LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

OFICINA DE LA PROCURADORA DEL PACIENTE V. ASEGURADORA MCS, IPA 603; MCS HEALTH MANAGEMENT OPTIONS, INC.

2004 TSPR 153

Poder Judicial de Puerto Rico

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OFICINA DE LA PROCURADORA DEL PACIENTE V. ASEGURADORA MCS, IPA 603; MCS HEALTH MANAGEMENT OPTIONS, INC.

CC-2004-0356

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora del

Paciente

Agencia-Peticionaria

Certiorari

vs.

Aseguradora MCS, IPA 603

Promovida

2004 TSPR 153

162 DPR ____

MCS Health Management Options

Inc.

Recurrida

Número del Caso: CC-2004-356

Fecha: 22 de septiembre de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I San Juan

Panel integrado por su Presidente, el Juez Gierbolini, el Juez

Cordero y el Juez Rodríguez Muñiz.

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Guillermo A. Mangual Amador

Procurador General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Israel Santiago Lugo

Lcda. Awilda M. Broco Rodríguez

Materia: Revisión Administrativa procedente de la Oficina de la

Procuradora del Paciente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora del

Paciente

Agencia-Peticionaria

vs.

CC-2004-356

CERTIORARI

Aseguradora MCS, IPA 603

Promovida

MCS Health Management Options

Inc.

Recurrida

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓEPZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2004

La Oficina de la Procuradora del Paciente

Beneficiario de la Reforma de Salud --en adelante

“Oficina

de

la

Procuradora”--

inició

una

investigación a raíz de un reportaje publicado en

la

prensa

en

torno

a

ciertos

problemas

que

enfrentó la madre de una menor paciente de cáncer

para recibir servicios especializados a través de

la Reforma de Salud. La mencionada investigación

fue realizada por la división de investigación y

querellas de la aludida agencia gubernamental.

De

la

investigación

realizada

por

dicha

división se determinó, en síntesis y en lo aquí

2

CC-2004-356

pertinente,

Options,

que

Inc.

la

recurrida

--en

adelante

MCS

Health

“MCS”--

Management

incumplió

con

su

obligación de informar y orientar a la madre de la menor

asegurada acerca de sus derechos y de los procedimientos

para

obtener

referidos

a

especialistas,

conforme

se

dispone en la Carta de Derechos y Responsabilidades del

Paciente,

Ley

Núm.

194

de

25

de

agosto

de

2000,

24

investigación,

la

L.P.R.A. sec. 3041, et seq.

Como

resultado

de

la

referida

Oficina de la Procuradora emitió una orden, fechada 12 de

marzo de 2003, donde requirió de MCS que sometiera, para

la aprobación de ésta, un plan de acción que asegurase la

implantación

de

los

siguientes

procedimientos:

i)

de

referidos

a

ii)

procedimiento

para

autorización

especialistas

para

evitar

referidos

tardíos,

procedimiento

para

autorizar

estudios

especializados,

pruebas diagnósticas y cubierta especial que incluyera la

existencia

y

mantenimiento

del

registro

de

dichos

servicios,

iii) procedimiento establecido para admisiones

de emergencia en aquellos casos que llegan al consultorio

médico

y

iv)

procedimiento

establecido

para

admisiones

electivas.

Como parte de la orden notificada por la Oficina de

la Procuradora, se le apercibió a MCS de su derecho a

solicitar, dentro del plazo de quince (15) días, contado

el

mismo

a

partir

administrativa

o,

del

en

su

recibo

de

la

orden,

lugar,

enviar

por

una

vista

escrito

sus

3

CC-2004-356

alegaciones y prueba para sostener la improcedencia de la

acción

tomada.

De

igual

forma,

se

le

apercibió

de

su

derecho a comparecer asistido por abogado, así como de

presentar

evidencia.

La

referida

orden

no

impuso,

ni

advirtió, sobre penalidades o sanciones administrativas de

ningún tipo.

Así

las

cosas,

MCS

presentó

una

“Moción

de

Desestimación” ante la Oficina de la Procuradora dentro

del plazo provisto para solicitar vista administrativa. En

la misma argumentó que las actuaciones de la Oficina de la

Procuradora, referentes a

la investigación de la querella

y la orden emitida, fueron realizadas en forma ultra vires

y en violación al debido proceso de ley; ello en vista de

que en el presente caso la aludida agencia alegadamente

actuó

sin

haber

antes

promulgado

un

reglamento

que

delimitara los procedimientos y derechos de las partes,

según requerido por su ley habilitadora. De esta forma,

MCS

solicitó

de

la

Oficina

de

la

Procuradora

que

desestimara la acción incoada en su contra y que dejase

sin efecto la orden emitida el 12 de marzo de 2003.

La Oficina de la Procuradora, mediante escrito a esos

efectos, rebatió la moción de desestimación radicada por

MCS. En el referido escrito dicha agencia aceptó que no se

había

promulgado

un

reglamento

que

rigiera

los

procedimientos adjudicativos que se celebran ante sí. Sin

embargo, argumentó que ello no era motivo para declarar

sus actuaciones ultra vires, toda vez que éstas estuvieron

4

CC-2004-356

amparadas en su estatuto habilitador y que, en el presente

caso, ésta brindó a MCS todas las garantías del debido

proceso de ley de conformidad con la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de

1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., y

nuestro ordenamiento constitucional. Arguyó, además, que

el cumplir con las aludidas garantías, lo cual ésta había

hecho, era precisamente lo que se buscaba al requerir que

las

agencias

con

poderes

adjudicativos

promulgasen

reglamentos.

La

aseguradora

MCS

presentó

réplica

a

su

moción

de

Oficina

de

la

Procuradora.

una

“oposición”

desestimación

Adujo,

en

a

la

radicada

por

la

síntesis,

que

su

reclamo sobre la violación al debido proceso de ley se

refería,

no

sólo

a

la

vertiente

procesal

de

dicha

garantía, sino además a su vertiente sustantiva. Así pues,

planteó que la Oficina de la Procuradora, al no aprobar un

reglamento

que

delimitase

las

obligaciones

de

los

proveedores y aseguradoras de la Reforma de Salud, hacía

imposible que dichas entidades conocieran las actuaciones

u omisiones que constituyen una violación de ley.

En respuesta a esta última oposición, la Oficina de

la Procuradora presentó un escrito titulado “Tríplica a

‘Oposición

a

Moción

en

Réplica

a

Moción

de

Desestimación’”. Mediante el mismo, la referida agencia

arguyó que el planteamiento de MCS referente al debido

proceso

de

ley

sustantivo

carecía

de

méritos,

ello

en

5

CC-2004-356

vista

de

que

Procuradora

la

Ley

Orgánica

claramente

de

establecía

la

Oficina

las

de

la

obligaciones

y

deberes de los proveedores y aseguradoras de servicios de

salud médico-hospitalarios para con los pacientes de la

Reforma de Salud. Finalmente, la Oficina de la Procuradora

dictó una orden mediante la cual declaró “no ha lugar” la

moción de desestimación presentada por MCS. Además, señaló

Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos para el

12 de agosto de 2003.1

Inconforme

con

tal

dictamen,

recurso

de

revisión,

ante

Alegó,

en

síntesis,

que

el

la

MCS

acudió,

Tribunal

Oficina

de

mediante

de

Apelaciones.

la

Procuradora

incidió al determinar que sus actuaciones referentes a la

investigación y orden emitida en el presente caso fueron

correctas y no violatorias del debido proceso de ley, no

obstante

dicha

Oficina

carecer

de

un

reglamento

que

delimitara su autoridad y definiera los criterios bajo los

cuales se investigarían violaciones a la Carta de Derechos

y Responsabilidades del Paciente.2

1

El 5 de agosto de 2003 la querellada MCS presentó una

moción

de

reconsideración

ante

la

Oficina

de

la

Procuradora. En cuanto a esta moción, el 7 de agosto de

2003, la referida Oficina emitió una orden en la que

dictaminó “Nada que proveer”.

2

Sostuvo, además, que dicha agencia erró “al no incluir en

su resolución final sobre la Moción de Desestimación las

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

exigidas por la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme”. Véase página 4 del Anejo I de la Petición de

Certiorari radicada por la Oficina de la Procuradora.

6

CC-2004-356

La

Oficina

de

la

Procuradora

solicitó

la

desestimación del Recurso de Revisión, alegando: i) que el

foro

apelativo

intermedio

carecía

de

jurisdicción

para

revisar la decisión administrativa en cuestión debido a

que se trataba de una orden de naturaleza parcial y no se

configuró la única excepción reconocida a la exigencia de

que únicamente las revisiones u ordenes finales de las

agencias administrativas son revisables, esto es, cuando

resulta clara la falta de jurisdicción de la agencia y ii)

que el recurso radicado era académico toda vez que MCS,

alegadamente,

había

sometido

a

la

Oficina

de

la

Procuradora la documentación que esta última le requirió

mediante la orden que se intentaba revisar.

MCS

se

opuso

a

recurso

de

revisión

la

solicitud

presentada

de

por

desestimación

la

Oficina

del

de

la

Procuradora, alegando, en síntesis, que si bien era cierto

que había sometido cierta documentación a la Oficina de la

Procuradora, ello se hizo con el entendimiento de que no

estaba renunciando al derecho de continuar con el recurso

de

revisión

y,

además,

que

no

sometió

toda

la

documentación requerida por la Oficina de la Procuradora.

Argumentó,

además,

que

aun

cuando

la

resolución

cuya

revisión se solicitaba era una de naturaleza parcial, el

planteamiento

era

uno

de

requería

de

la

pericia

arguyó

que

no

era

índole

constitucional

administrativa.

necesario

agotar

Por

que

tal

los

no

razón,

remedios

7

CC-2004-356

administrativos.3

resolución

El

Tribunal

denegatoria

de

la

de

Apelaciones

moción

de

emitió

una

desestimación

presentada por la Oficina de la Procuradora, concediendo a

dicha parte el término de treinta (30) días para presentar

su alegato.

Inconforme

con

dicho

proceder,

la

Oficina

de

la

Procuradora recurrió ante este Tribunal, vía recurso de

certiorari, imputándole al Tribunal de Apelaciones haber

errado al:

...denegar la Solicitud de Desestimación porque

dicho foro carece de jurisdicción para revisar

una

decisión

administrativa

de

naturaleza

parcial emitida por la Oficina de la Procuradora

del paciente, ello en virtud de la norma

estatutaria que sólo permite que se inste

recurso de revisión judicial una vez la agencia

emite una orden o resolución final, sin que esté

presente, en este caso, la única excepción

reconocida a dicha norma (cuando la agencia

claramente carece de jurisdicción para atender

el asunto ante sí).

...denegar

la

Solicitud

de

Desestimación

predicada en la academicidad de la controversia

planteada

en

el

recurso

de

revisión

administrativa presentado por MCS, a pesar de

haberse argumentado y evidenciado que la parte

co-promovida recurrida cumplió con la orden cuya

validez impugnó en alzada al someter los

documentos requeridos por la Oficina de la

Procuradora del Paciente mediante su Orden de 12

de marzo de 2003, a los fines de que éstos

fuesen

evaluados

de

conformidad

con

los

propósitos de la pesquisa realizada por la

agencia.4

3

El 30 de enero de 2004, la Oficina de la Procuradora

replicó la oposición a la solicitud de desestimación

radicada por MCS. En respuesta, MCS presentó un escrito

titulado “Dúplica a ‘Réplica a Oposición a Solicitud de

Desestimación del Recurso de Revisión’”.

4

Nos limitamos a resolver el primer señalamiento de error

planteado ante nos en vista de que la Oficina de la

(Continúa . . .)

8

CC-2004-356

Atendida

la

petición

de

le

certiorari,

concedimos

veinte (20) días a la parte recurrida para mostrar causa

por

la

cual

este

Tribunal

no

debía

expedir

el

auto

solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones. Contando con la

comparecencia de las partes, y estando en condición de

resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

A

La

Oficina

de

la

Procuradora

del

Paciente

Beneficiario de la Reforma de Salud es una entidad creada

mediante la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, mejor

conocida

como

Procurador

del

la

“Ley

Paciente

Orgánica

de

Beneficiario

la

de

Oficina

la

del

Reforma

de

Salud”, ante.

La referida disposición estatutaria le impone a la

Oficina

de

la

Procuradora

la

responsabilidad

de

“garantizarle a los pacientes beneficiarios de la Reforma

de

Salud

el

cumplimiento

Responsabilidades

del

de

la

Carta

Paciente...”

y

de

Derechos

y

de

“atender

y

solucionar los problemas, necesidades y reclamos de dichos

pacientes asegurados....” 3 L.P.R.A. sec. 1982.

______________________

Procuradora no nos ha puesto en posición de evaluar el

planteamiento de error referente a la academicidad.

9

CC-2004-356

Por

su

parte,

la

mencionada

Carta

de

Derechos

y

Responsabilidades del Paciente está consagrada en la Ley

Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, 24 L.P.R.A. sec. 3041,

et seq. (en adelante “Carta de Derechos”). Mediante esta

pieza legislativa se establecieron los derechos de todo

paciente, usuario o consumidor de servicios y facilidades

de salud médico-hospitalarias. De particular importancia

al caso de autos, en dicha Ley se estableció que éstos

tienen derecho a:

[r]ecibir

información

cierta,

confiable,

oportuna y suficiente, de fácil comprensión y

adecuada a sus necesidades, con relación a sus

planes de seguro de salud y a las facilidades y

profesionales de salud que haya seleccionado o

cuyos servicios solicite, de manera que esté en

condiciones de tomar decisiones bien informadas

e inteligentes en cuanto a su selección de

planes, facilidades y profesionales y en cuanto

a los servicios de salud que requiere. 24

L.P.R.A. sec. 3043.

La citada Carta de Derechos establece, además, que

todo

paciente

tiene

derecho

a

recibir

información

referente a “los procedimientos que gobiernan el acceso a

especialistas y servicios de emergencia....” Ibid.5 A los

5

De igual forma, en el Artículo 17 de la Carta de Derechos

y Responsabilidades del Paciente, 24 L.P.R.A. sec. 3055,

se establece que todo paciente, asegurado, usuario o

consumidor de servicios puede presentar una querella

administrativa ante el Departamento de Salud cuando

entienda que se le han violado derechos bajo la referida

legislación. Asimismo, dicho Artículo ejemplifica los

asuntos que pueden ser motivo para la radicación de una de

estas querellas. Entre los motivos que detalla para la

presentación de una querella está el que “[u]na entidad

aseguradora no le inform[e] al paciente los servicios de

salud cubiertos por su plan de cuidado de salud....” 24

(Continúa . . .)

10

CC-2004-356

fines

de

llevar

la

a

cabo

Oficina

de

misma

creó

el

cargo

Beneficiario

de

la

las

Procuradora

funciones

por

de

Reforma

su

ley

asignadas

a

la

habilitadora,

la

Procuradora

de

Salud

del

Paciente

(en

adelante

“Procuradora”), atribuyéndole a ésta ciertas facultades y

deberes.6 Entre éstas, la Procuradora tiene la facultad y

el

deber

pacientes,

de

“[p]rocesar

sus

padres

o

querellas

presentadas

por

los

tutores,

relacionadas

con

las

entidades privadas y agencias públicas que son proveedores

y que prestan servicios de salud, así como contra las

entidades aseguradoras a quienes se les ha pagado la prima

correspondiente a dichos pacientes.” 3 L.P.R.A. sec. 1985.

La aludida pieza legislativa faculta a la Procuradora

a solicitar informes sobre quejas y querellas tanto de las

aseguradoras

como

de

la

Administración

de

Seguros

de

Salud, a celebrar vistas administrativas conforme a las

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo

______________________

L.P.R.A. sec. 3055. Cabe recalcar que la citada Carta de

Derechos se hizo parte de la Ley Orgánica de la Oficina de

la Procuradora.

6

Según su Exposición de Motivos, esta Ley tiene como

propósito el crear el cargo del Procurador del Paciente

Beneficiario de la Reforma de Salud. Así pues, se dispuso

que dicho funcionario tendría la responsabilidad de velar

por los derechos de los pacientes que reciben los

servicios de salud contratados por el Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, según éstos se exponen en

la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, mejor conocida

como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del

Paciente”. Véase: Leyes de Puerto Rico, 2001, Parte 1,

pág. 59.

11

CC-2004-356

Uniforme7, a tomar juramento y declaraciones por sí o por

sus representantes, a inspeccionar instalaciones, emitir

órdenes para la comparecencia de testigos y a requerir la

presentación de documentos pertinentes a una investigación

o querella ante su consideración. Véase: 3 L.P.R.A. sec.

1985 (h)a(l).

El Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Oficina de la

Procuradora, ante, dispone que la Procuradora, en aquellos

casos

en

que

decida

investigar

una

querella,

deberá

notificarlo a la agencia pública o a la entidad privada

querellada,

según

fuere

el

caso,

expresando

los

hechos

alegados en la misma y la ley que le confiere potestad

para investigar. Véase: 3 L.P.R.A. sec. 1988.

La referida Ley, además, ordena a la Oficina de la

Procuradora la promulgación de un reglamento para fines de

su funcionamiento interno y para la implantación de dicha

Ley. En específico, esta pieza legislativa dispone que el

reglamento

detallará

expresamente

obligaciones

que

ley

dicha

impone

los

a

los

deberes

aseguradores,

facilidades médico hospitalarias y proveedores.

B

7

y

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como “Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico”.

12

CC-2004-356

Conforme establece el Artículo 4.006 de la Ley de la

Judicatura

de

20038,

competencia

para

resoluciones

finales

el

Tribunal

revisar

de

de

Apelaciones

las

decisiones,

los

organismos

tendrá

órdenes

o

y

agencias

administrativas.9

Es de notar, por otro lado, que la Ley Orgánica de la

Oficina de la Procuradora prescribe que la revisión de una

orden o resolución emitida por dicha Oficina se llevará a

cabo

de

acuerdo

Procedimiento

4.2

de

la

a

las

disposiciones

Administrativo

referida

Ley

de

Uniforme,

de

la

Ley

ante.

La

Sección

Procedimiento

de

Administrativo

Uniforme10 establece, en lo aquí relevante, que:

Una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la

agencia

o

por

el

organismo

administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una

8

Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003.

9

A esos efectos, el Inciso (c) del referido Artículo

específicamente dispone, en lo aquí pertinente, que:

Mediante recurso de revisión judicial, que

se acogerá como cuestión de derecho, de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas. En estos

casos, la mera presentación del recurso no

paralizará el trámite en el organismo o agencia

administrativa

ni

será

obligatoria

la

comparecencia del Estado Libre Asociado ante el

foro apelativo a menos que así lo determine el

tribunal. El procedimiento a seguir será de

acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida

como

“Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico”. (énfasis suplido).

10

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3

L.P.R.A. sec. 2101, et seq..

13

CC-2004-356

solicitud de revisión ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, dentro de un término de

treinta (30) días contados a partir de la fecha

del archivo en autos de la copia de la

notificación de la orden o resolución final de

la agencia o a partir de la fecha aplicable de

las

dispuestas

en

la

sec.

2165

de

este

título....

....

Una orden o resolución interlocutoria de una

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en

procesos que se desarrollen por etapas, no serán

revisables

directamente.

La

disposición

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de

un señalamiento de error en el recurso de

revisión de la orden o resolución final de la

agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2172.

De lo antes expuesto se puede colegir que son dos los

requisitos

para

que

una

orden

emitida

por

una

agencia

pueda ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones. Éstos

son: i) que la parte adversamente afectada por la orden

haya agotado los remedios provistos por la agencia y ii)

que la resolución sea final y no interlocutoria. Pasemos a

analizar cada uno de estos requisitos por separado.

C

La

doctrina

de

agotamiento

de

remedios

administrativos es una norma de autolimitación judicial de

carácter

fundamentalmente

práctico.

Mediante

ella,

los

tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una

actuación de una agencia hasta tanto la persona afectada

agota todos los remedios administrativos disponibles, de

forma

tal

posición

que

la

decisión

final

de

la

administrativa

entidad

estatal.

refleje

la

Guadalupe

v.

14

CC-2004-356

Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Rivera v.

E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988). El propósito de la

doctrina es determinar la etapa en la cual el litigante

puede

recurrir

intervención

a

los

judicial

tribunales,

innecesaria

evitando

y

a

así

una

destiempo

que

interfiera con el cauce y desenlace normal del proceso

administrativo. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., ante;

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347,

354-55 (1988).

En torno a los fundamentos aludidos en apoyo a la

referida doctrina, en Rivera v. E.L.A., ante, a la pág.

595,

reiterado

en

Guadalupe

v.

Saldaña,

Pres.

U.P.R.,

ante, señalamos que con ésta se logra:

1.) que la agencia concernida, antes de la

intervención judicial, pueda desarrollar un

historial

completo

del

asunto

ante

su

consideración; 2.) que la agencia pueda utilizar

el

conocimiento

especializado

de

sus

funcionarios

para

adoptar

las

medidas

correspondientes de conformidad con la política

pública formulada por la entidad; y 3.) que la

agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes

para poner en vigor las leyes, rectificar

oportunamente sus errores o reconsiderar el

alcance de sus pronunciamientos.

En

términos

aplicación

de

la

generales,

referida

la

doctrina

determinación

depende

del

de

la

balance

entre los factores que operan a favor y en contra de la

revisión judicial. Algunos de los factores que inclinan la

balanza

a

favor

de

la

agotamiento

son:

i)

que

preterición

el

dar

del

curso

requisito

a

la

de

acción

administrativa haya de causar un daño inminente, material,

15

CC-2004-356

sustancial y no teórico o especulativo, ii) que el remedio

administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y

que no ofrece un remedio adecuado, Vda. De Iturregui v.

E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970), (iii) cuando la agencia

claramente

no

tiene

jurisdicción

sobre

el

asunto

y

la

posposición conllevaría un daño irreparable al afectado o

iv)

el

asunto

efectos,

la

es

Sección

estrictamente

4.3

de

la

de

Ley

derecho.11

de

A

esos

Procedimiento

Administrativo Uniforme señala que:

[e]l tribunal podrá relevar a un peticionario de

tener que agotar alguno o todos los remedios

administrativos provistos en el caso de que

dicho remedio sea inadecuado; o cuando el

requerir en el balance de intereses no se

justifica agotar dichos remedios, o cuando se

alegue la violación sustancial de derechos

constitucionales; o cuando sea inútil agotar los

remedios

administrativos

por

la

dilación

excesiva en los procedimientos; o cuando sea un

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria

la pericia administrativa. 3 L.P.R.A. sec. 2173.

Sobre

este

asunto,

en

Guadalupe

v.

Saldaña,

Pres.

U.P.R., ante, señalamos que corresponde a la parte que

pretende acudir al foro judicial probar, mediante hechos

específicos y bien definidos, que se debe

los

remedios

administrativos.

Véase,

prescindir de

además:

Rivera

v.

E.L.A., ante, a la pág. 596.

11

Véanse: Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., ante; Rivera

v. E.L.A., ante, a la pág. 596; Vélez Ramírez v. Romero

Barceló, 112 D.P.R. 716, 722 (1982); Sec. 4.3 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2173.

16

CC-2004-356

En lo referente a las excepciones a la doctrina sobre

agotamiento de remedios, en Mercado Vega v. U.P.R., 128

D.P.R.

273

(1991),

reiteramos

que

la

impugnación

constitucional de actuaciones administrativas está sujeta

a dicha norma y a lo resuelto en First Fed. Savs. V. Asoc.

De Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983), a los efectos de que

"[e]l mero hecho de invocar una cuestión constitucional no

margina automáticamente el proceso administrativo. Aunque

es a los tribunales a quienes compete toda interpretación

constitucional, ello no implica que una simple alegación

al efecto excluya el foro administrativo". Expresamos, por

último, en Mercado Vega v. U.P.R., ante, a la pág. 286,

que

"es

proceda

doctrina

un

firmemente

reclamo

por

establecida,

la

violación

que

de

para

un

que

derecho

garantizado constitucionalmente, a los fines de eludir el

cauce

administrativo,

existencia

de

un

justifique

desviarse

es

necesario

agravio

del

de

que

se

patente

mencionado

demuestre

intensidad

cauce.”

la

que

(énfasis

nuestro).

Por otro lado, y en cuanto a la excepción referente a

cuestiones de derecho, este Tribunal ha resuelto que la

misma

se

refiere

a

situaciones

de

interpretación

estatutaria en la que los tribunales son los expertos, es

decir,

cuando

se

trata

derecho.

Sobre

Hernández,

126

D.P.R.

enfrentó

una

controversia

a

este

de

situaciones

particular,

191

en

(1990),

que

estrictamente

Adorno

este

giraba

en

de

Quiles

v.

Tribunal

se

torno

la

a

17

CC-2004-356

validez de un contrato suscrito entre una manejadora de

boxeadores y un boxeador. En el citado caso, el boxeador

acudió ante la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto

Rico (en adelante “Comisión”) para que ésta invalidara el

referido contrato. Durante la vista administrativa ante la

Comisión,

el

abogado

de

la

manejadora

impugnó

la

jurisdicción de la Comisión y, al día siguiente, acudió al

Tribunal de Primera Instancia para que declarara válido el

contrato.

El

boxeador,

por

su

parte,

solicitó

que

se

desestimara la acción incoada ya que, según adujo, no se

agotaron

los

remedios

determinó

que,

siendo

administrativos.

la

controversia

Este

una

Tribunal

de

índole

contractual y estrictamente de derecho, se podía obviar el

cauce

administrativo

y

acudir

directamente

a

los

tribunales.

De igual forma, en Asociación de Pescadores de Punta

Figueras, Inc. v. Marina del Puerto del Rey, res. el 18 de

diciembre de 2001, 2001 TSPR 174, reiteramos que cuando se

trata de cuestiones estrictamente de derecho, no hay que

agotar los remedios administrativos. En el referido caso,

la

Asociación

de

Pescadores

de

Punta

Figueras,

Inc.,

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una acción

de interdicto y daños y perjuicios. Dicha acción buscaba

que se le ordenara a Puerto del Rey el cumplir con ciertos

requisitos impuestos por ARPE cuando ésta le concedió a la

mencionada entidad los permisos para construir una marina

en Fajardo. En dicho caso determinamos que el hecho de que

18

CC-2004-356

ARPE ya había otorgado los permisos y de que la acción

judicial

buscaba

condiciones

el

exigir

impuestas

que

al

se

cumplieran

otorgarse

dichos

con

las

permisos,

convertían la controversia en una estrictamente de derecho

que no requería la pericia de la agencia y, por lo tanto,

no

era

de

aplicación

la

doctrina

de

agotamiento

de

remedios.

D

Debe recalcarse, con relación a la exigencia de que

el

Tribunal

de

Apelaciones

sólo

podrá

revisar

aquellas

órdenes o resoluciones finales de una agencia, que este

Tribunal ha resuelto que, aun cuando dicho requisito es

diferente a la doctrina de agotamiento de remedios, ambas

doctrinas tienen un alcance análogo y que, de ordinario,

ambas

gozan

de

las

mismas

excepciones.

Véase:

Junta

Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris Elías, 144

D.P.R.

483

(1997)12.

En

dicho

caso

examinamos

las

diferentes instancias en que es factible preterir el cauce

administrativo

agencia

12

carece

en

situaciones

de

tales

jurisdicción

y

como:

la

cuando

la

posposición

De igual forma, en el ámbito federal, de donde proviene

nuestra legislación, se ha reconocido que la doctrina

sobre agotamiento de remedios y la exigencia de que sólo

las resoluciones finales son revisables se basan en los

mismos fundamentos. Véanse: Mc Kart v. United States, 395

U.S. 185, 194 (1969); Rosenthal & Company v. Commodity

Futures Trading Commission, 614 F. 2d 1121, 1124 (1980).

Véase, además: Scwartz, Bernard, Administrative Law: a

casebook, Fourth Edition, Aspen Law & Business, pág. 761.

19

CC-2004-356

conllevaría

un

daño

irreparable

o

cuando

el

asunto

es

estrictamente de derecho. De hecho, en el referido caso

permitimos

la

revisión

de

una

orden

interlocutoria

en

vista de la clara falta de jurisdicción de la agencia.

Luego de la decisión emitida en Junta Examinadora de

Tecnólogos Médicos, ante, la Asamblea Legislativa aprobó

la Ley Núm. 186 de 26 de diciembre de 1997. Mediante la

misma se añadió un párrafo adicional a la Sección 4.2 de

la

Ley

de

Procedimiento

legisló

para

que

dicha

Administrativo

Sección

Uniforme.

especificara

que

Se

“[u]na

orden o resolución interlocutoria de una agencia no es

revisable directamente. La disposición interlocutoria de

la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en

el recurso de revisión de la orden o resolución final de

la agencia.” 3 L.P.R.A. sec. 2172.

Ello

no

obstante,

se

puede

argumentar

que

dicha

actuación legislativa no tuvo la intención, o propósito,

de variar la norma jurisprudencial antes mencionada. Ello

en vista del hecho de que: en la Exposición de Motivos de

la citada disposición estatutaria no se hace mención del

caso de Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris

Elías, ante, y, además, que en la misma se expresa que

“[e]sta medida no cambia, altera o modifica el estado de

derecho vigente”.13 Ello da la fuerte impresión de que la

doctrina establecida en Junta Examinadora de Tecnólogos

13

Véase: Leyes de Puerto Rico, 2001, Parte 1, pág. 59.

20

CC-2004-356

Médicos

v.

Anneris

Elías,

ante,

--en

torno

a

las

excepciones al requisito de finalidad de las resoluciones

de las agencias para que éstas sean revisables-- continúa

vigente.

Como

es

sabido,

Administrativo

nuestra

Uniforme

proviene

Aun

en

norteamericana.14

cuando

Ley

de

Procedimiento

de

la

jurisdicción

el

ámbito

federal

las

cortes no han establecido definitivamente si la exigencia

de finalidad de las resoluciones administrativas --para

que éstas sean revisables-- es un segmento de la doctrina

de agotamiento de remedios, parte del tema sobre madurez,

o un tercer tema separado, lo que sí se ha establecido con

certeza

es

que

dicha

exigencia

tiene

excepciones.

Con

relación a estas excepciones, el tratadista Kenneth Kulp

Davis,

en

su

Treatise”15

evaluado

tratado

señala

el

tema

que

de

Derecho

“Administrative

Law

las

cortes

norteamericanas

han

sobre

la

revisión

de

resoluciones

interlocutorias caso a caso.

A

manera

Commodity

de

Futures

ejemplo,

Trading

en

Rosenthal

Commission,

614

&

Company

F.

2d

v.

1121,

14

Sobre este particular, la Ley Núm. 170 de 12 de agosto

de 1988, (LPAU) fue adoptada siguiendo el modelo del

“Administrative Procedure Act” (APA), 5 U.S.C. sec. 551,

et. seq., y del “Model State Administrative Procedure

Act”. Véase: Asociación de Maestros de Puerto Rico v.

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de

Puerto Rico, res el. 31 de marzo de 2003, 2003 TSPR 47;

Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998).

15

K.C. Davis, Administrative Law Treatise, Second Edition,

K.C. Davis Pub. Co., California, Vol. 4, 1983, sec. 26:10.

21

CC-2004-356

1127-28 (7th Cir. 1980), la Corte de Apelaciones Federal

para

el

Séptimo

Circuito

resolvió

que

la

peticionaria,

Rosenthal & Company, había fallado al demostrar cómo la

posposición

Comisión

de

la

emitiera

revisión

una

judicial

resolución

--hasta

final--

le

tanto

la

causaría

a

ésta el menoscabo de derechos importantes. A esos efectos,

el referido tribunal indicó lo siguiente:

Rosenthal,

however,

has

not

suggested

how

postponing judicial review until the entry of a

final administrative order against it would

cause it to lose any important rights. Virtually

all of its claims, if sustained, would be valid

grounds for upsetting any reparation order that

may be entered against it. Thus, apparently the

only injury which Rosenthal would suffer by the

failure to obtain judicial review now would be

the cost and inconvenience of defending against

the claim at an administrative hearing. It is

clear, however, that the litigation expense and

attendant

inconvenience

do

not

constitute

irreparable

injury

sufficient

to

justify

judicial

intervention

into

pending

agency

proceedings. In essence, Rosenthal seeks to have

this court review an interlocutory order much

like the denial of a motion to dismiss. Such

agency actions are ordinarily not appealable

and whatever expense and inconvenience Rosenthal

may suffer are outweighed by the danger of

disrupting ongoing administrative proceedings by

piecemeal review.

De igual forma, en Gulf Oil Corp. V. United States,

663

F.

aceite

2d

296

crudo

(D.C.

Cir.,

demandaron

en

1981),

unos

productores

de

sentencia

declaratoria

e

interdicto ante el Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito

de

Columbia,

procedimiento

Energía

de

ello

administrativo

los

Estados

mientras

se

realizaba

un

ante

Departamento

de

Unidos

por

el

razón

de

alegadas

22

CC-2004-356

violaciones

de

ley

productores.

En

la

por

parte

referida

de

demanda

los

se

mencionados

arguyó

que

los

funcionarios a cargo del procedimiento administrativo ante

el Departamento de Energía habían incurrido en destrucción

de documentos y en una serie de comunicaciones impropias.

El Departamento, por su parte, argumentó que la aludida

corte de distrito carecía de jurisdicción para entender en

el recurso, esto debido a que los demandantes no habían

agotado

los

remedios

administrativos

ni

su

caso

se

encontraba maduro para verse ante los tribunales, por la

agencia envuelta no haber emitido una resolución final.

En dicho caso, la Corte de Apelaciones Federal para

el

Circuito

revisión

del

de

intervención

Distrito

de

Columbia

determinó

órdenes

interlocutorias,

de

cortes

las

antes

que

la

como

la

finalice

un

así

que

procedimiento administrativo, deben ser la excepción y no

la regla. A esos efectos, la referida corte indicó que el

permitir la revisión de resoluciones interlocutorias sólo

procedía

en

sustantivos

afectados

instancias

de

de

en

la

parte

tal

forma

que

que

derechos

pretende

que

sustanciales

revisar

ameriten

una

se

y

vean

temprana

intervención judicial.

El

caso

Federal

Trade

Comission

v.

Standard

Oil

Company of California, 449 U.S. 232, 101 S. Ct. 488, 66 L.

Ed. 2d 416 (1980), presenta unos hechos similares al caso

hoy ante nuestra consideración. En el mismo la Comisión

Federal de Comercio expidió una queja contra la compañía

23

CC-2004-356

de petróleo recurrida, Standard Oil Company of California,

alegando varias violaciones de ley. Mientras se dirimía y

se

adjudicaba

la

queja,

dicha

compañía

intentó

revisar

ante el Tribunal de Distrito Federal la legalidad de la

querella

expedida

por

la

Comisión,

por

alegadamente

expedirla en violación de la ley. La Corte de Distrito

desestimó

Apelaciones

la

revisión.

Federal

Sin

embargo,

la

el

Noveno

Circuito

para

Corte

de

revocó

indicando que la actuación de la agencia constituía una

resolución

final

apelable.

El

caso

llegó

al

Supremo

federal. Si bien el caso ante el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos giró en torno a si las actuaciones de la

agencia constituían una resolución final que permitiera su

revisión, en dicho caso se estableció lo inadecuado de las

revisiones

en

este

tipo

de

actuación

por

parte

de

la

agencia. A esos fines, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos expresó:

Serving only to initiate the proceedings, the

issuance of the complaint averring reason to

believe has no legal force comparable to that of

the regulation at issue in Abbott Laboratories,

nor any comparable effect upon Socal's daily

business. The regulations in Abbott Laboratories

forced manufacturers to "risk serious criminal

and civil penalties" for noncompliance, 387

U.S., at 153, 87 S.Ct., at 1517, or "change all

their labels, advertisements, and promotional

materials; ... destroy stocks of printed matter;

and ... invest heavily in new printing type and

new supplies." Id., at 152, 87 S.Ct., at 1517.

Socal does not contend that the issuance of the

complaint had any such legal or practical

effect, except to impose upon Socal the burden

of responding to the charges made against it.

Although this burden certainly is substantial,

it is different in kind and legal effect from

24

CC-2004-356

the burdens attending what heretofore has been

considered

to

be

final

agency

action.

In contrast to the complaint's lack of legal or

practical effect upon Socal, the effect of the

judicial review sought by Socal is likely to be

interference with the proper functioning of the

agency and a burden for the courts. Judicial

intervention into the agency process denies the

agency an opportunity to correct its own

mistakes and to apply its expertise. Weinberger

v. Salfi, 422 U.S. 749, 765 95 S.Ct. 2457, 2466,

45 L. Ed. 2d 522 (1975). Intervention also leads

to piecemeal review which at the least is

inefficient and upon completion of the agency

process might prove to have been unnecessary.

McGee v. United States, 402 U.S. 479, 484, 91 S.

Ct. 1565, 1568, 29 L. Ed. 2d 47 (1971); Mc Kart

v. United States, 395 U.S. 185, 195, 89 S. Ct.

1657,

1663,

23

L.

Ed.

2d

194

(1969).

Furthermore,

unlike

the

review

in

Abbott

Laboratories,

judicial

review

to

determine

whether the Commission decided that it had the

requisite

reason

to

believe

would

delay

resolution of the ultimate question whether the

Act was violated. Finally, every respondent to a

Commission complaint could make the claim that

Socal had made. Judicial review of the averments

in the Commission's complaints should not be a

means of turning prosecutor into defendant

before adjudication concludes. Véase: Federal

Trade Commisssion, et al. v. Standard Oil

Company of California, ante, a las págs. 242243.

En el citado caso el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos

también

irreparable,

reconoció

entonces

la

que

de

intervención

existir

temprana

un

de

daño

los

tribunales estaría justificada. Ello no obstante, dicha

Corte determinó que en el mencionado caso no se había

probado daño alguno. Federal Trade Commission v. Standard

Oil Company of California, ante, a la pág. 244.

E

25

CC-2004-356

Este Tribunal en diversas ocasiones ha reiterado que

la

interpretación

de

un

estatuto,

por

el

organismo

facultado por ley para administrarlo y darle cumplimiento,

merece

gran

respeto

y

deferencia

judicial.

Véanse:

A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); M & V

Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183, 188-89

(1984); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R.

153, 160 (1985). Así pues, en M & V Orthodontics v. Negdo.

Seg. Empleo, ante, a la pág. 188-89, establecimos que:

[n]o hay duda de que en este momento podríamos

entrar a resolver el punto legal aquí en

controversia.

Preferimos,

sin

embargo,

no

hacerlo. Como es sabido, ‘la interpretación

administrativa de un estatuto por aquellos

organismos encargados de ponerlos en vigor y

velar porque sus fines se cumplan nos merecen un

gran peso’. Ello es así por cuanto dichos

organismos cuentan con una vasta experiencia y

conocimiento (expertise) en relación con la

materia con la que bregan día tras día. La

interpretación que del estatuto éstos hagan y

los fundamentos que aducen en apoyo de la misma,

resultan de gran ayuda para los tribunales de

justicia al éstos encontrarse en la posición de

tener que pasar juicio sobre la corrección o no

de

las

decisiones

emitidas

por

dichos

organismos. (citas omitidas).

II

La Oficina de la Procuradora argumenta ante nos que

el

foro

apelativo

intermedio

erró

al

no

desestimar

el

recurso incoado por MCS. Ello debido a que dicho recurso

buscaba revisar una resolución interlocutoria, sin que se

cumpliera

con

jurisprudencia.

las

excepciones

reconocidas

por

nuestra

26

CC-2004-356

Por

su

parte,

comparecencia

que la

la

recurrida

resolución

MCS

argumenta

interlocutoria

en

su

aquí

en

cuestión fue emitida sin jurisdicción y en violación a su

debido proceso de ley, ameritando así que se prescinda del

requisito de que, para fines de revisión administrativa,

deba existir una resolución final emitida por la agencia.

Para fundamentar su posición, MCS señala que la ausencia

de un reglamento hace que la Oficina de la Procuradora

carezca de jurisdicción para realizar investigaciones y

emitir

órdenes

como

la

del

caso

de

epígrafe.

Arguye,

además, que la falta de promulgación de un reglamento por

parte de dicha Oficina en el caso de epígrafe constituye

una violación al debido proceso de ley, tanto sustantivo

como procesal. Asimismo, señala que la cuestión referente

a

la

violación

al

debido

proceso

de

ley

es

un

planteamiento de índole constitucional y que no requiere

del “expertise” de la agencia aquí en cuestión. No nos

convencen sus argumentos. Veamos por qué.

De entrada, precisa determinar si el caso ante nos

presenta la excepción reconocida por este Tribunal a la

regla

de

apelativo

que

sólo

serán

revisables

intermedio

las

resoluciones

ante

el

finales

tribunal

de

las

agencias; a saber, la clara falta de jurisdicción de la

agencia. Veamos.

Como es por todos conocido, el reglamento promulgado

por una agencia debe circunscribirse a la ley bajo la cual

el mismo fue promulgado. Franco v. Dept. de Educación, 148

27

CC-2004-356

D.P.R. 703, 712 (1999); Carrero v. Dept. de Educación, 141

D.P.R. 830, 837 (1996). Dicho de otra forma, el reglamento

complementa la ley, pero no puede estar en conflicto con

ésta. Franco v. Dept. de Educación, ante. En el caso de

autos, la Oficina de la Procuradora fue creada por ley y

sus facultades, entre ellas la de investigación, fueron

atribuidas

a

ésta

mediante

legislación.

Si

bien

dicha

legislación provee para que se promulgue un reglamento,

ello

no

es

un

requisito

jurisdiccional

para

que

ésta

ejerza las funciones delegadas por la Legislatura. Sobre

este

particular,

en

Asociación

de

Farmacias

de

la

Comunidad v. Departamento de Salud, res. el 5 de febrero

de

2002,

2002

T.S.P.R.

13,

este

Tribunal

reiteró

la

importancia de la promulgación de reglamentos, sobre todo

cuando la ley habilitadora es ambigua; sin embargo, en

ningún momento hemos adjudicado carácter jurisdiccional a

dicha promulgación.

Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir

que en el presente caso no está presente la excepción

relativa a la “clara falta de jurisdicción” reconocida por

nuestra

jurisprudencia

litigante

pueda

señaláramos

en

a

los

fines

de

preterir

el

cause

administrativo.

Como

Colón

Méndez,

130

444

v.

permitir

D.P.R.

que

433,

un

(1992), “no toda alegación de ausencia de jurisdicción va

a tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus

gestiones

en

la

agencia.”

En

el

referido

caso

fuimos

enfáticos al expresar que “[c]ualquier otra interpretación

28

CC-2004-356

tendría el efecto de eliminar de facto la doctrina de

agotamiento de remedio” y que “[a]nte una alegación de

ausencia de jurisdicción, es a la propia agencia, salvo

unas

excepciones,

a

la

que

le

corresponde

hacer

una

determinación inicial de su propia jurisdicción.” Ibid.

En

lo

que

respecta

a

la

excepción

relativa

a

la

“violación constitucional”, este Tribunal ha resuelto que

aquella parte que pretenda utilizar dicha excepción a los

fines de prescindir del cauce administrativo debe probar,

con hechos específicos y bien definidos, la necesidad de

obviar dicho cauce. Véanse: Guadalupe v. Saldaña, Pres.

U.P.R.,

ante;

Rivera

v.

E.L.A.,

ante.

Asimismo,

en

reiteradas ocasiones hemos resuelto que, para preterir el

agotar

remedios

administrativos

alegando

una

violación

constitucional, dicha violación debe ser de tal magnitud y

debe constituir un agravio tan intenso que justifique el

desviarse del cauce administrativo. Véase: Mercado Vega v.

U.P.R., ante.

En el caso de autos la parte que pretende revisar la

resolución

interlocutoria

aquí

en

cuestión,

MCS,

no

ha

demostrado ante nos cuál es la necesidad de no esperar a

que la agencia concernida termine sus procesos y emita una

resolución u orden final. Sus argumentos referentes a la

alegada violación al debido proceso de ley no presentan

una injuria a derechos sustantivos o constitucionales de

tal magnitud que ameriten el prescindir del requerimiento

29

CC-2004-356

de una resolución final de parte de la agencia para fines

de revisar judicialmente sus actuaciones.

En

cuanto

al

argumento

relativo

a

que

la

consideración de las controversias planteadas en el caso

de

autos

debemos

no

requieren

primero

del

“expertise”

de

la

cuál

la

controversia

establecer

presentada

ante

ésta.

La

misma

siguiente:

¿Es

indispensable

Procuradora

promulgue

un

fue

se

agencia,

circunscribió

que

la

reglamento

a

lo

de

la

fines

de

Oficina

a

los

realizar investigaciones y emitir órdenes como la envuelta

en

este

caso

o

su

ley

habilitadora

provee

suficientes

guías a esos efectos? ¿La falta de promulgación de este

reglamento

priva

jurisdicción

a

la

para

Oficina

proceder

de

de

la

Procuradora

acuerdo

a

su

de

ley

habilitadora o dicha jurisdicción emana directamente de

esta última? ¿Viola dicha omisión el debido proceso de ley

sustantivo

de

MCS

o

medida

que

la

ley

en

su

derecho

queda

habilitadora

protegido

contiene

en

la

todos

los

requerimientos exigidos a ésta?

Como vemos, la propia naturaleza de las interrogantes

planteadas

Procuradora

en

primera

exigieron

instancia

que

dicha

ante

la

agencia

Oficina

de

la

realizara

un

análisis detallado y profundo de los requerimientos de la

ley habilitadora de dicha Oficina y de las obligaciones

que esta ley le impuso. Ello implica, necesariamente, que

en el presente caso dicha agencia tuvo que enfrascarse en

una interpretación de su propia ley habilitadora.

30

CC-2004-356

Como

precisáramos

interpretación

habilitador

que

merece

en

el

realiza

una

gran

acápite

agencia

deferencia

anterior,

de

por

su

la

estatuto

parte

de

los

tribunales. En vista de ello, y aunque reconocemos que en

el presente caso la interpretación que realizó la Oficina

de

la

Procuradora

no

necesariamente

requirió

del

“expertise” de la misma, no cabe duda que su determinación

merece gran deferencia en la medida en que ésta fue el

producto

de

una

interpretación

de

su

propia

ley

habilitadora.

En vista de todo lo anteriormente expuesto, forzosa

resulta

ser

la

conclusión

de

que

el

Tribunal

de

Apelaciones erró al no desestimar la revisión incoada por

MCS. Dicho recurso era improcedente en derecho toda vez

que pretendía la revisión de una orden interlocutoria sin

demostrar la existencia de elementos extraordinarios que

ameritaran el prescindir de la exigencia de finalidad de

las

órdenes

o

resoluciones

emitidas

por

una

agencia

administrativa para que su actuación pueda ser revisada

por el Tribunal de Apelaciones.

Finalmente,

desprovista

procedimientos

de

debemos

recordar

que

MCS

Una

vez

finalicen

los

la

Procuradora,

ésta

remedio.

ante

la

Oficina

de

no

queda

podrá presentar sus planteamientos ante el foro judicial

como parte de la revisión de la resolución final que en su

día emita la referida Oficina.

31

CC-2004-356

III

Por todo lo anteriormente expuesto, procede expedir

el auto de certiorari y dictar Sentencia revocatoria de la

resolución emitida en el presente caso por el Tribunal de

Apelaciones negándose a desestimar el recurso presentado

por MCS y devolver el caso a la Oficina de la Procuradora

para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora del

Paciente

Agencia-Peticionaria

vs.

CC-2004-356

CERTIORARI

Aseguradora MCS, IPA 603

Promovida

MCS Health Management Options

Inc.

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2004

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se expide el auto de

certiorari solicitado y se dicta Sentencia

revocatoria de la resolución emitida en el

presente caso por el Tribunal de Apelaciones

negándose a desestimar el recurso presentado por

MCS y se devuelve el caso a la Oficina de la

Procuradora del Paciente para procedimientos

ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los

Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri, señor

Rivera Pérez y señora Rodríguez Rodríguez no

intervinieron.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo