LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS R. ORTIZ ALVAREZ

2004 TSPR 189

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS R. ORTIZ ALVAREZ

AB-2003-0260

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2004 TSPR 189

Carlos R. Ortiz Álvarez

163 DPR ____

Número del Caso: AB-2003-260

Fecha: 8 de noviembre de 2004

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 18 de noviembre

de 2004 fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

2

AB-2003-260

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Carlos R. Ortiz Álvarez

AB-2003-260

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2004

Una vez más nos enfrentamos a la actitud

displicente de un miembro de la clase togada de

nuestro

País

que

ha

optado

por

ignorar

los

requerimientos que, con relación a una queja, ha

hecho

el

Reiteramos

Procurador

nuestro

General

rechazo

de

a

Puerto

este

Rico.

patrón

de

dejadez e indiferencia hacia las comunicaciones

relacionadas con investigaciones disciplinarias y

advertimos

que

sanciones

severas

no

vacilaremos

a

aquellos

al

imponer

abogados

continúen observando dicho comportamiento.

que

3

AB-2003-260

I

El 1 de diciembre de 2003 la Juez Gladys

Torregrosa De la Rosa, del Tribunal de Primera

4

AB-2003-260

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, nos remitió copia de

varios documentos relacionados con el caso Alicea Soto v.

SMC, Inc, ADP2000-0184, para que nos expresáramos sobre una

posible violación a los Cánones de Ética Profesional por

parte del Lcdo. Carlos R. Ortiz Álvarez.1 Luego de examinar

los referidos documentos, mediante Resolución emitida el 20

de febrero de 2004, referimos el asunto a la Oficina del

Procurador General para que realizara la investigación e

informe correspondiente.

Así las cosas, el Procurador General de Puerto Rico

nos

informó

que

el

Lcdo.

contestado

el

requerimiento

fines

que

se

de

Carlos

expresara

hecho

con

R.Ortiz

Álvarez

no

ha

por

Oficina

a

los

su

relación

a

la

queja

presentada.2 Asimismo, nos informó que había remitido copia

del expediente de la queja al Hon. Pedro G. Goyco Amador,

Fiscal General de Puerto Rico, para que éste investigara la

posible

comisión

de

delito

por

parte

del

querellado

en

vista de la seriedad de los hechos que se le imputan al

Lcdo. Ortiz Alvarez.3

1

Éste fue admitido por este Tribunal al ejercicio de la

abogacía el 6 de junio de 1983 y al del notariado el 19 de

julio de 1983.

2

Mediante Informe de fecha 21 de abril de 2004.

3

En vista de ello, nos solicitó que paralizáramos la queja

de epígrafe hasta que la Oficina del Fiscal General

realizara su investigación. Luego de un ponderado análisis

de los hechos de este caso, resolvemos que no procede la

paralización solicitada. Ello considerando que el Lcdo.

Ortiz Álvarez ha infringido una de las normas fundamentales

que rigen los procedimientos disciplinarios: ha ignorado

(Continúa . . .)

5

AB-2003-260

II

En

reiteradas

ocasiones

hemos

expresado

que

la

naturaleza pública de la profesión de abogado impone a la

clase

togada

la

más

estricta

observancia

a

los

requerimientos relacionados con las investigaciones sobre

asuntos disciplinarios. In re Pérez Brasa, res. el 10 de

diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 46; In re Lassalle Pérez,

res. el 16 de febrero de 2001, 2001 T.S.P.R. 15; In re Ríos

Acosta

I,

143

D.P.R.

128,

135

(1997).

Asimismo,

hemos

destacado la importancia de la función investigativa que

realiza la Oficina del Procurador General de Puerto Rico

con relación a las quejas referentes a posibles violaciones

a

los

Cánones

de

Ética

Profesional.

In

re

Albizu,

136

D.P.R. 126, 132 (1994).

Como es sabido, la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico desempeña un papel de suma importancia en el

descargo de nuestra facultad de reglamentar la profesión de

abogado. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984). Una

de las funciones principales de dicha Oficina es la de

investigar

las

quejas

sobre

posibles

violaciones

a

los

Cánones de Ética Profesional por parte de los miembros de

la profesión legal, ya sean estas investigaciones ordenadas

por este Tribunal o producto de quejas de ciudadanos que

directamente acuden ante dicho funcionario. Ibíd.

_____________________

los requerimientos del Procurador General, los cuales

fueron realizados por este funcionario a instancia nuestra.

6

AB-2003-260

Como norma general, al realizar estas investigaciones

el

Procurador

General

se

comunica

con

el

abogado

en

cuestión a los fines de requerirle que se exprese respecto

a la queja presentada. Sobre este particular, hemos sido

enfáticos al resolver que “la pronta y responsable atención

por parte de los abogados a esta clase de comunicaciones

provenientes de la Oficina del Procurador General de Puerto

Rico es de vital y necesaria importancia en relación con

nuestra

función

Asimismo,

hemos

de

reglamentar

expresado

que

la

la

profesión.”

Oficina

del

General

constituye

el

‘brazo

investigativo’

Tribunal

en

de

conducta

profesional

casos

Ibíd.

Procurador

de

y

este

que

la

voluntaria y temeraria desatención de los abogados a esta

clase de comunicación tiene el mismo efecto disruptivo en

nuestra función reguladora de la profesión que cuando se

desatiende

una

orden

emitida

directamente

por

este

Tribunal.

A

tono

con

lo

anterior,

hemos

sido

enérgicos

al

puntualizar que no dudaremos en suspender del ejercicio de

la abogacía a aquellos abogados que sin una oportuna excusa

válida incumplan los requerimientos del Procurador General

de Puerto Rico respecto a una investigación de una queja

presentada

reiterar

en

que,

su

contra.

En

ese

independientemente

sentido,

de

los

es

importante

méritos

de

las

quejas presentadas en contra de un abogado, éste tiene la

obligación

ineludible

de

responder

sin

demora

a

los

requerimientos de la Oficina del Procurador. In re Pérez

7

AB-2003-260

Brasa, ante; In re Ríos Acosta I, ante, a la pág. 135; In

re Izquierdo, 126 D.P.R. 202, 205 (1990). Tal y como hemos

señalado

anteriormente,

constituye

méritos

una

de

falta

la

el

ignorar

estos

ética

separada

y

que

conlleva

la

queja,

requerimientos

distinta

a

los

imposición

de

sanciones disciplinarias severas. Ibíd. Véase, además: In

re Oquendo Carrasquillo, 117 D.P.R. 417, 418 (1986); In re

Izquierdo, ante, a la pág. 205; In re Álvarez Meléndez, 129

D.P.R. 495, 498 (1991).

III

La

actitud

de

dejadez

abogado

Carlos

R.

Ortiz

cursada

por

el

Procurador

alguna,

ser

avalada

ni

y

desidia

Álvarez

ante

la

no

puede,

General

tolerada

demostrada

por

este

por

el

comunicación

de

forma

Tribunal.

Su

conducta revela una gran fisura del buen carácter que debe

exhibir todo miembro de la profesión legal. Dicho proceder

constituye

un

contumacia

acto

hacia

de

indisciplina,

los

procesos

falta

de

respeto

disciplinarios

y

que,

definitivamente, no estamos dispuestos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la

suspensión

Álvarez

indefinida

del

e

ejercicio

inmediata

de

la

de

Carlos

abogacía

en

R.

Ortiz

nuestra

jurisdicción.4

4

Debe señalarse que existen dos quejas adicionales, en

etapa de investigación, en las cuales se le imputa al Lcdo.

Ortiz Álvarez la supuesta comisión de hechos graves,

análogos a los del presente caso, que de ser probadas

(Continúa . . .)

AB-2003-260

8

Se dictará Sentencia de conformidad.

_____________________

conllevarían la separación permanente de éste del ejercicio

de la profesión de abogado.

Nos referimos a los casos AB-2003-60 y AB-2004-96,

constancia de los cuales deberán ser unidas al expediente

personal del querellado. El Procurador General deberá

mantenernos informados del resultado de las investigaciones

que, actualmente, lleva a cabo el Fiscal General de Puerto

Rico en relación con los mismos.

AB-2003-260

9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Carlos R. Ortiz Álvarez

AB-2003-260

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2004

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte integra de la presente, se dicta Sentencia

decretando

la

suspensión,

indefinida

e

inmediata, de Carlos R. Ortiz Álvarez al

ejercicio

de

la

abogacía

en

nuestra

jurisdicción. Le imponemos a éste el deber de

notificar a todos sus clientes de su presente

inhabilidad de seguir representándolos y les

devuelva cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados. Deberá, además, informar

de

su

suspensión

a

los

distintos

foros

judiciales

y

administrativos

del

País

y

certificarnos dentro del término de treinta (30)

días desde de su notificación el cumplimiento de

estos deberes. Tendrá también que notificar al

Procurador General de Puerto Rico.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal

procederá, de inmediato, a incautarse de la obra

notarial de Carlos R. Ortiz Álvarez, incluyendo

su sello notarial. Luego, entregará la misma a

la Oficina de Inspección de Notarías para el

correspondiente

examen

e

informe

a

este

Tribunal.

AB-2003-260

2

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez no interviene.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo