LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

E.L.A. DE P.R. V. P.M.C. MARKETING CORP. H/N/C; FARMACIAS EL AMAL, ET AL.

2004 TSPR 201

Poder Judicial de Puerto Rico

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E.L.A. DE P.R. V. P.M.C. MARKETING CORP. H/N/C; FARMACIAS EL AMAL, ET AL.

CC-2002-0741

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2004 TSPR 201

P.M.C. Marketing Corp. H/N/C

Farmacias El Amal, et al.

163 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2002-741

Fecha: 14 de diciembre de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V

Juez Ponente:

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Diana Azizi de Arbona

Oficina del Procurador General:

Lcda. Laura Lis López Roche

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Revisión Administrativa

Asuntos del Consumidor

procedente

del

Departamento

de

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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2

CC-2002-741

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2002-741

CERTIORARI

P.M.C. Marketing Corp. H/N/C

Farmacias El Amal, et al.

Peticionarios

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2004

Los días 16 y 18 de septiembre de 1998, el

Departamento de Justicia radicó diecinueve (19)

querellas

ante

el

Departamento

de

Asuntos

del

Consumidor (en adelante D.A.C.O.) contra P.M.C.

Marketing Corp. H/N/C Farmacias El Amal y Saleh

Yassin,

Aida

Yassin

y

Mohammad

Yassin

en

su

carácter personal y como directivos y oficiales

de la corporación antes mencionada (en adelante

PMC Marketing).

En las mismas, el Departamento de Justicia

alegó

que,

durante

varios

domingos

y

días

feriados entre el 19 de noviembre de 1994 y el 17

de agosto de 1997, y en otra ocasión, el 2 de

noviembre de 1997, varios agentes del Negociado

3

CC-2002-741

de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia

compraron ciertos artículos en las Farmacias El Amal cuya

venta,

en

el

horario

en

que

fueron

los

querellados

adquiridos,

estaba

prohibida por ley.

Se

le

imputó

a

haber

violado

las

disposiciones de la Ley Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989,

según enmendada, conocida como la “Ley para Regular las

Operaciones

de

Establecimientos

Comerciales”

o

“Ley

de

Cierre”, 29 L.P.R.A. sec. 301 et seq.; la Ley Núm. 77 de

25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como la

“Ley de Monopolios”, 10 L.P.R.A. sec. 257 et seq.; y el

Reglamento sobre Competencia Justa Número VII de 29 de

mayo de 1980, Expediente Núm. 2648.1

Luego de recibir la prueba presentada por las partes,

el

D.A.C.O.

determinó

que

las

querellas

interpuestas

estaban prescritas por haber transcurrido más de un año

desde la fecha de los alegados hechos hasta la

fecha de

la radicación de las mismas. En el caso específico de la

querella formulada a raíz de lo alegadamente sucedido el 2

de

noviembre

posteriormente,

1

de

1997

caso

(querella

en

número

apelación

100003557

y,

KLRA0200139),

el

El citado reglamento dispone en su Art. V que “[t]oda

violación a cualquiera de las disposiciones de este

Reglamento estará sujeta a las sanciones y acciones

conforme al Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de

1964,

según

enmendada”.

Por

ser

esta

disposición

reglamentaria, al menos en su carácter punitivo, una mera

referencia a las disposiciones de la Ley de Monopolios,

ante, no la mencionaremos en nuestro análisis.

4

CC-2002-741

D.A.C.O. desestimó la misma por entender que, aunque fue

radicada

dentro

desestimación

del

pues,

término

según

su

prescriptivo,

procedía

interpretación,

“la

su

única

imputación que se le podría hacer a la parte querellada

[al amparo de la Ley de Cierre] es la de no tomar las

precauciones necesarias para evitar vender un artículo no

exento pero [no le era imputable a PMC Marketing porque] a

la fecha de los hechos no existía reglamento alguno que

dispusiera las precauciones que se debían tomar para no

vender artículos no exentos”. (énfasis suplido)

El 28 de enero de 2002, el Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico

(E.L.A.)

solicitó

la

reconsideración

de

la

resolución emitida por el D.A.C.O.; la misma se entendió

rechazada por el foro administrativo al éste no expresarse

en

torno

a

la

referida

moción

dentro

del

término

reglamentario dispuesto para ello.

Inconforme, el E.L.A. recurrió ante el Tribunal de

Apelaciones mediante diecinueve solicitudes separadas de

revisión, presentadas el 7 de marzo de 2002. Se alegó que

el D.A.C.O. había errado al desestimar la causa de acción

administrativa instada; esto por entender el E.L.A. que es

de aplicación en estos casos el término prescriptivo de

cuatro

(4)

años

correspondiente

a

los

procesos

penales

bajo la Ley de Monopolios. Según el E.L.A., la Ley de

Cierre

expresamente

establece

que

las

acciones

administrativas se tramitarán a tenor con lo dispuesto en

la Ley de Monopolios.

5

CC-2002-741

En el caso particular de la Solicitud de Revisión de

la Resolución del D.A.C.O. en cuanto a la querella número

100003557, el E.L.A. alegó que la agencia administrativa

erró al desestimar la querella bajo el fundamento de que

vender artículos no exentos bajo la Ley Núm. 1, ante, no

constituye una violación a la misma.

El 20 de marzo de 2002, PMC Marketing radicó ante el

foro

apelativo

intermedio

una

“Moción

en

Oposición

a

Solicitud de Revisión por Falta de Jurisdicción”. Alegó,

en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones carecía de

jurisdicción por haberse radicado el recurso cincuenta y

siete (57) días después de haberse emitido la resolución

apelada. Sostuvo que no existía evidencia clara de que la

moción de reconsideración hubiera sido radicada ante el

D.A.C.O. dentro del término reglamentario requerido y que,

asumiendo que ello así hubiera sido, nunca se notificó a

PMC Marketing de la presentación de la misma; razón por la

cual la referida moción de reconsideración, de haber sido

en

efecto

radicada,

no

interrumpió

el

término

jurisdiccional para acudir, en revisión, ante el Tribunal

de

Apelaciones.

El

Tribunal

de

Apelaciones

declaró

sin

lugar la solicitud de desestimación de PMC Marketing.2

2

Según expuso, posteriormente, el Tribunal de Apelaciones

en la nota al calce núm. 3 de su Sentencia de 28 de junio

de 2002, “[se sometió] prueba ante este Tribunal que [sic]

dicha solicitud de reconsideración había sido notificada

por correo a los recurridos” y “[e]n su consecuencia, [el

Tribunal de Apelaciones declaró] No Ha Lugar la petición

[de desestimación]de los recurridos”.

6

CC-2002-741

El 28 de junio de 2002, el referido foro apelativo

dictó sentencia. Mediante la misma revocó la resolución

del

D.A.C.O.,

por

entender

que

el

término

prescriptivo

para las causas de acción como las de autos es de cuatro

(4)

años

y

no

de

uno

(1)

como

indicó

el

foro

administrativo. En cuanto a la decisión del D.A.C.O. sobre

la querella número 100003557 (Caso KLRA0200139), el foro

apelativo

agencia

intermedio

también

administrativa

por

revocó

el

dictamen

entender

que

la

de

la

disposición

legislativa pertinente, si bien exige la toma de medidas

de precaución por parte del comerciante para evitar el

acceso del público a productos no exentos durante horas

determinadas, exige también que las farmacias se abstengan

de vender los productos no exentos.

Inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal

de

Apelaciones,

la

parte

querellada

recurrida

PMC

Marketing radicó oportunamente una Petición de Certiorari

ante

nos

en

la

que

alegó

que

el

tribunal

apelativo

intermedio incidió al:

...asumir jurisdicción y resolver que los

querellados

recurrentes

mostraron

suficiente

prueba para concluir que en efecto radicaron una

Moción de Reconsideración que interrumpió el

término el término de treinta (30) días que

tenía

la

parte

querellante-recurrente

para

solicitar el Recurso de Revisión.

...revocar la Resolución del D.A.C.O. y

resolver que las querellas de marras no estaban

prescritas toda vez que el término prescriptivo

aplicable a las acciones administrativas era de

cuatro (4) años y no de un (1) año, como había

resuelto el D.A.C.O.

7

CC-2002-741

...revocar

al

D.A.C.O.

en

el

Recurso

KLRA0200139 y resolver que la sola venta de un

artículo no exento durante un período de cierre

constituye una violación a la Ley de Cierre sin

importar las medidas de precaución que tome la

empresa exenta, su política institucional, la

estrategia empleada por el agente investigador

para adquirir dicho producto y la ausencia de un

Reglamento de Precauciones.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de las partes, y estando en posición de resolver el mismo,

procedemos a así hacerlo.

I

Por

razones

obvias,

resulta

forzoso

examinar,

en

primer lugar, la controversia relativa a la alegada falta

de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones, mencionada en

el primer señalamiento de error3. Veamos.

3

En Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc, res. el 3

de enero de 2003, 2003 T.S.P.R. 1, expresamos:

Las cuestiones de jurisdicción, por ser

privilegiadas,

deben

ser

resueltas

con

preferencia.

De

carecer

un

tribunal

de

jurisdicción, lo único que puede hacer es así

declararlo y desestimar el caso. Vega Rodríguez

v. Telefónica, res. el 17 de abril de 2002, 2002

TSPR 50. [...]

[U]n recurso tardío sencillamente adolece

del grave e insubsanable efecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.

Juliá Padró v. Vidal, ante; Hernández v.

Marxuach

Construction

Co.,

142

D.P.R.

492

(1997). Como tal, su presentación carece de

eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues ya en el momento de su presentación no hay

autoridad judicial para acogerlo. Ibíd. Sobre el

concepto medular de jurisdicción se sostiene

toda la vitalidad y autoridad de los tribunales

(Continúa . . .)

8

CC-2002-741

A.

La Regla 30 de las de Procedimiento Adjudicativo del

D.A.C.O., vigente al momento de los hechos de este caso,

Reglamento 5416 de 24 de abril de 1996, disponía, en lo

aquí pertinente, que:

30.1 La parte adversamente afectada por una

resolución u orden parcial interlocutoria o

final podrá, dentro del termino [sic] de

veinte (20) días desde la fecha de archivo

en

autos

de

la

notificación

de

la

resolución u orden, presentar una moción de

reconsideración de la resolución u orden.

La agencia dentro de los quince (15) días

de haberse presentado dicha moción deberá

considerarla. Si la rechazare de plano o no

actuare dentro de los quince (15) días, el

terminó

[sic]

para

solicitar

revisión

comenzará a correr nuevamente desde que se

notifique dicha denegatoria o desde que

expiren esos quince días, según sea el caso

[...]

30.2 La

moción

de

reconsideración

será

jurisdiccional para poder solicitar la

revisión judicial [...]

30.4 Una parte no conforme con la resolución de

su

solicitud

de

reconsideración

podrá

solicitar la revisión judicial de la orden

cuya reconsideración solicitó, mediante el

cumplimiento de los requisitos establecidos

por ley.

30.5 La radicación de una solicitud de revisión

judicial suspenderá los efectos de una

resolución final del Departamento, pero no

los de una orden interlocutoria, a menos

que el tribunal disponga otra cosa. Ibíd.

(énfasis suplido).

___________________________

en nuestro sistema de gobierno. Empress Hotel v.

Acosta, ante. Cuando un tribunal dicta una

sentencia sin tener jurisdicción sobre las

partes

o

la

materia

su

decreto

es

uno

jurídicamente inexistente. Ibíd.

9

CC-2002-741

Respecto a la solicitud de revisión judicial, el Art.

3(d) de la Ley de Monopolios, ante, dispone que:

[l]a Oficina de Asuntos Monopolísticos o la

parte querellada cuando estén afectados por una

decisión

del

Departamento

de

Asuntos

del

Consumidor tendrán derecho a la revisión [...]

dentro de los treinta (30) días a partir de la

fecha

de

la

notificación

de

la

referida

decisión. 33 L.P.R.A. sec. 259.

A

la

luz

del

claro

mandato

contenido

en

las

disposiciones antes transcritas, resulta evidente que la

radicación

de

una

solicitud

requisito

de

carácter

pudiera

acudir,

en

de

reconsideración

jurisdiccional

revisión

de

antes

una

de

era

un

que

se

resolución

del

D.A.C.O., ante el foro judicial.4

Por otro lado, la Regla 29 de las de Procedimiento

Adjudicativo

4

del

D.A.C.O.,

ante

--también

vigente

al

El referido Reglamento 5416 fue sustituido por el

Reglamento de Procedimiento Adjudicativo del D.A.C.O. de

18 de octubre de 2000, expediente Núm. 6219, hoy vigente.

Entre otras enmiendas, el nuevo reglamento eliminó

lo

dispuesto en el reglamento anterior respecto al carácter

jurisdiccional de la Moción de Reconsideración (R. 30.2

del reglamento derogado). El nuevo reglamento, en su regla

28 sobre “reconsideración y revisión judicial” nada

dispone al respecto, por lo que, al regir supletoriamente

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm.

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A.

sec. 2101 y ss., la presentación de la moción de

reconsideración ante la agencia ya no es un requisito

jurisdiccional para recurrir a los tribunales. Véase:

Aponte v. Policía de Puerto Rico, 142 D.P.R. 75, 81-82

(1996).

Véase,

además,

Demetrio

Fernández

Quiñones,

Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Editorial Forum, 2001,

pág. 482.

10

CC-2002-741

momento de los hechos del presente caso--5, en lo aquí

pertinente, disponía que:

Toda parte que radique un escrito ante el

Departamento [de Asuntos del Consumidor] vendrá

obligado a notificarlo de inmediato a las demás

partes que hayan comparecido en el procedimiento

administrativo[...] Toda notificación se hará el

mismo día de radicación[...] y se llevará a cabo

mediante el envío de una copia del escrito por

correo a las partes o sus representantes, a las

direcciones postales que hayan informado. La

notificación por correo puede ser sustituida por

notificación

personal

o

por

transmisión

electrónica. (énfasis suplido).

Tenemos,

en

consecuencia,

que

la

exigencia

reglamentaria impuesta a cualquier parte --de notificar a

las demás partes de todo escrito radicado ante la agencia

administrativa-- incluía la notificación de la radicación

de

una

moción

de

reconsideración.

Este

requisito,

de

notificación, en ausencia de una disposición expresa al

efecto

--como

cumplimiento

sucede

estricto.

en

el

caso

Véase:

de

Lagares

autos--,

v.

es

de

E.L.A.,

144

D.P.R. 601 (1997) y Febles v. Romar Pool Construction,

res. el 30 de junio de 2003, 2003 TSPR 113.

¿Resolvió, correcta y apropiadamente, el Tribunal de

Apelaciones el planteamiento de falta de jurisdicción que

le

hiciera

PMC

Marketing?

Entendemos

que

no;

veamos

porque.

5

Esta regla fue sustituida por la Regla 27 del nuevo

reglamento núm. 6219, ante. No obstante, el contenido de

ambas reglas, en cuanto al requisito de notificación de

los escritos de las partes es prácticamente idéntico.

11

CC-2002-741

B.

Según

D.A.C.O.

surge

de

emitió

su

los

hechos

del

resolución,

presente

para

caso,

cada

el

querella

radicada, el 9 de enero de 2002, notificándola el mismo

día. El 28 de enero del mismo año, el E.L.A. alegadamente

solicitó

la

reconsideración

administrativo,

sin

que

de

este

la

resolución

foro

actuare

al

foro

dentro

del

término reglamentario de quince (15) días dispuesto para

ello.

El

7

apelación

de

marzo,

ante

el

el

E.L.A.

Tribunal

presentó

de

el

Apelaciones,

recurso

de

esto

es,

cincuenta y siete (57) días después de la notificación de

la

resolución

y

ventiocho

(28)

días

después

de

la

expiración del término de quince (15) días con que contaba

el

D.A.C.O.

para

actuar

sobre

la

solicitud

de

reconsideración. La recurrida PMC Marketing se opuso al

recurso

de

Apelaciones

revisión

por

radicado

entender

ante

que

el

el

Tribunal

de

recurso

había

sido

radicado a destiempo ante el Tribunal de Apelaciones por

razón

de

que

la

moción

de

reconsideración

nunca

fue

radicada ante el D.A.C.O. y/o por el fundamento de que,

aún cuando dicha moción hubiera sido radicada, la misma

nunca

le

fue

interrumpió

notificada;

el

término

razón

para

por

la

la

cual

nunca

presentación

de

se

la

apelación.

En apoyo de su planteamiento, PMC Marketing radicó

declaraciones

juradas

de

sus

dos

abogados.

En

primer

12

CC-2002-741

lugar, sometió declaración jurada de la Lcda. Diana Azizi

de

Arbona,

la

que

asegura,

bajo

juramento,

“haber

examinado personalmente todos los expedientes que constan

en el D.A.C.O.” y que no encontró allí ninguna “moción de

reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico ni ninguna otra moción luego de emitida la

Resolución el 9 de enero de 2002”. Aseguró bajo juramento,

además, la referida abogada, no haber recibido moción de

reconsideración

alguna

de

parte

del

E.L.A.

(énafasis

suplido).

PMC Marketing presentó, además, la declaración jurada

de

otro

de

sus

abogados,

el

Lcdo.

Marcos

A.

Morell

Corrada, en la que éste asegura “nunca [haber] recibido

por medio alguno, notificación de que el Departamento de

Justicia,

sus

dependencias

u

oficinas

ha[yan]

radicado

[alguna] solicitud de reconsideración ante el Departamento

de Asuntos del Consumidor en las querellas mencionadas en

el

inciso

anterior”

y

“que

personalmente

[fue]

al

Departamento de Asuntos del Consumidor el día 18 de marzo

de 2002 y examin[ó] los récords oficiales de las querellas

de marras y en ninguna de las mismas aparece evidencia

alguna que sostenga que el Departamento de Justicia o sus

dependencias

haya

radicado

una

solicitud

de

reconsideración”. (énfasis suplido).

Por su parte, el E.L.A., en su “Moción en Oposición a

Solicitud

de

Jurisdicción”,

Desestimación

del

Recurso

por

Falta

indicó

“la

Oficina

del

Procurador

que

de

13

CC-2002-741

General

se

comunicó

con

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos, quienes aseguran haber enviado copia del

escrito de reconsideración al Lcdo. Morell y a la Lcda.

Azizi el mismo día en que se presentó el escrito ante

D.A.C.O.”. Alegó también, que aunque enviaron la copia por

correo,

el

Reglamento

notificaciones

de

esta

del

D.A.C.O.

índole

sean

permite

que

sustituidas

las

por

la

sometió

las

notificación personal o electrónica.

El

E.L.A.,

en

apoyo

a

su

contención,

declaraciones juradas de las licenciadas Judith Martínez

Fortier e Irma Rodríguez Justiniano y de la Sra. Martha

Marrero Rivera. La Lcda. Martínez declaró haber redactado

la Moción de Reconsideración y que en la misma se señala

expresamente que se notificó por escrito al Lcdo. Morell y

a la Lcda Azizi a sus respectivas direcciones. Declaró,

además,

que

se

gestionó

el

envio

de

las

copias

de

la

moción a todas las partes y que, al momento de prestar su

declaración,

no

había

recibido

ninguna

de

las

notificaciones devueltas por el correo. La señora Marrero

declaró, por su parte, haber enviado por correo las copias

de

la

moción

de

reconsideración

a

los

abogados

de

la

querellada y la Lcda. Rodríguez declaró de similar manera.

Como vemos, el Tribunal de Apelaciones tuvo ante su

consideración varias declaraciones juradas traídas por una

y otra parte, atestiguando la notificación de la moción de

reconsideración o la ausencia de ésta. Ninguna otra prueba

fue presentada al efecto. Es entonces cuando, con este

14

CC-2002-741

limitado cuadro evidenciario, y aparentemente adjudicando

mayor

credibilidad

a

unas

declaraciones

juradas

que

a

otras, el Tribunal de Apelaciones juzgó probado el hecho

de que la solicitud de Reconsideración sí fue radicada

ante el D.A.C.O. y notificada por correo a PMC Marketing.

En consecuencia, declaró sin lugar la petición de esta

última para que se desestimara el recurso por falta de

jurisdicción.

Por la naturaleza de la controversia que en este caso

tuvo ante sí el Tribunal de Apelaciones --si se realizaron

o

no

determinadas

trata

gestiones--

de

un

asunto

de

Tribunal

de

Apelaciones

consideración

únicamente

resulta

credibilidad.

emitió

el

su

evidente

No

que

se

obstante,

el

decisión

testimonio

tomando

jurado,

en

por

escrito, de dos abogados que aseguraban no haber recibido

notificación

alguna

de

la

moción

de

reconsideración

en

controversia y las declaraciones juradas de dos abogados y

una secretaria que daban fe de lo contario.

La determinación del tribunal apelativo constituyó,

ciertamente, una determinación sumaria sobre un asunto en

controversia con respecto al cual las partes sometieron

versiones

incompatibles

entre

sí.

Hemos

expresado

en

ocasiones anteriores que hay litigios y controversias que,

por su naturaleza, no hacen deseable o aconsejable que los

mismos

se

resuelvan

sumariamente;

ello

debido

a

que

difícilmente en tales casos el tribunal puede reunir ante

sí toda la verdad de los hechos a través de declaraciones

15

CC-2002-741

juradas o deposiciones, esto es, controversias en las que

el factor credibilidad juega un papel esencial, si no el

decisivo,

para

llegar

a

la

verdad.

Véase:

Ortiz

v.

Nationwide Mutual Insurance Co., res. el 4 de marzo de

2003, 2003 T.S.P.R. 32; Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137

D.P.R. 294, 301.

Debemos aclarar que si bien en el presente caso no

estamos ante la figura de la sentencia sumaria propiamente

dicha, sí concurren en el mismo todos los elementos que

hacen aplicable la doctrina reseñada. Esto es, aunque la

presente controversia versa sobre un dictamen del Tribunal

de

Apelaciones

en

cuanto

a

su

jurisdicción

sobre

determinado recurso de apelación, es en dicho foro que

surgió

o

nació

determinadas

la

controversia

gestiones

con

respecto

de

radicación

y

situación

particular,

los

a

si

notificación

fueron, o no, realizadas.

Ante

esta

criterios

establecidos para las determinaciones judiciales sumarias

resultan aplicables a una determinación que “sumariamente”

pretenda

hacer

un

tribunal

sobre

una

controversia

secundaria surgida dentro de una controversia principal

como es la de determinar su jurisdicción.

Ante este cuadro fáctico y jurídico, y sin perder de

vista las particularidades del presente caso, resolvemos

que el Tribunal de Apelaciones erró al conformarse con la

mera

presentación

de

unas

declaraciones

juradas

para

dirimir la credibilidad de las partes. Para ello, debió

16

CC-2002-741

haber celebrado una vista, al amparo de la Regla 80(A) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 20 de julio de

2004, 2004 T.S.P.R. 121, y allí, sopesar los argumentos de

cada parte, recibir cualquier otra prueba adicional que

considerara pertinente, y, más importante aún, “oir y ver

declarar

a

los

testigos”

que

habían

suscrito

las

declaraciones juradas previamente sometidas.6

En

nuestro

criterio,

únicamente

de

esta

manera

hubiese estado el Tribunal de Apelaciones en posición para

adecuadamente resolver las controversias surgidas debido a

las posiciones irreconciliables asumidas por las partes

y, en consecuencia, si el recurso de revisión judicial fue

oportunamente presentado; esto es, resolver si tenía, o

no,

jurisdicción

para

atender

la

referida

solicitud

de

revisión judicial.7

6

En ocasiones anteriores hemos dicho que la determinación

de credibilidad del tribunal sentenciador "es merecedora

de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por

cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, está en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya

que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos. Véase:

Argüello López v. Argüello García, res. el 31 de agosto de

2001, 2001 T.S.P.R. 124; Pueblo v. Bonilla Romero 120

D.P.R. 92 (1987). Por estas mismas razones, claro está, es

que se torna inaplicable la doctrina sobre deferencia

judicial cuando el tribunal revisado tiene ante su

consideración exclusivamente prueba documental o pericial.

Véase Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 D.P.R. 560,

573 (1998) y casos allí citados.

7

Un examen y análisis objetivo de las declaraciones

juradas en controversia demuestra que, prima facie, no

existen razones o motivos de peso para aceptar, como

ciertas,

algunas

de

dichas

declaraciones

y/o

para

descartar, como no creíbles, las otras.

17

CC-2002-741

Concluimos, en consecuencia, que erró el Tribunal de

Apelaciones

al

asumir

jurisdicción

sin

haber

celebrado

previamente una vista en la que dirimiera la controversia

referente a la falta de radicación y/o notificación de la

moción de reconsideración ante la agencia administrativa y

la consecuente presentación, oportuna o a destiempo, del

recurso de revisión judicial. Hasta tanto el Tribunal de

Apelaciones no resuelva esta controversia jurisdiccional,

no procede que consideremos las restantes controversias

planteadas.

Tomando en consideración lo antes expresado, procede

que se devuelva el caso al Tribunal de Apelaciones para

que dirima la credibilidad que a su juicio merezcan las

contenciones

de

las

partes

y,

en

particular,

los

testimonios de la señora Marrero y el de los licenciados

Azizi, Morell, Martínez y Rodríguez.

III

En mérito de lo antes expuesto procede decretar la

revocación de la Sentencia emitida en el presente caso por

el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a dicho foro

para la continuación de los procedimientos según lo aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

CC-2002-741

18

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2002-741

CERTIORARI

P.M.C. Marketing Corp. H/N/C

Farmacias El Amal, et al.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2004

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se dicta Sentencia

revocatoria de la emitida en el presente caso por

el Tribunal de Apelaciones; devolviéndose el caso

a dicho foro para la continuación de los

procedimientos según lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente

sin opinión escrita. Los Jueces Asociados señor

Corrada del Río y señora Rodríguez Rodríguez

inhibidos. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no

intervino.

María I. Colón Falcón

Subsecretaria del Tribunal Supremo