese
entonces
había
sido
nombrado
Juez
del
Esta sentencia fue notificada el 1 de julio de 1999.
Tribunal de Circuito y fungía como tal.
Sin embargo, no se
le envió el expediente del caso ni hubo una designación por
parte
del
Juez
indirectamente,
Presidente,
del
Juez
nuevamente en el caso.
Superior
de
ya
Soler
fuere
Aquino
directa
para
o
entender
El expediente permaneció en la Sala
Humacao
donde
originalmente
el
Juez
Administrador le había asignado el caso al Juez Superior
Amorós
Álvarez.
El
29
de
diciembre
de
1999
la
parte
demandante presentó una moción mediante la cual solicitó se
reconsiderase la orden de referir el caso al Juez Soler
Aquino y se determinase lo que se estimase apropiado en
justicia.
A esta solicitud la parte demandada se opuso y a
su vez solicitó se remitiese el expediente del caso al Juez
Soler Aquino.
Nada comentó sobre la falta de designación
oficial, por el Juez Presidente o un delegado suyo, del
Juez Soler Aquino para entender nuevamente en el caso a
nivel del foro de instancia.
El 13 de enero de 2000 el tribunal de instancia por
voz
del
Juez
Amorós
Álvarez
señaló
la
moción
de
reconsideración y la oposición a la misma para vista que se
celebraría el 23 de marzo de 2000.
notificó el 27 de enero de 2000.
que
las
señalando
mociones
para
Soler Aquino.
Resolución
antes
vista
se
Del expediente no surge
mencionadas
le
Esta resolución se
hubiesen
y
la
Resolución
notificado
al
Juez
Dos días antes de la notificación de la
señalando
para
vista
la
moción
de
reconsideración, o sea, el 25 de enero de 2000, el Juez
Soler Aquino, actuando como juez de instancia en el caso,
emitió una resolución mediante la cual determinó que “el
menoscabo del potencial de Jorge Andrés de generar ingresos
[era] de $150,000.00” y condenó a la parte demandada a
pagar $12,000.00 en honorarios de abogado.
se notificó el 9 de febrero de 2000.
Esta Resolución
El 2 de marzo de 2000
la parte demandada recurrió ante el Tribunal de Circuito
planteando la comisión de dos errores:
1. Erró el Hon. Carlos Soler Aquino, Juez de
apelaciones,
al
emitir,
sin
jurisdicción
ni
competencia, una resolución en el tribunal de
instancia, estando sujeta aún de decisión, una
moción de reconsideración por instancia y señalada
para vista.
2. En la alternativa, incidió el Hon. Carlos
Soler
Aquino
[al]
evaluar
en
la
suma
de
$150,000.00 el menoscabo para generar ingresos
habiendo ausencia de pruebas sobre [el] grado de
incapacidad
permanente
alguna
y,
asimismo
condenar a la parte demandada al pago de
$12,000.00
por
concepto
de
honorarios
de
abogados, cuya suma es excesiva.
El
emitió
14
de
febrero
sentencia
apelado.
de
mediante
2001
la
el
Tribunal
de
Circuito
cual
confirmó
el
dictamen
En cuanto a si el Juez Soler Aquino podía o no
actuar como juez de instancia bajo las circunstancias de
este caso, el Tribunal de Circuito determinó que no tenía
que entrar a resolver este planteamiento, pues este error
había sido renunciado.
Entendió, entre otras cosas, que el
tribunal
de
instancia
tenía
asunto
que
le
referido
fue
facultad
al
para
Juez
resolver
Soler
el
Aquino,
independientemente de que hubiese un previo señalamiento de
la moción de reconsideración, ya que se trataba de un solo
tribunal, el Tribunal de Primera Instancia, aunque fueran
jueces
distintos
los
que
emitieran
cada
una
de
las
resoluciones en el mismo caso. Consideró el Tribunal de
Circuito que una vez el Juez Soler Aquino resolvió el caso
en
los
méritos
convirtió
en
académica
la
moción
de
reconsideración sobre la orden refiriéndole el caso que se
encontraba pendiente ante el Juez Amorós Álvarez.
Con
relación
al
planteamiento
tribunal
apelativo
confirmó
en
su
en
los
totalidad
méritos,
el
el
dictamen
emitido por el Juez Soler Aquino.
El 23 de marzo de 2001 la parte demandada presentó
ante nosotros recurso de certiorari planteando los mismos
errores que había traído ante la consideración del Tribunal
de Circuito.
Decidimos revisar y expedimos el recurso.
II. EL PODER
TRIBUNALES
JUDICIAL
Y
LA
ADMINISTRACIÓN
DE
LOS
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico dispone en su Artículo V, Sección 1, que el Poder
Judicial de Puerto Rico se ejercerá por el Tribunal Supremo
y
por
siendo
aquellos
el
otros
tribunales
que
Tribunal
Supremo
el
constitucional.
se
creen
por
ley,
único
tribunal
Por ley se han creado, el Tribunal de
Circuito, un tribunal apelativo intermedio pluripersonal o
sea, colegiado, con competencia primordialmente apelativa,
Art. 4.002 Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,
según
enmendada,
Plan
de
Reorganización
de
la
Rama
Judicial, Núm. 1, 28 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22k,
y
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
un
tribunal
unipersonal, con competencia general en casos en primera
instancia.7
Arts. 5.001 y 5,003, Ley de la Judicatura de
Puerto Rico de 1994, supra.
Dentro del Tribunal de Primera
Instancia operan los Jueces Superiores cuya competencia en
primera instancia es una general y los Jueces Municipales,
que tienen una competencia limitada.
Ley de la Judicatura
de Puerto Rico de 1994, supra; Hernández Colón, Práctica
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Cap. 5,
Secs. 501 y 502, pág. 34, Michie, 1997.
En nuestro sistema judicial, el juez es “la persona
constituida con autoridad pública para administrar justicia
el que ejerce la jurisdicción con arreglo a las leyes,
conociendo y dirigiendo el procedimiento de causas civiles
y
criminales
y
dictando
estime procedentes.”
702,
pág.
59.
sobre
ellas
las
sentencias
que
Hernández Colón, supra, Cap.7, Sec.
Claro
está,
la
ordenada
y
eficiente
administración del sistema judicial requiere que un juez
actúe
sólo
en
aquellos
casos
que
le
sean
asignados
o
sometidos a su consideración, directa o indirectamente, por
el
Juez
Presidente
Constitución
ha
que
es
delegado
la
la
persona
en
administración
quien
la
de
los
tribunales. Art. V, Sec. 7, de la Constitución.
La Sección 2 del Artículo V de la Constitución dispone
que
“[l]os
sistema
tribunales
judicial
de
Puerto
unificado
en
Rico
constituirán
un
lo
concerniente
a
jurisdicción, funcionamiento y administración.”
7
En otras
La Sección 2 del Artículo V de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[l]a
Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con
esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con
palabras, Puerto Rico constitucionalmente está constituido
en un solo distrito judicial.
“La Asamblea Legislativa no
puede
unidad
variar
el
principio
de
jurisdiccional
del
sistema.”
Lausell Ducós v A.C.A.A., 111 D.P.R. 593, 595-
596 (1981).
“[L]a Constitución restringió el poder de la
Asamblea
Legislativa
a
determinar
D.P.R.
541,
548
(1985).
tribunal
unificado,
el
Supremo,
Hon.
Trías
José
Con
Ex-Juez
competencia
de
los
Ramírez v Registrador,
tribunales, no su jurisdicción.”
116
la
Presidente
Monge,
al
concepto
del
Tribunal
relación
expresó
lo
siguiente:
“Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier
parte
del
causa.
sistema
tiene
jurisdicción
para
resolver
una
El volumen de trabajo, no obstante se distribuye
mediante reglas flexibles de competencia.”
Trías Monge,
José, Sistema Judicial de Puerto Rico, Cap. XII, sec. 6,
pág. 136, Editorial Universitaria, P.R., 1978.
La
Comisión
de
la
Rama
Judicial
de
la
Convención
Constituyente en el Informe que rindió a la Convención,
expresó
que
recomendaba
la
creación
unificado
para
asegurar,
entre
otras
eliminarían
los
problemas
técnicos
de
un
cosas,
tribunal
que
se
jurisdiccionales
que
plagaban al sistema y dificultaban la obtención de justicia
en los tribunales.
Entendía la Comisión que la unificación
en la administración aseguraría el logro de los siguientes
objetivos: (1) mayor eficiencia en el ejercicio del poder
judicial; (2) una distribución equitativa del trabajo de
las cortes, lo que permitiría que hubiera una mayor rapidez
excepción
del
Tribunal
Supremo,
y
determinará
su
en los procedimientos judiciales evitando así la congestión
de la resolución de las causas que se encuentran pendientes
en
los
tribunales:
y
(3)
una
mayor
administración de la justicia.
Convención
Constituyente
de
flexibilidad
en
la
Diario de Sesiones de la
Puerto
Rico,
Tomo
4,
28
de
noviembre de 1951, pág. 2613, Edición 1961.
La jurisdicción de un tribunal es la facultad que éste
tiene para decidir un caso o incidente dentro de un caso.
Esta facultad la ejerce el tribunal a través de un juez.
De
otra
parte,
competencia
la
son
las
normas
preestablecidas mediante ley o reglamento que regulan la
ordenada tramitación de los casos o asuntos a través de los
tribunales y/o de las diferentes Salas de un tribunal. La
Regla 3 de Procedimiento, establece las normas o criterios
generales para determinar la competencia de las diferentes
salas
del
tribunal
competencia
propiedad
de
territorial
inmueble;
instancia.
en
sitio
los
donde
pleitos
se
Por
ejemplo,
la
que
afecten
una
la
de
originó
causa
acción; la residencia de las partes; y la cuantía envuelta.
También hay otros estatutos y normas administrativas que
determinan
la
competencia
de
un
tribunal
a
base
de
la
materia de que se trate el caso y pueden haber estatutos o
reglas especiales que designen una sala en particular para
atender un tipo particular de caso.
La competencia es
pues, la forma en que se ejerce la jurisdicción de los
tribunales
distribuyendo
el
competencia y organización.”
trabajo
judicial
entre
los
distintos
tribunales
y
salas.
Hernández
Colón,
supra,
Cap.5, Sec. 505, pág. 36.
En nuestro sistema unificado, hay un solo Tribunal de
Primera
Instancia
que
a
su
vez
está
dividido
territorialmente en salas, las cuales también podrán estar
divididas por materia y/o cuantía.
Si una parte presenta
un caso en una sala que no tiene competencia para verlo, el
tribunal
motu
competencia,
proprio
la
otra
puede
trasladarlo
parte
también
a
la
tiene
sala
con
derecho
a
solicitar el traslado del caso a un foro competente.
Salvo
las excepciones prescritas por ley o reglamento, si una
parte presenta su caso en una sala con competencia, tiene
derecho a que sea allí donde se vea el mismo.
Ahora bien,
“no
de
se
desestimará
sometido
a
una
ningún
sala
sin
caso
por
razón
competencia.”
haberse
Regla
3.1
de
Procedimiento Civil.
Sin embargo, lo antes expuesto no significa que una
parte tienen derecho a que un juez en particular sea el que
vea su caso.
Es el Juez Presidente o la persona o personas
en quien éste delegue, el que distribuye la carga judicial
entre
los
asignando
a
distintos
jueces
componentes
cada
una
en
juez
sala
del
particular
sistema,
y
asignando los casos que se verán en esa sala.
puede
optar
por
asignarle
un
caso
o
un
luego
También
incidente
particular dentro de un caso a un juez determinado.
en
Esto,
por ejemplo, ocurre usualmente en los caso de litigación
múltiple o litigación compleja. Vives Vázquez v E.L.A., 142
D.P.R.
117
(1996).
Un
juez,
salvo
delegación
o
autorización
expresa
del
Juez
Presidente,
no
tiene
autoridad o facultad para asignarle o referirle un caso o
un incidente dentro de un caso a otro juez.
Un juez sólo
puede ejercer su autoridad judicial en los casos que le han
sido
asignados,
directa
o
indirectamente,
por
el
Juez
Presidente.
La Sección 7, del Artículo V de la Constitución le
concede
la
facultad
administración
de
Tribunal Supremo.
los
constitucional
tribunales
al
de
Juez
dirigir
la
Presidente
del
También le da facultad para nombrar un
director o directora administrativo(a).
Según expresáramos
anteriormente, el Juez Presidente puede delegar su facultad
de administrar en otros funcionarios, como por ejemplo, en
la Directora Administrativa de los Tribunales, los Jueces o
Juezas Administradores y Subadministradores, entre otros.
Dicha Sección a su vez le concede al Tribunal Supremo la
facultad de adoptar reglas para la administración de los
tribunales.
En el Informe de la Comisión de la Rama Judicial de la
Convención
Constituyente
con
relación
al
término
“administración” se hizo constar que según éste se utiliza
en la Sección 7, “comprende, sin que se entiendan excluidas
otras similares y análogas, las siguientes funciones: “(6)
Asignar
y
trasladar
jueces”
[supervisar] en los tribunales.”
y
“(8)
superentender
Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente de Puerto Rico, supra, pág. 2613.
El
juez
es
el
que
ejercerá
el
poder
judicial
y
resolverá los casos y asuntos que se presenten ante los
tribunales, pero para poder ejercer este poder tiene que
haber una previa designación o asignación directa del Juez
Presidente o de la persona en quien éste delegue. Véase,
Regla 3 Reglas de Administración.
Todo esto se hace en
cumplimiento del mandato constitucional que le concede al
Juez(a)
Presidente(a)
la
autoridad
para
administrar
el
sistema judicial.
El Juez Presidente asignará a un juez a atender una
Sala en el tribunal de instancia, y éste será el juez que
entienda y resuelva los casos y asuntos que sean asignados
a esa Sala.
ser
Cualquier cambio de sala o de juez tendrá que
autorizado
Presidente
por
para
administrativas.
competencia,
sino
la
persona
designada
por
el
ejercer
estas
facultades
y
funciones
No
estamos
ante
un
problema
de
administración.
Se
trata
la
de
Juez
de
distribución de la carga de trabajo entre los componentes
del sistema judicial.
La Constitución le ha asignado la
facultad de administrar al Juez(a) Presidente(a), y salvo
delegación expresa por parte de éste, cualquier intento de
ejercerlo carece de validez.
III. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO A LOS HECHOS
En su opinión la mayoría expresa “que el mero hecho de
que el juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro
de instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en
el caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar
a cabo la modificación referida cuando dicho juez ya no
pertenecía al Tribunal de Primera Instancia.”8
Explicamos.
Realmente,
Aquino
pudiese
la
razón
intervenir
para
en
que
el
el
caso
Juez
en
Soler
esta
etapa
de
no
los
procedimientos, no era el hecho de que ya no pertenecía al
Tribunal de Primera Instancia, sino porque no se le había
asignado dicho caso por el Juez Presidente o alguna persona
designada por él.
Aunque el Juez Soler Aquino hubiese
continuado siendo juez de instancia, no podía intervenir en
el caso nuevamente sin la antes mencionada asignación o
autorización.
El Juez Amorós Álvarez no tenía la autoridad
para asignar y referir el caso a juez alguno.
La autoridad
para asignar el caso a un juez de instancia había sido
delegada
por
el
Juez
Presidente
al
Juez
Administrador
Regional de Humacao.
Continúa
exponiendo
la
mayoría
que
“[e]l
foro
con
competencia para realizar la modificación de la sentencia
aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia
del cual el juez en cuestión [Soler Aquino] no formaba
parte ya.
Juez
Ausente una designación expresa para tal fin del
Presidente
del
Tribunal
Supremo
estaba
impedido
de
participar de nuevo en el caso como si aún fuese un juez
8
Sobre este particular, la Regla 64 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone:
Si por razón de muerte, enfermedad, o por
cualquier otra razón, un juez no pudiere
continuar entendiendo en un asunto, otro
juez podrá actuar en su lugar; pero si
éste se convenciere de que no puede
desempeñar
dichos
deberes,
sin
la
celebración de un nuevo juicio sobre todos
o parte de los hechos o sin oír nuevamente
a algún testigo, podrá tomar las medidas
del foro de instancia.
ese foro.
Sencillamente, ya no era juez de
Su segunda intervención en el caso de autos fue,
pues, totalmente carente de la autorización necesaria para
ello.”
antes
Aunque coincidimos con la conclusión de la mayoría
citada,
consideramos
prudente
abundar
un
poco
más
sobre la misma y así despejar cualquier duda al respecto.
Así pues, no se trata de una falta de competencia, ya que
el
tribunal
competente
era
precisamente
el
Tribunal
de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, el mismo que
resolvió
finalmente
el
Tribunal de Circuito.
caso
atendiendo
el
mandato
del
El problema era que el juez que
pretendió atender el mandato del Tribunal de Circuito de
modificación
de
la
sentencia,
el
Juez
Soler
Aquino,
no
tenía facultad para ello, pues ni el Juez Presidente ni una
persona delegada por éste le habían asignado el caso para
que atendiera este incidente.
Cabe destacar que la mayoría
hace hincapié en el hecho procesal de que cuando el Juez
Soler
Aquino
resolvió
había
pendiente
una
el
caso
moción
de
modificando
la
reconsideración
sentencia,
sobre
la
orden dictada por el Juez Amorós Álvarez refiriendo el caso
al Juez Soler Aquino.
La moción de reconsideración había
sido acogida (considerada) y señalada para vista.
Ahora
bien, el que estuviera pendiente y acogida la moción de
reconsideración, no le impedía al tribunal de instancia, a
través de un juez debidamente designado para atender el
caso, reconsiderar motu proprio tácitamente sus actuaciones
anteriores y dejar sin efecto la vista señalada y atender
que
fueren
necesarias
para
resolver
el
el mandato de modificación en los méritos, según lo hizo el
Juez Soler Aquino.
Estamos de acuerdo con la mayoría en que “[e]l hecho de
que constitucionalmente se hayan eliminado las diferencias
jurisdiccionales
entre
los
distintos
componentes
del
Tribunal General de Justicia no significa que cada juez de
dicho
Tribunal
tiene
carta
blanca
para
ejercer
su
ministerio en cualquier caso.”
En resumen el problema en el caso de autos es uno de
administración,
no
de
competencia.
La
prerrogativa
constitucional de administrar los tribunales le corresponde
al Juez Presidente quien la puede ejercer directamente o
indirectamente
delegando
en
otras
personas.
Parte
importante de esta facultad de administrar es la de asignar
los
jueces
constituidas
a
las
por
distintas
demarcación
salas
que
territorial
han
y/o
quedado
materia
o
cuantía; y luego asignar a estas salas los casos que serán
atendidos por estos jueces.
Según indicamos anteriormente,
el Juez Presidente, puede además asignarle a cualquier juez
del sistema un caso en particular o algún incidente dentro
de un caso.
El Juez designado puede ser un Juez o Jueza
del Tribunal de Circuito o del tribunal de instancia, ya
fuere Juez Superior o Municipal, dependiendo del criterio
administrativo del Juez Presidente sobre las necesidades
del servicio que presta la Rama Judicial.
Los jueces sólo pueden actuar en aquellos casos que le
fueren
debidamente
pleito.
asignados.
La
norma
citada
por
el
Tribunal de Circuito de que el juez que preside un juicio
en el foro unipersonal de instancia debe participar hasta
el
final
resulta
en
el
ser
uno
caso
en
de
el
los
que
presidió
criterios
que
en
el
juicio,
aquellos
que
administran el sistema tomarán en consideración al asignar
los diferentes incidentes que se susciten en el mismo.
Por las razones antes expuestas entendemos que ni el
Juez Amorós Álvarez tenía facultad para referirle el caso
de
autos
al
Juez
Soler
Aquino,
ni
este
último
tenía
facultad para resolver el incidente de la modificación.
La
facultad constitucional de asignar el caso le correspondía
y sólo la podía ejercer el Juez Presidente. Esto lo podía
hacer directa o indirectamente.
En el caso de autos la
ejerció
el
indirectamente
cuando
Juez
Administrador
Regional, Centro Judicial de Humacao, asignó el incidente
de la modificación a la Sala Superior donde se desempeñaba,
previa
designación
oficial,
el
Juez
Álvarez.
Éste,
embargo,
sin
autorización
Presidente
sin
pretendió
ejercer
las
Superior
Amorós
del
Juez
prerrogativas
constitucionales del Juez Presidente, refiriéndole el caso
al Juez Soler Aquino para que éste atendiera el incidente
de la modificación en los méritos.
Esta actuación no tuvo
el efecto de facultar al Juez Soler Aquino a entender en el
caso nuevamente.
tiene
la
jueces,
a
Sin autorización previa de la persona que
prerrogativa
constitucional
de
asignar
casos
a
tenor
la
administrar
que
le
con
facultad
de
otorga la Constitución, el Juez Soler Aquino no tenía ni
facultad ni poder judicial para resolver el mandato del
Tribunal de Circuito sobre la modificación de la sentencia.
Cualquier
determinación
sobre
este
particular
resultaba
nula.
Miriam Naveira de Rodón
Jueza Asociada