LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

LUIS F. COSME, ETC. V. HOGAR CREA, COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE P.R. Y OTRO

2003 TSPR 38

Poder Judicial de Puerto Rico

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LUIS F. COSME, ETC. V. HOGAR CREA, COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE P.R. Y OTRO

CC-2001-0222

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis F. Cosme, etc.

Demandantes-Recurridos

Certiorari

v.

2003 TSPR 38

Hogar Crea, Cooperativa de Seguros

Múltiples de PR y Raúl Torres Morales

158 DPR ____

Demandados-Peticionarios

Número del Caso: CC-2001-222

Fecha: 11 de marzo de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Juez Ponente:

Hon. Rafael Martínez Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro R. Cintrón Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Israel Delgado Ramos

Lcda. Waleska Delgado Marrero

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso

de

compilación

y

publicación

oficial

de

las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis F. Cosme, Etc.

Demandantes-Recurridos

vs.

CC-2001-222

Certiorari

Hogar Crea, Cooperativa de

Seguros Múltiples de PR y

Raúl Torres Morales

Demandados-Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER

BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003.

Tenemos

juez

del

la

ocasión

Tribunal

de

para

resolver

Circuito

de

si

un

Apelaciones

puede intervenir en un caso pendiente ante el

foro

de

instancia

sentenciador

sólo

antes,

porque

cuando

fue

el

juez

era

parte

del

el

Tribunal

de

Tribunal de Primera Instancia.

I.

El

Primera

1

de

agosto

Instancia,

de

Sala

1997

Superior

de

Humacao,

dictó una sentencia mediante la cual declaró con

lugar la demanda por daños y perjuicios instada

por la familia Cosme Rivera (los demandantes)

contra el Hogar Crea, la Cooperativa de Seguros

Múltiples

y

otros

(los

CC-2001-222

3

peticionarios).

En

la

referida

sentencia

el

tribunal

le

impuso a los peticionarios la responsabilidad solidaria por

los daños causados durante un accidente de automóviles.1 De

dicha determinación acudieron ambas partes al Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Luego de consolidar los recursos,

el foro apelativo dictó una sentencia el 28 de junio de 1999

y resolvió devolver el caso al tribunal de instancia para

que:

(1)

determinara

y

concediera

correspondientes

bajo

Accidentes

Automóviles;

de

la

Ley

peticionarios

el

pago

temeridad,

(3)

celebrara

y

de

de

las

deducciones

Protección

(2)

le

Social

impusiera

por

a

los

honorarios

de

abogados

por

una

evidenciaria

para

vista

determinar una suma a serle concedida al menor perjudicado

en el accidente por concepto del menoscabo en su potencial

para

generar

ingresos.

Ambas

de

dictamen,

reconsideración

dicho

partes

por

solicitaron

lo

que

el

la

foro

apelativo modificó su sentencia, a los únicos fines de que

se determinara en el tribunal inferior la cuantía por el

referido

menoscabo

para

generar

ingresos

sin

que

se

celebrase una vista evidenciaria, y para deducir el propio

foro apelativo las cuantías correspondientes a lo dispuesto

en

la

Ley

de

Protección

Social

Automóviles.

En

la

sentencia

Circuito

Apelaciones

de

referida

también

por

señaló

Accidentes

de

el

Tribunal

de

motu

proprio

en

En dicho accidente él más afectado resultó ser el

hijo menor de edad de la familia Cosme Rivera quien sufrió

una desfiguración permanente en un lado de la cara y recibió

daños en uno de sus hombros.

1

CC-2001-222

cuanto

a

4

la

designación

de

un

juez

en

el

tribunal

de

instancia que:

Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento

del expediente del presente caso ante instancia,

sus pormenores y circunstancias como el Juez

Soler Aquino. Esto lo hace la persona idónea para

atender

los

diferentes

asuntos

que

hemos

expresado en la parte dispositiva de nuestra

sentencia por lo que preferiblemente, debe ser él

quien los atienda, salvo criterio en contrario.

Quedará a discreción del Juez Administrador del

referido foro designar a quien entienda para

atender nuestra sentencia.

De dicha determinación las partes no acudieron en revisión

ante este Tribunal.

Para aquel entonces el Juez Soler Aquino, quien había

atendido originalmente el caso de autos en el foro de

instancia,

Circuito

había

de

sido

nombrado

Apelaciones.

No

juez

del

Tribunal

de

obstante,

otro

juez

la

de

región judicial de Humacao refirió la aludida sentencia

del foro apelativo en este caso al Juez Soler Aquino para

que atendiese lo dispuesto allí. Ello, a pesar de que éste

no se desempeñaba ya como juez del foro de instancia. Los

demandantes se opusieron y solicitaron la reconsideración

de tal decisión. El juez que había referido el caso a

Soler Aquino señaló entonces una vista para dilucidar la

referida

controversia.

Sin

celebrara

tal

reconsideración,

vista

en

embargo,

antes

el

de

que

Juez

se

Soler

Aquino, haciendo las funciones de un juez del tribunal de

instancia,

atendió

el

mandato

del

foro

apelativo

y

procedió a dictar el 25 de enero de 2000 una resolución

que

modificaba

su

sentencia

anterior

conforme

a

lo

CC-2001-222

5

dispuesto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su

dictamen del 28 de junio de 1999.

Inconforme

con

la

resolución

de

Soler

Aquino,

los

peticionarios acudieron nuevamente al Tribunal de Circuito

de Apelaciones. Alegaron allí, inter alia, que el Juez Soler

Aquino

no

podía

atender

el

mandato

anterior

apelativo

hasta

tanto

se

resolviera

la

del

foro

moción

de

reconsideración sobre el particular que estaba pendiente en

el Tribunal de Primera Instancia.

Mediante una sentencia de 14 de febrero de 2001, el

Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó el referido

dictamen

de

Soler

Aquino.

Resolvió

que

el

Tribunal

de

Primera Instancia retuvo siempre la facultad de dejar sin

efecto la vista para discutir la moción de reconsideración

aludida y para resolver definitivamente el asunto como se

hizo. Determinó que el hecho de que hubiese sido otro juez

del

foro

de

instancia

quien

acogió

la

moción

de

reconsideración no había privado al Juez Soler Aquino de

su facultad como juez sentenciador en el caso para atender

lo ordenado por el foro apelativo y dictar el dictamen

correspondiente. Determinó así mismo que el nuevo dictamen

de Soler Aquino había hecho académica la pendiente moción

de reconsideración presentada por los demandantes. También

resolvió

que

no

procedía

intervenir

con

las

determinaciones sobre si procedía una compensación por el

menoscabo

para

generar

ingresos

y

una

partida

por

honorarios de abogado ya que éstas habían sido resueltas

CC-2001-222

6

anteriormente por otro panel del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, por lo que eran finales y firmes.

No

conformes

con

el

anterior

dictamen

del

foro

apelativo los peticionarios acudieron oportunamente ante

nos el 23 de marzo de 2001 y formularon los siguientes

señalamientos de error:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler

Aquino, éste juez de apelaciones al emitir

dicha sentencia sin tener jurisdicción ni

competencia para ello pues el tribunal de

instancia había considerado y señalado para

vista una moción de reconsideración dirigida a

impugnar la participación de dicho juez en el

caso.

2. Incidió el Tribunal de Apelaciones al avalar

basándose en la doctrina de la ley del caso, la

sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler

Aquino

que

concede

una

indemnización

de

$150,000 por supuesto menoscabo para generar

ingresos, habiendo ausencia de pruebas sobre

grado de incapacidad permanente alguna y,

asimismo, al condenar a la parte demandada al

pago de $12,000 por concepto de honorarios de

abogados cuya suma es excesiva dado que la aquí

peticionaria admitió su negligencia aunque la

negó en su contestación a la demanda.

El 20 de abril de 2001 expedimos el auto de certiorari

para revisar la sentencia dictada por el foro apelativo el

14 de febrero de 2001. El 4 de septiembre de 2001, luego de

concedérsele

presentaron

una

su

peticionarios

prórroga

alegato.

presentaron

para

El

el

4

de

ello,

los

diciembre

suyo,

luego

peticionarios

de

de

2001

los

habérseles

concedido una prórroga a ellos también. Con la comparecencia

de ambas partes, procedemos a resolver.

CC-2001-222

7

II

Como se sabe,

nuestro sistema judicial consiste de un

Tribunal General de Justicia al cual la Constitución y la

Ley de la Judicatura de 1994 le confieren el poder judicial

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico.

El

Tribunal

General de Justicia a su vez está integrado por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico, como máximo foro judicial del país,

el

Tribunal

de

Circuito

apelativo

intermedio,

Instancia.

El

Estado

de

y

por

Libre

Apelaciones,

el

como

tribunal

de

Primera

Tribunal

Asociado

de

Puerto

Rico

está

constituido en un solo distrito judicial, sobre el cual el

Tribunal

General

de

Justicia

ejerce

su

autoridad

jurisdiccional. Véase Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico-Derecho Procesal Civil, § 504

Michie de Puerto

Rico, (1997); Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada,

4 L.P.R.A. sec. 22c. Nuestra propia Constitución establece

que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema

judicial

unificado

en

lo

concerniente

a

jurisdicción,

funcionamiento y administración. Artículo V Sección 2 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Aunque

jurisdicción

nuestro

se

sistema

ejerce

judicial

concretamente

es

unificado,

la

distribuyendo

el

trabajo judicial entre los distintos tribunales y salas que

integran el Tribunal General de Justicia, de acuerdo con los

principios

normativos

de

competencia.

Véase,

Hernández

Colón, supra §505. La Ley de la Judicatura de 1994 según

enmendada, supra, establece la competencia de cada tribunal,

CC-2001-222

a

saber

8

la

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

la

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y la de éste Tribunal.

En el caso del Tribunal de Circuito de Apelaciones, su

competencia

aparece

establecida

de

modo

general

en

el

Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 según

enmendada,

supra.

El

artículo

4.001

de

la

referida

Ley

establece que el Tribunal Apelativo estará constituido por

una sola sección con sede en la ciudad de San Juan que se

compondrá

de

claramente

treinta

en

la

enmendada, supra,

que

componen

el

y

Ley

tres

de

jueces.

la

Aunque

Judicatura

se

de

establece

1994

según

la competencia de los paneles de jueces

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

el

Reglamento de dicho Tribunal señala que el Juez Presidente,

como

parte

asignar

de

jueces

sus

prerrogativas

apelativos

a

constitucionales,

llevar

a

cabo

puede

funciones

del

Tribunal de Primera Instancia. Véase, Regla 7 del Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

4

L.P.R.A.

Ap.

XXII-A R.7.

A la luz de la normativa antes reseñada pasamos a

examinar los hechos del caso de autos.

III

En esencia, en el caso de autos, un juez del Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

atendió

un

caso

que

le

fue

referido por el Tribunal de Primera Instancia y procedió a

enmendar una sentencia que dicho juez había dictado antes,

cuando era miembro del foro de instancia. El juez referido

CC-2001-222

9

actuó así a pesar de estar pendiente ante el Tribunal de

Primera Instancia una moción de reconsideración mediante la

cual

se

impugnaba

precisamente

la

nueva

intervención

de

dicho juez en el caso. En su dictamen impugnado ante nos, el

Tribunal

de

Circuito

proceder

del

juez

de

Apelaciones

referido

había

consideró

sido

válido.

que

tal

El

foro

apelativo hizo hincapié en una nota al calce de su sentencia

en que el juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones en

cuestión no había intervenido “en un caso en el Tribunal de

Primera Instancia” sino que sólo había seguido “la práctica

establecida

en

esta

jurisdicción

unificada

de

participar

hasta el final en los casos en los que él presidió el juicio

en el Tribunal de Primera Instancia.” Erró el foro apelativo

al resolver así. Veamos.

Nótese, en primer lugar, que el mero hecho de que el

juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro de

instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en el

caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar a

cabo

la

modificación

referida

cuando

dicho

juez

ya

no

pertenecía al Tribunal de Primera Instancia. El foro con

competencia para realizar la modificación de la sentencia

aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia del

cual el juez en cuestión no formaba parte ya. Ausente una

designación

expresa

para

tal

fin

de

parte

del

Juez

Presidente del Tribunal Supremo, el Juez Soler Aquino estaba

impedido de participar de nuevo en el caso como si aún fuese

un juez del foro de instancia. Sencillamente, ya no era juez

CC-2001-222

10

de ese foro. Su segunda intervención en el caso de autos

fue, pues, totalmente carente de la autorización necesaria

para ello. Si bien es cierto que Puerto Rico constituye un

solo distrito judicial para fines jurisdiccionales, existen

también

normas

claras

que

delimitan

las

distintas

competencias que tienen los varios foros y salas judiciales

del

país,

sin

las

cuales

el

funcionamiento

del

Tribunal

General de Justicia sería caótico e incoherente. El hecho de

que constitucionalmente se hayan eliminado las diferencias

jurisdiccionales

entre

los

distintos

componentes

del

Tribunal General de Justicia2, no significa de ningún modo

que cada juez de dicho Tribunal tiene carta blanca para

ejercer su ministerio en cualquier caso. El Tribunal General

de

Justicia

de

Puerto

Rico

tiene

un

entramado

propio,

conforme al cual unos foros ejercen una competencia general

en

casos

de

primera

instancia,

Rodríguez

v.

Registrador,

supra, y otros tienen una competencia apelativa, Depto. de

la

Familia

v.

Shrivers

Otero,

145

división

de

funciones

es

expedito

y

congruente

del

Tribunal

General

Tribunal

Superior,

97

Véase,

Colón

v.

esencial

D.P.R.

para

el

(1998).

Esta

funcionamiento

de

D.P.R.

Justicia.

106,

118

(1969). Por ello, la competencia propia de cada estrato del

sistema judicial de Puerto Rico de ordinario debe observarse

rigurosamente

2

como

condición

para

que

el

sistema

pueda

Véase, Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350

(1987); Ramírez v. Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Gómez

Hmos. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625 (1972); Pueblo v.

Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961); Rodríguez v.

Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953).

CC-2001-222

funcionar

11

cabalmente.

Los

cambios

en

las

tareas

que

de

ordinario le competen a cada juez sólo los puede ordenar el

Juez Presidente del Tribunal Supremo mediante designaciones

especiales

cuando

las

necesidades

y

la

buena

marcha

del

sistema lo requieran.3 En el caso de autos, el señor Juez

Presidente no le extendió designación alguna al Juez Soler

Aquino para actuar judicialmente como lo hizo.

Existe una segunda razón por la cual no procedía la

acción en cuestión del Juez Soler Aquino en el caso de

autos. Cuando éste intervino por segunda ocasión, estaba

pendiente

ante

el

foro

de

instancia

una

moción

de

reconsideración relativa precisamente al asunto de si era

procedente la nueva intervención de dicho juez en este

caso. Esa moción había sido acogida ya por el Tribunal de

Primera

Instancia

y

se

había

señalado

una

vista

para

dilucidarla. En esas circunstancias, el Juez Soler Aquino

debió esperar porque se resolviese la referida moción de

reconsideración antes de actuar.

Como se sabe, la moción que establece la Regla 47 de

Procedimiento

Civil

de

Puerto

Rico

es

el

mecanismo

que

provee nuestro ordenamiento procesal para que un tribunal de

instancia

pueda

principal

de

3

modificar

una

moción

algún

de

fallo

suyo.

El

objetivo

reconsideración

es

dar

una

Claro está, en el Tribunal de Primera Instancia pueden

obviarse los límites que establecen las normas sobre la

competencia de las distintas salas y secciones de ese

Tribunal si las partes y el juez correspondiente lo

consienten. Véase, Polanco v. Tribunal Superior, supra;

Ramírez v. Registrador, supra; Pueblo v. De Jesús Gómez, 100

D.P.R. 629 (1972); Ramírez v. Ramírez, 80 D.P.R. 518 (1958).

CC-2001-222

12

oportunidad

al

resolución

cuya

tribunal

que

reconsideración

dictó

la

se

pide,

sentencia

o

para

pueda

que

la

enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al

dictarla. Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc. res. el

22 de septiembre de 1999, 149 D.P.R___, 99 TSPR 143, 99 JTS

147; Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998). Los tribunales

de instancia, pues, tienen la facultad de enmendar o dejar

sin efecto algún dictamen suyo cuando éste no es final y

firme, y lo hacen de ordinario movidos por alguna moción de

reconsideración presentada a tiempo por la parte perjudicada

por dicho dictamen. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113

D.P.R. 406 (1982). El mecanismo de reconsideración es de tal

envergadura en nuestro ordenamiento procesal que una vez el

foro de instancia acoge la moción de reconsideración, se

interrumpe

el

término

para

apelar

o

para

procurar

la

revisión del dictamen en cuestión. Soc. de Gananciales v.

Sánchez, 148 D.P.R. ___, 99 TSPR 76, 99 JTS 82; Rodríguez

Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980). Se

estima que no debe procederse a la apelación o revisión del

fallo

bajo

reconsideración

definitivamente.

Por

hasta

razones

tanto

análogas,

esta

no

se

debió

resuelva

el

Juez

Soler Aquino precipitarse a intervenir por segunda vez en el

caso

de

autos

reconsideración

estando

sobre

tal

pendiente

una

moción

de

intervención

que

había

sido

acogida por el foro de instancia. Erró el foro apelativo al

resolver de otro modo. Aplica aquí lo que dijimos en otro

contexto

al

examinar

una

controversia

relativa

a

la

CC-2001-222

13

distribución de los asuntos litigiosos en los tribunales del

país:

“La norma generalmente aceptable de que

cuando

un

tribunal

asume

jurisdicción

primeramente sobre un asunto debe retenerla,

norma ésta que se origina con la existencia de

tribunales distintos y que no resulta ser

enteramente aplicable a la organización judicial

que nos rige de un solo tribunal unificado en

jurisdicción, no debe prevalecer en una situación

como la presente sobre la norma de mayor

propiedad,

ponderación

y

buen

juicio

del

magistrado

en

el

descargo

de

la

función

judicial.” Colón v. Tribunal Superior, supra,

pág. 122.

En conclusión, el Juez Soler Aquino no debió atender lo

ordenado el 28 de junio de 1999 en el caso de autos por el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

estando

acogida

y

pendiente una moción de reconsideración sobre el particular

en el foro de instancia. Más importante aun, como juez del

Tribunal de Circuito de Apelaciones al momento en que le fue

referido

el

funciones

que

caso,

Soler

no

fuesen

Aquino

no

de

competencia

la

podía

ejercer

del

otras

tribunal

apelativo a menos que el Juez Presidente, como parte de sus

prerrogativas

constitucionales,

se

las

hubiese

asignado

según lo dispone el Reglamento de dicho foro. Por ende,

habiendo

cesado

en

sus

funciones

como

juez

del

foro

de

instancia, no podía actuar como tal de nuevo en el caso de

autos aun cuando hubiese sido el juez que entendió en éste

en el foro de instancia originalmente.4

4

En vista de que resolvemos que el Juez Soler Aquino no

podía volver a intervenir en el caso de autos como lo hizo,

y a que ordenamos dejar sin efecto su resolución del 25 de

enero de 2000, no procede considerar el segundo error

CC-2001-222

Por

14

los

fundamentos

antes

expuestos,

procede

que

se

dicte sentencia para revocar el dictamen de 14 de febrero de

2001

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

Procede

también que se deje sin efecto el dictamen del Juez Soler

Aquino del 25 de enero de 2000 en el caso de autos, y que se

devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúen los procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.

Se dictará una sentencia de conformidad.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

señalado por los peticionarios, que va a los méritos de lo

resuelto por Soler Aquino mediante dicha resolución.

CC-2001-222

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis F. Cosme, Etc.

Demandantes-Recurridos

vs.

CC-2001-222

Certiorari

Hogar Crea, Cooperativa de

Seguros Múltiples de PR y

Raúl Torres Morales

Demandados-Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se revoca el

dictamen de 14 de febrero de 2001 del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI

de Humacao.

Se deja sin efecto el dictamen del Juez

Carlos Soler Aquino del 25 de enero de 2000 en

el caso de autos, y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao, para que continúen los procedimientos a

tenor con lo aquí resuelto.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón

emitió Opinión de Conformidad, a la cual se une

el Juez Asociado señor Corrada del Río. El Juez

Asociado

señor

Rivera

Pérez

disiente

sin

opinión.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2001-222

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis F. Cosme, etc.

Recurridos

v.

CC-2001-222

Hogar Crea y otros

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora

Naveira de Rodón a la cual se une el Juez Asociado señor

Corrada del Río.

San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003

Este

caso

entrelazan

y

competencia,

permite

funcionan

analizar

como

se

conceptos

de

funcionamiento

y

los

jurisdicción,

administración

unificado.

nos

en

nuestro

sistema

Aunque

estamos

conformes

judicial

con

la

Opinión que hoy emite la mayoría, consideramos

conveniente

explicar

con

mayor

detalle

la

aplicación de estos conceptos procesales.

A

continuación

pertinentes

a

la

resumiremos

los

controversia

que

encuentra ante nuestra atención.

hechos

hoy

se

I.

LOS HECHOS

El 20 de julio de 1994, Luis F. Cosme, Madeline Rivera

y la sociedad de bienes gananciales compuesta por éstos y en

representación de sus hijos menores de edad Jorge Andrés y

Luis Fernando Cosme Rivera5 (en adelante Cosme) presentaron

una

demanda

contra

Seguros

Múltiples

Morales

(en

perjuicios

los

de

Puerto

adelante

sufridos

automovilístico.

Hogares

Rico

Hogares

como

Crea,

y

la

el

Crea)

Cooperativa

Sr.

Raúl

de

Torres

por

los

daños

de

un

accidente

consecuencia

y

La demanda se presentó en el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao y el caso se vio

ante el entonces Juez Superior, Hon. Carlos Soler Aquino.

El 1 de agosto de 1997 el Juez Soler Aquino dictó

sentencia declarando con lugar la demanda.

La sentencia

fue oportunamente apelada ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito), tanto por

la parte demandante como por la parte demandada.

El 28 de

junio

sentencia

de

1999

el

Tribunal

de

Circuito

dictó

mediante la cual remitió el caso al foro de instancia para

que éste determinase y concediese el monto correspondiente

a las deducciones que se exigen por la Ley de Protección

Social

por

Accidentes

de

Automóviles;

le

impusiese

honorarios de abogado por temeridad a los demandados; y

celebrase “una vista evidenciaria para determinar la suma a

serle concedida a Jorge Andrés por concepto de menoscabo en

su potencial de generar ingresos.”

5

En cuanto a los demás

También se incluyó como demandante a Eugenia Santana

Negrón, abuela paterna de los menores Jorge Andrés y Luis

Fernando Cosme Rivera.

aspectos confirmó la sentencia recurrida.6

tanto

los

demandantes

reconsideración.

emitió

una

como

los

Oportunamente,

demandados

solicitaron

El 29 de octubre el Tribunal de Circuito

resolución

mediante

la

cual

reconsideró

la

sentencia que había emitido, a los únicos fines de indicar

que el tribunal de instancia no tenía que celebrar vista

evidenciaria para determinar la suma a serle concedida al

demandante Jorge Andrés por concepto del menoscabo en su

potencial de generar ingresos.

Además, redujo varias de

las cuantías concedidas por daños.

En la segunda página de esta Resolución el Tribunal de

Circuito hizo constar lo siguiente:

Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento

del expediente del presente caso ante instancia,

sus pormenores y circunstancias como el Juez

Soler Aquino.

Esto lo hace la persona idónea

para atender los diferentes asuntos que hemos

expresado en la parte dispositiva de nuestra

sentencia por lo que, preferiblemente, debe ser

él

quien

los

atienda,

salvo

criterio

en

contrario.

Quedará a discreción del Juez

Administrador del referido foro designar a quien

entienda

para

atender

nuestra

sentencia.

(Énfasis suplido.)

Así las cosas, el caso fue devuelto al Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, donde se le

asignó al Juez Superior Luis A. Amorós Álvarez.

El 30 de

noviembre de 1999, éste emitió la siguiente orden:

Se refiere a la atención del propio Juez Soler

Aquino por considerarlo de su competencia ya que

fue él el que entendió en el caso.

Copia de esta orden se le remitió al Juez Soler Aquino

quien

6

para

ese

entonces

había

sido

nombrado

Juez

del

Esta sentencia fue notificada el 1 de julio de 1999.

Tribunal de Circuito y fungía como tal.

Sin embargo, no se

le envió el expediente del caso ni hubo una designación por

parte

del

Juez

indirectamente,

Presidente,

del

Juez

nuevamente en el caso.

Superior

de

ya

Soler

fuere

Aquino

directa

para

o

entender

El expediente permaneció en la Sala

Humacao

donde

originalmente

el

Juez

Administrador le había asignado el caso al Juez Superior

Amorós

Álvarez.

El

29

de

diciembre

de

1999

la

parte

demandante presentó una moción mediante la cual solicitó se

reconsiderase la orden de referir el caso al Juez Soler

Aquino y se determinase lo que se estimase apropiado en

justicia.

A esta solicitud la parte demandada se opuso y a

su vez solicitó se remitiese el expediente del caso al Juez

Soler Aquino.

Nada comentó sobre la falta de designación

oficial, por el Juez Presidente o un delegado suyo, del

Juez Soler Aquino para entender nuevamente en el caso a

nivel del foro de instancia.

El 13 de enero de 2000 el tribunal de instancia por

voz

del

Juez

Amorós

Álvarez

señaló

la

moción

de

reconsideración y la oposición a la misma para vista que se

celebraría el 23 de marzo de 2000.

notificó el 27 de enero de 2000.

que

las

señalando

mociones

para

Soler Aquino.

Resolución

antes

vista

se

Del expediente no surge

mencionadas

le

Esta resolución se

hubiesen

y

la

Resolución

notificado

al

Juez

Dos días antes de la notificación de la

señalando

para

vista

la

moción

de

reconsideración, o sea, el 25 de enero de 2000, el Juez

Soler Aquino, actuando como juez de instancia en el caso,

emitió una resolución mediante la cual determinó que “el

menoscabo del potencial de Jorge Andrés de generar ingresos

[era] de $150,000.00” y condenó a la parte demandada a

pagar $12,000.00 en honorarios de abogado.

se notificó el 9 de febrero de 2000.

Esta Resolución

El 2 de marzo de 2000

la parte demandada recurrió ante el Tribunal de Circuito

planteando la comisión de dos errores:

1. Erró el Hon. Carlos Soler Aquino, Juez de

apelaciones,

al

emitir,

sin

jurisdicción

ni

competencia, una resolución en el tribunal de

instancia, estando sujeta aún de decisión, una

moción de reconsideración por instancia y señalada

para vista.

2. En la alternativa, incidió el Hon. Carlos

Soler

Aquino

[al]

evaluar

en

la

suma

de

$150,000.00 el menoscabo para generar ingresos

habiendo ausencia de pruebas sobre [el] grado de

incapacidad

permanente

alguna

y,

asimismo

condenar a la parte demandada al pago de

$12,000.00

por

concepto

de

honorarios

de

abogados, cuya suma es excesiva.

El

emitió

14

de

febrero

sentencia

apelado.

de

mediante

2001

la

el

Tribunal

de

Circuito

cual

confirmó

el

dictamen

En cuanto a si el Juez Soler Aquino podía o no

actuar como juez de instancia bajo las circunstancias de

este caso, el Tribunal de Circuito determinó que no tenía

que entrar a resolver este planteamiento, pues este error

había sido renunciado.

Entendió, entre otras cosas, que el

tribunal

de

instancia

tenía

asunto

que

le

referido

fue

facultad

al

para

Juez

resolver

Soler

el

Aquino,

independientemente de que hubiese un previo señalamiento de

la moción de reconsideración, ya que se trataba de un solo

tribunal, el Tribunal de Primera Instancia, aunque fueran

jueces

distintos

los

que

emitieran

cada

una

de

las

resoluciones en el mismo caso. Consideró el Tribunal de

Circuito que una vez el Juez Soler Aquino resolvió el caso

en

los

méritos

convirtió

en

académica

la

moción

de

reconsideración sobre la orden refiriéndole el caso que se

encontraba pendiente ante el Juez Amorós Álvarez.

Con

relación

al

planteamiento

tribunal

apelativo

confirmó

en

su

en

los

totalidad

méritos,

el

el

dictamen

emitido por el Juez Soler Aquino.

El 23 de marzo de 2001 la parte demandada presentó

ante nosotros recurso de certiorari planteando los mismos

errores que había traído ante la consideración del Tribunal

de Circuito.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

II. EL PODER

TRIBUNALES

JUDICIAL

Y

LA

ADMINISTRACIÓN

DE

LOS

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico dispone en su Artículo V, Sección 1, que el Poder

Judicial de Puerto Rico se ejercerá por el Tribunal Supremo

y

por

siendo

aquellos

el

otros

tribunales

que

Tribunal

Supremo

el

constitucional.

se

creen

por

ley,

único

tribunal

Por ley se han creado, el Tribunal de

Circuito, un tribunal apelativo intermedio pluripersonal o

sea, colegiado, con competencia primordialmente apelativa,

Art. 4.002 Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,

según

enmendada,

Plan

de

Reorganización

de

la

Rama

Judicial, Núm. 1, 28 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22k,

y

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

un

tribunal

unipersonal, con competencia general en casos en primera

instancia.7

Arts. 5.001 y 5,003, Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994, supra.

Dentro del Tribunal de Primera

Instancia operan los Jueces Superiores cuya competencia en

primera instancia es una general y los Jueces Municipales,

que tienen una competencia limitada.

Ley de la Judicatura

de Puerto Rico de 1994, supra; Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Cap. 5,

Secs. 501 y 502, pág. 34, Michie, 1997.

En nuestro sistema judicial, el juez es “la persona

constituida con autoridad pública para administrar justicia

el que ejerce la jurisdicción con arreglo a las leyes,

conociendo y dirigiendo el procedimiento de causas civiles

y

criminales

y

dictando

estime procedentes.”

702,

pág.

59.

sobre

ellas

las

sentencias

que

Hernández Colón, supra, Cap.7, Sec.

Claro

está,

la

ordenada

y

eficiente

administración del sistema judicial requiere que un juez

actúe

sólo

en

aquellos

casos

que

le

sean

asignados

o

sometidos a su consideración, directa o indirectamente, por

el

Juez

Presidente

Constitución

ha

que

es

delegado

la

la

persona

en

administración

quien

la

de

los

tribunales. Art. V, Sec. 7, de la Constitución.

La Sección 2 del Artículo V de la Constitución dispone

que

“[l]os

sistema

tribunales

judicial

de

Puerto

unificado

en

Rico

constituirán

un

lo

concerniente

a

jurisdicción, funcionamiento y administración.”

7

En otras

La Sección 2 del Artículo V de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[l]a

Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con

esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con

palabras, Puerto Rico constitucionalmente está constituido

en un solo distrito judicial.

“La Asamblea Legislativa no

puede

unidad

variar

el

principio

de

jurisdiccional

del

sistema.”

Lausell Ducós v A.C.A.A., 111 D.P.R. 593, 595-

596 (1981).

“[L]a Constitución restringió el poder de la

Asamblea

Legislativa

a

determinar

D.P.R.

541,

548

(1985).

tribunal

unificado,

el

Supremo,

Hon.

Trías

José

Con

Ex-Juez

competencia

de

los

Ramírez v Registrador,

tribunales, no su jurisdicción.”

116

la

Presidente

Monge,

al

concepto

del

Tribunal

relación

expresó

lo

siguiente:

“Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier

parte

del

causa.

sistema

tiene

jurisdicción

para

resolver

una

El volumen de trabajo, no obstante se distribuye

mediante reglas flexibles de competencia.”

Trías Monge,

José, Sistema Judicial de Puerto Rico, Cap. XII, sec. 6,

pág. 136, Editorial Universitaria, P.R., 1978.

La

Comisión

de

la

Rama

Judicial

de

la

Convención

Constituyente en el Informe que rindió a la Convención,

expresó

que

recomendaba

la

creación

unificado

para

asegurar,

entre

otras

eliminarían

los

problemas

técnicos

de

un

cosas,

tribunal

que

se

jurisdiccionales

que

plagaban al sistema y dificultaban la obtención de justicia

en los tribunales.

Entendía la Comisión que la unificación

en la administración aseguraría el logro de los siguientes

objetivos: (1) mayor eficiencia en el ejercicio del poder

judicial; (2) una distribución equitativa del trabajo de

las cortes, lo que permitiría que hubiera una mayor rapidez

excepción

del

Tribunal

Supremo,

y

determinará

su

en los procedimientos judiciales evitando así la congestión

de la resolución de las causas que se encuentran pendientes

en

los

tribunales:

y

(3)

una

mayor

administración de la justicia.

Convención

Constituyente

de

flexibilidad

en

la

Diario de Sesiones de la

Puerto

Rico,

Tomo

4,

28

de

noviembre de 1951, pág. 2613, Edición 1961.

La jurisdicción de un tribunal es la facultad que éste

tiene para decidir un caso o incidente dentro de un caso.

Esta facultad la ejerce el tribunal a través de un juez.

De

otra

parte,

competencia

la

son

las

normas

preestablecidas mediante ley o reglamento que regulan la

ordenada tramitación de los casos o asuntos a través de los

tribunales y/o de las diferentes Salas de un tribunal. La

Regla 3 de Procedimiento, establece las normas o criterios

generales para determinar la competencia de las diferentes

salas

del

tribunal

competencia

propiedad

de

territorial

inmueble;

instancia.

en

sitio

los

donde

pleitos

se

Por

ejemplo,

la

que

afecten

una

la

de

originó

causa

acción; la residencia de las partes; y la cuantía envuelta.

También hay otros estatutos y normas administrativas que

determinan

la

competencia

de

un

tribunal

a

base

de

la

materia de que se trate el caso y pueden haber estatutos o

reglas especiales que designen una sala en particular para

atender un tipo particular de caso.

La competencia es

pues, la forma en que se ejerce la jurisdicción de los

tribunales

distribuyendo

el

competencia y organización.”

trabajo

judicial

entre

los

distintos

tribunales

y

salas.

Hernández

Colón,

supra,

Cap.5, Sec. 505, pág. 36.

En nuestro sistema unificado, hay un solo Tribunal de

Primera

Instancia

que

a

su

vez

está

dividido

territorialmente en salas, las cuales también podrán estar

divididas por materia y/o cuantía.

Si una parte presenta

un caso en una sala que no tiene competencia para verlo, el

tribunal

motu

competencia,

proprio

la

otra

puede

trasladarlo

parte

también

a

la

tiene

sala

con

derecho

a

solicitar el traslado del caso a un foro competente.

Salvo

las excepciones prescritas por ley o reglamento, si una

parte presenta su caso en una sala con competencia, tiene

derecho a que sea allí donde se vea el mismo.

Ahora bien,

“no

de

se

desestimará

sometido

a

una

ningún

sala

sin

caso

por

razón

competencia.”

haberse

Regla

3.1

de

Procedimiento Civil.

Sin embargo, lo antes expuesto no significa que una

parte tienen derecho a que un juez en particular sea el que

vea su caso.

Es el Juez Presidente o la persona o personas

en quien éste delegue, el que distribuye la carga judicial

entre

los

asignando

a

distintos

jueces

componentes

cada

una

en

juez

sala

del

particular

sistema,

y

asignando los casos que se verán en esa sala.

puede

optar

por

asignarle

un

caso

o

un

luego

También

incidente

particular dentro de un caso a un juez determinado.

en

Esto,

por ejemplo, ocurre usualmente en los caso de litigación

múltiple o litigación compleja. Vives Vázquez v E.L.A., 142

D.P.R.

117

(1996).

Un

juez,

salvo

delegación

o

autorización

expresa

del

Juez

Presidente,

no

tiene

autoridad o facultad para asignarle o referirle un caso o

un incidente dentro de un caso a otro juez.

Un juez sólo

puede ejercer su autoridad judicial en los casos que le han

sido

asignados,

directa

o

indirectamente,

por

el

Juez

Presidente.

La Sección 7, del Artículo V de la Constitución le

concede

la

facultad

administración

de

Tribunal Supremo.

los

constitucional

tribunales

al

de

Juez

dirigir

la

Presidente

del

También le da facultad para nombrar un

director o directora administrativo(a).

Según expresáramos

anteriormente, el Juez Presidente puede delegar su facultad

de administrar en otros funcionarios, como por ejemplo, en

la Directora Administrativa de los Tribunales, los Jueces o

Juezas Administradores y Subadministradores, entre otros.

Dicha Sección a su vez le concede al Tribunal Supremo la

facultad de adoptar reglas para la administración de los

tribunales.

En el Informe de la Comisión de la Rama Judicial de la

Convención

Constituyente

con

relación

al

término

“administración” se hizo constar que según éste se utiliza

en la Sección 7, “comprende, sin que se entiendan excluidas

otras similares y análogas, las siguientes funciones: “(6)

Asignar

y

trasladar

jueces”

[supervisar] en los tribunales.”

y

“(8)

superentender

Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente de Puerto Rico, supra, pág. 2613.

El

juez

es

el

que

ejercerá

el

poder

judicial

y

resolverá los casos y asuntos que se presenten ante los

tribunales, pero para poder ejercer este poder tiene que

haber una previa designación o asignación directa del Juez

Presidente o de la persona en quien éste delegue. Véase,

Regla 3 Reglas de Administración.

Todo esto se hace en

cumplimiento del mandato constitucional que le concede al

Juez(a)

Presidente(a)

la

autoridad

para

administrar

el

sistema judicial.

El Juez Presidente asignará a un juez a atender una

Sala en el tribunal de instancia, y éste será el juez que

entienda y resuelva los casos y asuntos que sean asignados

a esa Sala.

ser

Cualquier cambio de sala o de juez tendrá que

autorizado

Presidente

por

para

administrativas.

competencia,

sino

la

persona

designada

por

el

ejercer

estas

facultades

y

funciones

No

estamos

ante

un

problema

de

administración.

Se

trata

la

de

Juez

de

distribución de la carga de trabajo entre los componentes

del sistema judicial.

La Constitución le ha asignado la

facultad de administrar al Juez(a) Presidente(a), y salvo

delegación expresa por parte de éste, cualquier intento de

ejercerlo carece de validez.

III. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO A LOS HECHOS

En su opinión la mayoría expresa “que el mero hecho de

que el juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro

de instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en

el caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar

a cabo la modificación referida cuando dicho juez ya no

pertenecía al Tribunal de Primera Instancia.”8

Explicamos.

Realmente,

Aquino

pudiese

la

razón

intervenir

para

en

que

el

el

caso

Juez

en

Soler

esta

etapa

de

no

los

procedimientos, no era el hecho de que ya no pertenecía al

Tribunal de Primera Instancia, sino porque no se le había

asignado dicho caso por el Juez Presidente o alguna persona

designada por él.

Aunque el Juez Soler Aquino hubiese

continuado siendo juez de instancia, no podía intervenir en

el caso nuevamente sin la antes mencionada asignación o

autorización.

El Juez Amorós Álvarez no tenía la autoridad

para asignar y referir el caso a juez alguno.

La autoridad

para asignar el caso a un juez de instancia había sido

delegada

por

el

Juez

Presidente

al

Juez

Administrador

Regional de Humacao.

Continúa

exponiendo

la

mayoría

que

“[e]l

foro

con

competencia para realizar la modificación de la sentencia

aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia

del cual el juez en cuestión [Soler Aquino] no formaba

parte ya.

Juez

Ausente una designación expresa para tal fin del

Presidente

del

Tribunal

Supremo

estaba

impedido

de

participar de nuevo en el caso como si aún fuese un juez

8

Sobre este particular, la Regla 64 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone:

Si por razón de muerte, enfermedad, o por

cualquier otra razón, un juez no pudiere

continuar entendiendo en un asunto, otro

juez podrá actuar en su lugar; pero si

éste se convenciere de que no puede

desempeñar

dichos

deberes,

sin

la

celebración de un nuevo juicio sobre todos

o parte de los hechos o sin oír nuevamente

a algún testigo, podrá tomar las medidas

del foro de instancia.

ese foro.

Sencillamente, ya no era juez de

Su segunda intervención en el caso de autos fue,

pues, totalmente carente de la autorización necesaria para

ello.”

antes

Aunque coincidimos con la conclusión de la mayoría

citada,

consideramos

prudente

abundar

un

poco

más

sobre la misma y así despejar cualquier duda al respecto.

Así pues, no se trata de una falta de competencia, ya que

el

tribunal

competente

era

precisamente

el

Tribunal

de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, el mismo que

resolvió

finalmente

el

Tribunal de Circuito.

caso

atendiendo

el

mandato

del

El problema era que el juez que

pretendió atender el mandato del Tribunal de Circuito de

modificación

de

la

sentencia,

el

Juez

Soler

Aquino,

no

tenía facultad para ello, pues ni el Juez Presidente ni una

persona delegada por éste le habían asignado el caso para

que atendiera este incidente.

Cabe destacar que la mayoría

hace hincapié en el hecho procesal de que cuando el Juez

Soler

Aquino

resolvió

había

pendiente

una

el

caso

moción

de

modificando

la

reconsideración

sentencia,

sobre

la

orden dictada por el Juez Amorós Álvarez refiriendo el caso

al Juez Soler Aquino.

La moción de reconsideración había

sido acogida (considerada) y señalada para vista.

Ahora

bien, el que estuviera pendiente y acogida la moción de

reconsideración, no le impedía al tribunal de instancia, a

través de un juez debidamente designado para atender el

caso, reconsiderar motu proprio tácitamente sus actuaciones

anteriores y dejar sin efecto la vista señalada y atender

que

fueren

necesarias

para

resolver

el

el mandato de modificación en los méritos, según lo hizo el

Juez Soler Aquino.

Estamos de acuerdo con la mayoría en que “[e]l hecho de

que constitucionalmente se hayan eliminado las diferencias

jurisdiccionales

entre

los

distintos

componentes

del

Tribunal General de Justicia no significa que cada juez de

dicho

Tribunal

tiene

carta

blanca

para

ejercer

su

ministerio en cualquier caso.”

En resumen el problema en el caso de autos es uno de

administración,

no

de

competencia.

La

prerrogativa

constitucional de administrar los tribunales le corresponde

al Juez Presidente quien la puede ejercer directamente o

indirectamente

delegando

en

otras

personas.

Parte

importante de esta facultad de administrar es la de asignar

los

jueces

constituidas

a

las

por

distintas

demarcación

salas

que

territorial

han

y/o

quedado

materia

o

cuantía; y luego asignar a estas salas los casos que serán

atendidos por estos jueces.

Según indicamos anteriormente,

el Juez Presidente, puede además asignarle a cualquier juez

del sistema un caso en particular o algún incidente dentro

de un caso.

El Juez designado puede ser un Juez o Jueza

del Tribunal de Circuito o del tribunal de instancia, ya

fuere Juez Superior o Municipal, dependiendo del criterio

administrativo del Juez Presidente sobre las necesidades

del servicio que presta la Rama Judicial.

Los jueces sólo pueden actuar en aquellos casos que le

fueren

debidamente

pleito.

asignados.

La

norma

citada

por

el

Tribunal de Circuito de que el juez que preside un juicio

en el foro unipersonal de instancia debe participar hasta

el

final

resulta

en

el

ser

uno

caso

en

de

el

los

que

presidió

criterios

que

en

el

juicio,

aquellos

que

administran el sistema tomarán en consideración al asignar

los diferentes incidentes que se susciten en el mismo.

Por las razones antes expuestas entendemos que ni el

Juez Amorós Álvarez tenía facultad para referirle el caso

de

autos

al

Juez

Soler

Aquino,

ni

este

último

tenía

facultad para resolver el incidente de la modificación.

La

facultad constitucional de asignar el caso le correspondía

y sólo la podía ejercer el Juez Presidente. Esto lo podía

hacer directa o indirectamente.

En el caso de autos la

ejerció

el

indirectamente

cuando

Juez

Administrador

Regional, Centro Judicial de Humacao, asignó el incidente

de la modificación a la Sala Superior donde se desempeñaba,

previa

designación

oficial,

el

Juez

Álvarez.

Éste,

embargo,

sin

autorización

Presidente

sin

pretendió

ejercer

las

Superior

Amorós

del

Juez

prerrogativas

constitucionales del Juez Presidente, refiriéndole el caso

al Juez Soler Aquino para que éste atendiera el incidente

de la modificación en los méritos.

Esta actuación no tuvo

el efecto de facultar al Juez Soler Aquino a entender en el

caso nuevamente.

tiene

la

jueces,

a

Sin autorización previa de la persona que

prerrogativa

constitucional

de

asignar

casos

a

tenor

la

administrar

que

le

con

facultad

de

otorga la Constitución, el Juez Soler Aquino no tenía ni

facultad ni poder judicial para resolver el mandato del

Tribunal de Circuito sobre la modificación de la sentencia.

Cualquier

determinación

sobre

este

particular

resultaba

nula.

Miriam Naveira de Rodón

Jueza Asociada