Tribunal Supremo de Puerto Rico
LOUIS ESTEBAN SANTIAGO V. MARISOL RODRIGUEZ V. CROWLEY MARINE SERVICES, INC.
2004 TSPR 78
Poder Judicial de Puerto Rico
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LOUIS ESTEBAN SANTIAGO V. MARISOL RODRIGUEZ V. CROWLEY MARINE SERVICES, INC.
CC-2002-0185
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Louis Esteban Santiago
Demandante
v.
Certiorari
Marisol Rodríguez
2004 TSPR 78
Demandada-recurrida
161 DPR ____
v.
Crowley Marine Services, Inc.
Promovida-Peticionaria
Número del Caso: CC-2002-185
Fecha: 20 de mayo de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. Charles A. Cordero Peña
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos George
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Beatriz Vázquez de Acarón
Materia: Divorcio-Desacato, Alimentos
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Louis Esteban Santiago
Demandante
v.
Marisol Rodríguez
Demandada recurrida
CC-2002-185
v.
Crowley Marine Services,
Inc.
Promovida peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Señora NAVEIRA
MERLY
San Juan, Puerto Rico a 20 de mayo de 2004
I
El 12 de mayo de 1998 se decretó el divorcio
entre
el
Sr.
Louis
Esteban
Santiago
su
Marisol
Rodríguez.
Debido
salud,
a
Rodríguez
pensión
alimentaria
la
señora
de
a
pobre
se
$1,000.00
y
le
la
Sra.
estado
asignó
mensuales
pagada en quincenas adelantadas de $500.00.
de
una
a
ser
Desde
1991, el señor Santiago prestó servicios a Crowley
Maritime Corporation (en adelante Crowley-Matriz) a
través de una subsidiaria de ésta en Puerto Rico,
llamada
Crowley
American
Transport
(en
adelante
CC-2002-185
2
Crowley-Puerto
Rico)
hasta
el
año
1997,
cuando
fue
transferido a Jacksonville, Florida a trabajar con otra
empresa afiliada, Crowley Marine Services (en adelante
Crowley-Florida),
lugar
donde
prestaba
momento de la sentencia de divorcio.
servicios
al
En abril de 1999 el
señor Santiago notificó su renuncia al puesto que ocupaba
en Crowley-Florida.
Posteriormente, el 1ro de julio de
1999, comenzó a laborar en Venezuela con Crowley Marine
Services
de
Venezuela,
S.A.
(en
adelante
Crowley-
Venezuela), empresa también afiliada con Crowley-Puerto
Rico y Crowley-Florida.
Con relación a la pensión alimentaria fijada, se
emitió una orden de retención de ingreso del empleadoalimentante
(en
correspondiente
adelante
depósito
orden
en
de
retención)
la Administración
Sustento de Menores (en adelante A.S.U.M.E.).
y
su
para
el
La orden
de retención fue originalmente dirigida a Crowley-Puerto
Rico y posteriormente, el 19 de junio de 1998, se emitió
una orden de retención enmendada y notificada a CrowleyFlorida.
La
diligenciada
orden
a
en
través
contra
del
de
Crowley-Florida
departamento
de
fue
recursos
humanos de Crowley-Puerto Rico.
Crowley Maritime Corporation (en adelante CrowleyMatriz), por conducto de su División y/o Departamento de
Recursos
Humanos
y
la
utilización
de
memorandos
corporativos internos, le indicó a Crowley-Florida que
retuviera
del
salario
del
señor
Santiago
el
pago
CC-2002-185
3
correspondiente y, a través de Crowley-Puerto Rico, lo
depositara en A.S.U.M.E, cumpliendo en esa forma con la
orden de retención.
A partir del 30 de abril de 1999, fecha en que el
señor
Santiago
Florida, no se
dejó
de
prestar
servicios
en
Crowley-
volvió a recibir ningún otro
pago de
pensiones en A.S.U.M.E. a favor de la señora Rodríguez.
Crowley-Florida notificó a A.S.U.M.E., mediante carta de
2 de julio de 1999, la terminación de empleo del señor
Santiago, efectiva el 1ro de mayo de 1999 y el 6 de
agosto de 1999
le notificó a
la señora Rodríguez el
nombre y la dirección del nuevo patrono de éste.
Ante esta situación, la señora Rodríguez solicitó al
foro de instancia encontrar incursos en desacato al señor
Santiago y a Crowley-Florida por incumplimiento de la
orden de retención enmendada.
A la fecha de dictarse
sentencia por el foro de instancia la deuda en concepto
de pensión alimentaria ascendía a $17,180.00.
determinó
que
Crowley-Matriz
Crowley-Puerto
eran
“el
Rico,
verdadero
Dicho foro
Crowley-Florida
patrono”
y
y
eran
solidariamente responsables de las pensiones que dejaron
de retener y remitir a A.S.U.M.E. por lo que les impuso a
estas empresas el pago de las mismas.
impuso
una
multa
de
$500.00
por
Además, se les
incumplir
algunas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
para el Sustento de Menores (en adelante Ley Orgánica), 8
L.P.R.A. sec. 501 et seq.
CC-2002-185
4
Inconforme con el dictamen, Crowley-Florida acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones.
Dicho
foro
modificó
la
sentencia recurrida y ordenó a Crowley-Florida pagar el
monto de las cantidades por concepto de atrasos en la
pensión
alimentaria
según
surgía
del
Certificado
de
Estado de Cuenta emitido por A.S.U.M.E al momento de
hacer
la
liquidación
al
señor
Santiago.
Además,
se
confirmó la multa impuesta y dejó sin efecto cualquier
obligación impuesta por la sentencia a cualesquiera otras
empresas
afiliadas
de
Crowley-Matriz,
Crowley-Florida,
Crowley-Puerto Rico y Crowley-Venezuela a menos que estas
empresas estuvieran debidamente ante la jurisdicción in
personam del Tribunal de Primera Instancia.
Inconformes
con esa determinación, la peticionaria acude ante nos
mediante recurso de certiorari.
En síntesis, debemos
resolver si se puede hacer responsable a un patrono de
pagar
las
pensión
cantidades
por
concepto
de
atrasos
en
la
alimentaria,
según
surgía
del
Certificado
de
Estado de Deuda al momento de hacer la liquidación, a
pesar
que
mandato.
de
la
orden
de
retención
no
surgía
dicho
Expedimos el auto solicitado y con el beneficio
de los argumentos de las partes, procedemos a resolver.
II
El 20 de diciembre de 1997 la Asamblea Legislativa
aprobó la Ley Núm. 180 para adoptar en Puerto Rico la
Uniform
Interstate
Family
Support
Act
(en
adelante
CC-2002-185
5
U.I.F.S.A.), con el nombre de Ley Interestatal Uniforme
de Alimentos entre Parientes (en adelante L.I.U.A.P.),
con el propósito de que pudiéramos participar de los
fondos
federales
Menores
y
para
Asistencia
los
Programas
Pública
a
de
Sustento
familias
de
necesitadas
asignados a los estados que adopten la mencionada ley.
La
L.I.U.A.P.
es
un
estatuto
modelo
que
el
gobierno
federal requiere sea adoptado por todos los estados y
territorios
establecer
de
los
Estados
Unidos
con
en
fijación
y
uniformidad
la
el
fin
de
ejecución
de
obligaciones alimentarias entre personas que residen en
diferentes estados.1
Esta ley tuvo el efecto de enmendar
la Ley Orgánica, supra, que procura que los padres o las
personas
legalmente
manutención
de
sus
responsables
hijos
o
contribuyan
dependientes
a
la
mediante
el
fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los
procedimientos
administrativos
determinación,
recaudación
y
y
judiciales
distribución
para
la
de
las
pensiones alimentarias.
El Art. 24 de la Ley Orgánica, 8 L.P.R.A. sec. 523,
establece la retención de ingresos como una medida para
asegurar
1
la
efectividad
del
pago
de
pensiones
Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 180 de 20 de
diciembre de 1997.
CC-2002-185
6
alimentarias.
El inciso (1)(a) del mencionado artículo
provee, en lo pertinente, que:
El tribunal o el administrador, conforme a las
disposiciones de este capítulo, al momento de
fijar o modificar una pensión alimentaria,
emitirá inmediatamente una orden fijando o
modificando la pensión alimentaria y requiriendo
al patrono del alimentante o a cualquier persona
que sea pagador con relación al alimentante,
conforme se define en la sec. 501 de este título,
que retenga o descuente en el origen, de los
ingresos del alimentante, independientemente de
si existen o no atrasos en el pago de pensión
alimentaria, las cantidades señaladas en la orden
para satisfacer el pago de la pensión, y de
cualquier deuda por razón de pensiones vencidas y
no pagadas.
La orden de retención de ingresos es fundamental para
el aseguramiento y cobro de deuda por alimentos.
Sarah
Torres-Peralta,
en
su
obra
La
Ley
Según
Especial
de
Sustento de Menores y el derecho de alimentos en Puerto
Rico, 1997, pág. 11.11, “es quizás el medio más efectivo
disponible
para
alimentarias”.
hacer
cumplir
las
obligaciones
Mediante este mecanismo todo alimentante
que sea empleado o reciba alguna remuneración adicional
de un pagador se podrá mantener al día en el cumplimiento
de sus obligaciones alimentarias.
En cuanto a las órdenes de retención para patronos,
la Ley Orgánica dispone que el secretario del tribunal o
el
Administrador,
según
sea
el
caso,
notificará
alimentante
prontamente
al
patrono
o
al
pagador
del
deudor,
al
alimentista,
la
orden
de
y
ingresos,
señalándose
su
obligación
de
retención
de
retener
o
CC-2002-185
7
descontar en el origen de los ingresos del alimentante
las cantidades señaladas en la orden para satisfacer el
pago de la pensión y de cualquier deuda por razón de
pensiones vencidas y no pagadas.
Estas
órdenes
son
efectivas
8 L.P.R.A. sec. 523(5).
desde
su
notificación
y
continúan en vigor mientras subsista la obligación de
prestar alimentos o hasta que sea suspendida o dejada sin
efecto,
modificada
Administrador.
o
revocada
por
el
tribunal
o
el
8 L.P.R.A. sec. 523(5)(a).
En el caso de autos, la parte peticionaria sostiene que
no estaba obligada a solicitar el Certificado de Cuenta por
cuanto
dicho
orden
de
requerimiento
retención.
De
no
surgía
expresamente
esto
concluye
que
no
de
la
tenía
que
efectuar una retención de la liquidación por terminación de
empleo o pagar las cantidades por concepto de atraso en la
pensión
alimentaria,
según
surgía
momento de hacer dicha liquidación.
de
la
certificación
No le asiste razón.
El inciso (9) de la referida sección establece lo
siguiente
en
cuanto
al
contenido
de
la
orden
retención:
(9)
La
notificación
al
patrono
comprenderá los siguientes extremos:
o
pagador
(a) El nombre y número de seguro social del
alimentante, así como cualquier otro número o
dato para la identificación de éste, la cantidad
a ser retenida del sueldo o salario mensual del
deudor alimentante para el pago de la pensión
corriente de cada mes;
(b) la cantidad a ser retenida para el pago de
los atrasos, si los hubiera, y fecha en que
cesará esta retención;
de
al
CC-2002-185
8
(c) la cantidad máxima que el pagador o patrono
podrá retener del ingreso del alimentante para
sufragar el costo de cada retención que realice,
cuando y conforme lo determine el administrador
mediante reglamento;
(d) aviso de sus obligaciones y responsabilidades
como patrono o pagador bajo este capítulo, así
como los términos y procedimientos, conforme se
dispone en los incisos (6) al (8) y (10) al (14)
de esta sección, respectivamente;
(e) aviso de su obligación como patrono o pagador
de
continuar
haciendo
las
deducciones
o
retenciones hasta que se notifique lo contrario,
y
(f) aviso de que deberá notificar al tribunal o a
la administración, según el caso, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la terminación de
empleo de los alimentantes o a la terminación de
la obligación de pagar al alimentante, la
ocurrencia de este hecho en unión a la última
dirección conocida de éste, así como también el
nombre y dirección del nuevo patrono o pagador,
de conocerlos.
(g) Cuando el alimentante termina su empleo, y es
acreedor de cualesquiera cantidades por concepto
de liquidación, el patrono o pagador deberá
gestionar con el Administrador un Certificado de
Estado de Cuenta. En el mismo se certificará
cualquier atraso de más de un mes sin pagar la
pensión o el plan de pagos establecido. De
existir atrasos, se descontará de las cantidades
a ser entregadas al alimentante por concepto de
liquidación, aquélla que corresponda para pagar
los atrasos y se le remitirá al administrador.
(Énfasis suplido.)
Aunque
la
expresamente
orden
la
de
retención
obligación
de
expedida
no
dispone
Crowley-Florida
solicitar un Certificado de Deuda, la orden sí expresa:
Si dejare intencionalmente de retener o remitir
el ingreso retenido conforme a esta solicitud o
si incumpliere con cualesquiera de los deberes
impuestos por Ley, a solicitud del acreedor o del
Administrador-ASUME,
el
Tribunal
previa
notificación y celebración de vista, dictará
sentencia por el total de la cantidad que haya
dejado de retener y remitir, y ordenará la
ejecución de ésta sobre la propiedad del patrono
o pagador, excepto en el caso en que el patrono o
de
CC-2002-185
9
pagador sea un municipio, departamento o agencia
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(Énfasis suplido.)
De
la
citada
disposición
legal
se
desprende
la
obligación del patrono de cumplir con el mandato de la
Ley Orgánica de la A.S.U.M.E., 8 L.P.R.A. sec. 502, que,
como
expresáramos
anteriormente,
fue
creada
para
fortalecer y agilizar los procedimientos de recaudación
de
pensiones
política
alimentarias.
pública
de
dicha
ley
En
la
declaración
se
estableció
que
de
las
disposiciones de ésta se interpretarán liberalmente a
favor de los mejores intereses del menor o alimentista
que necesita alimento.
8 L.P.R.A. sec. 502.
Es clara
la intención del legislador de proveer nuevos mecanismos
que
sanen
el
grave
problema
de
incumplimiento
de
la
obligación alimentaria hacia los hijos o dependientes.
Aunque
la
órdenes
mejor
de
obligaciones
práctica
retención
del
en
casos
de
ingresos
patrono
mediante
donde
es
se
expidan
detallar
mandatos
las
claros
y
específicos, no podemos obviar que es norma fundamental
en nuestro ordenamiento jurídico que la ignorancia de
las leyes no excusa de su cumplimiento. 31 L.P.R.A. sec.
2; Cabassa v. Bravo, 21 D.P.R. 185, 187 (1914).
Dicho
esto,
debió
forzoso
solicitar
de
es
concluir
A.S.U.M.E.
un
que
Crowley-Florida
Certificado
de
Estado
de
Cuenta y proceder a retener y remitir la cantidad en
CC-2002-185
10
atrasos en pensión alimentaria de la cantidad liquidada,
aunque no surge tal requisito de la orden de retención.
La obligación de honrar una orden de retención, una
vez se ha notificado la misma, recae sobre el patrono. 8
L.P.R.A. sec. 523 (10)(13).
el
deber
de
retener
o
Cuando un patrono incumple
remitir
el
ingreso
retenido
conforme a una orden de retención, o no cumple con los
deberes impuestos por la Ley Especial, 8 L.P.R.A. sec.
501
et
el
seq.,
tribunal
o
Administrador
dictará
sentencia u orden por el total de la cantidad que el
pagador o patrono dejó de retener, más multas, gastos e
intereses.
Además,
se
ordenará
la
ejecución
de
la
cantidad adeudada sobre la propiedad del patrono.2
Tanto la U.I.F.S.A. como la L.I.U.A.P. establecen un
sistema
de
principio
una
de
sola
orden,
jurisdicción
el
cual
continua
se
y
apoya
en
exclusiva
el
del
tribunal que emite una orden de pensión alimentaria o una
determinación
de
filiación.
Bajo
la
U.I.F.S.A.,
el
principio de jurisdicción continua y exclusiva pretende,
en la medida de lo posible, reconocer que sólo una orden
de pensión alimentaria válida puede estar vigente en un
momento dado.
Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558,
571 (1998).
A
esos
efectos,
la
U.I.F.S.A.
establece
lo
siguiente:
2
Excepto en el caso en que el pagador o patrono sea un
municipio, departamento o agencia del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
CC-2002-185
11
a) Upon receipt of an income-withholding order,
the obligor's employer shall immediately provide
a copy of the order to the obligor.
(b)
The
employer
shall
treat
an
incomewithholding order issued in another State which
appears regular on its face as if it had been
issued by a tribunal of this State.
(c) Except as otherwise provided in subsection
(d) and Section 503, the employer shall withhold
and distribute the funds as directed in the
withholding order by complying with terms of the
order which specify:
(1) the duration and amount of periodic payments
of current child-support, stated as a sum
certain;
(2) the person designated to receive payments and
the address to which the payments are to be
forwarded;
(3) medical support, whether in the form of
periodic cash payment, stated as a sum certain,
or ordering the obligor to provide health
insurance coverage for the child under a policy
available through the obligor's employment;
(4) the amount of periodic payments of fees and
costs for a support enforcement agency, the
issuing tribunal, and the obligee's attorney,
stated as sums certain; and
(5) the amount of periodic payments of arrearages
and interest on arrearages, stated as sums
certain.
2(d) An employer shall comply with the law of the
State of the obligor's principal place of
employment for withholding from income with
respect to:
(1) the employer's fee for processing an incomewithholding order;
(2) the maximum amount permitted to be withheld
from the obligor's income; and
(3) the times within which the employer must
implement the withholding order and forward the
child-support payment. 29 U.S.C.A. sec. 502.
De la referida disposición legal se desprende el
requerimiento de la notificación directa de la orden de
retención al patrono en otro estado sin necesidad de
CC-2002-185
iniciar
patrono.
una
12
acción
en
el
estado
donde
se
ubica
el
Es decir, el patrono debe cumplir con la orden
de retención de otro estado como si se tratara de una
orden emitida por el estado en el cual está ubicado.
La peticionaria señala, además, que erró el Tribunal
de Apelaciones al determinar que ésta venía obligada a
pagar las cantidades por concepto de atrasos, cuando no
surge del récord cuál fue el pago por liquidación, si
alguno, emitido a favor del señor Santiago.3
El
Art.
24
de
la
ley
Orgánica,
8
L.P.R.A.
523(9)(g), establece que se le descontará al alimentante
los atrasos existentes al momento del cese en el empleo
de la cantidad a la que éste sea acreedor por concepto
de liquidación.
Por otro lado, el mencionado inciso (3)
de dicho artículo hace responsable al patrono por las
cantidades dejadas de remitir o retener autorizando al
tribunal o Administrador, previa notificación al patrono
o pagador, y notificación de vista, a dictar sentencia u
orden por el total de las cantidades que el patrono o
pagador dejó de remitir o retener.
En el caso de autos existen dos (2) momentos claves
para
3
la
determinación
de
la
cuantía
de
atraso en
la
La peticionaria alega que bajo las cantidades de
liquidación no se puede considerar cualquier cantidad
que pudiera haber sido recibida por concepto de plan de
pensión conforme al Employee Retirement Income Security
Act, 29 U.S.C. sec. 1001 et seq., (E.R.I.S.A., por sus
siglas en inglés).
En los autos no consta copia del
plan de retiro y el foro de instancia no hizo una
determinación de hechos respecto a la aplicabilidad de
E.R.I.S.A.
CC-2002-185
13
pensión alimentaria; 30 de abril de 1999 (fecha en que el
señor Santiago renunció)
y la fecha en que se liquidaron
los beneficios (de ser diferente a la anterior).
Para
determinar con exactitud a cuánto ascendía el atraso en
pensión
alimentaria
y
la
obligación
momento
de
y
la
liquidación
traslado
de
retención
de
al
beneficios,
Crowley-Florida debe informar cuándo se liquidaron los
beneficios y a cuánto ascendió la liquidación y gestionar
el Certificado de Estado de Cuenta correspondiente a la
fecha
de
liquidación.
De
la
cantidad
liquidada
el
patrono está obligado a retener la suma adeudada por
pensión alimentaria, por ende, es ésta la cantidad por la
que
Crowley-Florida
tiene
que
responder.
La
responsabilidad del patrono estará limitada a la cantidad
liquidada, independientemente de que la suma adeudada sea
mayor que dicha cantidad.
III
Por
los
motivos
antes
expuestos,
modificamos
el
dictamen del Tribunal de Apelaciones a los efectos de
ordenar a Crowley-Florida informar cuándo se liquidaron
los
beneficios,
gestionar
el
a
cuánto
Certificado
ascendió
de
la
liquidación
Estado
correspondiente a la fecha de liquidación.
de
y
Cuenta
Devolvemos el
caso al foro de instancia para la continuación de los
procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.
MIRIAM NAVEIRA MERLY
Jueza Presidenta
CC-2002-185
14
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Louis Esteban Santiago
Demandante
v.
Marisol Rodríguez
CC-2002-185
Demandada recurrida
v.
Crowley Marine Services, Inc.
Promovida peticionaria
Sentencia
San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2004
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión
que
antecede,
modificamos
el
dictamen del Tribunal de Apelaciones a los
efectos
de
ordenar
a
Crowley-Florida
informar a cuánto ascendió la liquidación y
gestionar
el
Certificado
de
Cuenta
correspondiente a la fecha de liquidación.
Devolvemos el caso al foro de instancia para
la continuación de los procedimientos a
tenor con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Rebollo López no intervino.
El Juez Asociado señor Hernández Denton
disiente sin opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Corrada del Río inhibido.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo