Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARLOS M. RAMIREZ HERNANDEZ
2004 TSPR 190
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARLOS M. RAMIREZ HERNANDEZ
AB-2004-0116 TS-00008578
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 190
Carlos M. Ramírez Hernández
163 DPR ____
Número del Caso: AB-2004-116
TS-8578
Fecha: 24 de septiembre de 2004
Colegio de Abogados de Puerto Rico:
Lcdo. Ángel N. Candelario Cáliz
Oficial Investigador
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 4 de octubre de 2004
fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Carlos M. Ramírez Hernández
AB-2004-116
TS-8578
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2004
El 18 de diciembre de 2003, en el caso Núm.
TS 8578, el Colegio de Abogados de Puerto Rico
presentó
ante
Informativa”
este
Tribunal
indicando
que
el
una
Lcdo.
“Moción
Carlos
M.
Ramírez Hernández tenía al descubierto su fianza
notarial, la cual estaba vencido desde marzo de
ese
mismo
año.
En
vista
de
ello,
y
mediante
Resolución emitida el 31 de marzo de 2004, le
concedimos al Lcdo. Ramírez un término de veinte
(20) días para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendido del ejercicio de la notaría;
le
apercibimos
incumplimiento
en
con
dicha
la
Resolución
misma
que
su
conllevaría
la
suspensión del ejercicio de la notaría y podría
dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales.
3
AB-2004-116 y TS-8578
Considerando que el Lcdo. Ramírez no compareció en el
término
dispuesto,
el
segunda
Resolución,
concediéndole
término
final
diez
estrictamente
apercibimos
suspensión
segunda
de
con
que
8
la
su
inmediata
Resolución
de
junio
(10)
orden
de
al
días
en
2004
referido
para
cuestión.
incumplimiento
podría
del
de
fue
ejercicio
notificada
emitimos
la
una
letrado
que
un
cumpliera
Nuevamente
le
conllevar
la
abogacía.
personalmente
al
Esta
Lcdo.
Ramírez Hernández por un alguacil de este Tribunal.
Mientras esto sucedía, el 11 de mayo de 2004 --en el
caso Núm. AB-2004-116-- el Colegio de Abogados compareció
ante este Tribunal informando que el Lcdo. Ramírez había
hecho caso omiso a los múltiples requerimientos hechos por
la referida entidad para que se expresara con relación a una
queja presentada en su contra. En vista de ello, el 4 de
junio de 2004 le concedimos al referido letrado un término
de diez (10) días para que compareciera ante el Colegio a
responder los requerimientos de éste. Además, le concedimos
el término de diez (10) días para que compareciera ante este
Tribunal y expusiera las razones por las cuales no debía ser
disciplinado por ignorar los requerimientos del Colegio de
Abogados. Una vez más le apercibimos que su incumplimiento
podría
conllevar
sanciones
disciplinarias
severas,
incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión. Esta
Resolución
también
fue
notificada
personalmente
Ramírez Hernández por un alguacil de este Tribunal.
al
Lcdo.
4
AB-2004-116 y TS-8578
Al día de hoy han transcurrido más de tres meses sin
que el Lcdo. Ramírez Hernández haya comparecido ante este
Tribunal
a
expresarse
sobre
las
Resoluciones
antes
mencionadas. En vista de lo anterior, procede que resolvamos
según intimado en las mismas.1
I
Nos parece sencillamente sorprendente el hecho de que
un abogado ponga en riesgo su título y su profesión legal
por desacatar las órdenes que, con relación a su conducta
profesional,
emita
este
Tribunal.
Asimismo,
nos
alarma
sobremanera la frecuencia con la que este Foro tiene que
enfrentar dicha situación. Ciertamente, nos parece que el
tiempo y esfuerzo invertido en obtener su grado académico y
los
sacrificios
que
conlleva
la
admisión
a
la
profesión
debería ser incentivo suficiente para que los miembros de la
clase
togada
resguarden
con
sumo
recelo
el
título
que
ostentan.
En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que
el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un
orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr
la
más
completa
confianza
y
apoyo
de
la
ciudadanía,
se
extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas,
sino
también
a
la
jurisdicción
disciplinaria
de
este
Tribunal. In re Cuevas Vélez, res. el 30 de mayo de 2002,
1
Por tratarse de la conducta del mismo abogado, hemos
procedido a consolidar los casos AB-2004-116 y TS-8578.
5
AB-2004-116 y TS-8578
2002 T.S.P.R. 108; In re Ríos Acosta, 143 D.P.R. 128 (1997).
Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza
pública de la profesión de abogado le impone a la clase
togada
la
obligación
de
observar
rigurosamente
los
requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se
trata
de
asuntos
consideración.
In
disciplinarios
Vázquez
re
sometidos
Santiago,
ante
res.
nuestra
el
20
de
que
el
diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 19.
En
ese
sentido
incumplimiento
por
emitidas
este
por
disciplinario,
distinta
a
imposición
es
parte
importante
de
un
Tribunal
constituye
los
méritos
de
sanciones
una
de
la
resaltar
abogado
con
las
órdenes
dentro
del
procedimiento
falta
ética
separada
y
que
conlleva
la
queja,
severas.2
disciplinarias
Ello
considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento
con
nuestras
órdenes
en
la
esfera
disciplinaria
es
incompatible con el ejercicio de la abogacía.” In re Vargas
Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).
Como señaláramos en Colegio de Abogados de Puerto Rico
v.
Pizzini
Arnott,
res.
el
14
de
junio
de
2002,
2002
T.S.P.R. 103, el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso
2
In re Pérez Brasa, res. el 10 de diciembre de 2002, 2002
T.S.P.R. 46; In re Vázquez Santiago, res. el 20 de diciembre
de 2001, 2001 T.S.P.R. 19; In re Figueroa Carrasquillo, res.
el 2 de enero de 2001, 2001 TSPR 11; In re López López, 149
D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998);
In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez
Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131
D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717
(1992).
6
AB-2004-116 y TS-8578
de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura
del
buen
carácter
que
debe
profesión
legal.”
Dicho
exhibir
proceder
todo
miembro
constituye
un
de
la
acto
de
indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto
y
contumacia
hacia
este
Foro
que,
definitivamente,
no
estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos
la
incomprensible
nuestro
foro
de
Guemárez
Santiago
y
obstinada
cumplir
I,
con
146
negativa
de
[nuestras]
D.P.R.
27,
un
miembro
órdenes.”
28
(1998);
In
de
re
véase,
además: In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).
II
La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el
abogado Carlos Ramírez Hernández ante las órdenes emitidas
por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que
éste no interesa continuar siendo miembro de la profesión.
Como señaláramos anteriormente, al día de hoy, luego de tres
meses
de
haber
recibido
personalmente
las
Resoluciones
emitidas por este Tribunal, este abogado no ha comparecido a
expresarse sobre las mismas. Dicho proceder constituye una
falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto,
estamos dispuestos a tolerar.
Por
los
fundamentos
suspensión
indefinida
Hernández
del
e
ejercicio
antes
expresados,
inmediata
de
la
de
se
Carlos
abogacía
jurisdicción.
Se dictará sentencia de conformidad.
decreta
la
M.
Ramírez
en
nuestra
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Carlos M. Ramírez Hernández
AB-2004-116
TS-8578
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2004
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se decreta la suspensión
indefinida
e
inmediata
de
Carlos
M.
Ramírez
Hernández del ejercicio de la abogacía en nuestra
jurisdicción.
Le imponemos a éste el deber de notificar a
todos sus clientes de su presente inhabilidad para
seguir representándolos, les devuelva cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados, e
informe oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del
País. Además, deberá certificarnos dentro del
término de treinta días, a partir de la notificación
esta Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.
El Alguacil de este Tribunal procederá a
incautarse de la obra y sello notarial del
Sr. Carlos M. Ramírez Hernández, luego de lo cual
entregará la misma a la Oficina de Inspección de
Notarías para su examen e informe a este Tribunal.
Publíquese.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo