Tribunal Supremo de Puerto Rico
PARQUE ECUESTRE LA ESMERALDA, INC. V. JUNTA HÍPICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DEPORTE HÍPICO
2004 TSPR 178
Poder Judicial de Puerto Rico
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PARQUE ECUESTRE LA ESMERALDA, INC. V. JUNTA HÍPICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DEPORTE HÍPICO
CC-2003-909
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc.
Peticionario
Certiorari
v.
2004 TSPR 178
Junta Hípica de la Administración
y el Deporte Hípico
163 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2003-909
Fecha: 15 de noviembre de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional V de Ponce y Aibonito
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Katarina Stipec Rubio
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Armando Martínez Fernández
Lcda. Amanda Acevedo Rhodes
Materia: Revisión Decisión Administrativa de la Administración de la
Industria y el Deporte Hípico
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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CC-2003-909
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Parque Ecuestre La Esmeralda,
Inc.
Peticionario
vs.
CC-2003-909
Certiorari
Junta Hípica de la Administración y el Deporte Hípico
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2004.
El 3 de diciembre de 2003 la peticionaria,
Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc., acudió ante
nos
para
solicitar
la
revisión
dictada
por
el
entonces
Apelaciones
el
16
Resolución
Circuito
de
judicial
de
de
una
Tribunal
de
septiembre
de
2003. Mediante dicha Resolución, el foro apelativo
denegó la revisión judicial de la determinación de
la Junta Hípica, emitida el 27 de mayo de 2003,
mediante
denegó
la
la
cual
dicho
licencia
agencia
solicitada
administrativa
por
la
parte
peticionaria para operar un hipódromo y celebrar
carreras de caballo en el sur de Puerto Rico.
CC-2003-909
3
Examinado detenidamente el recurso presentado por la
peticionaria,
a
la
luz
de
los
referidos
dictámenes
del
Tribunal de Apelaciones y de la Junta Hípica, estimamos que
la
peticionaria
tiene
razón
en
sus
planteamientos.
Por
ende, se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de
Apelaciones el 16 de septiembre de 2003 y la Resolución de
la Junta Hípica del 27 de mayo de 2003, y se ordena la
devolución
del
caso
a
la
Junta
Hípica
para
que
evalúe
nuevamente la solicitud de Parque Ecuestre La Esmeralda,
Inc.
Lo
pronunció,
Secretaria
del
manda
Tribunal
el
Tribunal
Supremo.
El
y
Juez
certifica
Asociado
la
señor
Fuster Berlingeri emitió Opinión de Conformidad, a la cual
se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez
Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión. El Juez
Presidente señor Hernández Dentón está inhibido. El Juez
Asociado señor Rebollo López no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-2003-909
4
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Parque Ecuestre La Esmeralda,
Inc.
Peticionario
vs.
Certiorari
CC-2003-909
Junta Hípica de la Administración y el Deporte Hípico
Recurrida
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor FUSTER
BERLINGERI, a la cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ.
San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2004.
El 7 de agosto de 2000 Parque Ecuestre La
Esmeralda,
solicitó
Inc.
ante
(en
la
adelante
Junta
Parque
Hípica
(en
Ecuestre)
adelante
la
Junta) una licencia bajo la Ley de la Industria y
el Deporte Hípico de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de
2 de julio de 1987, 15 L.P.R.A. secs. 198-198s,
según
enmendada,
celebrar
carreras
para
operar
de
ejemplares
un
hipódromo
hípicos
en
y
el
área sur de la Isla. El nuevo hipódromo habría de
construirse
en
terrenos
pertenecientes
a
la
corporación Emerald Princess, Inc, y que ubican
en
el
Municipio
de
contaría
además
dirigidas
a
Santa
Isabel.
con
diversas
fomentar
el
El
hipódromo
facilidades
deporte
hípico
CC-2003-909
5
en Puerto Rico.1 En efecto, aun la propia Junta reconoció
que
se
trataba
facilidades
de
una
propuesta
extraordinarias,
que
para
no
un
las
hipódromo
tenía
el
con
actual
hipódromo que existe en Puerto Rico.
Como
parte
del
procedimiento
para
considerar
la
solicitud de la referida licencia, el 16 de agosto de 2000
la
Junta
le
ordenó
a
la
peticionaria
presentar
documentación relativa a: (1) la viabilidad económica de un
segundo hipódromo en Puerto Rico; (2) el financiamiento del
proyecto;
(3)
directores
y
información
oficiales
de
pertinente
las
a
accionistas,
corporaciones
Emerald
Princess y Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc., incluyendo
sus
estados
financieros
y
certificados
de
antecedentes
penales, debiendo acreditar además la existencia jurídica
Las facilidades con las que contaría el hipódromo,
según la propuesta presentada por la peticionaria, serían,
entre otras, las siguientes: Pista de grama de una milla
con un chute de 250 metros; pista de arena de una milla y
un
octavo
con
dos
chutes
de
300
y
150
metros,
respectivamente;
tramos
de
800
metros
sin
curva;
facilidades para clases de equitación, competencias de paso
fino, salto y “dressage”; establos en condominio; edificio
principal con palcos para prensa, Administrador, Junta
Hípica y privados; “Grand Stand”, Casa Club y restaurante;
club
para
dueños
de
ejemplares
e
invitados;
estacionamiento;
pabellón
de
ventas,
concesionario
y
establos para 100 ejemplares; área de servicios con
oficinas; área para equipo de mantenimiento de pista y
vivero de plantas; salón de actividades y áreas recreativas
para empleados de cuadras; piscina para ejercitar los
caballos; sistema de alumbrado para carreras nocturnas;
altoparlantes y pizarra electrónica; monitores de circuito
cerrado para la Casa Club y el “Grand Stand”; estudio de
televisión;
sistema
de
transportación
gratuita
de
ejemplares;
dormitorios
para
empleados
que
atiendan
ejemplares residentes; facilidades para el Jurado Hípico,
jueces de llegada y “chart callers” de la Revista Hípica;
salones para jinetes femeninos y masculinos; guardería para
niños; y sistema electrónico de apuestas.
1
CC-2003-909
6
de ambas corporaciones. La peticionaria presentó todos los
documentos requeridos.
Luego de múltiples incidentes procesales, se celebró
una
vista
pública
donde
se
presentaron
ponencias
de
representantes de diversos sectores del hipismo en Puerto
Rico.
Por
su
parte,
la
peticionaria
presentó
prueba
pericial en torno a la viabilidad económica del proyecto
propuesto.
Representantes de diversos sectores de la industria
hípica
comparecieron
construcción
del
a
deponer
nuevo
u
hipódromo,
opinar
sobre
la
entre
ellos:
la
Confederación Hípica de Puerto Rico, que agrupa dueños de
caballos,
la
Asociación
de
Jinetes,
la
Asociación
de
Entrenadores, la Asociación de Criadores, varios criadores
individuales,
Hípicos,
la
el
Hermandad
Alcalde
del
Puertorriqueña
Municipio
de
de
Santa
Agentes
Isabel,
el
Alcalde de Salinas, la Compañía de Fomento Industrial, a
través
de
la
Oficina
del
Director
la
Compañía
de
Turismo
de
Puerto
Rico,
a
Ejecutiva
de
Planificación
y
Presupuesto,
través
de
Desarrollo,
la
el
Subdirectora
Departamento
de
de
Desarrollo
Desarrollo
Económico
y
y
Comercio, Doral Securities, Inc., el Lcdo. Abelardo Ruiz
Suria y el Centro Comercial Plaza Esmeralda, Inc., todos a
favor
de
la
construcción
compareció
en
oposición
Management
Company,
LLC,
del
al
la
nuevo
hipódromo.
proyecto
compañía
que
el
Sólo
Comandante
controlaba
y
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7
administraba el único hipódromo existente en Puerto Rico,
el Hipódromo El Comandante.
La Junta Hípica denegó la licencia solicitada mediante
una resolución emitida el 27 de mayo y notificada el 28 de
mayo de 2003. Detalló los siguientes como los fundamentos
de su denegatoria: (1) que la peticionaria no había probado
que fuera económicamente viable la operación simultánea de
dos
hipódromos
en
Puerto
Rico
ni
presentó
una
carta-
compromiso firme de financiamiento; (2) que la peticionaria
no poseía un plan para el sistema electrónico de apuestas;
(3) que los ejemplares existentes eran insuficientes para
compartirlos entre dos hipódromos; (4) que la peticionaria
no
había
operadora
demostrado
del
que
los
empleados
Comandante
no
se
y
la
afectarían
empresa
por
la
construcción de un nuevo hipódromo; (5) en cuanto a la
necesidad de transportar los ejemplares entre uno y otro
hipódromo, que no se había analizado el factor riesgo y los
costos; y (6) que la construcción de un nuevo hipódromo
implicaría dividir los días de carreras, lo cual no traería
beneficio alguno a la industria hípica.
El 17 de junio de 2003 Parque Ecuestre solicitó la
reconsideración
de
la
denegatoria
referida,
la
cual
fue
declarada sin lugar el 19 de junio de 2003.
Ante la negativa de la Junta, Parque Ecuestre presentó
una petición de revisión en el Tribunal de Circuito de
Apelaciones el 29 de julio de 2003. Ese tribunal se negó a
intervenir aludiendo a la deferencia que merece la Junta
CC-2003-909
Hípica
por
8
su
carácter
de
agencia
administrativa.
Esta
determinación fue hecha mediante una resolución dictada el
16 de septiembre y notificada 24 de septiembre de 2003.
Inconforme con el dictamen referido, la peticionaria
acudió ante el Tribunal Supremo el 3 de diciembre de 2003 e
hizo el siguiente señalamiento:
“Erró la Junta Hípica al denegar la petición para
operar un hipódromo a base de criterios contrarios
a la ley, no contemplados en la misma y que no
forman parte del Reglamento Hípico.”
El 16 de enero de 2004 se expidió el recurso solicitado. La
peticionaria presentó su alegato el 5 de abril de 2004. La
recurrida presentó el suyo el 6 de mayo de 2004.
II
La Junta Hípica es el organismo facultado mediante la
Ley de la Industria y el Deporte Hípico (en adelante la
Ley), 15 L.P.R.A. secs. 198-198s, para “reglamentar todo lo
concerniente al deporte hípico”. El Artículo 6(b) de dicha
Ley, 15 L.P.R.A. sec. 198e(b) dispone, en lo pertinente:
La Junta
cosas:
tendrá
facultades
para,
entre
otras
(1) Establecer los requisitos, que a su juicio
deberá reunir todo hipódromo para operar como
tal; establecer los términos y condiciones
para el cumplimiento de dichos requisitos;
extender licencias provisionales durante el
término que se conceda a los dueños de
hipódromos para cumplir los requisitos que
establezca la Junta; cancelar toda licencia
que se expida con carácter provisional a sus
tenedores si no se cumplieren los términos de
ella; exigir requisitos adicionales a los
establecidos
originalmente,
garantizar
la
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9
seguridad pública, honestidad e integridad del
deporte hípico.
(2) Autorizar expresamente los días y lugar en
que cada hipódromo habrá de celebrar carreras
de caballos pura sangre en Puerto Rico y podrá
transferir el lugar y los sitios, señalados
para las mismas. Disponiéndose, que la Junta
autorizará un mínimo de ciento ochenta (180)
días de carreras en el año natural. La
repartición de los días hábiles de carreras
deberá
hacerse
razonablemente
entre
los
hipódromos, velando siempre por el bienestar
general del hipismo.
. . .
(5) Prescribir por reglamento los requisitos que
deberán reunir las personas naturales y
jurídicas
que
se
dediquen
a
cualquier
actividad hípica; . . . Nada impedirá a los
dueños de caballos, potreros y criadores ser
accionistas
de
empresas
operadoras
de
hipódromos en Puerto Rico.
. . .
(7)
Declarar,
a
petición
del
Administrador
Hípico, de las personas naturales o jurídicas
autorizadas a operar hipódromos en Puerto Rico
. . .(Énfasis suplido).
No obstante, la discreción que se le ha otorgado a la
Junta para determinar si concede licencias de hipódromos no
es
absoluta.
El
Artículo
16(a)
establece
una
de
referidas limitaciones:
No se concederá o renovará licencia de
índole alguna en la actividad hípica a personas
que hubiesen sido convictas por violación de
cualesquiera de las disposiciones de las secs.
2101 et seq. del Título 24, conocidas como “Ley
de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, o que
hayan sido convictas de delito grave, o de delito
menos grave que implique depravación moral. 15
L.P.R.A. sec. 198o.
las
CC-2003-909
La
10
propia
Junta
delineando
mediante
requisitos
que
Hípica
un
tienen
ha
limitado
reglamento
que
los
cumplir
su
discreción
procedimientos
las
personas
y
que
interesen obtener una licencia para operar un hipódromo. La
Sección
II-A
procedimiento
del
a
Reglamento
seguir
para
Hípico
obtener
una
contiene
el
licencia
para
operar un hipódromo:
201. No se abrirá al público ni se operará ningún
hipódromo en Puerto Rico dedicado a celebrar
carreras
de
caballos
sin
una
licencia
otorgada por la Junta.
202. Toda persona natural o jurídica interesada en
la operación de un hipódromo deberá radicar
una petición al efecto ante la Junta y
suministrar
toda
la
información
y
documentación que le sea requerida.
203. Antes de otorgar o renovar una licencia de
hipódromo, la Junta celebrará audiencia y
dará la oportunidad de expresarse a todos los
interesados
y
a
las
agencias
e
instrumentalidades del gobierno concernidas.
El solicitante hará publicar los anuncios y
edictos que ordene la Junta en relación con
dichas audiencias.
204. Antes de otorgar la licencia, la Junta
impondrá al solicitante las condiciones y
requisitos mínimos bajo las cuales operará el
hipódromo y las mismas formarán parte de la
licencia
de
hipódromo
si
ésta
fuera
concedida.
....
214. No se otorgará o renovará licencia
hipódromo a ninguna persona que:
de
1. Sea miembro, empleado o funcionario de la
Administración o agente hípico.
2. Haya sido convicto de delito grave o menos
grave que implique depravación moral.
3. Esté asociado o tenga interés en cualquier
negocio o actividad con alguna persona que
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11
haya sido convicta de violar la “Ley de
Sustancias Controladas”.
4. Tenga una suspensión o cancelación de su
licencia en algún hipódromo del exterior o
haya sido encontrado culpable de prácticas
ilícitas
o
perjudiciales
del
deporte
hípico en cualquier hipódromo de Puerto
Rico o el exterior.
5. Se niegue a cumplir o entorpeciere el
cumplimiento de la Ley o el Reglamento,
Reglas, Resoluciones y Órdenes de la Junta
y el Administrador.
6. Se
niegue
a
antidroga
de
Administrador.
someterse
a
un
examen
serle
requerido
por
el
215. La
Junta
podrá
establecer
requisitos
adicionales de los que originalmente se
establecieron para obtener la licencia de
hipódromo. Se le ofrecerá al poseedor de la
licencia de hipódromo la oportunidad de
discutir los nuevos requerimientos en vista
pública para esos propósitos por sí mismo o
por medio de sus abogados.
Es requisito además que durante su operación el hipódromo
contemplado
cuente
con
las
facilidades
dispuestas
en
Regla 2108 del Reglamento Hípico, según enmendado:
1. Tener una pista de por lo menos una milla.
2. Disponer de por lo menos 2 portones de salida.
3. Disponer de
apuestas.
un
sistema
electrónico
para
las
4. Disponer de equipo para tomar mecánica o
electrónicamente el tiempo fraccional y el
tiempo total de cada carrera.
5. Disponer de equipo para fotografiar en película
o en cinta video magnetofónica el desarrollo de
las
carreras
o
cualquier
otro
sistema
autorizado por el Administrador y proyectar al
público apostador las carreras vía televisión,
y previa autorización de la Junta, otras formas
de
transmisión
visual,
en
transmisión
la
CC-2003-909
12
simultánea con la celebración de la carreras,
conservando copia de éstas por un período a ser
dispuesto por el Administrador Hípico, así como
a petición particular del Administrador Hípico,
el Jurado Hípico o la Junta Hípica.
6. Disponer
de
un
adecuado
sistema
de
altoparlantes, así como un sistema adecuado de
comunicaciones con los funcionarios y empleados
que se desempeñan en los días de carreras.
7. Disponer
de
un
servicio
debidamente equipadas.
de
ambulancias
8. Mantener
abierta
diariamente
la
sala
de
emergencia a cargo de un doctor y un enfermero
autorizado.
9. Mantener debidamente uniformada una guardia a
toda hora.
10. Tener un área de establos con aquel número de
jaulas que la Junta determine.
11. Tener un área y facilidades para la toma de
muestras de orina, sangre, secreción nasal o
transpiración.
12. Tener un
llevar a
carreras.
local adecuadamente equipado para
cabo las inscripciones para las
13. Mantener graderías, cantinas y “restaurant” de
primera clase.
14. Mantener y conservar en forma
alrededores del hipódromo.
atractiva
los
15. Designar de común acuerdo con la Junta y el
Administrador
el área de acomodo para uso
exclusivo de éstos y sus invitados durante los
días de carreras.
16. Designar y tener a su costo un médico quien
deberá estar en el hipódromo a las órdenes del
Jurado durante los días de carreras desde la
hora que fije el Administrador.
17. El equipo y facilidades que se mencionan como
requisitos
mínimos,
se
sobreentiende
que
deberán estar en buen estado de funcionamiento
y en su lugar correspondiente para los usos que
se destinen.
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13
18. Mantener los servicios de no menos de dos
ujieres debida y adecuadamente uniformados.
19. Tener un área con una piscina para ejercitar
los ejemplares de carreras.
20. Tener
un
suficiente
oscurecer.
sistema
de
alumbrado
eléctrico
para celebrar las carreras al
21. Designar de común acuerdo con los dueños de
caballos o sus representantes el área de
acomodo para uso exclusivo de éstos y sus
invitados durante los días de carreras.
22. Proveer un área de estacionamiento rotulado,
accesible y protegido a cada uno de los
Miembros del Jurado, la Junta Hípica y el
Administrador Hípico a ser aprobados por éstos.
23. Mantener en las facilidades del hipódromo, en
común acuerdo con el Administrador Hípico, un
área de escuela y un área de establos designada
para uso exclusivo de la Escuela Vocacional
Hípica, cuyos requisitos serán establecidos por
el Administrador Hípico.
24. Mantener un adecuado sistema de computadora con
sus respectivos programas a disposición de y a
ser utilizado por el Secretario de Carreras en
sus funciones a satisfacción del Administrador
Hípico.
III
En
que
nuestra
los
jurisdicción
tribunales
está
apelativos
firmemente
deben
establecido
“conceder
gran
consideración y deferencia a las decisiones administrativas
en
vista
de
la
vasta
experiencia
y
el
conocimiento
especializado de la agencia”. Por tal razón la revisión
judicial de tales decisiones se limita a “determinar si la
actuación
administrativa
propósito
legislativo
irrazonable,
Torres
ilegal,
Acosta
v.
fue
o
o
si
Junta
razonable
si,
por
medió
y
el
cónsona
con
contrario,
el
fue
abuso
de
discreción”.
Examinadora
de
Ingenieros,
CC-2003-909
14
Arquitectos y Agrimensores, res. el 27 de abril de 2004,
161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 65, 2004 JTS 71; Ocean View v.
Pascual García-Proyecto Reina Del Mar, res. el 31 de marzo
de 2004, 161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 48, 2004 JTS 59; Oficina
de Ética Gubernamental v. Igartúa de la Rosa, res. el 4 de
septiembre de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 TSPR 114, 2002 JTS
120; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70,
80 (1999).
Además,
Uniforme,
la
3
Ley
de
L.P.R.A.
Procedimiento
sec.
2101,
Administrativo
dispone
que
las
determinaciones de hechos contenidas en las decisiones de
las agencias “serán sostenidas por el tribunal si se basan
en
evidencia
sustancial
administrativo”.
3
que
L.P.R.A.
obra
sec.
en
2175;
el
expediente
Rebollo
v.
Yiyi
Motors, Motor Ambar, Inc., res. el 13 de enero de 2004, 161
D.P.R. ___, 2004 TPSR 2, 2004 JTS 4.
Las
agencias
administrativas
merecen
también
deferencia en lo que a la interpretación de la legislación
que
implementan
se
refiere.
Sin
embargo,
“cuando
la
interpretación del estatuto que hace la agencia conduce a
resultados
incompatibles,
ley,
no
ésta
puede
contrarios
prevalecer”.
al
T-JAC,
propósito
de
Inc.
Caguas
v.
la
Centrum Limited, supra.
Por otro lado, en García Cabán v. UPR, 120 D.P.R. 167
(1987), se resolvió que “una vez una agencia ha promulgado
unos
reglamentos
limitar
el
para
alcance
de
facilitar
su
su
proceso
discreción,
viene
decisional
y
obligada
a
CC-2003-909
15
observarlos estrictamente”. Este razonamiento fue reiterado
en Rivera Concepción v. A.R.Pe., res. el 29 de septiembre
de 2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR 143, 2000 JTS 155; y en
Hernández Chiquez v. F.S.E., res. el 22 de diciembre de
2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR 191, 2001 JTS 1.
Específicamente
en
cuanto
a
la
Junta
Hípica,
el
Tribunal Supremo ha expresado que una vez ésta aprueba un
Reglamento, el mismo adquiere fuerza de ley, no puede ser
variado
arbitrariamente
y
sólo
puede
ser
derogado
o
modificado mediante la adopción de otra norma posterior.
Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634
(1967).
En
seguir
el
tal
Procedimiento
caso,
la
Junta
Hípica
viene
procedimiento
dispuesto
en
Administrativo
Uniforme
(LPAU),
obligada
a
Ley
de
la
3
L.P.R.A.
secs. 2121 et seq.
IV
Mediante la Ley de la Industria y el Deporte Hípico,
supra,
nuestra
Asamblea
Legislativa
delegó
a
la
Junta
Hípica la importante tarea de autorizar el establecimiento
de hipódromos en Puerto Rico. Se trata de una determinación
de claro interés público y gran impacto económico. Más aún,
evidentemente
“se
trata
de
un
proceso
que
requiere
la
evaluación de muchas circunstancias y factores complejos, y
la
ponderación
de
criterios
diversos”.
Lab.
Clínico
Instituto Central de Medicina Avanzada v. Lab. Borinquen,
149 D.P.R. 121 (1999). No obstante, las determinaciones que
CC-2003-909
16
haga la Junta tienen que mantenerse dentro de los límites
de lo razonable.
En
el
caso
de
autos,
la
Junta
Hípica
denegó
una
solicitud para el establecimiento de un nuevo hipódromo en
el país, a pesar de que dicha solicitud fue favorecida por
prácticamente todos los numerosos y diversos sectores de la
industria hípica, incluyendo a los dueños de caballos, los
jinetes, los entrenadores, los criadores de caballos y los
agentes hípicos. Fue igualmente favorecida también por los
otros
organismos
gubernamentales
que
tienen
alguna
ingerencia en asuntos como éste, incluyendo el Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo
y
la
Compañía
de
Fomento
Industrial.
Sólo
se
opuso
la
empresa que en ese momento administraba el Hipódromo el
Comandante.
Tratándose
de
una
contemplada
inversión
multimillonaria que cuenta con el sólido apoyo de personas,
grupos y entidades muy autorizadas, la determinación de la
Junta
Hípica,
administraba
que
el
sólo
favorece
Hipódromo
el
a
la
compañía
Comandante,
no
que
estuvo
debidamente fundamentada. Veamos.
A. Viabilidad
La Junta fundamentó su denegatoria, en primer lugar, a
base de que la peticionaria no había demostrado que fuera
económicamente
viable
la
operación
simultánea
de
dos
hipódromos en Puerto. Es decir, la Junta estimó que el
permiso
solicitado
no
podía
concederse
si
el
CC-2003-909
17
establecimiento
de
un
nuevo
viabilidad
económica
del
Comandante.
En
la
efecto,
hipódromo
hipódromo
postura
afectaba
la
existente,
el
referida
de
la
Junta
estuvo dirigida a proteger la solvencia económica de la
empresa que administraba el Comandante.
Esta postura no es sostenible por varias razones. En
primer
lugar
se
trata
de
una
determinación
mayormente
especulativa y dudosa. La Junta basó su determinación en la
opinión de dos peritos económicos de el Comandante quienes
sostuvieron el supuesto de que un segundo hipódromo en el
sur
de
Puerto
económica
de
peticionaria
Rico
menoscabaría
El
Comandante.
presentó
los
seriamente
Sin
estudios
la
embargo,
de
dos
solvencia
la
parte
economistas
igualmente capacitados que sostuvieron la tesis de que dos
hipódromos operando a la vez eran económicamente viables.
La postura de la Junta, además, era contraria a la opinión
que
tienen
casi
todos
aquellos
que
podrían
verse
adversamente afectados, como los dueños de caballos, los
jinetes, los agentes hípicos y otros. No puede tomarse una
decisión tan importante sobre la base de consideraciones
altamente hipotéticas que sólo favorecían a la empresa que
en ese momento administraba al Comandante. Este fundamento,
pues, no parece tener sustancialmente la objetividad y el
mérito necesario para apoyar la determinación en cuestión.
La
Junta
no
contó
con
un
estudio
económico
a
fondo,
preparado por peritos independientes, que sirvieran de base
CC-2003-909
18
para una decisión tan importante, sobre todo en vista de la
controversialidad del asunto en cuestión.
En
segundo
Hípica
lugar,
significaría
preferentemente
la
referida
que
con
la
el
postura
Estado
supervivencia
de
está
de
la
Junta
comprometido
una
particular
entidad comercial privada. Sin embargo, una finalidad tan
singular,
cuando
sociedad
de
encomendada
menos
mercado
a
la
extraña
como
Junta
la
cuidadoso
de
la
objetivos
que
informar
sorprendente
nuestra,
Hípica
análisis
deben
y
por
Ley
las
no
su
ley
revela
le
en
una
ha
sido
orgánica.
claramente
labores
de
la
Un
los
Junta
Hípica. Dicha agencia se creó para velar por la seguridad
pública, la honestidad y la integridad del deporte hípico.
Se procura sobretodo que sea un deporte de calidad, limpia
y confiable.2 En ningún lugar en la Ley se indica o se
intima que será función de la Junta proteger la solvencia
económica de la empresa que administra a El Comandante. Se
trata
evidentemente
de
una
función
o
finalidad
tan
inusitada y particular que no puede derivarse meramente de
los amplios poderes que la ley le concede a la Junta. Para
que
sea
válida,
requiere
cuando
menos
que
haya
sido
expresamente concedida por ley. La ley que nos concierne no
concede tal finalidad de ningún modo claro.
Nótese
asimismo
Reglamento
mismo
existencia
en
2
de
el
que
la
la
Junta
país
de
propia
Ley
contemplan
más
de
hasta
el
expresamente
la
hipódromo.
En
un
Véase Exposición de Motivos de la Ley.
y
CC-2003-909
19
particular, la Ley le concede a la Junta la facultad de
detallar
los
requisitos
que
deba
satisfacer
cualquier
hipódromo, y al Administrador Hípico la de suspender las
carreras en cualquier hipódromo, todo lo cual implica la
posibilidad de que exista más de uno solo. Más aún, la Ley
expresamente se refiere a las licencias a concederse “a los
dueños de hipódromos”; y en más de una ocasión se refiere a
los “hipódromos” de Puerto Rico. Se vislumbra claramente,
pues, que puedan existir hipódromos en la Isla que compitan
entre
sí.
La
cuestión
de
si
tales
hipódromos
son
o
no
económicamente viables le atañe propiamente a los dueños de
éstos,
que
son
quienes
mejor
conocen
qué
es
lo
que
le
conviene a sus particulares intereses económicos.
Por otro lado, a la Junta sí se le encomendó la tarea
de
fomentar
el
crecimiento
de
la
industria
hípica.
Parecería que el establecimiento de un hipódromo en el área
sur de Puerto Rico, con facilidades superiores a las del
hipódromo existente, con el fin de atender una clientela
nueva que no acude actualmente al Comandante, y fomentado
por
un
grupo
de
inversionistas
que
están
dispuestos
a
exponer su dinero para ese fin, es precisamente un paso
concreto hacia el crecimiento de dicha industria.
La Junta Hípica, pues, erró al denegar la licencia
solicitada por el fundamento en cuestión.
CC-2003-909
20
B. Financiamiento
La Junta también decidió que debía denegar la licencia
solicitada porque la parte proponente no había presentado
una
carta-compromiso
firme
de
financiamiento.
Esta
determinación tampoco es válida. Al examinar la orden sobre
el particular de la Junta emitida el 16 de agosto de 2000,
notamos
que
entonces
sólo
se
le
requirió
a
la
parte
proponente “el nombre y la dirección exacta de cualquier
entidad financiera con quien la peticionaria haya acordado
obtener el financiamiento necesario”. La parte proponente
cumplió
con
expediente,
“intención
este
la
de
requisito.
empresa
seguir
Según
Doral
trabajando
se
desprende
del
manifestó
su
Ecuestre
La
Securities
con
Parque
Esmeralda, Inc. con el objetivo de producir eventualmente
dicho
financiamiento”.
Según
la
carta
sobre
este
asunto
presentada en evidencia, Doral Securities no podía ofrecer
un compromiso más firme que el anterior hasta tanto Parque
Ecuestre obtuviese la licencia de hipódromo.
Según la evidencia que obra en el expediente, el costo
aproximado de la obra contemplada es de cuarenta y cinco
millones de dólares. Alrededor de una tercera parte de los
fondos
serían
aportados
por
los
accionistas
actuales
de
Parque Ecuestre y de una emisión privada de la corporación.
El resto sería financiado mediante una emisión de bonos de
la
Autoridad
para
el
Financiamiento
de
Facilidades
Industriales y de Control Ambiental (en adelante AFICA) y
otro financiamiento por instituciones privadas. La parte
CC-2003-909
21
peticionaria
evidenció
haber
iniciado
gestiones
para
obtener financiamiento a través de una emisión de bonos de
AFICA, pero para obtener finalmente la emisión, según los
propios funcionarios gubernamentales, era necesario que la
empresa obtuviese la licencia para operar el hipódromo. La
decisión de la Junta de exigir posteriormente que hubiese
un
compromiso
firme
de
financiamiento
es
evidentemente
irrazonable puesto que colocaba a los proponentes en una
disyuntiva contradictoria: la de obtener los fondos para
financiar
el
proyecto
antes
de
recibir
la
licencia
de
operación cuando la tenencia de tal licencia era esencial
para lograr el financiamiento mediante bonos.
C. División de días de carreras
La Junta determinó que la construcción de un nuevo
hipódromo implicaría dividir los días de carreras, lo cual
supuestamente no traería beneficio alguno a la industria
hípica,
y
licencia
apoyó
en
solicitada.
esto
también
Resulta,
su
sin
denegatoria
embargo,
de
que
la
esta
determinación no tiene base alguna en el expediente. Aún
asumiendo que hubiese que dividir los días de carreras, no
es
razonable
industria
suponer
hípica.
la
ausencia
Según
la
celebración
de
carreras
de
establecido
en
el
sur
área
de
beneficios
prueba
caballos
de
la
para
presentada,
en
un
Isla,
la
la
hipódromo
donde
las
alternativas de entretenimiento son más limitadas que en el
área metropolitana, atraería a este hipódromo gran cantidad
CC-2003-909
22
de público que no asiste actualmente al Comandante. Ello,
sin duda, sería de gran beneficio para la industria hípica
puertorriqueña.
Además,
las
facilidades
propuestas
por
Parque Ecuestre, tales como la pista de grama, permitirían
la
celebración
sinnúmero
de
de
carreras
ejemplares
donde
que
en
podrían
la
participar
actualidad
no
un
están
cualificados para correr en la pista del Comandante, lo que
también sería de beneficio para la industria. Más aún, se
desprende del expediente que la distribución de los días de
carreras entre dos hipódromos sería beneficioso para los
equinos puesto que permitiría un mejor mantenimiento de las
pistas de cada cual.
D. Estudio de Impacto
Otro de los fundamentos en que se apoyó la Junta para
denegar
la
peticionaria
licencia
solicitada
no
ofrecido
había
fue
un
que
estudio
la
parte
serio
que
analizara a fondo el impacto sobre los empleados y demás
personas
que
dependen
del
Comandante
si
los
días
de
carreras de este hipódromo se redujeran a la mitad. Esta
determinación de la Junta es defectuosa. La Junta hizo esta
determinación a pesar de que el estudio referido no se le
solicitó
a
la
parte
peticionaria
como
parte
del
procedimiento para obtener la licencia. Se trata de una
exigencia formulada al momento de denegar la licencia y no
antes.
Asumiendo
que
la
información
en
cuestión
sea
necesaria para que la Junta pueda decidir responsablemente,
CC-2003-909
23
lo que procedía era que la Junta requiriese el estudio en
cuestión
y
le
diese
a
los
proponentes
una
oportunidad
razonable de realizarlo, antes de usar su ausencia como una
excusa sobre la cual apoyar su denegatoria. Erró la Junta
al actuar como lo hizo sobre este particular.
E. Sistema electrónico de apuestas
La Junta determinó además que la parte peticionaria no
poseía un plan para el sistema electrónico de apuestas.
Esta
determinación
contradice
la
prueba
que
obra
en
el
expediente. La peticionaria presentó el testimonio de Don
Drew,
pasado
asesor
de
la
corporación
operadora
del
Comandante y quien participó en el proceso de instalación
del sistema electrónico de apuestas que opera actualmente
en
el
Comandante.
capacidad
para
Este
gestionar
testigo
para
los
estableció
tener
proponentes
del
la
nuevo
hipódromo la instalación exitosa del sistema electrónico de
apuestas, capacidad que no fue controvertida. Además, este
perito
testificó,
sin
ser
controvertido,
que
Parque
Ecuestre no podía otorgar un contrato para la elaboración
de un sistema electrónico de apuestas con la compañía que
lo
suministra
hipódromo.
De
hasta
tanto
no
obtuviese
una
licencia
nuevo,
la
Junta
formula
una
“razón”
de
para
denegar la licencia que debió ser más bien una condición al
concederla. También debe señalarse que aunque este asunto
fue
discutido
en
las
vistas
públicas
celebradas
por
la
Junta sobre la petición de la licencia, ésta no incluyó lo
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24
del sistema electrónico en cuestión como requisito en su
orden de 16 de agosto de 2000.
F. Ejemplares de carreras
Otro
de
los
criterios
determinación
fue
el
en
que
“problema
la
actual
Junta
basó
su
de
falta
de
ejemplares de carreras y nuevos dueños de caballos”, y la
ausencia
de
un
plan
por
parte
de
Parque
Ecuestre
para
manejarlo. Esta determinación es a todas luces irrazonable.
En primer lugar, de concederse una licencia de hipódromo,
la construcción del mismo tomaría al menos dos años, tiempo
suficiente
para
la
evidencia
incontrovertida
segundo
lugar,
se
cría
de
nuevos
que
obra
desprende
ejemplares,
en
del
el
según
la
expediente.
En
expediente
que
la
peticionaria presentó un plan para fomentar el aumento de
ejemplares de carreras, el cual incluye pistas de grama
para
celebrar
carreras
de
ejemplares
que
no
pueden
participar en carreras en pistas de tierra.
La Junta también concluyó que de surgir la necesidad
de transportar los ejemplares de carreras entre uno y otro
hipódromo, los dueños de caballos no analizaron el factor
riesgo y los costos que ello conlleva. Aquí, de nuevo,
faltó la Junta. Primeramente, al presente, la necesidad de
transportar
ejemplares
entre
un
hipódromo
y
otro
es
especulativa. Lo natural, según la evidencia que obra en el
expediente,
es
que
el
número
de
ejemplares
de
carreras
aumente entre la fecha de concesión de la licencia para
CC-2003-909
25
operar el nuevo hipódromo y el comienzo de sus operaciones.
En
caso
de
ejemplares,
que
la
fuera
necesaria
proponente
se
la
transportación
comprometió
a
asumir
de
los
costos que conlleve. Esta evidencia no fue controvertida.
Por
otro
lado,
peticionaria,
según
Don
el
Drew,
testimonio
la
del
transportación
perito
de
de
la
ejemplares
entre distintos hipódromos es una práctica generalizada en
los
Estados
Unidos,
y
en
Puerto
Rico
no
representaría
mayores problemas para los equinos. Esta evidencia tampoco
fue efectivamente controvertida. En adición, la resolución
de la Junta no apunta a evidencia sustancial que obre en el
expediente que demuestre que los dueños de ejemplares no
hubiesen
considerado
los
riesgos
de
transportar
sus
ejemplares.
V
En resumen, pues, es evidente que las determinaciones
hechas por la Junta Hípica para fundamentar su decisión de
denegar la licencia solicitada no son adecuadas. Carecen de
la objetividad y el mérito que son necesarios para que se
estime que son razonables. Delatan una parcialidad indebida
de parte de la Junta hacia proteger a la empresa que en ese
momento
administraba
intento
auténtico
por
importante
propuesta
compete
una
a
a
de
agencia
El
Comandante.
evaluar
la
de
parte
No
reflejan
un
manera
ecuánime
la
peticionaria.
administrativa
como
la
No
le
Junta
la
finalidad de procurar la solvencia económica de una de las
CC-2003-909
26
empresas que regula y fiscaliza, a menos que ello le haya
sido clara y expresamente encomendado por ley. Por ello,
debe concluirse que la Junta Hípica abusó de su discreción
al denegar la petición de licencia a Parque Ecuestre La
Esmeralda,
Inc.,
sobre
todo
utilizando
criterios
irrazonables que no surgen de la Ley de la Industria y el
Deporte Hípico ni aún de su propio Reglamento.
Por los fundamentos expuestos procede que se revoque
la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 16
de septiembre de 2003 y la resolución de la Junta Hípica
del 27 de mayo de 2003, y que se ordene la devolución del
caso
a
la
Junta
Hípica
para
que
evalúe
nuevamente
la
petición.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO