Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARLOS R. ORTIZ ALVAREZ
2004 TSPR 189
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: CARLOS R. ORTIZ ALVAREZ
AB-2003-0260
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 189
Carlos R. Ortiz Álvarez
163 DPR ____
Número del Caso: AB-2003-260
Fecha: 8 de noviembre de 2004
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 18 de noviembre
de 2004 fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.)
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2
AB-2003-260
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Carlos R. Ortiz Álvarez
AB-2003-260
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2004
Una vez más nos enfrentamos a la actitud
displicente de un miembro de la clase togada de
nuestro
País
que
ha
optado
por
ignorar
los
requerimientos que, con relación a una queja, ha
hecho
el
Reiteramos
Procurador
nuestro
General
rechazo
de
a
Puerto
este
Rico.
patrón
de
dejadez e indiferencia hacia las comunicaciones
relacionadas con investigaciones disciplinarias y
advertimos
que
sanciones
severas
no
vacilaremos
a
aquellos
al
imponer
abogados
continúen observando dicho comportamiento.
que
3
AB-2003-260
I
El 1 de diciembre de 2003 la Juez Gladys
Torregrosa De la Rosa, del Tribunal de Primera
4
AB-2003-260
Instancia, Sala Superior de Aguadilla, nos remitió copia de
varios documentos relacionados con el caso Alicea Soto v.
SMC, Inc, ADP2000-0184, para que nos expresáramos sobre una
posible violación a los Cánones de Ética Profesional por
parte del Lcdo. Carlos R. Ortiz Álvarez.1 Luego de examinar
los referidos documentos, mediante Resolución emitida el 20
de febrero de 2004, referimos el asunto a la Oficina del
Procurador General para que realizara la investigación e
informe correspondiente.
Así las cosas, el Procurador General de Puerto Rico
nos
informó
que
el
Lcdo.
contestado
el
requerimiento
fines
que
se
de
Carlos
expresara
hecho
con
R.Ortiz
Álvarez
no
ha
por
Oficina
a
los
su
relación
a
la
queja
presentada.2 Asimismo, nos informó que había remitido copia
del expediente de la queja al Hon. Pedro G. Goyco Amador,
Fiscal General de Puerto Rico, para que éste investigara la
posible
comisión
de
delito
por
parte
del
querellado
en
vista de la seriedad de los hechos que se le imputan al
Lcdo. Ortiz Alvarez.3
1
Éste fue admitido por este Tribunal al ejercicio de la
abogacía el 6 de junio de 1983 y al del notariado el 19 de
julio de 1983.
2
Mediante Informe de fecha 21 de abril de 2004.
3
En vista de ello, nos solicitó que paralizáramos la queja
de epígrafe hasta que la Oficina del Fiscal General
realizara su investigación. Luego de un ponderado análisis
de los hechos de este caso, resolvemos que no procede la
paralización solicitada. Ello considerando que el Lcdo.
Ortiz Álvarez ha infringido una de las normas fundamentales
que rigen los procedimientos disciplinarios: ha ignorado
(Continúa . . .)
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AB-2003-260
II
En
reiteradas
ocasiones
hemos
expresado
que
la
naturaleza pública de la profesión de abogado impone a la
clase
togada
la
más
estricta
observancia
a
los
requerimientos relacionados con las investigaciones sobre
asuntos disciplinarios. In re Pérez Brasa, res. el 10 de
diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 46; In re Lassalle Pérez,
res. el 16 de febrero de 2001, 2001 T.S.P.R. 15; In re Ríos
Acosta
I,
143
D.P.R.
128,
135
(1997).
Asimismo,
hemos
destacado la importancia de la función investigativa que
realiza la Oficina del Procurador General de Puerto Rico
con relación a las quejas referentes a posibles violaciones
a
los
Cánones
de
Ética
Profesional.
In
re
Albizu,
136
D.P.R. 126, 132 (1994).
Como es sabido, la Oficina del Procurador General de
Puerto Rico desempeña un papel de suma importancia en el
descargo de nuestra facultad de reglamentar la profesión de
abogado. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984). Una
de las funciones principales de dicha Oficina es la de
investigar
las
quejas
sobre
posibles
violaciones
a
los
Cánones de Ética Profesional por parte de los miembros de
la profesión legal, ya sean estas investigaciones ordenadas
por este Tribunal o producto de quejas de ciudadanos que
directamente acuden ante dicho funcionario. Ibíd.
_____________________
los requerimientos del Procurador General, los cuales
fueron realizados por este funcionario a instancia nuestra.
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Como norma general, al realizar estas investigaciones
el
Procurador
General
se
comunica
con
el
abogado
en
cuestión a los fines de requerirle que se exprese respecto
a la queja presentada. Sobre este particular, hemos sido
enfáticos al resolver que “la pronta y responsable atención
por parte de los abogados a esta clase de comunicaciones
provenientes de la Oficina del Procurador General de Puerto
Rico es de vital y necesaria importancia en relación con
nuestra
función
Asimismo,
hemos
de
reglamentar
expresado
que
la
la
profesión.”
Oficina
del
General
constituye
el
‘brazo
investigativo’
Tribunal
en
de
conducta
profesional
casos
Ibíd.
Procurador
de
y
este
que
la
voluntaria y temeraria desatención de los abogados a esta
clase de comunicación tiene el mismo efecto disruptivo en
nuestra función reguladora de la profesión que cuando se
desatiende
una
orden
emitida
directamente
por
este
Tribunal.
A
tono
con
lo
anterior,
hemos
sido
enérgicos
al
puntualizar que no dudaremos en suspender del ejercicio de
la abogacía a aquellos abogados que sin una oportuna excusa
válida incumplan los requerimientos del Procurador General
de Puerto Rico respecto a una investigación de una queja
presentada
reiterar
en
que,
su
contra.
En
ese
independientemente
sentido,
de
los
es
importante
méritos
de
las
quejas presentadas en contra de un abogado, éste tiene la
obligación
ineludible
de
responder
sin
demora
a
los
requerimientos de la Oficina del Procurador. In re Pérez
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Brasa, ante; In re Ríos Acosta I, ante, a la pág. 135; In
re Izquierdo, 126 D.P.R. 202, 205 (1990). Tal y como hemos
señalado
anteriormente,
constituye
méritos
una
de
falta
la
el
ignorar
estos
ética
separada
y
que
conlleva
la
queja,
requerimientos
distinta
a
los
imposición
de
sanciones disciplinarias severas. Ibíd. Véase, además: In
re Oquendo Carrasquillo, 117 D.P.R. 417, 418 (1986); In re
Izquierdo, ante, a la pág. 205; In re Álvarez Meléndez, 129
D.P.R. 495, 498 (1991).
III
La
actitud
de
dejadez
abogado
Carlos
R.
Ortiz
cursada
por
el
Procurador
alguna,
ser
avalada
ni
y
desidia
Álvarez
ante
la
no
puede,
General
tolerada
demostrada
por
este
por
el
comunicación
de
forma
Tribunal.
Su
conducta revela una gran fisura del buen carácter que debe
exhibir todo miembro de la profesión legal. Dicho proceder
constituye
un
contumacia
acto
hacia
de
indisciplina,
los
procesos
falta
de
respeto
disciplinarios
y
que,
definitivamente, no estamos dispuestos a tolerar.
Por los fundamentos antes expresados, se decreta la
suspensión
Álvarez
indefinida
del
e
ejercicio
inmediata
de
la
de
Carlos
abogacía
en
R.
Ortiz
nuestra
jurisdicción.4
4
Debe señalarse que existen dos quejas adicionales, en
etapa de investigación, en las cuales se le imputa al Lcdo.
Ortiz Álvarez la supuesta comisión de hechos graves,
análogos a los del presente caso, que de ser probadas
(Continúa . . .)
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8
Se dictará Sentencia de conformidad.
_____________________
conllevarían la separación permanente de éste del ejercicio
de la profesión de abogado.
Nos referimos a los casos AB-2003-60 y AB-2004-96,
constancia de los cuales deberán ser unidas al expediente
personal del querellado. El Procurador General deberá
mantenernos informados del resultado de las investigaciones
que, actualmente, lleva a cabo el Fiscal General de Puerto
Rico en relación con los mismos.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Carlos R. Ortiz Álvarez
AB-2003-260
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2004
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte integra de la presente, se dicta Sentencia
decretando
la
suspensión,
indefinida
e
inmediata, de Carlos R. Ortiz Álvarez al
ejercicio
de
la
abogacía
en
nuestra
jurisdicción. Le imponemos a éste el deber de
notificar a todos sus clientes de su presente
inhabilidad de seguir representándolos y les
devuelva cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados. Deberá, además, informar
de
su
suspensión
a
los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos
del
País
y
certificarnos dentro del término de treinta (30)
días desde de su notificación el cumplimiento de
estos deberes. Tendrá también que notificar al
Procurador General de Puerto Rico.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal
procederá, de inmediato, a incautarse de la obra
notarial de Carlos R. Ortiz Álvarez, incluyendo
su sello notarial. Luego, entregará la misma a
la Oficina de Inspección de Notarías para el
correspondiente
examen
e
informe
a
este
Tribunal.
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2
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez no interviene.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo