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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS M. RAMIREZ HERNANDEZ

2004 TSPR 190

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: CARLOS M. RAMIREZ HERNANDEZ

AB-2004-0116 TS-00008578

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2004 TSPR 190

Carlos M. Ramírez Hernández

163 DPR ____

Número del Caso: AB-2004-116

TS-8578

Fecha: 24 de septiembre de 2004

Colegio de Abogados de Puerto Rico:

Lcdo. Ángel N. Candelario Cáliz

Oficial Investigador

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 4 de octubre de 2004

fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.)

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Carlos M. Ramírez Hernández

AB-2004-116

TS-8578

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2004

El 18 de diciembre de 2003, en el caso Núm.

TS 8578, el Colegio de Abogados de Puerto Rico

presentó

ante

Informativa”

este

Tribunal

indicando

que

el

una

Lcdo.

“Moción

Carlos

M.

Ramírez Hernández tenía al descubierto su fianza

notarial, la cual estaba vencido desde marzo de

ese

mismo

año.

En

vista

de

ello,

y

mediante

Resolución emitida el 31 de marzo de 2004, le

concedimos al Lcdo. Ramírez un término de veinte

(20) días para que mostrara causa por la cual no

debía ser suspendido del ejercicio de la notaría;

le

apercibimos

incumplimiento

en

con

dicha

la

Resolución

misma

que

su

conllevaría

la

suspensión del ejercicio de la notaría y podría

dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales.

3

AB-2004-116 y TS-8578

Considerando que el Lcdo. Ramírez no compareció en el

término

dispuesto,

el

segunda

Resolución,

concediéndole

término

final

diez

estrictamente

apercibimos

suspensión

segunda

de

con

que

8

la

su

inmediata

Resolución

de

junio

(10)

orden

de

al

días

en

2004

referido

para

cuestión.

incumplimiento

podría

del

de

fue

ejercicio

notificada

emitimos

la

una

letrado

que

un

cumpliera

Nuevamente

le

conllevar

la

abogacía.

personalmente

al

Esta

Lcdo.

Ramírez Hernández por un alguacil de este Tribunal.

Mientras esto sucedía, el 11 de mayo de 2004 --en el

caso Núm. AB-2004-116-- el Colegio de Abogados compareció

ante este Tribunal informando que el Lcdo. Ramírez había

hecho caso omiso a los múltiples requerimientos hechos por

la referida entidad para que se expresara con relación a una

queja presentada en su contra. En vista de ello, el 4 de

junio de 2004 le concedimos al referido letrado un término

de diez (10) días para que compareciera ante el Colegio a

responder los requerimientos de éste. Además, le concedimos

el término de diez (10) días para que compareciera ante este

Tribunal y expusiera las razones por las cuales no debía ser

disciplinado por ignorar los requerimientos del Colegio de

Abogados. Una vez más le apercibimos que su incumplimiento

podría

conllevar

sanciones

disciplinarias

severas,

incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión. Esta

Resolución

también

fue

notificada

personalmente

Ramírez Hernández por un alguacil de este Tribunal.

al

Lcdo.

4

AB-2004-116 y TS-8578

Al día de hoy han transcurrido más de tres meses sin

que el Lcdo. Ramírez Hernández haya comparecido ante este

Tribunal

a

expresarse

sobre

las

Resoluciones

antes

mencionadas. En vista de lo anterior, procede que resolvamos

según intimado en las mismas.1

I

Nos parece sencillamente sorprendente el hecho de que

un abogado ponga en riesgo su título y su profesión legal

por desacatar las órdenes que, con relación a su conducta

profesional,

emita

este

Tribunal.

Asimismo,

nos

alarma

sobremanera la frecuencia con la que este Foro tiene que

enfrentar dicha situación. Ciertamente, nos parece que el

tiempo y esfuerzo invertido en obtener su grado académico y

los

sacrificios

que

conlleva

la

admisión

a

la

profesión

debería ser incentivo suficiente para que los miembros de la

clase

togada

resguarden

con

sumo

recelo

el

título

que

ostentan.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que

el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un

orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr

la

más

completa

confianza

y

apoyo

de

la

ciudadanía,

se

extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas,

sino

también

a

la

jurisdicción

disciplinaria

de

este

Tribunal. In re Cuevas Vélez, res. el 30 de mayo de 2002,

1

Por tratarse de la conducta del mismo abogado, hemos

procedido a consolidar los casos AB-2004-116 y TS-8578.

5

AB-2004-116 y TS-8578

2002 T.S.P.R. 108; In re Ríos Acosta, 143 D.P.R. 128 (1997).

Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza

pública de la profesión de abogado le impone a la clase

togada

la

obligación

de

observar

rigurosamente

los

requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se

trata

de

asuntos

consideración.

In

disciplinarios

Vázquez

re

sometidos

Santiago,

ante

res.

nuestra

el

20

de

que

el

diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 19.

En

ese

sentido

incumplimiento

por

emitidas

este

por

disciplinario,

distinta

a

imposición

es

parte

importante

de

un

Tribunal

constituye

los

méritos

de

sanciones

una

de

la

resaltar

abogado

con

las

órdenes

dentro

del

procedimiento

falta

ética

separada

y

que

conlleva

la

queja,

severas.2

disciplinarias

Ello

considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento

con

nuestras

órdenes

en

la

esfera

disciplinaria

es

incompatible con el ejercicio de la abogacía.” In re Vargas

Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Como señaláramos en Colegio de Abogados de Puerto Rico

v.

Pizzini

Arnott,

res.

el

14

de

junio

de

2002,

2002

T.S.P.R. 103, el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso

2

In re Pérez Brasa, res. el 10 de diciembre de 2002, 2002

T.S.P.R. 46; In re Vázquez Santiago, res. el 20 de diciembre

de 2001, 2001 T.S.P.R. 19; In re Figueroa Carrasquillo, res.

el 2 de enero de 2001, 2001 TSPR 11; In re López López, 149

D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998);

In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez

Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131

D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717

(1992).

6

AB-2004-116 y TS-8578

de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura

del

buen

carácter

que

debe

profesión

legal.”

Dicho

exhibir

proceder

todo

miembro

constituye

un

de

la

acto

de

indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto

y

contumacia

hacia

este

Foro

que,

definitivamente,

no

estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos

la

incomprensible

nuestro

foro

de

Guemárez

Santiago

y

obstinada

cumplir

I,

con

146

negativa

de

[nuestras]

D.P.R.

27,

un

miembro

órdenes.”

28

(1998);

In

de

re

véase,

además: In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

II

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el

abogado Carlos Ramírez Hernández ante las órdenes emitidas

por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que

éste no interesa continuar siendo miembro de la profesión.

Como señaláramos anteriormente, al día de hoy, luego de tres

meses

de

haber

recibido

personalmente

las

Resoluciones

emitidas por este Tribunal, este abogado no ha comparecido a

expresarse sobre las mismas. Dicho proceder constituye una

falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto,

estamos dispuestos a tolerar.

Por

los

fundamentos

suspensión

indefinida

Hernández

del

e

ejercicio

antes

expresados,

inmediata

de

la

de

se

Carlos

abogacía

jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

decreta

la

M.

Ramírez

en

nuestra

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Carlos M. Ramírez Hernández

AB-2004-116

TS-8578

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2004

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se decreta la suspensión

indefinida

e

inmediata

de

Carlos

M.

Ramírez

Hernández del ejercicio de la abogacía en nuestra

jurisdicción.

Le imponemos a éste el deber de notificar a

todos sus clientes de su presente inhabilidad para

seguir representándolos, les devuelva cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados, e

informe oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

País. Además, deberá certificarnos dentro del

término de treinta días, a partir de la notificación

esta Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.

El Alguacil de este Tribunal procederá a

incautarse de la obra y sello notarial del

Sr. Carlos M. Ramírez Hernández, luego de lo cual

entregará la misma a la Oficina de Inspección de

Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Publíquese.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo