Tribunal Supremo de Puerto Rico
OFICINA DE LA PROCURADORA DEL PACIENTE V. ASEGURADORA MCS, IPA 603; MCS HEALTH MANAGEMENT OPTIONS, INC.
2004 TSPR 153
Poder Judicial de Puerto Rico
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OFICINA DE LA PROCURADORA DEL PACIENTE V. ASEGURADORA MCS, IPA 603; MCS HEALTH MANAGEMENT OPTIONS, INC.
CC-2004-0356
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de la Procuradora del
Paciente
Agencia-Peticionaria
Certiorari
vs.
Aseguradora MCS, IPA 603
Promovida
2004 TSPR 153
162 DPR ____
MCS Health Management Options
Inc.
Recurrida
Número del Caso: CC-2004-356
Fecha: 22 de septiembre de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I San Juan
Panel integrado por su Presidente, el Juez Gierbolini, el Juez
Cordero y el Juez Rodríguez Muñiz.
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Guillermo A. Mangual Amador
Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Israel Santiago Lugo
Lcda. Awilda M. Broco Rodríguez
Materia: Revisión Administrativa procedente de la Oficina de la
Procuradora del Paciente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de la Procuradora del
Paciente
Agencia-Peticionaria
vs.
CC-2004-356
CERTIORARI
Aseguradora MCS, IPA 603
Promovida
MCS Health Management Options
Inc.
Recurrida
OPINIÓN DEL
REBOLLO LÓEPZ
TRIBUNAL
EMITIDA
POR
EL
JUEZ
ASOCIADO
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2004
La Oficina de la Procuradora del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud --en adelante
“Oficina
de
la
Procuradora”--
inició
una
investigación a raíz de un reportaje publicado en
la
prensa
en
torno
a
ciertos
problemas
que
enfrentó la madre de una menor paciente de cáncer
para recibir servicios especializados a través de
la Reforma de Salud. La mencionada investigación
fue realizada por la división de investigación y
querellas de la aludida agencia gubernamental.
De
la
investigación
realizada
por
dicha
división se determinó, en síntesis y en lo aquí
2
CC-2004-356
pertinente,
Options,
que
Inc.
la
recurrida
--en
adelante
MCS
Health
“MCS”--
Management
incumplió
con
su
obligación de informar y orientar a la madre de la menor
asegurada acerca de sus derechos y de los procedimientos
para
obtener
referidos
a
especialistas,
conforme
se
dispone en la Carta de Derechos y Responsabilidades del
Paciente,
Ley
Núm.
194
de
25
de
agosto
de
2000,
24
investigación,
la
L.P.R.A. sec. 3041, et seq.
Como
resultado
de
la
referida
Oficina de la Procuradora emitió una orden, fechada 12 de
marzo de 2003, donde requirió de MCS que sometiera, para
la aprobación de ésta, un plan de acción que asegurase la
implantación
de
los
siguientes
procedimientos:
i)
de
referidos
a
ii)
procedimiento
para
autorización
especialistas
para
evitar
referidos
tardíos,
procedimiento
para
autorizar
estudios
especializados,
pruebas diagnósticas y cubierta especial que incluyera la
existencia
y
mantenimiento
del
registro
de
dichos
servicios,
iii) procedimiento establecido para admisiones
de emergencia en aquellos casos que llegan al consultorio
médico
y
iv)
procedimiento
establecido
para
admisiones
electivas.
Como parte de la orden notificada por la Oficina de
la Procuradora, se le apercibió a MCS de su derecho a
solicitar, dentro del plazo de quince (15) días, contado
el
mismo
a
partir
administrativa
o,
del
en
su
recibo
de
la
orden,
lugar,
enviar
por
una
vista
escrito
sus
3
CC-2004-356
alegaciones y prueba para sostener la improcedencia de la
acción
tomada.
De
igual
forma,
se
le
apercibió
de
su
derecho a comparecer asistido por abogado, así como de
presentar
evidencia.
La
referida
orden
no
impuso,
ni
advirtió, sobre penalidades o sanciones administrativas de
ningún tipo.
Así
las
cosas,
MCS
presentó
una
“Moción
de
Desestimación” ante la Oficina de la Procuradora dentro
del plazo provisto para solicitar vista administrativa. En
la misma argumentó que las actuaciones de la Oficina de la
Procuradora, referentes a
la investigación de la querella
y la orden emitida, fueron realizadas en forma ultra vires
y en violación al debido proceso de ley; ello en vista de
que en el presente caso la aludida agencia alegadamente
actuó
sin
haber
antes
promulgado
un
reglamento
que
delimitara los procedimientos y derechos de las partes,
según requerido por su ley habilitadora. De esta forma,
MCS
solicitó
de
la
Oficina
de
la
Procuradora
que
desestimara la acción incoada en su contra y que dejase
sin efecto la orden emitida el 12 de marzo de 2003.
La Oficina de la Procuradora, mediante escrito a esos
efectos, rebatió la moción de desestimación radicada por
MCS. En el referido escrito dicha agencia aceptó que no se
había
promulgado
un
reglamento
que
rigiera
los
procedimientos adjudicativos que se celebran ante sí. Sin
embargo, argumentó que ello no era motivo para declarar
sus actuaciones ultra vires, toda vez que éstas estuvieron
4
CC-2004-356
amparadas en su estatuto habilitador y que, en el presente
caso, ésta brindó a MCS todas las garantías del debido
proceso de ley de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., y
nuestro ordenamiento constitucional. Arguyó, además, que
el cumplir con las aludidas garantías, lo cual ésta había
hecho, era precisamente lo que se buscaba al requerir que
las
agencias
con
poderes
adjudicativos
promulgasen
reglamentos.
La
aseguradora
MCS
presentó
réplica
a
su
moción
de
Oficina
de
la
Procuradora.
una
“oposición”
desestimación
Adujo,
en
a
la
radicada
por
la
síntesis,
que
su
reclamo sobre la violación al debido proceso de ley se
refería,
no
sólo
a
la
vertiente
procesal
de
dicha
garantía, sino además a su vertiente sustantiva. Así pues,
planteó que la Oficina de la Procuradora, al no aprobar un
reglamento
que
delimitase
las
obligaciones
de
los
proveedores y aseguradoras de la Reforma de Salud, hacía
imposible que dichas entidades conocieran las actuaciones
u omisiones que constituyen una violación de ley.
En respuesta a esta última oposición, la Oficina de
la Procuradora presentó un escrito titulado “Tríplica a
‘Oposición
a
Moción
en
Réplica
a
Moción
de
Desestimación’”. Mediante el mismo, la referida agencia
arguyó que el planteamiento de MCS referente al debido
proceso
de
ley
sustantivo
carecía
de
méritos,
ello
en
5
CC-2004-356
vista
de
que
Procuradora
la
Ley
Orgánica
claramente
de
establecía
la
Oficina
las
de
la
obligaciones
y
deberes de los proveedores y aseguradoras de servicios de
salud médico-hospitalarios para con los pacientes de la
Reforma de Salud. Finalmente, la Oficina de la Procuradora
dictó una orden mediante la cual declaró “no ha lugar” la
moción de desestimación presentada por MCS. Además, señaló
Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos para el
12 de agosto de 2003.1
Inconforme
con
tal
dictamen,
recurso
de
revisión,
ante
Alegó,
en
síntesis,
que
el
la
MCS
acudió,
Tribunal
Oficina
de
mediante
de
Apelaciones.
la
Procuradora
incidió al determinar que sus actuaciones referentes a la
investigación y orden emitida en el presente caso fueron
correctas y no violatorias del debido proceso de ley, no
obstante
dicha
Oficina
carecer
de
un
reglamento
que
delimitara su autoridad y definiera los criterios bajo los
cuales se investigarían violaciones a la Carta de Derechos
y Responsabilidades del Paciente.2
1
El 5 de agosto de 2003 la querellada MCS presentó una
moción
de
reconsideración
ante
la
Oficina
de
la
Procuradora. En cuanto a esta moción, el 7 de agosto de
2003, la referida Oficina emitió una orden en la que
dictaminó “Nada que proveer”.
2
Sostuvo, además, que dicha agencia erró “al no incluir en
su resolución final sobre la Moción de Desestimación las
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
exigidas por la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme”. Véase página 4 del Anejo I de la Petición de
Certiorari radicada por la Oficina de la Procuradora.
6
CC-2004-356
La
Oficina
de
la
Procuradora
solicitó
la
desestimación del Recurso de Revisión, alegando: i) que el
foro
apelativo
intermedio
carecía
de
jurisdicción
para
revisar la decisión administrativa en cuestión debido a
que se trataba de una orden de naturaleza parcial y no se
configuró la única excepción reconocida a la exigencia de
que únicamente las revisiones u ordenes finales de las
agencias administrativas son revisables, esto es, cuando
resulta clara la falta de jurisdicción de la agencia y ii)
que el recurso radicado era académico toda vez que MCS,
alegadamente,
había
sometido
a
la
Oficina
de
la
Procuradora la documentación que esta última le requirió
mediante la orden que se intentaba revisar.
MCS
se
opuso
a
recurso
de
revisión
la
solicitud
presentada
de
por
desestimación
la
Oficina
del
de
la
Procuradora, alegando, en síntesis, que si bien era cierto
que había sometido cierta documentación a la Oficina de la
Procuradora, ello se hizo con el entendimiento de que no
estaba renunciando al derecho de continuar con el recurso
de
revisión
y,
además,
que
no
sometió
toda
la
documentación requerida por la Oficina de la Procuradora.
Argumentó,
además,
que
aun
cuando
la
resolución
cuya
revisión se solicitaba era una de naturaleza parcial, el
planteamiento
era
uno
de
requería
de
la
pericia
arguyó
que
no
era
índole
constitucional
administrativa.
necesario
agotar
Por
que
tal
los
no
razón,
remedios
7
CC-2004-356
administrativos.3
resolución
El
Tribunal
denegatoria
de
la
de
Apelaciones
moción
de
emitió
una
desestimación
presentada por la Oficina de la Procuradora, concediendo a
dicha parte el término de treinta (30) días para presentar
su alegato.
Inconforme
con
dicho
proceder,
la
Oficina
de
la
Procuradora recurrió ante este Tribunal, vía recurso de
certiorari, imputándole al Tribunal de Apelaciones haber
errado al:
...denegar la Solicitud de Desestimación porque
dicho foro carece de jurisdicción para revisar
una
decisión
administrativa
de
naturaleza
parcial emitida por la Oficina de la Procuradora
del paciente, ello en virtud de la norma
estatutaria que sólo permite que se inste
recurso de revisión judicial una vez la agencia
emite una orden o resolución final, sin que esté
presente, en este caso, la única excepción
reconocida a dicha norma (cuando la agencia
claramente carece de jurisdicción para atender
el asunto ante sí).
...denegar
la
Solicitud
de
Desestimación
predicada en la academicidad de la controversia
planteada
en
el
recurso
de
revisión
administrativa presentado por MCS, a pesar de
haberse argumentado y evidenciado que la parte
co-promovida recurrida cumplió con la orden cuya
validez impugnó en alzada al someter los
documentos requeridos por la Oficina de la
Procuradora del Paciente mediante su Orden de 12
de marzo de 2003, a los fines de que éstos
fuesen
evaluados
de
conformidad
con
los
propósitos de la pesquisa realizada por la
agencia.4
3
El 30 de enero de 2004, la Oficina de la Procuradora
replicó la oposición a la solicitud de desestimación
radicada por MCS. En respuesta, MCS presentó un escrito
titulado “Dúplica a ‘Réplica a Oposición a Solicitud de
Desestimación del Recurso de Revisión’”.
4
Nos limitamos a resolver el primer señalamiento de error
planteado ante nos en vista de que la Oficina de la
(Continúa . . .)
8
CC-2004-356
Atendida
la
petición
de
le
certiorari,
concedimos
veinte (20) días a la parte recurrida para mostrar causa
por
la
cual
este
Tribunal
no
debía
expedir
el
auto
solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución
emitida por el Tribunal de Apelaciones. Contando con la
comparecencia de las partes, y estando en condición de
resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.
I
A
La
Oficina
de
la
Procuradora
del
Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud es una entidad creada
mediante la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, mejor
conocida
como
Procurador
del
la
“Ley
Paciente
Orgánica
de
Beneficiario
la
de
Oficina
la
del
Reforma
de
Salud”, ante.
La referida disposición estatutaria le impone a la
Oficina
de
la
Procuradora
la
responsabilidad
de
“garantizarle a los pacientes beneficiarios de la Reforma
de
Salud
el
cumplimiento
Responsabilidades
del
de
la
Carta
Paciente...”
y
de
Derechos
y
de
“atender
y
solucionar los problemas, necesidades y reclamos de dichos
pacientes asegurados....” 3 L.P.R.A. sec. 1982.
______________________
Procuradora no nos ha puesto en posición de evaluar el
planteamiento de error referente a la academicidad.
9
CC-2004-356
Por
su
parte,
la
mencionada
Carta
de
Derechos
y
Responsabilidades del Paciente está consagrada en la Ley
Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, 24 L.P.R.A. sec. 3041,
et seq. (en adelante “Carta de Derechos”). Mediante esta
pieza legislativa se establecieron los derechos de todo
paciente, usuario o consumidor de servicios y facilidades
de salud médico-hospitalarias. De particular importancia
al caso de autos, en dicha Ley se estableció que éstos
tienen derecho a:
[r]ecibir
información
cierta,
confiable,
oportuna y suficiente, de fácil comprensión y
adecuada a sus necesidades, con relación a sus
planes de seguro de salud y a las facilidades y
profesionales de salud que haya seleccionado o
cuyos servicios solicite, de manera que esté en
condiciones de tomar decisiones bien informadas
e inteligentes en cuanto a su selección de
planes, facilidades y profesionales y en cuanto
a los servicios de salud que requiere. 24
L.P.R.A. sec. 3043.
La citada Carta de Derechos establece, además, que
todo
paciente
tiene
derecho
a
recibir
información
referente a “los procedimientos que gobiernan el acceso a
especialistas y servicios de emergencia....” Ibid.5 A los
5
De igual forma, en el Artículo 17 de la Carta de Derechos
y Responsabilidades del Paciente, 24 L.P.R.A. sec. 3055,
se establece que todo paciente, asegurado, usuario o
consumidor de servicios puede presentar una querella
administrativa ante el Departamento de Salud cuando
entienda que se le han violado derechos bajo la referida
legislación. Asimismo, dicho Artículo ejemplifica los
asuntos que pueden ser motivo para la radicación de una de
estas querellas. Entre los motivos que detalla para la
presentación de una querella está el que “[u]na entidad
aseguradora no le inform[e] al paciente los servicios de
salud cubiertos por su plan de cuidado de salud....” 24
(Continúa . . .)
10
CC-2004-356
fines
de
llevar
la
a
cabo
Oficina
de
misma
creó
el
cargo
Beneficiario
de
la
las
Procuradora
funciones
por
de
Reforma
su
ley
asignadas
a
la
habilitadora,
la
Procuradora
de
Salud
del
Paciente
(en
adelante
“Procuradora”), atribuyéndole a ésta ciertas facultades y
deberes.6 Entre éstas, la Procuradora tiene la facultad y
el
deber
pacientes,
de
“[p]rocesar
sus
padres
o
querellas
presentadas
por
los
tutores,
relacionadas
con
las
entidades privadas y agencias públicas que son proveedores
y que prestan servicios de salud, así como contra las
entidades aseguradoras a quienes se les ha pagado la prima
correspondiente a dichos pacientes.” 3 L.P.R.A. sec. 1985.
La aludida pieza legislativa faculta a la Procuradora
a solicitar informes sobre quejas y querellas tanto de las
aseguradoras
como
de
la
Administración
de
Seguros
de
Salud, a celebrar vistas administrativas conforme a las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo
______________________
L.P.R.A. sec. 3055. Cabe recalcar que la citada Carta de
Derechos se hizo parte de la Ley Orgánica de la Oficina de
la Procuradora.
6
Según su Exposición de Motivos, esta Ley tiene como
propósito el crear el cargo del Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud. Así pues, se dispuso
que dicho funcionario tendría la responsabilidad de velar
por los derechos de los pacientes que reciben los
servicios de salud contratados por el Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, según éstos se exponen en
la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, mejor conocida
como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del
Paciente”. Véase: Leyes de Puerto Rico, 2001, Parte 1,
pág. 59.
11
CC-2004-356
Uniforme7, a tomar juramento y declaraciones por sí o por
sus representantes, a inspeccionar instalaciones, emitir
órdenes para la comparecencia de testigos y a requerir la
presentación de documentos pertinentes a una investigación
o querella ante su consideración. Véase: 3 L.P.R.A. sec.
1985 (h)a(l).
El Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Oficina de la
Procuradora, ante, dispone que la Procuradora, en aquellos
casos
en
que
decida
investigar
una
querella,
deberá
notificarlo a la agencia pública o a la entidad privada
querellada,
según
fuere
el
caso,
expresando
los
hechos
alegados en la misma y la ley que le confiere potestad
para investigar. Véase: 3 L.P.R.A. sec. 1988.
La referida Ley, además, ordena a la Oficina de la
Procuradora la promulgación de un reglamento para fines de
su funcionamiento interno y para la implantación de dicha
Ley. En específico, esta pieza legislativa dispone que el
reglamento
detallará
expresamente
obligaciones
que
ley
dicha
impone
los
a
los
deberes
aseguradores,
facilidades médico hospitalarias y proveedores.
B
7
y
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como “Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”.
12
CC-2004-356
Conforme establece el Artículo 4.006 de la Ley de la
Judicatura
de
20038,
competencia
para
resoluciones
finales
el
Tribunal
revisar
de
de
Apelaciones
las
decisiones,
los
organismos
tendrá
órdenes
o
y
agencias
administrativas.9
Es de notar, por otro lado, que la Ley Orgánica de la
Oficina de la Procuradora prescribe que la revisión de una
orden o resolución emitida por dicha Oficina se llevará a
cabo
de
acuerdo
Procedimiento
4.2
de
la
a
las
disposiciones
Administrativo
referida
Ley
de
Uniforme,
de
la
Ley
ante.
La
Sección
Procedimiento
de
Administrativo
Uniforme10 establece, en lo aquí relevante, que:
Una parte adversamente afectada por una orden o
resolución final de una agencia y que haya
agotado todos los remedios provistos por la
agencia
o
por
el
organismo
administrativo
apelativo correspondiente podrá presentar una
8
Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003.
9
A esos efectos, el Inciso (c) del referido Artículo
específicamente dispone, en lo aquí pertinente, que:
Mediante recurso de revisión judicial, que
se acogerá como cuestión de derecho, de las
decisiones, órdenes y resoluciones finales de
organismos o agencias administrativas. En estos
casos, la mera presentación del recurso no
paralizará el trámite en el organismo o agencia
administrativa
ni
será
obligatoria
la
comparecencia del Estado Libre Asociado ante el
foro apelativo a menos que así lo determine el
tribunal. El procedimiento a seguir será de
acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de
12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida
como
“Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”. (énfasis suplido).
10
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3
L.P.R.A. sec. 2101, et seq..
13
CC-2004-356
solicitud de revisión ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, dentro de un término de
treinta (30) días contados a partir de la fecha
del archivo en autos de la copia de la
notificación de la orden o resolución final de
la agencia o a partir de la fecha aplicable de
las
dispuestas
en
la
sec.
2165
de
este
título....
....
Una orden o resolución interlocutoria de una
agencia, incluyendo aquellas que se emitan en
procesos que se desarrollen por etapas, no serán
revisables
directamente.
La
disposición
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de
un señalamiento de error en el recurso de
revisión de la orden o resolución final de la
agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2172.
De lo antes expuesto se puede colegir que son dos los
requisitos
para
que
una
orden
emitida
por
una
agencia
pueda ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones. Éstos
son: i) que la parte adversamente afectada por la orden
haya agotado los remedios provistos por la agencia y ii)
que la resolución sea final y no interlocutoria. Pasemos a
analizar cada uno de estos requisitos por separado.
C
La
doctrina
de
agotamiento
de
remedios
administrativos es una norma de autolimitación judicial de
carácter
fundamentalmente
práctico.
Mediante
ella,
los
tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una
actuación de una agencia hasta tanto la persona afectada
agota todos los remedios administrativos disponibles, de
forma
tal
posición
que
la
decisión
final
de
la
administrativa
entidad
estatal.
refleje
la
Guadalupe
v.
14
CC-2004-356
Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Rivera v.
E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988). El propósito de la
doctrina es determinar la etapa en la cual el litigante
puede
recurrir
intervención
a
los
judicial
tribunales,
innecesaria
evitando
y
a
así
una
destiempo
que
interfiera con el cauce y desenlace normal del proceso
administrativo. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., ante;
Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347,
354-55 (1988).
En torno a los fundamentos aludidos en apoyo a la
referida doctrina, en Rivera v. E.L.A., ante, a la pág.
595,
reiterado
en
Guadalupe
v.
Saldaña,
Pres.
U.P.R.,
ante, señalamos que con ésta se logra:
1.) que la agencia concernida, antes de la
intervención judicial, pueda desarrollar un
historial
completo
del
asunto
ante
su
consideración; 2.) que la agencia pueda utilizar
el
conocimiento
especializado
de
sus
funcionarios
para
adoptar
las
medidas
correspondientes de conformidad con la política
pública formulada por la entidad; y 3.) que la
agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes
para poner en vigor las leyes, rectificar
oportunamente sus errores o reconsiderar el
alcance de sus pronunciamientos.
En
términos
aplicación
de
la
generales,
referida
la
doctrina
determinación
depende
del
de
la
balance
entre los factores que operan a favor y en contra de la
revisión judicial. Algunos de los factores que inclinan la
balanza
a
favor
de
la
agotamiento
son:
i)
que
preterición
el
dar
del
curso
requisito
a
la
de
acción
administrativa haya de causar un daño inminente, material,
15
CC-2004-356
sustancial y no teórico o especulativo, ii) que el remedio
administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y
que no ofrece un remedio adecuado, Vda. De Iturregui v.
E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970), (iii) cuando la agencia
claramente
no
tiene
jurisdicción
sobre
el
asunto
y
la
posposición conllevaría un daño irreparable al afectado o
iv)
el
asunto
efectos,
la
es
Sección
estrictamente
4.3
de
la
de
Ley
derecho.11
de
A
esos
Procedimiento
Administrativo Uniforme señala que:
[e]l tribunal podrá relevar a un peticionario de
tener que agotar alguno o todos los remedios
administrativos provistos en el caso de que
dicho remedio sea inadecuado; o cuando el
requerir en el balance de intereses no se
justifica agotar dichos remedios, o cuando se
alegue la violación sustancial de derechos
constitucionales; o cuando sea inútil agotar los
remedios
administrativos
por
la
dilación
excesiva en los procedimientos; o cuando sea un
asunto estrictamente de derecho y es innecesaria
la pericia administrativa. 3 L.P.R.A. sec. 2173.
Sobre
este
asunto,
en
Guadalupe
v.
Saldaña,
Pres.
U.P.R., ante, señalamos que corresponde a la parte que
pretende acudir al foro judicial probar, mediante hechos
específicos y bien definidos, que se debe
los
remedios
administrativos.
Véase,
prescindir de
además:
Rivera
v.
E.L.A., ante, a la pág. 596.
11
Véanse: Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., ante; Rivera
v. E.L.A., ante, a la pág. 596; Vélez Ramírez v. Romero
Barceló, 112 D.P.R. 716, 722 (1982); Sec. 4.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2173.
16
CC-2004-356
En lo referente a las excepciones a la doctrina sobre
agotamiento de remedios, en Mercado Vega v. U.P.R., 128
D.P.R.
273
(1991),
reiteramos
que
la
impugnación
constitucional de actuaciones administrativas está sujeta
a dicha norma y a lo resuelto en First Fed. Savs. V. Asoc.
De Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983), a los efectos de que
"[e]l mero hecho de invocar una cuestión constitucional no
margina automáticamente el proceso administrativo. Aunque
es a los tribunales a quienes compete toda interpretación
constitucional, ello no implica que una simple alegación
al efecto excluya el foro administrativo". Expresamos, por
último, en Mercado Vega v. U.P.R., ante, a la pág. 286,
que
"es
proceda
doctrina
un
firmemente
reclamo
por
establecida,
la
violación
que
de
para
un
que
derecho
garantizado constitucionalmente, a los fines de eludir el
cauce
administrativo,
existencia
de
un
justifique
desviarse
es
necesario
agravio
del
de
que
se
patente
mencionado
demuestre
intensidad
cauce.”
la
que
(énfasis
nuestro).
Por otro lado, y en cuanto a la excepción referente a
cuestiones de derecho, este Tribunal ha resuelto que la
misma
se
refiere
a
situaciones
de
interpretación
estatutaria en la que los tribunales son los expertos, es
decir,
cuando
se
trata
derecho.
Sobre
Hernández,
126
D.P.R.
enfrentó
una
controversia
a
este
de
situaciones
particular,
191
en
(1990),
que
estrictamente
Adorno
este
giraba
en
de
Quiles
v.
Tribunal
se
torno
la
a
17
CC-2004-356
validez de un contrato suscrito entre una manejadora de
boxeadores y un boxeador. En el citado caso, el boxeador
acudió ante la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto
Rico (en adelante “Comisión”) para que ésta invalidara el
referido contrato. Durante la vista administrativa ante la
Comisión,
el
abogado
de
la
manejadora
impugnó
la
jurisdicción de la Comisión y, al día siguiente, acudió al
Tribunal de Primera Instancia para que declarara válido el
contrato.
El
boxeador,
por
su
parte,
solicitó
que
se
desestimara la acción incoada ya que, según adujo, no se
agotaron
los
remedios
determinó
que,
siendo
administrativos.
la
controversia
Este
una
Tribunal
de
índole
contractual y estrictamente de derecho, se podía obviar el
cauce
administrativo
y
acudir
directamente
a
los
tribunales.
De igual forma, en Asociación de Pescadores de Punta
Figueras, Inc. v. Marina del Puerto del Rey, res. el 18 de
diciembre de 2001, 2001 TSPR 174, reiteramos que cuando se
trata de cuestiones estrictamente de derecho, no hay que
agotar los remedios administrativos. En el referido caso,
la
Asociación
de
Pescadores
de
Punta
Figueras,
Inc.,
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una acción
de interdicto y daños y perjuicios. Dicha acción buscaba
que se le ordenara a Puerto del Rey el cumplir con ciertos
requisitos impuestos por ARPE cuando ésta le concedió a la
mencionada entidad los permisos para construir una marina
en Fajardo. En dicho caso determinamos que el hecho de que
18
CC-2004-356
ARPE ya había otorgado los permisos y de que la acción
judicial
buscaba
condiciones
el
exigir
impuestas
que
al
se
cumplieran
otorgarse
dichos
con
las
permisos,
convertían la controversia en una estrictamente de derecho
que no requería la pericia de la agencia y, por lo tanto,
no
era
de
aplicación
la
doctrina
de
agotamiento
de
remedios.
D
Debe recalcarse, con relación a la exigencia de que
el
Tribunal
de
Apelaciones
sólo
podrá
revisar
aquellas
órdenes o resoluciones finales de una agencia, que este
Tribunal ha resuelto que, aun cuando dicho requisito es
diferente a la doctrina de agotamiento de remedios, ambas
doctrinas tienen un alcance análogo y que, de ordinario,
ambas
gozan
de
las
mismas
excepciones.
Véase:
Junta
Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris Elías, 144
D.P.R.
483
(1997)12.
En
dicho
caso
examinamos
las
diferentes instancias en que es factible preterir el cauce
administrativo
agencia
12
carece
en
situaciones
de
tales
jurisdicción
y
como:
la
cuando
la
posposición
De igual forma, en el ámbito federal, de donde proviene
nuestra legislación, se ha reconocido que la doctrina
sobre agotamiento de remedios y la exigencia de que sólo
las resoluciones finales son revisables se basan en los
mismos fundamentos. Véanse: Mc Kart v. United States, 395
U.S. 185, 194 (1969); Rosenthal & Company v. Commodity
Futures Trading Commission, 614 F. 2d 1121, 1124 (1980).
Véase, además: Scwartz, Bernard, Administrative Law: a
casebook, Fourth Edition, Aspen Law & Business, pág. 761.
19
CC-2004-356
conllevaría
un
daño
irreparable
o
cuando
el
asunto
es
estrictamente de derecho. De hecho, en el referido caso
permitimos
la
revisión
de
una
orden
interlocutoria
en
vista de la clara falta de jurisdicción de la agencia.
Luego de la decisión emitida en Junta Examinadora de
Tecnólogos Médicos, ante, la Asamblea Legislativa aprobó
la Ley Núm. 186 de 26 de diciembre de 1997. Mediante la
misma se añadió un párrafo adicional a la Sección 4.2 de
la
Ley
de
Procedimiento
legisló
para
que
dicha
Administrativo
Sección
Uniforme.
especificara
que
Se
“[u]na
orden o resolución interlocutoria de una agencia no es
revisable directamente. La disposición interlocutoria de
la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en
el recurso de revisión de la orden o resolución final de
la agencia.” 3 L.P.R.A. sec. 2172.
Ello
no
obstante,
se
puede
argumentar
que
dicha
actuación legislativa no tuvo la intención, o propósito,
de variar la norma jurisprudencial antes mencionada. Ello
en vista del hecho de que: en la Exposición de Motivos de
la citada disposición estatutaria no se hace mención del
caso de Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris
Elías, ante, y, además, que en la misma se expresa que
“[e]sta medida no cambia, altera o modifica el estado de
derecho vigente”.13 Ello da la fuerte impresión de que la
doctrina establecida en Junta Examinadora de Tecnólogos
13
Véase: Leyes de Puerto Rico, 2001, Parte 1, pág. 59.
20
CC-2004-356
Médicos
v.
Anneris
Elías,
ante,
--en
torno
a
las
excepciones al requisito de finalidad de las resoluciones
de las agencias para que éstas sean revisables-- continúa
vigente.
Como
es
sabido,
Administrativo
nuestra
Uniforme
proviene
Aun
en
norteamericana.14
cuando
Ley
de
Procedimiento
de
la
jurisdicción
el
ámbito
federal
las
cortes no han establecido definitivamente si la exigencia
de finalidad de las resoluciones administrativas --para
que éstas sean revisables-- es un segmento de la doctrina
de agotamiento de remedios, parte del tema sobre madurez,
o un tercer tema separado, lo que sí se ha establecido con
certeza
es
que
dicha
exigencia
tiene
excepciones.
Con
relación a estas excepciones, el tratadista Kenneth Kulp
Davis,
en
su
Treatise”15
evaluado
tratado
señala
el
tema
que
de
Derecho
“Administrative
Law
las
cortes
norteamericanas
han
sobre
la
revisión
de
resoluciones
interlocutorias caso a caso.
A
manera
Commodity
de
Futures
ejemplo,
Trading
en
Rosenthal
Commission,
614
&
Company
F.
2d
v.
1121,
14
Sobre este particular, la Ley Núm. 170 de 12 de agosto
de 1988, (LPAU) fue adoptada siguiendo el modelo del
“Administrative Procedure Act” (APA), 5 U.S.C. sec. 551,
et. seq., y del “Model State Administrative Procedure
Act”. Véase: Asociación de Maestros de Puerto Rico v.
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de
Puerto Rico, res el. 31 de marzo de 2003, 2003 TSPR 47;
Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998).
15
K.C. Davis, Administrative Law Treatise, Second Edition,
K.C. Davis Pub. Co., California, Vol. 4, 1983, sec. 26:10.
21
CC-2004-356
1127-28 (7th Cir. 1980), la Corte de Apelaciones Federal
para
el
Séptimo
Circuito
resolvió
que
la
peticionaria,
Rosenthal & Company, había fallado al demostrar cómo la
posposición
Comisión
de
la
emitiera
revisión
una
judicial
resolución
--hasta
final--
le
tanto
la
causaría
a
ésta el menoscabo de derechos importantes. A esos efectos,
el referido tribunal indicó lo siguiente:
Rosenthal,
however,
has
not
suggested
how
postponing judicial review until the entry of a
final administrative order against it would
cause it to lose any important rights. Virtually
all of its claims, if sustained, would be valid
grounds for upsetting any reparation order that
may be entered against it. Thus, apparently the
only injury which Rosenthal would suffer by the
failure to obtain judicial review now would be
the cost and inconvenience of defending against
the claim at an administrative hearing. It is
clear, however, that the litigation expense and
attendant
inconvenience
do
not
constitute
irreparable
injury
sufficient
to
justify
judicial
intervention
into
pending
agency
proceedings. In essence, Rosenthal seeks to have
this court review an interlocutory order much
like the denial of a motion to dismiss. Such
agency actions are ordinarily not appealable
and whatever expense and inconvenience Rosenthal
may suffer are outweighed by the danger of
disrupting ongoing administrative proceedings by
piecemeal review.
De igual forma, en Gulf Oil Corp. V. United States,
663
F.
aceite
2d
296
crudo
(D.C.
Cir.,
demandaron
en
1981),
unos
productores
de
sentencia
declaratoria
e
interdicto ante el Tribunal de Distrito Federal para el
Distrito
de
Columbia,
procedimiento
Energía
de
ello
administrativo
los
Estados
mientras
se
realizaba
un
ante
Departamento
de
Unidos
por
el
razón
de
alegadas
22
CC-2004-356
violaciones
de
ley
productores.
En
la
por
parte
referida
de
demanda
los
se
mencionados
arguyó
que
los
funcionarios a cargo del procedimiento administrativo ante
el Departamento de Energía habían incurrido en destrucción
de documentos y en una serie de comunicaciones impropias.
El Departamento, por su parte, argumentó que la aludida
corte de distrito carecía de jurisdicción para entender en
el recurso, esto debido a que los demandantes no habían
agotado
los
remedios
administrativos
ni
su
caso
se
encontraba maduro para verse ante los tribunales, por la
agencia envuelta no haber emitido una resolución final.
En dicho caso, la Corte de Apelaciones Federal para
el
Circuito
revisión
del
de
intervención
Distrito
de
Columbia
determinó
órdenes
interlocutorias,
de
cortes
las
antes
que
la
como
la
finalice
un
así
que
procedimiento administrativo, deben ser la excepción y no
la regla. A esos efectos, la referida corte indicó que el
permitir la revisión de resoluciones interlocutorias sólo
procedía
en
sustantivos
afectados
instancias
de
de
en
la
parte
tal
forma
que
que
derechos
pretende
que
sustanciales
revisar
ameriten
una
se
y
vean
temprana
intervención judicial.
El
caso
Federal
Trade
Comission
v.
Standard
Oil
Company of California, 449 U.S. 232, 101 S. Ct. 488, 66 L.
Ed. 2d 416 (1980), presenta unos hechos similares al caso
hoy ante nuestra consideración. En el mismo la Comisión
Federal de Comercio expidió una queja contra la compañía
23
CC-2004-356
de petróleo recurrida, Standard Oil Company of California,
alegando varias violaciones de ley. Mientras se dirimía y
se
adjudicaba
la
queja,
dicha
compañía
intentó
revisar
ante el Tribunal de Distrito Federal la legalidad de la
querella
expedida
por
la
Comisión,
por
alegadamente
expedirla en violación de la ley. La Corte de Distrito
desestimó
Apelaciones
la
revisión.
Federal
Sin
embargo,
la
el
Noveno
Circuito
para
Corte
de
revocó
indicando que la actuación de la agencia constituía una
resolución
final
apelable.
El
caso
llegó
al
Supremo
federal. Si bien el caso ante el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos giró en torno a si las actuaciones de la
agencia constituían una resolución final que permitiera su
revisión, en dicho caso se estableció lo inadecuado de las
revisiones
en
este
tipo
de
actuación
por
parte
de
la
agencia. A esos fines, el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos expresó:
Serving only to initiate the proceedings, the
issuance of the complaint averring reason to
believe has no legal force comparable to that of
the regulation at issue in Abbott Laboratories,
nor any comparable effect upon Socal's daily
business. The regulations in Abbott Laboratories
forced manufacturers to "risk serious criminal
and civil penalties" for noncompliance, 387
U.S., at 153, 87 S.Ct., at 1517, or "change all
their labels, advertisements, and promotional
materials; ... destroy stocks of printed matter;
and ... invest heavily in new printing type and
new supplies." Id., at 152, 87 S.Ct., at 1517.
Socal does not contend that the issuance of the
complaint had any such legal or practical
effect, except to impose upon Socal the burden
of responding to the charges made against it.
Although this burden certainly is substantial,
it is different in kind and legal effect from
24
CC-2004-356
the burdens attending what heretofore has been
considered
to
be
final
agency
action.
In contrast to the complaint's lack of legal or
practical effect upon Socal, the effect of the
judicial review sought by Socal is likely to be
interference with the proper functioning of the
agency and a burden for the courts. Judicial
intervention into the agency process denies the
agency an opportunity to correct its own
mistakes and to apply its expertise. Weinberger
v. Salfi, 422 U.S. 749, 765 95 S.Ct. 2457, 2466,
45 L. Ed. 2d 522 (1975). Intervention also leads
to piecemeal review which at the least is
inefficient and upon completion of the agency
process might prove to have been unnecessary.
McGee v. United States, 402 U.S. 479, 484, 91 S.
Ct. 1565, 1568, 29 L. Ed. 2d 47 (1971); Mc Kart
v. United States, 395 U.S. 185, 195, 89 S. Ct.
1657,
1663,
23
L.
Ed.
2d
194
(1969).
Furthermore,
unlike
the
review
in
Abbott
Laboratories,
judicial
review
to
determine
whether the Commission decided that it had the
requisite
reason
to
believe
would
delay
resolution of the ultimate question whether the
Act was violated. Finally, every respondent to a
Commission complaint could make the claim that
Socal had made. Judicial review of the averments
in the Commission's complaints should not be a
means of turning prosecutor into defendant
before adjudication concludes. Véase: Federal
Trade Commisssion, et al. v. Standard Oil
Company of California, ante, a las págs. 242243.
En el citado caso el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos
también
irreparable,
reconoció
entonces
la
que
de
intervención
existir
temprana
un
de
daño
los
tribunales estaría justificada. Ello no obstante, dicha
Corte determinó que en el mencionado caso no se había
probado daño alguno. Federal Trade Commission v. Standard
Oil Company of California, ante, a la pág. 244.
E
25
CC-2004-356
Este Tribunal en diversas ocasiones ha reiterado que
la
interpretación
de
un
estatuto,
por
el
organismo
facultado por ley para administrarlo y darle cumplimiento,
merece
gran
respeto
y
deferencia
judicial.
Véanse:
A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); M & V
Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183, 188-89
(1984); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R.
153, 160 (1985). Así pues, en M & V Orthodontics v. Negdo.
Seg. Empleo, ante, a la pág. 188-89, establecimos que:
[n]o hay duda de que en este momento podríamos
entrar a resolver el punto legal aquí en
controversia.
Preferimos,
sin
embargo,
no
hacerlo. Como es sabido, ‘la interpretación
administrativa de un estatuto por aquellos
organismos encargados de ponerlos en vigor y
velar porque sus fines se cumplan nos merecen un
gran peso’. Ello es así por cuanto dichos
organismos cuentan con una vasta experiencia y
conocimiento (expertise) en relación con la
materia con la que bregan día tras día. La
interpretación que del estatuto éstos hagan y
los fundamentos que aducen en apoyo de la misma,
resultan de gran ayuda para los tribunales de
justicia al éstos encontrarse en la posición de
tener que pasar juicio sobre la corrección o no
de
las
decisiones
emitidas
por
dichos
organismos. (citas omitidas).
II
La Oficina de la Procuradora argumenta ante nos que
el
foro
apelativo
intermedio
erró
al
no
desestimar
el
recurso incoado por MCS. Ello debido a que dicho recurso
buscaba revisar una resolución interlocutoria, sin que se
cumpliera
con
jurisprudencia.
las
excepciones
reconocidas
por
nuestra
26
CC-2004-356
Por
su
parte,
comparecencia
que la
la
recurrida
resolución
MCS
argumenta
interlocutoria
en
su
aquí
en
cuestión fue emitida sin jurisdicción y en violación a su
debido proceso de ley, ameritando así que se prescinda del
requisito de que, para fines de revisión administrativa,
deba existir una resolución final emitida por la agencia.
Para fundamentar su posición, MCS señala que la ausencia
de un reglamento hace que la Oficina de la Procuradora
carezca de jurisdicción para realizar investigaciones y
emitir
órdenes
como
la
del
caso
de
epígrafe.
Arguye,
además, que la falta de promulgación de un reglamento por
parte de dicha Oficina en el caso de epígrafe constituye
una violación al debido proceso de ley, tanto sustantivo
como procesal. Asimismo, señala que la cuestión referente
a
la
violación
al
debido
proceso
de
ley
es
un
planteamiento de índole constitucional y que no requiere
del “expertise” de la agencia aquí en cuestión. No nos
convencen sus argumentos. Veamos por qué.
De entrada, precisa determinar si el caso ante nos
presenta la excepción reconocida por este Tribunal a la
regla
de
apelativo
que
sólo
serán
revisables
intermedio
las
resoluciones
ante
el
finales
tribunal
de
las
agencias; a saber, la clara falta de jurisdicción de la
agencia. Veamos.
Como es por todos conocido, el reglamento promulgado
por una agencia debe circunscribirse a la ley bajo la cual
el mismo fue promulgado. Franco v. Dept. de Educación, 148
27
CC-2004-356
D.P.R. 703, 712 (1999); Carrero v. Dept. de Educación, 141
D.P.R. 830, 837 (1996). Dicho de otra forma, el reglamento
complementa la ley, pero no puede estar en conflicto con
ésta. Franco v. Dept. de Educación, ante. En el caso de
autos, la Oficina de la Procuradora fue creada por ley y
sus facultades, entre ellas la de investigación, fueron
atribuidas
a
ésta
mediante
legislación.
Si
bien
dicha
legislación provee para que se promulgue un reglamento,
ello
no
es
un
requisito
jurisdiccional
para
que
ésta
ejerza las funciones delegadas por la Legislatura. Sobre
este
particular,
en
Asociación
de
Farmacias
de
la
Comunidad v. Departamento de Salud, res. el 5 de febrero
de
2002,
2002
T.S.P.R.
13,
este
Tribunal
reiteró
la
importancia de la promulgación de reglamentos, sobre todo
cuando la ley habilitadora es ambigua; sin embargo, en
ningún momento hemos adjudicado carácter jurisdiccional a
dicha promulgación.
Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir
que en el presente caso no está presente la excepción
relativa a la “clara falta de jurisdicción” reconocida por
nuestra
jurisprudencia
litigante
pueda
señaláramos
en
a
los
fines
de
preterir
el
cause
administrativo.
Como
Colón
Méndez,
130
444
v.
permitir
D.P.R.
que
433,
un
(1992), “no toda alegación de ausencia de jurisdicción va
a tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus
gestiones
en
la
agencia.”
En
el
referido
caso
fuimos
enfáticos al expresar que “[c]ualquier otra interpretación
28
CC-2004-356
tendría el efecto de eliminar de facto la doctrina de
agotamiento de remedio” y que “[a]nte una alegación de
ausencia de jurisdicción, es a la propia agencia, salvo
unas
excepciones,
a
la
que
le
corresponde
hacer
una
determinación inicial de su propia jurisdicción.” Ibid.
En
lo
que
respecta
a
la
excepción
relativa
a
la
“violación constitucional”, este Tribunal ha resuelto que
aquella parte que pretenda utilizar dicha excepción a los
fines de prescindir del cauce administrativo debe probar,
con hechos específicos y bien definidos, la necesidad de
obviar dicho cauce. Véanse: Guadalupe v. Saldaña, Pres.
U.P.R.,
ante;
Rivera
v.
E.L.A.,
ante.
Asimismo,
en
reiteradas ocasiones hemos resuelto que, para preterir el
agotar
remedios
administrativos
alegando
una
violación
constitucional, dicha violación debe ser de tal magnitud y
debe constituir un agravio tan intenso que justifique el
desviarse del cauce administrativo. Véase: Mercado Vega v.
U.P.R., ante.
En el caso de autos la parte que pretende revisar la
resolución
interlocutoria
aquí
en
cuestión,
MCS,
no
ha
demostrado ante nos cuál es la necesidad de no esperar a
que la agencia concernida termine sus procesos y emita una
resolución u orden final. Sus argumentos referentes a la
alegada violación al debido proceso de ley no presentan
una injuria a derechos sustantivos o constitucionales de
tal magnitud que ameriten el prescindir del requerimiento
29
CC-2004-356
de una resolución final de parte de la agencia para fines
de revisar judicialmente sus actuaciones.
En
cuanto
al
argumento
relativo
a
que
la
consideración de las controversias planteadas en el caso
de
autos
debemos
no
requieren
primero
del
“expertise”
de
la
cuál
la
controversia
establecer
presentada
ante
ésta.
La
misma
siguiente:
¿Es
indispensable
Procuradora
promulgue
un
fue
se
agencia,
circunscribió
que
la
reglamento
a
lo
de
la
fines
de
Oficina
a
los
realizar investigaciones y emitir órdenes como la envuelta
en
este
caso
o
su
ley
habilitadora
provee
suficientes
guías a esos efectos? ¿La falta de promulgación de este
reglamento
priva
jurisdicción
a
la
para
Oficina
proceder
de
de
la
Procuradora
acuerdo
a
su
de
ley
habilitadora o dicha jurisdicción emana directamente de
esta última? ¿Viola dicha omisión el debido proceso de ley
sustantivo
de
MCS
o
medida
que
la
ley
en
su
derecho
queda
habilitadora
protegido
contiene
en
la
todos
los
requerimientos exigidos a ésta?
Como vemos, la propia naturaleza de las interrogantes
planteadas
Procuradora
en
primera
exigieron
instancia
que
dicha
ante
la
agencia
Oficina
de
la
realizara
un
análisis detallado y profundo de los requerimientos de la
ley habilitadora de dicha Oficina y de las obligaciones
que esta ley le impuso. Ello implica, necesariamente, que
en el presente caso dicha agencia tuvo que enfrascarse en
una interpretación de su propia ley habilitadora.
30
CC-2004-356
Como
precisáramos
interpretación
habilitador
que
merece
en
el
realiza
una
gran
acápite
agencia
deferencia
anterior,
de
por
su
la
estatuto
parte
de
los
tribunales. En vista de ello, y aunque reconocemos que en
el presente caso la interpretación que realizó la Oficina
de
la
Procuradora
no
necesariamente
requirió
del
“expertise” de la misma, no cabe duda que su determinación
merece gran deferencia en la medida en que ésta fue el
producto
de
una
interpretación
de
su
propia
ley
habilitadora.
En vista de todo lo anteriormente expuesto, forzosa
resulta
ser
la
conclusión
de
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al no desestimar la revisión incoada por
MCS. Dicho recurso era improcedente en derecho toda vez
que pretendía la revisión de una orden interlocutoria sin
demostrar la existencia de elementos extraordinarios que
ameritaran el prescindir de la exigencia de finalidad de
las
órdenes
o
resoluciones
emitidas
por
una
agencia
administrativa para que su actuación pueda ser revisada
por el Tribunal de Apelaciones.
Finalmente,
desprovista
procedimientos
de
debemos
recordar
que
MCS
Una
vez
finalicen
los
la
Procuradora,
ésta
remedio.
ante
la
Oficina
de
no
queda
podrá presentar sus planteamientos ante el foro judicial
como parte de la revisión de la resolución final que en su
día emita la referida Oficina.
31
CC-2004-356
III
Por todo lo anteriormente expuesto, procede expedir
el auto de certiorari y dictar Sentencia revocatoria de la
resolución emitida en el presente caso por el Tribunal de
Apelaciones negándose a desestimar el recurso presentado
por MCS y devolver el caso a la Oficina de la Procuradora
para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de la Procuradora del
Paciente
Agencia-Peticionaria
vs.
CC-2004-356
CERTIORARI
Aseguradora MCS, IPA 603
Promovida
MCS Health Management Options
Inc.
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2004
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se expide el auto de
certiorari solicitado y se dicta Sentencia
revocatoria de la resolución emitida en el
presente caso por el Tribunal de Apelaciones
negándose a desestimar el recurso presentado por
MCS y se devuelve el caso a la Oficina de la
Procuradora del Paciente para procedimientos
ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri, señor
Rivera Pérez y señora Rodríguez Rodríguez no
intervinieron.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo