LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: LUIS E. GERVITZ CARBONELL, JORGE IZQUIERDO SAN MIGUEL, JOSÉ G. IZQUIERDO STELLA, FRANCISCO TRONCOSO, BUFETE COALE, COOLEY & LIETZ

2004 TSPR 141

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: LUIS E. GERVITZ CARBONELL, JORGE IZQUIERDO SAN MIGUEL, JOSÉ G. IZQUIERDO STELLA, FRANCISCO TRONCOSO, BUFETE COALE, COOLEY & LIETZ

CP-1998-16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Luis E. Gervitz Carbonell

Jorge Izquierdo San Miguel

José G. Izquierdo Stella

Francisco Troncoso

Bufete Coale, Cooley & Lietz

2004 TSPR 141

162 DPR ____

Número del Caso: CP-1998-16

Fecha: 28 de julio de 2004

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lcda. Edda Serrano Blasini

Subprocuradora General

Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogados de los querellados:

Lcdo. Luis Mariano Negrón Portillo

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. Renato Barrios

Lcdo. Pedro E. Ortiz Alvarez

Lcdo. Luis E. Pabón-Roca

Lcda. Raquel Torres-Laureano

Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto

Lcdo. Manuel Reyes Davila

Lcdo. Ramón Antonio Guzmán Rivera

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva una vez advenga final y

firme la Sentencia, conforme la Regla 45 del Reglamento

del Tribunal Supremo sobre reconsideración.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPEMO DE PUERTO RICO

In re

Luis E. Gervitz Carbonell

Jorge Izquierdo San Miguel

José G. Izquierdo Stella

Francisco Troncoso

Bufete Coale, Cooley & Lietz

CP-1998-16

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 28 de julio de 2004.

I

El

4

de

diciembre

de

1996,

el

entonces

presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico

(en adelante, “el Colegio”), Lcdo. Fermín Arraiza,

nos remitió copia de un comunicado de prensa que

dicha institución circuló a los medios informativos

del país. En el referido comunicado, el Colegio

expresaba su preocupación por la alegada gestión de

algunos abogados para procurarse clientes con el

propósito de instar acciones en daños y perjuicios

relacionadas

con

la

explosión

ocurrida

en

las

CP-1998-16

2

inmediaciones del Paseo de Diego en Río Piedras.

Además,

el comunicado advertía a la clase togada a “alejarse de

todo lo que pueda parecer comercio con el dolor y la

desventura del prójimo y evitar...que el ánimo de lucro

sea una consideración de primer orden....”

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 1996, este

Tribunal

ordenó

al

Procurador

General

investigar

la

conducta profesional desplegada por algunos abogados tras

la

explosión

acaecida

el

21

de

noviembre

de

1996.

Además, se instruyó al Procurador General a examinar la

razonabilidad y legalidad de los contratos de servicios

legales suscritos por las víctimas y sus familiares; es

decir,

evaluar

si

éstos

se

otorgaron

libre

y

voluntariamente, sin mediar un aprovechamiento indebido

ante el dolor y la magnitud de la tragedia.

El 3 de septiembre de 1997, y tras la investigación

de rigor, el Procurador General nos presentó su Informe.

Éste señaló que la mayoría de los abogados que ostentan

la representación legal de personas perjudicadas por el

trágico evento no incurrió en irregularidad o conducta

antiética

en

la

contratación

de

sus

clientes.

No

obstante, concluyó que varios abogados y un bufete legal

incurrieron en conducta impropia.

Entre los señalados

estuvieron los querellados en este caso: Luis E. Gervitz

Carbonell, Jorge Izquierdo San Miguel, José G. Izquierdo

CP-1998-16

Stella,

3

Jorge

Ortiz

Brunet,1

Francisco

Troncoso

y

el

bufete Coale, Cooley & Lietz.

Luego de darle oportunidad a los aquí querellados

para que reaccionaran al Informe del Procurador General,

ordenamos

la

correspondiente.2

presentación

de

El

General

Procurador

Querella el 7 de diciembre de 1998.

la

querella

presentó

la

En ella se le imputa

a los querellados el siguiente cargo:

[l]os

abogados

de

epígrafe

violentaron los principios establecidos

por el Canon 34 de Ética Profesional el

cual, entre otras cosas, obliga a todo

abogado a abstenerse de ofrecer, sin ser

requerido, su consejo o asesoramiento

legal a clientes potenciales para iniciar

reclamaciones judiciales, ya sea directa

o a través de intermediarios.

Los querellados respondieron al cargo imputado por

separado,

con

Stella

Izquierdo

e

conjuntamente.

excepción

de

San

los

Miguel,

licenciados

quienes

Izquierdo

comparecieron

Todos negaron haber incurrido en conducta

impropia.

Mediante

designamos

al

Resolución

Lcdo.

de

28

Enrique

de

abril

Rivera

de

1999,

Santana

como

1

La acción disciplinaria que hoy atendemos incluía

originalmente como parte querellada al Lcdo. Jorge Ortiz

Brunet. No obstante, el 21 de mayo de 2002, se presentó

ante nos una moción solicitando el sobreseimiento y

archivo del asunto disciplinario respecto a éste, en

vista de su fallecimiento el 20 de febrero de 2002.

Mediante Resolución de 30 de mayo de 2003, ordenamos el

archivo solicitado y la correspondiente enmienda del

epígrafe para eliminar el nombre del Lcdo. Ortiz Brunet.

2

Dicha orden se emitió mediante Resolución de 30 de

octubre de 1998.

CP-1998-16

4

Comisionado Especial en el caso.

A éste se le encomendó

oír y recibir la prueba, y emitir un informe con sus

conclusiones de hechos y recomendaciones pertinentes.

El

30

de

conferencia

noviembre

sobre

el

de

1999,

estado

del

comparecieron todas las partes.

Procurador

General

y

el

se

caso,

celebró

una

a

cual

la

En esta conferencia, el

querellado

Francisco

Troncoso

acordaron enmendar la querella en cuanto a éste último

para

eliminar

sustituirla

el

por

cargo

una

al

por

violación

Canon

38

conducta profesional impropia).

al

(sobre

Canon

34

y

apariencia

de

Con este arreglo, el

caso de este querellado quedó sometido.

En cuanto a los

demás querellados, se fijó un término para presentar el

Informe sobre la conferencia celebrada, y se pautó una

vista de seguimiento para el 16 de febrero de 2000.

En

la

vista

de

seguimiento,

y

tras

las

estipulaciones pertinentes, quedó sometido el caso de los

querellados Izquierdo Stella e Izquierdo San Miguel.

En

cuanto al bufete Coale, Cooley & Lietz, se autorizó una

enmienda

a

la

querella

para

que

se

imputara

adicionalmente el siguiente cargo:

[e]l

bufete

Coale,

Cooley,

Lietz...violentó

los

principios

estatuidos por el Canon 36 de Ética

Profesional, el cual, entre otras

cosas, obliga al abogado a evitar en

el proceso de anunciarse cualquier

tipo de propaganda engañosa o falsa.

Luego

de

aprobarse

el

Informe

sometido el caso contra ese bufete.

Enmendado,

quedó

CP-1998-16

5

Finalmente,

tras

los

acuerdos

alcanzados

en

una

vista celebrada el 10 de mayo de 2000, quedó sometido el

caso contra el Lcdo. Gervitz Carbonell.

Una

vez

sometidos

todos

los

casos,

las

partes

convinieron no presentar a los testigos (los clientes) en

la

vista

evidenciaria,

optándose

en

su

lugar

presentar las declaraciones juradas de éstos.3

por

Se llegó

a ese acuerdo ya que las partes consideraron que una

vista evidenciaria podría resultar particularmente dañina

para

las

personas

Específicamente,

entrar

a

las

que

fuesen

partes

cuestionar

la

a

declarar.

consideraron

inapropiado

credibilidad,

o

plantear

sufrido

contradicciones,

de

personas

que

ya

habían

suficiente

consecuencia

de

la

tragedia

a

que

experimentaron.

Así

las

cosas,

el

2

de

noviembre

de

Comisionado

Especial

rindió

su

Informe

consideración

“la

totalidad

de

la

2000,

el

tomando

en

amplia

prueba

documental a base de la cual las partes dejaron los casos

sometidos, y ponderada también la prueba oral presentada

en cuanto al querellado Gervitz Carbonell.”

continuación

los

querellado,

según

hechos

lo

específicos

informado

por

Veamos a

imputados

las

partes,

a

cada

y

las

determinaciones fácticas del Comisionado Especial.

3

Véase Informe del Comisionado Especial, a la pág.

30.

El único querellado que presentó prueba testifical

fue el Lcdo. Gervitz Carbonell, pero la misma se limitó a

su propio testimonio, el de su esposa y el de su

secretaria.

CP-1998-16

6

II

A. Lcdo. Luis E. Gervitz Carbonell

El 21 de noviembre de 1996, ocurrió una explosión en

el edificio multipisos donde ubicaba la tienda Humberto

Vidal, el cual estaba localizado en el área del Paseo de

Diego

en

Río

Piedras,

Puerto

Rico.

Dicha

explosión

destruyó el mencionado edificio, además de causar decenas

de muertos y serios daños a personas y edificios.

Entre las personas que fallecieron en la tragedia se

encontró la señora Maritza Ramos Rivera, a quien se le

dio cristiana sepultura el 24 de noviembre de 1996.

La

señora Ramos Rivera era hija de doña Justina Rivera del

Moral.

El 25 de noviembre de 1996, en horas de la mañana,

alguien (el Comisionado Especial expresó que la prueba

presentada no le permitió establecer la identidad de la

persona) se comunicó vía telefónica con la Sra. Rivera

del

Moral,

identificándose

como

la

esposa

del

Lcdo.

Gervitz Carbonell, e indicándole a ésta que dicho abogado

estaba en disposición de ayudarla.

La señora Rivera del

Moral le respondió que en esos momentos no estaba en

gestiones de contratar abogado.

La prueba presentada evidenció que el Lcdo. Gervitz

Carbonell

no

estuvo

obstante,

el

Comisionado

llamada

telefónica

esa

en

mañana

en

Especial

cuestión

se

su

oficina.

No

determinó

que

la

originó

desde

la

oficinas del Lcdo. Gervitz Cabonell, y que se dejó un

CP-1998-16

7

mensaje anotado para que el abogado se comunicara más

tarde con la señora Rivera del Moral en relación con “el

caso de [la] explosión.”

Dicha anotación se hizo en la

libreta que servía de registro de llamadas del abogado.

Sin embargo, no se pudo evidenciar quién tomó la llamada

debido a que, según el querellado, la práctica de la

oficina

era

la

de

no

firmar

al

anotar

los

mensajes.

Tampoco se preservó el registro, por lo que no estuvo

disponible a la fecha de la vista evidenciaria.

El Comisionado Especial concluyó, además, que en la

tarde del 25 de noviembre de 1996, la secretaria del

Lcdo. Gervitz Carbonell pasó a éste las notas sobre las

llamadas de la mañana, una de las cuales era la de la

señora Rivera del Moral. La secretaria procedió a llamar

a ésta última, comunicándola luego con el abogado. El

Lcdo.

Gervitz

se

identificó

como

vice-presidente

del

Colegio de Abogados—lo que efectivamente era para esa

fecha—y se ofreció a ayudarle. Ella reiteró que no estaba

interesada.

En su declaración jurada, la señora Rivera

de Moral indicó que durante la comunicación en cuestión

el Lcdo. Gervitz Carbonell “no insistió en contratarla”

para instar una acción de daños y perjuicios, y que ella

no se sintió “presionada.”

Sin embargo, la señora Rivera

del Moral declaró que sí inquirió al querellado sobre

CP-1998-16

8

cómo encontró su número de teléfono, a lo que el letrado

no respondió.4

Luego

de

su

Carbonell,

la

señora

ocurrido

un

familiar

a

comunicación

Rivera

con

del

suyo,

el

el

Lcdo.

Moral

le

Lcdo.

Enrique

Gervitz

mencionó

lo

Juliá.

Éste le sugirió que hiciera una declaración jurada de lo

ocurrido,

ya

que

el

Colegio

de

Abogados

estaba

investigando la conducta de algunos abogados en relación

con la explosión de Río Piedras.

La señora Rivera del

Moral procedió de conformidad, y posteriormente, contrató

a otro abogado para que la representara en su reclamación

por los daños sufridos a causa de la muerte de su hija.

Para el 25 de noviembre de 1996, el bufete del Lcdo.

Gervitz

Carbonell—

Gervitz

&

Barrios—

ya

tenía

un

contrato de servicios profesionales para representar a

otro reclamante relacionado con la explosión, el señor

Diano Fernández, a quien el querellado no conocía.

Ese

cliente obtuvo el número de teléfono del bufete a través

de un vínculo que tenía con las Empresas Santana, cuyo

presidente

tenía,

socio

querellado,

del

a

su

vez,

el

buenas

Lcdo.

relaciones

Renato

con

Barrios.

el

El

Comisionado Especial concluyó que el bufete del Lcdo.

Gervitz

Carbonell

obtuvo

la

representación

del

señor

Fernández a través del Lcdo. Barrios.

4

El Comisionado Especial expresó en su Informe que

el teléfono aparecía listado en la guía telefónica a

nombre de la hija fallecida, señora Maritza Ramos Rivera.

CP-1998-16

9

Mediante moción de 28 de noviembre de 2000, el Lcdo.

Gervitz

Carbonell

Especial.

ripostó

al

Informe

del

Comisionado

Alegó que no existe prueba para concluir que

la llamada a la señora Rivera del Moral se originara

desde

sus

oficinas,

mucho

menos

a

instancias

de

él.

Señaló también que durante la mañana del 25 de noviembre

de 1996, ni él, su esposa, o su secretaria, estuvieron

presentes en la oficina en horas de la mañana.

Así,

adujo que lo único que puede determinarse de la prueba

desfilada es que, una vez él llegó a su oficina, llamó a

la señora Rivera del Moral ya que, conforme a la libreta

de mensajes, se le requería hacerlo.

B. Lcdos. Izquierdo Stella e Izquierdo San Miguel5

1) Caso Maritza Ramos Rivera

La señora Maritza Ramos Rivera (véase relación de

hechos del caso del Lcdo. Gervitz Carbonell) era esposa

del señor Rafael Rodríguez y madre de las niñas Amy,

Jocelyn y Kassandra Rodríguez Rivera.

señor

Rodríguez,

abuelos

paternos

de

Los padres del

las

hijas

de

la

señora Ramos Rivera, son el señor Jorge Ayala y la señora

Inarvis Aponte.

A raíz de la muerte de la señora Ramos Rivera, la

señora Justina Rivera del Moral (madre de ésta) retuvo a

las

tres

hijas

de

la

finada

(sus

nietas).

Ante

la

preocupación de que hubiese un reclamo por la custodia de

5

En vista de que estos abogados contestaron la

querella de manera conjunta, resolvemos los señalamientos

en contra de éstos de igual manera.

CP-1998-16

10

las niñas de parte de la señora Rivera del Moral, doña

Inarvis Aponte (madre del señor Rafael Rodríguez, quien

es el padre de las niñas y viudo de la señora Ramos

Rivera)

se

comunicó

con

el

Lcdo.

Izquierdo

Stella,

a

quien conocía desde hace alrededor de veinte (20) años,

para que fuera a la funeraria y la orientara.

El Lcdo. Izquierdo Stella— a quien la señora Inarvis

Aponte se refiere en su declaración jurada como “Pincho”—

visitó la funeraria y un día después se personó en la

residencia

de

ésta.

El

querellado

Izquierdo

Stella

orientó a la señora Aponte y al señor Rafael Rodríguez

sobre aspectos relacionados a la custodia de las niñas,

así como sobre la posibilidad de entablar una demanda de

daños

y

perjuicios

Rivera.

por

la

muerte

de

la

señora

Ramos

Tras la orientación, éstos autorizaron al Lcdo.

Izquierdo Stella a presentar una acción de daños a nombre

de toda la familia, y a representarlos en cualquier caso

que

se

presentara

niñas.

relacionado

con

la

custodia

de

las

El querellado se ofreció a llevar el caso de

custodia pro bono.

Posteriormente, la señora Rivera del Moral presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan, una petición reclamando la custodia de sus tres

nietas.6

El caso se tornó contencioso y los licenciados

Izquierdo

Stella

e

Izquierdo

San

Miguel

asumieron

la

representación del padre de las niñas, el señor Rafael

6

Caso Civil Núm. KCU 96-160.

CP-1998-16

11

Rodríguez. La señora Rivera del Moral estuvo representada

por el Lcdo. Enrique Juliá.

Por

razón

de

la

relación

surgida

entre

el

Lcdo.

Izquierdo Stella y la familia de doña Inarvis Aponte, el

primero visita con frecuencia a estos clientes.

Surge de

autos que a veces juegan dominó, que el abogado le prestó

a la familia una casa que posee en Cabo Rojo para que

éstos pasaran un fin de semana, y que éste “le da la

mano” en la transportación de las niñas a la escuela.

2)

Caso Omayra de León Flores

En la explosión del edificio Humberto Vidal también

falleció la señora Omayra de León Flores, hija de doña

Ana Delia Flores y de don Eugenio de León.

La occisa fue

sepultada el 27 de noviembre de 1996.

Para

la

fecha

de

la

tragedia,

la

señora

Norma

Sánchez se desempeñaba como funcionaria de orientación de

la

Federal

“FEMA”).

Emergency

Management

Agency

(en

adelante,

A raíz de la explosión, ésta fue enviada por

dicha agencia federal a la zona del desastre, para que

ofreciera

evento.

orientación

y

apoyo

a

los

afectados

por

el

Se estipuló que la señora Sánchez— quien también

fue destacada de la Cruz Roja Americana— conocía al Lcdo.

Izquierdo Stella por muchos años.

Mientras desempeñaba sus labores de orientación en

el

área

de

la

explosión,

contacto

con

la

señora

finada Omayra de León.

la

Janet

señora

de

Sánchez

León,

vino

hermana

de

en

la

En la conversación, Janet le

CP-1998-16

12

expresó a la señora Sánchez la preocupación de sus padres

respecto al futuro de su nieto (el hijo de la occisa,

Omayra

de

León).

Como

resultado

de

la

conversación,

acordaron visitar a la señora Ana Delia Flores (madre de

la

finada

y

de

Janet

de

León).

Así

pues,

el

1

de

diciembre de 1996, la señora Sánchez visitó la residencia

de

la

señora

Ana

Delia

Flores,

acompañada

del

Lcdo.

Izquierdo San Miguel.

Durante la conversación sostenida en la residencia

de la señora Ana Delia Flores, el Lcdo. Izquierdo San

Miguel pidió a ésta que suscribiera unos documentos que

alegadamente eran necesarios para atender los asuntos de

su

nieto

con

ciertas

agencias

gubernamentales

(Seguro

Social y el Fondo del Seguro del Estado, entre otras).

La señora Flores se rehusó al principio, pero ante la

insistencia

del

Lcdo.

Izquierdo

aseguró

que

era

para

poder

accedió

a

firmar,

sin

San

Miguel

ayudar

examinar

a

el

su

(quien

nieto)

le

ella

documento.

Sin

embargo, el esposo de la señora Flores, señor Eugenio de

León, se negó a firmar, por lo que su esposa firmó por

él.

No se le entregó a los firmantes en ese momento

copia del documento.

Desde

antes

del

entierro

de

su

hija

Omayra,

sin

embargo, el matrimonio de León-Flores había pedido al

Lcdo. Carlos Mondríguez que los orientara en cuanto al

futuro de su nieto (hijo de Omayra).

a

entrevistarlos,

y

les

dio

una

Ese abogado accedió

cita

para

el

7

de

CP-1998-16

13

diciembre de 1996.

No obstante, el 6 de diciembre de

1996,

de

los

esposos

León-Flores

recibieron

en

su

residencia un sobre proveniente de las oficinas de los

licenciados

Izquierdo,

el

cual

llevaron

consigo

próximo día a la oficina del Lcdo. Mondríguez.

el

Cuando

éste examinó los documentos que obraban en el sobre, se

percató de que se trataba de una copia de un contrato de

servicios profesionales, y de una copia de una demanda de

daños

y

perjuicios

presentada

por

los

licenciados

Izquierdo a nombre de la señora Flores, su esposo y tres

hijos

de

ese

matrimonio.

Ninguno

de

los

demandantes

había autorizado a que se presentara una demanda a su

nombre.

Posteriormente, durante la mañana del domingo 8 de

diciembre

de

1996,

se

presentaron

los

licenciados

Izquierdo a la residencia de los esposos de León-Flores.

De

inmediato,

el

señor

de

León

acusó

a

los

abogados

querellados de haber forzado a su esposa a firmar los

documentos sin leerlos y sin haberle explicado que se

trataba de un contrato de servicios profesionales.

Les

expresó, además, que ellos ya tenían abogado (el Lcdo.

Mondríguez), replicando éstos que no había reparo en que

éste se uniera a la representación legal.

Asimismo, los

licenciados Izquierdo le señalaron a los esposos de LeónFlores

que

sólo

habían

ido

a

obsequiarles

un

libro.

Éstos le reiteraron que no les interesaba que ellos los

representaran.

CP-1998-16

14

Varios

días

después,

el

Lcdo.

Mondríguez

fue

invitado al programa radial del periodista Luis Francisco

Ojeda.

En el mismo, se dialogó sobre la conducta de

algunos abogados relacionada a la gestión de allegarse

clientes afectados por la tragedia de Río Piedras.

El

día después a la transmisión de ese programa radial, el

Lcdo.

Izquierdo

Stella

se

trasladó

hasta

el

lugar

de

trabajo del señor de León, y le solicitó que firmara una

carta que llevaba preparada.

El señor de León se negó a

firmarla, a lo que el Lcdo. Izquierdo Stella contestó que

entonces iba a tener que suicidarse.

Luego de ese incidente, los esposos de León-Flores

recibieron varias llamadas del Lcdo. Izquierdo Stella,

urgiéndolos a que firmaran otros documentos.

Surge del

Informe del Comisionado Especial que dichos documentos no

están entre los estipulados, y que tampoco fueron unidos

en autos.

3)

Caso Claudia Pabón

Otra de las víctimas de la explosión de Río Piedras

fue la señora Claudia Pabón, quien a la fecha de la

tragedia

estaba

casada

con

el

señor

Miguel

Carrillo

Rosado.

Mientras el cuerpo de su difunta esposa era

“velado” en la funeraria, el señor Carrillo recibió la

visita del Lcdo. Eduardo González, quien le ofreció los

servicios

legales

Izquierdo.

El señor Carrillo expresó que, al momento de

la

desconocía

visita,

del

bufete

quién

le

de

había

los

licenciados

suministrado

su

CP-1998-16

15

nombre a dicho bufete, cosa que el Lcdo. González tampoco

le explicó.7

No obstante, el señor Carrillo aceptó ser orientado

por

el

bufete

del

Lcdo.

Izquierdo

Stella.

Dicha

orientación se llevó a cabo, según el señor Carrillo, en

la

“residencia

acudió

del

acompañado

Lcdo.

de

su

Pincho

Izquierdo,”

cuñado

y

otros

a

donde

familiares.

Expresó que no fue presionado para que contratara con el

bufete

de

abogado

éste,

y

(Lcdo.

que,

de

Francisco

hecho,

escogieron

Troncoso)

para

a

otro

que

los

representara.

4)

La

Caso Lourdes Yadira Ocasio

señora

personas

que

Lourdes

perdió

Yadira

la

Ocasio

vida

a

fue

otra

de

las

consecuencia

de

la

explosión ocurrida en el Paseo De Diego.

Ésta era esposa

del señor Julio César Suárez García.

El señor Suárez García advino en contacto con el

bufete de los licenciados Izquierdo a través de la señora

Norma

Sánchez,

referimos

en

la

el

empleada

de

FEMA

inciso

de

esta

2

a

la

cual

nos

sección.

La

recomendación vino a través de la madre del señor Suárez

García, quien tras ser orientada por la señora Sánchez le

expresó

7

a

ésta

que

“trajera

al

Lcdo.

Izquierdo

a

su

Posteriormente, el señor Carrillo se retractó y

señaló mediante declaración jurada que advino en

contacto con ese bufete a través de su amigo, el señor

Ángel O’Neill. Este último le ofreció al señor Carrillo

hablarle de su caso al Lcdo. Izquierdo Stella, a lo que

éste accedió.

CP-1998-16

casa.”

16

Así pues, el Lcdo. Izquierdo San Miguel y la

señora Sánchez acudieron a la residencia de los padres

del señor Suárez.

Allí, el Lcdo. Izquierdo San Miguel y

el

dialogaron

señor

Suárez

sobre

el

caso,

acordando

presentar una demanda en daños y perjuicios.

El señor

Suárez expresó mediante declaración jurada que se siente

muy satisfecho con la representación que los licenciados

Izquierdo le han ofrecido.

5)

Caso Evelyn Fernández

Aproximadamente tres semanas luego de la tragedia,

el

Lcdo.

Izquierdo

San

Miguel

visitó

el

hogar

de

la

señora Evelyn Fernández, quien perdió en la explosión de

Río Piedras a su tía, la señora María Llanos Canales.

De

acuerdo a las declaraciones de la señora Fernández, el

Lcdo.

Izquierdo

San

Miguel

se

presentó

en

su

casa

indicando que la Cruz Roja le había entregado una lista

de clientes potenciales relacionados con la explosión.

La señora Fernández, sin embargo, le expresó al abogado

que no estaba interesada en sus servicios.

El Informe

del Comisionado Especial concluyó que, ante la negativa

de ésta, el querellado se marchó de su residencia y no

regresó.

De

otra

parte,

la

señora

Fernández

señaló

en

su

declaración jurada que la señora Norma Sánchez visitó la

residencia de su madre, hermana de la occisa, y que en

dicha ocasión ésta fue acompañada de su esposo y de un

trabajador

social.

En

esa

conversación,

la

señora

CP-1998-16

Sánchez

17

recomendó

los

servicios

de

los

licenciados

Izquierdo.

A raíz de los cinco casos relatados en esta sección,

el 19 de abril de 2000, se presentó ante nos un escrito

titulado Informe Conjunto del Procurador General y de los

Querellados José Izquierdo Stella y Jorge Izquierdo San

Miguel.

En dicho Informe, los querellados aceptaron que

“en

curso

el

de

la

contratación

con

algunos

clientes

pudieron haber hecho expresiones que fueron interpretadas

negativamente por personas y de alguna forma afectaron la

percepción del proceso.”

A tenor de ello, se allanaron a

una censura de parte de este Tribunal.

C.

Lcdo. Francisco Troncoso

Según la prueba estipulada por las partes, el Lcdo.

Francisco Troncoso es un abogado de vasta experiencia en

casos de “grandes desastres.”

Se estipuló también que

este querellado representó a varios reclamantes en el

caso del Hotel Dupont Plaza, y que fue designado como

miembro del Comité Timón de abogados que estableció el

Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico, para coordinar las reclamaciones que se instaron en

dicho

foro

hospedería.

a

consecuencia

del

fuego

ocurrido

en

esa

Además, se estipuló que la participación del

Lcdo. Troncoso en ese litigio fue objeto de cobertura en

los medios noticiosos del país.

El Comisionado Especial concluyó que, luego de la

aludida explosión del 21 de noviembre de 1996, varios

CP-1998-16

18

periodistas que conocían al Lcdo. Troncoso se comunicaron

con él, a propósito de que opinara sobre el litigio que

podía

surgir

como

consecuencia

de

la

tragedia.

Su

opinión fue, en efecto, utilizada por varios periodistas

en sus reportajes, y su nombre fue citado como abogado de

experiencia en esa clase de litigio.

Así, por ejemplo,

el periódico The San Juan Star, en su edición de 22 de

noviembre de 1996, singularizó al querellado como miembro

del comité timón en el caso de Dupont Plaza.

El Nuevo

Día, en su edición de 23 de noviembre de 1996, también se

refirió a éste como abogado con experiencia en el caso

del Dupont Plaza.

El Vocero, por su parte, informó el 25

de noviembre de 1996, que los licenciados Troncoso, Ortiz

Brunet

y

Wendell

Gautier

preparaban

reclamaciones

millonarias por daños y que ya, tres días antes, el Lcdo.

Ortiz Brunet había presentado la primera demanda.

En

cuanto

a

los

medios

televisivos,

el

25

de

noviembre de 1996, los noticiarios de los canales 4, 6 y

11 dieron constancia de la presencia de los licenciados

Troncoso y Ortiz Brunet en la escena de la explosión,

aclarándose que el Superintendente de la Policía, Lcdo.

Pedro Toledo Dávila, no les permitió entrar.

Surge del

expediente, además, que el Lcdo. Troncoso fue invitado,

junto al Lcdo. Ortiz Brunet, al programa de televisión

“Al Grano”, que produce el señor Pedro Zervigón, y que se

transmitió el 1 de diciembre de 1996.

En dicho programa,

al enfrentársele con la alegada insensibilidad de los

CP-1998-16

19

abogados por estar presentando demandas cuando aún se

estaban rescatando cadáveres, éste, además de expresarse

sobre

los

términos

prescriptivos

de

las

acciones

torticeras, hizo mención de que a las víctimas no se les

permite estar presentes en la investigación que llevaban

a cabo las autoridades federales y estatales.

Adujo que,

por ello, existía la necesidad de formar un equipo de

abogados

que

estuviesen

lleno en el caso.

dispuestos

a

involucrarse

de

Al inquirírsele sobre cómo se sentía

sobre las críticas que se le hacía por la premura en

presentar demandas, éste destacó que los Cánones de Ética

Profesional le imponen al abogado la responsabilidad de

ser diligente, y que ello en este caso suponía que no se

quedara sentado esperando que las autoridades pertinentes

terminaran su informe.

Finalmente,

las

partes

estipularon

que

cuando

comenzó la exposición noticiosa del Lcdo. Troncoso, ya

éste

ostentaba

clientes.

la

Además,

representación

se

estipuló

legal

que

de

varios

varios

abogados

refirieron clientes al Lcdo. Troncoso, entre estos: Lcdo.

Leroy Lewis, Lcdo. Elí B. Arroyo, Lcdo. José A. Acosta

Grubb, Lcdo. Enrique Rebollo Portela, Lcdo. Arnaldo L.

Fernandini,

Lcdo.

Iván

Durant

Sierra,

Lcdo.

Josué

Rodríguez y Lcdo. Luis R. Santini Gaudier.

Como

resultado

de

los

hechos

y

estipulaciones

precedentes, las partes acordaron enmendar la querella

contra este abogado para que el cargo fuese por violación

CP-1998-16

20

al Canon 38 de Ética Profesional (apariencia de conducta

impropia)

34).

en

lugar

del

formulado

originalmente

(Canon

Posteriormente, el Lcdo. Troncoso compareció para

alegar la vaguedad del término “apariencia de conducta

impropia” y la consiguiente imposibilidad de que se le

sancione a base de ese estándar.

D. Bufete Coale, Cooley & Lietz

El bufete querellado tiene su sede en Washington,

D.C.,

Estados

Unidos

de

América,

y

se

especializa

en

litigación compleja, incluyendo casos de accidentes de

aviación y de daños a gran escala (“mass torts”).8

el

Informe

del

Comisionado

Especial,

Según

conforme

al

Martindale-Hubble Directory, edición de 1996, este bufete

está clasificado con un “Legal Ability Rating” de “A”.9

A raíz de la tragedia ocurrida en Río Piedras, el

bufete querellado preparó una carta para las familias

8

Este bufete operaba originalmente bajo el nombre

de Coale & Van Sustern. Posteriormente cambió su nombre

a Coale, Cooley, Lietz McInery Broadus, siendo esta firma

la sucesora de la otra para todos los efectos legales.

9

Los índices del directorio de Martindale-Hubble

clasifican a los bufetes como: “A” (from Very High to

Preeminent), “B” (from High to Very High), “C” (from Fair

to High). Según dicho directorio, las clasificaciones se

basan en:

the standard of ability for the place

or area where the lawyer practices, it also

takes into consideration experience, nature

of practice and qualifications relevant to

the profession.

Where a lawyer’s practice

is limited or specialized, rating opinions

are made on the basis of performance in

those Fields of Law. There are no minimum

periods of time required for any rating.

CP-1998-16

afectadas.

21

La

carta

se

redactó

originalmente

en

el

idioma inglés, pero fue traducida al español mediante un

programa de computadoras con el siguiente texto:10

Querida familia superviviente:

Nuestro más sentido pésame por la

pérdida que sufrió su familia como

resultado de la explosión de gas Enron.

Somos

un

bufete

nacional

e

internacional con base en los Estados

Unidos, con sede en Washington, D.C., y

una de las firmas más prestigiosas para

casos de incendios y explosiones.

Como

tal,

estamos

en

una

situación

privilegiada para poder proporcionarle

una excelente representación legal, y la

máxima compensación posible.

Si bien muchos bufetes de los

Estados Unidos y Puerto Rico participaron

en el último desastre de tal magnitud en

Puerto Rico (el incendio del Hotel Dupont

Plaza), fuimos nosotros el único bufete

que en última instancia llevó el caso a

juicio.

Sería

un

honor

tener

la

oportunidad de hacer lo mismo por usted.

Las leyes estatales conocidas como

leyes de homicidio culposo y daños

personales

conceden

a

las

víctimas

dañadas y las familias supervivientes el

derecho a una indemnización económica.

Usamos estas leyes para su beneficio,

para maximizar su reclamación.

Mientras que muchos bufetes afirman

que pueden manejar su caso, muy pocos

tienen

el

tiempo

y

los

recursos

financieros para llevar un caso como éste

hasta sus últimas consecuencias--para

maximizar la reclamación económica y para

dejar claro el mensaje a Enron de que la

negligencia

no

se

tolerará

bajo

circunstancia alguna.

Esta ha sido una terrible tragedia,

y algo que podría haberse evitado.

No

10

La carta tenía fecha de 30 de noviembre de 1996.

CP-1998-16

22

podemos hacer nada para cambiar los

acontecimientos

que

han

tenido

como

resultado su pérdida y la de sus seres

queridos.

Lo que podemos hacer es

proporcionar una seguridad financiera

definitiva para su familia.

Esta

carta

fue

entregada

personalmente

a

algunas

personas afectadas por el evento trágico de Río Piedras.

La entrega la efectuó el señor Ted Dickinson y la señora

Ricci

Marcano,

ocasiones,

la

a

entrega

flores y dulces.

otro

abogado

nombre

del

bufete

la

carta

de

querellado.

fue

acompañada

En

de

Ningún abogado del bufete— ni ningún

—participó

de

la

entrega

de

la

referida

carta.

De acuerdo con el Informe del Comisionado Especial,

el

único

caso

relacionado

con

la

tragedia

en

que

el

bufete asumió la representación legal fue en el de la

señora

Yolanda

Santiago

Hernández.11

Posteriormente,

cuando dicho bufete se enteró de que la señora Santiago

Hernández le había informado al Procurador General que

contrató a Coale, Cooley & Lietz porque éstos “insistían

en visitarle”, le remitió una carta a ésta indicándole

que no podía continuar representándola, y la orientó para

que gestionara nueva representación legal.

La señora

Santiago Hernández contestó a dicha misiva urgiéndole al

11

El caso fue presentado ante el Tribunal de Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, bajo el epígrafe

Yolanda Santiago Hernández v. Enron, 96-2561CCC. A la

señora Santiago Hernández se le identifica en el Informe

del Procurador General como la abuela del menor Bryan

Santiago, quien recibió gran exposición en la prensa

debido a su corta edad y a los daños que sufrió.

CP-1998-16

23

bufete que continuara representándola, e indicándole que

se sentía complacida y satisfecha con los servicios que

le habían prestado.

E. Observaciones del Comisionado Especial

Tras

relacionar

querellado,

conducta

el

lo

hechos

Comisionado

profesional

de

pertinentes

Especial

los

a

cada

que

la

bordea,

en

señaló

querellados

algunos casos, la frontera entre la violación ética y la

protección constitucional a la libertad de expresión.

En

cuanto

Izquierdo

San

a

los

licenciados

Miguel,

el

señor

Izquierdo

Comisionado

Stella

e

Especial

apuntó a que los dos querellados se beneficiaron de una

relación de amistad que tenían con una funcionaria de

FEMA que laboraba ofreciendo orientación a las víctimas

de

la

tragedia.

Además,

señaló

como

particularmente

problemático el caso de la finada Omayra de León Flores,

en el cual los querellados indujeron dolosamente a la

madre de ésta, la señora Ana Delia Flores, a firmar un

documento

que

resultó

ser

un

contrato

de

servicios

profesionales y que ella entendía que tenía un propósito

distinto.

En

cuanto

Comisionado

al

Especial

Lcdo.

se

Francisco

limita

a

Troncoso,

repasar

los

el

hechos

imputados a éste, para luego concluir sucintamente que

“excepto por la participación en la conferencia de prensa

que se ofreció en la tarde del 25 de noviembre de 1996,

en las demás referencias noticiosas en las que se alude

CP-1998-16

24

al Lcdo. Troncoso no surge que la información emanara por

iniciativa del abogado.”

El

Informe

del

Comisionado

Especial

no

observaciones sobre los restantes querellados.12

recomienda

qué

tipo

de

sanción,

si

alguna,

hace

Tampoco

debe

ser

aplicada a los querellados.

Recibido

el

Informe

del

evaluada

la

prueba

documental,

elementos

de

juicio

para

Comisionado

Especial,

y

todos

teniendo

resolver,

procedemos

a

los

así

hacerlo.

III

En repetidas ocasiones hemos establecido que todo

asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de

la profesión legal— como la admisión o la separación de

sus miembros— es facultad inherente de este Tribunal.

In

re Peña Peña, res. el 27 de marzo de 2001, 153 D.P.R.

___, 2001 T.S.P.R. 49, 2001 J.T.S. 48.; In re Freytes

Mont, 117 D.P.R 11 (1986); In re Liceaga 82 D.P.R. 252

(1961).

Cuando ha sido necesario, hemos ejecutado tal

autoridad

para

separar

del

ejercicio

de

la

profesión

legal a aquellos abogados que no se desempeñan conforme a

las rigurosas normas de conducta que rigen su quehacer

profesional.

12

El Informe también hace observaciones en cuanto al

querellado Jorge Ortiz Brunet, quien ya no es parte en

este caso por razón de su fallecimiento.

Véase escolio

1, supra.

CP-1998-16

25

Como regla general, los Cánones de Ética Profesional

establecen

las

miembros

de

delicada

faena.

pautas

mínimas

que

clase

togada

en

la

In

re

Ortiz

deben

guiar

a

los

el

ejercicio

de

su

Brunet,

res.

22

de

el

noviembre de 2000, 152 D.P.R. ___ (2000), 2000 T.S.P.R.

170, 2000 J.T.S. 182.; In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R.

710

(1998).

Su

profesional

y

principios

de

tanto

la

de

finalidad

personal

es

promover

un

acorde

con

los

conducta

decorosa,

ello

para

profesión

como

la

de

instituciones de justicia del país.

desempeño

más

altos

beneficio

ciudadanía

y

las

In re Ortiz Brunet,

supra.

En el caso de marras, se le imputa a los querellados

haber incurrido en conducta violatoria de varios de estos

cánones.

Delineamos, pues, el estado de Derecho vigente

en relación con los cargos imputados.

El Canon 34 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,

C. 34, dispone en lo pertinente que:

Actúa

contrario

a

los

altos

postulados de la profesión el abogado

que, con propósito de lucro y sin ser

requerido para que ofrezca su consejo o

asesoramiento legal, aliente o estimule,

en alguna forma, a clientes potenciales

para que inicien reclamaciones judiciales

o de cualquier otra índole. Es también

contrario a la sana práctica de la

profesión el que un abogado, sin ser

requerido, bien lo haga personalmente o a

través de personas, investigue o rebusque

defectos en títulos u otras posibles

fuentes o causas de reclamaciones a los

fines de beneficiarse en alguna forma

mediante la prestación de sus servicios

profesionales.

CP-1998-16

26

Empaña la integridad y el prestigio

de la profesión y es altamente reprobable

el que un abogado, actuando directamente

o a través de intermediarios o agentes,

haga gestiones para proporcionarse casos

o reclamaciones en que intervenir o para

proporcionarlos a otros abogados. Incurre

en igual falta el abogado que dé u

ofrezca

beneficios,

favores

o

compensación de clase alguna a empleados

públicos, ajustadores de seguros u otras

terceras personas con el fin de ganarse

su favor para el referimiento de asuntos

que puedan dar base a reclamaciones o

casos y, por ende, proporcionarle al

abogado

aumento

en

su

clientela...(énfasis suplido).

Como se puede observar, el citado Canon tiene como

propósito prohibir la solicitación de clientes de forma

personal o a través de intermediarios.

mismo

responde,

de

una

parte,

La adopción del

a

la

histórica

animadversión de la profesión legal hacia la conducta de

abogados que instigan pleitos judiciales a base de un

interés puramente pecuniario.

repulsión

que

generan

las

Asimismo, responde a la

actuaciones

de

abogados

enfocadas en gestionar la contratación de clientes en

momentos

en

que

éstos

se

angustiosa o apesadumbrada.

encuentran

en

una

situación

Véase In re Ortiz Brunet,

supra.

De otra parte, inspira al texto de este Canon la

idea de que la contratación de representación legal debe

darse de forma libre, inteligente y voluntaria, sin que

medien persuasiones o presiones directas e indebidas de

parte del abogado.

Véase In re Izquierdo Stella, res. el

2 de agosto de 2001, 154 D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R.

CP-1998-16

27

113, 2001 J.T.S. 116.

Dado que la contratación debe

surgir del genuino convencimiento del cliente de que su

reclamación será atendida diligentemente por el abogado

que seleccionó, el Canon repudia la representación legal

obtenida

mediante

verdades y engaños.

falsas

representaciones,

medias

In re Franco Rivera y Masini Soler,

134 D.P.R. 823 (1993).

La normativa que precede, sin embargo, tiene que

aplicarse

a

la

luz

de

los

pronunciamientos

constitucionales que sobre el asunto ha emitido la Corte

Suprema de Estados Unidos.

Desde Bates v. State Bar of

Arizona, 433 U.S. 350 (1976), los anuncios publicitarios

de abogados que no sean falsos, engañosos o que induzcan

a error, están protegidos por la Primera Enmienda de la

Constitución

Federal,

ya

que

se

considera

“expresión

comercial.”13

No obstante, en Ohralik v. Ohio State Bar

Association, 436 U.S. 447 (1978), ese alto foro resolvió

que

una

entidad

estatal

encargada

de

reglamentar

la

profesión legal puede, constitucionalmente, disciplinar a

un abogado que solicita personalmente la representación

legal de un cliente potencial.

Posteriormente, la Corte resolvió el caso de Shapero

v. Kentucky Bar Association, 486 U.S. 466 (1987), en el

cual estableció, al amparo de la Primera Enmienda, la

13

Sobre la “expresión comercial”, véase Central

Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Comm., 447

U.S. 557 (1980); Va. Pharmacy Board v. Va. Consumer

Council 425 U.S. 748 (1976).

CP-1998-16

validez

28

de

las

cartas

de

solicitación

no-engañosas

a

personas específicas que el abogado sabe que tienen una

potencial reclamación judicial (“targeted mailing”).

Al

distinguir

la

la

situación

ante

su

atención

de

solicitación personal vedada en Ohralik, supra, la Corte

Suprema se expresó en los siguientes términos:

[l]ike

print

advertising,

petitioner’s

letter—

and

targeted,

direct-mail

solicitation

generally—

poses much less risk of overreaching

or undue influence than does in person

solicitation. Neither mode of written

communication involves the coercive

force of the personal presence of a

trained advocate, or the pressure on

the potential client for an immediate

yes-or-no answer to the offer of

representation.

Unlike the potential

client

with

a

badgering

advocate

breathing down his neck, the recipient

of a letter and the reader of an

advertisement...can effectively avoid

further

bombardement

of

his

sensibilities simply by averting his

eyes.

A letter, like a printed

advertisement (but unlike a lawyer),

can readily be put in a drawer to be

considered

later,

ignored,

or

discarded.

Shapero v. Kentucky Bar

Association, supra, a la pág. 475476.(citas

omitidas

y

énfasis

suplido).

La jurisprudencia citada nos obliga por imperativo

de

la

Primera

Enmienda,

ya

que

cuando

se

trata

de

derechos fundamentales, en nuestra jurisdicción tenemos

que observar las garantías mínimas reconocidas bajo la

Constitución de Estados Unidos.

López Vives v. Policía

de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987).

Por tanto, bajo

el

solicitación

Canon

34

de

Ética

Profesional,

la

a

CP-1998-16

personas

29

específicas

permitida

mediante

cartas

no-engañosas

constitucionalmente.

La

está

solicitación

personal,14 por el contrario, no está permitida porque

constituye

persona,

y

una

intromisión

una

presión

con

la

indebida

intimidad

en

el

de

la

proceso

de

selección de abogado, que debe ser inteligente, libre y

voluntario.

Por otro lado, el Canon 38 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, dispone en lo pertinente que:

[e]l abogado deberá esforzarse,

al máximo de su capacidad, en la

exaltación del honor y dignidad de su

profesión,

aunque

el

así

hacerlo

conlleve sacrificios personales y debe

evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia....

En

In

re

Ortiz

Brunet,

supra,

a

la

pág.

7,

expresamos que cada abogado es un espejo en el que se

refleja la imagen de la profesión.

Ello así toda vez

que, sus actuaciones manifiestan ante la comunidad las

bases del concepto que ésta se forme, no solamente del

abogado en particular, sino también de la clase togada en

general.

Por

ello,

resolvimos

en

ese

caso

que

la

“inmediatez de la presencia de los abogados...en momentos

de indudable angustia de los familiares de una víctima,

14

Se ha reconocido, además, como “contacto personal”

la llamada telefónica no grabada. Regla Modelo 7.3 de la

American Bar Association (ABA). Dicha Regla Modelo, según

revisada por la Comisión Ethics 2000, se refiere también

a la comunicación electrónica en vivo (“Chats”) como una

forma de contacto personal prohibido.

CP-1998-16

30

siembra serias dudas sobre la conducta profesional de los

miembros de la profesión.”

Asimismo, en In re Izquierdo Stella, supra, a la

pág. 7, expresamos que es responsabilidad de los abogados

examinar con rigor y prudencia los escenarios en los que

pudieran desenvolverse, de forma tal que eviten incurrir,

o

aparentar

censurable

que

y

incurren,

nociva

a

en

la

conducta

dignidad

y

éticamente

honor

de

la

profesión.

Finalmente,

en

cuanto

a

las

penalidades

correspondientes a un abogado que incurre en conducta

impropia, hemos establecido que en la determinación de la

sanción aplicable, este Tribunal tomará en consideración

factores tales como el previo historial del abogado, si

se

tratare

de

una

primera

falta

o

de

una

conducta

aislada, y si el abogado goza de buena reputación en la

comunidad.

2003,

160

In re Vera Vélez, res. el 14 de octubre de

D.P.R.

___

(2003);

2003

T.S.P.R.

169;

2003

J.T.S. 60; In re Rivera Arvelo y Ortiz Velásquez, 132

D.P.R. 840 (1993).

A

base

del

estado

de

Derecho

delineado

en

esta

sección, resolvemos.

IV

A. Lcdo. Luis E. Gervitz Carbonell

El Comisionado Especial encontró probado que durante

la

mañana

del

25

de

noviembre

de

1996,

alguien

se

comunicó con la señora Justina Rivera del Moral, madre de

CP-1998-16

la

31

finada

Maritza

Ramos

Rivera,

para

ofrecerle

servicios del Lcdo. Luis E. Gervitz Carbonell.

los

Dicha

comunicación, determinó el Comisionado Especial, no fue

solicitada, gestionada o aprobada con anterioridad por la

recipiente

de

la

misma.

Asimismo,

dicho

funcionario

concluyó que, a pesar de que la identidad de la persona

que hizo la llamada no pudo determinarse, ésta se originó

desde las oficinas del Lcdo. Gervitz Carbonell.

El querellado, por su parte, alegó que no hay prueba

para

concluir

que

la

llamada

realizada

esa

mañana

se

realizó desde su oficina, o que la realizara su esposa,

su secretaria o él personalmente.

Sin embargo, aceptó

que llamó a la señora Rivera del Moral durante la tarde

porque, conforme a la libreta de mensajes, se le requería

hacerlo.

Por tanto, entiende que no debe disciplinársele

por el cargo imputado.

No nos persuade el argumento del

querellado.

De

Gervitz

acuerdo

a

la

prueba

Carbonell

se

comunicó

desfilada,

el

querellado

telefónicamente

con

la

señora Rivera del Moral sin que ésta se lo requiriese.

Aunque el querellado arguye que ni él, ni su esposa, ni

su secretaria realizaron la llamada, éste no presentó

evidencia de que la llamada no se originara desde su

oficina,

para

así

rebatir

lo

expresado

por

la

señora

Rivera del Moral en su declaración jurada.

Por ejemplo,

el

en

querellado

no

presentó

la

libreta

la

que

alegadamente se encontraba el mensaje de la señora Rivera

CP-1998-16

del Moral.

32

Nótese, además, que el Comisionado Especial

determinó que la señora Rivera del Moral le inquirió al

Lcdo. Gervitz Carbonell sobre cómo había conseguido su

número telefónico, lo que refuerza la conclusión de que

ésta

no

inició

el

diálogo

con

el

abogado.

En

consecuencia, no habiendo prueba alguna que demuestre que

el primer contacto lo realizó la señora Rivera del Moral,

es forzoso concluir que el contacto telefónico original

fue a iniciativa del abogado querellado.

Por

tanto,

existe

prueba

clara,

robusta

y

convincente15 para concluir que el Lcdo. Gervitz Carbonell

violó

el

Canon

directamente,

34

de

mediante

Ética

Profesional

comunicación

al

contactar

telefónica,

a

una

cliente potencial sin que ésta se lo requiriera.

En vista de que el Lcdo. Gervitz Carbonell goza de

buena reputación tanto en la comunidad jurídica como en

la comunidad en general, y que no ha sido objeto de

querella ni de acción civil alguna relacionada con la

práctica en los 18 años que ha ejercido como abogado,16

limitamos

su

sanción

a

una

censura

enérgica,

apercibiéndolo de que futuras violaciones a los deberes

éticos de la profesión acarrearán sanciones más severas.

15

Véase In re Caratini Alvarado, res. el 9 de marzo

de 2001, 153 D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R. 46, 2001

J.T.S. 45.

16

10.

Véase Informe del Comisionado Especial, a la pág.

CP-1998-16

33

B. Lcdo. Izquierdo Stella e Izquierdo San Miguel

Entre

los

actos

imputados

a

los

licenciados

Izquierdo, nos llama particularmente la atención aquéllos

relacionados al caso de la finada Omayra de León Flores.

Surge de autos que éstos advinieron en contacto con los

prospectivos

clientes—

el

señor

Eugenio

de

León

y

la

señora Ana Delia Flores, padres de la difunta— a través

de la señora Norma Sánchez (empleada de FEMA).

Esta

última tuvo conocimiento de la situación al advenir en

contacto con la hermana de la finada, la señora Janet de

León, quien le comunicó la preocupación de sus padres en

Según el Informe del

relación con el futuro de su nieto.

Comisionado Especial, la señora Sánchez y Janet de León

acordaron visitar a los padres de la segunda. Además, se

determinó

que

Izquierdo

Stella

legales.

Nótese, sin embargo, que los servicios de los

querellados

no

la

señora

para

fueron

que

Sánchez

recomendó

colaborara

requeridos

por

con

los

al

los

Lcdo.

asuntos

prospectivos

clientes con anterioridad a la visita, como tampoco se

habló

de

la

presentación

de

un

caso

en

daños

y

perjuicios.

No obstante, el 1 de diciembre de 1996, la señora

Sánchez y el Lcdo. Izquierdo San Miguel acudieron a la

residencia de los esposos de León-Flores.17

En dicha

reunión, el Lcdo. Izquierdo San Miguel logró de manera

17

No surge del expediente si la señora Janet de León

estuvo presente en la reunión.

CP-1998-16

34

dolosa que los padres de la finada firmaran un contrato

de

servicios

profesionales,

al

amparo

del

cual,

posteriormente, presentó junto al Lcdo. Izquierdo Stella

una demanda de daños y perjuicios a nombre de éstos.

Ello

provocó

malestar

en

los

señores

de

León-Flores,

quienes le comunicaron en una segunda visita18 que no

habían autorizado dicho curso de acción, y les informaron

a los querellados que ya tenían abogado, el Lcdo. Carlos

Mondríguez.

Como si fuera poco, al complicarse el asunto debido

a que el Lcdo. Mondríguez acudió a los medios a denunciar

la conducta de algunos abogados en relación con el caso

de la explosión de Río Piedras, el Lcdo. Izquierdo Stella

se trasladó al lugar de trabajo del señor de León para

que le firmara unos documentos no identificados.

aún,

al

éste

negarse

a

firmarlos,

el

Lcdo.

Peor

Izquierdo

Stella le advirtió que entonces tendría que suicidarse.

Indudablemente,

los

hechos

relatados

ilustran

una

conducta inaceptable y violatoria del Canon 34 de Ética

Profesional.

Como

se

puede

observar,

gracias

a

las

gestiones de su intermediaria en el lugar de los hechos—

la

señora

Norma

Sánchez—

los

licenciados

Izquierdo

tuvieron acceso personal a unos clientes potenciales, sin

que éstos requiriesen de sus servicios.

De hecho, el

matrimonio de León-Flores ya había gestionado una cita

18

En esta segunda visita estuvieron presentes ambos

querellados, el Lcdo. Izquierdo Stella y el Lcdo.

Izquierdo San Miguel.

CP-1998-16

35

con otro abogado, lo que abona a la conclusión de que la

reunión no se concertó a instancias de éstos.

Asimismo, la conducta del Lcdo. Izquierdo San Miguel

de instar dolosamente (explicándole que era por el bien

de su nieto) a la señora Flores a firmar unos documentos

que

resultaron

posterior

ser

un

contrato

presentación

de

de

la

servicios,

demanda

y

sin

la

el

consentimiento de los señores de León-Flores, infringe

las normas más elementales en contra de la solicitación

de clientes.

Stella

al

Igualmente, la visita del Lcdo. Izquierdo

lugar

de

amenazándolo

con

documentos,

representa,

trabajo

suicidarse

si

cuando

del

no

señor

de

León,

le

firmaba

ciertos

menos,

una

conducta

indigna de la profesión.

En cuanto a los restantes señalamientos, resolvemos

que el caso de la señora Evelyn Fernández también ilustra

una violación al Canon 34 de Ética Profesional.

Ello así

toda vez que, según estipularon las partes, la visita del

Lcdo. Izquierdo San Miguel a la residencia de ésta no se

dio a solicitud de ella.19

ofrecida

por

el

Lcdo.

Igualmente, la explicación

Izquierdo

San

Miguel

para

justificar su presencia en la residencia de la afectada

(que la Cruz Roja le facilitó un listado de potenciales

clientes) fue deshonesta, engañosa y conducente a error.

19

Véase Informe Conjunto del Procurador General y de

los Querellados José Izquierdo Stella y Jorge Izquierdo

San Miguel, a la pág. 5.

CP-1998-16

36

Véase In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823

(1993).20

Por los hechos antes detallados, los querellados se

allanan a que se les censure enérgicamente.

No estamos

de acuerdo.

Según se puede apreciar, los hechos imputados a los

licenciados

Izquierdo

desconectados.

Por

no

el

fueron

contrario,

unos

se

aislados

puede

palpar

y

el

carácter sistemático de su conducta y la consistencia de

su modus operandi.

conducta

exhibida

Ello nos obliga a concluir que la

no

se

debió

a

descuido,

falta

de

circunspección o de vaguedad en el lenguaje, sino más

bien a designio y premeditación.

A modo ilustrativo, es difícil obviar que el método

utilizado por el Lcdo. Izquierdo Stella en los hechos

aquí mencionados es similar al que empleó en aquellos que

le

valieron

una

censura

severa

de

este

Tribunal

hace

varios meses atrás. Véase In re Izquierdo Stella, supra.

En vista de este historial, lo suspendemos por un período

de tres (3) meses del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

En cuanto al Lcdo. Izquierdo San Miguel, a pesar de

que no tiene un historial de conducta antiética ante este

Tribunal, la magnitud y seriedad de los cargos que se le

20

En cuanto a los restantes señalamientos, de la

prueba disponible y del Informe del Comisionado Especial,

se puede concluir que los contactos establecidos por los

Lcdos. Izquierdo se llevaron a cabo con la anuencia de

los clientes potenciales.

CP-1998-16

37

probaron en este caso ameritan algo más que una censura.

Por tanto, lo suspendemos por un período de treinta (30)

días de ejercicio de la abogacía y la notaría.

Le imponemos a los querellados el deber de notificar

a

todos

sus

clientes

de

continuar

representándolos

suspensión.

Además,

honorarios

informar

su

presente

durante

deberán

recibidos

por

oportunamente

de

el

de

período

la

devolver

trabajos

su

inhabilidad

no

de

cualesquiera

realizados,

suspensión

a

los

e

foros

judiciales y administrativos del país.

C. Lcdo. Francisco Troncoso

El Procurador General señala que el Lcdo. Troncoso

incurrió en conducta violatoria del Canon 38 de Ética

Profesional

al

comunicación

presentarse

en

diferentes

expresándose,

en

carácter

medios

de

de

abogado

experto, sobre temas relacionados a la explosión de Río

Piedras.

Sostiene el Procurador General que, al comenzar

a proyectarse en los medios noticiosos desde fecha tan

temprana

como

el

día

después

de

la

tragedia,

el

querellado dio la impresión ante el público de que se

estaba

promocionando

para

víctimas de la tragedia.

reclutar

clientes

entre

las

Más aún, indica el Procurador

General que el Lcdo. Troncoso sabía, o debió saber, que

ello podría ser interpretado como falta de sensibilidad

que

afectaría

la

estamos de acuerdo.

imagen

de

la

profesión

legal.

No

CP-1998-16

38

Según las conclusiones del Comisionado Especial, los

contactos

del

Lcdo.

Troncoso

iniciativa

de

los

propios

conocer

la

participación

de

relacionado

con

el

con

la

prensa

periodistas,

de

desastre

éste

del

fueron

quienes

en

el

Dupont

a

por

litigio

Plaza,

le

solicitaron su opinión sobre la tragedia de Río Piedras.

En cuanto a la participación del querellado en el

programa televisivo “Al Grano”, el Comisionado Especial

determinó que ésta respondió a una invitación del señor

Pedro Zervigón.

Además, que las referencias que hizo el

Lcdo. Troncoso ante los medios sobre su participación en

el litigio del Dupont Plaza, y sobre su experiencia en

casos

de

daños

engañosas.

Por

a

gran

escala,

no

fueron

falsas

ni

tanto,

concluyó

que

como

información

veraz, está protegida por las garantías de libertad de

expresión contenidas en la Constitución de Estados Unidos

y

en

la

Constitución

de

Puerto

Rico.

Adoptamos

la

conclusión del Comisionado Especial al respecto.

Habida

vigente,

correo

cuenta

el

no

Lcdo.

engañoso

de

que

bajo

el

Troncoso

podía

a

víctimas

las

estado

de

dirigirse

derecho

mediante

conocidas

de

la

explosión desde el primer día de los hechos, Shapero,

supra,

y

podía

anunciarse

en

radio,

prensa

escrita

y

televisión con un mensaje que no contuviera falsedades ni

engaños,

querellado

Bates,

supra,

incurrió

en

no

podemos

conducta

concluir

antiética

que

por

el

haber

CP-1998-16

39

tenido exposición en los medios noticiosos respondiendo

al pedido de los periodistas.

No

habiendo

otro

señalamiento

contra

el

Lcdo.

Troncoso en el presente caso, ordenamos el archivo de la

querella presentada en lo que a éste respecta.

D. Bufete Coale, Cooley & Lietz

Al bufete de referencia se le imputan dos cargos por

violación a los cánones 34 y 36 de Ética Profesional,

respectivamente.

dirigiesen

a

Ello

clientes

en

atención

potenciales

a

una

carta

relacionados

que

con

la

explosión de Río Piedras, la cual el Procurador General

entendió era engañosa, conducente a error y constitutiva

de solicitación prohibida.

El bufete querellado presentó, con fecha de 29 de

noviembre de 2000, una Moción Dispositiva en la cual,

entre otras cosas, expresó que debido a la costumbre del

bufete de adherirse a los cánones de ética profesional

del Distrito de Columbia, percibieron que su conducta en

los

hechos

ante

nos

estaban

enmarcados

dentro

parámetros éticos de nuestra jurisdicción.

solicitaron

que

se

tomara

en

cuenta

ese

de

los

Por ello,

hecho

como

atenuante en el presente caso. No tienen razón.

El

Canon

34

de

Profesional

prohíbe

ya

sea

por

el

abogado

valiéndose

de

terceros.

Como

solicitación

personal,

personalmente

o

Ética

la

expresáramos antes, este Canon se inspira en la idea de

que la contratación de representación legal debe darse de

CP-1998-16

40

forma libre, inteligente y voluntaria, sin que medien

persuasiones o presiones directas e indebidas de parte

del

abogado

o

de

sus

representantes.

Ese

tipo

de

acercamiento constituye una intromisión con la intimidad

de la persona, y presenta un problema para el juzgador

que

evalúa

su

pertinencia

comunicación

escrita,

verificada

probada.

y

es

ya

menos

Véase

que,

distinto

susceptible

Franco

Rivera

a

de

y

la

ser

Masini

Soler, supra, a la pág. 832 y casos allí citados.

En el caso de marras, la carta preparada por Coale,

Cooley & Lietz fue entregada personalmente, a nombre del

bufete, por el señor Ted Dickinson y la señora Ricci

Marcano.

Tal acercamiento fue en ocasiones acompañado de

flores y dulces.

Siendo le entrega personal y directa,

resolvemos que se enmarca dentro de la prohibición que

propugna el Canon 34, y que no se ubica bajo la excepción

de Shapero, supra.

Ello así toda vez que ese tipo de

contacto supone todos los peligros que pretende atender

el

Canon

Suprema

34,

en

y

sus

que

han

sido

decisiones

señalados

pertinentes,

por

la

Corte

a

saber:

1)

violentar la intimidad de la persona objeto del daño; 2)

poner presión indebida sobre el cliente potencial, quien

debe seleccionar a su abogado de manera libre, voluntaria

e inteligente; y 3) la dificultad de verificar y probar

la naturaleza del acercamiento.

Distinto

a

representar,

no

lo

que

el

bufete

estamos

ante

una

querellado

caso

a

quiere

evaluarse

al

CP-1998-16

41

amparo de Shapero, supra.

O sea, no se trata de una

carta

en

enviada

revisora

por

se

correo

limita

a

la

evaluar

que

nuestra

función

el

lenguaje

de

la

comunicación, para determinar si la misma es engañosa o

conducente a error.

Se

supra.

trata,

Véase Franco Rivera y Masini Soler,

por

solicitación personal.

se

violó

el

Canon

el

contrario,

de

un

caso

de

En consecuencia, resolvemos que

34,

sin

necesidad

de

entrar

a

considerar el lenguaje empleado en la carta.

Ello, no obstante, no debe interpretarse como que

condonamos o aceptamos como veraz o apropiado el lenguaje

utilizado en la carta de referencia.

Por el contrario,

el lenguaje utilizado por el bufete en algunas secciones

de

la

carta

es

engañoso

y

conducente

a

error.

Por

ejemplo, al expresar que “muy pocos tienen el tiempo y

los recursos financieros para llevar un caso como éste

hasta sus últimas consecuencias,” el bufete pudo crear en

el recipiente de la misiva la idea de que el único modo

de recibir compensación era llevando el caso hasta sus

últimas consecuencias.

Es decir, la carta no le informa

debidamente

potencial

al

cliente

que

el

puede ser transigido extrajudicialmente.

caso

también

Abona a esta

conclusión la expresión a los efectos de que “[s]i bien

muchos

bufetes

de

los

Estados

Unidos

y

Puerto

Rico

participaron en el último desastre del tal magnitud (el

incendio

del

Dupont

Plaza),

fuimos

nosotros

el

único

CP-1998-16

42

bufete que en última instancia llevó el caso a juicio”

(énfasis suplido).

Asimismo, la expresión de que el bufete es uno de

los

“más

prestigiosos

para

casos

de

incendios

y

explosiones,” y que “como tal est[án] en una posición

privilegiada

para

poder

proporcionarle

una

excelente

representación legal, y la máxima compensación posible,”

nos

resulta

conducente

expectativas

potencial.

a

irrazonables

error,

de

ya

éxito

que

en

crea

el

unas

cliente

Igualmente, nos resulta inapropiado el uso de

expresiones auto-elogiosas y comparativas tan explícitas.

Por último, resolvemos que el hecho de que la única

cliente

que

el

bufete

logró

contratar

se

muestre

satisfecha con la labor que se viene realizando a su

favor, y de que no se haya probado algún otro daño, no es

paliativo que exonere al bufete querellado.

Suprema

ha

resuelto,

y

este

Tribunal

ha

La Corte

adoptado,

la

norma de que los cánones que prohíben la solicitación

personal son unos de naturaleza profiláctica, que en nada

dependen

de

específico.

supra,

a

probar

la

ocurrencia

de

algún

daño

Véase Ohralik v. Ohio State Bar Association,

la

pág.

468;

supra, a la pág. 832.

Franco

Rivera

y

Masini

Soler,

Por tanto, el enfoque del juzgador

debe ser la conducta desplegada y no los efectos de la

misma.

Por

Id.

los

hechos

que

hemos

encontrado

corresponde la imposición de sanciones.

probados

Sin embargo, en

CP-1998-16

43

vista de las particularidades del presente caso, debemos

indagar sobre nuestra facultad para disciplinar a Coale,

Cooley & Lietz.

Veamos.

La presentación de la querella de marras en contra

del bufete de referencia responde a que éste acudió a

Puerto

Rico

a

gestionar

de

manera

impropia

clientes

potenciales relacionados con la explosión de Río Piedras.

Es decir, a pesar de que Coale, Cooley & Lietz tiene su

sede en el Distrito de Columbia, es un hecho probado que

dicho bufete optó por extender su práctica profesional a

nuestra

Toda

jurisdicción.

vez

que

este

bufete

está

radicado en Washington, D.C., y que presumiblemente los

abogados que lo componen tienen el grueso de su práctica

profesional

en

esa

jurisdicción,

debemos

abordar

la

autoridad que tenían éstos para practicar la abogacía en

Puerto

Rico

y

nuestra

jurisdicción

para

imponerle

sanciones.

Reiteradamente

tiene

el

poder

hemos

expresado

inherente

y

que

este

Tribunal

exclusivo

para

admitir

abogados a la práctica de la profesión.

supra;

In

Jiménez,

re

55

Bosch,

D.P.R.

65

54

In re Peña Peña,

D.P.R.

248

(1945);

Ex

parte

(1939).

En

virtud

de

dicha

autoridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el

Reglamento

de

la

Junta

Examinadora

de

Aspirantes

al

Ejercicio de la Abogacía, 4 L.P.R.A. Ap. VII-B, Reglas 118, (en adelante, “Reglamento de Aspirantes”), el cual

estableció

el

esquema

jurídico

para

reglamentar

el

CP-1998-16

44

ejercicio

de

la

abogacía

propósito

de

proteger

a

en

la

Puerto

Rico.

Con

el

ciudadanía

de

personas

no

aptas para ejercicio de la profesión legal, el referido

Reglamento instituyó los requisitos mínimos con los que

debe cumplir todo aspirante a ejercer como abogado en el

Estado Libre Asociado.

Así, la Regla 4 del Reglamento de

Aspirantes establece los siguientes requisitos para ser

admitido a ejercer en nuestra jurisdicción: 1) ser mayor

de veintiún (21) años de edad; 2) haber cursado estudios

de Derecho, obtenido y aprobado el grado correspondiente

al título de abogado en una escuela de Derecho aprobada

por la American Bar Association o por el tribunal; 3) ser

persona

de

buena

reputación;

4)

aprobar

un

examen

de

reválida general preparado, administrado y evaluado por

la Junta; y 5) haber obtenido, antes de su admisión a una

Escuela

de

Derecho,

el

grado

universitario

de

bachillerato si son egresados de instituciones en los

Estados Unidos o Puerto Rico.

Igualmente, el Reglamento del Tribunal Supremo, 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 1-50, expone en su Regla 12 los

requisitos

para

ejercer

la

abogacía

en

Puerto

Rico.

Además de la admisión mediante examen (Regla 12(a)), la

Regla 12(e) de dicho Reglamento provee para la admisión

por cortesía, disponiendo en su parte pertinente:

[c]ualquier

persona

admitida

al

ejercicio de la abogacía en un estado o

territorio de los Estados Unidos de

América o en el Distrito de Columbia

CP-1998-16

45

podrá ser autorizada por cortesía por

este

tribunal

para

postular

como

abogado(a) en Puerto Rico en casos

especiales.

La solicitud deberá ser endosada por

un(a)

abogado(a)

admitido(a)

al

ejercicio de su profesión por este

tribunal, quien dará fe de la capacidad

de la persona solicitante para postular

como

abogado(a)

en

el

caso

correspondiente.

Deberá unirse a la

misma un certificado expedido por el

más alto tribunal del estado en el cual

la persona solicitante esté admitida al

ejercicio de la profesión, haciendo

constar el hecho de su admisión y que a

la fecha del certificado se mantiene

debidamente

acreditado.

Tanto

la

persona solicitante como el(la) abogado

que endose su solicitud deberá hacer

constar

que

la

primera

domina

el

español.

De

lo

contrario,

la

autorización que expida este tribunal

exigirá que la persona solicitante

postule acompañada por un(a) abogado(a)

del foro puertorriqueño que domine

tanto el español como el inglés.

La Regla 12(f) del mismo Reglamento dispone otra

manera

de

practicar

la

abogacía

en

Puerto

necesidad de tomar el examen de reválida:

Rico

sin

la admisión al

ejercicio de la profesión por estudiantes de Derecho.

Según

la

matriculados

referida

en

Regla,

Escuelas

de

aquellos

estudiantes

Derecho

debidamente

acreditadas, y que hayan—entre otras cosas— completado al

menos dos terceras partes de los créditos requeridos para

el grado de Juris Doctor, y que se desempeñe bajo la

supervisión de un abogado admitido a ejercer la abogacía

CP-1998-16

46

por este Tribunal, podrán ejercer la abogacía ante los

tribunales de Puerto Rico.21

La práctica de la abogacía fuera de las instancias

antes descritas representa un acto ilegal constitutivo de

delito menos grave.

Sobre ese particular, la sección 7

de

de

la

Ley

Núm.

17

10

de

junio

de

1939,

según

enmendada, 4 L.P.R.A. § 740, dispone lo siguiente:

[n]inguna persona que no sea

abogado autorizado por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico podrá dedicarse

al

ejercicio

de

la

profesión

de

abogado, ni anunciarse como tal, ni

como agente judicial, ni gestionar,

con excepción de asuntos propios,

ningún

asunto

judicial

o

cuasi

judicial

ante

cualquier

tribunal

judicial (énfasis suplido).22

Asimismo,

el

Canon

33

de

Ética

Profesional,

4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 33, impone al abogado la obligación

de evitar la práctica de la abogacía y la notaría por

individuos no autorizados.

que

un

abogado

no

Dicho Canon también prohíbe

admitido

en

nuestra

jurisdicción

suministre consejo legal a los clientes de un abogado

aunque se trate de un asunto fuera de los tribunales.

Las

prohibiciones

estatuídas

en

las

disposiciones

precedentes se justifican, no como un medio para eliminar

la

competencia

en

la

profesión

legal,

sino

como

un

ejercicio del poder de razón de estado para la protección

21

La Regla 12(f), 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 12(f),

enumera siete(7) requisitos para poder ejercer siendo

estudiante de Derecho.

22

Véase además el Artículo 12 de la Ley del Colegio

de Abogados de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. § 782.

CP-1998-16

47

del público de personas no cualificadas o no diestras.

Pueblo v. Santaella, 91 D.P.R. 350 (1964).

En

el

caso

de

marras,

tenemos

la

particular

situación de que ningún abogado de Coale, Cooley & Lietz

compareció

como

firmante

en

la

carta

que

ofrecía

los

servicios del bufete a las víctimas de la explosión de

Río Piedras.

Además, las gestiones de entrega de la

referida carta las llevaron a cabo dos individuos que no

son abogados.

Tampoco surge de los escritos y documentos

que obran en autos la identidad de algún abogado de dicha

firma legal.

Por tanto, ante la incomparecencia de algún

abogado del bufete querellado nos vemos imposibilitados

de constatar si los miembros de dicha firma que estaban

encargados del asunto de la explosión, y que autorizaron

el

curso

de

acción

estaban

emprendido,

admitidos

a

practicar el Derecho en Puerto Rico mediante alguna de

las

tres

formas

permitidas

que

aunque

el

referido

demanda

ante

los

tribunales

Adviértase

ninguna

en

nuestro

ordenamiento.

bufete

no

del

presentó

E.L.A.,

la

práctica de la profesión, según definida en la citada

sección

7

comparecer

de

la Ley

ante

los

Núm.

17, supra,

tribunales,

y

no

se

limita

a

se

extiende

a

identificarse y representar ser abogado con el fin de

agenciarse

la

representación

legal

de

clientes

potenciales.23

23

A modo de referencia, la Comisión sobre Práctica

continúa...

CP-1998-16

48

_____________________

23

...continuación

Multijurisdiccional de la American Bar Association

recomendó enmendar la Regla Modelo 5.5 para que exprese,

en lo pertinente, lo siguiente:

Rule 5.5: Unauthorized Practice

Multijurisdictional Practice of Law

of

Law;

(a)

A lawyer shall not practice law in

a jurisdiction in violation of the

regulation of the legal profession

in that jurisdiction, or assist

another in doing so.

(b)

A lawyer who is not admitted to

practice

in

this

jurisdiction

shall not:

1)

except as authorized by these

Rules or other law, establish

an office or other systematic

and continuous presence in

this jurisdiction for the

practice of law; or

2)

hold out to the public or

otherwise represent that the

lawyer

is

admitted

to

practice

law

in

this

jurisdiction...

El Comentario [9] a esta Regla dispone que:

[l]awyers not admitted generally in a

jurisdiction may be authorized by law or

order of a tribunal or an administrative

agency to appear before the tribunal or

agency.

This authority may be granted

pursuant to formal rules governing admission

pro hac vice or pursuant to informal

practice of the tribunal or agency...To the

extent that a court rule or other law of

this jurisdiction requires a lawyer who is

not

admitted

to

practice

in

this

jurisdiction to obtain admission pro hac

vice before appearing before a tribunal

or

administrative

agency, this Rule

requires

the lawyer to

obtain that authority. Véase

American Bar Association: Report of the

Commission on Multijursdictional Practice,

Report 201B, a las págs. 1-3 (August 2002)

(énfasis suplido).

CP-1998-16

49

En consecuencia, se remite el asunto al Procurador

General para que investigue cuáles abogados de Coale,

Cooley & Lietz estaban a cargo del caso que nos ocupa,

para

así

determinar

si

éstos

estaban

admitidos

al

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al momento en que

ocurrieron

los

sucesos

en

controversia.

Ello

es

importante para determinar no solo la posible práctica

ilegal

de

miembros

la

abogacía

por

parte

de

del

bufete

querellado—lo

algunos

que

de

los

implicaría

responsabilidad profesional y penal— sino también para

adjudicar responsabilidades por los cargos imputados en

la presente querella, los cuales encontramos probados en

los párrafos anteriores.

Finalmente,

refleje

que

el

dado

bufete

que

no

hay

querellado

prueba

se

en

autos

anunciase

en

que

los

medios, ordenamos el archivo del cargo por violación al

Canon 36 de Ética Profesional.

Se dictará Sentencia de conformidad.

CP-1998-16

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Luis E. Gervitz Carbonell

Jorge Izquierdo San Miguel

José G. Izquierdo Stella

Francisco Troncoso

Bufete Coale, Cooley & Lietz

CP-1998-16

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de julio de 2004.

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se

hace formar parte íntegra de la presente,

censuramos enérgicamente al Lcdo. Luis E.

Gervitz

Carbonell,

apercibiéndolo

de

que

futuras violaciones a los deberes éticos de la

profesión acarrearán sanciones más severas.

En cuanto al Lcdo. José G. Izquierdo

Stella, lo suspendemos por un período de tres

(3) meses del ejercicio de la abogacía y la

notaría. Al Lcdo. Izquierdo San Miguel lo

suspendemos por un período de treinta (30)

días del ejercicio de la abogacía y la

notaría. Le imponemos a éstos el deber de

notificar a todos sus clientes de su presente

inhabilidad

de

continuar

representándolos

durante el período de la suspensión. Además,

deberán

devolver

cualesquiera

honorarios

recibidos por trabajos no realizados, e

informar oportunamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos del país.

El Alguacil del Tribunal Supremo procederá a

incautarse de la obra y sello notarial del

Lcdo. Izquierdo Stella, debiendo entregar los

mismos a la Oficina de Inspección de Notarías

para el correspondiente examen e Informe a

este Tribunal.

Con relación al Lcdo. Francisco Troncoso,

ordenamos el archivo de la querella presentada

en lo que a éste respecta.

CP-1998-16

2

En cuanto al bufete Coale, Cooley & Lietz, se remite

el asunto al Procurador General para que investigue cuáles

abogados de dicha firma legal estaban a cargo del caso que

nos ocupa, para así determinar si éstos estaban admitidos

al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al momento en

que ocurrieron los sucesos en controversia. Finalmente,

dado que no hay prueba en autos que refleje que el bufete

querellado se anunciase en los medios, ordenamos el

archivo del cargo por violación al Canon 36 de Ética

Profesional.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Presidenta señora

Naveira Merly no interviene. Los Jueces Asociados señores

Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo