LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PARQUE ECUESTRE LA ESMERALDA, INC. V. JUNTA HÍPICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DEPORTE HÍPICO

2004 TSPR 178

Poder Judicial de Puerto Rico

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PARQUE ECUESTRE LA ESMERALDA, INC. V. JUNTA HÍPICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DEPORTE HÍPICO

CC-2003-909

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc.

Peticionario

Certiorari

v.

2004 TSPR 178

Junta Hípica de la Administración

y el Deporte Hípico

163 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2003-909

Fecha: 15 de noviembre de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional V de Ponce y Aibonito

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Katarina Stipec Rubio

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Armando Martínez Fernández

Lcda. Amanda Acevedo Rhodes

Materia: Revisión Decisión Administrativa de la Administración de la

Industria y el Deporte Hípico

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

CC-2003-909

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Parque Ecuestre La Esmeralda,

Inc.

Peticionario

vs.

CC-2003-909

Certiorari

Junta Hípica de la Administración y el Deporte Hípico

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2004.

El 3 de diciembre de 2003 la peticionaria,

Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc., acudió ante

nos

para

solicitar

la

revisión

dictada

por

el

entonces

Apelaciones

el

16

Resolución

Circuito

de

judicial

de

de

una

Tribunal

de

septiembre

de

2003. Mediante dicha Resolución, el foro apelativo

denegó la revisión judicial de la determinación de

la Junta Hípica, emitida el 27 de mayo de 2003,

mediante

denegó

la

la

cual

dicho

licencia

agencia

solicitada

administrativa

por

la

parte

peticionaria para operar un hipódromo y celebrar

carreras de caballo en el sur de Puerto Rico.

CC-2003-909

3

Examinado detenidamente el recurso presentado por la

peticionaria,

a

la

luz

de

los

referidos

dictámenes

del

Tribunal de Apelaciones y de la Junta Hípica, estimamos que

la

peticionaria

tiene

razón

en

sus

planteamientos.

Por

ende, se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones el 16 de septiembre de 2003 y la Resolución de

la Junta Hípica del 27 de mayo de 2003, y se ordena la

devolución

del

caso

a

la

Junta

Hípica

para

que

evalúe

nuevamente la solicitud de Parque Ecuestre La Esmeralda,

Inc.

Lo

pronunció,

Secretaria

del

manda

Tribunal

el

Tribunal

Supremo.

El

y

Juez

certifica

Asociado

la

señor

Fuster Berlingeri emitió Opinión de Conformidad, a la cual

se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez

Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión. El Juez

Presidente señor Hernández Dentón está inhibido. El Juez

Asociado señor Rebollo López no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2003-909

4

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Parque Ecuestre La Esmeralda,

Inc.

Peticionario

vs.

Certiorari

CC-2003-909

Junta Hípica de la Administración y el Deporte Hípico

Recurrida

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI, a la cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2004.

El 7 de agosto de 2000 Parque Ecuestre La

Esmeralda,

solicitó

Inc.

ante

(en

la

adelante

Junta

Parque

Hípica

(en

Ecuestre)

adelante

la

Junta) una licencia bajo la Ley de la Industria y

el Deporte Hípico de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de

2 de julio de 1987, 15 L.P.R.A. secs. 198-198s,

según

enmendada,

celebrar

carreras

para

operar

de

ejemplares

un

hipódromo

hípicos

en

y

el

área sur de la Isla. El nuevo hipódromo habría de

construirse

en

terrenos

pertenecientes

a

la

corporación Emerald Princess, Inc, y que ubican

en

el

Municipio

de

contaría

además

dirigidas

a

Santa

Isabel.

con

diversas

fomentar

el

El

hipódromo

facilidades

deporte

hípico

CC-2003-909

5

en Puerto Rico.1 En efecto, aun la propia Junta reconoció

que

se

trataba

facilidades

de

una

propuesta

extraordinarias,

que

para

no

un

las

hipódromo

tenía

el

con

actual

hipódromo que existe en Puerto Rico.

Como

parte

del

procedimiento

para

considerar

la

solicitud de la referida licencia, el 16 de agosto de 2000

la

Junta

le

ordenó

a

la

peticionaria

presentar

documentación relativa a: (1) la viabilidad económica de un

segundo hipódromo en Puerto Rico; (2) el financiamiento del

proyecto;

(3)

directores

y

información

oficiales

de

pertinente

las

a

accionistas,

corporaciones

Emerald

Princess y Parque Ecuestre La Esmeralda, Inc., incluyendo

sus

estados

financieros

y

certificados

de

antecedentes

penales, debiendo acreditar además la existencia jurídica

Las facilidades con las que contaría el hipódromo,

según la propuesta presentada por la peticionaria, serían,

entre otras, las siguientes: Pista de grama de una milla

con un chute de 250 metros; pista de arena de una milla y

un

octavo

con

dos

chutes

de

300

y

150

metros,

respectivamente;

tramos

de

800

metros

sin

curva;

facilidades para clases de equitación, competencias de paso

fino, salto y “dressage”; establos en condominio; edificio

principal con palcos para prensa, Administrador, Junta

Hípica y privados; “Grand Stand”, Casa Club y restaurante;

club

para

dueños

de

ejemplares

e

invitados;

estacionamiento;

pabellón

de

ventas,

concesionario

y

establos para 100 ejemplares; área de servicios con

oficinas; área para equipo de mantenimiento de pista y

vivero de plantas; salón de actividades y áreas recreativas

para empleados de cuadras; piscina para ejercitar los

caballos; sistema de alumbrado para carreras nocturnas;

altoparlantes y pizarra electrónica; monitores de circuito

cerrado para la Casa Club y el “Grand Stand”; estudio de

televisión;

sistema

de

transportación

gratuita

de

ejemplares;

dormitorios

para

empleados

que

atiendan

ejemplares residentes; facilidades para el Jurado Hípico,

jueces de llegada y “chart callers” de la Revista Hípica;

salones para jinetes femeninos y masculinos; guardería para

niños; y sistema electrónico de apuestas.

1

CC-2003-909

6

de ambas corporaciones. La peticionaria presentó todos los

documentos requeridos.

Luego de múltiples incidentes procesales, se celebró

una

vista

pública

donde

se

presentaron

ponencias

de

representantes de diversos sectores del hipismo en Puerto

Rico.

Por

su

parte,

la

peticionaria

presentó

prueba

pericial en torno a la viabilidad económica del proyecto

propuesto.

Representantes de diversos sectores de la industria

hípica

comparecieron

construcción

del

a

deponer

nuevo

u

hipódromo,

opinar

sobre

la

entre

ellos:

la

Confederación Hípica de Puerto Rico, que agrupa dueños de

caballos,

la

Asociación

de

Jinetes,

la

Asociación

de

Entrenadores, la Asociación de Criadores, varios criadores

individuales,

Hípicos,

la

el

Hermandad

Alcalde

del

Puertorriqueña

Municipio

de

de

Santa

Agentes

Isabel,

el

Alcalde de Salinas, la Compañía de Fomento Industrial, a

través

de

la

Oficina

del

Director

la

Compañía

de

Turismo

de

Puerto

Rico,

a

Ejecutiva

de

Planificación

y

Presupuesto,

través

de

Desarrollo,

la

el

Subdirectora

Departamento

de

de

Desarrollo

Desarrollo

Económico

y

y

Comercio, Doral Securities, Inc., el Lcdo. Abelardo Ruiz

Suria y el Centro Comercial Plaza Esmeralda, Inc., todos a

favor

de

la

construcción

compareció

en

oposición

Management

Company,

LLC,

del

al

la

nuevo

hipódromo.

proyecto

compañía

que

el

Sólo

Comandante

controlaba

y

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7

administraba el único hipódromo existente en Puerto Rico,

el Hipódromo El Comandante.

La Junta Hípica denegó la licencia solicitada mediante

una resolución emitida el 27 de mayo y notificada el 28 de

mayo de 2003. Detalló los siguientes como los fundamentos

de su denegatoria: (1) que la peticionaria no había probado

que fuera económicamente viable la operación simultánea de

dos

hipódromos

en

Puerto

Rico

ni

presentó

una

carta-

compromiso firme de financiamiento; (2) que la peticionaria

no poseía un plan para el sistema electrónico de apuestas;

(3) que los ejemplares existentes eran insuficientes para

compartirlos entre dos hipódromos; (4) que la peticionaria

no

había

operadora

demostrado

del

que

los

empleados

Comandante

no

se

y

la

afectarían

empresa

por

la

construcción de un nuevo hipódromo; (5) en cuanto a la

necesidad de transportar los ejemplares entre uno y otro

hipódromo, que no se había analizado el factor riesgo y los

costos; y (6) que la construcción de un nuevo hipódromo

implicaría dividir los días de carreras, lo cual no traería

beneficio alguno a la industria hípica.

El 17 de junio de 2003 Parque Ecuestre solicitó la

reconsideración

de

la

denegatoria

referida,

la

cual

fue

declarada sin lugar el 19 de junio de 2003.

Ante la negativa de la Junta, Parque Ecuestre presentó

una petición de revisión en el Tribunal de Circuito de

Apelaciones el 29 de julio de 2003. Ese tribunal se negó a

intervenir aludiendo a la deferencia que merece la Junta

CC-2003-909

Hípica

por

8

su

carácter

de

agencia

administrativa.

Esta

determinación fue hecha mediante una resolución dictada el

16 de septiembre y notificada 24 de septiembre de 2003.

Inconforme con el dictamen referido, la peticionaria

acudió ante el Tribunal Supremo el 3 de diciembre de 2003 e

hizo el siguiente señalamiento:

“Erró la Junta Hípica al denegar la petición para

operar un hipódromo a base de criterios contrarios

a la ley, no contemplados en la misma y que no

forman parte del Reglamento Hípico.”

El 16 de enero de 2004 se expidió el recurso solicitado. La

peticionaria presentó su alegato el 5 de abril de 2004. La

recurrida presentó el suyo el 6 de mayo de 2004.

II

La Junta Hípica es el organismo facultado mediante la

Ley de la Industria y el Deporte Hípico (en adelante la

Ley), 15 L.P.R.A. secs. 198-198s, para “reglamentar todo lo

concerniente al deporte hípico”. El Artículo 6(b) de dicha

Ley, 15 L.P.R.A. sec. 198e(b) dispone, en lo pertinente:

La Junta

cosas:

tendrá

facultades

para,

entre

otras

(1) Establecer los requisitos, que a su juicio

deberá reunir todo hipódromo para operar como

tal; establecer los términos y condiciones

para el cumplimiento de dichos requisitos;

extender licencias provisionales durante el

término que se conceda a los dueños de

hipódromos para cumplir los requisitos que

establezca la Junta; cancelar toda licencia

que se expida con carácter provisional a sus

tenedores si no se cumplieren los términos de

ella; exigir requisitos adicionales a los

establecidos

originalmente,

garantizar

la

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9

seguridad pública, honestidad e integridad del

deporte hípico.

(2) Autorizar expresamente los días y lugar en

que cada hipódromo habrá de celebrar carreras

de caballos pura sangre en Puerto Rico y podrá

transferir el lugar y los sitios, señalados

para las mismas. Disponiéndose, que la Junta

autorizará un mínimo de ciento ochenta (180)

días de carreras en el año natural. La

repartición de los días hábiles de carreras

deberá

hacerse

razonablemente

entre

los

hipódromos, velando siempre por el bienestar

general del hipismo.

. . .

(5) Prescribir por reglamento los requisitos que

deberán reunir las personas naturales y

jurídicas

que

se

dediquen

a

cualquier

actividad hípica; . . . Nada impedirá a los

dueños de caballos, potreros y criadores ser

accionistas

de

empresas

operadoras

de

hipódromos en Puerto Rico.

. . .

(7)

Declarar,

a

petición

del

Administrador

Hípico, de las personas naturales o jurídicas

autorizadas a operar hipódromos en Puerto Rico

. . .(Énfasis suplido).

No obstante, la discreción que se le ha otorgado a la

Junta para determinar si concede licencias de hipódromos no

es

absoluta.

El

Artículo

16(a)

establece

una

de

referidas limitaciones:

No se concederá o renovará licencia de

índole alguna en la actividad hípica a personas

que hubiesen sido convictas por violación de

cualesquiera de las disposiciones de las secs.

2101 et seq. del Título 24, conocidas como “Ley

de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, o que

hayan sido convictas de delito grave, o de delito

menos grave que implique depravación moral. 15

L.P.R.A. sec. 198o.

las

CC-2003-909

La

10

propia

Junta

delineando

mediante

requisitos

que

Hípica

un

tienen

ha

limitado

reglamento

que

los

cumplir

su

discreción

procedimientos

las

personas

y

que

interesen obtener una licencia para operar un hipódromo. La

Sección

II-A

procedimiento

del

a

Reglamento

seguir

para

Hípico

obtener

una

contiene

el

licencia

para

operar un hipódromo:

201. No se abrirá al público ni se operará ningún

hipódromo en Puerto Rico dedicado a celebrar

carreras

de

caballos

sin

una

licencia

otorgada por la Junta.

202. Toda persona natural o jurídica interesada en

la operación de un hipódromo deberá radicar

una petición al efecto ante la Junta y

suministrar

toda

la

información

y

documentación que le sea requerida.

203. Antes de otorgar o renovar una licencia de

hipódromo, la Junta celebrará audiencia y

dará la oportunidad de expresarse a todos los

interesados

y

a

las

agencias

e

instrumentalidades del gobierno concernidas.

El solicitante hará publicar los anuncios y

edictos que ordene la Junta en relación con

dichas audiencias.

204. Antes de otorgar la licencia, la Junta

impondrá al solicitante las condiciones y

requisitos mínimos bajo las cuales operará el

hipódromo y las mismas formarán parte de la

licencia

de

hipódromo

si

ésta

fuera

concedida.

....

214. No se otorgará o renovará licencia

hipódromo a ninguna persona que:

de

1. Sea miembro, empleado o funcionario de la

Administración o agente hípico.

2. Haya sido convicto de delito grave o menos

grave que implique depravación moral.

3. Esté asociado o tenga interés en cualquier

negocio o actividad con alguna persona que

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11

haya sido convicta de violar la “Ley de

Sustancias Controladas”.

4. Tenga una suspensión o cancelación de su

licencia en algún hipódromo del exterior o

haya sido encontrado culpable de prácticas

ilícitas

o

perjudiciales

del

deporte

hípico en cualquier hipódromo de Puerto

Rico o el exterior.

5. Se niegue a cumplir o entorpeciere el

cumplimiento de la Ley o el Reglamento,

Reglas, Resoluciones y Órdenes de la Junta

y el Administrador.

6. Se

niegue

a

antidroga

de

Administrador.

someterse

a

un

examen

serle

requerido

por

el

215. La

Junta

podrá

establecer

requisitos

adicionales de los que originalmente se

establecieron para obtener la licencia de

hipódromo. Se le ofrecerá al poseedor de la

licencia de hipódromo la oportunidad de

discutir los nuevos requerimientos en vista

pública para esos propósitos por sí mismo o

por medio de sus abogados.

Es requisito además que durante su operación el hipódromo

contemplado

cuente

con

las

facilidades

dispuestas

en

Regla 2108 del Reglamento Hípico, según enmendado:

1. Tener una pista de por lo menos una milla.

2. Disponer de por lo menos 2 portones de salida.

3. Disponer de

apuestas.

un

sistema

electrónico

para

las

4. Disponer de equipo para tomar mecánica o

electrónicamente el tiempo fraccional y el

tiempo total de cada carrera.

5. Disponer de equipo para fotografiar en película

o en cinta video magnetofónica el desarrollo de

las

carreras

o

cualquier

otro

sistema

autorizado por el Administrador y proyectar al

público apostador las carreras vía televisión,

y previa autorización de la Junta, otras formas

de

transmisión

visual,

en

transmisión

la

CC-2003-909

12

simultánea con la celebración de la carreras,

conservando copia de éstas por un período a ser

dispuesto por el Administrador Hípico, así como

a petición particular del Administrador Hípico,

el Jurado Hípico o la Junta Hípica.

6. Disponer

de

un

adecuado

sistema

de

altoparlantes, así como un sistema adecuado de

comunicaciones con los funcionarios y empleados

que se desempeñan en los días de carreras.

7. Disponer

de

un

servicio

debidamente equipadas.

de

ambulancias

8. Mantener

abierta

diariamente

la

sala

de

emergencia a cargo de un doctor y un enfermero

autorizado.

9. Mantener debidamente uniformada una guardia a

toda hora.

10. Tener un área de establos con aquel número de

jaulas que la Junta determine.

11. Tener un área y facilidades para la toma de

muestras de orina, sangre, secreción nasal o

transpiración.

12. Tener un

llevar a

carreras.

local adecuadamente equipado para

cabo las inscripciones para las

13. Mantener graderías, cantinas y “restaurant” de

primera clase.

14. Mantener y conservar en forma

alrededores del hipódromo.

atractiva

los

15. Designar de común acuerdo con la Junta y el

Administrador

el área de acomodo para uso

exclusivo de éstos y sus invitados durante los

días de carreras.

16. Designar y tener a su costo un médico quien

deberá estar en el hipódromo a las órdenes del

Jurado durante los días de carreras desde la

hora que fije el Administrador.

17. El equipo y facilidades que se mencionan como

requisitos

mínimos,

se

sobreentiende

que

deberán estar en buen estado de funcionamiento

y en su lugar correspondiente para los usos que

se destinen.

CC-2003-909

13

18. Mantener los servicios de no menos de dos

ujieres debida y adecuadamente uniformados.

19. Tener un área con una piscina para ejercitar

los ejemplares de carreras.

20. Tener

un

suficiente

oscurecer.

sistema

de

alumbrado

eléctrico

para celebrar las carreras al

21. Designar de común acuerdo con los dueños de

caballos o sus representantes el área de

acomodo para uso exclusivo de éstos y sus

invitados durante los días de carreras.

22. Proveer un área de estacionamiento rotulado,

accesible y protegido a cada uno de los

Miembros del Jurado, la Junta Hípica y el

Administrador Hípico a ser aprobados por éstos.

23. Mantener en las facilidades del hipódromo, en

común acuerdo con el Administrador Hípico, un

área de escuela y un área de establos designada

para uso exclusivo de la Escuela Vocacional

Hípica, cuyos requisitos serán establecidos por

el Administrador Hípico.

24. Mantener un adecuado sistema de computadora con

sus respectivos programas a disposición de y a

ser utilizado por el Secretario de Carreras en

sus funciones a satisfacción del Administrador

Hípico.

III

En

que

nuestra

los

jurisdicción

tribunales

está

apelativos

firmemente

deben

establecido

“conceder

gran

consideración y deferencia a las decisiones administrativas

en

vista

de

la

vasta

experiencia

y

el

conocimiento

especializado de la agencia”. Por tal razón la revisión

judicial de tales decisiones se limita a “determinar si la

actuación

administrativa

propósito

legislativo

irrazonable,

Torres

ilegal,

Acosta

v.

fue

o

o

si

Junta

razonable

si,

por

medió

y

el

cónsona

con

contrario,

el

fue

abuso

de

discreción”.

Examinadora

de

Ingenieros,

CC-2003-909

14

Arquitectos y Agrimensores, res. el 27 de abril de 2004,

161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 65, 2004 JTS 71; Ocean View v.

Pascual García-Proyecto Reina Del Mar, res. el 31 de marzo

de 2004, 161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 48, 2004 JTS 59; Oficina

de Ética Gubernamental v. Igartúa de la Rosa, res. el 4 de

septiembre de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 TSPR 114, 2002 JTS

120; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70,

80 (1999).

Además,

Uniforme,

la

3

Ley

de

L.P.R.A.

Procedimiento

sec.

2101,

Administrativo

dispone

que

las

determinaciones de hechos contenidas en las decisiones de

las agencias “serán sostenidas por el tribunal si se basan

en

evidencia

sustancial

administrativo”.

3

que

L.P.R.A.

obra

sec.

en

2175;

el

expediente

Rebollo

v.

Yiyi

Motors, Motor Ambar, Inc., res. el 13 de enero de 2004, 161

D.P.R. ___, 2004 TPSR 2, 2004 JTS 4.

Las

agencias

administrativas

merecen

también

deferencia en lo que a la interpretación de la legislación

que

implementan

se

refiere.

Sin

embargo,

“cuando

la

interpretación del estatuto que hace la agencia conduce a

resultados

incompatibles,

ley,

no

ésta

puede

contrarios

prevalecer”.

al

T-JAC,

propósito

de

Inc.

Caguas

v.

la

Centrum Limited, supra.

Por otro lado, en García Cabán v. UPR, 120 D.P.R. 167

(1987), se resolvió que “una vez una agencia ha promulgado

unos

reglamentos

limitar

el

para

alcance

de

facilitar

su

su

proceso

discreción,

viene

decisional

y

obligada

a

CC-2003-909

15

observarlos estrictamente”. Este razonamiento fue reiterado

en Rivera Concepción v. A.R.Pe., res. el 29 de septiembre

de 2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR 143, 2000 JTS 155; y en

Hernández Chiquez v. F.S.E., res. el 22 de diciembre de

2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR 191, 2001 JTS 1.

Específicamente

en

cuanto

a

la

Junta

Hípica,

el

Tribunal Supremo ha expresado que una vez ésta aprueba un

Reglamento, el mismo adquiere fuerza de ley, no puede ser

variado

arbitrariamente

y

sólo

puede

ser

derogado

o

modificado mediante la adopción de otra norma posterior.

Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634

(1967).

En

seguir

el

tal

Procedimiento

caso,

la

Junta

Hípica

viene

procedimiento

dispuesto

en

Administrativo

Uniforme

(LPAU),

obligada

a

Ley

de

la

3

L.P.R.A.

secs. 2121 et seq.

IV

Mediante la Ley de la Industria y el Deporte Hípico,

supra,

nuestra

Asamblea

Legislativa

delegó

a

la

Junta

Hípica la importante tarea de autorizar el establecimiento

de hipódromos en Puerto Rico. Se trata de una determinación

de claro interés público y gran impacto económico. Más aún,

evidentemente

“se

trata

de

un

proceso

que

requiere

la

evaluación de muchas circunstancias y factores complejos, y

la

ponderación

de

criterios

diversos”.

Lab.

Clínico

Instituto Central de Medicina Avanzada v. Lab. Borinquen,

149 D.P.R. 121 (1999). No obstante, las determinaciones que

CC-2003-909

16

haga la Junta tienen que mantenerse dentro de los límites

de lo razonable.

En

el

caso

de

autos,

la

Junta

Hípica

denegó

una

solicitud para el establecimiento de un nuevo hipódromo en

el país, a pesar de que dicha solicitud fue favorecida por

prácticamente todos los numerosos y diversos sectores de la

industria hípica, incluyendo a los dueños de caballos, los

jinetes, los entrenadores, los criadores de caballos y los

agentes hípicos. Fue igualmente favorecida también por los

otros

organismos

gubernamentales

que

tienen

alguna

ingerencia en asuntos como éste, incluyendo el Departamento

de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo

y

la

Compañía

de

Fomento

Industrial.

Sólo

se

opuso

la

empresa que en ese momento administraba el Hipódromo el

Comandante.

Tratándose

de

una

contemplada

inversión

multimillonaria que cuenta con el sólido apoyo de personas,

grupos y entidades muy autorizadas, la determinación de la

Junta

Hípica,

administraba

que

el

sólo

favorece

Hipódromo

el

a

la

compañía

Comandante,

no

que

estuvo

debidamente fundamentada. Veamos.

A. Viabilidad

La Junta fundamentó su denegatoria, en primer lugar, a

base de que la peticionaria no había demostrado que fuera

económicamente

viable

la

operación

simultánea

de

dos

hipódromos en Puerto. Es decir, la Junta estimó que el

permiso

solicitado

no

podía

concederse

si

el

CC-2003-909

17

establecimiento

de

un

nuevo

viabilidad

económica

del

Comandante.

En

la

efecto,

hipódromo

hipódromo

postura

afectaba

la

existente,

el

referida

de

la

Junta

estuvo dirigida a proteger la solvencia económica de la

empresa que administraba el Comandante.

Esta postura no es sostenible por varias razones. En

primer

lugar

se

trata

de

una

determinación

mayormente

especulativa y dudosa. La Junta basó su determinación en la

opinión de dos peritos económicos de el Comandante quienes

sostuvieron el supuesto de que un segundo hipódromo en el

sur

de

Puerto

económica

de

peticionaria

Rico

menoscabaría

El

Comandante.

presentó

los

seriamente

Sin

estudios

la

embargo,

de

dos

solvencia

la

parte

economistas

igualmente capacitados que sostuvieron la tesis de que dos

hipódromos operando a la vez eran económicamente viables.

La postura de la Junta, además, era contraria a la opinión

que

tienen

casi

todos

aquellos

que

podrían

verse

adversamente afectados, como los dueños de caballos, los

jinetes, los agentes hípicos y otros. No puede tomarse una

decisión tan importante sobre la base de consideraciones

altamente hipotéticas que sólo favorecían a la empresa que

en ese momento administraba al Comandante. Este fundamento,

pues, no parece tener sustancialmente la objetividad y el

mérito necesario para apoyar la determinación en cuestión.

La

Junta

no

contó

con

un

estudio

económico

a

fondo,

preparado por peritos independientes, que sirvieran de base

CC-2003-909

18

para una decisión tan importante, sobre todo en vista de la

controversialidad del asunto en cuestión.

En

segundo

Hípica

lugar,

significaría

preferentemente

la

referida

que

con

la

el

postura

Estado

supervivencia

de

está

de

la

Junta

comprometido

una

particular

entidad comercial privada. Sin embargo, una finalidad tan

singular,

cuando

sociedad

de

encomendada

menos

mercado

a

la

extraña

como

Junta

la

cuidadoso

de

la

objetivos

que

informar

sorprendente

nuestra,

Hípica

análisis

deben

y

por

Ley

las

no

su

ley

revela

le

en

una

ha

sido

orgánica.

claramente

labores

de

la

Un

los

Junta

Hípica. Dicha agencia se creó para velar por la seguridad

pública, la honestidad y la integridad del deporte hípico.

Se procura sobretodo que sea un deporte de calidad, limpia

y confiable.2 En ningún lugar en la Ley se indica o se

intima que será función de la Junta proteger la solvencia

económica de la empresa que administra a El Comandante. Se

trata

evidentemente

de

una

función

o

finalidad

tan

inusitada y particular que no puede derivarse meramente de

los amplios poderes que la ley le concede a la Junta. Para

que

sea

válida,

requiere

cuando

menos

que

haya

sido

expresamente concedida por ley. La ley que nos concierne no

concede tal finalidad de ningún modo claro.

Nótese

asimismo

Reglamento

mismo

existencia

en

2

de

el

que

la

la

Junta

país

de

propia

Ley

contemplan

más

de

hasta

el

expresamente

la

hipódromo.

En

un

Véase Exposición de Motivos de la Ley.

y

CC-2003-909

19

particular, la Ley le concede a la Junta la facultad de

detallar

los

requisitos

que

deba

satisfacer

cualquier

hipódromo, y al Administrador Hípico la de suspender las

carreras en cualquier hipódromo, todo lo cual implica la

posibilidad de que exista más de uno solo. Más aún, la Ley

expresamente se refiere a las licencias a concederse “a los

dueños de hipódromos”; y en más de una ocasión se refiere a

los “hipódromos” de Puerto Rico. Se vislumbra claramente,

pues, que puedan existir hipódromos en la Isla que compitan

entre

sí.

La

cuestión

de

si

tales

hipódromos

son

o

no

económicamente viables le atañe propiamente a los dueños de

éstos,

que

son

quienes

mejor

conocen

qué

es

lo

que

le

conviene a sus particulares intereses económicos.

Por otro lado, a la Junta sí se le encomendó la tarea

de

fomentar

el

crecimiento

de

la

industria

hípica.

Parecería que el establecimiento de un hipódromo en el área

sur de Puerto Rico, con facilidades superiores a las del

hipódromo existente, con el fin de atender una clientela

nueva que no acude actualmente al Comandante, y fomentado

por

un

grupo

de

inversionistas

que

están

dispuestos

a

exponer su dinero para ese fin, es precisamente un paso

concreto hacia el crecimiento de dicha industria.

La Junta Hípica, pues, erró al denegar la licencia

solicitada por el fundamento en cuestión.

CC-2003-909

20

B. Financiamiento

La Junta también decidió que debía denegar la licencia

solicitada porque la parte proponente no había presentado

una

carta-compromiso

firme

de

financiamiento.

Esta

determinación tampoco es válida. Al examinar la orden sobre

el particular de la Junta emitida el 16 de agosto de 2000,

notamos

que

entonces

sólo

se

le

requirió

a

la

parte

proponente “el nombre y la dirección exacta de cualquier

entidad financiera con quien la peticionaria haya acordado

obtener el financiamiento necesario”. La parte proponente

cumplió

con

expediente,

“intención

este

la

de

requisito.

empresa

seguir

Según

Doral

trabajando

se

desprende

del

manifestó

su

Ecuestre

La

Securities

con

Parque

Esmeralda, Inc. con el objetivo de producir eventualmente

dicho

financiamiento”.

Según

la

carta

sobre

este

asunto

presentada en evidencia, Doral Securities no podía ofrecer

un compromiso más firme que el anterior hasta tanto Parque

Ecuestre obtuviese la licencia de hipódromo.

Según la evidencia que obra en el expediente, el costo

aproximado de la obra contemplada es de cuarenta y cinco

millones de dólares. Alrededor de una tercera parte de los

fondos

serían

aportados

por

los

accionistas

actuales

de

Parque Ecuestre y de una emisión privada de la corporación.

El resto sería financiado mediante una emisión de bonos de

la

Autoridad

para

el

Financiamiento

de

Facilidades

Industriales y de Control Ambiental (en adelante AFICA) y

otro financiamiento por instituciones privadas. La parte

CC-2003-909

21

peticionaria

evidenció

haber

iniciado

gestiones

para

obtener financiamiento a través de una emisión de bonos de

AFICA, pero para obtener finalmente la emisión, según los

propios funcionarios gubernamentales, era necesario que la

empresa obtuviese la licencia para operar el hipódromo. La

decisión de la Junta de exigir posteriormente que hubiese

un

compromiso

firme

de

financiamiento

es

evidentemente

irrazonable puesto que colocaba a los proponentes en una

disyuntiva contradictoria: la de obtener los fondos para

financiar

el

proyecto

antes

de

recibir

la

licencia

de

operación cuando la tenencia de tal licencia era esencial

para lograr el financiamiento mediante bonos.

C. División de días de carreras

La Junta determinó que la construcción de un nuevo

hipódromo implicaría dividir los días de carreras, lo cual

supuestamente no traería beneficio alguno a la industria

hípica,

y

licencia

apoyó

en

solicitada.

esto

también

Resulta,

su

sin

denegatoria

embargo,

de

que

la

esta

determinación no tiene base alguna en el expediente. Aún

asumiendo que hubiese que dividir los días de carreras, no

es

razonable

industria

suponer

hípica.

la

ausencia

Según

la

celebración

de

carreras

de

establecido

en

el

sur

área

de

beneficios

prueba

caballos

de

la

para

presentada,

en

un

Isla,

la

la

hipódromo

donde

las

alternativas de entretenimiento son más limitadas que en el

área metropolitana, atraería a este hipódromo gran cantidad

CC-2003-909

22

de público que no asiste actualmente al Comandante. Ello,

sin duda, sería de gran beneficio para la industria hípica

puertorriqueña.

Además,

las

facilidades

propuestas

por

Parque Ecuestre, tales como la pista de grama, permitirían

la

celebración

sinnúmero

de

de

carreras

ejemplares

donde

que

en

podrían

la

participar

actualidad

no

un

están

cualificados para correr en la pista del Comandante, lo que

también sería de beneficio para la industria. Más aún, se

desprende del expediente que la distribución de los días de

carreras entre dos hipódromos sería beneficioso para los

equinos puesto que permitiría un mejor mantenimiento de las

pistas de cada cual.

D. Estudio de Impacto

Otro de los fundamentos en que se apoyó la Junta para

denegar

la

peticionaria

licencia

solicitada

no

ofrecido

había

fue

un

que

estudio

la

parte

serio

que

analizara a fondo el impacto sobre los empleados y demás

personas

que

dependen

del

Comandante

si

los

días

de

carreras de este hipódromo se redujeran a la mitad. Esta

determinación de la Junta es defectuosa. La Junta hizo esta

determinación a pesar de que el estudio referido no se le

solicitó

a

la

parte

peticionaria

como

parte

del

procedimiento para obtener la licencia. Se trata de una

exigencia formulada al momento de denegar la licencia y no

antes.

Asumiendo

que

la

información

en

cuestión

sea

necesaria para que la Junta pueda decidir responsablemente,

CC-2003-909

23

lo que procedía era que la Junta requiriese el estudio en

cuestión

y

le

diese

a

los

proponentes

una

oportunidad

razonable de realizarlo, antes de usar su ausencia como una

excusa sobre la cual apoyar su denegatoria. Erró la Junta

al actuar como lo hizo sobre este particular.

E. Sistema electrónico de apuestas

La Junta determinó además que la parte peticionaria no

poseía un plan para el sistema electrónico de apuestas.

Esta

determinación

contradice

la

prueba

que

obra

en

el

expediente. La peticionaria presentó el testimonio de Don

Drew,

pasado

asesor

de

la

corporación

operadora

del

Comandante y quien participó en el proceso de instalación

del sistema electrónico de apuestas que opera actualmente

en

el

Comandante.

capacidad

para

Este

gestionar

testigo

para

los

estableció

tener

proponentes

del

la

nuevo

hipódromo la instalación exitosa del sistema electrónico de

apuestas, capacidad que no fue controvertida. Además, este

perito

testificó,

sin

ser

controvertido,

que

Parque

Ecuestre no podía otorgar un contrato para la elaboración

de un sistema electrónico de apuestas con la compañía que

lo

suministra

hipódromo.

De

hasta

tanto

no

obtuviese

una

licencia

nuevo,

la

Junta

formula

una

“razón”

de

para

denegar la licencia que debió ser más bien una condición al

concederla. También debe señalarse que aunque este asunto

fue

discutido

en

las

vistas

públicas

celebradas

por

la

Junta sobre la petición de la licencia, ésta no incluyó lo

CC-2003-909

24

del sistema electrónico en cuestión como requisito en su

orden de 16 de agosto de 2000.

F. Ejemplares de carreras

Otro

de

los

criterios

determinación

fue

el

en

que

“problema

la

actual

Junta

basó

su

de

falta

de

ejemplares de carreras y nuevos dueños de caballos”, y la

ausencia

de

un

plan

por

parte

de

Parque

Ecuestre

para

manejarlo. Esta determinación es a todas luces irrazonable.

En primer lugar, de concederse una licencia de hipódromo,

la construcción del mismo tomaría al menos dos años, tiempo

suficiente

para

la

evidencia

incontrovertida

segundo

lugar,

se

cría

de

nuevos

que

obra

desprende

ejemplares,

en

del

el

según

la

expediente.

En

expediente

que

la

peticionaria presentó un plan para fomentar el aumento de

ejemplares de carreras, el cual incluye pistas de grama

para

celebrar

carreras

de

ejemplares

que

no

pueden

participar en carreras en pistas de tierra.

La Junta también concluyó que de surgir la necesidad

de transportar los ejemplares de carreras entre uno y otro

hipódromo, los dueños de caballos no analizaron el factor

riesgo y los costos que ello conlleva. Aquí, de nuevo,

faltó la Junta. Primeramente, al presente, la necesidad de

transportar

ejemplares

entre

un

hipódromo

y

otro

es

especulativa. Lo natural, según la evidencia que obra en el

expediente,

es

que

el

número

de

ejemplares

de

carreras

aumente entre la fecha de concesión de la licencia para

CC-2003-909

25

operar el nuevo hipódromo y el comienzo de sus operaciones.

En

caso

de

ejemplares,

que

la

fuera

necesaria

proponente

se

la

transportación

comprometió

a

asumir

de

los

costos que conlleve. Esta evidencia no fue controvertida.

Por

otro

lado,

peticionaria,

según

Don

el

Drew,

testimonio

la

del

transportación

perito

de

de

la

ejemplares

entre distintos hipódromos es una práctica generalizada en

los

Estados

Unidos,

y

en

Puerto

Rico

no

representaría

mayores problemas para los equinos. Esta evidencia tampoco

fue efectivamente controvertida. En adición, la resolución

de la Junta no apunta a evidencia sustancial que obre en el

expediente que demuestre que los dueños de ejemplares no

hubiesen

considerado

los

riesgos

de

transportar

sus

ejemplares.

V

En resumen, pues, es evidente que las determinaciones

hechas por la Junta Hípica para fundamentar su decisión de

denegar la licencia solicitada no son adecuadas. Carecen de

la objetividad y el mérito que son necesarios para que se

estime que son razonables. Delatan una parcialidad indebida

de parte de la Junta hacia proteger a la empresa que en ese

momento

administraba

intento

auténtico

por

importante

propuesta

compete

una

a

a

de

agencia

El

Comandante.

evaluar

la

de

parte

No

reflejan

un

manera

ecuánime

la

peticionaria.

administrativa

como

la

No

le

Junta

la

finalidad de procurar la solvencia económica de una de las

CC-2003-909

26

empresas que regula y fiscaliza, a menos que ello le haya

sido clara y expresamente encomendado por ley. Por ello,

debe concluirse que la Junta Hípica abusó de su discreción

al denegar la petición de licencia a Parque Ecuestre La

Esmeralda,

Inc.,

sobre

todo

utilizando

criterios

irrazonables que no surgen de la Ley de la Industria y el

Deporte Hípico ni aún de su propio Reglamento.

Por los fundamentos expuestos procede que se revoque

la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 16

de septiembre de 2003 y la resolución de la Junta Hípica

del 27 de mayo de 2003, y que se ordene la devolución del

caso

a

la

Junta

Hípica

para

que

evalúe

nuevamente

la

petición.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO