Tribunal Supremo de Puerto Rico
E.L.A. DE P.R. V. P.M.C. MARKETING CORP. H/N/C; FARMACIAS EL AMAL, ET AL.
2004 TSPR 201
Poder Judicial de Puerto Rico
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E.L.A. DE P.R. V. P.M.C. MARKETING CORP. H/N/C; FARMACIAS EL AMAL, ET AL.
CC-2002-0741
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2004 TSPR 201
P.M.C. Marketing Corp. H/N/C
Farmacias El Amal, et al.
163 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2002-741
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional V
Juez Ponente:
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Diana Azizi de Arbona
Oficina del Procurador General:
Lcda. Laura Lis López Roche
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Revisión Administrativa
Asuntos del Consumidor
procedente
del
Departamento
de
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
2
CC-2002-741
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-2002-741
CERTIORARI
P.M.C. Marketing Corp. H/N/C
Farmacias El Amal, et al.
Peticionarios
OPINIÓN DEL
REBOLLO LÓPEZ
TRIBUNAL
EMITIDA
POR
EL
JUEZ
ASOCIADO
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2004
Los días 16 y 18 de septiembre de 1998, el
Departamento de Justicia radicó diecinueve (19)
querellas
ante
el
Departamento
de
Asuntos
del
Consumidor (en adelante D.A.C.O.) contra P.M.C.
Marketing Corp. H/N/C Farmacias El Amal y Saleh
Yassin,
Aida
Yassin
y
Mohammad
Yassin
en
su
carácter personal y como directivos y oficiales
de la corporación antes mencionada (en adelante
PMC Marketing).
En las mismas, el Departamento de Justicia
alegó
que,
durante
varios
domingos
y
días
feriados entre el 19 de noviembre de 1994 y el 17
de agosto de 1997, y en otra ocasión, el 2 de
noviembre de 1997, varios agentes del Negociado
3
CC-2002-741
de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia
compraron ciertos artículos en las Farmacias El Amal cuya
venta,
en
el
horario
en
que
fueron
los
querellados
adquiridos,
estaba
prohibida por ley.
Se
le
imputó
a
haber
violado
las
disposiciones de la Ley Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989,
según enmendada, conocida como la “Ley para Regular las
Operaciones
de
Establecimientos
Comerciales”
o
“Ley
de
Cierre”, 29 L.P.R.A. sec. 301 et seq.; la Ley Núm. 77 de
25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como la
“Ley de Monopolios”, 10 L.P.R.A. sec. 257 et seq.; y el
Reglamento sobre Competencia Justa Número VII de 29 de
mayo de 1980, Expediente Núm. 2648.1
Luego de recibir la prueba presentada por las partes,
el
D.A.C.O.
determinó
que
las
querellas
interpuestas
estaban prescritas por haber transcurrido más de un año
desde la fecha de los alegados hechos hasta la
fecha de
la radicación de las mismas. En el caso específico de la
querella formulada a raíz de lo alegadamente sucedido el 2
de
noviembre
posteriormente,
1
de
1997
caso
(querella
en
número
apelación
100003557
y,
KLRA0200139),
el
El citado reglamento dispone en su Art. V que “[t]oda
violación a cualquiera de las disposiciones de este
Reglamento estará sujeta a las sanciones y acciones
conforme al Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de
1964,
según
enmendada”.
Por
ser
esta
disposición
reglamentaria, al menos en su carácter punitivo, una mera
referencia a las disposiciones de la Ley de Monopolios,
ante, no la mencionaremos en nuestro análisis.
4
CC-2002-741
D.A.C.O. desestimó la misma por entender que, aunque fue
radicada
dentro
desestimación
del
pues,
término
según
su
prescriptivo,
procedía
interpretación,
“la
su
única
imputación que se le podría hacer a la parte querellada
[al amparo de la Ley de Cierre] es la de no tomar las
precauciones necesarias para evitar vender un artículo no
exento pero [no le era imputable a PMC Marketing porque] a
la fecha de los hechos no existía reglamento alguno que
dispusiera las precauciones que se debían tomar para no
vender artículos no exentos”. (énfasis suplido)
El 28 de enero de 2002, el Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico
(E.L.A.)
solicitó
la
reconsideración
de
la
resolución emitida por el D.A.C.O.; la misma se entendió
rechazada por el foro administrativo al éste no expresarse
en
torno
a
la
referida
moción
dentro
del
término
reglamentario dispuesto para ello.
Inconforme, el E.L.A. recurrió ante el Tribunal de
Apelaciones mediante diecinueve solicitudes separadas de
revisión, presentadas el 7 de marzo de 2002. Se alegó que
el D.A.C.O. había errado al desestimar la causa de acción
administrativa instada; esto por entender el E.L.A. que es
de aplicación en estos casos el término prescriptivo de
cuatro
(4)
años
correspondiente
a
los
procesos
penales
bajo la Ley de Monopolios. Según el E.L.A., la Ley de
Cierre
expresamente
establece
que
las
acciones
administrativas se tramitarán a tenor con lo dispuesto en
la Ley de Monopolios.
5
CC-2002-741
En el caso particular de la Solicitud de Revisión de
la Resolución del D.A.C.O. en cuanto a la querella número
100003557, el E.L.A. alegó que la agencia administrativa
erró al desestimar la querella bajo el fundamento de que
vender artículos no exentos bajo la Ley Núm. 1, ante, no
constituye una violación a la misma.
El 20 de marzo de 2002, PMC Marketing radicó ante el
foro
apelativo
intermedio
una
“Moción
en
Oposición
a
Solicitud de Revisión por Falta de Jurisdicción”. Alegó,
en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones carecía de
jurisdicción por haberse radicado el recurso cincuenta y
siete (57) días después de haberse emitido la resolución
apelada. Sostuvo que no existía evidencia clara de que la
moción de reconsideración hubiera sido radicada ante el
D.A.C.O. dentro del término reglamentario requerido y que,
asumiendo que ello así hubiera sido, nunca se notificó a
PMC Marketing de la presentación de la misma; razón por la
cual la referida moción de reconsideración, de haber sido
en
efecto
radicada,
no
interrumpió
el
término
jurisdiccional para acudir, en revisión, ante el Tribunal
de
Apelaciones.
El
Tribunal
de
Apelaciones
declaró
sin
lugar la solicitud de desestimación de PMC Marketing.2
2
Según expuso, posteriormente, el Tribunal de Apelaciones
en la nota al calce núm. 3 de su Sentencia de 28 de junio
de 2002, “[se sometió] prueba ante este Tribunal que [sic]
dicha solicitud de reconsideración había sido notificada
por correo a los recurridos” y “[e]n su consecuencia, [el
Tribunal de Apelaciones declaró] No Ha Lugar la petición
[de desestimación]de los recurridos”.
6
CC-2002-741
El 28 de junio de 2002, el referido foro apelativo
dictó sentencia. Mediante la misma revocó la resolución
del
D.A.C.O.,
por
entender
que
el
término
prescriptivo
para las causas de acción como las de autos es de cuatro
(4)
años
y
no
de
uno
(1)
como
indicó
el
foro
administrativo. En cuanto a la decisión del D.A.C.O. sobre
la querella número 100003557 (Caso KLRA0200139), el foro
apelativo
agencia
intermedio
también
administrativa
por
revocó
el
dictamen
entender
que
la
de
la
disposición
legislativa pertinente, si bien exige la toma de medidas
de precaución por parte del comerciante para evitar el
acceso del público a productos no exentos durante horas
determinadas, exige también que las farmacias se abstengan
de vender los productos no exentos.
Inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal
de
Apelaciones,
la
parte
querellada
recurrida
PMC
Marketing radicó oportunamente una Petición de Certiorari
ante
nos
en
la
que
alegó
que
el
tribunal
apelativo
intermedio incidió al:
...asumir jurisdicción y resolver que los
querellados
recurrentes
mostraron
suficiente
prueba para concluir que en efecto radicaron una
Moción de Reconsideración que interrumpió el
término el término de treinta (30) días que
tenía
la
parte
querellante-recurrente
para
solicitar el Recurso de Revisión.
...revocar la Resolución del D.A.C.O. y
resolver que las querellas de marras no estaban
prescritas toda vez que el término prescriptivo
aplicable a las acciones administrativas era de
cuatro (4) años y no de un (1) año, como había
resuelto el D.A.C.O.
7
CC-2002-741
...revocar
al
D.A.C.O.
en
el
Recurso
KLRA0200139 y resolver que la sola venta de un
artículo no exento durante un período de cierre
constituye una violación a la Ley de Cierre sin
importar las medidas de precaución que tome la
empresa exenta, su política institucional, la
estrategia empleada por el agente investigador
para adquirir dicho producto y la ausencia de un
Reglamento de Precauciones.
Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia
de las partes, y estando en posición de resolver el mismo,
procedemos a así hacerlo.
I
Por
razones
obvias,
resulta
forzoso
examinar,
en
primer lugar, la controversia relativa a la alegada falta
de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones, mencionada en
el primer señalamiento de error3. Veamos.
3
En Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc, res. el 3
de enero de 2003, 2003 T.S.P.R. 1, expresamos:
Las cuestiones de jurisdicción, por ser
privilegiadas,
deben
ser
resueltas
con
preferencia.
De
carecer
un
tribunal
de
jurisdicción, lo único que puede hacer es así
declararlo y desestimar el caso. Vega Rodríguez
v. Telefónica, res. el 17 de abril de 2002, 2002
TSPR 50. [...]
[U]n recurso tardío sencillamente adolece
del grave e insubsanable efecto de privar de
jurisdicción al tribunal al cual se recurre.
Juliá Padró v. Vidal, ante; Hernández v.
Marxuach
Construction
Co.,
142
D.P.R.
492
(1997). Como tal, su presentación carece de
eficacia y no produce ningún efecto jurídico,
pues ya en el momento de su presentación no hay
autoridad judicial para acogerlo. Ibíd. Sobre el
concepto medular de jurisdicción se sostiene
toda la vitalidad y autoridad de los tribunales
(Continúa . . .)
8
CC-2002-741
A.
La Regla 30 de las de Procedimiento Adjudicativo del
D.A.C.O., vigente al momento de los hechos de este caso,
Reglamento 5416 de 24 de abril de 1996, disponía, en lo
aquí pertinente, que:
30.1 La parte adversamente afectada por una
resolución u orden parcial interlocutoria o
final podrá, dentro del termino [sic] de
veinte (20) días desde la fecha de archivo
en
autos
de
la
notificación
de
la
resolución u orden, presentar una moción de
reconsideración de la resolución u orden.
La agencia dentro de los quince (15) días
de haberse presentado dicha moción deberá
considerarla. Si la rechazare de plano o no
actuare dentro de los quince (15) días, el
terminó
[sic]
para
solicitar
revisión
comenzará a correr nuevamente desde que se
notifique dicha denegatoria o desde que
expiren esos quince días, según sea el caso
[...]
30.2 La
moción
de
reconsideración
será
jurisdiccional para poder solicitar la
revisión judicial [...]
30.4 Una parte no conforme con la resolución de
su
solicitud
de
reconsideración
podrá
solicitar la revisión judicial de la orden
cuya reconsideración solicitó, mediante el
cumplimiento de los requisitos establecidos
por ley.
30.5 La radicación de una solicitud de revisión
judicial suspenderá los efectos de una
resolución final del Departamento, pero no
los de una orden interlocutoria, a menos
que el tribunal disponga otra cosa. Ibíd.
(énfasis suplido).
___________________________
en nuestro sistema de gobierno. Empress Hotel v.
Acosta, ante. Cuando un tribunal dicta una
sentencia sin tener jurisdicción sobre las
partes
o
la
materia
su
decreto
es
uno
jurídicamente inexistente. Ibíd.
9
CC-2002-741
Respecto a la solicitud de revisión judicial, el Art.
3(d) de la Ley de Monopolios, ante, dispone que:
[l]a Oficina de Asuntos Monopolísticos o la
parte querellada cuando estén afectados por una
decisión
del
Departamento
de
Asuntos
del
Consumidor tendrán derecho a la revisión [...]
dentro de los treinta (30) días a partir de la
fecha
de
la
notificación
de
la
referida
decisión. 33 L.P.R.A. sec. 259.
A
la
luz
del
claro
mandato
contenido
en
las
disposiciones antes transcritas, resulta evidente que la
radicación
de
una
solicitud
requisito
de
carácter
pudiera
acudir,
en
de
reconsideración
jurisdiccional
revisión
de
antes
una
de
era
un
que
se
resolución
del
D.A.C.O., ante el foro judicial.4
Por otro lado, la Regla 29 de las de Procedimiento
Adjudicativo
4
del
D.A.C.O.,
ante
--también
vigente
al
El referido Reglamento 5416 fue sustituido por el
Reglamento de Procedimiento Adjudicativo del D.A.C.O. de
18 de octubre de 2000, expediente Núm. 6219, hoy vigente.
Entre otras enmiendas, el nuevo reglamento eliminó
lo
dispuesto en el reglamento anterior respecto al carácter
jurisdiccional de la Moción de Reconsideración (R. 30.2
del reglamento derogado). El nuevo reglamento, en su regla
28 sobre “reconsideración y revisión judicial” nada
dispone al respecto, por lo que, al regir supletoriamente
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm.
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A.
sec. 2101 y ss., la presentación de la moción de
reconsideración ante la agencia ya no es un requisito
jurisdiccional para recurrir a los tribunales. Véase:
Aponte v. Policía de Puerto Rico, 142 D.P.R. 75, 81-82
(1996).
Véase,
además,
Demetrio
Fernández
Quiñones,
Derecho
administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Editorial Forum, 2001,
pág. 482.
10
CC-2002-741
momento de los hechos del presente caso--5, en lo aquí
pertinente, disponía que:
Toda parte que radique un escrito ante el
Departamento [de Asuntos del Consumidor] vendrá
obligado a notificarlo de inmediato a las demás
partes que hayan comparecido en el procedimiento
administrativo[...] Toda notificación se hará el
mismo día de radicación[...] y se llevará a cabo
mediante el envío de una copia del escrito por
correo a las partes o sus representantes, a las
direcciones postales que hayan informado. La
notificación por correo puede ser sustituida por
notificación
personal
o
por
transmisión
electrónica. (énfasis suplido).
Tenemos,
en
consecuencia,
que
la
exigencia
reglamentaria impuesta a cualquier parte --de notificar a
las demás partes de todo escrito radicado ante la agencia
administrativa-- incluía la notificación de la radicación
de
una
moción
de
reconsideración.
Este
requisito,
de
notificación, en ausencia de una disposición expresa al
efecto
--como
cumplimiento
sucede
estricto.
en
el
caso
Véase:
de
Lagares
autos--,
v.
es
de
E.L.A.,
144
D.P.R. 601 (1997) y Febles v. Romar Pool Construction,
res. el 30 de junio de 2003, 2003 TSPR 113.
¿Resolvió, correcta y apropiadamente, el Tribunal de
Apelaciones el planteamiento de falta de jurisdicción que
le
hiciera
PMC
Marketing?
Entendemos
que
no;
veamos
porque.
5
Esta regla fue sustituida por la Regla 27 del nuevo
reglamento núm. 6219, ante. No obstante, el contenido de
ambas reglas, en cuanto al requisito de notificación de
los escritos de las partes es prácticamente idéntico.
11
CC-2002-741
B.
Según
D.A.C.O.
surge
de
emitió
su
los
hechos
del
resolución,
presente
para
caso,
cada
el
querella
radicada, el 9 de enero de 2002, notificándola el mismo
día. El 28 de enero del mismo año, el E.L.A. alegadamente
solicitó
la
reconsideración
administrativo,
sin
que
de
este
la
resolución
foro
actuare
al
foro
dentro
del
término reglamentario de quince (15) días dispuesto para
ello.
El
7
apelación
de
marzo,
ante
el
el
E.L.A.
Tribunal
presentó
de
el
Apelaciones,
recurso
de
esto
es,
cincuenta y siete (57) días después de la notificación de
la
resolución
y
ventiocho
(28)
días
después
de
la
expiración del término de quince (15) días con que contaba
el
D.A.C.O.
para
actuar
sobre
la
solicitud
de
reconsideración. La recurrida PMC Marketing se opuso al
recurso
de
Apelaciones
revisión
por
radicado
entender
ante
que
el
el
Tribunal
de
recurso
había
sido
radicado a destiempo ante el Tribunal de Apelaciones por
razón
de
que
la
moción
de
reconsideración
nunca
fue
radicada ante el D.A.C.O. y/o por el fundamento de que,
aún cuando dicha moción hubiera sido radicada, la misma
nunca
le
fue
interrumpió
notificada;
el
término
razón
para
por
la
la
cual
nunca
presentación
de
se
la
apelación.
En apoyo de su planteamiento, PMC Marketing radicó
declaraciones
juradas
de
sus
dos
abogados.
En
primer
12
CC-2002-741
lugar, sometió declaración jurada de la Lcda. Diana Azizi
de
Arbona,
la
que
asegura,
bajo
juramento,
“haber
examinado personalmente todos los expedientes que constan
en el D.A.C.O.” y que no encontró allí ninguna “moción de
reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ni ninguna otra moción luego de emitida la
Resolución el 9 de enero de 2002”. Aseguró bajo juramento,
además, la referida abogada, no haber recibido moción de
reconsideración
alguna
de
parte
del
E.L.A.
(énafasis
suplido).
PMC Marketing presentó, además, la declaración jurada
de
otro
de
sus
abogados,
el
Lcdo.
Marcos
A.
Morell
Corrada, en la que éste asegura “nunca [haber] recibido
por medio alguno, notificación de que el Departamento de
Justicia,
sus
dependencias
u
oficinas
ha[yan]
radicado
[alguna] solicitud de reconsideración ante el Departamento
de Asuntos del Consumidor en las querellas mencionadas en
el
inciso
anterior”
y
“que
personalmente
[fue]
al
Departamento de Asuntos del Consumidor el día 18 de marzo
de 2002 y examin[ó] los récords oficiales de las querellas
de marras y en ninguna de las mismas aparece evidencia
alguna que sostenga que el Departamento de Justicia o sus
dependencias
haya
radicado
una
solicitud
de
reconsideración”. (énfasis suplido).
Por su parte, el E.L.A., en su “Moción en Oposición a
Solicitud
de
Jurisdicción”,
Desestimación
del
Recurso
por
Falta
indicó
“la
Oficina
del
Procurador
que
de
13
CC-2002-741
General
se
comunicó
con
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos, quienes aseguran haber enviado copia del
escrito de reconsideración al Lcdo. Morell y a la Lcda.
Azizi el mismo día en que se presentó el escrito ante
D.A.C.O.”. Alegó también, que aunque enviaron la copia por
correo,
el
Reglamento
notificaciones
de
esta
del
D.A.C.O.
índole
sean
permite
que
sustituidas
las
por
la
sometió
las
notificación personal o electrónica.
El
E.L.A.,
en
apoyo
a
su
contención,
declaraciones juradas de las licenciadas Judith Martínez
Fortier e Irma Rodríguez Justiniano y de la Sra. Martha
Marrero Rivera. La Lcda. Martínez declaró haber redactado
la Moción de Reconsideración y que en la misma se señala
expresamente que se notificó por escrito al Lcdo. Morell y
a la Lcda Azizi a sus respectivas direcciones. Declaró,
además,
que
se
gestionó
el
envio
de
las
copias
de
la
moción a todas las partes y que, al momento de prestar su
declaración,
no
había
recibido
ninguna
de
las
notificaciones devueltas por el correo. La señora Marrero
declaró, por su parte, haber enviado por correo las copias
de
la
moción
de
reconsideración
a
los
abogados
de
la
querellada y la Lcda. Rodríguez declaró de similar manera.
Como vemos, el Tribunal de Apelaciones tuvo ante su
consideración varias declaraciones juradas traídas por una
y otra parte, atestiguando la notificación de la moción de
reconsideración o la ausencia de ésta. Ninguna otra prueba
fue presentada al efecto. Es entonces cuando, con este
14
CC-2002-741
limitado cuadro evidenciario, y aparentemente adjudicando
mayor
credibilidad
a
unas
declaraciones
juradas
que
a
otras, el Tribunal de Apelaciones juzgó probado el hecho
de que la solicitud de Reconsideración sí fue radicada
ante el D.A.C.O. y notificada por correo a PMC Marketing.
En consecuencia, declaró sin lugar la petición de esta
última para que se desestimara el recurso por falta de
jurisdicción.
Por la naturaleza de la controversia que en este caso
tuvo ante sí el Tribunal de Apelaciones --si se realizaron
o
no
determinadas
trata
gestiones--
de
un
asunto
de
Tribunal
de
Apelaciones
consideración
únicamente
resulta
credibilidad.
emitió
el
su
evidente
No
que
se
obstante,
el
decisión
testimonio
tomando
jurado,
en
por
escrito, de dos abogados que aseguraban no haber recibido
notificación
alguna
de
la
moción
de
reconsideración
en
controversia y las declaraciones juradas de dos abogados y
una secretaria que daban fe de lo contario.
La determinación del tribunal apelativo constituyó,
ciertamente, una determinación sumaria sobre un asunto en
controversia con respecto al cual las partes sometieron
versiones
incompatibles
entre
sí.
Hemos
expresado
en
ocasiones anteriores que hay litigios y controversias que,
por su naturaleza, no hacen deseable o aconsejable que los
mismos
se
resuelvan
sumariamente;
ello
debido
a
que
difícilmente en tales casos el tribunal puede reunir ante
sí toda la verdad de los hechos a través de declaraciones
15
CC-2002-741
juradas o deposiciones, esto es, controversias en las que
el factor credibilidad juega un papel esencial, si no el
decisivo,
para
llegar
a
la
verdad.
Véase:
Ortiz
v.
Nationwide Mutual Insurance Co., res. el 4 de marzo de
2003, 2003 T.S.P.R. 32; Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137
D.P.R. 294, 301.
Debemos aclarar que si bien en el presente caso no
estamos ante la figura de la sentencia sumaria propiamente
dicha, sí concurren en el mismo todos los elementos que
hacen aplicable la doctrina reseñada. Esto es, aunque la
presente controversia versa sobre un dictamen del Tribunal
de
Apelaciones
en
cuanto
a
su
jurisdicción
sobre
determinado recurso de apelación, es en dicho foro que
surgió
o
nació
determinadas
la
controversia
gestiones
con
respecto
de
radicación
y
situación
particular,
los
a
si
notificación
fueron, o no, realizadas.
Ante
esta
criterios
establecidos para las determinaciones judiciales sumarias
resultan aplicables a una determinación que “sumariamente”
pretenda
hacer
un
tribunal
sobre
una
controversia
secundaria surgida dentro de una controversia principal
como es la de determinar su jurisdicción.
Ante este cuadro fáctico y jurídico, y sin perder de
vista las particularidades del presente caso, resolvemos
que el Tribunal de Apelaciones erró al conformarse con la
mera
presentación
de
unas
declaraciones
juradas
para
dirimir la credibilidad de las partes. Para ello, debió
16
CC-2002-741
haber celebrado una vista, al amparo de la Regla 80(A) del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 20 de julio de
2004, 2004 T.S.P.R. 121, y allí, sopesar los argumentos de
cada parte, recibir cualquier otra prueba adicional que
considerara pertinente, y, más importante aún, “oir y ver
declarar
a
los
testigos”
que
habían
suscrito
las
declaraciones juradas previamente sometidas.6
En
nuestro
criterio,
únicamente
de
esta
manera
hubiese estado el Tribunal de Apelaciones en posición para
adecuadamente resolver las controversias surgidas debido a
las posiciones irreconciliables asumidas por las partes
y, en consecuencia, si el recurso de revisión judicial fue
oportunamente presentado; esto es, resolver si tenía, o
no,
jurisdicción
para
atender
la
referida
solicitud
de
revisión judicial.7
6
En ocasiones anteriores hemos dicho que la determinación
de credibilidad del tribunal sentenciador "es merecedora
de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por
cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, está en mejor
posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya
que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos. Véase:
Argüello López v. Argüello García, res. el 31 de agosto de
2001, 2001 T.S.P.R. 124; Pueblo v. Bonilla Romero 120
D.P.R. 92 (1987). Por estas mismas razones, claro está, es
que se torna inaplicable la doctrina sobre deferencia
judicial cuando el tribunal revisado tiene ante su
consideración exclusivamente prueba documental o pericial.
Véase Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 D.P.R. 560,
573 (1998) y casos allí citados.
7
Un examen y análisis objetivo de las declaraciones
juradas en controversia demuestra que, prima facie, no
existen razones o motivos de peso para aceptar, como
ciertas,
algunas
de
dichas
declaraciones
y/o
para
descartar, como no creíbles, las otras.
17
CC-2002-741
Concluimos, en consecuencia, que erró el Tribunal de
Apelaciones
al
asumir
jurisdicción
sin
haber
celebrado
previamente una vista en la que dirimiera la controversia
referente a la falta de radicación y/o notificación de la
moción de reconsideración ante la agencia administrativa y
la consecuente presentación, oportuna o a destiempo, del
recurso de revisión judicial. Hasta tanto el Tribunal de
Apelaciones no resuelva esta controversia jurisdiccional,
no procede que consideremos las restantes controversias
planteadas.
Tomando en consideración lo antes expresado, procede
que se devuelva el caso al Tribunal de Apelaciones para
que dirima la credibilidad que a su juicio merezcan las
contenciones
de
las
partes
y,
en
particular,
los
testimonios de la señora Marrero y el de los licenciados
Azizi, Morell, Martínez y Rodríguez.
III
En mérito de lo antes expuesto procede decretar la
revocación de la Sentencia emitida en el presente caso por
el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a dicho foro
para la continuación de los procedimientos según lo aquí
resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
CC-2002-741
18
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-2002-741
CERTIORARI
P.M.C. Marketing Corp. H/N/C
Farmacias El Amal, et al.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2004
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integral de la presente, se dicta Sentencia
revocatoria de la emitida en el presente caso por
el Tribunal de Apelaciones; devolviéndose el caso
a dicho foro para la continuación de los
procedimientos según lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente
sin opinión escrita. Los Jueces Asociados señor
Corrada del Río y señora Rodríguez Rodríguez
inhibidos. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no
intervino.
María I. Colón Falcón
Subsecretaria del Tribunal Supremo